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La transición democrática de los años noventa en México se manifestó de manera explosiva en el estado de Chiapas con el levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994, una rebelión de miles de campesinos indígenas que respondía a la grave crisis política, económica y agraria generada por una transición democrática contradictoria y un multiculturalismo neoliberal (Hale, 2006). Este artículo analiza la matanza que tuvo lugar en Acteal el 22 de diciembre de 1997, localidad ubicada en la región de Los Altos del municipio de San Pedro Chenalhó, en el marco del conflicto armado en Chiapas. Ese día, un grupo de campesinos tsotsiles dotado de armas de alto calibre disparó contra miembros de la organización pacífica de Las Abejas,1 los cuales estaban rezando por el retorno de la paz, mientras que numerosos pedranos2 habían huido a otras localidades o municipios. Los zapatistas autoproclamaron un municipio autónomo en 1996, sacudiendo con profundidad las relaciones de poder local, lo cual desató miedos muy potentes por parte de los caciques del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya hegemonía decayó brutalmente. Como reacción, el armamento de grupos civiles antizapatistas -designados como grupos de autodefensa según las autoridades, autonombrados pojwanej (“los protectores” en tsotsil) calificados como paramilitares por parte de los defensores de derechos humanos y los sobrevivientes de la matanza- fue interpretado como una expresión privada de una justicia “por sí misma”. Durante dos años, los clivajes por motivos agrarios, religiosos o políticos aumentaron, generando diversas violencias (asesinatos, secuestros, emboscadas, linchamientos, desplazamientos forzados) que estallaron en varias localidades del municipio, hasta su paroxismo, que fue la matanza de Acteal. El ataque del 22 de diciembre dio muerte a 45 indígenas tsotsiles, 18 mujeres adultas, de las cuales cuatro estaban embarazadas, 16 niñas entre 8 meses y 17 años, y cuatro niños entre 2 y 15 años, además 26 personas resultaron heridas, en su mayoría niños con lesiones permanentes. Las víctimas fueron ejecutadas con disparos y después amontonadas, sin embargo, nunca hubo consenso en cuanto a las etapas del ataque ni a la posterior interpretación por el tratamiento físico y mediático que se hizo del cuerpo femenino. Durante el trabajo de campo realizado varios años después de la matanza,3 estas controversias resurgieron con mucha fuerza en el debate público, mezclando argumentos jurídicos e interpretaciones académicas opuestas, unos, sosteniendo que las mujeres fueron mutiladas después de su ejecución, otros, negando totalmente esas agresiones corporales.
La paradoja reside en el hecho de que esa masacre fue una de las represiones más mediáticas en los años noventa, incluso se volvió un paradigma para pensar la violencia política en México y, aunque se tiene al alcance una cantidad importante de documentos con bastantes precisiones, todavía permanecen vacíos hermenéuticos sobre ciertos puntos del ataque.4 Nos enfocaremos aquí en el “destino [de los] cuerpo[s] muerto[s]” (Anstett y Dreyfus, 2012), hoy enterrados en el panteón de Acteal, en específico en el tratamiento post mortem de los cuerpos femeninos. Nos debemos preguntar si éstos, en el caso de Acteal, en vez de servir de prueba que permita rastrear el crimen, por el contrario, no refuerzan un “tabú de la historia” (Ferro, 2002)5 mexicana en lugar de levantarlo, no tanto por el horror del acto, sino por el secreto posterior de la sociedad pedrana y mexicana sobre su pasado: al hacer de esta matanza o un crimen de Estado, o un conflicto intercomunitario, se ha creado un clivaje consensual en esta sociedad que esconde y no explica todos los secretos privados, así como los de las familias, los públicos y los del Estado. Este artículo no pretende presentar una verdad nueva sobre los acontecimientos, no obstante, afirma que las controversias sobre el destino del cuerpo femenino después de los disparos pueden ayudar, si no a levantar, al menos a interrogar esos silencios y tabúes a partir de un análisis de las exégesis que me llevarán in fine a proponer una interpretación propia de la matanza. El cuerpo femenino concentra muchos retos y apuestas sociopolíticas, simbólicas y hermenéuticas, y encarna la ruptura en el espacio social de los pedranos, constituyendo una prueba en su doble sentido (preuve y épreuve). Se demostrará que la masacre de Acteal es una violencia de género que se combinó con una política, donde el cuerpo femenino mutilado es un vehículo de mensaje dirigido a los hombres y un símbolo del desmantelamiento de la comunidad.
Nos concentraremos primero en las diferentes fuentes existentes, informes oficiales y no gubernamentales, versiones académicas y periodísticas. Después, se pondrán a la luz a los actores de las controversias alrededor de los cuerpos violentados, para al final, interrogar las zonas oscuras, así como las interpretaciones sobre la matanza de Acteal.
Las lesiones post mortem de los cuerpos de las mujeres embarazadas en 1998 El punto de vista de las víctimas, de los defensores de derechos humanos y de las antropólogas feministas
Como preámbulo, es importante subrayar que se considera al cadáver como una prueba (preuve) en el sentido judicial que permite reconstruir los eventos violentos a partir de las huellas de agresión dejadas sobre él (Verdery, 1999), y que se convierte en prueba material del crimen, inscribiéndonos en una antropología del cuerpo que incluye en su análisis el “giro forense” (Anstett, Dreyfus y Garibian, 2016). También nos inspiramos en la sociología pragmática de Luc Boltanski y Laurent Thévenot (1991): las pruebas (épreuves) son dispositivos que permiten llegar a un acuerdo sobre la grandeza relativa de las personas y en especial de evaluar la pertinencia de algunas de sus pretensiones o expectativas. Damien de Blic (2005) y Cyril Lemieux (2007) definen a la prueba-épreuve como la ruptura en situación de disputa y de conflicto, en la cual los individuos desplazan y vuelven a fundar el orden social que los vincula. Nos interesa tomar y situar las diferentes voces sobre el cuerpo muerto de las mujeres en cierto contexto de enunciación para intentar levantar un tabú, siguiendo a Ferro, que propone reconsiderar las modalidades de las producciones del discurso histórico, su papel y los tipos de archivos que emanan.
El suceso que más llamó la atención en la masacre de Acteal fue el grado de crueldad sobre los cuerpos. Según la antropóloga Graciela Freyermuth (1999), que trabajó durante años en la región con mujeres pedranas, el día del ataque cuatro mujeres embarazadas fueron marcadas físicamente y “tratadas con una obstinación inaudita.” Por un lado, los organismos de derechos humanos presentes en Chiapas y en la Ciudad de México6 clasificaron estos hechos como indiscutibles a partir de las autopsias de los cuerpos y de los testimonios de los testigos. No se pudieron consultar de forma directa las necropsias, pero muchos detalles se encuentran en el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (1998), el cual destaca que:
Los disparos se hicieron desde dos puntos distintos, a menos de diez metros de distancia, por la espalda, cuando las víctimas estaban rezando de rodillas.
La gente sale corriendo de la iglesia, sin embargo, muchos se quedan en el camino, muertos o heridos.
Los paramilitares van vestidos de negro, y azul, con pañuelos color rojo en sus cabezas, unos comienzan a disparar, otros agreden de manera directa con machetes y cuchillos.
Habían realizado una maniobra de las que el Ejército llama “envolventes”, y les disparaban ráfagas, prácticamente a quemarropa.
Muchos niños, mujeres y hombres cayeron fulminados. Otros fueron heridos con balas expansivas en distintas partes del cuerpo.
Los niños comenzaron a llorar y a abrazar a sus madres. Ellas corrieron despavoridas por el monte, pero muchas fueron alcanzadas por las balas y cayeron muertas o heridas, junto con sus pequeños. Algunas todavía recibieron el tiro de gracia.
Rosa Gómez estaba embarazada cuando cayó moribunda en la explanada del campamento. Sus asesinos llegaron hasta ella para rematarla. Y uno de ellos, “con un cuchillo le sacó su niño y lo tiró allí nomás.”
En su momento murieron muchos, porque los hombres de azul a todos querían matar. Allí quedaron de una vez pobres mujeres y niños, como Juana Pérez Pérez y su hijo Carlos. Cuando la madre oyó los disparos agarró a su muchachito -estaba cumpliendo los dos años- y con el reboso se lo amarró a la espalda. Corrió para llegar a un lugar seguro, pero los hombres de azul no se lo permitieron. Le dispararon por la espalda y le metieron muchos balazos; otros alcanzaron a su hijo. Cuando todo pasó y fuimos a ver quiénes quedaban, encontramos a Juana bocabajo con Carlos atado a su espalda, como siempre. Allí murieron los dos, allí se terminaron sus vidas.
El doctor Eleasin Flores López, director del Hospital Regional, estaba impresionado por la magnitud de las heridas que presentaban los indígenas que eran internados. Aseguró que nunca había visto algo parecido en ese hospital, pues las heridas fueron provocadas por balas expansivas, las que al impactar hacen un pequeño orificio y al salir dejan un “boquetón”.
Los cuerpos de otras víctimas fueron mutilados, aun después de haber muerto, sin contar que los asesinos aplicaron el tiro de gracia en la nuca de los indígenas (1998: 12, las cursivas son de la autora).
La mayoría de los cadáveres presentaron “más de una herida de arma de fuego o por arma blanca.” El ataque consistió en disparos a menos de diez metros y casi siempre en la espalda. Después sólo hubo una agresión de cuerpo a cuerpo.7 La conclusión del Centro Miguel Pro a partir del análisis de las necropsias que fueron practicadas en Tuxtla Gutiérrez, fue que la intención era exterminar a la gente y no dejar a ninguna persona con vida. Esa tesis, difundida primero por los Centros de Derechos Humanos, fue corroborada por varios testimonios de sobrevivientes, quienes vieron a los hombres actuar sobre los cuerpos muertos de sus víctimas. En el libro La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Antes y después de Acteal, antropólogas feministas recogieron en 1998 varios testimonios de víctimas, entre los cuales está el de Micaela, una niña sobreviviente que vio la escena del crimen:
Desde su lugar Micaela los vio, reconoció al Diego, al Antonio, al Pedro, “... eran muchos, más de cincuenta, había de Los Chorros, Pechiquil, de la Esperanza, también de Acteal había, venían vestidos de negro, con pasamontañas, son meros meros paramilitares; los otros, más dirigentes, estaban vestidos como militares...”, diría después en su testimonio ante derechos humanos. Vio como mataban al catequista [Alonso] y por la espalda baleaban a mujeres y niños.
Cuando se fueron los hombres Micaela se escondió en la orilla del arroyo. Ahí vio cómo regresaron con machetes en la mano; eran los mismos y llegaron otros; hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, “ ‘hay que acabar con la semilla’, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y juguetearon con ellos, los aventaban de machete a machete. Después se fueron” (Hernández, 2007: 31, las cursivas son de la autora).
El testimonio de Micaela corresponde, en parte, a las primeras autopsias, pero no por completo. El palo entre las piernas no fue mencionado en los extractos de las necropsias. Tampoco se confirmaron los senos cortados ni profundas heridas en el abdomen de cuatro mujeres embarazadas a quienes supuestamente les habían sacado su feto. La información que sí presentaron las necropsias fue la de varios golpes y lesiones en el cuello, en el tórax y en la cabeza. Se pudo identificar que, de los 45 cuerpos, 33 perecieron por proyectiles de arma de fuego penetrante (en el tórax, en el abdomen, o en el cráneo) -entre uno y nueve orificios de entrada de proyectil de arma de fuego-, de los cuales 17 sufrieron además heridas contusas o corto-contundentes; 12 no murieron por disparos sino por golpes o heridas cortantes: siete por armas corto-contundentes penetrantes (en cavidad torácica o craneana); cuatro por machacamiento de cráneo (tres niños y una anciana con heridas corto-contundentes) y uno por traumatismo craneoencefálico.
Para el cadáver número 16, una mujer de 32 años con un embarazo de 28 semanas, se hace una anotación que indica “Exposición de víscera abdominal al medio ambiente”, que se traduce como “evisceración (sic) en vaso abdominal izquierdo.” El médico forense en turno de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluía que:
Se trata de un cadáver del sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, persona no identificada que falleció “a consecuencia de perforación de vísceras intratorásicas por proyectil de arma de fuego penetrante a esta cavidad y exposición de víscera abdominal al medio ambiente” producida por “herida corto contundente, penetrante a cavidad abdominal”. Útero crecido producto de “embarazo”; al corte del mismo, “se extrae producto de la concepción de aproximadamente 28 semanas (1998: 7).
Otra mujer de 20 años falleció “a consecuencia de fractura de vértebras cervicales”, una niña de 4 “a consecuencia de sección del cuello interesando tráquea paquete vascular izquierda, lesión producida por arma contuso cortante” y otras cuatro personas (tres niños y una anciana) por “machacamiento del cráneo.” Según esas necropsias, sólo una mujer fue en realidad mutilada después de los disparos y casi todos los cuerpos sufrieron lesiones por armas cortantes además de los proyectiles de fuego. No se sabe más sobre las lesiones, pero hay que tomar en cuenta que los actos estaban agravados por el parentesco que vinculaba a los agresores con sus víctimas, que compartían desde siempre el mismo espacio social y familiar.
Según las antropólogas especialistas de la región, tales prácticas de violencias eran inéditas en Chenalhó. Hasta entonces, los conflictos intercomunitarios no habían implicado, casi nunca, a mujeres y niños, excepto en situaciones de violencias domésticas como resultado del alcoholismo de los hombres (Freyermuth, 2002, 2003 y 2007; Garza, 2002; Hernández, 2007). Graciela Freyermuth (2003) estableció una relación entre la muerte materna, las campañas agresivas de control natal y la “política de exterminio” de 1997. Su estudio a largo plazo sobre la salud sexual y reproductiva en centros hospitalarios en Chenalhó demuestra que esas mujeres indígenas sufrían de discriminación por el hecho de ser mujeres, indígenas, monolingües o con muy bajo nivel de español. Esta situación provocaba conductas de negligencia y maltrato por parte del equipo de salud, lo cual generaba que las mujeres pedranas fueran reticentes a acudir a esos centros para curarse. Para la autora existe un vínculo entre esta “violencia silenciosa” sobre el cuerpo de las mujeres en estos centros y la matanza de Acteal. En otro artículo publicado después de la matanza, y luego de analizar las actas de defunción en la región de Los Altos8 sobre la larga duración, Freyermuth (1999) es categórica:
La muerte por homicidio es cuatro veces más elevada en los hombres que en las mujeres.
Para lo anterior, se recurre más al arma blanca o a los golpes.
En el caso donde se usan armas de fuego, no se hiere después a la víctima con arma blanca (cursivas de la autora).
La antropóloga concluye que, en la región de Los Altos, no existía ningún antecedente que presentara los métodos que fueron utilizados sobre mujeres, niños y ancianos en la matanza de Acteal. Por lo general, las enfermedades o la muerte eran la manifestación física de problemas interfamiliares, o de vecindad por cuestiones agrarias o sociales que eran arreglados con brujería que, ante los conflictos, las familias o los individuos en pugna solicitaban resolver con poderes sobrenaturales. Los pocos casos de linchamiento (ak’chamel), donde el asesinato se vinculaba directamente a la brujería, tenían el consentimiento colectivo de querer acabar con el brujo acusado. Esos escasos, pero extremos sucesos de violencia física directa, siempre han marcado la vida política de Chenalhó en momentos de crisis. Los líderes de oposición eran a menudo considerados como demonios, pukuj, que perturbaban el orden social, por lo que debían ser ejecutados en linchamientos realizados por algunos hombres. Las exacciones eran perpetradas con armas de fuego o palazos, pero nunca se tocaba el cuerpo de las mujeres para profanarlo como en el desenlace de Acteal.
Así, la novedad de esa técnica de violencia en contra de los cuerpos implica que la masacre de Acteal no se puede reducir a una venganza entre familias o grupos religiosos. Si bien estos factores han jugado un papel en la gradación de las violencias, por sí solos no explican el modus operandi de la masacre. En ese sentido, siguiendo a las antropólogas, se puede afirmar que las violencias de esa masacre han sido inéditas, rompiendo con las prácticas habituales de control social y de resolución de conflictos en Chenalhó, lo que implica tomar en cuenta a agentes externos y a la circulación de técnicas exógenas al municipio, confirmando por lo tanto que se desplegó en Chenalhó una estrategia de contra-insurrección.
En general, todos los análisis feministas coinciden al afirmar que la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales fueron empleadas en otras guerras contra los hombres de un grupo enemigo (familias u organizaciones). Según las antropólogas, en el conflicto armado de Chiapas, fue también en contra de las mujeres organizadas en proyectos alternativos, sobre todo el zapatismo y la Ley Revolucionaria de Mujeres (Hernández, 2001). Para ellas, la expresión empleada por Micaela “acabar con la semilla” es la metáfora clara de usar métodos deliberados de destrucción de los vínculos familiares en el campo. Entonces, la violencia hacia las mujeres no fue fortuita, sino que fue un “arma de represión tanto por los grupos paramilitares como para el Ejército Federal.”9
Más adelante veremos que esta versión puede ser matizada en el caso de Acteal. Por el momento, es importante destacar que esta postura ha sido reforzada con la remembranza de crueldades similares descritas en el conflicto en Guatemala (Falla, 1993). Las antropólogas feministas hicieron una comparación entre las mutilaciones en la(s) mujer(es) embarazada(s) y los métodos de los cuerpos de élite guatemaltecos, los kaibiles, también descritos por Ricardo Falla en sus trabajos sobre la contrainsurrección de los años ochenta. Aunque matizamos la semejanza, dado que nunca hubo una política de tierra arrasada ni de exterminio masivo de las poblaciones indígenas en Chiapas ni en México, como fue el caso de Guatemala. Freyermuth afirma que los métodos empleados en Chenalhó por los grupos paramilitares y los practicados en los centros de entrenamiento por las tropas especiales en Centroamérica y en Estados Unidos son semejantes, porque se inscriben dentro de estrategias antisubversivas empleadas en diversas partes del mundo donde hubo organizaciones guerrilleras. Esos métodos se apoyaban sobre la misma metáfora de las raíces que hay que cortar para acabar con la insurrección. Asimismo, la antropóloga feminista Mercedes Olivera, que trabajó un largo tiempo sobre mujeres en movimientos armados, establece también un vínculo nítido entre esos métodos cuando evoca:
Repeticiones de este uso perverso de los símbolos de la maternidad se dieron en la guerra sucia de El Salvador y más recientemente, a finales de 1997 en Acteal, Chiapas, en donde fuerzas paramilitares asesinaron a mansalva a 45 personas, entre ellas 27 mujeres, de las cuales cuatro embarazadas recibieron la misma brutal profanación de sus vientres (Olivera, 2002: 79-80).
Es necesario precisar que estas investigadoras, así como los defensores de derechos humanos que estudiaron el conflicto armado en Chiapas, trabajaron también el conflicto armado en Guatemala o con los refugiados guatemaltecos en Chiapas, lo que explica por una parte el puente interpretativo de las masacres y de las técnicas en los cuerpos de las mujeres asesinadas en ambos países. A pesar de las numerosas diferencias que separan las violencias en las dos naciones, estas interpretaciones insisten en las continuidades de las exacciones, y no es casual que se hablara incluso de Acteal en términos de “genocidio” (Freyermuth, 2007; Figueroa, 2007) y, años después, de “feminicidio”.
Entre la negación de su responsabilidad y la recomposición de la escena del crimen por parte del gobierno: los cuerpos amontonados
Al día siguiente, la matanza estuvo en primera página en la prensa nacional y la agenda mediática se centró, para Navidad, en esta zona alejada de Los Altos de Chiapas. La primera reacción del Estado fue ocultar y desviar la responsabilidad de los hechos aumentando la indignación pública. Las declaraciones ministeriales del Subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín fueron contradictorias, primero declaró que hubo un enfrentamiento, después aseveró que Seguridad Pública no encontró ninguna señal de enfrentamiento ni casa quemada o problema en la región, a pesar de haber mandado refuerzos. De igual manera, el Secretario de Gobierno del Estado, Homero Tovilla Cristiani, expresó el día de la matanza que la situación estaba bajo control desde las 6 de la tarde y que sólo se habían escuchado unos disparos. No obstante, existen documentos de periodistas y Centros de Derechos Humanos, así como la reproducción de la conversación telefónica de Uriel Jarquín, que demuestran que las autoridades sabían que había un conflicto grave en Chenalhó. Otro informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que los servicios de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) había informado a Tovilla Cristiani antes de que lo hiciera la Diócesis. Eso significa que las autoridades federales y estatales tenían conocimiento del ataque en curso.
Después, expedientes penales citados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHBC) mencionan la llegada de Seguridad Pública cinco horas después de la llamada del Secretario Técnico de la Comisión Nacional de la Mediación (CONAI). El comandante y el coordinador del grupo “A” de Seguridad Pública de la zona de Chenalhó declararon a la Procuraduría General de la República (PGR) haber estado bajo presión por el Procurador y el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del estado de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Aguilar,10 para que recuperaran los cuerpos lo más rápido posible y antes de la llegada de los periodistas. Se sabe en la actualidad, gracias a diferentes declaraciones ministeriales de policías, que Seguridad Pública estaba presente en los lugares del crimen durante el día, con el imperativo de aparentar un caos, recomponer el escenario del ataque, remover los cuerpos en montículo, aunque no se sabe ni quién ni cuándo los cuerpos de las mujeres fueron lesionados y cortados. Tan pronto como la Procuraduría General de la República se hizo presente, los cuerpos fueron encontrados amontonados, con armas de fuego insertadas como falsa evidencia después del ataque. Estos actos fueron interpretados por los defensores de derechos humanos y los sobrevivientes como un intento voluntario de las autoridades estatales y federales por reducir la magnitud de la masacre, al mandar a la policía federal para encubrir el crimen y, desde luego, sostenerlo. Esta puesta en escena por parte de fuerzas policiacas es fundamental, es la primera pieza del rompecabezas sobre el origen de las interpretaciones y significaciones de la masacre.
Una batalla y un enfrentamiento entre grupos armados: el punto de vista de los verdugos difundido por académicos y abogados diez años después
La versión de Las Abejas y de los Centros de Derechos Humanos es opuesta a la oficial, que fue publicada en el Libro blanco sobre Acteal en 1998, y que reduce el vínculo entre los agresores y las autoridades, aminorando por igual la naturaleza de la agresión física, misma que nunca apareció en las sentencias. Los condenados fueron sentenciados hasta con 36 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, tenencia de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército y de la Fuerza Aérea. El libro blanco sobre Acteal se basó también en exámenes de segundas necropsias, aunque concluyó exactamente lo contrario de lo que los defensores de derechos humanos citados al inicio:
En estos lamentables acontecimientos, se privó de la vida a 45 personas. De los exámenes de necropsia realizados por la Procuraduría General de la República, se determinó que, en 43 casos, la causa de muerte fue por disparo de proyectil de arma de fuego, y en los dos restantes por traumatismo cráneo encefálico. Es importante señalar que cuatro de los cadáveres femeninos presentaron embarazo, pero ninguno presentaba lesiones cortantes de origen traumático en la región del abdomen ni en los genitales (Procuraduría General de la República 1998: 104 las cursivas son de la autora).
Esta versión indica que no hubo fetos sacados del vientre de las mujeres. En este sentido, se contradicen los testimonios de los sobrevivientes y las necropsias descritas por el Centro Miguel Pro que menciona a una sola eviscerada. Incluso durante el verano de 2016, al iniciar un nuevo trabajo de campo en el estado de Guerrero buscando fosas clandestinas con familiares de desaparecidos y la PGR, hablamos con un fotógrafo forense en Iguala que estuvo presente en el trabajo forense que se hizo en Acteal inmediatamente después de los hechos del 22 de diciembre y fue también afirmativo: no hubo ni empalamientos ni senos cortados ni, según él, vientres abiertos, empero reconoce que hubo lesiones graves, sobre todo en una mujer en específico que le impactó mucho. Lo más probable es que se refiriera al cadáver número 16 ya mencionado. En todo caso, si en efecto no hubo empalamiento ni senos cortados, como lo señaló Micaela, aunque sí muchas lesiones cortantes, unas de las cuales generaron muertes, otras evisceraron a una mujer embarazada, seguimos lejos de la afirmación gubernamental de que hubo 43 muertes sólo por disparos.
Esas versiones por completo enfrentadas sobre las agresiones post mortem de las mujeres, resaltaron en otro momento clave a finales de 2007 cuando realizábamos trabajo de campo. Las Abejas preparaban la conmemoración de los diez años de la masacre en la localidad de Acteal convertida en el centro ceremonial y político de la organización. En paralelo, se publicó en la revista Nexos una trilogía firmada por el historiador y ensayista Héctor Aguilar Camín en la que presentó una nueva versión de la masacre de Acteal. Poco antes, habían salido también unos artículos en la misma revista, y en otras de contenido evangélico en línea,11 escritos por abogados del CIDE que decidieron retomar el caso Acteal para defender a los atacantes de 1997, convirtiéndolos en “presos inocentes” gracias a una inversión retórica característica de una técnica jurídica de defensa. El argumento provenía de la cantidad de irregularidades al momento del arresto en 1998. Se presentó como un argumento técnico-jurídico en un momento estratégico de transformación de la arena judicial, con la reforma penal sobre la presunción de inocencia12 que iba a dar un aire nuevo al caso Acteal y daría una oportunidad a los, hasta entonces, “autores materiales” de la masacre.
Una nueva hipótesis sobre los acontecimientos del 22 de diciembre se perfiló: no hubo un ataque unilateral por parte de grupos paramilitares hacia Las Abejas, sino que se libró una batalla entre grupos armados, por un lado, los rebeldes zapatistas, y por otro, los grupos de autodefensa. Esa versión se impuso en la opinión pública de tal manera que se cuestionó la inocencia de los insurgentes zapatistas en los hechos ocurridos: al mismo tiempo que hacía de los autores materiales nuevas víctimas del Estado y del sistema de justicia, estableciendo una simetría con Las Abejas que eran, hasta entonces, las víctimas legítimas de la masacre (Melenotte, 2016). En este contexto de reinterpretación de los hechos de la masacre, 6 de los 87 presos confesaron haber participado en la masacre. Mencionaron sólo intercambios de tiroteos durante el “enfrentamiento con los zapatistas”, coincidiendo así con la versión oficial del Libro blanco sobre Acteal diez años antes, que también desmentía las mutilaciones corporales sobre las mujeres embarazadas.
A partir de los extractos difundidos en la prensa por los abogados del CIDE y el historiador Héctor Aguilar Camín, éste último comenzó una controversia con la antropóloga feminista Rosalva Aída Hernández Castillo, que dirigió en 1998 el libro colectivo La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas sobre testimonios de las víctimas en Acteal. Aguilar Camín retomó diez años después del acontecimiento los argumentos oficiales de la PGR que decían que estos hechos fueron “absolutamente desmentidos por las dos autopsias disponibles”, la realizada por el médico forense del Estado y después por la PGR. Desmintió el hecho de que los dos cuerpos fueron entregados con el vientre abierto, los senos cortados o las partes genitales empaladas, oponiendo así las autopsias a los testimonios: “O mienten las autopsias o mienten los testimonios.”13 La antropóloga Rosalva Aída Hernández Castillo calificó la acusación como mentira, admitiendo que ella también pensó en un principio que la experiencia traumática de los sobrevivientes quizá los había llevado a sobredimensionar el nivel de violencia ejercida, por lo cual, fue a revisar las autopsias y las actas de fe ministerial de los cadáveres recuperados. Estos documentos confirmaban las versiones de los testimonios compilados en el libro que concernía a las mutilaciones corporales de cuatro mujeres embarazadas entre 10 y 37 semanas. Ella misma da testimonio de haber visto las actas ministeriales y sugiere que es por completo factible que los expedientes hayan sido modificados o hayan desaparecido, sobre todo “conociendo el poco interés del aparato de justicia por castigar a los verdaderos culpables.”La respuesta del historiador incluyó la mención de otros expedientes judiciales que él consultó, tales como el tomo 1 de la causa 224/97 y el tomo xviii de la causa 46/98, acusando a la antropóloga de invención y falta de rigor. Hernández le replicó que respondería por última vez a la guerra mediática que él inició apoyándose en el Libro blanco sobre Acteal elaborado por la PGR para hacerse “el eco de la verdad oficial”, afirmando también que había detalles en muchas fuentes, expedientes judiciales, testimonios de sobrevivientes e informes de expertos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que se podían consultar en línea con amplios detalles sobre las necropsias que confirmaban su versión.14 Aseveró que existen de igual forma los testimonios de la masacre en un documento del mismo Centro titulado Esta es nuestra palabra: testimonios de Acteal, presentado en 1998. Subrayó que los testimonios en esos archivos no aparecían en el acta de fe ministerial, porque se trataba de niños que no se querían “presentar al Ministerio Público, al cual no se confiaba.”15 Poco después, la antropóloga reeditó el libro colectivo publicado con las otras antropólogas feministas diez años atrás, y también un artículo en el rubro “Opinión” del periódico La Jornada el 27 de octubre, donde denunció el objetivo del historiador de negar las mutilaciones, y señaló que un libro estaba a punto de salir de uno de los abogados de los presos que retomaba los “viejos argumentos” utilizados por la PGR para presentar a la masacre como el producto de “disputas intercomunitarias”.16
Retos sociopolíticos del tratamiento post mortem de los cuerpos de las mujeres: ¿más allá del feminicidio?
¿Qué nos muestra esta controversia sobre los cuerpos de mujeres embarazadas el 22 de diciembre de 1997?
Con esta polémica, no se trata de resolver el caso Acteal con alguna verdad ni se pretende entrar en el debate jurídico y penal. No obstante, se puede afirmar que el destino de los cuerpos de las mujeres no es anecdótico, ya que convergen dos grandes interpretaciones opuestas, la versión oficial y la no gubernamental. Se instituyó una dicotomía en torno al destino de los cadáveres de las mujeres entre los testimonios por un lado y los expedientes por otro. La supuesta neutralidad de las necropsias y del equipo forense se opone a las supuestas exageraciones de los testimonios producidas por el trauma. Una interrogante persiste sobre las dos necropsias que se hicieron en dos momentos diferentes y cuyas conclusiones no concuerdan: ¿Qué revela cada necropsia? ¿Cuánto tiempo y que pasó entre las dos para que no correspondan?
Así, esta duda sobre las mutilaciones corporales sigue abierta. En realidad, no importa si fueron reales o no, lo importante es que existieron y son certeras para la población local, para los sobrevivientes y los defensores de derechos humanos. En la investigación doctoral ya mencionada pudimos mostrar cómo las acusaciones de antropofagia, brujería y metamorfosis tuvieron una importancia fundamental en el proceso de deshumanización que desembocó en la matanza de Acteal. Las acusaciones valían para los actos reales, en el sentido de que eran profecías autorealizadoras, para retomar la expresión de Merton (1957), manifestando que una acusación puede ser real a partir del momento en que está considerada como verdadera.
Más allá de saber si fue cierto o no, proponemos desplazar el enfoque al uso simbólico de la violencia sobre el cuerpo de la mujer en el espacio del conflicto armado y discutir las dos versiones existentes. Por un lado, la PGR en 1998 y el CIDE, con académicos que tienden a excluir un problema evidente como son las lesiones post mortem, inclusive, si no hubo mutilaciones sobre las cuatro mujeres embarazadas sino sobre una sola, el simple hecho de evocarlo lo carga de significados. Por otro lado, al aumentar a cuatro el número de mujeres embarazadas mutiladas, los defensores de derechos humanos, y las antropólogas feministas, pudieron sostener la perspectiva de género al analizar la teoría de contrainsurgencia y defender la idea de que en la matanza de Acteal hubo la intención de matar a mujeres indígenas con sus niños porque eran blancos fáciles y, sobre todo, porque eran mujeres, apoyados en la teoría del feminicidio.17
Sobre este último punto, las antropólogas feministas vieron en la matanza del 22 de diciembre una sanción personalizada caracterizando el modelo patriarcal dominante que intenta domesticar a la mujer fuera del sistema legal formal.18 Es cierto que varios trabajos de antropología política demostraron que, en un contexto de guerra, las mujeres son bienes de venganza intercambiados por hombres. La guerra sirve así a una masculinidad que compromete a los hombres en un esfuerzo perpetuo para afirmar su dominación sobre la feminidad (Clastres, 1974; Gledhill, 2000). Se puede confirmar que, en el conflicto armado de Chiapas, y más en el seno de la organización zapatista y Las Abejas, las mujeres estaban todavía más expuestas a la ideología patriarcal y a las sanciones de los hombres. Si bien en la región de Los Altos, las violaciones y las violencias de género eran comunes, durante el ciclo de violencias en Chenalhó entre 1996 y 1997, mujeres me relataron que eran secuestradas y obligadas a cocinar para los agresores. En este sentido, las antropólogas feministas afirmaron que el espacio simbólico de la lucha política de estas organizaciones durante el conflicto armado en Chiapas se expresó por el control de la sexualidad femenina. Sin embargo, a diferencia de otras situaciones de violencias extremas, no sólo se debe contemplar una lectura feminista sobre el caso Acteal por dos razones: la primera es que la antropología recuerda que las mujeres son las depositarias del honor familiar y unos bienes que se disputan los hombres, poniendo énfasis sobre el carácter familiar y comunitario de la violencia de género en un contexto campesino; la segunda porque no hubo violaciones en el caso de Acteal, lo que le confiere una especificidad en comparación con otras guerras civiles.
En zonas de conflicto, y más en un contexto campesino, las violencias hacia las mujeres se traducen en luchas políticas que descansan sobre códigos de honor familiares potentes. Estos códigos tienen consecuencias importantes en las relaciones sociales que mantienen hombres, mujeres y niños. Los hombres son los encargados de defender a la familia y a la comunidad de las agresiones exteriores. Tienen derechos y deberes hacia las mujeres y los niños que son un blanco fácil. Destruir la descendencia tiene una explicación racional vinculada al sistema de agresividad en caso de ofensa de otro. Así, con la base del código de honor, vengar puede implicar matar a familias enteras ya que, como lo dice María Victoria Uribe, para el periodo de La Violencia en Colombia, matar al enemigo significaba por fuerza matar a la esposa y a los niños, porque dejar con vida a uno de los miembros significaba correr el riesgo de que éste se encargara más tarde de vengar a los suyos (Uribe, 2010: 42). En el caso colombiano, Uribe señala que la mayoría de las veces ocurre una venganza por sustitución, es decir, que concierne a todos los miembros de la familia (mujeres y niños) y a los camaradas del que uno desea ver morir, y a todo lo que esté vinculado a él: animales, casa, cosechas, etcétera (Uribe, 2010: 87-88). Esto invita a pensar que la reciente tesis del feminicidio merece estar integrada al análisis del modelo antiguo de código de honor entre hombres, añadiendo la muerte por sustitución propuesta por Uribe. Además, ¿qué hacer con elementos prosaicos que cuestionan la intencionalidad de matar a mujeres por ser mujeres, como el hecho de que quizá había más mujeres que hombres rezando por el regreso de la paz, que hubo ancianos que no tuvieron tiempo de huir, así como mujeres embarazadas o con sus niños en los brazos que no lograron correr bastante rápido?
Otro punto relevante reside en el hecho de que ninguna violación ha sido cometida por los agresores del 22 de diciembre de 1997, a diferencia de otras guerras19 y represiones en México, como fue el caso de Oaxaca en 2006, donde más de treinta mujeres fueron violadas por policías. Esta diferencia es de suma importancia porque supone que el método empleado en Chenalhó difiere de otras represiones ejecutadas por profesionales de la guerra como son los policías o los militares. Confirma que el fenómeno paramilitar, que se puede entender como la formación de grupos civiles locales ejecutando las exacciones como suplentes del Ejército, implica tomar en cuenta los valores locales y “emic” de la violencia sobre las mujeres. Lo anterior se ratifica en los extractos de declaraciones ministeriales donde los autores materiales de la masacre sólo mencionan tiros de balas, lo que marca una distancia física entre los agresores y los agredidos, una separación crucial para matar a un prójimo tan íntimo. Lo más probable es, por lo tanto, que la violación representara una mancha (souillure) para los agresores -que pertenecían al idéntico grupo étnico y compartían el mismo espacio de familiaridad en tiempos de paz- que no se pudo realizar por la proximidad de los verdugos con sus víctimas.
En cuanto a la versión oficial, es hoy evidente que existe un “eslabón perdido” y que las “disputas intercomunitarias” no explican la naturaleza inédita de las violencias en Chenalhó. En los extractos de las declaraciones ministeriales que fueron publicados, los agresores negaron haber realizado mutilaciones sobre los cuerpos con armas blancas y sólo confesaron hacer disparos con armas de fuego. Pero no mencionaron nunca la presencia de los Humint (Human Intelligence), mientras se sabe que existen Archivos improcedentes de la sedena que fueron publicados por la investigadora Kate Doyle (2009), confirmando el apoyo directo del Ejército a grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas. Uno describe una red clandestina de equipos de inteligencia llamados Humint creados en 1994 con la aprobación de Salinas de Gortari y que trabajaban en medio de las comunidades indígenas para recaudar informaciones sobre los “simpatizantes zapatistas”. Estos equipos estuvieron a cargo de “promover grupos armados en las zonas de conflicto en Chiapas” y de “asistir al personal indígena local para resistir al EZLN.” Durante el conflicto armado,“oficiales de inteligencia del Ejército supervisaron los grupos armados en las montañas de Los Altos en Chiapas.” Cada equipo Humint estaba integrado por tres o cuatro jóvenes, era un grupo “clandestino, móvil, que sólo se quedaba entre 3 y 4 meses en los lugares, aprendía la lengua y luego se salía” (Archivos improcedentes). Después de este periodo, los oficiales que pertenecían a esos equipos eran enviados a otras regiones. Esa rotación impedía su identificación.
Estos nuevos elementos refuerzan la teoría de la contrainsurgencia en Chenalhó, pero no ofrecen la posibilidad de comprender, calificar e interpretar las modalidades de las violencias, el grado de intencionalidad, la organización política de arriba, el vínculo y la jerarquía entre los actores violentos, el carácter orquestado y planificado así como su arraigamiento local. Entonces, las preguntas siguen sobre la mesa: ¿Por qué los agresores en sus declaraciones ministeriales omitieron los cortes contundentes que aparecen en las necropsias? ¿Esconden los hechos o es posible que sean otras personas las que infligieron esas heridas con armas blancas a las mujeres? ¿Quiénes fueron los hombres que vio Micaela, los “meros paramilitares” de Los Chorros, de Acteal, de Pechiquil, de la Esperanza? Ella menciona “los mismos y los demás”, los que dispararon primero y otros que llegaron después: ¿Quién compone este grupo que ha llegado después de los disparos para proceder a las mutilaciones post mortem? ¿Fue un grupo de pedranos entrenado por algún grupo de inteligencia del Ejército? ¿Las mutilaciones físicas con arma blanca fueron un acto espontáneo o una técnica de guerra enseñada dentro de las formaciones paramilitares por los Humint, como un intento exógeno de hacer pasar a los pedranos por gente feroz y brutal creando chivos expiatorios ideales?
Tampoco queda claro qué hacía Seguridad Pública en el momento del ataque. En las declaraciones ministeriales de los agresores se expresa que Seguridad Pública estaba en medio de la escena del crimen, y no a 300 metros como se dijo durante años. Los testimonios de los agresores y sobrevivientes afirman haber visto a los policías delante de la escuela, y luego uno de los testigos los encontró frente a los cadáveres empilados. Los testimonios posteriores de los policías en el Informe de 2011 de la Fiscalía Especializada por el caso Acteal sugieren que estaban reacomodando los cuerpos de los difuntos y poniendo fusiles para el supuesto enfrentamiento con la intención de fabricar pruebas. ¿Este posterior montaje tendrá algún vínculo con las mutilaciones corporales post mortem que podrían simbolizar la ruptura social y política del conflicto?
Conclusión
María Victoria Uribe ha trabajado en centenas de masacres en Colombia, en la época de La Violencia (1948-1964), consideradas como “actos contaminados de contenidos no simbolizados que se repiten y que se convierten en la consumación del acto” (2010: 21). Por “contenidos no simbolizados”, la autora indica que los efectos sociales de una matanza son devastadores para las personas directamente tocadas, así como para el conjunto de la comunidad. Ella propone analizar las masacres como “síntomas sociales”20 que expresan el exceso de violencia, pero que se resisten a una simbolización. Éstas traducen los antagonismos sociales, la imposibilidad traumática que no ha encontrado expresión en la simbolización del lenguaje, cada parte en conflicto impide al otro alcanzar su identidad y su humanidad.
La violencia extrema y la destrucción del Otro con crueldad son expresiones de lo indecible, del “tabú de la historia”, tanto por la ruptura histórica que encarna como por la dificultad de escribir sobre el pasado. Por un lado, el tratamiento de los cuerpos muertos en el caso de Acteal es origen de un vacío semántico que vuelve imposible, hoy en día, una reconstrucción total de los hechos y nos regresa, como investigadores, a los límites de nuestras fuentes y a nuestros propios límites para conocer la verdad. Por otro lado, al analizar las masacres, uno encuentra un agregado de símbolos, como lo son las mutilaciones corporales que se convierten en metáforas de la deshumanización. En específico, las mutilaciones, como las acusaciones de realizarlas, se vuelven un lenguaje corporal, una manera para los protagonistas de la violencia (agresores y víctimas) de (re)construir el mundo, creando fronteras y separaciones simbolizados por el cuerpo destruido o mutilado. Además, como bien lo analizaron las feministas, la disrupción del cuerpo de la mujer indígena, embarazada o con niños y rezando pacíficamente en el conflicto armado tiene un valor simbólico fuerte. La destrucción del cuerpo de las mujeres en Acteal es uno de los retos más importantes en la interpretación de la masacre, no tanto porque las principales víctimas son mujeres, sino porque toca el proceso cognitivo que rompe con el tabú que prohíbe matar a su prójimo, y activa también vivas emociones contenidas en la destrucción del cuerpo femenino para atacar a los hombres de grupos enemigos. Que hayan sido realizadas o no, por agentes externos o por grupos locales armados, pensar la desarticulación de los cuerpos de las mujeres ha tenido como efecto inmediato el desarticular el espacio social, y romper la estructura psicológica y emocional de las personas tocadas por el conflicto armado. En este sentido, el destino de los cuerpos muertos de las mujeres traduce la ruptura histórica y simbólica en el relato nacional que ocasionó la masacre de Acteal.
