Introducción

A lo largo del siglo XVI, existieron grandes cambios en la composición sociopolítica de las sociedades nativas debido a la instauración del régimen novohispano. Tales cambios fueron, por momentos, muy acelerados y variaron en relación con la región en cuestión. No obstante, la implementación del naciente modelo se apoyó en la misma estructura indígena que a la postre iba a modificar, fuera con el fin de promover la evangelización o para controlar y administrar mejor -jurídica y económicamente- a una población recién avasallada. El estudio de los modelos de organización prehispánica, por tanto, resulta fundamental para comprender otros elementos relacionados con la vida indígena del siglo XVI, sea lo social, jurídico, cultural o económico, y entender a la vez el cambio acontecido.

En el caso concreto de la Mixteca, parece existir consenso entre especialistas en torno a la organización que tenían los señoríos o pueblos en su interior, es decir, la estratificación social,¹ pero se hacen manifiestas ciertas diferencias interpretativas al centrar la atención en las relaciones políticas existentes entre las distintas unidades corporativas de la región, lo que obliga al investigador de temáticas afines a profundizar en ello por su cuenta.

Por tal motivo, se plantea a manera de hipótesis una vía metodológica que sirva para comprender el orden sociopolítico -o al menos la lógica subyacente- que imperaba en la Mixteca del siglo XVI: el estudio del tributo como elemento directamente vinculado a las relaciones de poder dentro y fuera de los distintos pueblos mixtecos. Para ello, será necesario comenzar por mostrar la diferencia que existe entre dos modelos explicativos, según fueron planteados, respectivamente, por Ronald Spores y Kevin Terraciano.

Dos modelos contrastantes

Este apartado consiste en evidenciar la disimilitud que existe entre la propuesta explicativa de dos reconocidos investigadores sobre la organización sociopolítica de la Mixteca al momento del contacto. Si bien se trata de dos modelos prácticamente integrales, en tanto incluyen una serie de variables vinculadas con las relaciones de poder, no es la finalidad aquí hacer un repaso exhaustivo de cada elemento. En su lugar, se exponen los aspectos que, a mi juicio, resultan centrales y que justamente muestran la distinción entre un modelo y otro.

Cabe aclarar que éstas no son las únicas explicaciones que se han hecho sobre la forma que tenía la organización sociopolítica mixteca, aunque sí parecen ser las más referidas en la literatura sobre la región, al menos en lo que respecta al pasado prehispánico o el colonial. De hecho, en diversas investigaciones puede observarse el simple seguimiento de uno u otro modelo, o bien, su adaptación o variación.² En todo caso, al considerar los aspectos que contrastan entre estas dos explicaciones, se evidencia la necesidad de emprender un nuevo acercamiento metodológico. Se comienza, pues, por exponer las líneas generales que definen el modelo de Spores y, posteriormente, se atenderá el de Terraciano.

De acuerdo con el análisis de datos arqueológicos y el estudio de documentos coloniales en español que realiza Ronald Spores, la población mixteca estaba organizada en un esquema de gobierno central que regía sobre una serie de asentamientos menores cercanos, los que proporcionaban lo necesario para el sustento general -fuera mano de obra o bienes en especie-, de manera que el conjunto de partes mantuviera cierta autonomía ante sus vecinos de la región. Este sistema podía expandirse gracias a alianzas matrimoniales o diplomáticas y a través de la guerra. Según la interpretación del registro arqueológico, este modelo tuvo sus orígenes en el periodo Clásico y alcanzó el grado de desarrollo expuesto en las Mixtecas Alta y Baja al momento de la Conquista (^{Spores y Balkansky 2013, 72, 79, 89, 106, 124}).

El “reino”, “cacicazgo” o “yuhuitayu” estaba conformado por un “centro”, “capital” o “núcleo” (core) y una serie de asentamientos circundantes o periféricos (outlying settlements) que debían obediencia al primero (^{Spores 1967, 91-96}; ^{Spores y Balkansy 2013, 79, 158}). Estos asentamientos podían encontrarse adyacentes al núcleo, lugar de residencia del “cacique”, o bien podían estar relativamente alejados del centro, como pequeños poblados (villages) o caseríos (hamlets) en los valles y montes cercanos (^{Spores 1967, 100-101}), mas no necesariamente contaban con tierras propias ni era la tenencia sobre éstas lo que las definía, pues podían estar vínculados a las tierras patrimoniales del cacique (^{Spores 1967, 92; 1984, 68}).

En términos de tamaño, gracias al trabajo arqueológico se sabe que diversos yuhuitayu de importancia regional -según las fuentes históricas- fueron en realidad pequeños asentamientos, mientras que otros menos conocidos pueden sorprender por sus grandes dimensiones (^{Spores y Balkansky 2013, 105}). Por ello, Spores advierte del riesgo interpretativo que existe al otorgar un papel muy importante al tamaño de los sitios excavados, especialmente, al verlos de manera individual o sin vínculo entre unos y otros.³ Sin embargo, en relación con las unidades dependientes, los centros parecen manifestarse siempre con mayor dimensión, pues en ellos se concentraban espacios destinados a las actividades comerciales, cívicas, ceremoniales e incluso defensivas, así como algunas zonas habitacionales, para ciertos sectores de indios del común o para miembros de la elite (^{Spores y Balkansky 2013, 28-29}). Bajo este esquema, un caserío o villa circundante a cierto sitio de mayor tamaño aparece vinculado a éste en términos de sujeción política-económica (^{e.g. Spores y Balkansky 2013, 29 y 158}).

Cabe señalar que los elementos que conforman el sistema centro-periferia armonizan con la estratificación social de los asentamientos mixtecos: el yuhuitayu en su totalidad está directamente relacionado con un cacique, siendo, por lo general, la “capital” su lugar de residencia y regencia, mientras que los múltiples espacios circundantes -ubicados como “barrios” adyacentes al palacio o aniñe, o alejados como asentamientos sujetos (“pueblos”, “estancias” o “caseríos”)- se encuentran siempre bajo el control y regencia de algún noble, quien debió ser designado por el cacique para la función administrativa y para seguir, a su vez, sus órdenes (^{Spores 1967, 94}; ^{1984, 65}; ^{Spores y Balkansky 2013, 158}).

Todo ello implica que tales subunidades estaban conformadas, principalmente, por indios del común, es decir, por ñandahi, lo que parece marcar una fuerte división entre la clase gobernante y administrativa, y aquella que trabaja y proporciona un sustento material a todo el sistema (^{Spores y Balkansky 2013, 113, 119, 124, 158}). En este sentido, se podría decir que el modelo centro-periferia al que alude Spores muestra un alto grado de verticalidad sociopolítica, y es a través de ello que un determinado yuhuitayu lograba contar con más fuerza de trabajo y accedía a mayores recursos al interior de su circunscripción.

Así, al poner en balance los elementos aquí expuestos -esperando no simplificar de más-, se puede señalar que, según lo propuesto por Spores, las unidades corporativas mixtecas estaban compuestas de asentamientos de indios del común asociados de manera contigua o dispersa a un centro hegemónico, a través de ciertos funcionarios asociables al último, que canalizaban tanto recursos primarios o bienes secundarios como mano de obra a favor del centro (imagen 1), sin que ello impidiera la interacción con otras unidades corporativas de la región, fuera a través de alianzas o enfrentamientos.

Elaborada por Iván Rivero Hernández.

Imagen 1 Se puede observar la sujeción (indicador unidireccional) que ejerce un centro sobre sus acercamientos circundantes, los cuales podían variar en número (1, 2, 3, ...). El círculo inmediato que rodea el centro corresponde a los “barrios” o unidades residenciales vinculadas al mismo centro, así como a estructuras destinadas a actividades comerciales, ceremoniales o cívicas. 

En contraste, Kevin Terraciano considera que el paradigma centro-periferia asociado a las distintas unidades corporativas mixtecas deriva de la visión e intereses que tuvieron los españoles en el siglo XVI, y no corresponde con la estructura sociopolítica nativa de la región. Gracias al estudio de documentación escrita en mixteco por los mismos indígenas -y por tanto, con una lógica propia para describir sus formas-, este investigador construye un modelo explicativo distinto, en el cual un centro dominante rígido resultaba “incompatible” con la forma de organización de los señoríos de la Mixteca (^{Terraciano 2013, 188}). En su lugar, se trataba de entidades autónomas o semiautónomas, llamadas ñuu, que estaban, por lo general, conformadas por un indefinido número de subunidades básicas dependientes entre sí, denominadas siqui, dzini o siña -según la variante lingüística-, las cuales tenían a su vez el potencial de convertirse en unidades independientes: un siqui dejaba de ser tal al transformarse en ñuu (^{Terraciano 2000, 9}; ^{2001, 105-112}).⁴

En su interior, el ñuu podía en apariencia tener una conformación de tipo centralizada, en tanto poseía su propia estratificación social. Cada ñuu tenía un yya o yya dzehe (gobernantes) que regía al resto de la población, es decir, a los toho o toho dzehe (principales) y a los ñandahi (indios del común), quienes estaban agrupados en los distintos siqui. Los toho y las toho dzehe servían como mediadores entre ambos estamentos y administraban a favor del yya o yya dzehe los recursos de la unidad corporativa, es decir, las cargas en especie (daha) y los servicios personales (tniño) dados por los ñandahi (^{Terraciano 2001, 134-138}). Esto, sin lugar a dudas, implicaba una relación de poder entre los distintos estamentos similarmente vertical a la señalada por Spores, pues el grueso de la población -los contribuyentes- cubría, en última instancia, las necesidades más elementales, materialmente hablando, del resto.

La diferencia, no obstante, se torna del todo notoria en las relaciones que establecían unas unidades con otras. Puesto que cada ñuu era en teoría independiente, según se observa para las Mixtecas Alta y Baja, podían establecerse alianzas entre distintas entidades. Ello permitía la existencia de un yuhuitayu, o unión matrimonial de dos linajes gobernantes con los respectivos ñuu a los que pertenecían, de manera que compartían los recursos durante el tiempo de vida de los conyuges (^{Terraciano 2001, 104}). El concepto subyacente al término yuhuitayu, según este modelo, es completamente distinto al señalado páginas arriba: “puede verse al yuhuitayu como una entidad mayor creada a partir de dos ñuu básicamente iguales. Por su parte, cada ñuu consistía de varios siqui. Cada siqui era un ñuu en potencia, del mismo modo que cada ñuu tenía el potencial para convertirse en un yuhuitayu” (^{Terraciano 2013, 539}). Así, si bien la unión de dos ñuu pudo sentar las bases para la formación de un centro hegemónico para toda la región, quizás su desintegración tras la muerte de ambos gobernantes unidos en matrimonio explicaría, en parte, su ausencia al momento del contacto con los españoles (^{Terraciano 2001, 120}).⁵ En la imagen 2 se representa este esquema.

Elaborada por Iván Rivero Hernández.

Imagen 2 El ñuu se representa aquí como unidad (círculo) compuesta de un número indefinido de partes, los siqui. El yuhuitayu se conforma a partir de la unión de dos ñuu, que en teoría conservan su respectiva autonomía (flecha bidireccional). 

Esto mismo se reflejaría en la ubicación de estas unidades corporativas, puesto que, según señala Terraciano, los patrones de asentamiento se diferencian del modelo mediterráneo en tanto que había mayor dispersión y, consecuentemente, menor centralismo (^{Terraciano 2000, 10}). De manera que se puede pensar en los distintos siqui como asentamientos que no necesariamente estaban adyacentes entre sí, fuera que compartieran espacios geográficos o no. En este sentido, la dispersión que observa Spores a partir del registro arqueológico corresponde con el modelo de Terraciano, mas en éste no se pone necesariamente el énfasis en las relaciones de dominio como explicador de un centro con dependencias circundantes; lo que es más, aunque en ambos modelos se reconoce la ausencia de continuidad territorial entre las distintas partes que conforman la unidad (pues, por ejemplo, puede haber campos de cultivo de por medio), en el de Terraciano queda abierta la posibilidad de que la circunscripción de las distintas partes carezca del todo de contigüidad entre sí.

De hecho, puede señalarse que incluso las alianzas entre distintos ñuu -los yuhuitayu- no necesariamente corresponden a la cercanía geográfica, sino a los intereses políticos y económicos que pudieron vislumbrar los distintos gobernantes, por lo que es posible poner en duda si determinados asentamientos, del tamaño que fueran, estuvieron relacionados políticamente con sus vecinos, por no decir que la fusión-fisión de distintos ñuu tendría que mostrar cierto dinamismo con el que podía cambiar la geopolítica en la región (^{Terraciano 2000, 9}).

Con lo dicho hasta ahora, tanto el modelo de Spores como el de Terraciano coinciden en la verticalidad atribuida a las relaciones de poder practicadas entre los distintos estratos que conformaban a la sociedad mixteca al momento de la Conquista, mas no así en cuanto a las relaciones políticas existentes entre las distintas subunidades que conformaban cada señorío mixteco. El mayor grado de autonomía que Terraciano le atribuye a diversas comunidades o ñuu, comparado con el concedido por Spores, puede acentuar aún más la diferencia que existe entre ambos modelos si se ve a través de “las prácticas, las estrategias y las manipulaciones” políticas propias de las unidades corporativas (^{Balandier 2004, 68}), lo que también puede determinar -y no necesariamente en la misma dirección- nuestra comprensión del pasado social mixteco.

Es por ello que creo necesario emprender un nuevo acercamiento al estudio de la organización sociopolítica de la Mixteca, si bien sólo sea para coadyuvar a una sana problematización que permita ver aristas hasta ahora no percibidas. Como lo mencioné antes, creo que esto se puede hacer a partir de un aspecto específico vinculado con las relaciones de poder: el tributo.

El tributo: ¿problema y posible solución?

El tributo indígena mantuvo cierta continuidad durante los primeros años del periodo novohispano (^{Rojas 1993, 11, 15}; ^{Miranda 2005, 62-63}). En un inicio fue común que las autoridades reales y los primeros encomenderos exigieran las debidas contribuciones de la misma manera que los mexicas lo habían hecho con los pueblos que tenían sujetos -gran cantidad de los cuales se encontraba dispersa en el espacio novohispano-, por lo que esencialmente difería el extremo receptor de los bienes: lo que antes recibía Moctezuma, ahora lo disfrutaban los encomenderos o el rey de Castilla (^{Rojas 1993, 13}).

La continuidad también se observa en los productos que se tributaban, pues, aún con los de recién introducción, subsistió la exaccción de diversos bienes prehispánicos hasta mediados del siglo XVI, momento en que la Corona comenzó a restringirlos con la finalidad de armonizar las cargas con el sistema de economía monetaria que se implementaba en el reino. Desde luego, el hecho de que hasta entonces se haya pagado tributo cada sesenta u ochenta días fue también reflejo de la continuidad tributaria prehispánica (^{Mohar 1983, 74-76}; ^{1987, 223, 363, 378}; ^{Rivero 2017, 108-114}).

Sin embargo, no está clara la relación fiscal que mantuvieron entre sí las distintas comunidades de la Mixteca, y gran parte de los datos que poseemos sobre el tributo se asocian a los receptores últimos: los mexicas y los españoles. Por ejemplo, al considerar el Códice Mendocino, se observa la agrupación de múltiples señoríos en distintas provincias tributarias -Coixtlahuaca, Tlaxiaco y Cuilapan-, sin que por ello se pueda asumir que sus respectivas “cabeceras” o centros de recaudación -del mismo nombre de las provincias- ejercieran algún dominio político sobre el resto de las unidades corporativas ahí incluidas. Lo mismo se puede decir de los señoríos mencionados al interior de cada provincia, ya que no se trataba de una representación del orden sociopolítico de la región, ni del total de pueblos tributarios, sino de aquellos lugares con recaudador o calpixque mexica (^{Rojas 1993, 22}).

En lo que se refiere a las exacciones españolas, las tres provincias mixtecas tributarias de los mexicas experimentaron un proceso de “balcanización” en tanto se fracturaron en unidades contribuyentes de menor tamaño, asignadas como encomiendas o “pueblos reales” (como se ha dicho, dependiendo de quién era el receptor último de los tributos). Estas unidades tributarias quedaron conformadas, desde el paradigma europeo, a partir de una “cabecera”, responsable de entregar los tributos, y varias poblaciones “sujetas”, unidades menores, dependientes y obligadas a pagar el tributo a la cabecera (que también contribuía con tributos), y así aparecen en las tasaciones: se exige que determinado pueblo (siempre mencionado por su nombre) y sus múltiples sujetos (normalmente sin mención nominal) paguen cierta cantidad de bienes y, en ocasiones, servicios personales (^{González de Cossío 1952, passim}).

La dinámica fiscal interna de las comunidades, asentamientos o poblaciones mixtecas, por lo general, aparece igualmente oscura en la documentación que existe sobre los conflictos entre cabeceras y sujetos, por no decir que la interpretación que se tenga de ellos puede variar en dependencia del modelo sociopolítico explicativo que se adopte. Un muy buen ejemplo de ello radica en el pleito que existió entre Yanhuitlán y Tecomatlán en la década de 1580, cuando el segundo intentó separarse del primero y legitimarse como pueblo en sí. Spores afirma que Tecomatlán era “estancia” sujeta del cacicazgo de Yanhuitlán, pues Diego de Guzmán, el medio hermano del cacique de Yanhuitlán, Gabriel de Guzmán, se encontraba ahí en calidad de principal, mas no de cacique (^{Spores 1967, 140}). Terraciano, en contraparte, se inclina a pensar que Tecomatlán pudo gozar de autonomía ante Yanhuitlán previo al establecimiento del sistema de encomienda, y cuestiona si Diego de Guzmán, en realidad, careció de legitimidad por ambas vías del linaje (la materna y la paterna), aún suponiendo que fuera medio hermano de Gabriel de Guzmán,⁶ lo que le hubiera legitimado como yya o señor de Tecomatlán (^{Terraciano 2001, 126-130}). Lo significativo, en este caso, es que ambas entidades apelaron -cada cual para argumentar a su favor- al tributo como elemento que definía la relación que existía entre ellas.⁷ Se señaló, por un lado, que Tecomatlán nunca había pagado tributo a Yanhuitlán y que el debido a los mexicas -según indicaron dos testigos- se entregaba directamente en el centro de recaudación de los últimos. Por otro lado, se afirmó justamente lo contrario: que Yanhuitlán siempre había recibido tributo de Tecomatlán (^{Terraciano 2001, 128}; ^{Hermann 2008, 92-93}).

Más allá del tipo de fuentes consultadas o la siempre deseada abundancia de éstas, esta situación pone en aprietos a quien quiera adentrarse en el estudio de la dinámica tributaria de las poblaciones mixtecas a lo largo del siglo XVI, pues tendría que comenzar por comprender su organización sociopolítica, o bien, correr el riesgo de hacer un fetiche de los tributos, es decir, desvincularlos del inherente trabajo social y atenderlos como si gozaran de existencia propia (^{Marx 1999, 36-40}). Mas, a pesar de la aparente contradicción, resulta pertinente analizar justamente la tributación y las exacciones para entender mejor la organización sociopolítica, dada la relación directa que existía entre ésta y el tributo, pues el último “se presenta como la expresión del ejercicio del poder, y en este sentido, como la realización material de la relación social de dominación” (^{Palomo 1981, 30}), esto es aun cuando en el discurso regía el principio de reciprocidad entre tributarios y tributados (^{Terraciano 2001, 137}).

El hecho, por ejemplo, de que algunos señoríos mixtecos aparezcan con carácter central o, si se quiere, protagónico en la documentación novohispana vinculada al sistema tributario -sean relaciones, visitas o tasaciones- no sólo debería verse como reflejo de la importancia que tuvieron por entonces, sino que también podrían percibirse como muestra del orden sociopolítico que existía en su interior, es decir, como entidades con la suficiente capacidad coercitiva hacia sus “sujetos” (modelo centro-periferia) o que contaban con la participación de sus siqui (modelo celular) para garantizar el cumplimiento de las cargas o contribuciones impuestas, pues ése era el objetivo último de tales registros (¿qué sentido podía tener exigirle a determinada unidad el tributo de otra igualmente independiente?). Así, la información sobre tributos emanada de las autoridades novohispanas bien podría evidenciar unidades corporativas por sí mismas, aun cuando a la luz de otro de otro tipo de documentación (por ejemplo, la relacionada con las repúblicas de indios) aparezcan como sujetas.

Lo anterior puede resultar obvio para el caso de señoríos como Yanhuitlán, Coixtlahuaca, Teozacoalco y Tilantongo, pero el escenario se torna más complejo con unidades de menor importancia o con menor reconocimiento por parte de la historiografía. Un ejemplo de ello puede ser la entrada exclusiva de Tlacotepec en la “Suma de Visitas”, de mediados del siglo XVI, que aparece como pueblo encomendado independientemente a Francisco Vázquez (^{Paso y Troncoso 1905, 283}), cuando, en contraparte, se ha detectado como entidad sujeta a Tlaxiaco (^{Martín 2017, 410}), cabecera que igualmente tributaba al mismo encomendero. Vale preguntar: ¿por qué se llevó a cabo este registro exclusivo en lugar de incluir a Tlacotepec en la entrada de Tlaxiaco junto a sus 31 estancias y sus ocho poblados?⁸ ¿Qué hizo que Tlacotepec, a diferencia de los muchísimos poblados sujetos -directa e indirectamente- por Tlaxiaco, ganara un espacio propio en este registro de indudable valor político y económico?⁹ ¿Es éste un caso de autonomía ante una “cabecera”?

Otro caso similar puede servir de ejemplo. En particular, se dedica un pliego del llamado Libro de las tasaciones¹⁰ a la retasa compartida de “Atoiaque” -compuesto de “dos estancias que se llaman tepexe e ystlabaca”- y Chicahuaxtla. Este registro indica al margen que ambas poblaciones estuvieron encomendadas en Martín Vázquez y quedaron en su hijo, el mencionado Francisco Vázquez, pero el título del pliego corresponde a Atoyac y, asimismo, la primera entrada, que carece de fecha. Luego está “chicabaztla” con otra tinta y a manera de subtítulo de pliego, con su propia tasación fechada en 1556.¹¹ Finalmente, se remata el pliego con una nueva entrada de 1560 correspondiente a Atoyac, por entonces en manos de Tristán de Luna y Arellano¹² (^{AGN, Tributos, vol. 63-I, f. 55}). No existe otra entrada en dicho libro para tales encomiendas. Al igual que en el ejemplo anterior, lo relevante de estas tasaciones es que fueron merecedoras en tres momentos distintos de un espacio propio y no hay alusión de sujeción alguna a otro señorío, aunque aparece una mención de Tlaxiaco en términos de comparación tributaria.¹³

Este último caso permite problematizar aún más: resulta tan relevante el reconocimiento por parte de la Audiencia de México del derecho que tenía el heredero de Martín Vázquez sobre dichas encomiendas como la identificación de tales unidades por sí mismas. Si historiográficamente no se les concede tal autonomía para un periodo previo a la tasación, al menos tendría que reconocerse la obligación directa -sin intermediación de ningún otro pueblo- a la que estos poblados quedaron sujetos a su encomendero a partir de entonces y las consecuencias sociopolíticas en la región que ello pudo generar con el paso del tiempo. Dicho de otra manera y siguiendo los ejemplos expuestos: las autoridades novohispanas -las que regulaban el orden sociopolítico en el naciente reino- percibieron entonces con cierta dignidad de pueblo por sí a Atoyac y quizás a Tlacotepec, lo que debería mantenerse presente en el estudio sociopolítico de tales entidades, comúnmente entendidas como “sujetos”. No hay que olvidar que “pueblo”, antes de ser definido por el número de sus habitantes, su dimensión o su relación con el campo, fue un término empleado en el siglo XVI para distinguir unidades jurisdiccionales por sí mismas, término equiparable al de “señorío” (^{García 1999, 218-227}).

Ahora bien, además de generar dudas en torno a la sujeción política de distintas entidades, el estudio de las relaciones tributarias en la región podría dar luz igualmente sobre cuán vertical pudo ser la sujeción o, simplemente, reconocer que hubo verticalidades distintas. Esto podría percibirse al darle seguimiento a los tributos, en la medida de lo posible, desde su producción hasta su entrega, de manera que se devele la vinculación que pudieron tener los toho y las toho dzehe con sus respectivos siqui, según un modelo, o la exigencia con la que los indios principales recaudaban los tributos en los barrios, estancias o caseríos, según el otro modelo. Así, la materialidad del tributo permite sentar las bases para cuestionar la relatividad existente en la definición de autonomía asociada a la explicación sociopolítica de Terraciano, o su aparente ausencia según el esquema de Spores.

Dicho lo anterior, está claro que, cuantitativamente, ciertas poblaciones sujetas contribuían en mayor medida con bienes en especie o servicios personales con base en su densidad demográfica o, bien, cualitivativamente, que hayan tenido que cumplir funciones específicas debido a los recursos que tenían a su alcance. Sin embargo, existe también la posibilidad de que las cabeceras hayan procurado ejercer mayor control sobre ciertos asentamientos sujetos a partir de las exacciones, como señala Ross Hassig al hablar de las estrategias coactivas que podían nutrir a determinado centro hegemónico (^{Hassig 1990, 96}). Esto, además, permitía poner freno al desarrollo económico de los poblados sometidos, de manera que carecieran de la capacidad de competir económica o militarmente con su cabecera.

Visto así, vale la pena cuestionar, por ejemplo, por qué motivo fueron tres entidades específicas las que parecen haber proporcionado la mano de obra para el lavado del oro que había de dar Yanhuitlán a los españoles, según se observa en el Códice de Yanhuitlán (^{Doesburg 2015, f. 5v}). Esto merece mayor atención al recordar que este señorío contó con más de 20 estancias o poblados sujetos (^{Sepúlveda y Herrera 1994, 116-117}). ¿Por qué sólo tres comunidades, y en específico esas tres, llevaron a cabo tal labor? En contraparte -aunque no hay indicio de que se trate de tributo-, llama la atención la ausencia de jerarquía en la que se encuentra el mismo señorío ante lo que parece ser tres de sus poblados sujetos,¹⁴ esto es, en cuanto a la producción de seda, según se observa en una de las láminas recién redescubiertas del mismo códice (Doesburg 2015, f. 16v). El contraste entre estos casos hace pensar que hubieron grupos sujetos más privilegiados que otros, justo como se observa a finales de siglo, cuando se pide al cacique de Yanhuitlán que contribuya con fuerza de trabajo -en la forma de repartimiento- para la edificación del fuerte de Acapulco y éste responde que, dada la lejanía, acudirían los indios de los poblados sujetos y no aquéllos de la cabecera (^{Terraciano 2001, 129-130}).

Esta situación se complica más al considerar que algunos de los denominados “sujetos”, según la jerga de la época, pudieron serlo desde el periodo prehispánico por conquista o incorporación forzada, como se puede observar en diversos códices mixtecos (e.g. en Colombino o Nutall); otros pudieron serlo a través de alianzas, como el caso de Alomoyas con Yanhuitlán (^{Burgoa 1989, 386-387}), y otros más, al estar vinculados directamente con determinado señor, sea como parte del señorío en cuestión o como terrazgueros asociados a los bienes patrimoniales del señorío, como en Tecomaxtlahuaca, según el códice del mismo nombre. Al igual que en los casos del párrafo anterior, es posible que haya existido un ejercicio de poder distinto por parte de las llamadas cabeceras hacia los respectivos sujetos dependiendo de su calidad, con su consecuente trato diferenciado en las exacciones. De ser el caso, ello permitiría plantear un modelo intermedio de organización sociopolítica entre los esquemas arriba expuestos.

Ahora bien, está claro que todos los ejemplos que ponen en duda la sujeción que pudo existir entre unidades o su gradación deben atenderse con mayor profundidad, de manera casuística y con base en documentación diversa, esté escrita en lengua castellana, náhuatl o mixteca. Sin embargo, los cuestionamientos que aquí se plantean evidencian aspectos sociopolíticos de fácil percepción desde el estudio de los tributos, lo que corrobora la relación que existía entre ambos elementos. Tal relación, de hecho, hace viable avanzar en el estudio de ambos aspectos por un camino doble, muchas veces entrecruzado, sin que ello sea necesariamente un problema o una solución por separado. El estudio de los tributos, pues, requiere de la indagación en torno a las relaciones sociopolíticas de la región en la misma medida que la comprensión de éstas precisan del conocimiento de aquél.

Conclusiones

A lo largo de estas páginas se ha intentado exponer la problemática que existe en torno a la definición de la organización sociopolítica en la Mixteca del siglo XVI. Para ello, fue necesario recurrir, a manera de ejemplo, a dos modelos que, aun cuando tienen ciertas semejanzas, difieren entre sí. Tales disimilitudes pueden ampliarse o reducirse en dependencia de las interrogantes con las que nos acercamos al pasado, si bien su estudio por separado podría ayudar a comprender la organización política misma.

Desde luego, el principal impedimiento que comúnmente existe para todo estudio del periodo novohispano inicial reside en la falta de fuentes. Sin embargo, es preciso adentrarse en éste, en la medida de lo posible, con la intención de problematizar en torno a ciertos elementos comúnmente obviados en las investigaciones, como puede ser, por mencionar un ejemplo, el papel que ocupa generalmente el factor económico en los estudios de corte cultural.

En el caso concreto del análisis sobre la organización sociopolítica de la Mixteca, vale la pena añadir, que el estudio del tributo, dada la materialidad que adquirió en la vida cotidiana, puede servir como indicador de las jerarquías intra e intercomunitarias y así develar el grado de verticalidad en las relaciones de poder existentes al interior de la región. La panorámica obtenida desde los tributos podría, además, poner en perspectiva el papel que tuvo la contigüidad de asentamientos sujetos respecto a sus respectivas cabeceras, la relación que pudo existir entre unidades a partir de sus dimensiones y la diferencia entre sujeción por conquista o por alianzas. Por ello, considero que un estudio sistemático de las contribuciones tributarias para la región mixteca puede dar luz sobre la organización sociopolítca de los pueblos ahí establecidos, mas esto debe ser secundado por múltiples estudios de caso, algo inexistente en la actualidad.