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Perfiles educativos

Print version ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.46 n.184 Ciudad de México Apr./Jun. 2024  Epub July 30, 2024

https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.184.61780 

Editorial

Editorial

Armando Alcántara Santuario
http://orcid.org/0000-0002-5426-8534


La cooperación y la integración de las universidades públicas, así como de los sistemas de educación superior en la región de América Latina y el Caribe, ha sido un anhelo de larga data en el que se han comprometido diversas organizaciones, instituciones e individuos. A partir de 1996, por iniciativa del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), en tres ocasiones se ha realizado la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES). El principal propósito de estas conferencias ha sido analizar el estado en que se encuentra ese nivel educativo y plantear acciones comunes para fortalecer su desarrollo en la región latinoamericana y caribeña.

Los días 13, 14 y 15 de marzo del presente año tuvo lugar en Brasilia la Reunión de Seguimiento de la CRES 2018 y preparatoria a la que se planea efectuar en 2028. A dicha reunión se le denominó CRES+5, y a ella asistieron representantes de gobiernos, organismos públicos, universidades, instituciones de educación superior, redes, asociaciones, sindicatos, organismos multilaterales, pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes, personal académico, técnico administrativo y de investigación. En el preámbulo de la Declaración Final de la Conferencia,1 que sintetiza los análisis y debates realizados durante los tres días de trabajo, se subraya que la educación superior es un derecho humano universal y un bien público social que debe ser garantizado plenamente por los Estados, de conformidad con las Declaraciones de la Conferencia Mundial de la UNESCO de 1998 y las CRES de 2008 y 2018.

En la misma sección del documento se expresa el compromiso de luchar contra la mercantilización de la educación y la privatización de los sistemas educativos en sus distintos niveles, al igual que promover y garantizar regulaciones y controles que eviten la educación con fines de lucro.

Quienes suscriben la declaración enfatizan también su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e, igualmente, señalan que las acciones de los Estados en apoyo a la educación superior deben potenciar su papel estratégico en el desarrollo de la región. También subrayan la importancia de promover la inclusión y equidad en el conjunto del sistema, así como la articulación y evaluación de la calidad académica con pertinencia social. Consideran, asimismo, como un imperativo, impulsar políticas que aseguren los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior, al igual que erradicar la precarización laboral, la falta de estabilidad, la depreciación salarial y el deterioro progresivo de las condiciones y beneficios de la seguridad social.

En su llamado urgente a la acción, la Declaración Final de la CRES+5 plantea que, ante el deterioro de los ámbitos político, económico y social que afectan a varios países de la región -y frente a los ataques y amenazas a la democracia participativa, la autonomía, así como a la generación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, culturales y artísticos-, se tiene que defender la democracia; para ello, sostiene el llamado, es necesario defender la universidad, un sistema de educación superior diverso y una ciencia abierta, plural, inclusiva y humanística. Es necesario, además, denunciar el peligro que significan los discursos negacionistas, anticientíficos, de líderes políticos que recuperan visiones dogmáticas y religiosas.

Resulta también muy importante reconocer que, en las últimas décadas, se observa el deterioro constante de las condiciones de trabajo en las instituciones de educación superior. Lo anterior se manifiesta en la precarización laboral, la falta de estabilidad, la depreciación salarial y la reducción de las condiciones y beneficios de la seguridad social. En consecuencia, se requiere reconocer que el mejoramiento de la educación superior sólo será posible si se aseguran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, quienes juegan un papel clave en la implementación de las políticas para el sector educativo, incluido el de nivel superior.

Asimismo, se destaca que la educación superior debe contribuir a reparar la deuda histórica de las sociedades y Estados contemporáneos con los pueblos indígenas y afrodescendientes, educar contra el racismo y todas las formas de intolerancia, asegurando los derechos educativos de estos pueblos, reconocidos en diversos convenios, tratados y declaraciones internacionales. Se requiere que los cambios se realicen con una perspectiva intercultural.

Las delegaciones que suscriben el documento subrayan su compromiso con la equidad y la formación de las personas a lo largo de sus vidas, para lo cual demandan que los Estados garanticen el financiamiento, necesario y progresivo, para las labores y las tareas estratégicas de las instituciones de educación superior públicas. Los recursos financieros deberán orientarse a políticas que garanticen el pleno acceso, la gratuidad, la permanencia y el egreso de los sectores más empobrecidos, discriminados y marginados del sistema educativo y de la educación superior, así como a los pueblos indígenas y afrodescendientes, las poblaciones migrantes y refugiadas, la población adulta, las personas con discapacidad y las discriminadas por razones de género y orientación sexual. A lo anterior se añade la demanda de ampliar el financiamiento y la puesta en marcha de acciones para la recuperación educativa derivada de los efectos de la pandemia de Covid-19.

Se destaca también el reconocimiento a la importancia de las instituciones de educación superior como parte de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, así como su función para garantizar que los beneficios de la investigación y la generación de nuevo conocimiento estén al alcance de toda la sociedad. Asimismo, se subraya la necesidad de fortalecer la incorporación del conocimiento y las culturas de pueblos ancestrales, comunidades, sectores populares y del mundo del trabajo en la generación, uso y apropiación del conocimiento. Otro elemento que se considera de la mayor importancia es salvaguardar el derecho a la educación de las y los estudiantes, lo cual incluye el respeto a sus formas de organización, expresión y pensamiento crítico, sin discriminación ni temor a la criminalización.

En el pronunciamiento final de la conferencia, quienes participaron también proponen una acción colectiva entre gobiernos, sociedades e instituciones de educación superior, así como de ciencia y tecnología para elaborar acuerdos de cooperación horizontales y solidarios, de fomento y coparticipación de buenas prácticas y experiencias, de proyectos colaborativos en temas relevantes para el mejoramiento de las condiciones de vida, de educación, de salud y de sustentabilidad. El objetivo de la propuesta es la creación de un escenario para el desarrollo de un bloque regional, orientado hacia el bienestar y la equidad. Para tal efecto, es preciso fortalecer las redes de cooperación, en particular el Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), además del resto de redes y organismos de cooperación y solidaridad.

En la Declaración Final de la CRES+5, se señala que la democratización del conocimiento y la universalización de la educación superior son dos objetivos estratégicos hacia la CRES 2028, cuya finalidad es el desarrollo soberano de América Latina y el Caribe, así como la consolidación de los sistemas democráticos de gobierno. Para lograr esos objetivos será necesario promover amplias alianzas sociales y políticas, nacionales y regionales, para alcanzar un nuevo pacto socioeducativo. En ese sentido, las políticas de internacionalización de las universidades -y particularmente los programas de movilidad- son fundamentales para la integración de las naciones de la región y para fomentar el intercambio de conocimientos académicos, científicos y tecnológicos. Se exhorta a los países a ratificar tanto el Convenio Regional como el Convenio Mundial de Reconocimiento de Cualificaciones de Educación Superior. De igual manera, se invita a ENLACES, así como a los distintos organismos y redes regionales y nacionales, a promover la creación de una Agencia Regional de Conocimiento (ARCO) que tenga como finalidad impulsar la investigación, la extensión y la innovación colaborativas, solidarias y horizontales, así como su vinculación con la docencia.

El documento concluye refrendando la vigencia de las instituciones de educación superior como un espacio apreciado “para la construcción de un futuro promisorio basado en la ciudadanía plena, la justicia social, el desarrollo sostenible y la integración regional”.

***

En este número de Perfiles Educativos se ofrece un variado conjunto de artículos con diferentes temas de análisis, marcos teóricos e interpretativos y diferentes metodologías para su abordaje. En la sección Claves, José Candelario Osuna y Jocelyne Rabelo ofrecen el artículo “Estudiantes trasnacionales en la región Tijuana-San Diego”, cuyo objetivo es la realización de un diagnóstico y una comparación de la autopercepción de estudiantes que asisten a escuelas de nivel medio en Tijuana, México y San Diego, California, acerca de algunos acontecimientos relacionados con la experiencia de inclusión a un nuevo sistema educativo. El análisis de los resultados permite plantear algunas recomendaciones para transitar gradualmente hacia una política de educación transfronteriza que facilite la transferencia y la incorporación de niñas, niños y adolescentes. “La expansión de la educación superior en Chile” es el trabajo elaborado por Camila Mella y Emi-lio Moya, en el cual exploran si la política de créditos estudiantiles redujo la desigualdad del acceso en el periodo 2003-2017. Los resultados de su estudio muestran que las medidas tomadas han reducido el efecto de los recursos económicos en el acceso general al nivel superior, pero dicha variación se ha concentrado en las instituciones menos selectivas, sin afectar a las de élite. En consecuencia, el efecto de la política pública ha sido limitado, pues únicamente ha reformulado, pero no reducido, la desigualdad en el acceso a la educación superior.

Por su parte, Alejandro Farieta-Barrera y Luis Alejandro Murillo, han elaborado un artículo intitulado “Efectos de las reformas a las políticas de formación de docentes en programas de filosofía de Colombia”. En este trabajo analizan el proceso de implementación de las reformas previas a 2018 mediante el método de casos múltiples. Sus hallazgos les permiten plantear que los cambios implementados mostraron fracturas en la legislación y un fracaso en la estrategia de mercantilización de la educación, puesto que, en un contexto inequitativo como el colombiano, no es suficiente regular el mercado educativo para resolver los problemas que padece el país en ese sector. “La indagación colaborativa como estrategia para fortalecer la vinculación universidad-escuela” es el trabajo que presentan Tatiana Goldrine, Romina Madrid y Tatiana Díaz. Se trata de una experiencia de vinculación universidad escuela en una comunidad compuesta por maestras de educación infantil y profesoras universitarias que desarrollan un ciclo de indagación colaborativa orientado hacia la mejora de las prácticas docentes.

Los investigadores José Alfonso Jiménez, Joaquín Caso y Andrea Romero, en su artículo “Evaluación del egreso de nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California”, examinan el desarrollo de un mecanismo para la evaluación del egreso de nivel licenciatura de nueve programas educativos de baja matrícula en la UABC. Utilizan una metodología comprensiva capaz de reflejar la participación de las comunidades académicas y la perspectiva de cada disciplina con el fin de obtener un ejercicio inédito de evaluación del egreso para las licenciaturas bajo estudio. “Profesorado en formación y desarrollo del pensamiento histórico en universidades chilenas” es el artículo de Carolina Chávez, quien plantea la pregunta de investigación acerca de ¿qué elementos del pensamiento histórico incorporan las y los profesores en formación, cuando piensan la enseñanza de la historia? Los resultados indican que los estudiantes utilizan fuentes para la extracción literal de información, sus narrativas son descriptivas y carecen de problematización y preguntas históricas, lo que supone que, para ellos, la historia se presenta como una verdad acabada.

Los profesores Sergio Peña y José Luis Ramírez presentan el artículo “Formación académica y demandas del campo profesional de los planificadores urbanos y regionales mexicanos”. Los resultados de su indagación muestran que los posgrados en planeación incorporan cada vez más temas relacionados con el paradigma de la planeación colaborativa; no obstante, en el campo profesional se valoran más los saberes, las habilidades y las destrezas relacionadas con la planeación racional y con el espacio euclidiano.

La sección Claves cierra con el artículo “La profesión docente en Europa: una mirada desde Eurydice”, elaborado por José María Castillo. El trabajo plantea dos objetivos: identificar las principales temáticas respecto a la profesión docente abordados por Eurydice (Red Europea de Información en Educación) y analizar la configuración de la profesión docente en Europa. De los resultados obtenidos emergen como principales temáticas de los informes de Eurydice: la formación permanente, el desarrollo profesional, la evaluación y las condiciones laborales del profesorado. Fue notable, por otro lado, la escasa referencia a la atracción y retención de los docentes.

“Educación para la ciudadanía y para la paz” y “Sindicalismo magisterial y corporativismo en los procesos de asignación, promoción y dedicación a la función docente”, son los dos artículos que integran la sección Horizontes. En el primero de ellos, Dania Luz Mejía-Rodríguez analiza las características e implicaciones de la educación para la ciudadanía y la paz desde la perspectiva de la teoría de la resistencia y la pedagogía crítica. Su análisis le permite resaltar la forma en que la educación para la ciudadanía y para la paz pueden constituirse como oportunidades para contribuir a la reflexión crítica, la participación ciudadana y la acción democrática en los procesos de enseñanza. Por último, Juan Rubén Compañ examina las prácticas corporativas que la vinculación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el actual gobierno mexicano llevan a cabo en torno a la asignación, promoción y dedicación a la función docente. De acuerdo con su análisis, el SNTE está recuperando el control de las plazas docentes que había perdido durante el gobierno anterior, mediante tres elementos que se articularon a su favor en la presente administración federal: lo laboral, lo político y lo técnico.

Esperamos que los temas incluidos en este número de Perfiles Educativos sean del agrado e interés de nuestros lectores.

Armando Alcántara Santuario

1El documento completo puede consultarse en: https://cres2018mas5.org/2024/03/15/declaracion-cres5-15-de-marzo/

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