Introducción

A principios de la década de 1930, las sociedades centroamericanas presenciaron el ascenso al poder de personajes que prometieron combatir los efectos de la Gran Depresión y la inestabilidad sociopolítica de sus naciones. Sus medidas de austeridad y mano dura contra el movimiento sindical y obrero -al que calificaron de comunista- rindieron frutos entre sus seguidores. En poco tiempo, la oposición fue pulverizada, la autonomía municipal suprimida, la prensa amordazada y el poder legislativo reducido a un recinto donde sólo se aprobaban los designios presidenciales. El orden fue establecido como valor supremo en los gobiernos de Jorge Ubico, en Guatemala; Maximiliano Hernández Martínez, en El Salvador; y Tiburcio Carías Andino, en Honduras. Estos tres hombres evocaron su carácter insustituible como redentores de la patria, para continuar en el poder.¹

En agosto de 1938, los seguidores del general Martínez -apellido con el que firmaba los documentos oficiales- comenzaron a enviar cartas en las que pedían su reelección. Pocos dudaban de la determinación del militar para alcanzar sus metas, evidenciada en la represión de las rebeliones de 1932, que le permitió mantenerse en el cargo y ganarse la confianza del gobierno estadounidense.² Aun así, algunas voces se alzaron en nombre de la Constitución de 1886, que prohibía expresamente la reelección presidencial. Para sorpresa de propios y extraños, las críticas no provinieron del enemigo publicitado en folletos y periódicos afines al oficialismo -el comunismo-, sino del propio gabinete de gobierno y de algunos sectores profesionales que, ante la persecución política desatada, buscaron asilo en la legación de México en San Salvador.

En este artículo examino las relaciones diplomáticas entre México y El Salvador a lo largo de la década de 1930, las maniobras del oficialismo para asegurar la reelección del general Martínez, las disidencias que surgieron y la actuación de los diplomáticos mexicanos ante las solicitudes de asilo. Como muestran los informes de los representantes de México en San Salvador, la concesión del asilo se convirtió en un asunto delicado. A explicar las razones de ello dedicaré las páginas que siguen, a partir del análisis de fuentes hemerográficas, bibliográficas y archivísticas de México, Guatemala y El Salvador.

Es importante señalar que este trabajo aborda tres temas cuya producción historiográfica debe revisarse para establecer sus aportes. El primero es la actuación de los diplomáticos mexicanos en relación con la concesión del asilo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.³ Por el dramatismo de la situación y la cantidad de vidas salvadas, la atención de los historiadores se ha concentrado, sobre todo, en la labor de los diplomáticos mexicanos en Europa durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Sobresalen, en este sentido, las figuras de Porfirio Smerdou, Gilberto Bosques y Manuel Pérez Treviño, quienes idearon diversas estrategias para proteger a cientos de asilados.⁴

Sin embargo, al girar el lente hacia otros lugares -como lo hago en este estudio-, es posible advertir que también en Centroamérica, aunque con menor visibilidad, los diplomáticos mexicanos enfrentaron fuertes presiones al momento de conceder el asilo y evitaron que la persecución política derivara en desenlaces fatales.

Aunque el asilo político fue objeto de debate en distintas convenciones americanas a lo largo del siglo XX -La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954)-, donde se reconoció como un derecho de cada Estado y se acordó que correspondía al país asilante calificar la naturaleza del delito político, su concesión ha estado plagada de intereses y controversias. En muchos casos, su carácter humanitario resultó incómodo para gobiernos empeñados en sofocar la disidencia mediante castigos ejemplares. Como facultad discrecional de cada Estado, el asilo político -concedido o denegado- exige el análisis de los intereses políticos que entran en juego. Esto conduce a los dos temas restantes abordados en este artículo.

El primero es la reelección del general Martínez en 1939. Aunque recurrió a este mecanismo en dos ocasiones durante su gobierno -la segunda en 1944-, son pocos los trabajos que analizan los apoyos que logró reunir y las consecuencias políticas que generó. El único estudio centrado exclusivamente en la reelección de 1939 es el de Roberto Turcios. El historiador sostiene que la reelección de 1939 tuvo un alto costo para el gobierno salvadoreño, al provocar la renuncia de varios aliados competentes del gabinete, entre ellos figuras con una clara orientación liberal que protestaron por la violación de la Constitución de 1886.⁵ La lectura de sus nombres y el hecho de que algunos se exiliaron en suelo mexicano me llevaron a investigar dos aspectos que considero fundamentales para profundizar en el análisis de este episodio: la persecución política que enfrentaron y las gestiones emprendidas -por ellos o sus allegados- en busca de asilo.

Finalmente, el tercer tema que aborda este artículo es el de las relaciones diplomáticas de México con Centroamérica, en particular con El Salvador, durante la década de 1930. Los estudios publicados sobre el tema sostienen que el gobierno mexicano dejó de desempeñar un papel activo en la región durante esos años, concentrado en la caída de la república española, el avance del fascismo y el compromiso con el panamericanismo promovido por Estados Unidos.⁶ Esta postura se refleja en los informes de los diplomáticos mexicanos en Centroamérica, quienes defendieron a capa y espada el principio de no intervención frente a las solicitudes de apoyo presentadas por distintos grupos políticos.

México, definitivamente, no era un protagonista en el tablero político de la región; sin embargo, las peticiones de asilo y el exilio de varios opositores en su territorio resultaron decisivos -como expondré en los apartados siguientes- para que sus funcionarios se mantuvieran atentos a los acontecimientos políticos de estos países y, en más de una ocasión, terminaran en el centro de la controversia.

Así sucedió en el caso de El Salvador, cuyo gobierno se había consolidado como un aliado regional de México en Centroamérica y como contrapeso a las aspiraciones del presidente guatemalteco Jorge Ubico. Esta alianza convirtió la concesión del asilo político en un asunto delicado durante la primera reelección del general Martínez, una situación que recayó en manos de Francisco Ursúa y Antonio Méndez Fernández, encargados de negocios de la legación de México en San Salvador.

Francisco Ursúa ingresó al servicio diplomático en 1935, tras haberse desempeñado como abogado en la Comisión Nacional Agraria y en la Comisión General de Reclamaciones entre México y Estados Unidos. Fue enviado a San Salvador a finales de 1937, con 44 años de edad y experiencia previa en Guatemala y Honduras.⁷ Méndez Fernández, por su parte, se incorporó al servicio diplomático en 1936, y su misión en El Salvador -como sustituto de Ursúa y con apenas 30 años- fue la segunda que asumió, luego de haber estado al frente de la legación de México en Uruguay.⁸

En ambos casos, la estancia en El Salvador no superó los dos años, pero fue suficiente para constatar lo difícil que resultaba ejercer el derecho de asilo sin provocar el enojo de las autoridades salvadoreñas.

El estudio de este episodio permite mostrar que la política exterior de México en Centroamérica durante la década de 1930 tuvo diversas aristas. Los intereses políticos, las alianzas y las estrategias deben analizarse en el contexto específico de cada país de la región, con el fin de evitar una visión uniforme o una lectura reduccionista del periodo, basada exclusivamente en el principio de no intervención definido por el gobierno mexicano. Detrás del protocolo diplomático existieron tensiones y acuerdos que hacen especialmente relevante el estudio de esta etapa.

El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, examino las relaciones diplomáticas entre México y El Salvador durante la década de 1930; en el segundo, reviso las maniobras emprendidas para concretar la reelección presidencial de Martínez y las disidencias que surgieron en su contra; en el tercero, analizo la actuación de los diplomáticos mexicanos acreditados en El Salvador frente a las solicitudes de asilo; y, en las conclusiones, explico por qué la concesión de este se convirtió en un asunto delicado en esa coyuntura.

El Salvador, un aliado de México en Centroamérica

Al revisar los informes de los diplomáticos mexicanos acreditados en El Salvador durante la década de 1930, se advierte la buena relación que prevalecía entre ambos países. Las críticas que formularon -como la promulgación indiscriminada del estado de excepción- se reservaron para las autoridades mexicanas y no afectaron la cooperación bilateral ni las reuniones que los encargados de negocios sostenían con el general Martínez.⁹ Tres factores fueron decisivos en esta dinámica: la política exterior del gobierno de Lázaro Cárdenas hacia América Latina -conocida como la del Buen Amigo-, el contexto internacional en que se aplicó y el papel del gobierno salvadoreño como aliado regional de México en Centroamérica. A continuación, analizaré cada uno de estos elementos, con especial énfasis en la relación que México estableció con la administración de Martínez.

La política exterior del Buen Amigo fue promulgada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), y tuvo como ejes principales “la defensa y el mantenimiento de los principios jurídicos y políticos de no intervención y autodeterminación, así como de neutralidad”.¹⁰ Aunque estos principios fueron establecidos en 1930, cuando Genaro Estrada fungía como secretario de Relaciones Exteriores de México, su defensa cobró relevancia a mediados de esa década, en el contexto de las reformas impulsadas por Cárdenas y el panamericanismo promovido por la administración estadounidense.

Para el gobierno mexicano, defender la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en sus asuntos políticos resultó conveniente en un momento en que centralizaba el poder a costa de los caciques locales -como Saturnino Cedillo en San Luis Potosí-, impulsaba una ambiciosa reforma agraria y se preparaba para expropiar a las empresas petroleras. Predicar con el ejemplo se convirtió en una estrategia para llevar a buen puerto estos cambios, al tiempo que se aprovechaba del giro que el presidente Franklin D. Roosevelt había dado a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.¹¹

Desde 1933, el gobierno estadounidense aplicó la política del Buen Vecino, con la cual intentó dejar atrás la era de las cañoneras y la diplomacia del dólar, y promovió la autodeterminación de los pueblos de América Latina, así como la no intervención en sus asuntos internos. Entre sus objetivos se encontraban el acercamiento a los mercados de la región tras la Gran Depresión y la formación de un frente común ante la creciente amenaza de guerra en Europa. De este modo, el panamericanismo cobró nuevo impulso en cada una de las conferencias celebradas en los años treinta, al reunir a gobiernos de distintas ideologías bajo una misma bandera y condicionar las relaciones entre México y Centroamérica.

La conveniencia de practicar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, sumada al creciente acercamiento al gobierno estadounidense, influyó en que México dejara de desempeñar un papel activo en Centroamérica durante la década de 1930.¹² Varias figuras de la política centroamericana -entre ellas José Ángel Zúñiga Huete y Rodolfo Espinoza- solicitaron en ese periodo el apoyo que el gobierno mexicano había concedido en 1926 al partido liberal en Nicaragua, apelando al talante dictatorial de los regímenes de turno, pero siempre obtuvieron una respuesta negativa.¹³ El gobierno de Lázaro Cárdenas tenía otras prioridades en su agenda internacional, como la Guerra Civil española, el avance del fascismo y el nacionalsocialismo en Europa.

Centroamérica perdió el sitio preponderante que funcionarios como José Vasconcelos y Juan de Dios Bojórquez le habían otorgado en la década de 1920.¹⁴ Esto se refleja en el rango de sus representaciones diplomáticas en la región, donde sólo Guatemala contaba con una embajada. Sin embargo, México no dejó de prestar atención a lo que ocurría en esos países. La propaganda política y cultural impulsada durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles siguió inspirando a opositores centroamericanos en los años treinta. Además, el exilio de estos disidentes en México, junto al protagonismo de los sindicatos y las ligas agrarias en la política de ese país, despertó el recelo de diversos sectores políticos en Centroamérica. El hecho de que México renunciara a intervenir en los asuntos internos de esos países no disipó su interés geopolítico en la región ni su preocupación por las iniciativas de algunos de sus gobernantes.

Si bien la animadversión hacia el gobierno mexicano por la persecución del clero y las actividades de los militantes de izquierda en su territorio se reflejó en notas de prensa en toda Centroamérica, en Guatemala alcanzó mayor virulencia. Desde el inicio de su gestión en 1931, Jorge Ubico y sus funcionarios mantuvieron una relación cordial, aunque marcada por la desconfianza. Veían a su vecino como un foco de propaganda comunista y una amenaza, debido a los disidentes que habían encontrado refugio en México y que, desde ahí, podían aprovechar la frontera común para realizar incursiones armadas. Ante esta situación, los diplomáticos mexicanos acreditados en Guatemala no tuvieron más opción que responder con cortesía a las acusaciones formuladas en reuniones oficiales y mantenerse expectantes frente a los golpes bajos que las autoridades guatemaltecas pudieran infligir a México.

Uno de estos episodios tuvo lugar en 1938, cuando el gobierno de Cárdenas sofocó en pocos días la sublevación de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí.¹⁵ Los rumores sobre el apoyo que Cedillo había recibido de las potencias del Eje, así como el presunto suministro de municiones por parte del gobierno guatemalteco -confirmado en la prensa mexicana por exiliados de ese país-,¹⁶bastaron para que el embajador en Guatemala elaborara un informe especial y aviones del Ejército mexicano sobrevolaran la región fronteriza. El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Adrián Recinos, lamentó que, pese a la información que desmentía la colaboración de su gobierno en la rebelión de Cedillo, “todos los días vuelan escuadrillas de aviones mexicanos tratando de descubrir los 60 000 hombres que, se dice, tiene Guatemala en su frontera”.¹⁷

En medio de una relación marcada por la desconfianza, hubo un tema que inquietó a los funcionarios de Cárdenas: la supuesta intención del gobierno guatemalteco de reavivar la unión centroamericana bajo su liderazgo. Además de su admiración por Justo Rufino Barrios -el presidente guatemalteco que intentó unificar la región por la fuerza en la década de 1880-, Jorge Ubico había demostrado su intención de influir en los asuntos internos de sus vecinos. A principios de 1932, estrechó lazos con el Partido Liberal de Honduras ante la inminente candidatura presidencial de Tiburcio Carías Andino, del Partido Nacional y meses más tarde, movilizó tropas hacia la frontera con El Salvador para forzar la renuncia de Martínez, quien seguía en el poder pese al Tratado de Paz y Amistad de 1923.¹⁸

Por esta razón, cuando el gobierno de Guatemala lanzó una campaña de prensa para exaltar las figuras de Barrios y Ubico, y sus diplomáticos en la región empezaron a hablar de la necesidad de unir al istmo, la cancillería mexicana tomó cartas en el asunto. En 1935, sus representantes investigaron las pretensiones de Ubico y evaluaron sus posibilidades en cada país.¹⁹ La mayoría coincidió en que Ubico carecía de los recursos económicos y los apoyos necesarios -incluido el del gobierno estadounidense- para llevar a cabo un proyecto unionista, con excepción del ministro plenipotenciario en San Salvador, Manuel de Negri, a quien Martínez le solicitó una entrevista para tratar el tema.

Desde que Martínez asumió el Ejecutivo en diciembre de 1931, las relaciones con el gobierno de Guatemala fueron complicadas. Sus funcionarios lo consideraban un usurpador y un pésimo ejemplo para la región.²⁰ A la movilización de tropas hacia la frontera y el rumor de una posible invasión a El Salvador para hacer valer el Tratado de Paz y Amistad de 1923, le siguió una campaña contra Ubico en la prensa salvadoreña, lo que enardeció los ánimos entre algunos guatemaltecos. La tensión disminuyó cuando quedó claro que Washington permitiría que Martínez permaneciera en el poder hasta la expiración del tratado en 1934, aunque la desconfianza siguió marcando las relaciones entre ambos gobiernos.

En la reunión que Martínez sostuvo con el diplomático mexicano en 1935, el general informó que el gobierno de Guatemala había adquirido recientemente aviones y pertrechos para reforzar su ejército. Además, compartió una opinión sobre su homólogo que coincidía con la de los mexicanos: “Ubico ha demostrado ser un hombre impulsivo y violento y, por consiguiente, su administración no hacía sino mantenerse a la expectativa, tratando también de prepararse para cualquier eventualidad”.²¹

Martínez también aprovechó la reunión para explorar la posibilidad de comprar armas y aviones en México y, hábilmente -como señaló el diplomático mexicano en su misiva-, recordó la ocasión en que el gobierno mexicano “movilizó o amenazó con movilizar tropas a su frontera con Guatemala, obligando al presidente Barrios a dividir su ejército, lo que contribuyó al desastre de este en Chalchuapa”.²² La historia parecía repetirse cincuenta años después, y Martínez apelaba a unos vínculos que se habían preservado desde entonces.

Las relaciones diplomáticas que México estableció con El Salvador fueron estrechas y se caracterizaron por el buen entendimiento, a diferencia de las que sostuvo con Guatemala, marcadas por disputas limítrofes y conspiraciones en la región fronteriza.²³ Incluso puede afirmarse que, en algunos episodios durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, El Salvador fue un aliado de México en Centroamérica al oponerse a la influencia que este pretendía ejercer en la región.²⁴ Las buenas relaciones entre México y El Salvador continuaron durante el periodo posrevolucionario y se hicieron evidentes cuando aumentó la presión externa para que Martínez abandonara el poder.

Pocos días después de que los militares que derrocaron a Arturo Araujo entregaron la presidencia al general Martínez, quedó claro que sus cálculos habían fallado. Como expuse antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos le negaron el reconocimiento diplomático en nombre del Tratado de Paz y Amistad de 1923, por lo que el gobierno salvadoreño emprendió una campaña, tanto a nivel doméstico como internacional, para desmarcar a Martínez del golpe de estado contra Araujo. Entre los actores que colaboraron en este esfuerzo estuvo el gobierno mexicano.

En enero de 1932, el ministro mexicano acreditado en El Salvador, Rosenzweig Díaz, envió una carta al canciller salvadoreño. En ella expresó su convicción de que Martínez no había participado en el movimiento contra Araujo. Sustentó su afirmación en las visitas que el militar realizó a la Dirección General de Policía y al Primer Regimiento de Artillería cuando se desarrolló el golpe de estado.²⁵ La misiva del diplomático mexicano fue presentada por los funcionarios salvadoreños al Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con otras firmadas por los representantes de Gran Bretaña, Honduras, España y Francia, como prueba de la inocencia del general Martínez.

Un año después, cuando las pruebas presentadas por el oficialismo salvadoreño y las gestiones de sus agentes en el extranjero resultaron insuficientes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Puig Casauranc, se ofreció ante el Departamento de Estado como mediador, con el fin de lograr el reconocimiento de Martínez. La respuesta llegó en julio de 1933, a través del embajador estadounidense en México, Josephus Daniels: su gobierno se negaba a vulnerar el Tratado de Paz y Amistad de 1923.²⁶

Mientras tanto, el gobierno de México había entregado al salvadoreño un millón de cartuchos para el ejército en calidad de préstamo.²⁷ Tiempo después, cuando finalmente se concretó el reconocimiento diplomático por parte de Washington, el embajador de México en Guatemala, Fernando González Roa, asistió a la toma de posesión del general Martínez en marzo de 1935. Con esta visita, el gobierno mexicano correspondió a la que había realizado una misión oficial salvadoreña con motivo de la investidura de Cárdenas, a la que no acudió una delegación guatemalteca. Los elogios que González Roa plasmó en su informe sobre el presidente salvadoreño -al que describió como bondadoso y fuerte- reflejaron el buen estado de las relaciones bilaterales.²⁸

Sin embargo, esta situación pareció ponerse a prueba cuando las intenciones reeleccionistas de Martínez se hicieron evidentes y el gobierno de Guatemala comenzó a limar asperezas con su vecino. En 1937, Martínez fue condecorado con la Orden del Quetzal, y la llegada a San Salvador de emisarios de buena voluntad se volvió frecuente.²⁹ Francisco Ursúa, encargado de negocios de la legación de México, interpretó este acercamiento como un intento de Ubico por apoyar a su vecino en un momento decisivo, y temió que la neutralidad que México debía mantener ante la reelección del militar salvadoreño empujara a su aliado hacia la órbita guatemalteca.³⁰

El camino a la reelección. Maniobras políticas y disidencias

A mediados de 1938, el general Martínez envió una misiva al subsecretario de Gobernación, Hermógenes Alvarado, para solicitar su opinión sobre la reelección presidencial. En la carta, Martínez argumentaba que la continuidad de un militar al frente del Ejecutivo era necesaria ante la persistente amenaza del comunismo, y mencionaba que el oficial con quien había discutido el asunto se había negado a asumir esa responsabilidad. Todo indica que Martínez ya había decidido mantenerse en la presidencia mediante un decreto transitorio de una Asamblea Constituyente, y la consulta a Alvarado tenía como propósito evaluar lealtades, obtener la perspectiva de un experto en derecho constitucional y prever posibles consecuencias de sus actos.³¹ La respuesta del funcionario anticipó las divisiones dentro del gabinete y evidenció que el general no contaba con un respaldo unánime.

Alvarado consideró inconstitucional la reelección presidencial y sostuvo que la convocatoria a una Asamblea Constituyente, en esas circunstancias y sin responder al clamor popular, sería interpretada como un mecanismo destinado exclusivamente a prorrogar los poderes asumidos por Martínez en 1931. Aunque reconoció los logros de la administración en su respuesta, también alertó sobre el peligro que estos enfrentaban ante las posibles rebeliones que una decisión de esa naturaleza podría provocar. Por ello, le sugirió “orientar las corrientes de opinión pública hacia un sucesor que continuara con su obra, sin deshonrar el legado de los liberales que aprobaron la Carta Magna de 1886”.³²

No se dispone de evidencia sobre la reacción de Martínez ante la misiva de Alvarado, quien, en su despedida, intentó suavizar la contundencia de su mensaje al expresar: “Le ruego considerar el cariño y la firme amistad que a usted me vinculan desde hace muchos años”. Sin embargo, resulta claro que el general prefirió atender opiniones más afines a sus aspiraciones. Una de ellas fue la del abogado y diputado oficialista Patrocinio Guzmán Trigueros, quien, en un folleto, afirmó que Martínez había salvado a la patria de la agresión comunista de 1932 y empleó un recurso retórico para desvincular al general del mecanismo que se buscaba aplicar: “Yo no he pretendido nunca la reelección, sino la continuación del general Martínez en la presidencia al dictarse previamente una Constitución que la ciudadanía está pidiendo desde hace muchos años”.³³

En agosto de 1938, ante la falta de respaldo popular para convocar a una Asamblea Constituyente, señalado por Hermógenes Alvarado en su carta, la maquinaria oficial se puso en marcha. En distintos pueblos de El Salvador, desde Santa Ana hasta Morazán, se organizaron cabildos abiertos que expresaron su apoyo a una nueva Constitución y a la continuidad del general Martínez. Para entonces, la ruta hacia la reelección presidencial estaba trazada, respaldada por empresarios, terratenientes y organizaciones civiles, así como por cuerpos de seguridad y espionaje fortalecidos tras los levantamientos de 1932. Además, el proceso contó con el antecedente de la reelección de Jorge Ubico, en Guatemala (1935); Tiburcio Carías Andino, en Honduras (1937); así como con la política de no intervención en América Latina adoptada por el gobierno de Estados Unidos.³⁴

En medio del entusiasmo de los seguidores del general Martínez y de la determinación de sus aliados por asegurar su reelección, varios miembros del gabinete presentaron su renuncia en septiembre de 1938 como acto de protesta. Aunque el estado de sitio vigente en el país limitó la cobertura mediática de estas dimisiones, la mención en los rotativos de nombres como Alfonso Rochac, el coronel José Asencio Menéndez, Hermógenes Alvarado y Manuel López Harrison -en ocasiones acompañados de sus fotografías- bastó para que fueran incluidos en la lista de enemigos del gobierno.³⁵

El ministro de Estados Unidos en El Salvador, Frank Carrigan, informó al secretario de Estado sobre esta situación, pero siguió a cabalidad las directrices recibidas meses antes, que le indicaban no intervenir en los asuntos internos del gobierno salvadoreño.³⁶

Con el camino despejado y las lealtades dentro del gabinete claramente definidas, en octubre de 1938 se celebraron elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Constituyente. Según el registro oficial, más de 200 000 salvadoreños acudieron a las urnas y, en palabras del ministro de Gobernación, general Tomás Calderón, las actas consignadas por las juntas electorales eran “documentos que hablarán a la posteridad de la génesis y el poder de vuestro augusto cuerpo”.³⁷ Los diputados constituyentes iniciaron sus labores el 20 de noviembre de 1938, con la presencia del general Martínez en la ceremonia inaugural, engalanada con un desfile de empleados públicos.

Mientras los diputados discutían el proyecto de la nueva Constitución, en diciembre de 1938 recibieron una petición de un grupo de ciudadanos -entre ellos Alfonso Rochac- para derogar el estado de sitio y hacer públicos los temas tratados en las sesiones. Sin embargo, la solicitud fue rápidamente rechazada por los constituyentes. En este contexto, la reelección presidencial parecía sólo cuestión de tiempo, a menos que la institución a la que pertenecía Martínez recurriera a un golpe de Estado. Desde agosto de 1938, circulaba un comunicado de la juventud militar que encendió las alarmas del gobierno, dando señales de que podía concretarse una de las consecuencias de la reelección presidencial que Hermógenes Alvarado había advertido en su carta al general Martínez.

Ante la violación inminente de nuestra Carta Magna, ante el peligro amenazador del continuismo del general Martínez en el poder, nadie, absolutamente nadie, debe permanecer indiferente. No debemos tolerar tamaña desvergüenza. Nuestro puesto no está al lado del nuevo Ali Babá y sus cuarenta secuaces, sino en la falange de los que sin miedo luchan por la democracia. Ya es tiempo de irnos preparando, la lucha está próxima. Y, entonces, ¡Ay de aquellos que han tenido la desfachatez y el cinismo de ser reeleccionistas!³⁸

Resulta difícil determinar si el manifiesto fue realmente elaborado dentro del Ejército o si el nombre de la juventud militar se utilizó para darle mayor credibilidad e impacto. No obstante, los altos mandos y oficiales del Ejército expresaron su sorpresa e indignación ante la circulación de la hoja suelta y rechazaron enérgicamente cualquier implicación de sus miembros.³⁹ Algo no encajaba con la cohesión que los militares habían proclamado en su comunicado, y esas dudas se disiparon en enero de 1939, cuando la prensa anunció la desarticulación de un complot gestado en los cuarteles contra el gobierno.

Un boletín oficial informó escuetamente que “dos o tres ciudadanos, arrastrados por ideas equivocadas y por maniobras de los eternos descontentos de la tranquilidad y el orden”, habían sido capturados y puestos a disposición de las autoridades.⁴⁰ Días más tarde, ante la presión de los familiares, el hermetismo de las autoridades cedió y se dieron a conocer los nombres de los detenidos: los coroneles José Asencio Menéndez y Felipe Calderón; los capitanes Lino Osegueda, Américo Arias, Juan Ponce; y los tenientes Manuel Sánchez y Luis Roberto Flores.

Se conocen pocos detalles sobre el plan de los militares, pero gracias a los allegados del coronel José A. Menéndez, quienes promovieron una campaña internacional para lograr su liberación, se dispone de información sobre su captura, las torturas que sufrió y las condiciones en las que estuvieron los prisioneros. Según Luis Lovo Castelar, la iniciativa del complot partió del coronel Menéndez, mientras que el capitán Osegueda diseñó el plan.⁴¹ El golpe estaba previsto para un sábado por la mañana, pues el presidente acostumbraba a viajar ese día a su finca algodonera, pero uno de los involucrados los delató.

Menéndez fue capturado en enero de 1939 por hombres vestidos de paisano que lo llevaron a la Policía de Investigaciones,⁴² donde permaneció incomunicado durante tres meses en una habitación con techo de lámina. Ante el temor de un desenlace fatal, escribió una carta al general Martínez, que su hermana hizo pública como medida de presión. En la misiva, Menéndez solicitó la designación de abogados y médicos para verificar su estado de salud y el retardo de justicia que había sufrido; sin embargo, previendo que sus peticiones fueran ignoradas, incluyó una súplica puntual al gobernante: “Si por razones que yo no pueda penetrar, usted resolviera no atender mi solicitud, le ruego al menos ordenar que se me permita hacer mi testamento y legalizarlo en debida forma”.⁴³

El temor por la vida de Menéndez tenía bases sólidas. En años recientes, el gobierno había reportado la desarticulación de otras conspiraciones dentro del Ejército -fueran reales o fabricadas-, y la ejecución del teniente coronel Rodolfo Baños en 1936, en el paredón de fusilamiento, desalentaba cualquier esperanza.⁴⁴ Mientras los familiares y allegados de Menéndez gestionaban su liberación a través del arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, y mediante visitas a la legación de México, la reelección presidencial avanzaba sin obstáculos.⁴⁵ En enero de 1939, los diputados aprobaron un artículo transitorio que permitió a Martínez mantenerse en el poder por seis años más.

A diferencia de la toma de posesión de 1935, cuando aviones del Ejército mexicano sobrevolaron un abarrotado estadio nacional, la ceremonia de 1939 se llevó a cabo de manera discreta en el salón azul del Palacio Nacional. En los meses siguientes, mientras el gobierno mantuvo informada a la población acerca de los acontecimientos en Europa, que anunciaban una guerra inminente, Martínez continuó impartiendo charlas en la sede del partido oficial. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que las críticas de una maestra resonaron en pleno centro capitalino.

Cuando Amparo Casamalhuapa descendió del estrado aquel 29 de agosto de 1939, supo que su destino estaba sellado. Había sido invitada a un homenaje al capitán general Gerardo Barrios, expresidente salvadoreño del siglo XIX, pero en lugar de ensalzar su figura, aprovechó su discurso para acusar a las autoridades de traficar drogas, encarcelar a defensores de la Constitución de 1886 -como el coronel Menéndez- y ejercer una tiranía. Pocos días después, la Fiscalía Militar presentó cargos en su contra por rebelión y sedición, con base en las declaraciones de los asistentes y organizadores del evento, quienes aseguraron desconocer sus intenciones antes de que subiera al estrado.⁴⁶

Casamalhuapa buscó refugio en las casas de amigos cercanos mientras planeaba su fuga del país, un episodio que luego relató en su novela autobiográfica.⁴⁷ Meses antes de su discurso, había gestionado asilo político en la legación de México, desesperada porque el gobierno le prohibió ejercer su profesión tras negarse a formar un club de apoyo al presidente en el centro escolar que dirigía.⁴⁸

El gobierno salvadoreño consolidó la reelección presidencial en 1939 con el respaldo de sus bases partidistas, la postura complaciente de Wash­ ing­ton y la represión de las voces disidentes. La persecución política no alcanzó a todos los integrantes del gabinete que renunciaron, aunque quedaron bajo estricta vigilancia de los órganos de inteligencia del Estado. En cambio, quienes denunciaron públicamente la reelección o intentaron impedirla enfrentaron unos destinos trágicos, y muchos de ellos acudieron a la legación de México en busca de protección, una situación que el encargado de negocios, Francisco Ursúa, advirtió desde los primeros meses de 1938, poco después de asumir sus funciones.

Diplomacia y asilo. La actuación de los representantes mexicanos

A pesar de la cordialidad que caracterizaba las relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, el hecho de que varios opositores a la reelección presidencial de 1939 buscaran asilo en la legación mexicana despertó el recelo de los aliados del general Martínez. La forma en que los diplomáticos respondieron a estas solicitudes y las presiones que enfrentaron constituyen el tema de este apartado, que inicia con la llegada a San Salvador del personaje que provocó, precisamente, dicha suspicacia.

En diciembre de 1937, Francisco Ursúa debió resolver con premura ciertos asuntos familiares antes de partir hacia El Salvador para asumir las riendas de la sede diplomática de México, que ese año había pasado de embajada a legación. Ursúa tenía un conocimiento cercano de la situación política de Centroamérica, gracias a su experiencia previa en las embajadas de México en Honduras y Guatemala, donde presenció la reelección presidencial de Jorge Ubico en 1935. No obstante, al descender del avión en el aeropuerto de Ilopango, en San Salvador, le sorprendió la ausencia de una comitiva oficial de recepción, incluido al embajador saliente, Manuel de Negri. Esta conducta, que parecía al inicio un simple descuido, pronto se revelaría como parte de una estrategia planeada en su contra.

En su primer informe firmado en San Salvador, Ursúa relató que pasó algunos días alojado en un hotel, sin que su antecesor lo presentara oficialmente ante las autoridades ni le permitiera despedirse de él antes de partir hacia Uruguay. Al asumir sus funciones como encargado de negocios en enero de 1938, descubrió que De Negri había dejado al personal predispuesto en su contra y, lo más alarmante, que figuras prominentes del gobierno salvadoreño -como Joaquín Leiva, jefe de Protocolo-, junto con familias adineradas, ejercían una notable influencia en la sede diplomática mexicana.⁴⁹

Al notar esta situación, Ursúa reconsideró los desplantes de su antecesor. Aunque su conducta había infringido el protocolo, le permitió contar con un margen de maniobra más amplio al evitar el contacto con personas que, en sus palabras, “no favorecen a los ojos del pueblo la reputación de un diplomático demócrata”. Para Ursúa, quedó claro que su misión en El Salvador consistía en “recoger a la Iglesia de manos de Lutero”.⁵⁰

Francisco Ursúa sostuvo su primera reunión con el presidente salvadoreño en marzo de 1938 y pronto percibió los tiempos turbulentos que se avecinaban. Era evidente que el general Martínez buscaría la reelección, aunque enfrentaba una oposición significativa y se desconocía si recurriría a una consulta con las bases de su partido o mantendría el poder a través del Ejército, mientras otro militar ocupaba la presidencia. Ursúa comprendió que Martínez intentaría ganar el respaldo diplomático de México, al tiempo que los opositores al continuismo buscarían refugio en la legación, lo que inevitablemente provocaría las sospechas y resentimientos en el gobierno salvadoreño. Anticipando la tormenta, Ursúa solicitó a sus superiores criterios más definidos, ya que consideraba que el principio de no intervención resultaba insuficiente para actuar en Centroamérica.

“Ese principio no se presenta a mi vista aquí como una línea recta a seguir -aseveró Ursúa en su informe-, sino como una amplia superficie dentro de la cual se tiene que ocupar un espacio”.⁵¹ Según el diplomático, existía la opción de respaldar moralmente al gobierno salvadoreño en su proyecto de reelección presidencial para mantenerlo alejado de la influencia guatemalteca; no obstante, advirtió que esta postura podría derivar en solicitudes de las autoridades salvadoreñas que infringirían el principio de no intervención y, al mismo tiempo, afectarían las aspiraciones democráticas de la oposición.

La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó al despacho de Ursúa en mayo de 1938. En la misiva, el jefe del Departamento Diplomático, Anselmo Mena, le manifestó que confiaban en su discreción y le reiteró “la importancia que tiene para México el no inmiscuirse en los asuntos internacionales de otros países”.⁵² Con este voto de confianza, Ursúa procedió a atender diversas peticiones de asilo y abogó ante las autoridades salvadoreñas por la integridad física de los militares capturados en enero de 1939. Aunque las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos continuaron sin alteraciones, las acciones de Ursúa provocaron que agentes del gobierno salvadoreño visitaran la legación para medir el alcance de sus esfuerzos por auxiliar a los disidentes.⁵³

La primera solicitud de asilo político que Francisco Ursúa atendió fue la de Alejandro Marroquín, un joven abogado que militó en el Partido Comunista de Uruguay y que, tras regresar a El Salvador en 1935, presentó una tesis y publicó algunos artículos que desataron la ira del gobierno.⁵⁴ Inicialmente, las autoridades le exigieron moderar sus actividades políticas, pero al desobedecer, le dieron 72 horas para abandonar el país. Marroquín se mantuvo oculto durante algún tiempo, hasta que Ursúa completó los trámites necesarios para permitir su ingreso a México como asilado político.⁵⁵ “En todo caso, Marroquín estaba en peligro inminente, y la neutralidad de México no podía cerrarle nuestras puertas”, explicó el diplomático al justificar su decisión, tomada tras no recibir respuesta alguna de la Secretaría de Relaciones Exteriores en un plazo de diez días.⁵⁶

El proceder de Ursúa en este caso no causó una buena impresión en algunos funcionarios mexicanos, como él mismo admitió en su informe, por los posibles malentendidos que podía suscitar con el gobierno salvadoreño. A pesar de ello, afirmó haber actuado con cautela, ya que Marroquín le pidió que contactara al personal de la embajada de México en Guatemala para recibir protección durante su traslado, petición que el diplomático declinó. Ursúa señaló estar al tanto del “entendimiento de caballeros” entre los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, cuyo objetivo era “vigilar, hostilizar y en ocasiones desaparecer a los exiliados políticos”, aunque consideró que no le correspondía reconocerlo oficialmente.⁵⁷

Meses después, al iniciarse el camino hacia la reelección presidencial, Ursúa incluyó en sus informes algunas expresiones que reflejaban la postura que había asumido frente a la situación política de El Salvador: “Sondeos parecen revelar que el presidente no vería con agrado las gestiones humanitarias, pues los neutrales estamos en minoría. Sin embargo, nos resolvemos a hacerla o nuestra presencia resultará vergonzosa”.⁵⁸ En enero de 1939, Ursúa concedió asilo diplomático a Alfonso Rochac, quien renunció al gabinete y luego solicitó la derogación del Estado de sitio. Además, prometió asilo a Amparo Casamalhuapa, en caso de ser necesario, y presentó en solitario una moción ante el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Araujo, para evitar que la captura de los militares- entre quienes se encontraba el coronel José Asensio Menéndez- terminara en “una solución sangrienta”.

El diplomático informó que su gestión humanitaria se difundió rápidamente entre los círculos oficiales y generó en la población una “espléndida impresión”. “Con prudencia máxima -escribió- sostengo la neutralidad y el buen nombre de México, que decaen con todo lo que parezca una alianza con los opresores de los gobiernos de facto”.⁵⁹ En uno de sus informes, Ursúa recordó con satisfacción la carta sobria que el embajador de México en Guatemala, Fernando González Roa, dirigió al gobierno de esa nación en 1935, tras la reelección presidencial de Jorge Ubico. Con este gesto, el diplomático se desmarcó de las felicitaciones grandilocuentes enviadas desde otras misiones, aunque también profundizó el distanciamiento con las autoridades guatemaltecas. Ursúa después descubrió que su conducta, en El Salvador, requería mayor sutileza.

En febrero de 1939, Francisco Ursúa dejó su puesto como encargado de negocios de la legación de México en El Salvador. La versión oficial que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a su sucesor, Antonio Méndez Fernández -y que este debía sostener en sus conversaciones con los funcionarios salvadoreños-, afirmaba únicamente que se había decidido adscribir a Ursúa a otra misión diplomática, y negaba cualquier tipo de presión por parte del gobierno centroamericano. Sin embargo, circulaba otra versión que ponía en duda el carácter unilateral de dicha decisión.

El jefe de Protocolo del gobierno salvadoreño, Joaquín Leiva, informó a Méndez Fernández que la remoción de Ursúa se debió a una solicitud directa del general Martínez, quien ordenó a su embajador en México, Héctor Escobar Serrano, notificar al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay, que el diplomático había sido declarado persona non grata por su gobierno. De inmediato, el encargado de negocios comunicó esta versión a su superior y sugirió una posible explicación: Escobar Serrano, al conocer el remplazo de Ursúa, decidió cancelar la entrevista con Eduardo Hay y luego reportó haber cumplido con la encomienda. Naturalmente, Méndez Fernández no insinuó en su informe que se le hubiera ocultado la intervención del presidente salvadoreño en este asunto.⁶⁰

¿Ejerció realmente la administración salvadoreña presión para la remoción de Ursúa? Se pueden plantear más interrogantes al respecto, pero dos hechos son verificables en los documentos disponibles: la incomodidad del gobierno salvadoreño ante la gestión de Ursúa y la postura más prudente que adoptó su sucesor frente a las nuevas solicitudes de asilo político presentadas en la legación de México.

Para ilustrar el malestar del gobierno salvadoreño, está el caso de Amparo Casamalhuapa. En septiembre de 1939, poco después de que la maestra leyera su discurso, el hacendado Roberto Álvarez y el colombiano Manuel Antonio Pérez acudieron a la legación de México para solicitar a Méndez Fernández dos cosas: que concediera asilo político a Casamalhuapa y que enviara una carta suya a México por valija diplomática.

Méndez Fernández rechazó ambas solicitudes, sin explicar en su informe los motivos de su negativa. Días después, el jefe de protocolo del gobierno salvadoreño, Joaquín Leiva, le informó que el general Martínez estaba al tanto de las gestiones realizadas por Álvarez y Pérez, y le agradecía haber rechazado el envío de la carta. A partir de los antecedentes de las personas involucradas, el diplomático dedujo “que el señor Manuel Antonio Pérez debe ser uno de los agentes de la Policía particular del presidente Martínez”.⁶¹

La vigilancia del gobierno salvadoreño se extendió incluso al encargado de negocios de la legación de México, quien, ante las reiteradas violaciones de la valija diplomática, aprovechó el viaje de Celia Zamora, canciller adscrita a dicha legación, en octubre de 1939, para enviar la correspondencia oficial.⁶² Esta situación parece haber influido en la decisión del periodista Napoleón Viera Altamirano, propietario de El Diario de Hoy, de rechazar el asilo territorial que Méndez Fernández gestionó ante las autoridades mexicanas, después de recibir un plazo de cinco días para abandonar el país por la publicación en su periódico de una caricatura que hacía referencia a la censura impuesta a la prensa. Todo estaba preparado para el viaje de Viera Altamirano, quien ocultó a las autoridades salvadoreñas su intención de trasladarse a México por el temor de ser desterrado primero a Honduras o Guatemala. Empero, cuando Méndez Fernández descubrió que el sobre enviado desde México con el permiso de internación había sido violado, el periodista evitó riesgos y partió hacia otro destino.⁶³

En suma, la situación que Ursúa anticipó a inicios de 1938 - el incremento de las solicitudes de asilo durante la reelección presidencial- se materializó. Aunque fueron pocas, su sola recepción bastó para que la misión diplomática mexicana en San Salvador quedara bajo vigilancia del gobierno salvadoreño. Esto evidencia tanto el alcance del control político sobre los opositores como la postura de los diplomáticos mexicanos ante las solicitudes de asilo: dispuestos a entrar en controversia con un régimen que sólo toleraba aliados incondicionales, pero también cautelosos para mitigar sospechas.

Conclusiones

En febrero de 1939, Francisco Ursúa dejó su cargo como encargado de negocios de la legación de México en El Salvador y fue trasladado a Noruega, donde asumió una nueva misión oficial. Un año y medio después, a finales de 1940, Méndez Fernández fue destinado a Japón. Para entonces, los sobresaltos provocados por la reelección presidencial habían quedado atrás, y a la ausencia de los diplomáticos mexicanos que los enfrentaron -ahora radicados en el epicentro de la Segunda Guerra Mundial- se sumaba la de varias personas que protagonizaron aquellos acontecimientos.

A inicios de la década de 1940, Alejandro Marroquín, Amparo Casamalhuapa y José A. Menéndez residían en México en calidad de asilados. Ahí entraron en contacto con otros exiliados centroamericanos y, en el caso de los hombres, participaron en agrupaciones que, desde el exilio mexicano, se oponían a los gobiernos de sus respectivos países.⁶⁴ Mientras tanto, el general Martínez, facultado por los constituyentes para ocupar la presidencia durante seis años más, intentó adaptarse, con poco éxito, a los principios democráticos que Estados Unidos promovía en su lucha contra los totalitarismos europeos.

Para sus críticos, las charlas sobre la democracia que comenzó a impartir en la sede del partido oficial, el Pro-Patria, carecían de contenido frente a los métodos empleados para asegurar su reelección y la intolerancia hacia cualquier persona que contrariara los designios oficiales. Precisamente esta postura del gobierno salvadoreño, sumada a su papel como aliado regional de México en Centroamérica, convirtió la concesión del asilo en un asunto delicado para las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como muestran las fuentes consultadas, los funcionarios de Martínez interpretaron la concesión del asilo como una violación del principio de no intervención que el gobierno mexicano afirmaba defender. Ante esa postura, de poco servían las instrucciones que los diplomáticos recibieron de sus superiores, en las que se indicaba que cada caso debía estudiarse con atención y que sólo se otorgaría asilo a los perseguidos políticos en situaciones urgentes, cuando existiera el temor fundado de que su vida corría peligro.⁶⁵

A esta presión estuvieron sometidos los diplomáticos mexicanos acreditados en suelo salvadoreño durante el periodo analizado: con el prestigio de su país en juego como tierra de asilo y bajo la vigilancia de un gobierno que, a pesar de haber ratificado la Convención sobre Asilo de Montevideo en 1933, interpretaba su concesión como una afrenta. Esta situación explica, por una parte, la remoción silenciosa de Francisco Ursúa y, por otra, la conducta más cautelosa que adoptó su sucesor. Para el gobierno mexicano, seguía vigente el objetivo de impedir que un liderazgo guatemalteco aglutinara al conjunto de la región en su contra, a pesar de las declaraciones que José Vasconcelos había pronunciado en 1924: “Que jamás vuelvan los días odiosos en que se juzgaba muy hábil política estar halagando a El Salvador, pero con el objetivo de preparar amenazas combinadas contra Guatemala”.⁶⁶ Al igual que en otros estudios sobre la compleja tarea de conceder asilo que encararon diplomáticos mexicanos en Brasil y el Cono Sur a lo largo

del siglo XX, el episodio analizado en estas páginas revela el peso que tuvieron las inclinaciones personales al momento de proteger a quienes sufrían persecución política.⁶⁷ A mi juicio, la conducta de Francisco Ursúa puede considerarse una antesala de la que mostró el embajador Gustavo Iruegas durante la década de 1980, cuando estableció vínculos con grupos guerrilleros y otros disidentes en El Salvador, y no escatimó esfuerzos -a pesar del malestar del gobierno y las amenazas de la extrema derecha- por brindarles asilo político a muchos de sus integrantes.⁶⁸

La comparación entre los casos de Ursúa e Iruegas -sin perder de vista que el segundo actuó en el contexto de un conflicto armado- permite visibilizar los dilemas que enfrentaron los diplomáticos mexicanos acreditados en El Salvador, donde la concesión del asilo fue interpretada, tanto por el gobierno de Martínez como por la Junta de Gobierno en 1980, como una flagrante violación del principio de no intervención.