Introducción

El sexenio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024) ha sido uno de los más convulsos de la historia reciente de México en lo que respecta a la gestión de los flujos migratorios que transitan por el territorio nacional con destino a Estados Unidos. Al inicio del mandato, y sin dimensionar plenamente la magnitud de los desafíos que se avecinaban, esta administración se comprometió a transformar el sistema migratorio mexicano -tradicionalmente basado en la detención y expulsión de personas migrantes bajo un paradigma de seguridad nacional- hacia un enfoque orientado a la protección de los migrantes, inspirado en los principios de la seguridad humana y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, resulta particularmente relevante indagar qué ocurrió con las políticas de contención de la migración en situación irregular a lo largo del periodo.

Durante el sexenio, la administración de AMLO introdujo múltiples cambios en el sistema de control migratorio mexicano. Entre ellos destacan el despido de cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM), bajo el argumento de combatir prácticas de corrupción (^{Reuters, 2020}); el relevo del comisionado y de otros altos mandos del Instituto; así como la militarización del control migratorio mediante la asignación de elementos de la Guardia Nacional (GN) a tareas de detención de personas migrantes (^{FJEDD, 2022}; ^{Cárdenas, 2023}), entre otras medidas. No obstante, al considerar el periodo en su conjunto, el cambio más significativo se observa al analizar la relación entre el número de expulsiones y el número de detenciones -esto es, la tasa de expulsión-, un fenómeno que investigaciones previas ya habían documentado y colocado en el centro del debate sobre las políticas migratorias en México (^{Calva y Torre, 2020}). La tendencia predominante durante el sexenio fue un aumento notable de las detenciones de personas migrantes, acompañado de una disminución pronunciada en el número de expulsiones.

El objetivo de este trabajo es analizar y explicar la caída de la tasa de expulsión en el sistema de control migratorio mexicano durante el mandato de AMLO. Para ello, en primer lugar se presenta la metodología y los insumos empíricos que sustentan la discusión. En segundo término, se examina la evolución de la tasa de expulsión, así como la diversificación de los flujos migratorios que ingresan al territorio mexicano en función de sus países de origen. En tercer lugar, se discute el argumento según el cual la reducción de la tasa de expulsión respondería a la adopción de un paradigma de protección de los derechos humanos, que implicaría la implementación de procedimientos y alternativas a la expulsión con el objetivo de salvaguardar dichos derechos. A continuación, se describen los dos tipos de proceso administrativo migratorio (PAM) aplicados por las autoridades mexicanas -canalizaciones y presentaciones-, así como las cuatro alternativas a la expulsión que pueden dar cierre a estos procesos: la solicitud de la condición de refugiado, el oficio de regularización, el oficio de salida y el abandono del proceso administrativo. Finalmente, se analizan tres dificultades operativas fundamentales asociadas a la expulsión de personas migrantes: la necesidad de establecer acuerdos con los países de origen, la obligación de respetar los derechos humanos durante los procesos de devolución y los elevados costos económicos que estos implican. En conjunto, estos elementos permiten sostener el argumento central del artículo: que el aumento drástico en la magnitud de las detenciones hace extremadamente difícil mantener las tasas de devolución observadas en años anteriores, debido a los costos y a las crecientes dificultades operativas de expulsar, particularmente a migrantes provenientes de determinados países de origen.

Aparato metodológico

La presente investigación se sustenta en un enfoque metodológico mixto que combina el análisis cuantitativo de datos administrativos con la revisión documental y hemerográfica. Su objetivo es examinar la evolución de la tasa de expulsión en el sistema de control migratorio mexicano durante el sexenio 2018-2024. La aproximación central del estudio consiste en analizar los cambios en los PAM, los cuales se inician cuando personas extranjeras en situación migratoria irregular son identificadas por las autoridades migratorias en territorio mexicano.

La fuente principal de información corresponde a los registros publicados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), adscrita a la Secretaría de Gobernación. Esta unidad distingue dos tipos de eventos subsecuentes a la identificación de una persona extranjera en situación irregular: las personas presentadas, es decir, aquellas trasladadas ante el INM por no acreditar su estatus migratorio; y las personas canalizadas, que son aquellas remitidas por el INM a albergues de la red del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con un PAM ya iniciado.

La UPMRIP publica información sobre estos eventos en diversos formatos, entre los que destacan los boletines mensuales de estadísticas migratorias (^{UPMRIP, 2012-2024}), las series históricas y, más recientemente, las bases de microdatos (^{UPMRIP, s.f.}). Los boletines y las series históricas ofrecen datos agregados que permiten reconstruir las tendencias de detenciones y expulsiones del sexenio previo, lo cual sirve como referencia para dimensionar los cambios observados durante el periodo de interés (2018-2024). Por su parte, las bases de microdatos cubren un intervalo temporal más acotado (2020-2023), pero posibilitan un análisis desagregado a nivel individual, incorporando variables como nacionalidad, tipo de procedimiento, resultado del PAM y fecha de resolución, lo que facilita un examen más fino de las dinámicas del proceso administrativo migratorio. De manera complementaria, se realizaron solicitudes de acceso a la información al INM con el fin de obtener datos presupuestales y estimaciones sobre los costos operativos asociados a las expulsiones, lo que permitió enriquecer el análisis de los factores económicos y logísticos involucrados.

El procesamiento y análisis de la información se estructuró en tres etapas principales. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo y de tendencias, mediante el cálculo de la tasa de expulsión y el examen de la composición cambiante de los flujos migratorios según región de origen. Para los años en los que se dispone de microdatos, la tasa de expulsión se define como la proporción de PAM que concluyen en una expulsión (E) -que incluye retornos asistidos, deportaciones y devoluciones de niñas, niños y adolescentes (NNA)- respecto del total de PAM iniciados (D). En los años sin microdatos disponibles, este indicador se construye a partir del cociente entre el número de eventos de expulsión observados en el año y el total de eventos de detención registrados en ese mismo año.

En segundo término, se analizaron los resultados del PAM utilizando las bases de microdatos, cuantificando la frecuencia de cada tipo de resolución -expulsión, oficio de salida, regularización, solicitud de la condición de refugiado y abandono del procedimiento-, diferenciando entre personas presentadas y canalizadas.

En una tercera etapa, con el objetivo de identificar de manera conjunta los factores asociados a la probabilidad de expulsión, se estimaron modelos de regresión logística. La variable dependiente corresponde al resultado del PAM, operacionalizado en dos categorías: haber sido expulsado del país mediante retorno asistido, deportación o devolución (1), y lograr permanecer en México ya sea a través de un oficio de regularización, un oficio de salida, una solicitud de refugio o el abandono del proceso administrativo (0). Las variables independientes consideradas incluyen las características disponibles de los eventos: edad (agrupada en tres categorías: 0 a 11, 12 a 17 y 18 años o más), sexo (hombre o mujer), región de origen (Centroamérica, Sudamérica o resto del mundo), tipo de procedimiento (presentación o canalización), número de detenciones previas durante el año y trimestre en el que ocurrió el último evento. Este enfoque permite superar la limitación de observar únicamente las diferencias por región de origen, ya que -como se muestra más adelante en el Cuadro 1- la relación entre personas detenidas y expulsadas también ha disminuido entre migrantes procedentes de Centroamérica. Para la estimación de los modelos se seleccionaron los años 2022 y 2023, dado que, como se observa en el Cuadro 1, a partir de 2022 aumenta de manera significativa el peso relativo de la población extranjera proveniente de regiones distintas de Centroamérica.

Finalmente, para contextualizar y complementar los hallazgos cuantitativos, se realizó una revisión bibliográfica y hemerográfica exhaustiva que incluyó investigaciones académicas sobre las políticas migratorias mexicanas, informes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, así como cobertura periodística de medios de comunicación confiables sobre eventos relevantes en materia migratoria durante el sexenio. Se reconoce como una limitación del estudio la posible opacidad o inconsistencia de los datos administrativos, así como la dificultad para acceder a información detallada sobre costos y presupuestos operativos. No obstante, la triangulación de fuentes y el uso de microdatos recientes permiten ofrecer una explicación robusta y empíricamente fundamentada de la caída observada en la tasa de expulsión durante el periodo analizado.

La caída de la tasa de expulsión y la diversidad creciente de los países de origen

Durante décadas se ha documentado la existencia en México de una frontera vertical, compuesta por retenes y puntos de inspección desplegados al interior del territorio nacional, cuyo objetivo es identificar a personas en situación migratoria irregular para detenerlas y expulsarlas (^{Silva, 2014}; ^{Vila, 2024}). Esta frontera vertical se inscribe en una política migratoria orientada a la contención de los flujos migratorios bajo el paradigma de la seguridad nacional, lo cual implica que las personas migrantes asuman mayores riesgos en sus trayectos por el país y queden más expuestas a abusos y agresiones tanto por parte del crimen organizado como de autoridades corruptas (^{Yee Quintero, 2016}). La consolidación y el fortalecimiento de esta política de detención y deportación se encuentran estrechamente vinculados a las presiones e influencias ejercidas por los gobiernos de Estados Unidos sobre sus contrapartes mexicanas, con el fin de que estas últimas contengan los flujos migratorios que se dirigen hacia territorio estadounidense (^{Vega, 2022}; ^{Ortega, 2023}).

Con el inicio del gobierno de AMLO, a finales de 2018, se anunció un cambio en el paradigma de la política migratoria mexicana. No obstante, desde el primer año del sexenio se anticipaba que la continuidad de las políticas de control migratorio sería más probable que una transición efectiva hacia un enfoque más humanista, especialmente tras las amenazas del entonces presidente estadounidense Donald Trump de incrementar los aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno no lograba frenar los flujos migratorios (^{Rizzo, 2024}; ^{Campos, 2024}). En este contexto, México experimentó un incremento significativo en las detenciones de personas migrantes, tendencia que se vio interrumpida temporalmente por el inicio de la pandemia de Covid-19, pero que posteriormente se intensificó hasta alcanzar niveles no registrados en al menos una década.

Para ilustrar esta dinámica, la Gráfica 1 presenta el número de eventos de detención realizados por las autoridades migratorias mexicanas -personas presentadas o canalizadas- tras ser identificadas como migrantes en situación irregular. Las cifras anuales muestran un crecimiento sostenido desde 2017, con la excepción del año 2020. El dato más reciente, correspondiente a 2023, se aproxima a los 800 mil eventos de detención; para dimensionar esta magnitud, basta señalar que esta cifra es casi equivalente al total de detenciones registradas durante todo el sexenio anterior.

Nota: 2024 solo incluye el primer semestre. Fuente: elaboración propia con datos de ^{UPMRIP (2012-2024}).

Gráfica 1 Número de expulsiones y detenciones de personas extranjeras en situación irregular en México, 2012-2024.  

La Gráfica 1 también muestra la evolución anual de las expulsiones, cuya tendencia exhibe un comportamiento marcadamente distinto -e incluso opuesto- al de las detenciones. En 2019, año en que se materializaron las amenazas arancelarias del gobierno estadounidense, las expulsiones ascendieron a 150 mil, lo que se tradujo en una tasa de expulsión (E/D × 100) de 81.9 %. Sin embargo, con el inicio de la pandemia de Covid-19, esta cifra descendió abruptamente a 60 mil en 2020. Aunque las expulsiones repuntaron a 131 mil en 2021, lo hicieron a un ritmo considerablemente menor que el de las detenciones, lo que provocó que la tasa de expulsión se redujera a 42.1 %. Esta tendencia descendente se profundizó en los años posteriores: en 2023 la tasa cayó a apenas 7.0 % y, durante el primer semestre de 2024 -ya en la fase final del sexenio-, alcanzó un mínimo histórico de 1.9 %.

La caída de la tasa de expulsión ocurrió de manera simultánea a otros procesos estrechamente relacionados, entre los que destaca la transformación en la composición de los flujos migratorios según país de origen (véase Cuadro 1). En 2019, la gran mayoría de las detenciones correspondía a personas provenientes de Centroamérica (84.9 %); para 2024, esta proporción se redujo drásticamente a menos de un tercio (29.0 %). En contraste, las detenciones de personas sudamericanas aumentaron de menos de 2 % a más de la mitad del total (51.4 %), mientras que la proporción de migrantes provenientes de otras regiones del mundo creció de 13.9 % a 19.6 %. No obstante, este proceso de diversificación no se refleja de manera equivalente en el perfil de las personas expulsadas. La mayoría de estas continúa siendo originaria de Centroamérica: en el primer semestre de 2024 representaban 91.0 %, lo que implica una reducción de apenas 6.2 puntos porcentuales respecto a 2019. Aunque parte de esta disminución fue compensada por un aumento en las expulsiones de migrantes sudamericanos, dicho incremento resulta significativamente menor en comparación con el observado en las detenciones de esta región.

El análisis desarrollado hasta este punto muestra que la caída de la tasa de expulsión obedece tanto al fuerte incremento del denominador -las detenciones- como a la reducción sustantiva del numerador -las expulsiones-, en un contexto de creciente diversificación de los flujos migratorios.

Para explicar el aumento de las detenciones deben considerarse al menos tres factores principales. En primer lugar, el incremento real del flujo de personas migrantes en tránsito por el territorio mexicano, lo que amplía la probabilidad de que un mayor número de personas sea detectado y detenido. La comparación entre las cifras de detenciones registradas por las autoridades mexicanas y estadounidenses confirma, en efecto, un aumento sostenido de los flujos migratorios. En segundo término, se observa un mayor énfasis gubernamental en la detección y detención de personas migrantes. Es posible que en años previos las autoridades privilegiaran la detención de perfiles con alta probabilidad de expulsión, dadas las limitaciones de capacidad de las estaciones migratorias. Sin embargo, durante el sexenio analizado, la detención parece responder también a otros objetivos de control, como la obtención de información y la aplicación de medidas administrativas distintas a la expulsión. En tercer lugar, la reducción de las expulsiones incrementa la probabilidad de que una misma persona migrante sea detenida en más de una ocasión durante un mismo periodo. En este sentido, el porcentaje de recapturas dentro del mismo año pasó de 6.2 % en 2020 a 16.7 % en 2021, se mantuvo relativamente estable en 2022 y casi se duplicó en 2023, al alcanzar 29.3 % (estimación propia con datos de la ^{UPMRIP, 2023}).

No obstante, para los fines de este trabajo, el análisis central se concentra en la relación directa entre el incremento de las detenciones y la caída de las expulsiones, es decir, en el descenso de la tasa de devolución. Bajo la lógica histórica de expulsión de personas migrantes -aplicada durante décadas principalmente a población centroamericana-, cabría esperar que un aumento en las detenciones derivara en un incremento proporcional de las expulsiones. Este desajuste plantea la pregunta central del artículo: ¿por qué el gobierno mexicano no solo dejó de aumentar las expulsiones conforme crecía el número de detenciones, sino que incluso las redujo de manera drástica?

Mientras que investigaciones previas han sugerido que esta disminución refleja un giro hacia una política migratoria más humanitaria basada en alternativas a la expulsión (^{Bermúdez, Tovar y Arellano, 2024}), en este trabajo se sostiene que la caída de la tasa de expulsión se explica fundamentalmente por los costos y las dificultades operativas asociadas a la gestión de volúmenes crecientes de personas migrantes provenientes de orígenes nacionales cada vez más diversos. Estas dificultades incluyen la necesidad de establecer acuerdos con los países de origen, el cumplimiento de procedimientos administrativos más exigentes en materia de derechos humanos y los elevados costos económicos que implican los procesos de expulsión.

Explicando el descenso de la tasa de expulsión desde la óptica de la protección de los derechos humanos

Antes de atribuir la caída de la tasa de devolución a un giro de la política migratoria hacia un enfoque más humanitario, resulta necesario dar un paso atrás y subrayar que incluso las detenciones constituyen, en sí mismas, medidas punitivas dentro de la gestión de las migraciones. Estas prácticas tienden a producir la criminalización de la migración en situación irregular, por lo que, desde una perspectiva de derechos humanos, deberían constituir la excepción y no la regla (^{CIDH y OEA, 2023}). En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil han propuesto que las legislaciones migratorias incorporen disposiciones que obliguen a adoptar medidas alternativas antes de recurrir a la detención (^{IDC, 2019}; ^{OIM, 2024}). De manera concordante, múltiples informes elaborados por organismos internacionales y organizaciones civiles han documentado y promovido alternativas a la detención migratoria, señalando que esta implica una privación de la libertad y que, en muchos casos, culmina en la expulsión de las personas detenidas. Este enfoque adquiere particular relevancia en el caso de poblaciones migrantes consideradas especialmente vulnerables, como solicitantes de la condición de refugiado, NNA, personas adultas mayores y migrantes que han sido víctimas o testigos de delitos (^{Asylum Access, 2021}; ^{IDC, 2024}).

Ahora bien, una vez que las personas migrantes han sido detenidas, también es posible identificar alternativas, aunque en este caso referidas no a la detención, sino a la expulsión. En este trabajo se entiende por alternativas a la expulsión a las distintas resoluciones emitidas por el INM en el marco de los PAM que no implican la devolución de la persona a su país de origen. Estas alternativas son las siguientes:

Dado que la aplicación de estas alternativas implica, por definición, una reducción de la tasa de expulsión, resulta pertinente preguntarse si el gobierno mexicano ha priorizado deliberadamente este tipo de resoluciones en seguimiento de un paradigma de protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Para discutir esta posibilidad, es necesario, en primer lugar, examinar con mayor detalle la naturaleza de dichas alternativas y cuantificar el uso que se ha hecho de cada una de ellas, distinguiendo entre los dos tipos de PAM existentes: las presentaciones y las canalizaciones.

La canalización es un procedimiento que, de manera tradicional, se aplicaba a NNA migrantes no acompañados y que podía culminar en su “retorno asistido” al país de origen. A partir de modificaciones legales introducidas en noviembre de 2020, las canalizaciones se ampliaron para incluir tanto a NNA migrantes no acompañados como a NNA acompañados y a sus familiares; adicionalmente, comenzaron a canalizarse personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas que requieren algún tipo de atención especial (^{Bermúdez, Tovar y Arellano, 2024}).

Este procedimiento se lleva a cabo en instalaciones del Sistema Nacional para el DIF. Al no tratarse de centros de vigilancia y resguardo, una proporción significativa de las personas canalizadas abandona estas instalaciones, presumiblemente para continuar su trayecto hacia Estados Unidos, lo que en términos administrativos se registra como abandono del PAM (^{Bermúdez, Tovar y Arellano, 2024}). Tanto las presentaciones como las canalizaciones pueden concluir en dos tipos generales de resolución: 1) la expulsión -ya sea mediante retorno asistido, deportación de personas mayores de 18 años o retorno asistido de NNA -; o 2) alguna de las cuatro alternativas a la expulsión mencionadas previamente (solicitud de refugio, oficio de regularización, oficio de salida y abandono del PAM).

El Cuadro 2 presenta un resumen de las resoluciones de los PAM a partir de los microdatos correspondientes al periodo 2021-2023. En relación con las solicitudes de la condición de refugiado en México, es sabido que estas aumentaron de manera exponencial en la última década, al pasar de 3 422 en 2015 a 141 053 en 2023 (^{COMAR, s.f.}). No obstante, una parte significativa de estas solicitudes no transita por el PAM, ya que muchas personas migrantes presentan su solicitud directamente ante la COMAR y continúan su procedimiento sin estar privadas de la libertad. De hecho, el porcentaje de casos dentro del PAM que culminan en solicitudes de refugio es muy reducido tanto entre personas presentadas como canalizadas, alcanzando su valor máximo entre los presentados en 2021, con apenas 2.3 % (véase Cuadro 2). De manera similar, los oficios de regularización muestran una incidencia cuantitativamente limitada: su mayor registro se observa en 2021, con 17 245 resoluciones, equivalentes a 9.3 % de las personas presentadas. Tanto las solicitudes de refugio como las regularizaciones constituyen medidas relevantes para la protección de los derechos humanos de quienes desean establecerse en México; sin embargo, su importancia es menor para quienes conciben al país principalmente como un territorio de tránsito, salvo en aquellos casos en que estos documentos son percibidos como el único medio para atravesar el territorio nacional.

A diferencia de estas dos alternativas, cuya incidencia es marginal, los oficios de salida emergen como la resolución dominante en un contexto de fuerte caída de la tasa de expulsión. Los datos del Cuadro 2 muestran que, entre las personas presentadas, esta opción pasó de representar aproximadamente un tercio de los casos en 2021 (60 768 eventos, 32.7 %) a convertirse en la conclusión casi universal del PAM en 2023, con más de medio millón de eventos (513 964), equivalentes a 91.0 % del total. Entre las personas canalizadas, aunque su frecuencia es menor, el oficio de salida también se consolidó como una alternativa relevante, al representar cerca de un tercio de las resoluciones en 2023 (31.6 %). Este desplazamiento masivo hacia el oficio de salida constituye el factor cuantitativo más importante detrás de la reducción estadística de la tasa de expulsión.

La cuarta alternativa, el abandono del PAM, también experimentó un aumento significativo, aunque su interpretación debe contextualizarse en el crecimiento paralelo de los procesos de canalización, donde este desenlace se concentra de manera predominante. Como se señaló previamente, a finales de 2020 se autorizó la canalización de personas adultas, lo que provocó un incremento inmediato de estos procesos: en 2021 se registraron 124 400 canalizaciones. Esta cifra refleja una ampliación sustantiva del alcance de la medida, ya que, además de 14 893 NNA no acompañados, se canalizó a 62 742 NNA acompañados y a 46 765 personas adultas, ya fueran acompañantes o personas con necesidades especiales. Posteriormente, las canalizaciones continuaron en ascenso, al alcanzar 126 770 en 2022 y casi duplicarse en 2023, con un total de 215 520. Dado que estas personas eran remitidas a centros o albergues sin vigilancia estricta, una proporción considerable abandonó dichas instalaciones, registrándose administrativamente como abandono del PAM (^{Bermúdez, Tovar y Arellano, 2024}). Este patrón se confirma empíricamente: en 2021, 54.5 % de las canalizaciones concluyó como abandono; esta proporción se mantuvo como la principal forma de resolución en los años siguientes (75.8 % en 2022 y 60.3 % en 2023).

Una vez examinados los resultados de los PAM de personas extranjeras presentadas y canalizadas, es posible discutir si la caída de la tasa de devolución responde efectivamente a una estrategia orientada a una mayor protección de las personas migrantes. A favor de esta interpretación puede señalarse, en primer lugar, que todas estas alternativas -en la medida en que evitan la expulsión- pueden considerarse, en sentido estricto, medidas protectoras de los derechos humanos, especialmente en aquellos casos en que la vida o la integridad física de la persona se verían amenazadas al ser devuelta a su país de origen, lo que implicaría el respeto del principio de no devolución (non-refoulement) (^{Rabasa, 2023}). En segundo término, también es cierto que las canalizaciones constituyen un procedimiento que, al menos hasta el momento, se asocia con una menor tasa de devolución y que su uso se incrementó durante el sexenio analizado.

No obstante, existen varios argumentos que, considerados en conjunto, debilitan la explicación humanitaria. En primer lugar, las alternativas a la expulsión con mayor peso cuantitativo -como los oficios de salida y los abandonos del PAM- no constituyen medidas integrales de protección. Si bien evitan la devolución inmediata, no ofrecen una protección jurídica sustantiva que permita a las personas migrantes avanzar de manera segura hacia su objetivo migratorio -frecuentemente llegar a Estados Unidos-, dejándolas en condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad debido a la ausencia de documentación adecuada, lo que a su vez las expone a mayores riesgos. Además, estas personas no quedan exentas de ser objeto de futuras políticas de control migratorio, incluida una eventual expulsión tras una nueva detención, aunque -como se muestra en este trabajo- dicha posibilidad se redujo considerablemente para algunas nacionalidades en los últimos años. En segundo lugar, el hecho de que se apliquen alternativas a la expulsión, incluso si estas fueran plenamente protectoras, no implica necesariamente que respondan a un cambio genuino hacia un enfoque humanitario de la política migratoria. No todas las acciones con efectos positivos se derivan de motivaciones altruistas. Por el contrario, como se desarrollará en el apartado siguiente, resulta más plausible interpretar estas alternativas como respuestas pragmáticas frente a la creciente dificultad de sostener un elevado ritmo de expulsiones, dadas las restricciones operativas y los altos costos asociados. En tercer lugar, incluso en los años finales del sexenio de AMLO persistió el paradigma de la seguridad nacional en la gestión migratoria, como lo evidencian diversas medidas de contención que se fortalecieron o surgieron de manera complementaria o sustitutiva a las expulsiones: los traslados de personas migrantes del norte al sur del país -denominados “deportaciones internas”-; la aquiescencia con políticas migratorias estadounidenses que retienen solicitantes de asilo en territorio mexicano, incluido el uso de la aplicación CBP One; las prácticas dilatorias en los plazos para solicitar la condición de refugiado o para la expedición de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH); la asignación de la GN a labores de control migratorio; el desmantelamiento de caravanas de personas migrantes; y el despliegue visible de fuerzas armadas para el control migratorio en la frontera sur, entre otras. En este contexto, resultaría incongruente sostener que el propósito central de las autoridades al permitir la permanencia de las personas migrantes en el país haya sido la protección de sus derechos humanos y la facilitación de trayectorias migratorias seguras.

Explicando la caída de la tasa devolución desde la perspectiva de los costes y dificultades operativas

Dada la opacidad con la que opera el INM, resulta difícil documentar de manera directa las dificultades logísticas y administrativas que enfrenta para ejecutar expulsiones. Para sortear esta limitación y analizar empíricamente los factores que inciden en la probabilidad de expulsión, esta sección se apoya en dos estrategias complementarias: 1) una revisión documental y hemerográfica de las restricciones operativas; y 2) un análisis cuantitativo mediante modelos de regresión logística, orientados a estimar dicha probabilidad en función de variables clave, como la región de origen, el tipo de procedimiento (presentación/canalización) y el trimestre de inicio del PAM. La triangulación de ambos enfoques permite identificar tres ejes centrales de dificultad: 1) los acuerdos internacionales requeridos para la repatriación, 2) el cumplimiento de normativas de derechos humanos y, de manera más determinante, 3) los costos económicos, que ayudan a explicar tanto las diferencias persistentes en la tasa de expulsión entre nacionalidades como su variación a lo largo del tiempo.

En el primer eje -los acuerdos internacionales-, se observa que, en el caso de personas migrantes centroamericanas, el retorno enfrenta menores obstáculos operativos, dado que desde hace años existen memorándums con Honduras, Guatemala y El Salvador (^{Memorándum, s.f.}), lo que posibilita un flujo relativamente continuo de expulsiones desde Estados Unidos y México hacia dichos países. En contraste, investigaciones sobre otras nacionalidades, como la migración africana, han señalado que las expulsiones desde México a esas regiones enfrentan retos significativos, ya sea por la falta de representación consular en territorio mexicano o por complicaciones en los procedimientos administrativos (^{Miranda, 2023}). Situaciones aún más complejas se han registrado con población venezolana, pues el gobierno de Venezuela ha suspendido de manera intermitente la recepción de vuelos con personas expulsadas desde México y Estados Unidos. Un episodio reciente ocurrió a inicios de 2024, cuando se adoptó esta medida como respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de reimponer sanciones económicas (^{VOA Redacción, 2024}). Estas asimetrías se reflejan en los patrones de conclusión de los pam según región de origen, como se observará en los resultados de los modelos.

El segundo eje concierne al cumplimiento de normativas de derechos humanos. Durante décadas, organizaciones de la sociedad civil y las propias personas migrantes han reclamado al Estado mexicano salvaguardar los derechos humanos en la gestión de los flujos migratorios. Ello ha alimentado debates persistentes sobre la posibilidad -o imposibilidad- de implementar medidas de control tan intensivas como las detenciones y expulsiones sin vulnerar derechos fundamentales (^{Silva, 2015}). En términos generales, puede sostenerse que políticas basadas en detención y deportación tienden a producir una lógica de criminalización de facto, al tratar a las personas migrantes como si se tratara de sujetos penalmente reprochables (^{Salazar, 2012}; ^{Díaz de León, 2024}). En cualquier caso, ya sea por iniciativa gubernamental o por resoluciones judiciales, durante el sexenio se introdujeron cambios administrativos orientados al respeto de derechos humanos que, en la práctica, pudieron incrementar los obstáculos para expulsar a personas detectadas en situación irregular.

Un primer cambio relevante se relaciona con la canalización -aplicada a NNA no acompañados, NNA acompañados y sus familiares, así como a otros grupos considerados vulnerables-, que al remitir a personas migrantes a albergues permite, con mayor probabilidad, la salida de dichas instalaciones y, en términos administrativos, el abandono del PAM. Para corroborar empíricamente la asociación entre canalización y menor propensión a la expulsión, se incluyó esta variable en los modelos de regresión logística. Los resultados confirman que la canalización reduce la probabilidad de expulsión, aunque -como se mostrará más adelante- su peso es menor que el de otras variables, como la región de origen, y su efecto disminuye en el último de los años analizados. Un segundo cambio es la sentencia judicial de marzo de 2023 que limita la privación de libertad en estaciones migratorias a un máximo de 36 horas, tras las cuales la persona debe ser puesta en libertad (^{Castillo, 2023}), lo que potencialmente introduce mayores retos para tramitar expulsiones. De hecho, se ha señalado que esta regla “ha obligado a acelerar los PAM, por lo que se especula que se ha optado por emitir oficios de salida antes de que las personas migrantes puedan seguir su procedimiento migratorio fuera de la estación migratoria” (^{Bermúdez, Tovar y Arellano, 2024}: 35).

Sin menoscabo de estos factores, puede sostenerse que la traba más decisiva para implementar una política migratoria -como para cualquier otra política pública- es la restricción presupuestaria. En este sentido, resulta clave analizar el costo de las expulsiones. Aunque en México este aspecto ha recibido menor atención, en Estados Unidos se ha argumentado que el costo constituye un elemento central para evaluar la viabilidad de propuestas de deportaciones masivas. Durante la campaña presidencial, por ejemplo, Donald Trump prometió deportaciones a gran escala; sin embargo, diversos análisis señalaron la baja factibilidad del plan por su elevado costo económico. En 2023, el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ice por su acrónimo en inglés) para traslado y deportación fue de 420 millones de dólares y se expulsó a cerca de 140 mil personas (^{Debusmann y Wendling, 2024}). Bajo un ejercicio aproximativo, deportar un millón de personas implicaría alrededor de 3 mil millones de dólares solo en transporte. De ahí que, históricamente, sectores de derecha y extrema derecha en Estados Unidos hayan promovido alternativas como la doctrina de la attrition through enforcement: “hacer la vida imposible” a las personas migrantes en situación irregular para inducir su “autodeportación” (^{Torre, 2018}). Más allá de la discusión sobre su eficacia, lo relevante es que estas estrategias producen daños considerables: separación familiar, mayor victimización, y comunidades más fragmentadas e inseguras.

En el caso mexicano, existen evidencias concretas de los retos económicos asociados a la expulsión. Históricamente, un factor que facilitó la política de retornos fue que parte de los costos fueron asumidos por Estados Unidos, mediante financiamiento de programas de expulsión (^{FitzGerald y Palomo, 2018}). Adicionalmente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha financiado vuelos de retorno bajo el Programa Regional de Retorno Voluntario Asistido (RVA), implementado en cinco países (México, Guatemala, Honduras, Panamá y Venezuela) y dirigido a ocho nacionalidades (Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) (^{OIM, s.f.}). No obstante, durante el sexenio de AMLO la falta de presupuesto se convirtió en una limitante explícita: en diciembre de 2023 se suspendieron devoluciones en México tanto por vía aérea como terrestre por esta causa (^{Animal Político, 2023}; ^{Associated Press, 2023}). Este hecho es particularmente relevante porque coincide con el año que cerró con una de las cifras más bajas de expulsiones y una tasa de expulsión marcadamente reducida.

Para mostrar este patrón, el Cuadro 3 presenta el porcentaje de procedimientos que culminan en expulsión según trimestre, entre 2020 y 2023. En todos los años se observa una tendencia convergente: la proporción de expulsiones disminuye conforme avanza el año. En 2021, por ejemplo, el porcentaje fue de 69.3 % en el primer trimestre y descendió hasta 30.1 % al cierre anual. En 2022, aumentó a 42.5 % en el primer trimestre y se redujo hasta 16.7 % en el cuarto. En 2023, el patrón se repitió: un mayor porcentaje al inicio del año, seguido de un descenso pronunciado hasta culminar con apenas 3.9 % de expulsiones en el último trimestre. Como se mostrará en los modelos, este efecto temporal se mantiene incluso al controlar otras variables del proceso y por características de la persona migrante.

Otro elemento central es que, si bien las expulsiones han disminuido en términos generales para todas las regiones de origen, persisten diferencias sustantivas entre ellas. En particular, las personas migrantes centroamericanas presentan tasas de devolución considerablemente más elevadas que las de otras regiones, sobre todo en los últimos años. Los modelos corroboran que la región de origen es el factor más fuertemente asociado con el riesgo de expulsión tras una detención, lo que remite a la asimetría de costos de traslado, a la disponibilidad de acuerdos de repatriación y a restricciones operativas diferenciales. En este marco, episodios como la expulsión de personas procedentes de India -ocurrida en octubre de 2019, cuando se expulsó a 311 migrantes en un vuelo del aeropuerto de Toluca a Nueva Delhi (^{CNN, 2019})- tienden a permanecer como hechos excepcionales, precisamente por el elevado costo logístico; de hecho, se trató de la primera repatriación trasatlántica en la historia del inm y no volvió a repetirse.

En el marco de este estudio se solicitó, vía transparencia, el costo promedio de expulsar a una persona extranjera hacia distintas regiones de origen. La respuesta oficial indicó que no era posible obtener esa información; sin embargo, se sugirió considerar el rubro “Gastos por servicios de traslado de personas” erogado por el INM, que en 2023 ascendió a 755 millones de pesos (Solicitud de Transparencia 330020324001842), cifra equivalente a cerca de 42 % del presupuesto aprobado para el Instituto ese año. Al observar la relación entre presupuesto aprobado y gasto en traslados, se identifica que, tras el inicio de la pandemia y el aumento de los flujos migratorios, el presupuesto destinado a traslados se triplicó entre 2020 y 2022, alcanzando 1 161 millones de pesos, pero posteriormente disminuyó a 755 millones (Solicitud de Transparencia 330026324002938). Esta trayectoria presupuestaria no corresponde con la evolución de las detenciones, que aumentaron 8.6 veces en el mismo periodo. La discrepancia entre el incremento de recursos y el incremento del volumen de eventos vuelve inviable sostener una política de expulsiones como la previa a 2020, cuando con frecuencia se expulsaba a más de 90 % de las personas detenidas.

La restricción presupuestaria se aprecia con mayor claridad mediante un ejercicio de estimación. Si en 2023 el Estado mexicano hubiera expulsado a la mayoría de personas migrantes sudamericanas identificadas en situación irregular (344 584 eventos) y se asume un costo promedio de 10 mil pesos por expulsión, habría sido necesario destinar aproximadamente 3 500 millones de pesos (344 584 × 10 000), es decir, solo para ese grupo se habría requerido un monto 4.6 veces superior al total de recursos destinados ese año a “servicios de traslado de personas”. Si además se considera que expulsiones hacia Asia o África pueden requerir costos de traslado significativamente mayores (por ejemplo, el doble), el presupuesto requerido podría multiplicarse todavía más. A ello se suma que estos cálculos contemplan únicamente el traslado, sin incorporar otros costos relevantes -horas de personal del INM, manutención, alojamiento, trámites administrativos y consulares- que podrían incrementar de manera sustantiva el costo total por expulsión.

En conjunto, los altos costos y las dificultades operativas de detener y expulsar implican que, a medida que aumentan drásticamente las detenciones de personas provenientes de una diversidad creciente de países, las expulsiones pueden disminuir, mantenerse o incluso aumentar, pero resulta extremadamente difícil que crezcan al mismo ritmo que las detenciones. Para evitar una caída tan pronunciada en la tasa de expulsión se requeriría: 1) una ampliación sustantiva del presupuesto en montos de miles de millones de pesos; 2) la firma de acuerdos y la armonización de procedimientos con un espectro amplio de países de origen; y 3) la compatibilización efectiva del proceso expulsivo con normativas de derechos humanos. En este escenario, una reducción importante de la tasa de expulsión era, en términos operativos, esperable.

Consistentemente con lo anterior, los modelos de regresión logística estimados para 2022 y 2023 (Cuadro 4) confirman que la probabilidad de expulsión no es aleatoria, sino que está sistemáticamente determinada por un conjunto de factores que reflejan las restricciones operativas y los costos diferenciales analizados. El predictor más robusto es la región de origen: ser originario de Centroamérica multiplica la probabilidad de expulsión en más de 21 veces (E(B) > 21) respecto de una persona sudamericana. Este hallazgo valida empíricamente el primer eje: la existencia de acuerdos de repatriación vigentes y operativos con países del Norte de Centroamérica, en contraste con la ausencia, fragilidad o intermitencia de mecanismos equivalentes con diversos países sudamericanos y con regiones extracontinentales.

En segundo término, el tipo de procedimiento muestra que la canalización reduce la probabilidad de expulsión, con razones de momios (E(B)) de 0.135 en 2022 y 0.438 en 2023. En otras palabras, en comparación con una persona presentada, una persona canalizada tuvo una reducción de 86.5 % en la probabilidad relativa (odds) de ser expulsada en 2022 y de 56.2 % en 2023. Este resultado evidencia el impacto de modificaciones administrativas orientadas a derechos humanos -como la ampliación de canalizaciones a grupos vulnerables-, que al derivar a personas migrantes a albergues del DIF incrementan la probabilidad de abandono del procedimiento sin expulsión (^{Bermúdez, Tovar y Arellano, 2024}). Sin embargo, su peso es menor que el de la región de origen y, además, la reducción de su efecto entre 2022 y 2023 sugiere que, aunque la canalización sigue siendo una vía relativamente menos expulsiva, su capacidad “protectora” se debilitó en un contexto de mayores presiones operativas y saturación del sistema.

En tercer lugar, el efecto temporal del trimestre de inicio del PAM se alinea con la hipótesis presupuestal: la probabilidad de expulsión es mayor en el primer trimestre y disminuye hacia el cuarto. En 2023, por ejemplo, haber sido detenido en el primer trimestre multiplicaba por nueve la probabilidad de expulsión respecto del cuarto trimestre. Este patrón es compatible con el ciclo de ejecución del gasto: los recursos para traslados tienden a concentrarse al inicio del año fiscal y se agotan hacia el final, como lo sugiere la suspensión de devoluciones en diciembre de 2023 por falta de fondos (^{Animal Político, 2023}). Así, el modelo captura estadísticamente la restricción financiera como un componente operativo decisivo.

Finalmente, variables como el sexo (ser mujer reduce la probabilidad en 27 %), la edad (mayor propensión relativa entre adolescentes de 12 a 17 años en comparación con otros grupos) y el número de detenciones previas (que reduce la probabilidad de expulsión) apuntan a prioridades operativas, perfiles diferenciados y un posible efecto de “desgaste” frente a la reincidencia.

En suma, los resultados apoyan la interpretación de que la caída de la tasa de expulsión se encuentra menos asociada a un cambio de paradigma humanitario y más a la convergencia de limitaciones prácticas: costos logísticos asimétricos según región de origen, procedimientos administrativos que reconfiguran la gestión de ciertos perfiles y una capacidad presupuestaria insuficiente y estacional para sostener un régimen de expulsiones masivas en un contexto de diversificación acelerada de los flujos. Esta explicación, además de ser más realista, resulta congruente con el auge de otras políticas de control migratorio en México, como los traslados internos (“deportaciones internas”): en 2023, estos movimientos del norte al sur habrían alcanzado cifras superiores a las del inicio del sexenio, junto con un incremento del presupuesto destinado a dichas operaciones (^{Pradilla y Carabaña, 2024}).

Conclusiones

Este trabajo muestra que, ante la llegada de flujos migratorios cada vez más voluminosos y diversos a México, se ha producido una drástica caída de la tasa de expulsión durante el sexenio analizado. Este descenso se explica tanto por el fuerte aumento de las detenciones -en las que debe descontarse un componente de reincidencia, es decir, la detención reiterada de una misma persona- como por la disminución relativa de las expulsiones en favor de otros tipos de resolución del proceso administrativo migratorio (PAM), en particular el incremento de los procedimientos que concluyen mediante oficios de salida o con el abandono del proceso administrativo. Todo ello ocurre en un contexto de presión relativamente menor por parte de Estados Unidos para que México desempeñe la función de contención de los flujos migratorios en tránsito.

Se sostiene que la caída de la tasa de expulsión no es el resultado de la adopción del paradigma de la protección de los derechos humanos en la política migratoria mexicana, sino que obedece principalmente a las dificultades operativas asociadas a la expulsión de volúmenes crecientes de migrantes procedentes de países de origen cada vez más diversos. Esta afirmación se fundamenta en varios argumentos.

En primer lugar, la gran mayoría de las alternativas a la expulsión no constituyen medidas plenamente humanitarias ni ofrecen una protección integral a las personas migrantes. Por el contrario, suelen dejarlas en una situación de vulnerabilidad frente a los múltiples obstáculos que enfrentan al transitar el territorio mexicano en condición irregular, incluidos aquellos derivados de otras políticas de control migratorio desplegadas al interior del país. No obstante, evitar la expulsión constituye, en sí mismo, un resultado favorable para las personas migrantes, en tanto les permite seguir desplegando su agencia migratoria para sortear los obstáculos que se presentan a lo largo de sus trayectorias.

En segundo lugar, las autoridades migratorias mexicanas han intensificado el uso de otros mecanismos de control -como los traslados forzados al interior del territorio nacional o los bloqueos en carreteras- que evidencian la vigencia del paradigma de la seguridad nacional en la gestión migratoria. De hecho, se observa un énfasis creciente en estas políticas a medida que disminuye la tasa de expulsión. El paradigma securitario no ha sido abandonado, sino que se expresa crecientemente mediante instrumentos distintos a la expulsión. En este sentido, no debe perderse de vista que, en la práctica, el objetivo primordial del control migratorio en México no es tanto impedir que las personas migrantes ingresen o permanezcan en el país, sino evitar que alcancen el territorio estadounidense.

En tercer lugar, las expulsiones implican una serie de dificultades estructurales: la necesidad de establecer acuerdos con los países de origen, la operación de una logística que no vulnere los derechos humanos de las personas migrantes y, de manera central, los elevados costos económicos asociados a la expulsión, especialmente en el caso de ciertas nacionalidades. Desde el punto de vista financiero, resulta prácticamente inviable expulsar a la totalidad de las personas detenidas; pero incluso intentar expulsar a una proporción significativa de flujos tan voluminosos y diversificados -con el objetivo de reducir sustancialmente la presencia de migrantes y generar un efecto disuasorio- supondría un esfuerzo logístico y presupuestario de enorme magnitud. Estas dificultades han llevado a que México busque otras formas de gestionar los flujos migratorios, considerando que para la mayoría de las personas migrantes el destino final sigue siendo, de manera irrenunciable, Estados Unidos. Si bien diversos trabajos han analizado aspectos específicos de estas otras modalidades de control migratorio, resulta necesario que futuras investigaciones las examinen de manera integrada y sistemática.

Finalmente, queda abierta una interrogante central: ¿podrá el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sostener un sistema de control migratorio con niveles de expulsión tan reducidos como los observados en los dos últimos años del sexenio de AMLO, en un contexto marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Durante su campaña electoral y tras resultar electo, el presidente estadounidense se comprometió a implementar deportaciones masivas de migrantes (^{EFE, 2024}). Aunque especialistas y periodistas han subrayado la inviabilidad material de tales propuestas, estas declaraciones evidencian el énfasis que la nueva administración estadounidense pretende otorgar tanto a las expulsiones desde el interior del territorio como al reforzamiento de la frontera suroeste de Estados Unidos. Asimismo, Trump volvió a esgrimir la amenaza de imponer aranceles si el gobierno mexicano no reduce los flujos migratorios que llegan a su país (^{AFP, 2024}). Cabe recordar que una de las estrategias adoptadas por el gobierno de AMLO para responder a las amenazas arancelarias de mayo de 2019 fue precisamente el incremento de detenciones y expulsiones hasta alcanzar cifras récord. El modo en que esta dinámica se reconfigure bajo la nueva administración mexicana constituye, por tanto, un eje clave para el análisis futuro de la política migratoria en la región.