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Introducción
En México, con el arribo de la pandemia de la Covid-19, algunos de los sectores que resultaron más afectados fueron el sector salud y el sector económico. De igual manera, es visible que hay consenso internacional sobre que ningún Estado se encontraba preparado sanitaria, social, económica y políticamente para hacer frente a esta enfermedad epidémica que ha revolucionado algunas dimensiones del modo de vida convencional.
Si podemos hablar de un sector importante pero descuidado en México, ése es el sector rural. La población rural, que integra al sector agrícola, representa 20 % del total -24 millones de habitantes- de la población total y es el generador de alimentos bienes y servicios ambientales para el consumo local o de exportación (INEGI, 2019a; CONAPO, 2019). Por su importancia social, económica, política y cultural es apremiante generar análisis trascendentales sobre el reto que tienen los efectos de la Covid-19 a corto, mediano y largo plazo. Para cumplir con este objetivo, se realizó la revisión de literatura, estadísticas oficiales de secretarías e instituciones del Estado, organismos internacionales, gubernamentales, libros, revistas científicas indexadas y noticias, así como páginas web de organizaciones no gubernamentales.
En el primer apartado se plantea la situación actual del sector rural en el país; en el segundo, se analiza el desarrollo rural como política pública en México, donde se tratan enfoques y teorías sobre del Desarrollo Rural (DR), así como su implementación en México. Posterior a ello, en el tercer apartado, se hace una síntesis sobre el origen, propagación e impacto de la enfermedad; en el cuarto, se describen las acciones implementadas por el Gobierno de México y en específico por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para afrontar la crisis sanitaria y económica ocasionada por la Covid-19. En un quinto, se explicita la discusión sobre el reto que tiene el sector rural mexicano ante la pandemia, considerando los cuatro apartados anteriores, para finalmente postular conclusiones para contribuir al diseño de nuevas políticas y programas públicos en beneficio de los actores rurales.
La situación del sector rural en México antes de la pandemia
Para el último trimestre del 2019 y el primero del 2020, la población económicamente activa en México (PEA) era de 56 millones de personas; 50 % se concentraba en las grandes urbes y 21 % en las localidades rurales con 6.9 millones de personas en el sector primario (INEGI, 2019b; INEGI, 2020). En el país hay 196 mil localidades rurales (población < 2 500 habitantes) que representa 20 % del total nacional (126 millones de personas). De éstas, la mayor parte (44 %) se encuentran lejanas a los centros de población o polos de desarrollo y son la mayoría de los habitantes rurales (13 millones), 33 % están en aislamiento (cinco millones), 15 % son sub-urbanas (4 millones) y 8 % (2.5 millones de personas) cercanas a las ciudades (CONAPO, 2019).
Los principales estados con población rural son Oaxaca y Chiapas (56 %), Hidalgo (52 %), Zacatecas (50 %), Tabasco (48 %), Guerrero (45 %), San Luis Potosí (SLP) (42 %) y Veracruz (41 %). De estos, a excepción de Hidalgo y SLP, todos se encuentran dentro de los 10 estados con mayor índice de pobreza en el país (FAO, 2018; INEGI, 2019c; CONEVAL, 2018; CONAPO, 2019), y sólo Veracruz se encuentra dentro de los primeros estados con aportación importante al PIB agropecuario nacional (2.4 %) y al PIB general del país (2.1 %) con 3.2 y 2.1 %, respectivamente (INEGI, 2019a). Se identifica que la mayoría de los estados rurales se concentran el sureste mexicano en la zona tropical, lo cual también podría tener un impacto diferenciado la pandemia.
El Sistema Nacional de Salud, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, se compone por la Secretaría de Salud Federal, los Servicios Estatales de Salud (SES) y por los Institutos de Seguridad Social (Secretaría de Salud, 2019); entre las instituciones de seguridad social el más importante es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que atiende a 80 % de los empleados del país (en la economía formal); también existen otros sectoriales; como para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (18 %), Petróleos Mexicanos (PEMEX) (1 %) y Secretaría de la Defensa (SEDENA) (1 %) (Secretaría de Salud, 2019; INEGI, 2019c). Por su parte, el Programa de Salud en Población Rural está compuesto por los programas Desarrollo de Capacidades de Salud y Sistema de Protección Social en Salud (CEDRSSA, 2019). Además, hay otras instituciones y programas para la población sin seguridad social como la Secretaría de Salud (SSA), servicios estatales de salud y el Seguro Popular de Salud (hoy Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI). Por su parte, en el sector privado están las aseguradoras, consultorios, clínicas y hospitales; para este sector sólo se necesita capacidad de pago (Gómez, Sesma, Becerril, Knaul, Arreola y Frenk, 2011); de la población total, 40 % tiene acceso a los servicios de salud abierta, 37 % a la seguridad social y 23 % medicina privada (INSP e INEGI, 2019). La Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar cuentan con 19 494 unidades médicas distribuidos en 18 588 centros de salud, 792 hospitales generales y 110 hospitales de especialidades (IMSS, 2019); por su parte, los trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con 135 unidades conformadas por hospitales, clínicas y unidades médicas (ISSSTE, 2015); por su parte, el INSABI ofrece sus servicios de cobertura en 23 de las 32 entidades federativas del país (INSABI, 2020). En la sumatoria de todas las instituciones de salud en el país, se tienen 49 083 camas hospitalarias, 2 446 camas de urgencias, 5 523 ventiladores mecánicos, 9 090 monitores; 37 596 médicos generales y 112 042 enfermeros (CANIFARMA, 2020). Debido a la carencia de personal médico y capacidad instalada, la población de este sector ha recurrido a la medicina tradicional a través de la utilización de plantas medicinales, como, por ejemplo, el Crucetillo (Randia monantha Benth), guayaba (Psidium guajava), Acuyo o Hierba Santa (Piper auritum), entre otras.
El desarrollo rural en México como política pública
En la literatura académica, se ha considerado al campo como el motor de desarrollo para generar bienestar en los pobladores en territorios rurales (Herrera, 2013); pero el concepto de desarrollo difiere según su contexto político. El enfoque de desarrollo rural presenta variantes en su concepción; por ejemplo, puede considerarse como 1) integral en tanto concurren actores y acciones económicas, sociales y políticas para una mejoría en el nivel de vida (Cheyre, 2015; 2) sustentable, como la utilización de los recursos naturales para satisfacer necesidades actuales sin comprometer su disponibilidad futura; o 3) sostenible, en tanto se busca satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población en el tiempo y manera constante, sin poner en riesgo la disponibilidad futura de los recursos (FAO, 2018). Por ello, se entiende que el desarrollo rural transciende el ámbito agrícola ya que convergen aspectos y condiciones agroecológicas, socioculturales, económicas, políticas e históricas, en las que el individuo rural es el principal protagonista y beneficiario (FAO, 2018), y para ello se plantea el desarrollo económico (producción y generación de riqueza), de capital humano (aptitudes, actitudes, valores, conocimientos, entre otros), físico (recursos naturales e infraestructura) y social (organización y sus relaciones) (SINACATRI, 2012).
En México, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), en su artículo 5° establece el Gobierno de México en conjunto con el orden estatal y municipal, establecerá las políticas, acciones y programas para el medio rural; en el artículo 12° establece que toca al Estado la rectoría del “desarrollo nacional” y el manejo de la política sustentable (DOF, 2020b). A su vez, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) faculta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para el diseño e implementación de la política de desarrollo rural (DOF, 2020b). Los objetivos prioritarios de la Secretaría, con sus estrategias y acciones puntuales, fueron formulados con la finalidad de revertir la desigualdad, inequidad, pobreza y dualismo que generaron las políticas neoliberales de las últimas cinco administraciones anteriores (30 años); para ello, se buscan 1) la autosuficiencia alimentaria a través de la producción y la productividad; 2) la inserción de los productores “históricamente excluidos” a las actividades productivas; 3) la sostenibilidad en la producción para mitigar el cambio climático y contribuir a los objetivos de la Agenda 2015-2030 de la ONU (DOF, 2020b).
Es a través del Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable (PEC) donde se considera la participación e interacción de nueve Secretarías de Estado como son Agricultura, Educación, Comunicación y Transporte, del Trabajo, Recursos Naturales, Turismo, Desarrollo Urbano y Territorial, Energía, Economía, Salud y Hacienda, para con ello lograr productividad y competitividad, financiamiento, infraestructura, medio ambiente, regularización agraria, laboral, educación, salud y desarrollo social (DOF, 2018); para 2019 hubo un incremento de 7 mil mdp y nuevos programas como lo son crédito a la palabra, precios de garantía, fertilizantes y producción para el bienestar, entre otros (CEDRSSA, 2019); no obstante al presupuesto y marco jurídico (LDRS, 2001; Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales) las políticas públicas han sido ineficientes tanto en la implementación como en su evaluación (Gómez y Tacuba, 2017) por lo que se requiere de la articulación de éstas (FAO, 2018).
¿Qué es la Covid-19?: orígenes y diseminación de la pandemia
La Covid-19, 70 % semejante al síndrome respiratorio agudo severo (SARS), es una enfermedad originada por el beta-coronavirus SARS-CoV-2, un virus de ácido ribonucleico (ARN), zoonótico que genera neumonía y diversas complicaciones respiratorias, digestivas y neurológicas (Franco et al., 2003; Cortés, 2020), sus principales síntomas son vómito, diarrea, tos y disnea. Inició en Wuhan, China, a finales de 2019; debido al intercambio comercial y a la movilidad de personas entre China con otros países de Asia, Europa y América, así como a la velocidad de transmisión y contagio entre personas se diseminó gradualmente en 25 países, para la primera quincena de marzo de 2020 ya estaba presente en casi todo el mundo (150 de 194 países) (Ludert y Franco, 2020) y fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Lizaraso y Del Carmen, 2020; Serra, 2020). Para el caso de Latinoamérica, los primeros casos y muertes se registraron en Brasil, Argentina y México entre febrero y marzo de 2020 (Álvarez y Harris, 2020; Rodríguez, 2020); se generaron interrogantes respecto si la infestación sería similar en Latinoamérica, Europa y Asia por la diferencia de edades, aspectos socio-demográficos así como al contraste en la capacidad instalada y de soportar la pandemia por un periodo prolongado de tiempo (Álvarez y Harris, 2020). La fluidez de la información fue determinante para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas sanitarios, protocolos de vigilancia, prevención y detección de casos (Belasco, Gonçalves y Fonseca, 2020; Palacios, Santos, Velázquez y León, 2020). Las principales medidas implementadas, al inicio de la pandemia, fueron el aislamiento (Programa Sana Distancia y Quédate en Casa en México), uso de cubrebocas, higiene frecuente en manos y cuidado al toser o estornudar, acciones que ya habían sido adoptadas con anterioridad (Mayo, Cique, Cascante y Méndez, 2015). No obstante a dichos esfuerzos se generó infodemia, fake news y discriminación a grupos contagiados (Álvarez y Harris, 2020), sin embargo las tecnologías de la información (TIC) han sido cruciales para la estadística, indagación, difusión y divulgación periódica en tiempo real (Wu, 2003; Cabrera, Vargas y Grajales, 2014; Palacios, Santos, Velázquez y León, 2020); ya desde 2015, en México, se preveía la necesidad de un “sistema de alertas en tiempo real” para este tipo de enfermedades con capacidad pandémica (Castañón-González y Polanco-González, 2015).
Esta pandemia ocasionada por la Covid-19 deja varias lecciones que aprender y reflexionar a) la capacidad y velocidad de respuesta del Estado para afrontar ésta y otras pandemias futuras, b) el manejo de la información (Ludert y Franco, 2020), c) la factibilidad y viabilidad de coordinación entre gobiernos, sectores productivos y sociedad, así como d) la participación internacional para la obtención de recursos para mantener la economía (Marchiori y Buss, 2020).
El impacto y las acciones implementadas en el mundo
Casi un semestre después (agosto 2020), por el paro de la vida laboral-social-económica y el avance en los contagios, el impacto fue devastador con más de 24 millones de infectados, más de 820 000 defunciones y una pérdida de 50 000 millones de USD a nivel mundial; para el caso de México, hasta agosto 2020, más de 570 000 casos, más de 62 000 personas fallecidas y un impacto de 17-18 % del PIB que hasta el tercer cuatrimestre de 2019 era de 24.24 billones de pesos; para el primer trimestre del 2021, los contagios a nivel mundial superaban los 124 millones de casos y más de 2.5 millones de defunciones; para el caso de México, se superaron los 2 millones de casos y cerca de 200 mil fallecimientos oficiales (Gobierno de México, 2020; OMS, 2020; SHCP, s.f.).
En este contexto la comunidad internacional como la Organización Mundial de la Salud, el G-20, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como gobiernos, vía gasto público, decidieron inyectar cantidades extraordinarias de recursos para sopesar las crisis en salud y la economía, dicho rescate económico fue para el apoyo al empresariado, clase trabajadora, pequeñas y medianas empresas al igual que para reforzar y/o aumentar la capacidad instalada en la infraestructura hospitalaria y sistemas de salud (Bohoslavsky y Rulli, 2020; Fuentes-Nieva, 2020; Marchiori y Tobar, 2020). Por citar algunos ejemplos, el FMI destinó 50 000 millones USD, el BM 14 000 millones de USD, el G20 anunció una aportación de 5 000 millones USD en la economía global mientras que a nivel local países destinaron gran parte de su PIB a la contingencia como EE. UU. 2 billones de USD: Chile (superior a 4 % de su PIB), Brasil (más de 2 %), Perú (2 %), Argentina (1.5-2 %), Colombia (1.3 %) y México (1 %) (CEEY, 2020; Georgieva, 2020; BM, 2020). Para América Latina y el Caribe el pronóstico de recuperación es reservado en el corto y mediano plazo, se estima que la contracción económica en la región será superior a 4 % debido a la disminución de importaciones en EE UU, Europea y Asia, la reducción de precios en productos primarios, la interrupción de actividades en cadenas globales, la pérdida en la actividad turística mientras que en el aspecto social los estragos serán en salud, educación, empleo, pobreza y tejido social (CEPAL, 2020), el crecimiento ya era poco significativo desde 2019 (0.1 %) para la región (Martin y Reyes, 2020).
Para el caso de México, se estima que el tiempo de recuperación será entre 5-6 años para lograr las cifras del PIB de 2018 (2 %) ya que en 2019 fue de 0.1 % y para 2020 de -8.2 % (INEGI, 2021; SHCP, s.f.). El Banco de México estima que la recuperación económica será en forma U o V (Banxico, 2020); por su parte, analistas consideran que pudiera ser en forma de W o de K pues no todos los sectores económicos tendrán la misma forma de pérdida-recuperación ya que en algunos será de dos dígitos (manufactura y turismo), otros en cero (agroalimentario) así como la velocidad de recuperación (autopartes de exportación) (Canal Once, 2020). Es decir, Banxico, pronostica una caída económica seguido de un valle o periodo de recesión (U y V) seguido de un inicio a la recuperación; por su parte, analistas consideran que ésta presentará vaivenes caída-recuperación (W) o diferencias por sector económico (K).
Acciones del Gobierno de México ante la Covid-19
Ante la crisis sanitaria y económica generada por la Covid-19, el Gobierno de México decidió implementar medidas para atender la pandemia. Dentro de las más importantes destacan al menos diez de ellas:
1) acuerdo para la suspensión temporal de actividades que involucren “concentración, tránsito o desplazamiento de personas” para los sectores públicos, social y privado (DOF, 2020a);
2) inicio del Programa Quédate en Casa y protocolo de Sana Distancia (coronavirus.gob.mx, 2020);
3) la reducción de 75 % del gasto en materiales, suministros y servicios generales en todas las dependencias de la Administración Pública Federal con el objetivo de proteger los programas sociales y principales proyectos del Gobierno en 622 000 millones de pesos;
4) cierre del 50 % de oficinas “no esenciales” de la APF,
5) reducción gradual en 25 % en los sueldos, así como la eliminación de aguinaldos de los altos funcionarios de la APF;
6) cancelación de 10 subsecretarías;
7) otorgamiento de tres millones de pesos en créditos, de 25 000 pesos a personas y empresas familiares;
8) creación de dos millones de empleos a través de la inversión pública en magnas obras de infraestructura y programas sociales;
9) firma de convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales para poner a disposición del Gobierno 50 % de sus camas para enfermos No-Covid-19 (coronavirus.gob.mx, 2020);
10) venta y rifa del avión Boeing presidencial 787-8 “José María Morelos y Pavón” (NOTIMEX, 2020).
Como puede observarse, los programas de reactivación económica y gasto social de transferencia directa de recursos a la población más vulnerable, ante la Covid-19, son los mismos que el Gobierno Federal ya tenía con anterioridad.
Acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ante la Covid-19
En lo que respecta al sector primario, el Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) destacó que a pesar de la pandemia Covid-19 la agricultura y agroindustria del país siguen en operación y se cuenta con la disponibilidad, distribución y abasto de alimentos (SADER, 2020u). Algunas de las acciones más trascendentes para afrontar la pandemia fueron las siguientes 20:
1) Intercambio de experiencias con América Latina sobre prevención-control vegetal y animal durante la pandemia (SADER, 2020t);
2) Acuerdos entre funcionarios, empresas y jornaleros para establecer mesas de trabajo para generar políticas en apoyo a los jornaleros ante el Covid-19 (SADER, 2020s);
3) Coordinación con la Secretaría de Salud (SS) para garantizar que la producción y distribución de alimentos sea con base en los protocolos sanitarios (SADER, 2020r);
4) Reunión con 39 Comités Sistema Producto Nacionales para la generación de propuestas ante la pandemia (SADER, 2020q);
5) Diseño de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la “Guía práctica para la prevención y mitigación del Covid-19 en la agricultura” (SADER, 2020q);
6) Mejoramiento y optimización de los programas de la Secretaría para hacer frente a la contingencia (SADER, 2020o);
7) Adelanto de fechas y entrega por 22 700 mdp en apoyo a productores de pequeña escala (3.1 millones de productores) (SADER, 2020n);
8) Intercambio de experiencias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la producción de alimentos, la salud y el desarrollo (SADER, 2020m);
9) Conformación de un grupo de trabajo con la Central de Abasto para el aseguramiento y suministro de alimentos en la Capital del país (Ciudad de México) (SADER, 2020l);
10) Reunión con agentes del sector (Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo, Consejo Nacional Agropecuario, Comisiones de Agricultura del Congreso de la Unión y Banca de Desarrollo) para garantizar la producción y suministro de alimentos ante la pandemia, así como la elaboración de un plan post Covid-19 (SADER, 2020k);
11) Reunión de trabajo con el G-20 para la cooperación para el no establecimiento de barreras comerciales ante la pandemia (SADER, 2020j);
12) Participación en la Conferencia fao Covid-19, donde México garantizó la producción y abasto de alimentos, los precios de garantía y apoyo a pequeños productores (SADER, 2020i);
13) Elaboración de recomendaciones de prevención y contagio de la Covid-19 en animales (SADER, 2020h);
14) Acatar por la SADER, las recomendaciones, disposiciones y normatividad sobre el Covid-19 emitidas por el Consejo de Salubridad General (SADER, 2020g);
15) Reunión con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Forestales y Pecuarias (INIFAP) para generar investigaciones sobre el traslado y conservación de alimentos ante la pandemia (SADER, 2020f);
16) Agilización de trámites burocráticos mediante tic para la importación de productos alimenticios para asegurar el abasto nacional (SADER, 2020e);
17) Reunión con secretarios de agricultura de la Alianza Pacífico y Sudamérica para el intercambio de experiencias sobre protocolos sanitarios y de efectos de la Covid-19 (SADER, 2020d);
18) Acuerdo con el sector privado para el suministro de alcohol, melaza y sanitizante a la Secretaría de Salud (SS) (SADER, 2020c);
19) Reunión con secretarios de agricultura de Centroamérica para elaborar un catálogo de productos disponibles para el mercado (SADER, 2020b);
20) Reunión con el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y Centrales de abasto para el desarrollo de estrategias que garanticen el suministro de alimentos (SADER, 2020a).
Discusión: el reto del sector rural mexicano ante la pandemia por la Covid-19
El Desarrollo Rural (DR) es un término que se define como la participación activa de los pobladores rurales y agentes involucrados a través del tiempo para el incremento en la producción de bienes y servicios, en el desarrollo de capacidades sociales y culturales así como en el diseño de políticas y programas, el respecto al medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales para el bienestar de sus involucrados presentes en los territorios rurales; para lograrlo se requiere del desarrollo económico y del capital humano, social y físico (SINACATRI, 2012). México es considerado como un país de ingreso medio-alto (USD 20 000 per cápita por año) pero a su vez presenta una concentración de la riqueza; y, contradictoriamente, en el medio rural es donde más se acentúa la desigualdad, discriminación, carencias en educación, en oportunidades laborales y desarrollo personal entre sus pobladores (Fuentes-Nieva, 2020; Rodríguez, 2020), aspectos que la pandemia de la Covid-19 vino a recrudecer, por lo que la pobreza extrema, de ingresos y laboral tenderá a aumentar durante el año 2020 ya que se alteró el orden económico y social además de quedar al descubierto las debilidades, carencias e ineficiencias en cuanto a infraestructura, capacidad económica, sanitaria y de reacción (Maguiña, 2020; Rodríguez, 2020; Martin y Reyes, 2020).
El Gobierno de México actual (2018-2024) decidió reformar y renovar la vida pública y social del país mediante la llamada Cuarta Transformación (4t) (Senado Morena, 2020); para ello, realizó cambios estructurales en Secretarías de Estado y en la APF. Así la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) pasó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); en dicha reestructuración se incorporaron nuevos programas en beneficio de productores a pequeña escala como 1) producción para el bienestar, 2) apoyo (7 200 pesos al año) a cafetaleros, cañeros, acuacultores y pescadores del país; 3) precios de garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche; 4) crédito ganadero a la palabra, 5) distribución de fertilizantes químicos y biológicos, 6) creación del Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y 7) Sembrando Vida (Gobierno de México, 2019); todas estas estrategias con la finalidad de lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo mexicano como medida correctiva a las errores e inequidades del modelo neoliberal implementado en décadas anteriores (López, 2017).
No obstante, para el segundo año (2020), antes de la pandemia, el Gobierno realizó un recorte presupuestal a 20 de los 24 programas de la Secretaría, y en consecuencia dichos programas no contaron con recursos para operar (Presidencia de la República, 2020) Para el 2019, se asignó un monto al programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) superior a los 350 000 mdp, mientras que para el siguiente año se proyectó en el presupuesto federal una reducción de 9 % para este programa y de 30 % para toda la Secretaría (CEFP, 2019).
De igual forma, el Seguro Popular pasó a ser el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), este programa es de importancia nacional pues otorga servicios a la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad siendo que 22 % del PIB nacional proviene de la economía no formal (representa 57 % de la población) (INEGI, 2019c); así la pandemia por la Covid-19 impactó al sector salud pública en plena restructuración y con algunos aspectos administrativos todavía por definirse como es la compra de insumos y equipo.
En la vertiente Salud del PEC, un año antes de la pandemia, tuvo una reducción de 3 000 mdp (casi 7 % menos con relación a 2018); el Programa de Salud en Población Rural disminuyó en más de 16 % de su presupuesto con respecto a 2018 (CEDRSSA, 2019). Además, es importante considerar que México, en comparación con la OCDE, gasta cuatro veces menos por persona por año (1 138 USD vs 3 992 USD por persona) en salud (prevención, rehabilitación, terapia y tratamientos) considerando la sumatoria de la aportación gubernamental más la de las personas (OMS, 2020). No obstante, la salud es un derecho constitucional, los servicios se diferencian acorde a su población objetivo (Gutiérrez, Heredia, Hernández, Pelcastre y Reyes, 2019); por ello, se requieren políticas de salud diferenciadas y específicas en la población rural, indígena y en situación de pobreza (Rivera et al., 2019). La misma Secretaria de Salud reconoce que el sistema de salud está descentralizado, segmentado y fragmentado (Secretaría de Salud, 2019); además que en la actualidad se han presentado problemas en cuanto al abasto de medicamentos para enfermedades no relacionadas con la pandemia de la Covid 19 (Cero Desabasto, s.f.) originado principalmente por decisiones gubernamentales erróneas (Tello, 2021) aunado a que el esquema de vacunación implementado por el gobierno de la 4T ha presentado deficiencias, carencias y desabasto de vacunas contra el virus (www.coronavirus.gob.mx) lo anterior implica un impacto mayor de la Covid-19 en la población rural marginada con menor acceso de información y servicios de salud.
Los impactos de la pandemia de la Covid-19 se verán reflejados en los ámbitos de los servicios de salud, la seguridad social y alimentación, así como en la pérdida de 1.5 millones de empleos formales (CONEVAL, 2020), lo que provocará que muchos trabajadores pasen a otros esquemas de seguridad social generando una mayor carga operativa y financiera al INSABI, además de incrementarse la población en la economía informal. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) menciona que el empleo en el campo representa alrededor de 14 % del empleo nacional y, por efectos de la Covid-19, se estima una pérdida de 20 % en el sector rural; es decir, 200 000 empleos por cada punto del PIB (Sánchez, 2020); las medidas de aislamiento han tenido resultados negativos para la economía nacional pero saldos positivos en cuanto al número de contagios (Banxico, 2020); no obstante, el número tanto de casos como de defunciones se ha mantenido al alza. Por ejemplo, en junio de 2020 se contabilizaban alrededor de 17 000 muertes y poco más de 146 casos; para agosto del mismo año se superaron los 585 000 contagios y las 63 000 defunciones; para marzo del 2021 se contabilizaron 2.2 millones de casos y cerca de 200 mil muertes (www.coronavirus.gob.mx) datos que demuestran que no se “ha aplanado la curva de contagios” ni “domado la pandemia”, como lo establecía en su momento el Gobierno de México; no obstante, en su Segundo Informe de Gobierno, se mencionó el inicio de la recuperación en las crisis sanitaria y económica pues ésta fue en V, es decir que la caída y el inicio de la recuperación fue más rápida que el tiempo de crisis (valle de la V) como lo había pronosticado además de que la Covid-19 no generó “hambruna ni escasez de alimentos” debido a las acciones gubernamentales implementadas (El Universal, 2020).
Además de afrontar los efectos e impacto de las crisis económica y sanitaria por la Covid-19, el medio rural mexicano debe, al mismo tiempo, atender otras aristas que ya venía arrastrando décadas anteriores como la pobreza extrema (17 %), minifundio en cuanto a la disponibilidad de superficie (5 hectáreas ó menos por productor) lo que dificulta el acceso financiamiento y mercados de importancia, disponibilidad de recursos naturales (planta-suelo-agua) y capacidad de respuesta a afectaciones de eventos naturales (sequías, huracanes, inundaciones), laborales (50 % de las 4 millones de personas que trabajan en campo son jornaleros), capacidad de desarrollo (escolaridad primaria), de ingreso (de 150 a 200 pesos por jornada) (STPS, 2020), de seguridad social (sin acceso a prestaciones y servicios médicos (FAO, 2018). Aunado a ello, se requiere de una nueva orientación real sobre las políticas públicas actuales y ajustarlas o modificarlas a la “nueva normalidad” ya que, sin considerar la pandemia, han sido inadecuadas desde sexenios anteriores por su atomización, burocracia, desarticulación y clientelismo (Gómez y Tacuba, 2017; FAO, 2018). La ciencia, el intercambio de información, la innovación y la implementación adecuada de políticas públicas pertinentes serán determinantes para revertir ambas crisis (Laufer, 2020); esto a través de una simbiosis entre la academia, el gobierno y la sociedad (Álvarez y Harris, 2020; Laufer, 2020; Ludert y Franco, 2020).
Además de la dispersión de recursos y el establecimiento de esquemas de austeridad y reorientación de los presupuestos y programas, las políticas públicas agropecuarias ante la Covid-19 se han basado más en una estrategia de agilizar y profundizar los programas ya existentes; por tanto, se requiere de programas emergentes para la inversión y el financiamiento a la producción y no sólo encaminados hacia consumo directo para pequeños productores o en situaciones de vulnerabilidad; además se hace necesario el apoyo a esquemas de comercialización para productos agropecuarios destinados al consumo interno ya que el consumo de alimentos por toda la población continua, pero habrá menor demanda de algunos productos debido a la baja de ingresos en la población trabajadora.
Paralelamente, se deben sentar las bases para un desarrollo equitativo en el campo a mediano y largo plazo a través de un plan integral de desarrollo y de coordinación institucional. Dicho plan pudiera consistir en dos niveles y tres acciones específicas. En el macro, se debiese de aprovechar lo logrado y establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en cuanto a marco jurídico, alcance, coordinación y beneficios, entre otros. En lo particular, procurar y garantizar 1) “continuidad y el equilibrio en cuanto a la aplicación políticas diferenciadas por sector”; es decir, equidad en cuanto a la implementación de políticas y programas públicos al sector sin consideraciones políticas o partidistas; si bien cada gobierno establece su sello de actuación y prioriza sus programas (Franco, 2013), es necesaria la creación de ciertas directrices, como garantía mínima de que todos podrán acceder a beneficios acorde a sus características y necesidades. Por ejemplo, administraciones anteriores “neoliberales” daban prioridad a la agricultura comercial para la exportación y el consumo interno; en contraparte, la presente administración (4T) va por el rescate del campo a través de apoyos económicos directos a pequeños; así con la primera se creó una mayor brecha social en el agro y, con la segunda, al ser de consumo inmediato genera bienestar en el corto plazo, pero no genera inversión, infraestructura y empleo a mediano y largo plazo; al parecer hemos transitado del Estado benefactor al neoliberal y viceversa en los últimos 50 años. 2) “Blindaje institucional”, protección jurídica y normativa a agencias y dependencias creadas para coadyuvar en el desarrollo rural. Según, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el sector primario fue de los pocos que ha presentado crecimiento durante la pandemia de la Covid 19 pero el desmantelamiento de programas y la reorientación de la política agrícola pone en desventaja competitiva al sector tanto para el mercado interno como de exportación (El Financiero Bloomberg, 2021). 3) “Participación e interacción entre gobierno, academia, sector empresarial y población rural a través de lo establecido en la LDRS”; la academia para coadyuvar a la solución de problemas y a la generación de políticas públicas con base en el conocimiento, la innovación y la generación de tecnología; la empresas como oferente y demandante de tecnología y recursos para la generación de riqueza y crecimiento; la sociedad como demandante recursos (tangibles e intangibles) y beneficiario final de éstas, y el gobierno como el ente rector, regulador y aglutinador de todos los actores del sector rural mexicano.
Conclusiones
1. La pandemia de la Covid-19 evidenció la fortaleza o debilidad gubernamental e institucional de los Estados del mundo, incluido México, así como su capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias, fallas, carencias y limitantes en cuanto a infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal en el sistema de salud mexicano.
2. La desestimación, por parte del gobierno de la 4T, de datos duros, información y recomendaciones principalmente de la OMS impidió una reacción adecuada y estrategias de acción en el corto, mediano y largo plazo.
3. La cancelación de un sistema de salud (Seguro Popular) diseñado principalmente para las personas en la económica informal y su tránsito a uno nuevo (INSABI) de manera abrupta y no gradual repercutirá entre la población más pobre ubicada en el área rural.
4. Queda demostrado que los recortes presupuestales y la modificación a la Administración Pública Federal (APF) han sido insuficientes para atender la pandemia por la Covid-19, como la propuso el gobierno.
5. El Gobierno Federal y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) continuaron con sus programas y proyectos insignia ya que no hubo modificación y/o cancelación en algunos de ellos para atender la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de la Covid-19, sólo el adelanto en la dispersión y de recursos de manera directa.
6. La política de rescate económico ha sido insuficiente para atender a la población, principalmente a la rural.
7. Es contradictorio que en tanto el sector agroalimentario es uno de los pocos que han presentado crecimiento durante la pandemia por la Covid-19 (en particular por la necesidad de alimento) en otros países, no haya apoyos para el sector en cuanto a inversión e infraestructura para la agricultura comercial y de exportación y que, por el contrario, se de prioridad a pequeños productores con apoyos directos, por lo que se requiere de equidad en las políticas públicas para el medio rural acorde a sus características, necesidades, limitantes y oportunidades.
8. Si bien el rezago económico y social ha sido heredado del gobiernos “neoliberales” anteriores al actual (4T), la cancelación de programas y recortes presupuestales no se vislumbra como la mejor alternativa para restacar al sector primario y lograr una autosuficiencia agroalimentaria.
8. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) (promulgada 2001) es el marco jurídico constitucional para el progreso, crecimiento y bienestar de la población rural; no obstante, ha sido desaprovechada tanto por el régimen actual como por los anteriores en cuanto a su alcance, beneficios, participaciones, programas y acuerdos.
9. Es necesaria la articulación, coordinación y participación real entre gobierno, academia, empresariado y sociedad rural para el desarrollo de este sector de importancia para México.
10. La atención y rescate a las crisis económicas y sanitarias generadas por la pandemia de la Covid-19 pudieran ser un buen pretexto o inicio para la solución de los problemas estructurales e históricos del sector rural en México.
