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Introducción
Este artículo se centra en el estudio de la participación ciudadana convencional de cooperación social a nivel subnacional. En concreto se tienen en cuenta cuatro estados mexicanos: Oaxaca, Chihuahua, Estado de México e Hidalgo, los cuales se investigaron a través de una encuesta.1 La pregunta de investigación que nos guía es la siguiente: ¿De qué depende que los ciudadanos -en las cuatro entidades federativas consideradas: Oaxaca, Chihuahua, Estado de México e Hidalgo- participen en el que hacer gubernamental2utilizando los instrumentos convencionales de cooperación social?
De la pregunta de investigación formulada surge el objetivo de investigación de este artículo, que se formula del siguiente modo:
Indagar sobre la asociación -en las cuatro entidades federativas consideradas: Oaxaca, Chihuahua, Estado de México e Hidalgo- entre la participación ciudadana mediante instrumentos convencionales de cooperación social y determinadas variables políticas: confianza institucional, preferencia de la democracia como sistema político y actitudes hacia la política; y con las siguientes variables de control: nivel de ingreso, educación, edad, sexo y entidad federativa donde se habita.
Respecto a la variable “confianza”, señala Elster (2010) que es “el resultado de dos decisiones sucesivas: participar en la interacción y abstenerse de monitorear al copartícipe en ella…, [mientras que su objetivo] puede ser la aptitud de otras personas o su motivación” (pp. 378 y 379). Esta posición de Elster es coincidente con la de Hertzberg (1988), en el sentido de que ambos sitúan normativamente a la confianza.
Por otro lado, autores como Hardin (2010) piensan que “la confianza es relacional. Esto quiere decir que mi confianza en usted depende de nuestra relación, ya sea directamente a través de nuestra interacción en curso, o indirectamente a través de intermediarios y efectos en la reputación” (p. 21). Esto corresponde a una definición referida a la compatibilidad de las expectativas racionales que tenemos sobre las conductas de quien confiamos, ya sea un individuo, una organización o una institución; es decir, la confianza se ubica en un tipo concreto de relación.
Lo señalado por Elster y Hertzberg (sentido normativo de la confianza) y por Hardin (sentido relacional) tiene una gran importancia para la participación ciudadana convencional de tipo social, máxime cuando, como señala Luhmann (1996), “los mecanismos institucionales que generaban simples expectativas estables han sido sustituidos por relaciones de confianza” (p. 30).
Lo anterior nos permite pensarla no sólo desde el lado normativo o relacional, vinculado con la regularidad de una conducta, sino también como un compromiso que tienen los depositarios de ella con quienes la otorgan. Esto es importante para la participación convencional, pues no es suficiente con la utilización de mecanismos, sino que hace falta, además, que los agentes institucionales los utilicen de tal forma que generen compromisos vinculados a las expectativas relacionales que tienen los participantes, lo que hace de la confianza un mecanismo reductor de la complejidad del sistema social (Farías y Ossandón, 2006).
Durand Ponte (2006) va un paso más allá, en cuanto a su especificidad en el ámbito institucional, al establecer la siguiente hipótesis: “la confianza es un proceso que se construye en la experiencia cotidiana de la vida pública del ciudadano” (p. 277). De ser cierta esta suposición, la participación convencional es dependiente de las experiencias cotidianas de la ciudadanía en la vida pública.
Finalmente, INEGI (2021), en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, toma como variables de estudio a la confianza interpersonal e institucional, y a la participación ciudadana y comunitaria, aunque no asocia dichas variables ni aborda específicamente el ámbito subnacional, que es el propio de este artículo.
Los instrumentos de participación convencional de carácter social que se analizan son: las campañas de trabajo voluntario, asociaciones vecinales, consultas ciudadanas, asociaciones civiles y partidos políticos. No estudiamos los mecanismos de cooperación convencional individual: envío de cartas a los representantes, reuniones con autoridades, uso del derecho de petición, etcétera.
La razón de elegir los primeros y descartar los segundos fue que el objetivo de investigación que nos planteamos se centraba en la participación convencional de carácter social y no en la individual. Se trata, por tanto, de una decisión de los investigadores consistente con su objetivo de investigación.
Con relación a la metodología utilizada, el estudio de la participación ciudadana aplicando diseños cuantitativos es una perspectiva aceptada y adecuada para responder a la pregunta de investigación que planteamos y para dar cuenta del objetivo de estudio. Se utiliza la base de datos que resultó de la aplicación de la encuesta mencionada en la nota 1. Ésta es de corte transversal y fue aplicada a cuatro entidades federativas en específico: Oaxaca, Chihuahua, Estado de México3 e Hidalgo, por lo que el artículo que se presenta tiene un carácter subnacional y limitado a los estados señalados. La poca disponibilidad de encuestas y otras fuentes actualizadas que proporcionen información de lo que sucede en este nivel con la participación convencional, hace adecuado utilizar la fuente referida, pese al tiempo transcurrido desde que se implementó.
La decisión de trabajar sobre los estados mencionados y no otros fue meramente práctica, pues los equipos de investigación que realizaron la encuesta se ubicaban en ellos y, por tanto, conocían lo suficientemente bien su entorno para plantear las preguntas más informativas respecto a su objeto de investigación.
Dicho estudio demoscópico generó información sobre temas vinculados a la democracia, participación y ciudadanía. Además, fue representativo en cada una de las cuatro entidades. El muestreo fue multietápico y los cuestionarios fueron aplicados a personas de 18 años o más edad.
I. Participación convencional no electoral
La palabra “participación” tiene varios significados. Se puede definir como la actuación, de forma individual o junto con otros individuos, en un suceso o actividad. Además, al agregarle ciertos adjetivos toma distintas connotaciones y especificidades: se puede hablar de participación social, comunitaria, ciudadana y política.
En la participación social, el ciudadano que forma parte de un grupo de la sociedad civil defiende los intereses de este colectivo de forma agregada. En la comunitaria, los pobladores que habitan en un espacio territorial se organizan para mitigar las consecuencias de una decisión política o para demandar políticas públicas que satisfagan sus necesidades. En la ciudadana, los ciudadanos se involucran en la acción pública para resolver problemas y satisfacer necesidades de carácter colectivo. La política se asocia a la implicación de los ciudadanos en las elecciones y en las organizaciones que conforman el sistema político (Cunill, 1997, citado por Villareal, 2009).
En todas estas formas de participación, que no son excluyentes entre sí, el ciudadano se sitúa en el centro. En este sentido, Ordóñez (2019) señala que “la participación es (o debe ser) una cualidad del ciudadano, es decir, participación y ciudadanía deben ser consideradas como un binomio inseparable, al grado de que no debería ser posible concebir la una sin la otra” (p. 107).
Al hablar de participación convencional es importante referirse a la cultura política, que en términos de Almond (2001) se define como:
… una serie de concepciones subjetivas de la política nacional o una subserie de una población nacional, [que] es poseedora de componentes cognoscitivos, afectivos y valorativos; incluye conocimientos y creencias relacionados con la realidad política, sentimientos con respecto a la política y compromisos con valores políticos (p. 103).
En los trabajos realizados en México, esta teoría normativa de la cultura política tuvo mucho éxito, de tal forma que se la definirá de forma similar a como lo hicieron Almond y Verba; es decir, como “un conjunto de dimensiones: valores, actitudes, ideología y evaluación que los ciudadanos hacen del sistema político, del régimen, de las distintas instituciones y de ellos como ciudadanos, además de la participación política” (Durand Ponte, 2012: 13).
Ambas definiciones son deudoras de la obra clásica de Almond y Verba: “La cultura cívica: actitudes políticas y democracia en cinco naciones”, en la que se estableció una tipología de cultura política muy utilizada en las investigaciones que estudian este tópico de la ciencia política. La misma, en síntesis, realizada por Peschard (2016), fue la siguiente:
La cultura política parroquial, en la que los individuos están vagamente conscientes de la existencia del gobierno central y no se conciben como capacitados para incidir en el desarrollo de la vida política…
La cultura política súbdito o subordinada, en la que los ciudadanos están conscientes del sistema político nacional, pero se consideran a sí mismos subordinados del gobierno más que participantes del proceso político…
La cultura política participativa, en la que los ciudadanos tienen conciencia del sistema político nacional y están interesados en la forma como opera. En ella, consideran que pueden contribuir con el sistema y que tienen capacidad para influir en la formación de las políticas públicas (p. 28).
Almond y Verba fueron más allá de la mera clasificación tipológica y establecieron un nuevo tipo, que es una mezcla de los anteriores, que consideraron el más adecuado para sostener a la democracia. Se trata de la cultura cívica, la cual “es una cultura política participante donde la cultura política y la estructura política son congruentes” (Almond y Verba, 2001 [1963]: 31). Y es que:
… la noción de cultura política asume que las actitudes, los sentimientos y los conocimientos que informan y gobiernan el comportamiento político en cualquier sociedad no son simples agregados casuales, sino que representan pautas coherentes que encajan unas con otras y se refuerzan mutuamente (Pye y Verba, 1965: 7).
Esta noción de cultura política fue criticada por Lipset (1993), por no tener en cuenta las consecuencias de la participación; y por Fagen (1969) y Tucker (1973), quienes consideraban que en “The Civic Culture” se suponía que el ámbito cultural era productor de estructuras políticas. Lo cual negaron Almond (1980) y Liphard (1980), quienes señalaban que esta crítica se debía sólo a la incomprensión de estos autores de la noción de cultura política que ellos utilizaban. No obstante, el concepto clásico de cultura política siguió desatendiendo algunas críticas fundamentales que se le hicieron, como las que hacen referencia a la asociación entre cultura política y participación ciudadana. La crítica referida se plantea del siguiente modo:
La explicación racional individualista de la estructura política […,] la falacia “individualista” […,] la cultura unitaria del consenso incorporada en la idea de una única cultura política nacional […,] la abstracción antiinstitucional de los valores que construyen el concepto de la cultura política (Somers, 1997: 46-47).
Cabe destacar también que “para la democracia es importante la participación y la responsabilidad de las autoridades ante la ciudadanía” (Mizrahi, 1995: 196), pues de no tenerla en cuenta se dejarían de lado valores y símbolos importantes para los ciudadanos (Arellano, 2000), lo que hace decir a Cabrero (2000) que la alta complejidad técnica de un problema público no excluye la participación social, y es que la eficiencia y la participación ciudadana no son excluyentes. En este sentido:
… canalizar la participación de los interesados no es simplemente una voluntad más o menos altruista, sino una necesidad funcional de las grandes organizaciones actuales. Una organización inclusiva obtiene niveles de aceptación y legitimación más elevados, pero también mejora su rendimiento (Gallego y Brugué, 2001: 49).
Se puede concluir, entonces, que “la participación ciudadana es útil para mejorar la eficiencia de las políticas públicas al dotar a los tomadores de decisiones de la información que permite un mejor diseño de las políticas y una más eficaz aplicación de recursos” (Díaz y Ortiz, 2011: 363).
La investigación que se presenta no se centra en la participación política electoral, en la que el ciudadano busca intervenir en el proceso político a través del voto, ni en la disruptiva, basada en la protesta y contienda, sino en la participación convencional social. La electoral pretende legitimar al sistema político mediante el mecanismo de la elección; la disruptiva intenta producir cambios veloces y sustantivos en el sistema político y social; y la convencional busca transformaciones paulatinas y accesorias que mejoren, sin cambiarlos, a los sistemas políticos y sociales existentes.
La participación política electoral y la convencional se vinculan con los modelos de democracia y con un tipo de relación entre el gobierno y la sociedad en el que se valora positivamente al sistema político y social existentes, y a las reglas que lo conforman (Villareal, 2009). Mientras que en la participación disruptiva se presenta una valoración negativa de la ciudadanía, o al menos de parte de ella, del sistema político y social, al considerarlos injustos, por lo que se pretende reformarlos o romper con ellos (Vallès, 2006).
Los instrumentos de participación pueden ser legales o ilegales, llegando incluso a manifestarse a través de la violencia. Se originan mediante distintos mecanismos, tales como: el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la audiencia pública, la consulta, la firma de peticiones, la asistencia a manifestaciones, las marchas, los boicots, las huelgas, la violencia en actos de protesta, el derrocamiento de gobiernos, la ocupación y el bloqueo de espacios públicos, etcétera. (Martí y Llamazares, 2010). Respecto a la participación política convencional, ésta
se refiere a las modalidades […,] aceptadas e institucionalizadas que se ajustan a normas sociales y valores dominantes de una sociedad y que se relacionan en mayor medida con el proceso electoral, la creación de opinión pública, el contacto directo con autoridades/representantes y la movilización política organizada (Díaz, 2017: 130).
Las formas de participación convencional que se analizan en este trabajo son que tienen un carácter social, cuya característica fundamental es la de “estar circunscritas al diseño institucional de los órganos de administración del Estado, es decir, [están] contempladas en la normativa” (Contreras y Montecinos, 2019: 188).
Quedan fuera de nuestros objetivos las formas de participación convencional individuales, las referidas al voto y las no convencionales -disruptivas-, como manifestaciones, movilizaciones, protestas, etcétera. Aunque reconocemos su importancia para el estudio de la participación ciudadana.
1. Confianza institucional
Se define como la valoración positiva que las personas tienen sobre el entramado público, influye en la participación.4 Sin embargo, su efecto no es claro o concluyente (Rivera, 2018; Somuano, 2013).
Existen, sin embargo, estudios que establecen una relación directa entre confianza y participación. Es el caso de Serrano (2015), quien señala que “Si no hay confianza, es casi seguro que los ciudadanos van a evitar lo más posible involucrarse con ellas. Por eso, si una democracia quiere impulsar la participación ciudadana, debe asegurar la credibilidad de sus instituciones” (p. 98).
En este mismo sentido, Peña (2014) señala que para emprender una acción pública es necesario “fortalecer la confianza entre sociedad y gobierno” (p. 10). Además, Fierro (2018) destaca que la confianza interpersonal se encuentra entre los principales valores asociados al desarrollo democrático y que existe una relación positiva entre la confianza en los demás y el apoyo a la democracia. Del Tronco (2015, citado por Rivera, 2018) concluye que en América Latina existe una relación positiva entre la confianza ciudadana depositada en las instituciones y la participación política a través del voto y la firma de peticiones.
No sólo los ciudadanos que tienen mayor confianza en el sistema político participan, también los más críticos con él lo hacen, aunque preferentemente mediante instrumentos no convencionales, que suelen tener por objetivo presionar al gobierno en la solución de problemas sociales determinados (Somuano, 2013).
De hecho, Citrin y Stoker (2018, citados por Rivera, 2018) afirman que los ciudadanos más desconfiados con la acción pública son los más proclives a involucrarse en las actividades políticas como medio de ejercer control sobre su desempeño.
Por otro lado, los ciudadanos que tienen más confianza en las instituciones públicas son más propensos a utilizar las modalidades convencionales (institucionales) de participación, mientras que los más desconfiados optan por las no convencionales (Rivera, 2018). Llegados a este punto podemos enunciar la primera hipótesis de investigación:
H1: A mayor confianza del ciudadano, al nivel subnacional considerado,5sobre las instituciones públicas se incrementa la probabilidad de que participe mediante instrumentos convencionales.6
2. Preferencia del sistema político
La preferencia de la ciudadanía del sistema político o su indiferencia es algo que está asociado a las percepciones, valoraciones e influencias ideológicas sobre la eficiencia y eficacia del gobierno democrático o autoritario. De este importante tema existe literatura abundante, de la cual destacamos a continuación la siguiente.
Freidenberg y Saavedra (2020) señalan que: “la ciudadanía está cada vez más desconectada de la democracia e inconforme con sus resultados” (p. 33). A pesar de esto, ella y sus mecanismos convencionales siguen siendo muy importantes para explicar al sistema político.
Alonso, Brussino y Civalero (2018) relacionan positivamente la participación política con la preferencia por la democracia.7 Nuestro planteamiento parte del supuesto de que los individuos que opinan que la democracia es la mejor forma de gobierno, se involucran más en la vida pública, quieren formar parte del proceso de toma de decisiones públicas y de su implementación, consideran que su participación en la cosa pública fortalece a la democracia, confían en ella y se sienten responsables de su consolidación y desarrollo.
Algo distinto suponemos que sucede con aquellos ciudadanos que prefieren al autoritarismo o sienten indiferencia ante el sistema político. Nuestro supuesto es que no participan mediante los instrumentos convencionales o lo hacen en menor medida que los que apoyan a la democracia. Con base en esto planteamos nuestra segunda hipótesis:
H2: Las personas que prefieren la democracia como forma de gobierno, al nivel subnacional considerado, tienen mayor participación a través de los instrumentos convencionales que las que optan por el autoritarismo o son indiferentes ante el sistema político.
3. Grado académico y participación
La relación entre grado académico y participación se ha estudiado en diversas investigaciones, entre ellas la clásica de Langton (1978), quien sugiere que el nivel educativo de los individuos influye en la participación ciudadana y en los mecanismos democráticos. Esto ocurre, según el autor, porque el sujeto con mayor preparación académica tiene sensibilidad hacia lo público y compromiso social.
En el mismo sentido, Vallès (2006) sostiene que el grado educativo es el indicador más importante para explicar y predecir el grado de actividad política de los ciudadanos. Según este autor, el nivel de educación no sólo suministra más información a quien lo tiene mayor, sino que también le proporciona más capacidad para expresar y defender sus propias posiciones y demandas.
La confianza que ofrece la educación en los individuos estimula su disposición a intervenir en la arena pública. Lo contrario ocurre con quienes cursaron sólo los grados básicos, quienes se sienten menos capaces de influir, al creer que tienen déficits formativos e informativos, lo que les hace tener menos confianza en su capacidad para participar y obtener resultados.
Además, algunos autores, como Krishna (2008, citado por Fierro, 2015), señalan que se genera una relación positiva entre el aumento de la escola- ridad y el conocimiento y comprensión acerca del valor e importancia de un sistema democrático. En este sentido, ciudadanos mejor preparados académicamente deben propiciar espacios de discusión y deliberativos de mejor calidad, y con base en ello obtener mejores soluciones políticas (Castellanos, 2019).
Lo anterior no resulta extraño si tenemos en cuenta que la percepción que tiene el ciudadano acerca de su capacidad de influir en la toma de decisiones públicas y en su implementación se relaciona de manera positiva con los recursos materiales y cognitivos de que dispone. Lo dicho en este apartado nos permite formular la tercera hipótesis de investigación:
H3: A mayor nivel educativo, al nivel subnacional considerado, mayor participación en los instrumentos convencionales.
4. Nivel de ingreso y participación
Partimos del supuesto de que existe una relación positiva entre el ingreso y la participación; es decir, a mayor ingreso, mayor participación. Esto se debería a que las clases con más renta disponen de más tiempo y recursos para involucrarse en los asuntos públicos y están dispuestas a hacerlo al percibir que les resulta beneficioso. Del otro lado, los ciudadanos con bajos ingresos no disponen del tiempo ni de los recursos para participar, salvo en asuntos que perciban como un riesgo a su situación patrimonial o de bienestar; ellos están dispuestos a utilizar sus recursos económicos y de tiempo.
La relación señalada fue estudiada en la investigación de Heikkila e Isett (2007). En ella se afirma que las personas que participan de forma más activa en los asuntos públicos no son necesariamente las más destacadas en las comunidades, sino aquellas que pertenecen a los grupos dominantes. En este sentido, los ciudadanos con mejor educación, de clase media y alta, resultaron ser más propensos a involucrarse en los foros públicos que los grupos más desfavorecidos.
Otra autora, Somuano (2013), señala que la disposición de la gente a participar se encuentra afectada por sus recursos: conocimiento, información, tiempo y medios materiales y financieros. No hay que olvidar que participar implica forzosamente tener costes y que su rentabilidad en términos de inversión es colectiva e incierta.
A lo anterior hay que añadir que la posición en el ámbito social y profesional es un factor asociado a las diferencias de actividad política: mayores niveles de renta, calificaciones profesionales superiores y posiciones de dirección en el mundo laboral (ya sea público o privado) conllevan actitudes de mayor intervención en la política, en comparación con las que presentan los niveles bajos de renta, calificaciones profesionales elementales y situaciones dependientes o subalternas en las relaciones laborales (Vallès, 2006).
La asociación positiva entre el ingreso y la participación se puede explicar mediante la competencia existente entre ésta y otras ocupaciones de la vida cotidiana: relaciones familiares, tareas económicas y actividades de recreación, y en cómo se perciba el costo de oportunidad entre participar en la esfera pública y ocuparse en asuntos privados.
A lo anterior hay que añadir que las personas ubicadas en los umbrales más bajos de ingreso no conocen, o lo hacen insuficientemente, los instrumentos de participación y tienen intereses más individuales, concretos y de corto plazo, incluso perentorios, que los que tienen mayor ingreso (Fierro, 2018).
En resumen, “a mayor pobreza, menor capacidad participativa” (Urdánoz, 2013: 40). Esto se traduce en que la situación económica del individuo es un factor de desigualdad participativa. Lo dicho en este apartado nos permite formular una cuarta hipótesis:
H4: A mayor ingreso de los ciudadanos, al nivel subnacional considerado, mayor probabilidad de que participen a través de instrumentos convencionales.
5. Edad y participación
Con respecto a la participación ciudadana, “la edad es una variable muy relevante a la hora de hacer uso de un mecanismo de participación u otro” (Martín y Fernández, 2018: 225). Además, la edad es un buen predictor del activismo político (Vallès, 2006). No hay que olvidar que a medida que la vida de una persona transcurre, ésta tiene mayor madurez y efectividad en la toma de decisiones, debido a su experiencia. Además, adquiere conciencia de la importancia de la participación para la defensa del interés común.
En las diferentes etapas de su ciclo vital, un individuo siente un grado diferente de responsabilidad respecto de su propia existencia y la de aquellos que le rodean, lo que lo lleva a tener distintos grados de implicación política a lo largo de su vida, siendo los más intensos los que tienen lugar en la edad madura, por lo menos en cuanto a la participación convencional se refiere.
En términos generales, en la trayectoria de un individuo se observa una baja participación política convencional en el período de su juventud, seguida de un aumento progresivo de ésta a medida que se llega a la madurez, descendiendo nuevamente en el período de vejez. Lo dicho en este apartado nos permite formular una quinta hipótesis:
H5: Las personas adultas, al nivel subnacional considerado, tienen actitudes más favorables para participar, mediante instrumentos convencionales, que las personas jóvenes o adultas-mayores.
6. Actitud hacia la política y participación
La actitud hacia la política es una variable importante que explica la participación en gran medida. En este sentido, una actitud positiva hacia la misma produce un involucramiento mayor en la esfera pública por parte de los ciudadanos. En una palabra, éstos quieren formar parte en las agendas públicas y en las decisiones gubernamentales que se toman.
Lo anterior se deriva de una motivación, positiva o negativa, que influye en su evaluación sobre la participación, y que termina convirtiéndose en un compromiso de acción en pos del bien colectivo. Existe literatura sobre este tema, de ella destacamos la siguiente: Walks (2004) y Kenski y Fishbein (2005). De la existente en México, sobresale la investigación de Moreno (2003). Los elementos expresados permiten formular la siguiente hipótesis:
H6: Las personas con mayor interés en la política, al nivel subnacional considerado, son más propensas a intervenir y usar los mecanismos convencionales de participación.
II. Metodología
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿de qué depende que los ciudadanos, a nivel subnacional, se involucren en el quehacer gubernamental utilizando los instrumentos convencionales de la democracia representativa? Se evalúan varios modelos de regresión logística, en los que la variable dependiente es dicotómica y representa la participación o no del ciudadano en cada uno de los cinco instrumentos convencionales analizados. Como covariables se emplean tres medidas políticas: confianza en las instituciones (ConfIns), preferencia hacia el sistema político (Prefsp) y actitudes hacia la política (Actp); y cinco de tipo control: grado académico (Edu), nivel de ingreso (Ingr), edad (Ed), sexo (Sex) y entidad federativa donde se habita (EF). La justificación de su uso es que estas variables se han probado con éxito en distintas investigaciones, tal y como se señala en el apartado teórico de este artículo, resultando explicativas de la participación ciudadana convencional de carácter social. El tipo de variable que representa cada una de las tenidas en cuenta, así como sus categorías, se describe a continuación.
Pi = Variable dummy, toma valores de 1 si el individuo I ha participado durante los dos últimos dos años en algún mecanismo convencional (MC)8 de participación ciudadana y 0 si no lo ha hecho.
ConfInsi = Variable continua que asume valores entre 0 (nula confianza) y 10 (máxima confianza).9 Muestra la confianza institucional del individuo i.
PrefSPi = Variable nominal que contiene las siguientes opciones: 1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; 2. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático; 3. A la gente le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Dimensiona la preferencia del individuo i por el sistema político democrático.
ActPi = Variable discreta que asume valores entre 1 (nada) y 4 (mucho) y dimensiona las actitudes del individuo i hacia la política.10
Edui = Variable discreta que dimensiona los años de estudio que el ciudadano i completó o aprobó.
Ingri = Variable discreta que cuantifica el nivel de ingreso del individuo i a partir del número de focos que tiene en su casa (variable proxi).
Edi = Variable ordinal con rangos definidos: 1) de 18 a 29 años; 2) de 30 a 49 años; 3) 50 o más años.
Sexi = Variable nominal que toma las siguientes categorías: 1) Mujer; 2) Hombre.
EFi = Variable nominal que toma las siguientes categorías: 1) Chihuahua; 2) Edomex; 3) Hidalgo; 4) Oaxaca, con esta determinante se analizan las diferencias en participación convencional entre entidades federativas.
Descripción de los datos
A continuación, en la Tabla 1, se presentan las frecuencias de las variables cualitativas, en cuanto a sus categorías, que integran el modelo logístico.
Tabla 1 Frecuencias de las variables cualitativas, en cuanto a sus categorías, que integran los modelos logísticos
| Variables cualitativas | Categorías | Frecuencia (%) | |
| Pi Participación en… | Campaña de trabajo voluntario | Sí participa | 13.66 |
| No participa | 86.34 | ||
| Asociaciones vecinales | Sí participa | 19.94 | |
| No participa | 80.06 | ||
| Consultas ciudadanas | Sí participa | 10.95 | |
| No participa | 89.05 | ||
| Asociaciones civiles | Sí participa | 5.61 | |
| No participa | 94.39 | ||
| Partidos políticos | Sí participa | 5.40 | |
| No participa | 94.60 | ||
| PrefSPi | Preferencia hacia
la democracia |
La democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno |
49.25 |
| En algunas circunstancias un
gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático |
21.53 | ||
| A la gente le da lo mismo un
régimen democrático que uno autoritario. |
29.22 | ||
| Sexi | Sexo | Hombre | 49.25 |
| Mujer | 50.75 | ||
| EFi | Entidad Federativa
de origen |
Oaxaca | 25.00 |
| Chihuahua | 25.00 | ||
| Estado de México | 25.00 | ||
| Hidalgo | 25.00 | ||
Fuente: Elaboración propia a partir de El Colegio Mexiquense (2015).
La Tabla 1 muestra que son pocos los ciudadanos11 que participan en alguno de los cinco instrumentos convencionales de participación considerados, siendo en las asociaciones vecinales (19.94%) donde más lo hacen, lo cual se explica porque éste es el mecanismo más próximo a la ciudadanía, tanto en los actores que involucra, los vecinos, como en las necesidades que abarca: las referidas a la vivienda, su entorno y a la infraestructura pública necesaria para tener una buena calidad de vida. En una palabra, en estas agrupaciones se intentan resolver los problemas colectivos que se presentan dentro de un territorio en específico, donde se produce la convivencia humana: la vecindad, el barrio o la colonia.
En una posición intermedia se encuentran las campañas de trabajo voluntario (13.66%), lo que se debe en gran medida a la participación en las actividades comunitarias de los miembros de los pueblos originarios (cuestión cultural); las consultas ciudadanas (10.95%), que no implican un coste excesivo de participación; y las asociaciones civiles (5.61%), que suponen un gran coste, en cuanto a la utilización de recursos, para los que participan a través de ellas. Las instituciones con una frecuencia más baja de participación son los partidos políticos (5.40%), lo cual ocurre principalmente en los periodos de campañas electorales.
Es importante señalar, a efectos analíticos, que un mismo ciudadano pudo haber participado en todas esas formas, en algunas de ellas o sólo en una. En este sentido, la Gráfica 1 muestra la participación combinada en los mecanismos convencionales de participación considerados: el 0.71% participó en todas, el 1.98% en 4, el 3.87% en 3, el 7.63% en 2, el 17.19% en 1 y el 68.62% en ninguna. Teniendo en cuenta que estas formas no son excluyentes entre sí, los datos evidencian un débil involucramiento de la ciudadanía en la participación a través de las modalidades convencionales de carácter social, por lo menos en las que consideramos para nuestro estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de El Colegio Mexiquense (2015).
Gráfica 1 Uso combinado de los mecanismos convencionales de participación
Con respecto a la preferencia del sistema político, un poco menos de la mitad prefiere la democracia como forma de gobierno (49.25%), porcentaje inferior al que reporta la Secretaría de Gobernación (2013): 60.5%. La preferencia por el autoritarismo es del 21.55%, cifra similar a la señalada por la Secretaría de Gobernación: 21.9%. La indiferencia hacia la democracia o el autoritarismo, en nuestro caso es del 29.22%, mientras que en el caso de Gobernación fue del 17.56%. Pese a las variaciones observadas entre ambas encuestas, lo más importante a señalar es que en ambas la democracia es el régimen de gobierno preferido por los mexicanos, sin que sus retrocesos hayan implicado que la mayoría prefiera otra (Freidenberg y Saavedra, 2020).
Finalmente, de las personas encuestadas, el 50.75% son mujeres y el 49.25% hombres. Hay que señalar que el mismo número de encuestas (500) fueron aplicadas a cada una de las cuatro entidades federativas analizadas, por lo que cada una de ellas representa un 25% de la frecuencia.
El análisis descriptivo del resto de variables, teniendo en cuenta a las cuatro entidades federativas consideradas, y cuya naturaleza no es categórica, puede observarse en la Tabla 2. Los datos más relevantes de éstas son los siguientes: respecto a la variable Educación (Edu), el promedio de años de estudio es de 8.70, con una desviación estándar de 4.01; si agrupamos los datos en tres rangos, encontramos lo siguiente: el 64.64% cursó a lo mucho la secundaria (de 0 hasta 9 años de estudio), un 24.54% empezó, por lo menos, el bachillerato (de 10 a 12 años de estudio) sin llegar a la universidad, y sólo el 10.82% inició estudios profesionales (13 años de estudio o más).
Tabla 2 Análisis descriptivo de la confianza institucional de cuatro entidades federativas: Oaxaca, Chihuahua, Estado de México e Hidalgo (2015)*
| Variable | Observaciones | Promedio |
Desviación
Estándar |
Mínimo | Máximo |
| ConfIns | 1,883 | 1.81 | 1.71 | 0 | 10 |
| ActP | 1,745 | 1.92 | 0.92 | 1 | 4 |
| Educ | 1,960 | 8.70 | 4.01 | 0 | 17 |
| Ingr | 1,816 | 6.57 | 5.42 | 0 | 85 |
| Ed | 1,999 | 40.43 | 15.89 | 18 | 92 |
* Los datos que se presentan son los agregados de las cuatro entidades consideradas.
Fuente: Elaboración propia a partir de El Colegio Mexiquense (2015).
En cuanto a la situación económica, el promedio de focos por vivienda [medida proxi del ingreso (Ingr)] fue de 6.57 con una desviación estándar de 5.42. De igual forma, si se integran dichos datos en tres intervalos: el 75.05% pertenece a un estrato socioeconómico bajo (entre 0 y 7 focos), 18.12% al medio (entre 8 y 11 focos) y únicamente 6.83% a un sector alto (12 o más focos). Por último, se aplicó la encuesta a ciudadanos mayores de 18 años; el promedio de edad fue de 40.43 años; igualmente si se agrupan los datos el 29.4% tiene entre 18 y 29 años; el 40.3% entre 30 y 49 años; y el 30.4% se sitúa en 50 o más años.
Con respecto a la variable confianza en las instituciones (ConfIns) (la cual es cuantitativa y de tipo continua), se muestran sus medidas de tendencia central y dispersión en la Tabla 2. En las cuatro entidades analizadas, la confianza ciudadana sobre las instituciones públicas es frágil. En el estudio que efectuamos se midió a partir de un índice que oscila entre 0 (nula confianza) y 10 (máxima confianza). El promedio de ésta apenas se sitúo en 1.81, lo que indica una muy baja confianza en las instituciones.
La Gráfica 2 muestra los resultados de la confianza institucional agrupados y pormenorizadamente. Al respecto: el 54.24% de los encuestados tienen una confianza institucional mínima o muy baja (menos de 2); el 33.87% se sitúan en una confianza institucional baja (2≤ ConfIns <4); asimismo, el resto de las categorías tienen porcentajes bajos.
Fuente: Elaboración propia a partir de El Colegio Mexiquense (2015).
Grafica 2 La confianza institucional
La conclusión que se puede extraer de estos datos es muy similar a la de Heras (2011), quien describe la evolución en México de la confianza social e interpersonal, calificándolas de precarias, lo que puede conducir al agotamiento de la incipiente democracia mexicana, según la autora.
Con respecto a las actitudes hacia la política (ActP), medida ordinal que toma valores entre 1 y 4, su promedio es de casi 2. La Gráfica 3 muestra el comportamiento de dicha variable política. Así, el 76.96% tiene nada o poco interés en conversar y discutir con sus conocidos sobre temas de política nacional o internacional, la gran mayoría tiene, por tanto, una actitud apática hacia la política.
Fuente: Elaboración propia a partir de El Colegio Mexiquense (2015).
Gráfica 3 Actitud hacia la politica
III. Resultados y discusión
Las hipótesis planteadas, teniendo en cuenta el nivel subnacional considerado, señalan explícitamente las relaciones (positivas o negativas) que se esperan encontrar entre las variables dependientes e independientes; ellas constituyen el lazo entre la teoría y los datos empíricos.
Estas suposiciones se pusieron a prueba para cada uno de los cinco mecanismos de participación convencional seleccionados, los cuales permitieron conformar modelos logarítmicos.
La Tabla 3, que se presenta a continuación, incluye los resultados de la modelación que se realizó.
Tabla 3 Resultados de los modelos logísticos binarios para cuatro entidades federativas: Oaxaca, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo
| Variables | MODELO 1 | MODELO 2 | MODELO 3 | MODELO 4 | MODELO 5 | |
| Campaña de
trabajo voluntario |
Asociaciones
vecinales |
Consultas
ciudadanas |
Asociaciones
civiles |
Partidos
políticos |
||
| Coef. | Coef. | Coef. | Coef. | Coef. | ||
| Confianza institucional | 0.16*** | 0.16*** | 0.12** | 0.23*** | 0.25*** | |
| 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | ||
| BASE: Democracia | Autoritarismo | -0.13 | -0.11 | -0.15 | -0.48 | 0.26 |
| 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | ||
| Indiferencia | 0.51*** | 0.30* | 0.26 | 0.11 | 0.26 | |
| 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.29 | ||
| ActP | 0.34*** | 0.24*** | 0.47*** | 0.15 | 0.60*** | |
| 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | ||
| Educación | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05* | 0.03 | |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
| Ingreso | -0.01 | -0.03* | 0.01 | 0.02 | 0.03* | |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
| Edad BASE: 30-49 Maduros | 18-29: jóvenes | -0.24 | -0.26 | -0.01 | -0.29 | -0.29 |
| 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.27 | 0.29 | ||
| 50 o más lonjevos | -0.14 | 0.05 | -0.06 | 0.03 | -0.2 | |
| 0.2 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | ||
| Sexo (Mujer) | -0.44*** | -0.23* | 0.02 | -0.23 | -0.22 | |
| 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | ||
| EF BASE: Oaxaca | Chihuahua | 0.06 | 0.71*** | 0.64** | 0.31 | 1.00*** |
| 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | ||
| Edomex | 0.23 | 0.57*** | 0.59** | 0.43 | 0.38 | |
| 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.4 | ||
| Hidalgo | 0.42* | 0.81*** | 0.78*** | 0.24 | 0.15 | |
| 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | ||
| Constante | -2.97*** | -2.46*** | -4.11*** | -4.16*** | -5.51*** | |
| 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.64 | ||
| N | 1328 | 1327 | 1325 | 1324 | 1327 | |
| Pseudo R2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | |
| Aic | 1111.43 | 1373.54 | 971.17 | 646.6 | 561.9 | |
Significancia estadística: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01
Error estándar entre paréntesis.
Fuente: Elaboración propia a partir de El Colegio Mexiquense (2015).
Confianza institucional
En todos los modelos estimados, los coeficientes de la variable confianza institucional (ConfInst) resultaron estadísticamente significativos con un nivel de significancia del 1%. Su signo fue positivo en todos ellos, tal y como muestra la Tabla 3. Este resultado se interpreta del siguiente modo: al incrementar la confianza institucional aumentan las probabilidades de que los ciudadanos participen en campaña de trabajo voluntario, asociaciones vecinales, consultas ciudadanas, asociaciones civiles o activismo político.
Al resultar significativa y con signo positivo esta variable en todas las regresiones logísticas se corrobora h1: A mayor confianza del ciudadano sobre las instituciones públicas, al nivel subnacional considerado, se incrementa la probabilidad de que participe mediante instrumentos convencionales.
Los hallazgos obtenidos van en el mismo sentido de lo señalado por Hernández (2008): “un ciudadano que muestra interés, conocimiento, confianza interpersonal, confianza en sus instituciones y en su régimen político, es tolerante y coopera, participa en mayor medida que los que no tienen tales características culturales” (p. 264).
Los resultados obtenidos en nuestro estudio, para las cuatro entidades federativas consideradas, van en la dirección de que existe una asociación positiva entre tener confianza en las instituciones y participar mediante mecanismos convencionales, por lo menos en los considerados y en las entidades federativas incorporadas al análisis de regresión. Entonces, incrementar la participación ciudadana requiere aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Preferencia del sistema politico
Respecto a la preferencia del sistema político sólo la categoría “indiferencia” resultó importante en los modelos 1 y 2 que corresponden a las campañas de trabajo voluntario y asociaciones vecinales. Esto significa que los ciudadanos que son indiferentes al régimen político, es decir, que les da lo mismo la democracia o el autoritarismo, son más participativos en esos dos instrumentos que los que prefieren la democracia como forma de gobernar. La categoría “autoritarismo” en ningún modelo resultó significativa. Aunque hay que considerar que se presenta con signo negativo -el esperado- en cuatro de los cinco casos.
El resultado obtenido no es concluyente, es decir, no hay elementos para afirmar que aquellos ciudadanos que prefieren la democracia participan más que los que se inclinan por el autoritarismo. En suma, para los cuatro estados tenidos en cuenta no es posible corroborar H2: Las personas que prefieren la democracia como forma de gobierno, al nivel subnacional considerado, tienen más participación a través de los instrumentos convencionales que las que optan por el autoritarismo o son indiferentes ante el sistema político.
Actitudes hacia la política
Dicha variable resultó toral y con el signo esperado en todos los modelos, a excepción del 4 (asociaciones civiles). Por lo tanto, en términos generales, a medida que incrementa el interés hacia la política aumentan las probabilidades de participar en mecanismos convencionales de participación ciudadana, exceptuando el de las asociaciones civiles.
Así, aquellas personas acostumbradas a discutir y analizar los asuntos políticos nacionales o internacionales son más propensas a participar en los instrumentos convencionales considerados que quienes lo hacen pocas veces o nunca. Por tanto, H6 se corrobora: Las personas con mayor interés en la política, al nivel subnacional considerado, son más propensas a intervenir y usar los mecanismos convencionales de participación.
Educación, ingreso, edad, sexo y entidad de origen
Respecto a la educación (Edu), sólo en el modelo 4 resultó estadísticamente significativa (p<0.10) y con el signo esperado. Esto se traduce en que a medida que incrementan los años de estudio de los ciudadanos, las probabilidades de pertenecer y participar en una asociación civil también lo hacen.
En cuanto al ingreso, exclusivamente en los modelos 2 y 5 tiene significancia: en el primero con signo negativo y en el segundo con positivo; es decir, que existe una baja probabilidad que los individuos con mejores ingresos participen en asociaciones vecinales, siendo más probable que lo hagan en partidos políticos.
La edad no resultó con significancia en ninguna regresión. Por tanto, no hay evidencia empírica suficiente para afirmar que es determinante en la utilización de los mecanismos convencionales de participación considerados y para las entidades federativas que conforman el estudio. El sexo sólo tuvo significancia en dos modelos (el 1 y el 2). En concreto, para la categoría “mujer” y con signo negativo. Esto quiere decir que la probabilidad de que participe un hombre en las campañas de trabajo y en las asociaciones vecinales es mayor a la que tiene una mujer. Finalmente, la variable entidad federativa de origen (EF) presenta hallazgos interesantes. A partir de las significancias obtenidas se pueden señalar los siguientes:
Las probabilidades de que un ciudadano hidalguense se involucre en campañas de trabajo voluntario son superiores a las de los oaxaqueños.
Los ciudadanos de Chihuahua, Edomex e Hidalgo tienen mayores probabilidades de involucrarse en asociaciones vecinales que los de Oaxaca. Lo mismo ocurre con el mecanismo de consulta ciudadana.
Finalmente, las probabilidades de involucrarse en los partidos políticos son superiores en los chihuahuenses en comparación con los oaxaqueños.
Las diferencias observadas de Oaxaca con respecto a los otros estados pueden explicarse a través de su distinta estructura política e institucional, en la que la mayoría de sus municipios se rige por usos y costumbres. Asimismo, es un Estado que no tiene demasiado arraigado el uso de mecanismos como los de las asociaciones vecinales o consultas, aunque sí otros tradicionales como el tequio o la faena, no incluidos en esta investigación, que son comúnmente utilizados por las comunidades de los pueblos originarios.
Conclusiones
Primera, los pocos ciudadanos participativos, al nivel subnacional considerado, al menos los que se involucran en los instrumentos convencionales de carácter social analizados, presentan un perfil que se asocia con la confianza que depositan en las instituciones públicas. Debido a este resultado, es necesario plantearse cómo incrementar la confianza de la ciudadanía en ellas, ya que ésta es baja (tuvo un promedio de 1.81 sobre 10). Esto puede lograrse aumentando su eficiencia y eficacia en la resolución de problemas, y en la satisfacción de necesidades sociales. Al respecto, si el ciudadano percibe que están haciendo un buen trabajo y que los servidores públicos son honrados, aumentará su confianza. Ésta, debido a los resultados obtenidos, es determinante para que se dé la participación ciudadana.
Segunda, los ciudadanos indiferentes al régimen político, al nivel subnacional considerado, son más participativos en las campañas de trabajo voluntario y las asociaciones vecinales.
Tercera, la actitud hacia la política, al nivel subnacional considerado, es determinante al momento de utilizar algún mecanismo de participación convencional de carácter social, excepto en el caso del instrumento de asociación civil.
Cuarta, la educación se asocia positivamente con el instrumento de participación convencional de carácter social de asociaciones civiles (Modelo 4) al nivel subnacional considerado; el nivel socioeconómico lo hace negativamente con el de asociaciones vecinales (Modelo 2) y positivamente con el de partidos políticos (Modelo 5); la edad no se asocia con ninguno de los instrumentos de participación considerados; y el sexo se asocia positivamente con “hombre” y negativamente con “mujer”.
