1. Lo que hemos construido y dónde estamos

Después de un largo proceso de construcción de un régimen democrático, entre 1977 y 1997, en México logramos tener sólidas instituciones electorales para garantizar comicios libres y competidos que satisficieran los estándares internacionales, así como un régimen de partidos pluripartidista, con tres principales fuerzas políticas, que modelaron nuestra representación política, prácticamente durante los primeros cuatro lustros del siglo XXI.

Sin embargo, nuestra transición implicó también un conjunto de reformas constitucionales y legales para desarticular el hiperpresidencialismo característico de la época del autoritarismo de partido hegemónico. Esas reformas incluyeron desde la creación de instituciones constitucionalmente autónomas -el Banco de México, la CNDH, el IFE/INE, el INEGI-, hasta la de nuevas instituciones y procesos para democratizar la gestión gubernamental como el ifai/inai, cuyo propósito ha sido impulsar la transparencia del quehacer público-gubernamental.

Los gobiernos mexicanos, surgidos de elecciones competidas durante estos 20 años, han demostrado que la alternancia es ya una realidad en nuestro país, ya que si un día gana un partido la Presidencia, seis años después puede ganar un partido político diferente, en un ambiente de paz y con apego a las reglas del juego, previamente establecidas y conocidas por todos los actores. De hecho, en estos años, de las cuatro elecciones presidenciales, tres han derivado en el triunfo de un partido diferente al gobernante; y en el ámbito estatal, sólo 5 de las 32 entidades federativas no han experimentado la alternancia en sus gobiernos, aunque los resultados electorales revelan una creciente competitividad, en la medida en que el partido ganador tiene ahora un margen de victoria más reducido.

El arribo de gobiernos de origen democrático, surgidos exclusivamente de la voluntad expresada en las urnas, despertó enormes expectativas sobre el tipo de resultados que lograrían las políticas públicas emanadas de ellos; se pensaba que se solucionarían muchos de nuestros problemas ancestrales y que transitaríamos hacia una sociedad más igualitaria, incluyente y justa y, por supuesto, más segura y menos violenta.

Hoy sabemos que dichos gobiernos no han cumplido con aquellas promesas que asociamos a la democracia y ello ha generado malestar en la población, no sólo respecto de sus gobernantes, sino incluso sobre las bondades y confiabilidad del propio régimen democrático. Si hace veinte años la democracia parecía haberse convertido en el régimen político mejor valorado y con grandes posibilidades de afianzarse en prácticamente todo el mundo, hoy los cimientos mismos de la democracia están erosionados y ésta enfrenta riesgos importantes para mantenerse como el mejor régimen posible.

De acuerdo con el estudio más reciente de Latinobarómetro (2018), en los últimos cinco años es posible identificar un incremento en la insatisfacción tanto con los gobiernos surgidos de elecciones democráticas, como con la democracia misma. En América Latina en 2018, sólo el 48% de la población apoyaba a la democracia y en México sólo lo hacía el 38%; y al respecto, nuestro país sólo está mejor ubicado que Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.

A pesar del desencanto democrático que perciben 6 de cada 10 personas, podemos identificar una serie de activos democráticos que se han implantado en nuestro país.

No obstante, frente a estos activos, tenemos importantes pasivos o déficits democráticos que se han acentuado durante el gobierno surgido de las elecciones de 2018:

En el contexto actual de un gobierno erigido sobre un respaldo popular amplio (53.1% vs. 38.2% de Peña Nieto, 35.9% de Felipe Calderón o 42.5% de Vicente Fox) y que logró apropiarse de la mayoría absoluta en el Congreso gracias a maniobras en la representación surgida de su coalición electoral,¹ ha podido reforzar a la figura presidencial fuertemente personalizada. La ausencia de una oposición más o menos estructurada, capaz de ejercer contrapesos, se explica primero por el desprestigio de los partidos políticos y por la pérdida de espacios significativos de representación política, además de que el predominio de morena ha ejercido un poder de atracción sobre partidos como el pvem, que como siempre se ha alineado del lado del partido gobernante.

La pandemia por la Covid19 ha tenido un impacto negativo sobre este escenario político marcado por el desvanecimiento del pluralismo político, que ha impedido que nuestra agenda pública diseñe estrategias para salir de la emergencia de salud y económica, e impulsar una sólida recuperación a partir de una interlocución de las diversas fuerzas políticas. No existe en el panorama alguna pista que permita vislumbrar que se está edificando un acuerdo o un pacto de unidad para sortear la crisis, lo cual sería no sólo conveniente, sino viable sobre todo considerando el respaldo social que todavía tiene amlo.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que en años pasados fueron palancas claves de incidencia en las políticas públicas, hoy en día son despreciadas por el gobierno, sobre todo si reciben recursos privados, teniendo en consideración que el gobierno actual ha clausurado apoyos públicos para los diferentes proyectos administrados por la sociedad civil (estancias infantiles, refugios mujeres, testigos sociales, etcétera).

Son muchos los asuntos que gravitan alrededor de nuestro frágil arreglo democrático y no es posible abordarlos todos, por lo que vamos a referirnos a uno que es esencial para la construcción de una gestión pública democrática que reclama, por un lado, la existencia de contenciones verticales y horizontales al poder y, por otro, la garantía para que los ciudadanos ejerzamos mejor nuestros derechos. Se trata del principio de la transparencia y de la otra cara de la moneda, el derecho de acceso a la información pública, que son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que el poder público rinda cuentas a la ciudadanía.

2. La transparencia: una asignatura pendiente, insuficientemente atendida

Hace 30 años Norberto Bobbio reflexionaba sobre las promesas incumplidas de la democracia, a pesar de que en aquel entonces transitábamos por una “Tercera Ola” de expansión democrática.² Queremos detenernos en una en particular: la promesa de la “eliminación del poder invisible” que en aquel momento era un tema poco explorado y que en nuestro país no formaba parte de la agenda pública de nuestra transición a la democracia. Para Bobbio, la democracia era contraria al poder invisible de los arcana imperii de los Estados absolutistas, encerrados en sus gabinetes secretos. Romper con el poder invisible implicaba que las acciones de gobierno salieran y se realizaran de cara a los ciudadanos.

La visibilidad del ejercicio del poder debía permitir la incorporación de los ciudadanos a las decisiones que toman las autoridades, haciéndolos partícipes de éstas. En cambio, el poder invisible, oculto u opaco, impide el escrutinio de la sociedad sobre el desempeño del gobierno. De hecho, el principio esencial de la transparencia del poder público es que la información que se genera y almacena en los archivos de las oficinas públicas no es de los funcionarios públicos que la elaboran, sino de los gobernados que son los destinatarios de ésta. Por eso, hoy el acceso a la información pública ha ganado la categoría de Derecho fundamental, reconocido no sólo en nuestra Constitución (Artículo 6º), sino en las convenciones internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha signado.³

La gran paradoja de la transparencia en México es que si en algo avanzamos durante los 20 años de gobiernos emanados de elecciones democráticas, fue en la edificación de un marco constitucional y legal para darle vigencia a la apertura de la información gubernamental y al derecho de acceso a ella. Después de 2002 en que se emitió la primera ley de transparencia federal, la Constitución se reformó en dos ocasiones -2007 y 2014- para elevar el nivel de exigencia de transparencia sobre los entes públicos y para que los ciudadanos obtuvieran la información de manera más ágil y expedita no sólo en el ámbito federal, sino en el conjunto del país.

Estamos lejos aún de poder presumir de gobiernos transparentes y abiertos, sustentados en una costumbre de “transparencia por diseño”,⁴ a pesar de que nuestro marco normativo se ha reconocido mundialmente como uno de los mejores.⁵ Pero gracias a que dicho modelo cuenta con un organismo (IFAI/INAI) con facultades para instruir de forma definitiva e inatacable a las dependencias públicas a entregar la información que se les solicita, se han podido desarrollar investigaciones sobre una diversidad de asuntos que implican la utilización de fuertes sumas de dinero público. Estudios sobre contrataciones públicas, sobre la opacidad del dinero colocado en fideicomisos, sobre gasto en publicidad oficial, sobre sentencias de jueces que no se transparentan, o sobre “empresas fantasma” en el sector salud,⁶ entre otros, han visibilizado la existencia de tuberías ocultas por las que transita dinero gubernamental para fines privados.

Otro de los factores que inhibe la transparencia, es la reticencia que ha mostrado el presidente respecto de la institucionalidad que hemos construido en los últimos 18 años para darle vigencia al derecho fundamental de acceso a la información pública. Él ha declarado públicamente su rechazo al inai y a su régimen de autonomía, con el argumento de que cuesta caro y de que no ha servido para disminuir la corrupción, como si ignorara que la transparencia no es sinónimo de combate a la corrupción, pero sí es la vía para hacer más evidente los casos de abusos y desviaciones de las acciones de los gobernantes.

En aras de lo que concibe como rendición de cuentas, desde el inicio de su gestión, López Obrador tomó la decisión de hacer públicas las acciones de gobierno a través de un ejercicio de propaganda política a la que se dio el nombre de conferencia de prensa. Al llegar al poder en 2018, colocó en el centro de su oferta política el combate a la corrupción como una manera de sanear las finanzas públicas y de purificar el desempeño gubernamental. Cabe señalar que en todos los foros internacionales se ha reconocido que la transparencia es un requisito esencial del combate a la corrupción; sin embargo, en el gobierno se quiso identificar transparencia con una presencia mediática del presidente de la República todos los días, como si el discurso oficial fuera sinónimo de que las acciones de las distintas ramas del gobierno estuviesen documentadas y accesibles.

3. La conferencia de prensa

Una práctica novedosa del gobierno actual es que se hace diariamente visible a través de una rueda de prensa que conduce personalmente el presidente, aunque con frecuencia se apoya en presentaciones de miembros de su gabinete para abordar los diferentes temas de su agenda. A pesar de que en las “mañaneras” hay posibilidad de interlocución con los medios, se trata de una comunicación unilateral que le permite a amlo fijar agenda y dar directrices a los funcionarios de su gobierno. Pero ¿es eso realmente transparentar, es decir, contribuir a eliminar el poder invisible? ¿Puede decirse que esta presencia cotidiana es en verdad un ejercicio de comunicación que da a conocer cómo se toman las decisiones, sobre qué cálculos y recursos y qué consideraciones?

En las democracias consolidadas, las conferencias de prensa se iniciaron con objeto de establecer un foro de intercambio de mensajes entre actores que son parte de la comunicación política y bajo la idea de que las sesiones debían considerarse como un compromiso mutuo con la construcción de la noticia. Inician como parte de la estrategia de comunicación presidencial de la Casa Blanca, con la finalidad de proporcionar información a la prensa para que ésta presentara una interpretación objetiva de las acciones de gobierno. La situación fue variando cuando los medios asumieron un papel más activo como vigilantes de las acciones del gobierno, y a partir de la década de los ochenta, los periodistas tienden a hacer preguntas que el presidente o su portavoz podrían considerar incisivas u hostiles. En todo caso, su propósito principal ha sido incidir en la definición de agenda pública.

En México, las conferencias de prensa no han sido instrumentos utilizados por los presidentes más que en situaciones especiales y sólo se instauraron como ejercicios cotidianos al final del gobierno de Vicente Fox, en abril de 2005, a través de la figura de un portavoz presidencial. Este intercambio con los medios buscaba cumplir cuatro propósitos fundamentales: rendir cuentas, promover las políticas y las metas del presidente, abogar por las acciones y las decisiones del gobierno, y defender al presidente de sus críticos.

Con el fin de satisfacer estos propósitos, detrás de la conferencia de prensa había toda una estructura institucional encargada de su buen funcionamiento. La Oficina del portavoz presidencial tenía la responsabilidad de cumplir con una serie de tareas que le permitieran al vocero estar bien informado y preparado para hacer frente a los cuestionamientos de los medios: la revisión de la prensa escrita y de lo emitido en medios electrónicos; la jerarquización de las noticias; la preparación de las respuestas y la elaboración de documentos con información adicional; la revisión de lo emitido a través de comunicados por las secretarías de Estado y el contacto con los directores de comunicación social; la relación con la fuente; la difusión de la agenda presidencial y la invitación a la conferencia al secretario encargado del tema de la semana, además de la evaluación de la cobertura negativa hacia el gobierno y el diseño de la estrategia de control de daños.⁷

Existe un marcado contraste entre la estrategia de entonces y la de la actualidad, cuyo propósito es recrear a la figura presidencial y su épica discursiva. En el primer caso, la convocatoria diaria a los medios fomentó que se cumpliera uno de los parámetros de la calidad de la democracia, al facilitar la supervisión social de todo lo que sucede en el terreno de lo público. Esto permitió una mayor capacidad de vigilancia, además de que impulsó la transparencia y la rendición de cuentas. Además, esta práctica estaba a cargo de un portavoz, que se convirtió en el principal interlocutor del gobierno ante los medios de comunicación y de la ciudadanía.

En el segundo caso, el hecho de que la imagen presidencial pueda entrar a los hogares de la mayoría de la población no es equiparable a un acto de transparencia ni de apertura informativa, porque además de ser un ejercicio selectivo, el discurso presidencial -aunque respaldado por presentaciones electrónicas- no está sustentado en información documentada en los sitios oficiales de las distintas dependencias y entidades públicas. Con mucha frecuencia, no es posible verificar las declaraciones. En cuanto a proyecciones de crecimiento económico, desempleo, índices de confianza de las calificadoras financieras, el presidente cuenta con un repertorio de respuestas para salir del paso ante preguntas que buscan conocer la situación real sobre estos temas, como: “tengo o tenemos otros datos”, o “no sé”, “tengo mis propios datos”, “no tengo”, “no tenemos el dato”.

Una cosa es colocar la imagen presidencial en el espacio mediático nacional, dando la sensación de una mayor cercanía con la población; y otra es informar con datos precisos y verificables para que la población pueda analizar y contrastar la información que ahí se difunde. Lejos de estar ante actos de transparencia, estamos ante mensajes cuya relevancia es el origen, porque provienen de la más alta magistratura, pero no porque aseguren consistencia o veracidad. Durante cada conferencia de prensa, el presidente realiza un promedio de 73 afirmaciones infundadas o falsas, lo que multiplicado por las 400 que habían sucedido a junio 30 del 2020, da un total de 28,903.⁸

Al inicio de este ensayo dijimos que uno de los saldos positivos de la democracia en México, es la presencia de una sociedad civil más activa y exigente que no sólo ha logrado incidir en la definición y seguimiento de las políticas públicas, sino que han sido un factor fundamental en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas políticas. No obstante, como ya señalamos, el presidente se ha mostrado escéptico con respecto a su importancia; más aún, ha descalificado a actores de la sociedad cuya notoriedad puede opacar o cuestionar el proyecto de la 4T. Por mencionar algunos: periodistas; defensores de los derechos y en contra de la violencia hacia las mujeres; asociaciones de profesionales, y organismos empresariales.⁹ Cuando alguno de estos actores realiza cuestionamientos públicos sobre la eficacia de su gestión o de la honradez de alguno de sus colaboradores, López Obrador los ataca directamente diciendo que son sus enemigos u ofrece que se hará una indagación al respecto.¹⁰

La transparencia es una acción relacional, de ida y vuelta, que obliga al funcionario, primero, a permitir que se conozcan los datos de la información que se ofrece para que después el ciudadano pueda revisarlos y utilizarlos en su beneficio. Por ello, la transparencia es el primer eslabón de la rendición de cuentas del gobernante, pues para responsabilizarse de una acción hay que darla a conocer con datos concretos; y al responsabilizarse por algún eventual incumplimiento, el respectivo servidor público será objeto de sanción, con lo cual se cierra el circuito de la rendición de cuentas.

Un aspecto de la estrategia de comunicación política que debilita más el ejercicio de rendición de cuentas, es la incapacidad del presidente para dar respuestas concretas a los diagnósticos desarrollados por organismos autónomos, organizaciones de la sociedad o por instituciones internacionales sobre la situación del país. Por ejemplo, ante la presentación de un documento del coneval sobre el aumento de la pobreza en 10 millones de personas debido a la crisis económica derivada de la Covid19, López Obrador dijo que las proyecciones se basaban en los supuestos del pasado, pero no ofreció un análisis alternativo, basado en “supuestos del presente” que pudiera contrastarse con el estudio del Consejo.

Otro de los límites de esta forma particular de fijar la agenda pública cotidiana, es que esta estrategia de comunicación social no ha servido para alentar la deliberación pública y plural. Tampoco ha servido para sumar puntos de vista diversos para encontrar mejores soluciones a los problemas que nos aquejan y que se han ahondado en el contexto de la pandemia por la Covid19. En este caso, el gobierno ha sido muy criticado por elaborar una estrategia de contención de contagios con base en “sus propios datos”, pese a que los ex secretarios de Salud, Julio Frenk y José Narro, además de médicos, epidemiólogos y académicos, han hecho importantes observaciones con respecto a la forma en que se está enfrentando la pandemia en el país, López Obrador declaró a finales de mayo que ésta ya se había “domado” y anunció los protocolos para el regreso a una nueva normalidad en la que se irían liberando gradualmente las actividades productivas.¹¹

La presencia cotidiana de amlo ha sido un instrumento de polarización de la sociedad, porque el mensaje insiste en una visión maniquea de los problemas, respecto de los cuales no hay posiciones diversas, sino juicios en función de su alineación con la posición presidencial. Los “atajos” que el presidente utiliza para evadir sus responsabilidades de rendir cuentas a los mexicanos sobre su gobierno, es culpar a un estadio político anterior en el que imperaba la corrupción y la traición al pueblo de México.

En el ámbito político, los traidores son los conservadores, a los que ha mencionado 95 veces; en el terreno económico son los neoliberales, a los que a aludido 898 veces; además de estas etiquetas, el presidente hace menciones permanentes (294 veces) a sus adversarios. Su postura ha llegado a tal extremo, que en su conferencia de prensa del 6 de junio del 2020 dijo:

Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales… Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos a costa del sometimiento y del empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos. Es tiempo de definiciones.

Nota final

La transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas, se posicionaron en nuestro país hace dieciocho años como requisitos para la consolidación de la democracia. La legislación y las instituciones encargadas de supervisar estas tareas se fueron depurando para darles más acertividad, incidencia nacional y mayores atribuciones. Desde la primera alternancia, los presidentes han reconocido la obligación que la legislación les asigna en este sentido y en mayor o menor medida han cumplido con ella, además de que la han incorporado como parte de sus estrategias de comunicación gubernamental.

En el caso de López Obrador no sucede lo mismo, ya que si bien tiene mayor presencia mediática que sus antecesores y su voz cuenta con un gran amplificador, porque utiliza día a día un foro con amplia cobertura nacional, no lo hace para alentar la participación ciudadana, o para que se realice una mayor fiscalización del quehacer del gobierno y de los servidores públicos. Utiliza este foro para fijar la agenda de su proyecto político que ha denominado Cuarta Transformación y para descalificar y atacar a todo actor y toda práctica política que quede fuera de éste.

Lejos de cumplir con la función que las conferencias de prensa tienen en las democracias, que es -como se ha señalado- asumir un compromiso entre los políticos y los medios en la construcción de la información que se ofrecerá a la ciudadanía, lo que se observa es una intención de regresar al viejo esquema propagandístico propio de la etapa del partido hegemónico, en el que se consideraba que los medios estaban al servicio del poder y que su función era transmitir de manera acrítica el mensaje político del presidente y de su gobierno.

En contraparte a la transparencia, otro de los rasgos que aparecen en este esquema de comunicación es la censura, ya que en estas conferencias es el propio López Obrador quien descalifica a todo medio o periodista que pretenda obtener información que vaya más allá del mensaje que él quiere colocar en esos encuentros. Esto significa un retroceso en uno de los requisitos democráticos en los que México ya había avanzado un buen tramo: reconocer y respetar la pluralidad de intercambios comunicativos que suceden en el espacio público y la existencia de un periodismo que puede dar cuenta de ellos con libertad e independencia del poder político.

Como un punto a favor, esta personalización mediática del poder ha dado a López Obrador un elevado índice de aceptación, que si bien disminuyó 15 por ciento de enero a junio del 2020, sigue siendo del 56 por ciento. En cuanto a la manera en que se califica su honestidad, pasó de 58 a 54 por ciento y su liderazgo de 57 a 47 por ciento. Esto, pese a la disminución que se observa en las cifras, muestra que la ciudadanía aún sigue dispuesta a otorgarle un voto de confianza al personaje político.¹²

Como puntos en contra, la evaluación de la gestión de gobierno no es tan alentadora: la percepción sobre su capacidad para dar resultados cayó de 51 a 33 por ciento. En el manejo de la salud, las opiniones positivas y las negativas tienen el mismo porcentaje de 40 por ciento; la percepción del mal manejo de la seguridad pública subió de 57 a 63 por ciento. Llaman la atención las calificaciones sobre dos de los temas en los que el presidente ha situado su discurso: combate a la corrupción y disminución de la pobreza. En el primer caso, de enero a junio, la recepción negativa pasó de 44 a 50 por ciento; y en el segundo, de 42 a 60 por ciento. El dato que más llama la atención es el relacionado con la economía, en donde la calificación muy mal/mal pasó de 33 a 65 por ciento. Al revisar estos datos no queda más que preguntarse si estas calificaciones serían distintas si amlo hubiera optado por convocar a los distintos actores de la sociedad y de la política en la búsqueda de soluciones conjuntas, en lugar de elegir el discurso de la confrontación. Otra pregunta que cabe hacerse es si realmente está siendo eficaz la estrategia de comunicación social centrada en la arenga diaria de López Obrador en términos de persuasión y de confianza política.

El presidente se ha mostrado reticente ante cualquier contrapeso a su poder, sobre todo ante las instituciones autónomas que son emblemáticas para la democracia, bajo el argumento de que cuestan muy caras y de que, en su momento, se mostraron incapaces de frenar el fraude electoral, la corrupción, los abusos en el despilfarro y el robo del erario público y para defender los derechos del pueblo. No sólo esto, ha aprovechado su foro cotidiano para desprestigiar a estas instituciones de Estado por el sólo hecho de que tienen autonomía constitucional o legal; es decir, por no ser parte de las dependencias y entidades que están subordinadas al poder presidencial.

Su estrategia va más allá de la retórica, la intención es debilitarlas para que asuma él todo el control político. Hasta ahora ha probado dos maneras de erosionar instituciones que son indispensables para nuestra gobernanza democrática como el inai, que es el organismo garante de la transparencia de todos los entes públicos federales y, en última instancia, de todos los sujetos obligados por la apertura informativa del país:

Queremos cerrar este ensayo insistiendo en que toda democracia requiere de la existencia de pesos y contrapesos: entre los poderes del Estado, entre éstos y las instituciones autónomas que supervisan sus acciones, entre todas las agencias de servicio público y la sociedad y entre los individuos con distintas formas de concebir todo lo que sucede en el espacio de lo público. La historia ha demostrado que sin estos pesos y contrapesos, la tentación autoritaria puede ser muy fuerte