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En 2010 se descubrieron los cadáveres de 72 ciudadanos extranjeros en San Fernando, Tamaulipas. El único sobreviviente de la masacre declaró que fueron secuestrados y torturados. Les pidieron dinero para dejarlos libres, pero no tenían con qué pagar, y por eso los asesinaron por la espalda.2 A partir de ese evento, el tema ha ido adquiriendo gradualmente cierta relevancia en medios de comunicación. También ha inspirado la escritura de novelas3 que describen gráficamente la atroz situación de algunos extranjeros en el país y reportajes periodísticos que narran una realidad que supera los límites de la imaginación: "embarazadas golpeadas hasta abortar; hombres forzados a pelear con mazos entre sí hasta la muerte; bebés que al nacer son separados de sus padres".4
Difícilmente podría decirse que la masacre de San Fernando tomó por sorpresa a las diferentes audiencias interesadas en el tema. Un año antes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había presentado ante la opinión pública un informe en el que documentaba que en seis meses en México habían sido secuestrados más de 9 000 migrantes indocumentados que estaban sólo de paso por el país rumbo a Estados Unidos.5 También desde 2009 los albergues que atienden a migrantes habían denunciado los graves abusos que éstos sufren.6 Desde entonces, periodistas, activistas y organismos nacionales y transnacionales de derechos humanos han evidenciado que su situación ha variado más bien poco.7 Para Jorge A. Bustamante, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, simplemente "no hay otro país en el mundo donde ocurran más muertes de migrantes internacionales" que en México.8 Entre 2010 y 2012, Bustamante contabilizó 1 500 cadáveres de migrantes centroamericanos en fosas comunes en el país.9 De ahí que algunos observadores hayan descrito la situación de la migración internacional indocumentada en México como un "holocausto", una "tragedia humanitaria", una "crisis de derechos humanos".10
No obstante lo anterior, la migración internacional irregular en tránsito por México es un problema relativamente ignorado por la academia. Llama particularmente la atención su ausencia en la bibliografía que se produce en el área de las relaciones internacionales, pese a que este es un tema que incumbe directamente a esta disciplina. Por ejemplo, Foro Internacional, la revista arbitrada más relevante en esta área del conocimiento en México, sólo ha publicado dos artículos académicos sobre esto, ambos en 2013.11 Desde 2010 hasta el día de hoy, la revista Migraciones Internacionales ha publicado sólo un artículo al respecto.12
Más allá de la cantidad de publicaciones o del tipo de éstas, es importante conocer cómo se ha tratado de explicar la llamada "tragedia humanitaria" que viven actualmente los migrantes internacionales en México. Al revisar un número significativo de documentos publicados en los últimos cuatro años sobre este tema, es visible que existe cierto consenso entre los autores acerca de la causa principal que supuestamente explica la lamentable situación de la migración internacional indocumentada: la "securitización" de la política migratoria del Estado mexicano.13 Para la mayoría de los autores de los textos aquí consultados, la securitización de la migración es una política migratoria impuesta por Estados Unidos a México a partir de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001. Esta política, argumentan los autores, se funda en la creencia de que la migración internacional indocumentada es una amenaza para la seguridad nacional, por lo que el Estado mexicano ha desplegado prácticas y leyes específicas para detenerla.
Estudios sobre la securitización de la migración -es decir, sobre cómo la migración internacional es vista como un asunto de seguridad por representar una amenaza- surgieron desde hace más de veinte años, y desde entonces influyen en la disciplina de las relaciones internacionales.14 Estos estudios han sido de utilidad para entender el proceso según el cual países como Francia o Estados Unidos han adoptado políticas y prácticas migratorias más restrictivas con el fin de detener la migración. Sin embargo, según lo han demostrado estos mismos estudios, el proceso de securitización de la migración en estos países no ha traído consigo una crisis de derechos humanos.15 Si México es el país donde ocurren más muertes de migrantes internacionales en el mundo, la explicación inspirada en la teoría de la securitización pareciera ser insuficiente. Si esto es así, ¿cuáles son entonces las causas detrás de la lamentable situación de los migrantes indocumentados en tránsito por el país? ¿Cuáles son los factores que ocasionan las atrocidades perpetradas en su contra? ¿Qué elementos favorecen las graves violaciones de sus derechos humanos?
Responder a estas preguntas supone una investigación de muy largo aliento, lo cual está fuera del alcance de este artículo. Además, antes de tratar de dar una nueva respuesta a estas interrogantes, es pertinente detenerse a analizar la explicación que ya existe: la securitización. De ahí que este artículo busque responder a dos preguntas. Primero, ¿cómo explica la realidad de la migración internacional en México el copioso número de autores que lo hacen a través del concepto de la securitización? Segundo, ¿qué evidencia tienen para demostrar lo que dicen que explican?
Es decir, el objetivo central de este artículo es explorar las explicaciones enmarcadas por teorías de securitización, su utilidad para entender lo que ocurre con la migración internacional en México y su validez con base en la evidencia empírica que ofrecen para sustentar lo que afirman. Para hacerlo, el artículo está dividido en cuatro partes. En la primera parte se describe brevemente los supuestos básicos de la teoría de la securitización. En la segunda se analiza críticamente un número importante de estudios que tratan de explicar la situación de la migración internacional en México con base en la securitización. En la tercera parte se analiza la evidencia utilizada por los estudios que hablan de la securitización de la migración en México. Después viene otra sección en la que se plantean algunas de las debilidades de estos estudios. Al final se ofrece una conclusión.
Breves anotaciones conceptuales y metodológicas
Algunas aclaraciones conceptuales y metodológicas son necesarias antes de continuar. A lo largo del artículo usaré de manera indistinta la categoría de activistas y expertos porque es fácil encontrar que los académicos expertos en el tema migratorio colaboran frecuentemente con activistas y organizaciones de la sociedad civil o de plano forman parte de ellas. Lo mismo ocurre en sentido inverso: investigaciones académicas son coordinadas, editadas y publicadas por activistas que colaboran en centros de investigación y universidades. En algunos casos, estos activistas y expertos participan además como funcionarios del Estado. En este sentido, como afirma Nicholas Guilhot, estos actores son "agentes dobles", que sirven igual en el campo del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.16 La división tradicional entre actores del Estado y actores de la sociedad civil, tan utilizada en la disciplina de las relaciones internacionales, pareciera ser cada vez menos útil u operativa.
Ahora unas palabras sobre el método que sigue este artículo. Esta investigación está inspirada en el método genealógico de Michel Foucault.17 Un marco de interpretación que busca perturbar la estabilidad de explicaciones que se consideran inamovibles, que intenta fragmentar interpretaciones aparentemente sólidas y unificadas, que muestra la heterogeneidad y contingencia de eventos e ideas en apariencia homogéneos y consistentes.18 Así, a diferencia de todos los documentos aquí consultados, este artículo no toma a la securitización como algo obvio o evidente. Por ello, lejos de repetir los lugares comunes de activistas y expertos, este artículo busca desmitificar el poderoso argumento que habla de la securitización de la migración en México, el cual parece explicar fácilmente lo que ocurre con los ciudadanos extranjeros indocumentados. Mi propósito es retar a aquellos expertos y activistas que repiten devotamente que todo lo que ocurre con relación a la migración está condicionado por la securitización. Hacerlo no es algo menor. Este artículo pretende nada menos que desmantelar la interpretación que en los últimos diez años ha dominado los análisis sobre la migración internacional en México.
Para seleccionar los textos que aquí analizo seguí el método utilizado por Bruno Latour en su estudio sobre la pasteurización de Francia, el "método para constituir nuestro mundo".19 Para Latour, este método "no requiere que decidamos de antemano una lista de actores o posibles acciones. Si abrimos la literatura de la época, encontraremos historias que definen para nosotros quiénes son los actores principales, lo que les ocurre, las tribulaciones que sufren", así como lo "que quieren", sus definiciones y explicaciones sobre el mundo que les rodea.20 Este método demostró ser muy útil para este artículo. Basta con abrir cualquier documento de algún experto o activista para que éste guíe al lector sobre aquellos textos y actores que tienen el monopolio del discurso, de las explicaciones, sobre lo que ocurre con la migración en tránsito por el país. Para evitar cualquier sesgo, como se puede ver en las notas al pie y en la bibliografía, aquí se cita un abultado número de documentos publicados por diversas organizaciones y expertos, entre quienes se encuentra lo más granado de la "migrantología" mexicana.
Una anotación sobre la temporalidad de este trabajo. Aquí se analizan los textos publicados por activistas y expertos hasta antes de diciembre de 2012. Los cambios producidos en la gestión migratoria a partir de entonces no forman parte de este artículo.
Finalmente, es importante aclarar que este artículo no busca demeritar ni deslegitimar el trabajo de activistas y defensores de migrantes. Al contrario, el propósito es contribuir a su esfuerzo. Al mirar críticamente lo que se ha dicho sobre la securitización de la migración en México, este ensayo busca aportar elementos que ayuden a entender las causas que contribuyen a la situación actual de la migración en tránsito por el país. Si la securitización es insuficiente, entonces habrá que buscar otras respuestas, estrategias alternativas para hacer frente a la crisis de derechos humanos de los migrantes indocumentados.
La práctica y el estudio de la securitización de la migración internacional
En 1995, Ole Waever acuñó el término securitización (securitization) como una reacción a los estudios tradicionales sobre seguridad, a las teorías realistas y neorrealistas de la disciplina de las relaciones internacionales, que restringían el concepto de "amenazas" solamente a peligros de tipo militar, generalmente entre Estados.21 Para Waever, y otros como Barry Buzan, no era suficiente con analizar una amenaza, militar por ejemplo, aparentemente objetiva. Para estos autores lo importante era el estudio de: a) el proceso a través del cual ciertos actores, como la prensa o el Poder Ejecutivo, presentan ante el público la existencia de supuestas amenazas (militares o no militares) como un pretexto para desplegar ciertas medidas de emergencia; y b) los resultados de dicho proceso: por ejemplo, un incremento en el número de policías, mayores recursos, más armamento.22 Con relación al tema migratorio, estos autores exploraron cómo en algunos países la migración internacional de manera colectiva, con o sin documentos, pasó de ser un tema de política ordinaria a un asunto de seguridad, que exigía mayor atención pública y que legitimaba políticas públicas urgentes.23
La importancia de este enfoque teórico es que permitió entender que la securitización de la migración internacional es un proceso en el cual intervienen múltiples actores -ministros, religiosos, periodistas, académicos, expertos- que buscan convencer al público de que la migración es una amenaza latente para la seguridad. Y, una vez que la migración llega a ser vista como un peligro por el público, estos mismos actores pueden entonces diseñar y disponer justificadamente de acciones, leyes, reglas ad hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de emergencia para acabar, evitar, detener, contener o controlar a dicho peligro, incluso si estas disposiciones violan la ley, la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos o si van en contra del sentido común.
Este marco interpretativo de la securitización cobró mayor importancia a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Lo que pasó ese día sirvió -y sirve- como pretexto a algunos Estados -en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo- para endurecer sus políticas frente a la migración internacional, la cual es representada como un riesgo inminente para la seguridad pública y, sobre todo, para la seguridad nacional.
Es importante resaltar que los eventos del 9/11 han sido sólo una excusa para el cambio en las políticas de algunos países sobre la migración internacional. Esto es, el vínculo entre migración y seguridad nacional sólo fue asociado al 11 de septiembre en algunos países, pero no en otros. En Francia, por ejemplo, como lo ha demostrado Philippe Bourbeau, el 9/11 tuvo un impacto muy limitado. La política migratoria es bastante restrictiva, pero los atentados terroristas tuvieron muy poco que ver con ello: es decir, no hubo cambios significativos en leyes, los agentes estatales, como es el caso de los ministros franceses, casi no hablaron del asunto y los principales periódicos rara vez establecieron el vínculo entre asuntos migratorios con los ataques del 9/11.24 Dicho de otro modo, el Estado francés ha tenido tradicionalmente una política migratoria restrictiva, pero esto ha sido así desde antes de los atentados terroristas en Nueva York.
En contraste, un ejemplo de cómo el 11 de septiembre ha sido manipulado para "securitizar" las políticas sobre migración internacional es Estados Unidos. Adam Isacson y Maureen Meyer han demostrado que en Estados Unidos, a partir de 2001, ha habido un esfuerzo explícito por vincular el tema migratorio con ideas sobre amenazas a la seguridad nacional. De acuerdo con estos autores, esto es algo que se afirma repetidamente en discursos y documentos oficiales como el National Border Patrol Strategy de 2004 o en la disusión del Congreso en el contexto de la Homeland Security Act en 2002.25 Desde esta lógica, "cualquier ingreso ilegal podría ser un terrorista".26
Esta retórica, señalan estos autores, ha tenido consecuencias concretas por medio de la creación de nuevas instituciones y normas especiales; por efecto de un incremento constante en el presupuesto y del número de agentes desplegado para controlar la migración internacional. Evidencia de esto, según Isacson y Meyer, es la creación en 2002 del Homeland Security Department, que agrupa a distintas agencias vinculadas a la seguridad fronteriza; el inicio en 2005 del Secure Border Initiative para reforzar la seguridad de la frontera. Entre 1992 y 2011, advierten, el número de agentes de la Border Patrol en la frontera sudoeste se quintuplicó. Y el presupuesto total de la Border Patrol se incrementó 102% desde 2005.27
Otro ejemplo es Canadá, donde el 9/11 sí tuvo efectos visibles en la securitización de la política migratoria. Para Bourbeau, es a partir de entonces que en Canadá se endurecieron las políticas de asilo; el primer ministro Jean Chrétien y los ministros de asuntos exteriores no dudaron en vincular la migración con el terrorismo, la seguridad nacional y controles fronterizos; y los principales periódicos, como La Presse y The Globe and Mail, transformaron sustantivamente su postura sobre la migración y la seguridad.28
En suma, este es un recuento muy breve sobre la emergencia de la teoría de la securitización, sobre sus argumentos básicos y acerca de su uso para explicar con mayor o menor éxito lo que ocurre en la práctica en el ámbito de la migración internacional. No busco aquí profundizar en esta teoría ni en sus debilidades, insuficiencias o contradicciones. Lo que aquí interesa es entender de dónde vienen las ideas y conceptos teóricos que utilizan ampliamente y de manera compartida activistas y expertos cuando tratan de explicar lo que ocurre en México con la migración internacional. ¿Puede decirse que el concepto de securitización usado para ilustrar lo que ocurre en países como Canadá o Estados Unidos es útil para explicar la "tragedia humanitaria" de los migrantes que cruzan por México? ¿Cómo han demostrado que la política migratoria en México está securitizada, quienes así lo afirman? De esto me ocupo en las siguientes dos secciones de este artículo.
La respuesta que lo explica todo: la "securitización"
Para entender cómo activistas, organizaciones no gubernamentales y algunos académicos interpretan lo que ocurre con los migrantes en México, el punto de partida es explorar lo que dicen sus publicaciones. Al revisar un número significativo de textos al respecto, es fácil encontrar que la mayoría de ellos coinciden en su diagnóstico: la lamentable situación de los migrantes en el país es resultado de lo que llaman "securitización".29 Al avanzar en el análisis de estos textos, es evidente que este concepto ha servido para explicar casi todo: el abandono de una ley (o la creación de otra); el incremento en el número de "operativos" para realizar "revisiones migratorias", pero la disminución de migrantes "retenidos" y "devueltos"; nuevas disposiciones sobre migración ideadas desde el gobierno federal, así como su implementación (y manipulación) en el ámbito local; la participación del crimen organizado en el campo de la migración; políticas migratorias que ocurrieron hace veinte, diez o tres años, y cambios en normas y prácticas migratorias que quizá lleguen a ocurrir en el futuro.
Pero, ¿y qué es la securitización? Ese es un primer obstáculo que debe enfrentar quien escudriñe la opinión de activistas y expertos sobre la migración internacional. De este concepto se habla como si fuera algo obvio, como de un concepto que no necesita explicarse o definirse, y menos demostrarse. Aún así, con base en los textos consultados, el concepto aglutina tres ideas centrales. Primero, que el Estado mexicano trata a la migración indocumentada como un tema estrictamente de seguridad nacional y que para ello ha desplegado políticas específicas. Segundo, que esta es una política que comenzó después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y que fue "impuesta" a México. Tercero, que ello -y sólo ello- explica el incremento en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Puede ilustrarse lo anterior con cuatro ejemplos. En la introducción que escribió para un texto publicado por una organización no gubernamental, Manuel Ángel Castillo, de El Colegio de México, explica la securitización de la siguiente manera: "los incidentes de septiembre 2001 en territorio estadunidense provocaron" la promoción de "iniciativas tendientes a enfrentar [...] amenazas [a la] seguridad nacional". Esto afectó la "manera de enfrentar la dinámica migratoria", no solamente en Estados Unidos, sino también en su "área inmediata de influencia", es decir, en México.30
En Seguridad para el migrante: una agenda por construir, los autores plantean que "la política de Estados Unidos fomenta la percepción de que las personas migrantes son una amenaza para la seguridad nacional". La "imposición" de esta visión sobre la migración en países como México, afirman, provoca que los migrantes indocumentados sean un tema dentro de "la agenda al combate al terrorismo".31 Y esto, concluyen, es una de las "causas centrales por las cuales se vive actualmente una situación de crisis humanitaria en el tema migratorio".32
De forma similar se aborda el tema en el libro Migración y seguridad: nuevo desafío en México: "a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la migración ha ocupado un lugar cada vez más relevante en las políticas de seguridad, bajo el argumento de prevenir la entrada de posibles terroristas. Este proceso de securitización de la migración [...] ha influido en otros países, como es el caso de México".33 Finalmente, según el documento Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las estaciones migratorias de México, el "modelo represivo" de control migratorio ha sido promovido por Estados Unidos "fuertemente durante los últimos años". 34 Por ello la política migratoria mexicana, observan los autores, "ha tenido como motor fundamental el interés de velar por la seguridad del Estado mexicano, ante el peligro -infundado- que representan las personas extranjeras".35
Hasta aquí llega el aparente consenso entre expertos y activistas que tratan de explicar la situación de la migración en tránsito por México con base en la securitización. La interpretación y uso de este concepto, sin embargo, cambia de un texto a otro cuando los autores tratan de profundizar en sus análisis. Así, al ahondar en los argumentos de los textos consultados sobre securitización de la migración en México, aparece una serie de contradicciones de las que resalto tres que, en mi opinión, son fundamentales.
La securitización es y será siempre
La primera transformación que sufre el concepto tiene que ver con su origen temporal. La securitización como discurso y práctica migratoria, dicen activistas y expertos, surgió a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (9/11). Sin embargo, cuando profundizan en el análisis de la situación de los migrantes en México, estos mismos activistas hablan de la securitización como un fenómeno intemporal que explica las políticas migratorias en la década de 1990 (veinte años antes del 11 de septiembre de 2001) o aquellas prácticas migratorias desplegadas a partir de 2011 (una década después de los atentados terroristas de 2001).
Por ejemplo, la securitización sirve supuestamente para explicar fácilmente lo que ha ocurrido en México "durante los últimos dos decenios" (es decir, desde los años noventa);36 "en la época actual y particularmente desde septiembre de 2001".37 Otros, siguiendo la idea de que la securitización empezó después de los atentados terroristas de septiembre de 2001, señalan que un ejemplo crucial de la securitización es el "Plan Sur", que el gobierno mexicano implementó en 2001 con "un enfoque policial e inquisitorio" y que "orientó la política de migración a aumentar la capacidad de vigilancia, control, inspección y contención de los flujos migratorios".38 El problema es que el Plan Sur, según advierten otros expertos, empezó en julio de 2001, es decir, dos meses antes de los atentados del 11 de septiembre.39
Para otros, la securitización puede explicar cualquier ley o práctica migratoria que haya tenido lugar en México en los últimos diez años: en 2002, por el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza;40 en 2005, por la incorporación del Instituto Nacional de Migración en el Consejo de Seguridad;41 en 2007, porque se menciona el tema migratorio en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en la sección relativa a la seguridad nacional;42 en 2009, porque el Programa para la Seguridad Nacional menciona dos veces a los flujos migratorios indocumentados en la parte relativa a vulnerabilidad de las fronteras; en 2010, porque se delega "formalmente" la capacidad de realizar operativos migratorios a los delegados regionales del INM; o en 2011, por la entrada en vigor de la Ley de Migración que menciona el tema de seguridad nacional.
La securitización es el origen de todo
La segunda transformación que sufre el concepto de securitización al ser usado por expertos y activistas para explicar el caso mexicano es el de sus supuestos efectos en la política y en la práctica migratoria. Originalmente, la idea de securitización supone un discurso basado en la definición de los migrantes como una amenaza prominente para la seguridad nacional. Esto implica el despliegue de normas, leyes, reglas, instituciones, autoridades y prácticas migratorias para controlar a este peligro potencial para la seguridad. Por ejemplo, la securitización sirve a los expertos para interpretar -hoy- normas, leyes y prácticas que actualmente limitan los derechos humanos de los transmigrantes, no obstante que dichas disposiciones han existido en el país al menos desde 1974 o incluso desde 1930. Para algunos autores es sólo debido a la securitización que podemos entender "la vigencia de normas y prácticas de control y verificación migratorio que restringen los derechos humanos de las personas migrantes".43 Sin embargo, ¿cómo explicar que exactamente las mismas disposiciones funcionaban en el país desde antes del 11 de septiembre de 2001?; por ejemplo, la facultad de las autoridades para detener a personas migrantes que no pueden acreditar su estancia legal en el país o para impulsar centros donde se priva de la libertad a migrantes.44
La securitización ha sido útil para hablar del despliegue de prácticas que incluso van en sentido opuesto. Por ejemplo, sirve para abordar, al mismo tiempo, las consecuencias del exceso y de la ausencia de control fronterizo, dependiendo de qué experto considere que hay exceso o ausencia de control en la frontera. Los autores que creen que el gobierno ha sido ineficaz en el control de la frontera opinan que ello ha forzado a las autoridades a incrementar el número de controles migratorios dentro del país, distintos al punto de entrada de migrante. Y "entre mayores controles [migratorios], mayores los riesgos que enfrentan las personas a lo largo de todo el circuito migratorio, porque las personas migrantes tienen que recurrir a las redes de tráfico que son controladas hoy en día por redes de delincuencia organizada".45 En contraste, quienes piensan que ha habido un mayor control fronterizo consideran que esto ha "implicado un descuido en el control efectivo de las rutas de tránsito".46 Y este descuido en las rutas de tránsito, a su vez, ha traído mayores abusos contra los migrantes pues no hay autoridades que los protejan de la delincuencia organizada.47 ¿Cómo puede la securitización servir para apoyar explicaciones que son opuestas?
La securitización fue impuesta por Estados Unidos, aunque en realidad no importa
La última distorsión del concepto tiene que ver con su origen. El consenso entre expertos y activistas es que la securitización fue impuesta a México por Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. Esta es una explicación creíble, pero difícilmente demostrable. "No se sabe a ciencia cierta si existieron presiones o exigencias abiertas desde Estados Unidos para ejercer un mayor control de las autoridades mexicanas en la frontera sur", afirma Natalia Armijo.48 Así lo admiten también Manuel Ángel Castillo y Mónica Toussaint: "es difícil probar la influencia de la política estadounidense de seguridad nacional en el incremento de los mecanismos de control migratorio en la frontera sur de México".49 Estos autores reconocen que lo realmente importante es que a "partir de septiembre de 2001 hubo cambios significativos que tuvieron implicaciones sobre [las] políticas y medidas [migratorias]". De igual modo, para Adam Isacson "México ha incrementado sus esfuerzos de securitización a lo largo de su frontera con Estados Unidos". Sin embargo, advierte Isacson, "claramente" estos esfuerzos de securitización han sido llevados a cabo por México, "ya sea alentado por Estados Unidos o no".50 Así, la ironía es que los autores que afirman que la securitización es algo "impuesto" a México desde Estados Unidos son exactamente los mismos que luego advierten que esto no puede demostrarse o que en realidad no importa.
En suma, al revisar un número significativo de textos que hablan de la situación de la migración internacional en México es visible que "la securitización" es un concepto ampliamente evocado y compartido por activistas y expertos. Sin embargo, la mayoría de los textos carece de una definición contundente sobre lo que es la securitización. Aun así, con variaciones y matices, la mayoría de los textos coincide en tres elementos básicos: que el Estado mexicano considera a la migración internacional estrictamente como un problema de seguridad nacional y que actúa en consecuencia según normas y políticas públicas; que es una visión impuesta desde Estados Unidos que empezó a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001; y que esto explica la "tragedia humanitaria" de los migrantes en tránsito por México. Sin embargo, al usar este concepto en sus análisis, los autores terminan de hecho ignorando estos tres factores. Estos textos producen la sensación de que la securitización se ha convertido más que una explicación en un "dogma de fe": una idea que se asoma con frecuencia en la retórica de los activistas, que es fácilmente creíble, que aparenta explicar con cierta sencillez lo que ocurre (y lo que no ocurre) con la migración indocumentada en México, pero que casi nadie sabe en realidad qué es.
El control de la migración en México: la evidencia disponible
Para poder hablar de securitización en México, la evidencia presentada por activistas y expertos debiera permitirnos encontrar en el discurso y la práctica del gobierno tres elementos. Primero, la noción de que la migración representa una amenaza existencial para la seguridad del Estado y la sociedad. Segundo, la preeminencia dada en discursos y leyes a la migración como una amenaza a la seguridad. Tercero, los efectos políticos e institucionales de estas ideas, que debieran haber traído cambios sustantivos en la praxis: por ejemplo, mayor presupuesto, más agentes migratorios.51 Para saber si estos elementos están presentes en el caso mexicano, tomaré los ejemplos y la evidencia que normalmente usan los propios activistas y expertos cuando argumentan que la migración en México ha sido securitizada.
¿Securitización en el discurso oficial?
En su libro Securitization of Migration, Bourbeau estudió el proceso de securitización de la política migratoria en Francia y Canadá entre 1989 y 2005.52 Para explorar cómo la migración ha sido securitizada en el "discurso" de los gobiernos de estos países, Bourbeau analizó lo que los principales agentes estatales dijeron sobre este asunto (por ejemplo, el primer ministro o el encargado de asuntos migratorios). En total, Bourbeau evaluó de manera cualitativa y cuantitativa cerca de 3 500 discursos y al menos 70 documentos oficiales de partidos políticos. Luego recolectó decenas de frases como éstas: "la delincuencia ha tomado nuevas formas que no pueden ignorarse [...] debe lidiarse con la migración clandestina otorgándole a la policía una capacidad más fuerte para actuar [...] Si cerramos los ojos [...] no podremos luchar contra esta plaga [la inmigración], que es la gangrena de la vida cotidiana de los franceses [...] Para reducir la inseguridad de forma permanente, debemos atacar el problema de raíz. Ese es el camino que he elegido para combatir contra [...] la inmigración irregular".53 Sólo con un número significativo de frases similares, Bourbeau consideró que era posible hablar de securitización en el discurso oficial.
En México, activistas y expertos afirman que la migración está securitizada. Sin embargo, no ofrecen ejemplos de cómo ocurre esto en la retórica gubernamental. En los textos consultados para este artículo no fue posible encontrar ejemplos de discursos o al menos frases clave pronunciadas durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012), Vicente Fox (2000-2006) o Ernesto Zedillo (1994-2000) las cuales vincularan explícitamente la migración en tránsito con la seguridad, o que representaran a los migrantes como una amenaza para México.
Esto permite inferir que la supuesta securitización de la migración internacional en México no está presente, al menos, en el discurso oficial. Ni los presidentes ni sus secretarios, por ejemplo, están hablando de los migrantes en tránsito como un peligro para la seguridad del país. Al menos no hasta antes de 2012.
¿Securitización en disposiciones legales?
Un ejemplo frecuentemente citado por las organizaciones no gubernamentales que buscan demostrar que la migración ha sido securitizada en las normas y leyes mexicanas es el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Se considera así porque se "fundió la migración y la seguridad nacional", según afirman los activistas.54
Efectivamente, la sección sobre "seguridad nacional" del PND 2007-2012 menciona el tema migratorio: "una condición fundamental en la política de seguridad nacional consiste en garantizar el orden y legalidad de los flujos migratorios, comerciales o de cualquier tipo, en los más de 4 300 kilómetros que abarcan nuestras fronteras".55 Es esta la única vez que de manera explícita se vincula el tema de la migración con la seguridad nacional. Pero es eso lo que, en principio, busca cualquier Estado. Como cualquier otro país soberano, México ha tratado de controlar el flujo migratorio, el comercio y las fronteras desde su independencia y no por ello se hablaba de securitización o de políticas impuestas por Estados Unidos a raíz del 9/11.
La sección sobre seguridad nacional del PND 2007-2012 habla también del control fronterizo y vuelve a mencionar a los migrantes. Sin embargo, al hacerlo no se refiere a ellos como una amenaza, ni los representa como actores indeseables o peligrosos. Al contrario, habla de "salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los migrantes".56 Afirma que "las estrategias de seguridad fronteriza se deben enfocar a la protección de los migrantes", por estar expuestos a "grupos de contrabandistas y traficantes de personas y de drogas". ¿No es la protección de los migrantes una demanda de ciertos grupos de la sociedad civil?57
Pero hay otra sección del PND 2007-2012 que mencionaba el tema migratorio: "Democracia efectiva y política exterior responsable".58 Ahí se afirmaba que el gobierno buscaba la "protección a ciudadanos latinoamericanos que ingresan al país, muchas veces de manera indocumentada y en condiciones lamentables de seguridad".59 Incluso proponía "construir una nueva cultura de la migración" que promoviera "la corresponsabilidad entre los países que comparten con México flujos migratorios para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social en las zonas más atrasadas, y garantizar al mismo tiempo la protección de los derechos de los migrantes [...]".60 ¿Es esto securitización? ¿No es una demanda de las organizaciones no gubernamentales que exista una nueva agenda migratoria que "considere la relación entre migración y desarrollo"?61
Ni la Constitución mexicana ni la Ley de Seguridad Nacional presentan un vínculo entre migración y seguridad. De ahí que otro ejemplo que citan los textos aquí consultados para tratar de demostrar la securitización de la migración está en una norma muy secundaria: el Acuerdo por el que se reconoce al Instituto Nacional de Migración como Instancia de Seguridad Nacional.62 Empero, si bien es un ejemplo que se evoca con frecuencia son raros los autores que analizan las razones por las que esta disposición contribuye a la securitización.
La primera pregunta que debiera plantearse es cómo se justificó el reconocimiento formal del INM como una de las múltiples instancias de seguridad nacional. El decreto presidencial que da pie a esta disposición sostiene que las leyes que enmarcan al INM han estado siempre relacionadas con la seguridad del país.63 El INM puede, por ejemplo, restringir la emigración de mexicanos cuando "el interés nacional así lo exija"; vigilar la entrada y salida de mexicanos (y extranjeros), y revisar la documentación de los mismos. ¿Son estas atribuciones impuestas por Estados Unidos al gobierno mexicano después del 9/11? ¿Fueron diseñadas con el objetivo de controlar a los migrantes centroamericanos quienes son representados como una amenaza para la seguridad? En realidad, éstas son disposiciones que el INM tiene desde su creación; atribuciones que en distintas modalidades han estado siempre en la legislación mexicana.64 Además, estas medidas afectan por igual a mexicanos y no mexicanos.
La segunda pregunta que surge ante el reconocimiento del INM como agencia de seguridad tiene que ver con las implicaciones concretas de esta medida. De acuerdo al decreto presidencial, las "bases de datos y sistemas de información [del INM] que resulten pertinentes deberán integrar la Red Nacional de Información prevista en la Ley de Seguridad Nacional".65 Pero, ¿qué se entiende por "pertinente"? Por ejemplo, "actos" que "tiendan" a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria; tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; o actos "tendientes" a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación [...]; y en contra de la seguridad de la aviación.66 Es decir, el efecto inmediato de esta disposición es que ahora el INM está obligado a proporcionar información al CISEN, por ejemplo, sobre los temas "pertinentes" enlistados arriba. ¿Afecta esto realmente al flujo de migrantes indocumentados?
Un último ejemplo es la Ley de Migración de 2011. Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se considera una prueba clara de la securitización, la Ley de Migración de 2011 divide opiniones entre expertos y activistas. Para algunos esta ley representa de cierto modo un avance pues va en el sentido de la descriminalización;67 según otros, es un retroceso, pues ofrece un marco jurídico que criminaliza a los migrantes, lo cual es consecuencia de la securitización.68 Es en estos últimos en quienes se enfoca la siguiente sección.
Efectivamente, esta ley menciona en su artículo primero que busca la "preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales", aunque nunca establece cómo va a contribuir a ello ni qué se entiende por seguridad. Además, la ley afirma que busca el "respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos" de los migrantes.69 Esta aparente indefinición o imprecisión en los conceptos de la ley migratoria no es exclusiva de esta ley ni de México, ni se explican por una imposición estadounidense ni por los atentados del 9/11. La vaguedad de las normas permite la maleabilidad de sus conceptos y los hace muy útiles para usos políticos específicos.70 Las ambigüedades de la ley migratoria, como las de cualquier otra disposición legal en México, afectan a los mexicanos y a los extranjeros.
De cualquier manera, la relación entre seguridad y migración en esta ley migratoria no es algo nuevo. Como correctamente señala José A. Guevara, este vínculo ha estado presente en los ordenamientos legales en México desde el principio del siglo xix. Es decir, la ley de 2011 sólo consolida las visiones sobre la migración y la seguridad que ya existían en legislaciones previas: por ejemplo, en la Ley sobre las facultades del Gobierno por lo relativo a expulsión de extranjeros no naturalizados, de 1832, en la Ley de extranjería y naturalización, de 1886, en la Ley de Inmigración de 1909, en la Ley de Migración de 1930 o en la Ley General de Población, de 1974.71
La meticulosa revisión que hace José A. Guevara de las normas migratorias mexicanas revela entonces que el problema no es la securitización, que el vínculo entre seguridad y migración siempre ha existido en México, y que, por tanto, no ha sido impuesto por Estados Unidos. El estudio de Guevara evidencia que el problema, acaso más perturbador, es la xenofobia y el racismo, que son los pilares que históricamente han enmarcado el vínculo entre migración internacional y seguridad en el país.72 Es posible entonces que, como ingeniosamente advierte Maggie Ibrahim, la securitización es simplemente la más moderna y reciente forma que ha adquirido el racismo.73 El estudio histórico de Guevara sobre el caso de México parce apoyarla.
¿Securitización en la práctica?
Para algunos activistas, la detención administrativa de migrantes que no pueden probar su estancia legal en México demuestra que la migración está securitizada.74 La Ley de Migración de 2011 contempla, por ejemplo, la "presentación": el singular término empleado en la ley para indicar que un migrante puede ser detenido por no más de 36 horas. También establece el "alojamiento":75 el peculiar concepto usado para referirse a la detención de migrantes entre 15 y 60 días en "estaciones migratorias", que a su vez es el nombre que reciben los centros donde los migrantes se encuentran detenidos.76
Sin embargo, estas disposiciones no empezaron en 2001 después de los atentados terroristas del 9/11, ni se justificaron ante el público argumentando que los migrantes son una amenaza para la seguridad nacional. Estas medidas existían al menos desde 1974, pues así lo establecía la Ley General de Población. Ésta facultaba a la Secretaría de Gobernación a establecer "estaciones migratorias" en lugares donde lo considerara pertinente para "alojar" migrantes.77 Además, establecía que el "aseguramiento" de migrantes era una medida de orden público, es decir, obligatoria.78 Finalmente, dicha ley sí criminalizaba a los extranjeros que se internaban sin documentos en el país, pues establecía en tal caso una pena de hasta dos años de cárcel.79
Para otros activistas una segunda prueba de la securitización en la práctica está relacionada con los mecanismos a través de los cuales ciertas autoridades asedian a los migrantes dentro del país, en lugares distintos a los puntos de internación.80 Para ello, la Ley de Migración de 2011 usa tres términos: "control", "verificación" y "revisión migratoria".81
Pese a lo cuestionables -y acaso inconstitucionales- que sean estas medidas, no fueron diseñadas como respuesta a los atentados del 9/11. El acoso de migrantes está autorizado por ley desde hace al menos tres décadas. Por ejemplo, la Ley General de Población de 1974 otorgaba facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación para promover ante otras autoridades federales o locales medidas para "sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio".82 Desde 1999, la ley facultaba a las autoridades a que "fuera de los puntos fijos de revisión establecidos" realizaran "visitas de verificación" y "revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los establecidos".83 Estas medidas, además, afectan a los extranjeros con documentos y a los mexicanos. Además, estos "controles" migratorios parecieran ser más bien ineficientes, según los datos oficiales. El número de migrantes centroamericanos detenidos y expulsados por México ha disminuido paulatinamente en los últimos cinco años. En 2005, México detenía y expulsaba a 223 000 transmigrantes centroamericanos, mientras que en 2010 a menos de 64 000.84 Es decir, uno de los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil para probar que en México la migración está securitizada en la práctica se refiere a la capacidad del INM para realizar "operativos" con el fin de detener migrantes indocumentados. Sin embargo, pese al despliegue de "operativos", cada vez hay menos migrantes "retenidos" y "devueltos". Entre 2005 y 2010, hubo una disminución de 72% en el número de migrantes centroamericanos detenidos y expulsados por México. En contraste, en Estados Unidos, exactamente en el mismo periodo, ha habido un aumento de 89% en el número de migrantes centroamericanos devueltos a sus países.85 Es decir, en Estados Unidos las cifras son coherentes con la política de securitización: hay un discurso que representa a los migrantes como una amenaza, reglas y prácticas más restrictivas, más detenidos y deportados cada año. En México ocurre exactamente lo contrario: no hay un discurso oficial sobre securitización; los "operativos" que supuestamente demuestran la securitización en la práctica existen desde hace décadas; y hay menos detenidos y expulsados cada año según la información oficial disponible. Un tercer argumento para demostrar que en México la política migratoria "tiene como piedra angular la securitización" está relacionado con la participación de agentes de seguridad distintos al personal del INM en el "control" migratorio: por ejemplo, la Policía Federal.86 Sin embargo, esta cuestionable disposición existe en el país desde 1930. La Ley de Migración de ese año autorizaba a las autoridades migratorias a solicitar auxilio de la fuerza pública, federal o local, para llevar a cabo sus tareas.87 Lo mismo disponía la Ley General de Población de 1974.88 Algo similar ordenaba la Ley General de Población de 1999: "la Secretaría de Gobernación, a través del personal de los servicios de migración y de la Policía Federal Preventiva, podrá llevar a cabo [...] visitas de verificación [y] "revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los establecidos".89
Hasta aquí llegan los argumentos que la mayoría de activistas y expertos ofrecen para tratar de explicar la supuesta securitización de la migración en México en la práctica. Pero hay otra forma para hacerlo: la revisión del presupuesto del INM.
La evolución del presupuesto del INM no sigue un patrón coherente. Lo que puede saberse es que no ha aumentado sustancialmente. Entre 2005 y 2011, podría decirse que los recursos aprobados para el INM en el presupuesto de egresos de la federación no aumentaron de manera significativa porque no se incrementaron más de 20% en promedio en todos esos años.90 En 2008, siete años después del 9/11, el presupuesto se incrementó súbitamente 90%. Sin embargo, en 2009 los recursos disminuyeron catorce por ciento. ¿También puede explicarse la reducción del presupuesto por la securitización? Desde entonces y hasta el 2012, se mantuvo constante.
Las insuficiencias del discurso de la securitización
Pese a la falta de pruebas que permita demostrar la supuesta securitización de la migración internacional en México, este argumento se ha vuelto un lugar común entre muchos de los activistas vinculados al tema migratorio. Podríamos creer que la explicación de la securitización, como un dogma de fe, es una verdad que no admite dudas y que, por tanto, no requiere evidencia para ser creída. El problema es que este argumento presenta contradicciones y deficiencias.
Inmutable y pura
La primera debilidad de los textos que explican la situación de la migración internacional en México según la teoría de la securitización es que suponen que la política migratoria es inmutable: esto es que no cambia con el transcurso del tiempo. Esto permite a los activistas explicar eventos que ocurrieron en 2011, 2001 o 1990 y predecir situaciones que pueden suceder en el futuro. Como si la política migratoria y su gestión hubiesen sido idénticos en los sexenios de Salinas y Calderón; como si las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos de los migrantes fueran hoy iguales que aquellas de los años ochenta.
La inmutabilidad trae consigo otra debilidad: la fantasía de la pureza. Es decir, los textos aquí consultados hablan de la securitización como algo que es ajeno a su contexto histórico, social, político o económico. La securitización como política de Estado sucede a lo largo de los años sin que se vea afectada por aprietos económicos, inestabilidad política, crisis de violencia, flujos migratorios o el trabajo de organizaciones de la sociedad civil o redes transnacionales de cabildeo. Camina sin mancharse. La securitización pareciera no variar en intensidad. ¿Hay algún cambio en el nivel de securitización de la práctica migratoria entre la ley de población de 1974 y la ley de 2011?
Un gobierno unitario, racional y homogéneo
La siguiente debilidad que presentan los argumentos inspirados en la securitización tiene que ver con los atributos que se confieren al gobierno mexicano. Se habla de la securitización como de una política impuesta por el gobierno de Estados Unidos al de México. Y esa imposición, según va el argumento, explica la política y la gestión migratoria mexicana al menos desde 2001; y, en consecuencia, explica la situación de los migrantes. El problema es que esta explicación supone una especie de gobierno mexicano unitario, indivisible, homogéneo. Como si los funcionarios del sexenio de Fox fueran los mismos de la administración calderonista, como si el delegado del INM en Durango, el responsable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Colima, y los policías municipales en Tapachula actuaran al unísono con respecto a la migración internacional. Como si entre gobiernos o funcionarios no hubiera discrepancias u opiniones independientes. La explicación también supone un gobierno que actúa siempre de forma racional. Como si los funcionarios fueran ajenos a consideraciones presupuestales o burocráticas, como si fueran inmunes a presiones de la sociedad civil y de los medios de comunicación o a las políticas de sus partidos políticos.
Pretender que en el tema migratorio el gobierno mexicano es unitario y que actúa de manera racional a través de los sexenios implica que en el país hay una especie de política migratoria de Estado que no cambia con los colores de los partidos políticos. Desde este punto de vista, el argumento de la securitización trae consigo una contradicción insalvable. Hay cierto consenso entre muchos de los activistas de que en México no hay una política de Estado en el tema migratorio. Sin embargo, estos mismos activistas hablan sobre la securitización como si ésta fuera una política de Estado.
Más allá del Estado y la ley
Una de las insuficiencias más graves del discurso de la securitización de los activistas y expertos es que ignora una multiplicidad de elementos que hacen posible el sufrimiento y los abusos que sistemáticamente padecen los ciudadanos extranjeros sin documentos en tránsito por el país. El discurso de la securitización se centra en la actuación del Estado y sus agentes, así como en los efectos de leyes restrictivas que éstos diseñan e implementan. Ello supone implícitamente que al desaparecer la securitización en la política migratoria que ha sido impuesta por Estados Unidos, la situación de los extranjeros indocumentados mejorará. Sin embargo, esto pasa por alto que la "tragedia humanitaria" de los migrantes en tránsito es también el resultado de otros factores, algunos estructurales, otros coyunturales, que no tienen nada que ver con la supuesta securitización ni con el Estado: por ejemplo, la xenofobia,91 el hecho de que el secuestro de migrantes es un negocio lucrativo para amplios sectores de la población en México,92 la aparición de los Zetas93 o el racismo.94
Consideraciones finales
El debate sobre la securitización de la migración internacional en México recuerda el cuento "De qué hablamos cuando hablamos de amor" del escritor estadounidense Raymond Carver.95 En él, dos parejas, sentadas alrededor de una mesa de cocina, discuten acerca de lo que es el amor, el verdadero amor. Durante horas al atardecer, mientras terminan una botella de ginebra, las parejas y los amigos hablan del amor, pero cada uno se refiere a él de manera absolutamente distinta pese a la cercanía afectiva que evidentemente hay entre ellos y a la cotidianidad que los une.
Como aquí se ha mostrado, un significativo número de activistas y expertos encontró en la securitización un argumento que aparentemente explica con facilidad todo lo que ocurre a los migrantes en tránsito. Sin embargo, todos definen lo que es la securitización de manera distinta y a veces contradictoria; y casi siempre sin pruebas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de securitización de la migración internacional en México?
La securitización que afecta la política y gestión migratoria en otros países ha supuesto, según algunos observadores, tres cosas: la noción pública y extendida de que los migrantes indocumentados son un riesgo para la seguridad; la preeminencia dada en discursos y disposiciones legales a la migración como una amenaza; la materialización de políticas e instituciones encaminadas a detener el peligro que representan los migrantes. La adopción y adaptación de la teoría de la securitización por parte de muchos activistas y expertos que buscan explicar lo que ocurre en México ha implicado tres supuestos: que el gobierno trata a la migración como un tema exclusivamente de seguridad y que para ello ha implementado políticas restrictivas; que esta política comenzó después de los atentados de 2001 en Estados Unidos y que fue "impuesta" a México; que sólo ello explica el incremento en los abusos a migrantes.
Sin embargo, estos mismos autores no han facilitado evidencia contundente para demostrar que esto ocurre. No hay rastros de un discurso oficial que explícitamente retrate a los migrantes como una amenaza potencial a la seguridad nacional. A diferencia de lo que ocurre en países como Canadá o Estados Unidos, en México la retórica gubernamental habla, irónicamente, de "proteger" a los migrantes y de "respetar" sus derechos humanos. No todas las disposiciones que actualmente sirven para controlar la migración internacional -"revisiones", "alojamientos", "operativos"- son necesariamente más restrictivas que en el pasado. Además, la mayoría de las disposiciones han existido por décadas; es decir, no parecen haber sido "impuestas" recientemente por Estados Unidos después de los atentados del 9/11.
Más allá de la ausencia de evidencia, el argumento de la securitización se funda en supuestos que no son totalmente correctos. Por ejemplo, supone que disposiciones, políticas y gestión migratoria en México son inmutables, ajenas a su contexto político, histórico o social. Supone también que el gobierno mexicano es un ente unitario y racional, ajeno a los intereses particulares o prejuicios de quienes administran la migración, a conflictos partidistas, problemas burocráticos o presupuestales. Finalmente, pretender que todo lo que ocurre con los migrantes indocumentados puede entenderse con la securitización oscurece otro tipo de explicaciones más elaboradas: la multiplicación de grupos criminales, la indiferencia de la sociedad mexicana ante el drama de la migración centroamericana, el hecho de que la migración indocumentada signifique un gran negocio para amplios sectores de la población, la limitada capacidad del lenguaje de los derechos humanos para representar el sufrimiento que no sólo es causado por el Estado, sino por otros ciudadanos.
Antes de concluir, dos anotaciones. La primera reflexión tiene que ver con la importancia de repensar la adopción de la securitización como explicación de la situación de la migración internacional en México. Es posible, como se buscó evidenciar a lo largo de este artículo, que el uso de esta explicación sea insuficiente. Esto es relevante porque repercute más allá del mundo académico: las ideas sobre securitización son compartidas por expertos y activistas que no sólo buscan el conocimiento por sí mismo, sino que con él intentan defender los derechos de la migración internacional indocumentada. En este sentido, lejos de ser útil para entender lo que ocurre y, por tanto, para "hacer algo", pareciera que la la securitización está más bien contribuyendo a oscurecer otras explicaciones de horizontes más amplios. Dicho de otro modo, de la definición y evaluación que se tenga sobre los distintos elementos que facilitan la comisión de abusos en contra de los migrantes internacionales en tránsito por México dependerá la estrategia para hacer algo al respecto.
La otra anotación tiene que ver con la ruta que podrían seguir futuras investigaciones. Este artículo puede ser útil para tres tipos de análisis. Primero, para los estudios que desde la sociología analizan el papel que desempeñan ciertos actores como mediadores del sufrimiento de otros: por ejemplo, la televisión o las ONG de derechos humanos.96 Para estos estudios, es necesario explorar la manera en como los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil representan el sufrimiento porque de ello depende que distintas audiencias actúen o no en consecuencia. Desde esta perspectiva, este artículo podría ayudar a entender el papel de las ONG como mediadores del sufrimiento de los migrantes en tránsito; y cómo esta mediación pareciera fomentar la indiferencia pública.
En segundo lugar, este artículo puede ser útil a quienes ahora son pioneros en el estudio sobre los efectos colaterales, por llamarles de alguna manera, que el régimen internacional de prohibición de drogas produce sobre distintos países. Un "costo indirecto", e ignorado, de la "guerra contra las drogas" en México es el de poblaciones desplazadas internamente como resultado de la violencia.97 Otro efecto es el de la creación de una especie de régimen de excepción permanente que permite la limitación de ciertos derechos y valores democráticos fundamentales y que, por ende, facilita y legitima la violación de los derechos humanos.98 La situación de la migración internacional en México no puede entenderse aislada de este contexto. El migrante indocumentado pareciera ser la principal víctima tanto de esta violencia como de los cambios normativos que limitan los derechos humanos de todos los ciudadanos, con o sin documentos, mexicanos o extranjeros, que circulan por el país.
Finalmente, este artículo puede contribuir a los estudios que, desde las relaciones internacionales, analizan la formación y éxito de redes transnacionales de promoción y defensa de derechos humanos.99 Su argumento es que, invocando normas internacionales de derechos humanos y cabildeando a través de las fronteras, los activistas pueden lograr una presión significativa sobre gobiernos que perpetran violaciones a derechos humanos para que éstos modifiquen su actuación. De acuerdo con Olga Aikin y Alejandro Anaya Muñoz, para que estas redes transnacionales de promoción y defensa de derechos humanos funcionen es indispensable que cuenten con un "marco narrativo" común que les permita entender y definir un determinado problema y actuar conjuntamente en consecuencia.100 Al analizar la red de defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, Aikin y Anaya Muñoz advierten que ésta carece de un "marco narrativo" común. De ahí que concluyan que esta red de defensa de migrantes no logre cuajar de manera consistente y fracase en ejercer presión y en ofrecer un mensaje contundente ante diferentes audiencias.101 En mi opinión, este "marco narrativo" compartido sí existe, la securitización. Las insuficiencias de esta red deben encontrarse entonces no en la ausencia de un "marco narrativo", sino en los límites de éste.
