Introducción

¿Dónde están? Es la pregunta que indudablemente surge cuando pensamos en personas desaparecidas. La magnitud y posibilidad de múltiples respuestas imposibilitan que sea atendida en un trabajo como éste, lo cual nos lleva a plantear una segunda pregunta que también es difícil de responder, tanto por las implicaciones éticas en torno a la verdad, como por la sensibilidad que el tema requiere, cuestión que es la que guía a esta investigación: ¿las personas desaparecidas están vivas o muertas? El solo planteamiento implica problematizar qué es lo que se ha hecho hasta ahora desde las instituciones para obtener respuestas, cómo se ha gestado el diálogo, si es que éste ha existido, entre colectivos y gobierno y, sobre todo, qué indicios han llegado a nuestros días para poder acercarnos a una verdad que explique lo sucedido.

Ante la crisis humanitaria que representan las más de 100 mil personas desaparecidas en México en 2024, las investigaciones académicas sobre el tema se han concentrado fundamentalmente en estudiarlo a partir del inicio de la guerra contra las drogas establecida durante el gobierno de Felipe Calderón en 2006 desde diversas ópticas, mayoritariamente jurídicas, ya sea como un fenómeno criminal o de crisis de derechos humanos,¹ o en torno a las luchas por la memoria,² sin embargo aún son incipientes las investigaciones que se han realizado en clave historiográfica.

Por mencionar dos trabajos relevantes, se encuentra La patria de los ausentes: un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, de Rodolfo Gamiño, quien analiza, compara e inserta características similares tanto en instituciones como perpetradores en dos momentos del pasado reciente: los desaparecidos que pertenecieron a grupos armados entre las décadas de 1970 y 1980, y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, detenidos y desaparecidos por la policía el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Gamiño encuentra transformaciones y continuidades en el operar clandestino del Estado mexicano, haciendo énfasis en la conformación de los documentos jurídicos llamados “verdad histórica” donde se plantea un relato de hechos acordes con la investigación judicial. También da cuenta de una versión surgida de los tribunales militares y retomada por la prensa, según la cual los desaparecidos de los años setentas y ochentas fueron arrojados al Océano Pacífico desde la Base Aérea No. 7 de Pie de la Cuesta por órdenes de los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso. Información que se desprende de los juicios que se les siguieron a estos por narcotráfico y asesinato de civiles en el año 2000 y, donde los testimonios presentados por sus subalternos fueron clave para las acusaciones.³

En contraste con Gamiño, Camilo Vicente mostró en [Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, un hilo continuo de la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas cometida por el Estado mexicano como una estrategia que se institucionalizará en lo que él llama Periodo Contrainsurgente. Así, la desaparición es analizada desde su naturaleza como instrumento de aniquilación social para entenderla como un fenómeno procedimental del Estado, mismo que sería vuelto a aplicar tras la guerra contra el narcotráfico del año 2006.⁴ Si bien, ambos trabajos plantean la necesidad de estudiar la desaparición forzada de personas como un fenómeno represivo continuo sometido a diversas transformaciones, solamente Gamiño retoma la teoría de los vuelos de la muerte, de tal forma que hasta ahora cualquier otra hipótesis acerca del destino de las personas desaparecidas anterior al 2006 ha quedado fuera de estudio.

En México, la desaparición forzada de personas ha sido una práctica represiva constante del gobierno mexicano, cuya motivación ha sido tradicionalmente política, aunque no exclusiva, y como acción violenta. No es una práctica nueva. Aún no se ha hecho un estudio pormenorizado acerca de cuándo sucedió la primera desaparición forzada en México, aunque existen referencias documentales que dan cuenta de la desaparición y posterior asesinato de Porfirio Jaramillo, hermano de Rubén Jaramillo, quien fue detenido por policías en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1955 y sus restos encontrados casi tres meses después en el estado de Hidalgo.⁵

Más atrás en el tiempo se encuentra la referencia de Enrique Flores Magón, quien relató que en 1903 estando preso junto a su hermano Ricardo, el ex inspector de policía de la Ciudad de México, Antonio Villavicencio, les narró cómo llevaba a cabo la desaparición de enemigos políticos del régimen porfirista: hacía la detención oficial de la víctima para posteriormente ganarse su confianza, tramitar su amparo y su liberación durante la madrugada para, posterior a la firma de salida de la prisión, ser amordazado y trasladado a un terreno baldío donde era ejecutado y sepultado.⁶

Lo sucedido con Porfirio Jaramillo se sabe a través de una carta que su esposa entregó a Rosario Ibarra de Piedra, durante la campaña presidencial que ésta hizo en el estado de Morelos en el año de 1982 y que está resguardada en el Archivo Histórico del Comité ¡Eureka! Sobre los desaparecidos por Antonio Villavicencio no se sabe más que la desaparición de personas ya era practicada en los primeros años del siglo xx. De ambos sólo tenemos lo aquí narrado.

Un caso aparte es el de Epifanio Avilés Rojas, que es considerado como el primer caso denunciado públicamente y que fue retomado por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Su desaparición data de mayo de 1969 en el estado de Guerrero, cuando el general Miguel Bracamontes, entonces comandante de la 35ª Zona Militar, detuvo a Epifanio, de 36 años, para trasladarlo a la Ciudad de México, de acuerdo con lo que el mismo general dijo a la esposa del detenido.⁷ Desde entonces, el manto del secreto ha cubierto esta detención y su destino.

A partir de ese momento, podemos aducir que existió una conciencia plena de que la desaparición de personas era una acción del gobierno, un acto secreto del poder plenamente compatible con el régimen autoritario que requería operar la represión política “con la convicción de que cualquier maniobra es más eficaz en medida que mayor sorpresa es para el adversario”, como lo refirió Norberto Bobbio para referirse al propósito principal del secreto para el soberano.⁸

En los años posteriores y sobre todo en la década siguiente, las desapariciones forzadas fueron en aumento, llevando como consecuencia que algunos familiares de desaparecidos se aglutinaran en diversos grupos que desde entonces exigen la presentación con vida de sus seres queridos. Produciendo consignas como “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!” que engloba no sólo el fenómeno represivo de la detención secreta, sino también una reivindicación política cuya lógica corresponde a un sentir social y afectivo en la que el detenido tiene derechos y, por tanto, se vuelve un sujeto de exigencia humana, que debe ser devuelto a su contexto social para retomar su proyecto de vida. ¡La vida frente a la incertidumbre! Por ello, más que la exigencia de saber dónde están, porque quienes se los llevaron saben a dónde los llevaron, lo que exigen es su liberación.

A 55 años de la detención de Epifanio podría parecer ilógico exigir su presentación con vida, sin embargo, en la tradición oral militante existen elementos que refieren tener conocimiento de que algunos desaparecidos se encontraban con vida en espacios controlados por el Estado algunos años después de su detención.

En ese sentido, la historia oral es fundamental para acceder a las memorias que guardan los sobrevivientes y sus familias. De ella se desprenden testimonios ignorados y, por tanto, inéditos que resguardan relatos alternos a la narrativa que ha legitimado el poder. Esto es, se trata de memorias excluidas de la historia, memorias que, desde abajo, se oponen al relato oficial que da cuenta de las desapariciones. El trato como fuente de información dado a estos testimonios ha sido el de hacer una crítica y buscar su correlación en fuentes documentales provenientes de archivos gubernamentales, de organizaciones sociales y bibliografía reciente.

De esta relación se ha obtenido un nuevo relato que plantea cuatro hipótesis que no fueron exploradas a profundidad por los mecanismos gubernamentales creados para conocer la verdad de lo ocurrido, y que trazan una realidad aún más impactante y dolorosa: algunas personas desaparecidas se encontraban con vida años después de su detención. Así, de acuerdo con lo investigado, mientras el Estado mexicano simulaba la búsqueda y mantenía espacios bajo hermetismo, algunos indicios se escapaban y llegaban a otras víctimas y, finalmente, a las familias.

Ellos, como testimoniantes, han hablado, en cada oportunidad lo han dicho, incluso lo llevan en una de sus consignas (¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!), sin embargo no son escuchados. Por el contrario, lo que sí ha permeado es la narrativa gestada desde el Estado y que les habla de muerte: los desaparecidos están muertos y es inútil buscarlos porque son irrecuperables; su desaparición es permanente, por lo tanto, no están. Lo que coincide con las palabras dichas por el dictador Jorge Rafael Videla en una conferencia de prensa en 1979:

…mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, frente a eso no podemos hacer nada.⁹

El presente trabajo da cuenta de cuatro teorías con las cuales la exigencia de la presentación con vida de las víctimas cobra un sentido mayor que el de una consiga política, pues según la primera de ellas, los desaparecidos pudiesen haber sido liberados en tan malas condiciones que se encontraron en las calles como indigentes. La segunda, propone que personas desaparecidas fueron recluidas en diversas instituciones psiquiátricas. La tercera, que en algunas prisiones del país existen espacios ocultos que fueron aprovechados para mantener en secreto a personas detenidas y, la cuarta teoría, da cuenta del empleo de las Islas Marías como un espacio en el que pudieron tener a un amplio grupo de desaparecidos.

Es importante hacer mención que la temporalidad a la que se hace referencia bajo la denominación “larga data” considera las desapariciones anteriores al año 2006, cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico enunciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y que, hasta este año mantiene una cifra que supera las 100 mil personas desaparecidas en todo el país. Las características que guardan las desapariciones de larga data a diferencia de las siguientes es que en su mayoría fueron cometidas por motivos políticos y por funcionarios del Estado, bajo un contexto de represión social y monopolio político practicado por un solo partido. Esto es que la mayor parte de estas desapariciones fueron cometidas entre la década de 1960 y 1980. Las posteriores, además de obedecer a las mismas causas, también están vinculadas a un proceso de descomposición social, derivado de las políticas neoliberales aplicadas desde la década de 1980 que llevaron a generar un alto índice de pobreza con la consecuente marginación, desplazamiento, delincuencia y migración que vuelven más complejo el fenómeno.¹⁰

El comienzo

Desde finales de la década de 1960, con el surgimiento de guerrillas rurales, el nacimiento de organizaciones armadas urbanas producto de la represión a los movimientos estudiantiles, y la consiguiente escalada contrainsurgente,¹¹ se generó un movimiento de resistencia y denuncia gestado desde las familias de presos políticos, exiliados y desaparecidos, quienes clamaban por el fin de la violencia gubernamental, la amnistía a encarcelados, perseguidos y exiliados, así como la presentación con vida de los desaparecidos.

Hacia los años setenta, la principal agrupación que aglutinó esas exigencias fue el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, mismo que cambiaría su nombre a Comité ¡Eureka!,¹² organización que hacía énfasis en abogar por la defensa de los derechos humanos y denunciar la represión del Estado en foros dentro y fuera de México, consiguiendo que organismos internacionales pusieran atención en las acciones del Estado mexicano.

Recién comenzado el sexenio presidencial de José López Portillo (1976- 1982), el Comité había llevado a cabo una serie de protestas¹³ con las que había logrado establecer comunicación con el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, para recibir información acerca de quienes se encontraban detenidos, además de exigir una amnistía que permitiera la liberación de todos los presos políticos del país, ley que se elaboró y publicó en 1978, pero no contempló la liberación de los desaparecidos.¹⁴

En las reuniones que tuvo el Comité, figuró la entrega de 312 expedientes que sus integrantes habían elaborado hasta ese momento y donde daban cuenta de las detenciones hechas por las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Algunas de estas reuniones se realizaron con el presidente López Portillo (1976-1982), quien aseguraba que se trabajaba en una solución próxima y para la cual debían esperar pacientemente.¹⁵

Además de realizar denuncias públicas y entrevistarse con funcionarios, el Comité acudió a organismos internacionales como Amnistía Internacional, organización que solicitó información al gobierno mexicano sobre las denuncias elaboradas por el Comité ¡Eureka! acerca de la desaparición de más de 300 personas a quienes se les había señalado de pertenecer a grupos armados y que habían sido detenidas por alguna de las instituciones de seguridad.

Como una manera de demostrar que el régimen mexicano no podía ser equiparado al de Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Somoza en Nicaragua o Stroessner en Paraguay, el gobierno de José López Portillo elaboró una investigación cuyo fin era demostrar que en México no había desaparecidos; por lo cual el 24 de enero de 1979 el Procurador General de la República, Oscar Flores Sánchez, presentó un documento titulado “Informe de Investigación del Procurador General de la República”, en el que aseguraba que ninguna de las 312 personas que el Comité solicitaba saber estaba en manos de las autoridades.

Para Flores Sánchez, cada una de las personas se encontraba desaparecida por causas ajenas a las fuerzas de seguridad: habían huido al extranjero; se encontraban en la clandestinidad o habían sido heridos y/o muertos, y sus cuerpos llevados por sus compañeros para mantener el anonimato. En algunos casos, decía que habían sido víctimas de “secuestros reales” por lo cual la Procuraduría General de la República (PGR) habría de continuar investigando.

El informe como tal no se hizo público y el procurador se limitó a decir que un funcionario entregaría la información de cada una de las personas nombradas a uno de sus familiares: “debido al gran número de fichas y el volumen de éstas, es verdaderamente imposible publicarlas, por lo que cualquier trámite o solicitud deberá ser dirigido a José María López Becerril, encargado de la secretaría particular”.¹⁶ El informe tenía su génesis en un dossier de 139 páginas elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para la PGR, en el que utilizaron un esquema preestablecido donde sólo se cambiaban nombres y fechas, esto es, que un solo relato podría ser utilizado para diversas personas.¹⁷

Dos historias con estas similitudes son las de Ricardo Madrigal Sahagún y Francisco Mercado Espinoza: Ricardo es herido en la puerta 10 de la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional el 17 de mayo de 1977 y, que tras ser llevado por sus compañeros, es inhumado en “un paraje de la carretera que conduce de Chalco a Amecameca, Estado de México”; mientras que Francisco es herido en un enfrentamiento el 10 de febrero de 1977 en Ciudad Juárez, Chihuahua, “pero logró darse a la fuga con ayuda de otros compañeros… desde esa fecha, se ignora su paradero”.¹⁸

Los relatos eran entregados de la siguiente manera a las familias: cada persona era recibida una a una en una oficina con dos puertas, por una se entraba y un funcionario frente a un escritorio leía la información. Al terminar el relato, despedía al familiar quien debía salir por la segunda puerta, donde le esperaban dos agentes armados para escoltarla hasta la calle. Una vez ahí eran azuzadas para caminar y que no pudiesen esperar a sus compañeras.

La apuesta en ese momento era que familias y organizaciones, como Amnistía Internacional, no hicieran un cotejo y se descubriera que el informe de la PGR contenía información falsa. Sin embargo, antes de entrar a la oficina de las dos puertas, las doñas del Comité se habían puesto de acuerdo mediante claves secretas que hacían referencia a compras en el mercado, de reunirse más tarde para intercambiar información.¹⁹

El mismo día de la rueda con corresponsales extranjeros donde se anunció la presentación del informe de la PGR, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México realizó una conferencia de prensa donde denunciaron la falsificación del procurador, misma que no tuvo la repercusión pública que se esperaba. Las autoridades habían seleccionado la presentación de su informe en una fecha donde los medios de comunicación estaban concentrados en otro asunto: la primera visita de un Papa a México, Juan Pablo ii llegaría el 26 de enero de ese año, esto es dos días después de la presentación del informe de Flores Sánchez.

De esta manera, este relato cuestionó la existencia de desaparecidos e ignoró por completo la información que las familias y sobrevivientes podían aportar. Así, la memoria oficial se estableció por sobre la memoria de las víctimas.

La búsqueda de la verdad

La presentación de Flores Sánchez era una parte de la respuesta del gobierno federal para “dar solución” al tema de los desaparecidos. La otra fue la presentación de un mecanismo que podía acceder en tiempo real a la información referente a personas detenidas o ingresadas a las áreas de urgencias y morgues de la Ciudad de México, mediante la captura de sus características físicas y/o su nombre. Dicho mecanismo estaba enfocado en la búsqueda y localización de personas extraviadas y a él se podía acceder mediante una llamada telefónica. Su nombre era Locatel.²⁰

Locatel se convirtió en una fuente de información del gobierno federal y, sobre todo, del Departamento del Distrito Federal del cual dependía. De esta forma el gobierno de López Portillo evitaba dar cuenta sobre los desaparecidos y transfería esta responsabilidad a la ciudadanía, mientras las fuerzas de seguridad proseguían cometiendo desapariciones forzadas, que evidentemente no se registraban en Locatel, y las familias continuaban exigiendo la liberación de los detenidos.

En los años siguientes, la presión de familias y organizaciones, sumadas a partidos políticos de izquierda, llevó a que la información entregada por el Comité ¡Eureka! fuera utilizada por la Secretaría de Gobernación para fundar en 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dependencia que continuó cuestionando la existencia de desaparecidos y, bajo esa misma línea dubitativa, creó un departamento exclusivo para investigar llamado Programa de Presuntos Desaparecidos (predes).

La investigación que emprendió este departamento se enfocó en los desaparecidos del estado de Guerrero, encontrando indicios de que algunos habían sido detenidos en operativos policiaco-militares, además de aclarar 57 casos: “37 personas se han encontrado vivas; de 15, desgraciadamente se encontraron sus cadáveres; y en 5 casos hubo desistimiento de la queja”.²¹ Debido a la “secrecía” de la investigación, hasta ahora se desconoce públicamente cuáles fueron esos 57 casos aclarados y, unos años después, dicha investigación sería archivada.

Al término de la década y con el triunfo del Partido Acción Nacional en las elecciones del año 2000, el gobierno entrante había prometido resolver el tema de las masacres de 1968 y 1971 así como el de los desaparecidos, asuntos que habían sido utilizados masivamente como parte de su propaganda durante la campaña presidencial entre el año 1999 y 2000. Así, el nuevo gobierno logró que la CNDH desarchivara la investigación realizada por el predes, le diera una breve continuación,²² y elaborara una recomendación en el año 2001 dirigida a la Presidencia de la República y a la PGR, que reconocía 275 casos de desapariciones forzadas, de 532 que había investigado.

La recomendación solicitaba que se investigara, por lo que el presidente Vicente Fox creó un acuerdo que disponía la apertura de archivos que sirvieran para la investigación de “hechos del pasado relacionados con violaciones a los derechos humanos o probablemente constitutivos de delitos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos”, y la creación de una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (femospp).²³

Después de cinco años de información filtrada a medios de comunicación y la mediatización de acciones, como el llamado al expresidente Luis Echeverría a declarar en un juzgado o el encarcelamiento del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, la Fiscalía Especial fue disuelta sin encontrar algún desaparecido, juzgar y condenar algún responsable o llegar a la verdad de los hechos.

Fue hasta 2009 que un responsable, el exagente de la DFS, Esteban Guzmán Salgado, fue juzgado y condenado,²⁴ mientras que los archivos que habían sido parcialmente abiertos entraron en un proceso de cierre paulatino hasta su liberación final mediante un acuerdo presidencial en febrero del año 2019.²⁵

Al igual que el Comité ¡Eureka!, existe otra organización de familiares de desaparecidos por motivos políticos con una fuerte base social en el estado de Guerrero, en concreto en el municipio de Atoyac de Álvarez. Esta organización, creada en 1978, es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (afadem) que reconoce 1 300 personas desaparecidas, de ellas 650 son de Guerrero y 450 del municipio de Atoyac, lugar donde se encontraba la base social de las guerrillas rurales de los años sesentas y setentas, dirigidas por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.

La representatividad y fuerza de afadem en Guerrero ocasionó que, en marzo de 2012, el Congreso del Estado de Guerrero publicara la Ley 932 por la que creó la Comisión de la Verdad (comverdad), para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesentas y setentas en el Estado de Guerrero, la cual tuvo una duración de dos años.²⁶

La comverdad siguió los pasos de la investigación llevada a cabo por la femospp en el estado de Guerrero, enriqueciéndola con 404 testimonios entre sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas, y un amplio acercamiento a la documentación generada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación.

Lo sobresaliente de esta comisión fue que con los testimonios de personas que fueron obligadas por el Ejército Mexicano a inhumar los restos de combatientes guerrilleros muertos, le llevaron a localizar y exhumar dos osamentas en la comunidad El Posquelite, en el municipio de Coyuca de Benítez. Los restos fueron identificados como los de Eliseo Flores Vázquez y Martín Nario Organes.²⁷

En el año 2018, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se abrió un sentimiento de esperanza para las familias de víctimas de desaparición forzada, ya que el nuevo presidente, además de criticar públicamente la represión ejercida por los distintos gobiernos anteriores al de él, mencionó públicamente que su voto había estado dirigido a Rosario Ibarra de Piedra, lo que simbólicamente representaba una reivindicación por su lucha.²⁸

Bajo ese contexto, el Comité ¡Eureka! solicitó la conformación de una Comisión de la Verdad con facultades de investigación y que estuviera conformada por expertos que, desde la multidisciplina, dieran cuenta de dónde estaban sus seres queridos, qué había sucedido con ellos entre su detención y su destino, llamara a cuentas a los perpetradores que aún vivían y, como parte de medidas reparatorias, se impulsaran cambios educativos, sociales, políticos y de seguridad, sustentados en la protección de los derechos humanos para establecer garantías de no repetición.²⁹

Después de tres años, el 6 de octubre de 2021, el presidente decretó la creación de una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de la Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad),³⁰ que tendría una duración de tres años.³¹

Al igual que los mecanismos anteriores, la Comisión para la Verdad no estuvo exenta de problemáticas y polémicas como el permitir que familiares de víctimas de desaparición fueran humilladas por el Secretario de la Defensa Nacional al rendir homenaje a “militares caídos”, y justificar las acciones cometidas por el Ejército durante la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para la Verdad realizada en las instalaciones del Campo Militar No. 1 (cmn1).³² El excluir a grupos de familiares en una visita realizada en las instalaciones del cmn1 para reconocer, supuestamente, espacios de reclusión clandestina,³³ y las subsecuentes renuncias de tres de sus comisionados quienes, en términos generales, señalaron que la Comisión carecía de recursos económicos y voluntad política, informalidad para echar a andar el Comité de Impulso a la Justicia,³⁴ y la imposición de decisiones desde la misma Secretaría de Gobernación en detrimento de las propuestas hechas por familiares.³⁵

Por su parte, los colectivos consideran a la Comisión para la Verdad como “decepcionante”,³⁶ de “avances nulos”,³⁷ y como un espacio donde sus investigadores aprovecharon para engrandecer sus currículums académicos, elaborar investigaciones de interés personal, viajar y, sobre todo, impulsar el relato de los “vuelos de la muerte”, según el cual los desaparecidos fueron arrojados al mar, y sus restos son irrecuperables.³⁸

De acuerdo con lo anterior, conocer la verdad acerca de la represión y, en concreto, sobre los desaparecidos, continúa siendo un recurso retórico que los distintos gobiernos han utilizado como una medida para legitimarse política y socialmente, a la vez que desgasta a quienes exigen saber qué pasó.

Ante esta “verdad” maniquea, se presentan cuatro teorías fundamentadas en testimonios que muestran la complejidad que implica llevar a cabo una investigación que aterrice lo sucedido con cada una de las víctimas, caso por caso, y no mantenga fórmulas generalizantes que solo concluyen en relatos según los cuales el Estado cometió actos represivos, desconectados entre sí a través del tiempo.³⁹

Los destinos. Vivos, escondidos en algún lugar

Si bien una investigación a posteriori de la femospp pudo llevar a una sentencia,⁴⁰ y la comverdad localizó los restos de dos guerrilleros muertos en combate el 8 de septiembre de 1974, la verdad sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada sigue sin ser conocida, permaneciendo como uno de los secretos mejor guardados por las instituciones responsables: las fuerzas armadas, las procuradurías y los servicios de inteligencia; sin embargo, existen diversos indicios que pueden hilvanar la verdad que a continuación se exponen.

Algunos indicios en torno a la verdad del destino de los desaparecidos provinieron de filtraciones dentro de corporaciones policiacas, militares e incluso altos funcionarios, quienes compartían o filtraban información a las organizaciones de familiares de desaparecidos. Por ejemplo, Rosario Ibarra de Piedra decía que eran funcionarios del círculo íntimo de Luis Echeverría Álvarez quienes le compartieron información acerca de la detención y los traslados de su hijo Jesús Piedra.⁴¹ Del mismo modo, otras mujeres del Comité ¡Eureka! obtenían avisos e incluso pruebas de vida de sus familiares que, oficialmente, las autoridades negaban tenerlos bajo custodia.

En torno a los desaparecidos, han surgido varias hipótesis en las que, a grandes rasgos, se encuentran dos posturas que presentan la complejidad de este grave problema político y social: a) están vivos, o b) están muertos. En este caso solo se presentarán las versiones que dan cuenta de que los desaparecidos se encuentran con vida.

Lo que llegó a las familias: los indigentes

Una de las ocasiones donde alguien de la cadena de custodia de desaparecidos filtró información, fue en el caso de Miguel Nájera Nava, detenido en abril de 1973 por el Ejército Mexicano. Estando desaparecido, Miguel envió una carta a su hermano Serafín Salas, a través de un militar que lo custodiaba en una cárcel clandestina del Ejército Mexicano. En esa carta, Miguel decía encontrarse bien y estar detenido en el cmn1, solicitaba 600 pesos y que le pagaran 300 a quien entregaba la misiva; pedía noticias sobre su familia y de su huerta, también que se movilizaran para liberarlo.⁴²

Cuando la esposa de Miguel, Margarita Cabañas, confrontó en una reunión al presidente Echeverría demostrando a través de la carta que su esposo se encontraba detenido en una cárcel clandestina del cmn1, Echeverría le respondió: “de que se quejan si les dicen que están bien”.⁴³ La familia de Nájera no volvió a recibir más noticias sobre Miguel, quien hasta ahora continúa desaparecido.

Si bien el caso de Miguel Nájera es un ejemplo de que la información a veces escapaba de los perpetradores y llegaba a las familias, es importante recalcar que fue el mismo desaparecido quien por sus propios medios hizo fluir la información y, sumando al riesgo que corrió el guardián con quien tuvo contacto y se atrevió a romper el silencio, demostró que su custodio no estaba de acuerdo con estas acciones militares.

Lo dejaba entrever Miguel a su hermano: “atiende lo mejor que puedas al portador de esta carta, es un hombre que se ha preocupado mucho por nosotros, hasta el grado de llevarte personalmente esta carta, procura que nadie sepa quién te la llevó”.⁴⁴ Pensar en el momento de la escritura, salida y entrega de la misiva hace reflexionar sobre las resistencias dentro de la desaparición forzada y la necesidad de romper el relato oficial.

Un conjunto de datos de información filtrada por funcionarios a las familias de los desaparecidos respecto a la vida de los mismos mencionaba que, en diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, estos les sugerían que debían salir a buscarlos, les insinuaban que “podían ser indigentes” y que la clave era buscarlos en las calles, caminos y plazas del país. No decían a quién en concreto, o porqué estarían en la calle y, ante esta información, la respuesta general de las familias era que se trataba de un engaño, que querían distraerlas y desgastarlas, desviar la atención del gobierno y someterlas a una angustia extra. Si bien esta era la respuesta colectiva, a muchas madres les conmovía el ver indigentes y no faltó quien sí los buscó en vano.⁴⁵

¿Por qué mencionaban este rumor? Una posible respuesta se hallaría en el estado físico deplorable en que se encontraban los sobrevivientes a la desaparición forzada que fueron liberados, principalmente aquellos que estuvieron meses retenidos en diversas cárceles clandestinas, como el caso de Armando Gaytán Saldívar,⁴⁶ quien al ser liberado, se dirigió a la casa de Rosario Ibarra donde ésta, “al ver las fachas y la barba” le dijo que tenía el aspecto del Conde de Monte Cristo.⁴⁷ Doña Rosario después admitiría que el aspecto desaliñado de Armando, recién liberado de las peores condiciones de encierro,⁴⁸ era confundido con el de un indigente.

En 2005 el periodista Daniel de la Fuente entrevistó a Fernando López, padre de José Fernando López Rodríguez, quien fue detenido en un operativo entre el 4 y 5 de abril de 1978. Un año después, mientras el señor Fernando trabajaba en su negocio, apareció un joven que se presentó como “El saltamontes”, quien le contó que había sido liberado en mayo de 1978 del cmn1, un mes después de que llegara detenido su hijo José Fernando. Aludiendo que habían coincidido en la cárcel clandestina del cmn1, y habían acordado verse un año después en el negocio del papá de José Fernando: “Llegó como indigente, con los cabellos chorreados de mugre, muy sudado, con la ropa maltratada”, dijo que José Fernando “va a volver”.⁴⁹

Es posible que por el aspecto que tenía “El saltamontes” este deambulara, sin regresar a su hogar en un estado de indigencia. Al desconocer su nombre, no podemos asegurar que sea alguien que se haya mantenido oculto o “desaparecido” por decisión propia, tampoco indica que todos los desaparecidos hayan estado en la indigencia. El mismo caso de José Fernando López es una muestra que ejemplifica el estado deplorable en que se encontraban quienes fueron liberados y cuyo aspecto era similar al de las personas sin hogar.

Es necesario señalar que no existen registros acerca de la población en indigencia en México durante la década de 1970 y, hasta 2022 no se registraba el número de personas muertas en esta condición,⁵⁰ así que en este gran vacío es posible que se encuentre algún o algunos desaparecidos, o liberados como “El saltamontes” que decidieron no reintegrarse a sus vidas por temor.

Los psiquiátricos

A manera de rumor, pero en forma menos firme, algunos funcionarios mencionaron a las familias que había desaparecidos en hospitales psiquiátricos como el Manicomio General de La Castañeda o el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

El primero había sido inaugurado por Porfirio Díaz en la celebración del centenario de la independencia y fue demolido en 1968 después de múltiples señalamientos de abusos, hacinamiento y torturas a los internos, quienes fueron trasladados a otros espacios como el Fray de alta especialidad o alguno de los seis hospitales granja para enfermos crónicos que le sustituyeron.⁵¹ Sin embargo, ya corrían rumores de que desde la década de 1960 se llevaba a opositores políticos a La Castañeda, espacio que, si bien tenía las puertas abiertas, mantenía espacios a los que no era posible acceder.⁵²

La Castañeda dividía a sus pacientes en 23 secciones llamadas Pabellones, cada uno dividido por tipos de discapacidad u otras consideraciones que iban desde el Pabellón de Distinguidos, al de Alcohólicos, Tranquilos, Toxicómanos, Epilépticos, Imbéciles, Infecciosos, hasta el de Peligrosos, donde se encontraban aquellos señalados como delincuentes violentos y habían sido enviados por la policía. Era un misterio quiénes se encontraban ahí, inclusive cuando La Castañeda cerró y los pacientes fueron trasladados a otros sitios, un grupo de internos fue trasladado de noche, en autobuses a los que se les habían tapado las ventanillas, y eran escoltados por militares, provocando suspicacias entre los vecinos de La Castañeda, ya que tenían contacto estrecho con los internos del manicomio quienes a veces les hacían mandados o jugaban con sus niños.⁵³

El traslado de internos y la destrucción de los 21 edificios levantados en 141 mil 622 metros cuadrados son parte de lo que se ha denominado “Operación Castañeda”,⁵⁴ y llevó a la dispersión descontrolada de los internos cuyo rastreo no era posible, dándose casos en los que algunos escaparon y deambulaban por los alrededores siendo luego “adoptados” por los vecinos, lo que contrastaba con los misteriosos traslados nocturnos.⁵⁵

Entre los internos de estos centros psiquiátricos asociados a una acción violenta de carácter político, se encontraba Carlos Castañeda de la Fuente, quien el 5 de febrero de 1970 intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz en un evento público cerca del Monumento a la Revolución. Lo único que pudo conseguir fue disparar al auto en que viajaba el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán. Castañeda fue detenido y mantenido en cárceles clandestinas de la DFS y del cmn1 durante cuatro meses.⁵⁶

A la detención de Carlos siguieron sus hermanos, quienes estuvieron retenidos durante ocho días en cárceles clandestinas para obligarlos, mediante un “uso político de la psiquiatría”,⁵⁷ a solicitar “un procedimiento civil, [para que a Carlos] se le declarara incapaz para actuar como cualquier otro mayor de edad, con lo que se legitimó su permanencia en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno”,⁵⁸ ubicado en la autopista México-Puebla.

En este lugar permaneció recluido por 23 años, cuatro de ellos en aislamiento en el Pabellón Seis: “solo, en un espacio reducido, sin visitas ni compañía, dentro de una construcción con bardas y rejas rodeada de una alta alambrada de púas”⁵⁹ se trataba de “un pabellón construido exprofeso para él donde no podía salir ni a tomar el sol, permaneció siempre bajo vigilancia de la Secretaría de Gobernación”.⁶⁰

Después de estar en aislamiento fue transferido al Pabellón Cinco, de pacientes con antecedentes penales, donde, en 1993, pidió ayuda a una estudiante de derecho quien interpuso una queja en la CNDH y consiguió su liberación en poco tiempo. Durante esos 23 años retenido en el hospital psiquiátrico, Castañeda fue objeto de experimentación médica y sometido a tratamientos fallidos contra la esquizofrenia que pudieron dañarlo de por vida.

Después de ser liberado, no pudo reintegrarse por completo a su familia, permaneciendo en las calles de la ciudad donde murió al ser arrollado por un automóvil en 2011, sin haber obtenido algún tipo de justicia.

El caso de Castañeda fue utilizado por la femospp para sostener la hipótesis de la posible existencia de casos similares, aunque no se encontraron más después de una búsqueda de gabinete.⁶¹ Sin embargo, Cossío Díaz detalla que, en 1993 cuando la CNDH investigó el caso, solicitó información a la Secretaría de Gobernación para tener acceso al expediente judicial y clínico de Castañeda. La Secretaría argumentó que no había información alguna sobre Castañeda en los archivos del Departamento Criminológico de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, aún en la sección de “expedientes confidenciales”.⁶² Esto evidenció, por una parte, que Castañeda se encontraba en una desaparición administrativa, “no existía” información institucional relacionada con él y, por otro lado, que sí existía una serie documental secreta posiblemente vinculada a casos de detenidos políticos, llamada “expedientes confidenciales”.

Hasta ahora, el caso de quien intentó ejecutar a Díaz Ordaz es el único documentado, sin embargo, es posible que existan indicios de casos similares. Como se desprende del extracto de una entrevista realizada a un trabajador con cuarenta años de labor en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, el mismo en donde fue internado Carlos Castañeda y, que recibió pacientes del antiguo manicomio de La Castañeda.

Israel de la Cruz González asistió al mismo hospital psiquiátrico para realizar su tesis de maestría en urbanismo, donde analizó la relación entre espacio y enfermedades mentales dentro de ese lugar. En ella menciona que “había personas que venían de la Penitenciaría que se encontraban en el pabellón cinco y estaban muy mal, en ocasiones se llevaban a dos por semana -después hizo referencia a que los mataban-… ya después se los llevaron… ¿quién sabe a dónde? ...”.⁶³

No hay motivos para suponer que el informante de Israel mintiese, al contrario, su referencia coincide con lo que se desprende del caso Castañeda: el internamiento en secreto, bajo estricta vigilancia y la disposición de los internos a las autoridades políticas en detrimento de las hospitalarias.

Una referencia que entreteje con lo anterior fue parte de la investigación que abrió en el año 2001 la CNDH respecto a Fredy Alonso Puc Chel García, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre (lc23s).⁶⁴ Quien fue detenido el 4 de octubre de 1979 después de participar en un enfrentamiento armado con agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (dipd), en la colonia Nativitas de la Ciudad de México.

En el enfrentamiento, Fredy resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital de Urgencias de Balbuena permaneciendo bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), de donde fue extraído al día siguiente para ser internado en el Hospital Central Militar. Hacia el 2 de junio de 1980 un grupo de detenidos, que habían estado casi un mes desaparecidos en diferentes cárceles clandestinas, fueron presentados a las autoridades judiciales para ser internados en el Penal de Santa Martha, en Iztapalapa. En este lugar, dos de los detenidos, que fungieron como testigos en el caso de la CNDH, dijeron que en la sala 1 del Área de Enfermería y Psiquiatría:

había estado un muchacho de cabello claro, al que se tenía virtualmente incomunicado y con guardia de vista todo el tiempo; los internos […] llegaron a escuchar que se referían a él con el nombre de Fredy [...] fue trasladado del área de enfermería al dormitorio de máxima seguridad, conocido como Z. O. que significa Zona de Observación [...] en los primeros meses […] se le sometió a violentos interrogatorios […] En casi todos […] estaba presente el Director de la Penitenciaría y en ocasiones Francisco Sahagún Baca, Director de la dipd [...] a mediados de 1982 todos los detenidos en el área de psiquiatría […] fueron trasladados a otro lugar que se desconoce. De Frederick Puccel Alonso no hemos tenido más noticias (sic).⁶⁵

Al testimonio de los detenidos que vieron a Fredy en el área de psiquiatría del Penal de Santa Marta, se suma el testimonio de un agente que vigiló a Fredy:

[...] manifestó haberlo visto recluido y que desde que “este señor estaba en el hospital y nosotros lo cuidábamos de civil”, venían por él y se lo llevaban, pero yo nomás duré como dos turnos, lo que lo cuidé, refirió además que el señor Puc Chel era blanco y chaparro y al parecer profesor, como de 25-26 años de edad...⁶⁶

De estos testimonios, la CNDH concluyó que quedaba confirmada la participación de autoridades en la desaparición de Fredy en 1982, cuando “al igual que otros internos que se tenían reconocidos como desaparecidos-políticos, fueron trasladados a un lugar distinto dentro de la misma Penitenciaría, donde no se volvió a saber nada sobre su paradero”.⁶⁷ Siguiendo la narrativa de la CNDH, se confirma el uso de espacios psiquiátricos para mantener a personas desaparecidas, similar al Pabellón Seis del Hospital Psiquiátrico Dr. Ramírez Moreno.

Otro registro de espacios psiquiátricos lo documentó la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (ips) de la Secretaría de Gobernación, cuyos funcionarios consignaron en un informe del 17 de marzo de 1975 que, agentes de la dipd habían detenido a un militar llamado Roberto Suárez Trejo. El militar Suárez Trejo dijo pertenecer al 11° Batallón de Infantería y ser militante de la lc23s y que, tras ser “sometido” a un interrogatorio de seis horas, fue transferido por el coronel Villasana de la dipd a un “hospital para su tratamiento” ya que “esa persona estaba perturbada de sus facultades mentales”.⁶⁸ No hay más registros sobre Suárez Trejo.

Lo que hemos visto hasta ahora indica que sí hubo una relación entre espacios destinados al tratamiento psiquiátrico y el ocultamiento de personas detenidas por motivos políticos. Foucault consideraba que la institución psiquiátrica y la penal se encontraban entrelazadas, donde el castigo encontraba una equivalencia en el tratamiento de la curación.⁶⁹

Para lo que sucedía en México, la cura-castigo se encontraba en relegar espacios secretos a los rebeldes, quienes levantaron la mano contra el gobierno, donde la locura y la vergüenza posibilitaban el olvido. De esta manera, consideramos que las instituciones psiquiátricas mexicanas permanecieron bajo una función represiva, donde se buscó, al igual que en los manicomios europeos del siglo xvi, apartar, segregar y excluir.

Cárceles dentro de las cárceles

De vuelta al informe que la CNDH elaboró en 2001, resalta la existencia de zonas especiales en Santa Martha donde mantenían a personas desaparecidas como Fredy. Sobre lugares como este hubo denuncias e indicios que las familias presentaron a las autoridades sin recibir respuesta, sumado a testimonios de algunos presos que recuerdan la z.o., espacio donde su memoria reconoce que aquel lugar era una prisión dentro de la prisión, un lugar de donde no se salía.

Algunos de estos detenidos llegaron a ser transferidos a este espacio como una forma de castigo, por tener material de lectura de grupos armados o por enviar mensajes crípticos fuera de la prisión. “José Luis” recordó que en una ocasión las autoridades de la Penitenciaría creyeron que planeaba una fuga junto a otros presos, por lo que fue trasladado de noche a la z.o.:

El lugar era completamente diferente al resto de la prisión. El pasillo tenía un equipo de sonido que emitía una alarma a un gran volumen durante 24 horas si alguien sacaba su mano por una reja, por lo que había sensores de movimiento. También, había cámaras de vigilancia y, tras la activación de la alarma auditiva, en menos de 3 minutos entraba un equipo táctico fuertemente armado al área y nos sometían. Estuvimos en esas condiciones durante un mes.⁷⁰

Por su parte, “Amanda” quien estuvo detenida en la Cárcel de Mujeres de Santa Martha desde 1977, recordaba que su pareja, también detenido, pero en la Penitenciaría, le comentaba haber estado en una ocasión en la z.o. porque había sido castigado; y mencionaba que, en este lugar vio, casi loco, “ido”, a un antiguo compañero de la organización que estaba desaparecido desde hacía más de un año.

Los entrevistados se referían a la z.o. como la “Zona Olvidada” o la “Zona Cero” y el relato sobre ella parece inverosímil, sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México admiten ahora su existencia y dan más datos sobre ella: en octubre de 1973 se inauguró el dormitorio de máxima seguridad y, citando al doctor Carlos Tornero Díaz,⁷¹ quien fue director de los reclusorios del Distrito Federal en 1996, menciona que:

Junto al dormitorio 4 se adecuó una sección de alta seguridad, a la cual se le denominó zona de observación, o simplemente ‘zo’. Era el nombre oficial. También se le conocía como ‘Zona de Olvido’. Salvo algunos, nadie debía arriesgarse por el territorio sagrado, ni bordearlo siquiera. Al fondo se encontraban las celdas clausuradas con autógena, mazmorras construidas con cemento armado del piso al techo. Había una llave que goteaba y un agujero para el drenaje de los deshechos. Apenas se levantaba la rejilla por la que un custodio de confianza introducía las sobras del rancho.⁷²

Entonces, había detenidos cuyas puertas estaban soldadas para que nunca pudieran ser abiertas, por lo que estaban condenados al olvido. Así, este anexo se convirtió en una zona de segregación especial, donde custodiaban a los internos que consideraban de “mayor peligrosidad”, manteniéndolos en aislamiento total permanente. También resalta que, no cualquier guardia tenía acceso. Además de la z.o. en la Penitenciaría, se denunció que existía una “sala de tortura” en el área administrativa del penal, donde se aplicaban las técnicas “más sofisticadas” de tortura.⁷³

El doctor Tornero también aportó más información, indicando que este espacio fue empleado a partir de 1976 por un director del penal llamado Juan Alberto Antolín Lozano, a quien describió de la siguiente manera:

Veneraba a Arturo Durazo, de memoria infame. Del cuello se colgaba… un medallón de oro con la efigie realzada de su jefe [Durazo]. Le llamaba general y disfrutaba cuando Durazo le daba trato igual: ‘general Antolín’… entre sus amigos sostenía que ni el general Durazo podría equipararse con Fernando Gutiérrez Barrios, don Fernando. […] Antolín despreciaba a los internos, los aborrecía, se propuso victimarlos y los victimó… Para las fiestas de sus predilectos [informantes, golpeadores, asesinos], Antolín regalaba muchachas seleccionadas de los reclusorios. El ex director de Santa Martha fue agente de la [Dirección] Federal de Seguridad y guardaespaldas de Margarita López Portillo.⁷⁴

Arturo Durazo era el director de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal en ese momento, también había sido agente de la DFS; mientras que Fernando Gutiérrez Barrios se desempeñaba en la década de 1970 como Subsecretario en la Secretaría de Gobernación, antes había sido agente y subsecuentemente director de la DFS. Ambos cuerpos de seguridad, junto con la PGR y la Sedena, eran encargados de aplicar estrategias contrainsurgentes, de las que se generaron la mayor cantidad de desapariciones forzadas.

La Ciudad de México no era la única entidad donde sucedía esto y donde se tuvo conocimiento de personas desaparecidas mantenidas en prisiones. Uno de estos casos es el de Juan Chávez Hoyos, quien fue detenido en los primeros días del mes de septiembre de 1978, en algún punto de la zona norte de la Ciudad de México, cerca de la Casa del Estudiante Poblano, ubicada en la colonia Lindavista.

Juan fue detenido junto a Rufino Guzmán González y Valentín Fernández Zamora. Los tres fueron vistos en la cárcel clandestina del cmn1 por Armando Gaytán Zaldívar, quien vio que los tres se encontraban en buen estado de salud, ya recuperados de la tortura. Un día llegó un grupo de sujetos con ropa de civil y se llevaron a Juan, Rufino y Valentín. Armando no volvió a saber de ellos. Al mismo tiempo que Juan era desaparecido por agentes de las fuerzas de seguridad, su hermana Prisciliana se vinculó al Comité ¡Eureka! para participar en las protestas por la presentación con vida de los desaparecidos. Rufino fue liberado unos meses después, mientras que Valentín y Juan continúan desaparecidos.

Seis años después de la detención de Juan, su novia recibió una llamada telefónica de parte de un individuo que decía haber conocido a Juan Chávez y que tenía un recado para ella y su familia; para entregárselo le solicitaba una reunión. La mujer, siendo incrédula, preguntó por qué podía confiar en él, a lo que el hombre respondió diciéndole unas palabras que únicamente Juan utilizaba con ella, también le dijo que había conocido a Juan en un penal de Tepic, Nayarit, en donde este estaba recluido en secreto, pero que en algún momento les había tocado compartir espacio. Por último, le confirmó que Juan había estado detenido en el cmn1, que ahí lo habían torturado y que sabía que su familia lo estaba buscando, por lo que quería que su familia supiera que estaba bien. Acordaron una reunión en una estación del metro.

Después de colgar la llamada, la novia de Juan contactó a Prisciliana para contarle lo ocurrido. Con miedo, ambas acordaron ir a la reunión en el metro, donde la novia de Juan se acercaría a hablar con el hombre mientras Prisciliana, a la distancia, vería lo que sucedía. Una vez que llegaron juntas, nunca fueron contactadas. “Quizá el hombre se espantó al verme llegar y prefirió irse. Nunca más llamó. Con el tiempo fuimos a buscar a mi hermano a ese penal, pero no nos dejaron pasar. Dijeron que ahí no había ningún Juan Chávez Hoyos detenido”.⁷⁵

Al igual que Juan, hay más casos que se repiten entre algunas familias con desaparecidos. Algunos recibieron llamadas, cartas, mensajes por terceras personas que decían haber compartido celda en prisiones estatales, pero nunca se logró entrar a ellas. Hubo casos en Veracruz, y en las Islas Marías.⁷⁶ En todos ellos había fuertes sospechas para creer que ahí los tenían y estaban vivos aún después de muchos años de haber sido aprehendidos.⁷⁷

El uso de prisiones para mantener en ellas a personas desaparecidas era, al parecer, una práctica cotidiana y hay pruebas en los archivos de seguridad. Como se ha visto antes, Jesús Piedra Ibarra fue detenido en abril de 1975, en calles de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.⁷⁸ Desde entonces las autoridades civiles y militares negaron tenerlo bajo custodia, sin embargo, cuando el archivo de la DFS fue parcialmente abierto en el año 2001, su expediente personal dio cuenta de su detención e interrogatorio, así como de informes espurios, creados para ser utilizados en el informe del procurador Flores Sánchez de enero de 1979. Su dossier personal únicamente da cuenta de ello, sin embargo, existe información dispersa en el mismo archivo que continúa dando cuenta de Jesús, como se verá a continuación.

Bajo las órdenes del director de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno, desde enero de 1974 operaba en ese estado el Cuartel General contra la Subversión, que estaba integrado por agentes de la DFS, de la Policía Judicial del estado de Nuevo León, y militares pertenecientes a la 7ª z.m. Las particularidades de este grupo eran que contaba con dos “oficinas” disfrazadas como casas en el centro y en el poniente de Monterrey,⁷⁹ sus integrantes vestían ropas de civil y utilizaban armamento militar, tenía dos ranchos para poder interrogar a los detenidos, además contaba con 16 vehículos, cuatro motocicletas, cuatro bicicletas y dos carretones de fruta que servían como disfraz para ocultar armas.⁸⁰

El delegado de la DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez, quien a su vez era quien encabezaba las operaciones del Cuartel General Contra la Subversión, escribió un informe a Luis de la Barreda Moreno el 6 de mayo de 1975 para comunicarle sobre los avances que ese Cuartel había tenido en la eliminación de los grupos guerrilleros en el estado, entre los que destacaba enfrentamientos, militantes muertos, registros de sospechosos y nombres de prófugos. Entre sus listados, contiene uno titulado “Presos actualmente en el penal del Estado” donde destaca el nombre de Jesús Piedra Ibarra, esto quiere decir que, 16 días después de su detención y tortura en uno de los ranchos, se encontraba desaparecido dentro del Penal de Topo Chico,⁸¹ información que era desconocida hasta que se encontró este informe sobre los operativos de la DFS.

Así que, mientras doña Rosario Ibarra y su esposo buscaban con ahínco a Jesús en los cuarteles de policía, éste se encontraba bajo el poder de las autoridades estatales y federales (el penal era estatal y, el Cuartel General Contra la Subversión, federal) al mismo tiempo que estas negaban públicamente conocer su paradero.

A raíz del activismo por la presentación con vida de los desaparecidos que Rosario Ibarra llevó a cabo, esta fue objeto de espionaje y seguimiento de la DFS. El 13 de junio de 1985 Rosario participó en una Mesa de Trabajo con miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt), donde se leyó una carta de denuncia enviada por 30 internos del Centro Regional de Readaptación Social de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero. En su carta, los internos mencionaron ser víctimas de trabajos forzados hasta altas horas de la noche en los talleres del Centro, que eran continuamente obligados a pintar una camioneta “Combi” con sellos del pri -se presumía que era robada y mantenida a un costado del Edificio de Servicios Generales-, violación a su correspondencia, además, mencionaron los altos precios de los productos ofrecidos en la tienda de esa prisión así como la existencia de una temible bartolina llamada “Puerta Negra”.

En este lugar, las autoridades de la prisión permitían que se ocultara a personas detenidas, quienes eran incomunicadas y torturadas. Para evitar que alguien se acercara o intentara acceder, habían disfrazado el lugar colocando sobre la puerta un rótulo con la leyenda “Alta tensión”.⁸² Ninguna autoridad investigó ese espacio y cuando los presos políticos abandonaron esa prisión, el tema quedó en el olvido.

Las Islas Marías

De nueva cuenta el caso de la desaparición de José Fernando López Rodríguez arroja una mirada para pensar en estas posibilidades. Tiempo después de la visita de “El saltamontes” al señor Fernando López, ya en 1982, una vecina le dijo que una persona que se parecía mucho a su hijo había aparecido en televisión cuando entrevistaban a detenidos en las Islas Marías. El señor Fernando no pudo ver la entrevista, tampoco pudo ni supo cómo o a quién recurrir para saber si su hijo estaba en las Islas.⁸³

En el contexto del trabajo que desarrollaba la femospp en el año 2004, una comisión de familiares de desaparecidos del estado de Guerrero pudo ir a la Colonia Penal de las Islas Marías, acompañando a investigadores de la fiscalía. Durante diez días, familiares e investigadores pudieron entrevistar a los presos con más años en el lugar, encontrando testimonios que afirmaban haber conocido ahí a personas desaparecidas.

Florentino Loza Patiño, desaparecido en julio de 1977, es una de las personas de las que los internos más viejos de la Colonia Penal recordaban. De acuerdo con su esposa, Florentino estuvo detenido en el Campamento (cefereso) Morelos, donde “uno de los reos más antiguos del lugar, le contó que estaba ahí porque lo acusaban de tener vínculos con la guerrilla y que vivió en ese campamento, en una casita de bajareque […] La última vez que lo vieron ahí fue en 1996, confirmado por un reo originario de Coyuca de Benítez a quien le decía paisano y era muy solitario y humanitario […] según dos testimonios, se dieron cuenta de que salió, porque así lo manifestaron en un pase de lista”.⁸⁴

El segundo fue Doroteo Iturio de Jesús, detenido por el Ejército Mexicano en octubre de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. El hermano de Doroteo, Alberto, también había sido detenido y trasladado a las Islas Marías en 1976, donde otros presos le dijeron que ahí había estado su hermano: “Doroteo llegó a su celda amordazado y amarrado de las manos, pero a las cuatro de la madrugada fue sacado por militares y que sólo escuchó que se lo llevaron para otro lugar”.

También los reos que recordaban a los desaparecidos comentaron que “después de 1986… los presos todavía eran torturados en la celda de ‘la borracha’ donde los golpeaban con un remo y muchos ya no regresaban a los aposentos”; y mencionaban también que, en los años 70 habían llevado a cerca de 150 personas de Guerrero, quienes eran forzados a trabajar en las salinas de la isla “donde cargaban sacos de 60 kilos -77 bultos al día- caminando un kilómetro con la cabeza rapada, que les dañaba el sol y la sal, y se les hinchaba la cabeza; a algunos los llevaban a Aballesto [que es] otra isla, pero algunos no regresaban”.⁸⁵

Después de esa visita, ninguna otra comisión llegó a las islas para investigar. Incluso el ex Fiscal Especial de la femospp, Ignacio Carrillo Prieto, se refirió a esa visita en un artículo que escribió en febrero de 2019, mencionando que, durante su gestión crearon el Programa “Islas Marías”, mediante el cual la fiscalía se encargó de descartar la hipótesis de que ese sitio había sido destino de desaparecidos, y por el cual había sido la visita de diez días del grupo de familiares.

El resultado, según Carrillo Prieto, fue que el “descartar esta ilusión fue doloroso, aunque salutífero, y contribuyó a la tarea de esclarecimiento histórico”.⁸⁶ Aunque no precisó qué fue lo que esclareció, además de desestimar los testimonios de familiares y presos,⁸⁷ aún a pesar de que la misma comisión de familiares e investigadores reconoció que pudo revisar los libros de ingreso de detenidos al penal del año 1979, encontrando que faltaba el referente al de 1974, fecha en que se recrudeció la desaparición de personas en Atoyac. El argumento que dieron las autoridades de las islas por ese faltante fue “que ya no existían”.⁸⁸

Después de que en 2019 el gobierno federal decidiera desincorporar la Colonia Penal y transformar la Isla Madre en un sitio de turismo y conservación ecológica,⁸⁹ familiares de desaparecidos escribieron una carta dirigida al presidente, y de paso contradiciendo lo dicho por Carrillo Prieto, exigiendo que conservara el espacio como una “escena de un crimen […] por los crímenes ahí cometidos […] porque era necesario para llegar a la verdad”. Sin embargo, “con frivolidad cargada de gran insensibilidad y con lo que parece ser todo el propósito de borrar las huellas de lo sucedido, este gobierno convirtió las cárceles clandestinas en sitios culturales”.⁹⁰

Hasta ahora, la Isla Madre junto a sus antiguos espacios de reclusión se encuentran bajo control de la Secretaría de Marina, que se encarga de realizar visitas guiadas en una escenografía turística, que prescindió de los viejos lugares donde se encontraban los presos y que fueron modificados para adaptarlos al turismo; sumado a que durante el traslado de los últimos reos en 2019 habían desaparecido 27 de ellos, sin especificarse si fueron encontrados o no.⁹¹

Por último, los miembros de la marina que dan los recorridos a los visitantes mencionan que “cuando llegamos, encontramos todo destruido: archivos, documentos oficiales, computadoras; las autoridades de la isla no querían que supiéramos de todo lo que sucedía… Nos ha costado mucho reconstruir la historia, hay muchos vacíos”.⁹²

Conclusión

La información que se ha presentado fue filtrada de forma reservada por funcionarios o por testigos directos que compartieron espacios en algún momento con personas desaparecidas. Lo importante de ellas es que tienen una correlación con casos que dejaron indicios y/o pruebas documentales en los archivos gubernamentales o que fueron aceptadas por funcionarios años más tarde, como sucedió con la z.o. del Penal de Santa Martha. Si bien conforman hipótesis sobre el destino inmediato de algunos desaparecidos, continúa el misterio por saber en dónde están ahora. De ser cierto que algunos pudieron estar en psiquiátricos, arrojados a la indigencia, en celdas secretas de prisiones o en las Islas Marías, aún quedaría por saber qué les sucedió después.

Estos relatos fueron puestos en manos de autoridades gubernamentales que, en distintos momentos a través de los diversos mecanismos creados exprofeso para investigar, o institucionalizados a partir de la creación de las Comisiones de Búsqueda, han sido desdeñados o desechados por las mismas. En términos jurídicos, las desapariciones forzadas por motivos políticos han permanecido en la impunidad; en cuanto al relato sobre el paradero de las víctimas, este ha permanecido en el misterio.

Cada familia de un desaparecido conoce detalles en torno a la desaparición. Cada una guarda en su memoria relatos sobre el posible destino, lo que generó esperanzas por encontrar una solución hace más de 50 años. No obstante, las autoridades se enfrascaron en desmentir y construir relatos generales que hablan sobre la muerte y la irrecuperabilidad de restos, omitiendo que para llegar a una conclusión, debió generarse antes una investigación que tomara en cuenta y desechara una a una las aristas que presentasen conclusiones alternativas.

Una hipótesis que consideramos a partir de los casos que se han mencionado es que, es posible que los desaparecidos hayan estado -¿estarán aún?- confinados en espacios secretos bajo vigilancia especial, sin dejar registros documentales. El caso de Carlos Castañeda muestra que fue víctima del sistema desaparecedor: no había registro documental a nivel federal que diera cuenta de su existencia, aunque el hospital y su familia sabían de él y porqué estaba confinado; al mismo tiempo, no podían conseguir su liberación debido a la ausencia documental que justificara su presencia en ese espacio. Con Fredy se dio cuenta de espacios secretos para internar a personas desaparecidas por motivos políticos en el penal de Santa Martha, lo que lleva a plantear la pregunta ¿por qué no fueron o han sido “encontrados”? Por omisión de quienes debían buscarlos.

En 30 años de mecanismos “por la verdad” nadie planteó seriamente la visita y auscultación física minuciosa de los espacios, conformándose únicamente con las investigaciones de “gabinete”. Confiando inocentemente al creer que los nombres reales estarían registrados en las listas o libros de ingreso, que éstos podían ser públicos y se encontrarían a disposición de funcionarios menores, ajenos al secreto.

El caso de Jesús Piedra muestra la importancia de investigar y leer los archivos gubernamentales, pues en ellos existen vestigios de las prácticas a las que recurrió el Estado para ocultar ¿y castigar? a los desaparecidos. En ellos se encuentra información que solamente estuvo a disposición de quienes debían conocer los secretos de Estado.

En cuanto a José Fernando López y Juan Chávez, se visibilizan los límites en la búsqueda de los desaparecidos, donde las restricciones en cuanto a recursos materiales para llevar a cabo una búsqueda forman una parte medular de la misma. También, ¿cómo llegar a una isla o a una prisión lejana para rescatar al hijo o hija, hermano o hermana? A modo de metáfora, esa pregunta muestra el fondo del problema: el saber no es suficiente. Han tenido la voz, pero han carecido de oyentes que permitan penetrar en los secretos del poder del Estado. Su memoria, la memoria de los de abajo, ha sido nulificada por el poder que se ha legitimado con cada mecanismo de investigación.

Así, recurriendo a la memoria colectiva de las víctimas y documentos de acervos históricos, este trabajo muestra que aún persisten indicios que pueden dar cuenta de lo sucedido y configurarse como líneas de investigación judicial, en donde la historia como disciplina juega un papel fundamental para plantear conexiones y explicaciones para comprender lo sucedido.

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