Introducción
Durante la Segunda República Francesa, encabezada por el presidente Luis Napoleón Bonaparte, se expidió la ley del 20 de marzo de 1851, que tocaba un asunto crucial en las relaciones franco-mexicanas, ocurrido poco más de una década atrás y que parecía llegar a buen puerto. La disposición aludía a la integración de nuevas comisiones que resolverían las solicitudes de indemnización de dos grupos de reclamantes franceses contra el gobierno de México: por un lado, considerados preferentes, estarían los que sufrieron daños y pérdidas previas al 26 de noviembre de 1838 que no hubieran presentado sus demandas de manera oportuna; por otro, estarían los expulsados por la ley mexicana del 1 de diciembre de 1838. Después de la evaluación de las solicitudes, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ordenanza del 30 de noviembre de 1839,1 se indemnizaría a los reclamantes con el sobrante de la cantidad pagada por las autoridades mexicanas, que era de 600 000 pesos, según los términos firmados por México y Francia en la convención del 9 de marzo de 1839.2
La ley del 20 de marzo de 1851 era de la mayor trascendencia y se difundió entre la comunidad francesa residente en territorio mexicano. El diario francés Le Trait d’Union publicó un anuncio suscrito por François J. B. Champeaux, cónsul canciller de la legación de Francia en México, en el que invitaba a los franceses comprendidos en la referida norma a acudir a sus oficinas para formalizar sus reclamaciones.3 Un anuncio similar apareció en El Arcoiris, periódico veracruzano que iba dirigido a los franceses avecindados en la jurisdicción del consulado de Francia en Veracruz.4 El llamado fue exitoso: concurrieron los afectados así como los familiares o apoderados de quienes padecían imposibilidad física o habían fallecido. La legación francesa comenzó a recibir papeles de los franceses expulsos durante la “guerra con Francia”, “intervención francesa”, “expedición francesa” o “Guerra de los Pasteles”,5 y que buscaban reparación de los daños y menoscabos padecidos en sus personas y bienes.6 Con seguridad, las maniobras administrativas efectuadas en 1851 removieron en varios franceses las fibras más sensibles y retornó el recuerdo de aquellos días aciagos en que debieron abandonar la patria adoptiva.
Son, precisamente, las circunstancias que rodearon la salida y expulsión de los franceses de la República Mexicana en los años de 1838 y 1839, tanto desde el punto de vista de la política del gobierno mexicano encabezado por Anastasio Bustamante, como del francés, a cargo de Luis Felipe I, rey de Francia, el tema principal de este trabajo. Se busca identificar el mayor número posible de expulsados en las diferentes regiones mexicanas. Se pretende conocer el drama humano que supuso el exilio de los franceses, es decir, estudiar las consecuencias humanas y materiales de su éxodo. Acercarse al sufrimiento de quienes fueron forzados a abandonar su entorno y medio de vida permitirá indagar en familias, propiedades y relaciones sociales.
Nuestra hipótesis es que los franceses, debido a su origen católico y latino y por proceder de una nación vista como faro de la civilización, no eran vistos con malos ojos por los mexicanos; empero, en la “Guerra de los Pasteles”, emanó una hostilidad hacia ellos y se convirtieron en extranjeros indeseables. Aunque no representaban una amenaza real para el régimen bustamantino, pasaron a hacerlo, por breve tiempo, en el imaginario de los mexicanos. La expulsión respondió a un principio del derecho de gentes o ius gentium, en que la nación buscaba salvaguardar el orden interior, pero también fue producto de la exaltación del momento, en particular, de las presiones de la muchedumbre enardecida.
La expulsión de los franceses de México es apenas tocada por la historiografía. Dos autores especialistas en las relaciones diplomáticas entre México y Francia han emitido opiniones sobre la expulsión, sin que profundicen en ella. Jean Meyer, en el artículo “Los franceses en México durante el siglo XIX”, al tratar la etapa de 1838-1839, se contradice al señalar, por un lado, que “ninguna medida fue tomada en contra de los franceses y de sus bienes” y, por otro, que 450 franceses huyeron a La Habana y Nueva Orleans.7 Faustino Aquino Sánchez en Intervención Francesa 1838-1839. La diplomacia mexicana y el imperialismo del librecambio indica que la ley del 1 de diciembre de 1838, que considera como bando, no generó perjuicios en los franceses radicados en la Ciudad de México.8
Mención especial recae en tres publicaciones. En The French Experience in Mexico, 1821-1861: A History of Constant Misunderstanding, la historiadora estadunidense Nancy Nichols Barker considera que la ley del 1 de diciembre de 1838 se diseñó para satisfacer el deseo público de venganza por el bloqueo y los bombardeos en Veracruz. Reconoce que la salida obligada de los franceses ricos y pobres se efectuó en la Ciudad de México, Veracruz y “puntos intermedios”; mientras que en otros lugares la ley de expulsión resultó inaplicable. Con base en las estimaciones de Édouard de Lisle, encargado de negocios de Francia en México, Barker considera que 700 franceses abandonaron la República Mexicana, que representaría una quinta parte de la “colonia francesa” residente en México.9
La segunda publicación se trata de un voluminoso libro salido a la luz en francés, en 1839, titulado San Juan de Ulúa: ou relation de l’expédition française au Mexique sous les ordres de M. Le Contre-Amiral Baudin; par MM. P. Blanchard et A. Dauzats. Suivi de notes et documents, et d’un aperçu général sur l’état actuel du Texas, par M. E. Maissin, Lieutenant de vaisseau, aide-de-camp de l’amiral Baudin. Publié par ordre du roi, sous les auspices de M. Le Baron Tupinier, alors ministre de la Marine; sus autores fueron los pintores franceses Petros Pharamond Blanchard y Adrien Dauzats. Ambos artistas dedican unas páginas para analizar el contenido de la ley de expulsión del 1 de diciembre de 1838, a la que, por cierto, denominan decreto. Desde su perspectiva, la norma, impulsada por la pasión y el deseo de venganza de la élite mexicana, declaraba “la guerra a particulares inofensivos”, quienes habían emigrado con sus capitales e industrias a un país que les prometió protección, igual que a los mexicanos. Si bien los comentarios de Blanchard y Dauzats se inclinan a favor de sus coterráneos, omiten referir cuáles fueron las consecuencias de la aplicación de dicha ley.10
La segunda publicación lleva por título “Tres expulsiones fallidas de la ciudad de México entre 1824 y 1847: los españoles, los franceses y los estadounidenses”. En este artículo, Claudia Pardo estudia la salida obligada de inmigrantes de la capital mexicana, que concentraba la mayor cantidad de extranjeros del país, durante la primera mitad del siglo XIX. La autora concluye que ningún francés fue expulsado ante el temor de que auxiliara a sus connacionales estacionados en las costas para invadir el territorio nacional.11 Sin embargo, a pesar de lo que sostiene esta historiadora, la ley de expulsión siguió su curso y se aplicó.
Para ofrecer una mayor claridad del tema que nos concierne, este artículo empleó documentación proveniente de diversos repositorios. En México, se consultaron el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Archivo Histórico de la Ciudad de México. En Francia, los Archivos Diplomáticos de Nantes, en particular, el fondo México Légation. De gran ayuda resultó el sitio web de FamilySearch, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, donde están digitalizadas las listas de pasajeros desembarcados en el puerto de Nueva Orleans en 1838 y 1839. También se recurrió a la prensa mexicana y francesa. De igual modo, se consideraron las opiniones de historiadores de la época como Carlos María de Bustamante, Enrique de Olavarría y Ferrari y Francisco de Paula de Arrangoiz.
Este trabajo se divide en tres secciones. En la primera se explica la corriente migratoria francesa que llegó a México y los eventos representativos en las relaciones franco-mexicanas entre 1821 y 1840, con la finalidad de mostrar la evolución y situación de la comunidad francesa en las primeras dos décadas de vida independiente. En la segunda, se ahonda en los prolegómenos, el análisis y la aplicación de la ley de expulsión del 1 de diciembre de 1838. En la tercera, se proporciona un panorama general de los franceses que solicitaron quedar exceptuados de la expulsión por estar casados con mexicana o por padecer alguna enfermedad, así como se muestran a los súbditos franceses y las vicisitudes que soportaron al dejar obligatoriamente la República Mexicana.
La corriente migratoria francesa en las primeras décadas del siglo XIX
Una vez rotos los lazos políticos con España, la apertura mercantil del naciente Estado mexicano permitió que a partir de 1821 arribaran barcos procedentes de varias partes del orbe, que anclaron en los puertos habilitados para el tráfico ultramarino.12 Estas embarcaciones, además de mercancías, transportaban personas que pretendían construir un futuro promisorio. Entre quienes “saltaron a tierra” estuvieron los franceses, hombres y mujeres, que se asentaron o transitaron la tierra receptora.
Las razones de los franceses para dirigirse a México eran varias, sin embargo, la más frecuente fue levantar un patrimonio con el trabajo personal. En palabras de los expulsados franceses, buscaban “intentar fortuna” y “mejorar su posición”.13 El viejo adagio colonial de “hacer la América” aplicado a los indianos seguía vigente en la centuria decimonónica y permeaba a los extranjeros. Al efectuar la travesía marítima, además de traer consigo su inseparable baúl, dos papeles de importancia también los acompañaban: el pasaporte y el certificado de bautismo. El pasaporte era un salvoconducto utilizado en Occidente y que permitía la entrada y salida de un territorio. En Francia, ostentar un pasaporte implicaba honorabilidad y cumplimiento del servicio militar.14 Al ingresar a la República Mexicana era requisito indispensable presentar el pasaporte visado por alguna autoridad mexicana; de no verificarlo, el ingreso se prohibía. El certificado de bautismo acreditaba el catolicismo y era de utilidad si se anhelaba casarse conforme a las reglas de la Iglesia católica. Para quien había acreditado una profesión liberal, como por ejemplo profesor de primeras letras o doctor en medicina y cirugía, el certificado de aptitud o diploma que avalara sus estudios era otro documento adicional.
Los franceses provenían de localidades pertenecientes a entidades denominadas departamentos, que eran unidades territoriales principales en las que se dividía el territorio francés desde los inicios de la Revolución Francesa. Sustentados en criterios geográficos, se constituyeron 83 departamentos (divididos a su vez en 544 distritos y 4 710 cantones), que a través del tiempo han sufrido cambios en sus nomenclaturas y extensiones, hasta alcanzar el número de 101 en la actualidad.15
Entre los departamentos franceses que variaron sus nombres deben indicarse, por ser los puntos de emigración de los franceses que vinieron a México, al extinto departamento del Sena y del que surgieron los actuales departamentos de París, Altos del Sena, Sena-Saint Denis y Valle del Marne. El antiguo departamento de Sena y Oise quedó repartido entre los departamentos conocidos hoy por Essonne, Altos del Sena, Sena Saint-Denis, Valle del Marne, Valle del Oise e Yvelines. En la región de Aquitania, el departamento de los Bajos Pirineos actualmente es Pirineos Atlánticos, que comprende al País Vasco Francés (mitad occidental) y el Béarn (mitad oriental).16 El departamento de Bajos Alpes, y que ahora se llama Alpes de Alta Provenza, fue la tierra de nacimiento de los barcelonnettes, ubayes, valéians o barcelos, que destacaron por sus almacenes de ropa y novedades, conocidos primero como cajones, y con el paso del tiempo se convirtieron en grandes empresas, entre las que sobresalieron Las Fábricas de Francia y El Puerto de Liverpool.17 Un último departamento es Meurthe y Mosela, que tras su supresión originó dos departamentos de los mismos nombres, en la región de Lorena.
Los franceses, como parte de los extranjeros, se ajustaron al pensamiento de la élite nacional que creía que los inmigrantes colonizarían las tierras despobladas, sobre todo del septentrión, fomentarían la agricultura e impulsarían el comercio y la industria nacionales. Como bien señala Fernando Alanís, la inmigración de extranjeros engrosó, de manera prioritaria, la agenda de la clase gobernante.18 Se construyó la imagen entre el grupo dirigente de que el forastero ideal debía ser europeo, católico, trabajador, sin ambiciones políticas y obediente de las autoridades.19 Esto es, el inmigrante era visto como la panacea para los males que acechaban al país.
Francia era considerada como una nación progresista y referente cultural; por tanto, se creía que desde un inicio reconocería la independencia de México. No obstante, esto no ocurrió por el Pacto de Familia con la rama borbónica española. El acuerdo databa del siglo xviii y consistía en que cualquiera que atacara a una Corona también lo hacía a la otra, por lo cual los soberanos podían clamar por ayuda militar y naval mutua.20 Esta circunstancia no fue impedimento para que Francia instrumentara una doble política hacia México, es decir, desconocer la nueva situación jurídica, pero al mismo tiempo enviar agentes informales.21
El año de 1830 originó un cambio trascendental en las relaciones francomexicanas. Tras su arribo a las Tullerías, después de las jornadas de julio de ese año, el monarca francés Luis Felipe I se dispuso a formalizar los lazos diplomáticos con México. En la opinión de Pierre Goubert, el llamado “rey de los franceses” era de carácter autoritario, aunque “sabía cómo utilizar el tiempo y no precipitar en nada”.22 Al recibir la noticia, ni Anastasio Bustamante, al frente del Ejecutivo como vicepresidente, ni Lucas Alamán, ministro de Relaciones, mostraron el mayor regocijo porque ambos veían en el nuevo régimen el producto del jacobinismo que odiaba Alamán. La Monarquía de Julio, o reinado de Luis Felipe I, debió aguardar tres años más para enviar un representante que velara por los intereses de los súbditos franceses del otro lado del océano.
La inauguración de los lazos diplomáticos entre México y Francia ocurrió en 1833, mientras ocupaba la silla presidencial el general Manuel Gómez Pedraza. A inicios de ese año se presentó el barón Antoine-Louis Deffaudis, el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario francés en México. Negociante con amplia experiencia como jefe de la división comercial de su nación, carecía de la mínima formación diplomática. Durante su gestión, se estableció la legación de Francia en México, que comenzó a recibir reclamaciones y quejas de los franceses por las pérdidas pecuniarias a raíz de los movimientos revolucionarios, lo cual generó los primeros enfrentamientos con las autoridades nacionales. El momento culminante ocurrió con el conocido ultimátum del barón, redactado el 21 de marzo de 1838 a bordo de la fragata Herminia, que contenía las reclamaciones francesas relativas a los saqueos y la destrucción de propiedades, los préstamos forzosos y las denegaciones de justicia. Para encontrar una solución favorable, Deffaudis concedió unas semanas y fijó el 15 de abril como plazo. Ante el rechazo del ultimátum por el gobierno mexicano, la escuadra naval francesa, que se encontraba estacionada en la costa del Golfo de México, inició el 16 de abril un bloqueo a los puertos de la República Mexicana, que en los hechos sólo aplicó para Veracruz. La Monarquía de Julio hizo gala del uso de la “diplomacia de cañonero”, es decir, presionó a México, país considerado menos aventajado, para aceptar concesiones desfavorables con el uso de la fuerza militar.23
Los franceses comunes, que ignoraban o poco sabían de los asuntos internacionales, efectuaron el viaje marítimo y comenzaron a instalarse desde los primeros años de la instauración de la soberanía nacional en las principales ciudades mexicanas. La prensa, a través de la sección de avisos, dio a conocer los anuncios de los inmigrantes que buscaban acomodo con la práctica de sus oficios, como las modistas, los cocineros, profesores de diversos ramos, médicos, sastres, sombrereros y zapateros. Muchos franceses hicieron de México su nuevo hogar donde establecieron casas y negocios; algunos contrajeron nupcias bajo el rito católico con “hijas del país”, formaron familias y tuvieron descendencia, que en ciertos casos subsiste hasta nuestros días.24
A través de las listas de pasajeros se puede ofrecer un perfil de la corriente migratoria francesa que entró a territorio mexicano. Esta documentación, que era elaborada por los capitanes de puerto o administradores aduanales y que enviaban a la oficina encargada de los asuntos exteriores mexicanos, contiene el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, el puerto de embarque, el punto de destino, la finalidad del viaje, la recomendación y la profesión de los pasajeros,25 datos que permiten delinear su perfil. También resultan relevantes las noticias de pasajeros publicadas en los diarios porque proporcionan información adicional sobre los barcos de la emigración.
De acuerdo con la información consultada, en el periodo de 1823-1840 desembarcaron 2 791 franceses en los puertos mexicanos de Matamoros, Veracruz, Tampico, Campeche, Guaymas, Mazatlán, San Blas y Acapulco, que eran los principales del país y contaban con aduanas y capitanías de puerto, como se muestra en la Figura 1. Los hombres eran los que más viajaban, esto es, 88% del total; mientras que hicieron lo propio 12% de mujeres.

Fuentes: elaboración propia con base en AGN, fondo Gobernación Sin Sección, caja 230, exp. 7; caja 99, exp. 17; fondo Movimiento Marítimo, vols. 1-10; fondo Pasaportes, vols. 1-10; Correo de la Federación Mexicana, Ciudad de México, 1828; Diario del Gobierno, Ciudad de México, 1839; Diario del Gobierno de la República Mexicana, Ciudad de México, 1835-1840; Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, 1835; El Censor, Veracruz, 1834-1835; El Procurador del Pueblo, Veracruz, 1834; El Siglo Diez y Nueve, Ciudad de México, 1843; El Sol, Ciudad de México, 1825-1828, 1832; El Telégrafo, Ciudad de México, 1833; Mensajero Federal, Veracruz, 1833-1834; Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, 1830-1831.
Figura 1 Franceses que ingresaron por los principales puertos mexicanos 1823-1840.
El más alto pico de ingresos se registró en 1839 y se produjo en el contexto del conflicto franco-mexicano. El flujo registrado ese año se compuso por los franceses que habían sido expulsados desde diciembre de 1838, así como por los franceses que ingresaban por primera vez. Entre abril y mayo de 1839 desembarcaron en Veracruz 205 franceses procedentes principalmente de Nueva Orleans. Aunque no conocemos los nombres de la mayoría porque se omitió su registro, suponemos que eran los expulsos; de hecho, uno de los barcos transportó 104 pasajeros franceses, hecho inusual hasta ese momento.26 El año con las menores entradas fue 1823 debido a dos factores: el estado de guerra entre México y España y la parquedad de los registros.
Los franceses que llegaron a la República Mexicana se embarcaron de puertos extranjeros; los principales fueron Burdeos y El Havre (los más importantes de Francia), pero también destacaron Nueva Orleans, Nueva York y La Habana. Las edades oscilaron entre los tres y 64 años, aunque sobresalieron los jóvenes. Se trató de una población soltera, pero también venían casados y viudos. Si bien predominaron los viajes en solitario, las listas y noticias de pasajeros advierten la presencia de franceses que se hicieron acompañar de sus familias, lo que de alguna manera aliviaba la larga travesía transoceánica. En total, se identificaron 410 franceses que desembarcaron en los puertos mexicanos con sus familias. Debido a que sólo la persona llamada “cabeza de familia” o “cabeza de casa” se le tomaba la declaración al tiempo de desembarcar, no es posible conocer, con excepción de la relación de parentesco, los pormenores del resto de los integrantes. En algunos registros se anotó el número de miembros seguido de la expresión “de familia” para designar a los acompañantes del “cabeza de casa”, sin que sepamos el vínculo entre ellos. Otros registros consignaron que el francés desembarcó con familia, sin especificar otra información adicional.
La composición familiar común fue los dos esposos solos y los esposos e hijos que, según Peter Laslett, se trata de “familias simples”.27 Un ejemplo de este tipo de familia fue la del comerciante Pierre Roselló, quien con su esposa, su suegra y cuatro niños, desembarcaron en el puerto de Veracruz el 11 de abril de 1831, a bordo del bergantín estadunidense General Victoria, que había zarpado de Nueva Orleans.28 Ocurrió también que el viaje se realizó por un francés o francesa en compañía de su progenie, como ocurrió con madame Tomasa Meunier y un hijo.29 Los franceses también emprendieron la aventura ultramarina con hermanos, padres, “padres políticos” (suegros), “hijos políticos” (yernos), sobrinos y sirvientes domésticos, considerados como integrantes de la casa y signo de la pertenencia a un estrato acomodado. Estamos, entonces, ante una familia extendida, como fue la del cónsul Michel Hersant, quien efectuó el viaje trasatlántico con su esposa, dos hijos y una criada.30
Las profesiones de los franceses abarcaron varios sectores. El más importante era el comercio, considerado como el principal medio generador de fortuna, así como de ascenso social. Lamentablemente, los registros no consignan en la mayoría de los casos el tipo de praxis mercantil que ejercían, pero el contraste con otras fuentes se puede afirmar que los comerciantes minoristas o detallistas dominaban. Las actividades artesanales, las labores agrícolas, los servicios de transporte y las profesiones liberales eran, del mismo modo, practicados por los franceses. Entre los pasajeros encontramos a viajeros que deseaban recorrer el país con fines recreativos o científicos, migrantes sin oficio e individuos que esperaban hallar una ocupación.
Los lugares a los que se dirigían los franceses, aunque al final no sucediera así, destacaron los puertos de desembarque, así como la Ciudad de México, Jicaltepec, Orizaba, Puebla, Xalapa y Zacatecas. Esto es, se privilegiaron las urbes porque ofrecían las mayores posibilidades para desarrollar sus actividades, aunque los asentamientos rurales fueron otros centros de destino donde esos extranjeros se ganaron la vida mediante la labranza, el arrendamiento de haciendas y la explotación de vetas mineras.
Respecto a la presencia francesa en México en las primeras décadas de vida independiente, se pueden ofrecer datos a través de las peticiones de cartas de seguridad y los certificados de nacionalidad francesa. La carta de seguridad permitía la estancia legal del forastero en territorio mexicano durante un año,31 a cuyo término podía renovarse por el mismo plazo. El trámite se verificaba ante el agente acreditado o la autoridad política más próxima al lugar de residencia del solicitante. El camino más socorrido era acudir ante el cónsul francés, quien elaboraba los certificados de nacionalidad francesa, que luego mandaba a la oficina encargada de los asuntos exteriores de México. Las cartas de seguridad otorgaban, además, la protección por parte de las autoridades civiles y militares.
En la Figura 2, se aprecian las solicitudes de cartas de seguridad hechas por franceses de manera anual entre 1830 y 1840, que alcanzaron un total de 3 437. Como suele ocurrir en este tipo de fuentes, aparecen subregistros. Es de notar que el año de 1840 cuenta con el mayor número de solicitudes de cartas de seguridad debido a la estabilidad en las relaciones franco-mexicanas, después de las desavenencias suscitadas en 1838 y 1839.

Fuente: elaboración propia con base en AGN, fondo Cartas de Seguridad, vols. 12-29; fondo Libros de Gobernación y Relaciones Exteriores, cajas 236 y 264; fondo Relaciones Exteriores siglo XIX, caja 33, exps. 15-16; caja 34, exps. 1-4.
Figura 2 Franceses residentes en México que solicitaron cartas de seguridad 1830-1840.
En términos cuantitativos, la corriente migratoria francesa estuvo entre las principales que llegaron a México en la primera mitad del siglo XIX, sólo superada por la española. Con el correr de los años se hizo notar gracias a sus actividades económicas y culturales, a pesar de formar una comunidad reducida. La historiadora Leticia Gamboa afirma que varios franceses trajeron consigo prejuicios racistas y menospreciaban a los nacionales.32 A pesar de ello, un sector de ellos contribuyó con sus servicios al mejoramiento de la población, como fue el caso de los artesanos, educadores y médicos-cirujanos. El estadista guanajuatense Lucas Alamán, en su Historia de México, no ocultó su predilección por este colectivo extranjero debido a los beneficios que proporcionaban a la tierra de acogida al mediar la centuria:
Los franceses, entre los cuales deben comprenderse los pocos italianos que hay, aprendiendo prontamente el idioma, familiarizándose con todas las clases de la sociedad, fáciles de carácter, censurando y ridiculizando todo lo que no es francés, pero acomodándose sin repugnancia a todo lo del país, habiendo abrazado con ardor los intereses de éste en la guerra de los Estados Unidos, es la nación que más simpatiza con los mejicanos, y la que ejerciendo todas las profesiones, ha causado un adelanto inmenso en todas las artes mecánicas, mejorando todos los procedimientos, introduciendo al buen gusto en los edificios, los muebles y los vestidos, y proporcionando todas las comodidades y placeres de la vida desde la arquitectura y la maquinaria, hasta la confitería y la cocina (…).33
En general, puede decirse que los franceses gozaban de buena imagen ante los nacionales, aunque las fricciones entre ambos no faltaron en el quehacer cotidiano. Según muestran las solicitudes de excepción y las piezas justificativas para permanecer en la República Mexicana, las profesiones de varios franceses se juzgaron como útiles para los habitantes y su salida redundaría en “un verdadero mal”. El siguiente apartado abordará ese episodio que marcó la vida de muchos súbditos de Luis Felipe I.
Antecedentes, aplicación y efectos de la ley del 1 de diciembre de 1838
El general Anastasio Bustamante, oriundo de Jiquilpan, en el actual estado de Michoacán, fue el presidente mexicano que enfrentó la “expedición francesa” de 1838-1839. Asumió el poder Ejecutivo en 1837, tras varios años en el exilio y gobernó hasta 1841, apegado a la Constitución de 1836, en la etapa conocida como centralismo. Se trató de su segundo periodo, porque el primero fue de 1830 a 1832, aunque esto ocurrió bajo la figura de vicepresidente, después de pronunciarse contra el presidente Vicente Guerrero al secundar el Plan de Jalapa.34 Debido a la ausencia de Bustamante entre marzo y julio de 1839, Antonio López de Santa Anna lo sustituyó con el carácter de presidente interino.
A comienzos de 1838 el barón Antoine-Louis Deffaudis dejó su puesto como ministro plenipotenciario francés en México y quedó como encargado de negocios Édouard de Lisle. Empero, semanas después el barón reasumió sus funciones y redactó su ultimátum en marzo de ese año, como se dijo con anterioridad. El ministro de Relaciones mexicano, Luis Gonzaga Cuevas, dirigió una nota al encargado de negocios de Francia, en el que expresó su negativa a entrevistarse con Deffaudis y que el gobierno nada trataría con la legación francesa mientras los buques de esa nación, al mando del contralmirante Charles Louis Joseph Bazoche, permanecieran en las costas mexicanas.35
Como se recordará, ante el rechazo del ultimátum del barón comenzó el bloqueo al puerto de Veracruz. Con tal medida, no agradable para los bloqueadores por las condiciones de insalubridad del puerto jarocho, se pretendía privar a los mexicanos de los recursos de la aduana para debilitarlos, a sabiendas de que se lograría en varios meses. Para sorpresa de los franceses, el Supremo Gobierno reaccionó con la apertura al comercio exterior de los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo Rojo, Soto la Marina, Isla del Carmen, Huatulco, Manzanillo y Tecolutla, y disminuyó las tarifas de importación como medida para facilitar los intercambios mercantiles con navíos pequeños. Del mismo modo, quedó facultado para erogar todos los gastos extraordinarios que se ofrecieran para la defensa del país.36 Con todo, las consecuencias del bloqueo fueron catastróficas para la plaza porteña: muchos de sus habitantes emigraron, los artículos de primera necesidad escasearon y encarecieron, el comercio se paralizó por diez meses y se perdieron cinco millones de pesos por concepto de ingresos aduanales.37
Preocupados por su patrimonio y pensando en futuras reclamaciones, los franceses hicieron inventarios o balances de sus almacenes, compañías, talleres, fábricas y otros negocios, que se depositaron en el consulado general francés. Las autoridades mexicanas mostraron su desacuerdo por esta acción, sin embargo, el cuerpo diplomático francés la justificó diciendo que era normal en estas circunstancias. A juicio de El Cosmopolita, dichos inventarios se elaboraron de mala fe, entre los cuales estaba “un propietario francés, cuyos efectos si se va a formar un balance de ellos, no llegarán al valor de 15 000 ps., y cuyo inventario en el consulado escede de 80 000. Lo mismo decimos de cierta carrocería y de otros efectos y propiedades francesas, con cuya pérdida sus dueños han calculado una ganancia que deja muy atrás la del pastelero de Tacubaya”.38 En total, al finalizar 1838 se depositaron en la legación francesa 341 inventarios de franceses solos o en compañía.39
Por su parte, De Lisle pidió su pasaporte y dejó a sus connacionales bajo la protección del pabellón inglés. Para el mes de junio, Deffaudis, exhausto por la esterilidad de las negociaciones, se retiró para el puerto de Brest, en el noroeste francés. Mientras tanto, en París se tomaron medidas para finiquitar las diferencias con México, que ya tenían resonancia internacional, y en las que Luis Felipe I era el blanco de las más inflexibles críticas. El conde Molé, ministro de Negocios Extranjeros de Francia, anunció que su gobierno enviaría una nueva escuadra al mando del contralmirante Charles Baudin, un veterano de las guerras napoleónicas, quien sería arropado con el cargo de ministro plenipotenciario con firmes instrucciones de arreglarse con la administración de Bustamante antes de atacar el castillo de San Juan de Ulúa. Con respecto a Bazoche, ante su débil éxito, se ordenó su regreso a Francia.40
El contralmirante Baudin acompañado de François d’Orléans, príncipe de Joinville y tercer hijo del rey francés, y su flota, alcanzó el puerto veracruzano a finales de octubre de 1838 y de inmediato empezaron los cabildeos para sortear el escollo. Las partes disidentes celebraron unas conferencias en la ciudad de Xalapa, ubicada en la región central veracruzana, entre el 17 y 20 del mes siguiente, a las que acudieron el ministro Cuevas y Baudin.41 Desde un comienzo las pláticas estuvieron condenadas al fracaso porque cada parte antepuso sus intereses, en especial, el asunto central fue la autorización para los franceses de comerciar al menudeo. Baudin regresó a Veracruz y anunció que esperaría hasta el día 27 de noviembre por una respuesta favorable a su nación; al no darse, inició los ataques contra Ulúa.
Antonio Gaona, comandante de la fortaleza, solicitó un parlamento y el día 28 de noviembre firmó la capitulación. Por su parte, el general Manuel Rincón, comandante general del departamento de Veracruz a la cabeza de la defensa de la plaza porteña, signó una convención con Baudin que permitió a los mexicanos retener una guarnición de mil soldados en la ciudad y a los franceses surtirse de provisiones en ella; además, el contralmirante se comprometió a levantar el bloqueo y regresar el castillo de Ulúa cuando se firmara la paz. Las maniobras de Gaona y Rincón respondieron a los exiguos recursos con que contaba el régimen de Bustamante por fortalecer sus defensas. En numerosas ocasiones, Rincón dirigió comunicaciones a la capital mexicana para solicitar auxilios, pero sólo recibió una ínfima parte con los que, desde luego, no satisfizo las necesidades más elementales. Tal situación provocó deserciones y un hondo desánimo.42
Los sucesos de Veracruz pronto se conocieron en la Ciudad de México. El 30 de noviembre de 1838 José Joaquín Pesado, ministro del Interior, acudió ante la Cámara de Diputados para informar los resultados de las conferencias de Xalapa e indicar las medidas adoptadas por el gobierno: la expulsión de los franceses y la formación de milicias urbanas. El mismo día, un bando solemne publicó el decreto declarando la guerra a Francia; mientras que los mexicanos entraron en júbilo, los franceses cayeron en desgracia.43 A la sede de la asamblea capitalina las multitudes acudieron a requerir armas y jefes que los organizaran en cuerpos de voluntarios para marchar a la plaza porteña. Los comerciantes y particulares ofrecieron suscribirse con cuotas mensuales y fijas para el sostenimiento de las nuevas tropas, pero exigieron que las sumas reunidas se distribuyeran por una junta económica para evitar malversaciones y despilfarros.44
El 1 de diciembre el mismo ministro Pesado, comisionado por el ministro de Guerra, acudió de nuevo al recinto legislativo para comunicar la rendición y capitulación de Ulúa, el desconocimiento de las capitulaciones celebradas en el puerto jarocho, el sometimiento de Gaona y Rincón a consejo de guerra y el nombramiento de Santa Anna como nuevo comandante general de Veracruz.45 Después de excitar el patriotismo, Pesado refirió que el gobierno de Bustamante estaba decidido a expulsar a los franceses de la República Mexicana, disposición que confirmaba lo que era un secreto a voces.46 El populacho, conglomerado en las galerías, exigió que ese mismo día se desterrara a los franceses. El ministro pidió paciencia y aseguró que se publicaría un bando al respecto, “para que no se dijera que esta era obra del tumulto y de la violencia”.47
La providencia no debe sorprendernos. Desde la antigüedad y dentro del derecho de guerra, cuando un soberano declaraba las hostilidades contra otro, los súbditos del primero pasaban a ser enemigos de los súbditos del segundo y conservaban ese estado en cualquier lugar en que se encontraran.48 Como consecuencia natural del conflicto, México buscó la salvaguarda de su integridad soberana, según el ius gentium, y ejerció su derecho de expeler a un grupo de extranjeros cuya permanencia consideraba perjudicial, no obstante haber ingresado a territorio nacional legalmente. Al respecto, es correcta la apreciación de Francisco de Paula de Arrangoiz al señalar que, en ciertas circunstancias, deben aplicarse “medidas de precaución, muy crueles a veces, pero indispensables”.49
La ley, estructurada en siete artículos, se aprobó por el Congreso, se sancionó por Bustamante el mismo 1 de diciembre y se publicó al día siguiente. Comenzaba con una distinción entre los franceses residentes en el litoral del Golfo de México y los que estaban domiciliados en el resto del territorio nacional. A los primeros se les ordenaba salir sin demora por los puntos que designaran los gobernadores de los departamentos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán; a los segundos, en cambio, se les concedía un término de quince días contados desde la publicación de la ley en las capitales o poblaciones de los departamentos. Los mandatarios estatales, en concurrencia con los comandantes generales, quedaron facultados para designar los días y los puertos a través de los cuales los expulsados deberían abandonar el territorio. Aquellos cuya conducta pusiera en riesgo la tranquilidad pública no se les otorgaría ningún plazo y deberían marchar de inmediato. Se previeron excepciones sólo para los residentes en el interior del país que hubieran contraído nupcias con mexicana y efectuada vida maridable, así como para los enfermos, previa certificación de tres facultativos nombrados por el gobernador del departamento, quienes se sujetarían a las leyes domésticas. La primera de las excepciones no comprendería “a los que perturben la tranquilidad pública” o desmerecieran “por su conducta la confianza del Gobierno”. En palabras de los pintores franceses Blanchard y Dauzats, dicha disposición abría la puerta a la arbitrariedad en un país “donde la justicia es sólo una palabra, y el derecho de gentes, el abuso de la fuerza”.50 Por último, a fin de proteger su patrimonio, se concedió libertad a los expulsados para asegurarlo, “realizarlo” o encomendarlo a personas de su confianza.51
La ley de expulsión fue del conocimiento de los gobernadores de los departamentos, los prefectos políticos y los ayuntamientos. Para que fuera del dominio general, se elaboraron rotulones (carteles) que se colgarían en las esquinas de las calles o se pondrían “en los parajes acostumbrados”. Un observador de la época refiere que los franceses volcaron su enfado vociferando expresiones denigrantes a los mexicanos, como el de “salvajes”; en tanto que los segundos reaccionaron con expresiones francofóbicas.52 Desde la ciudad de San Luis Potosí, el francés Pierre Dencausse, doctor en medicina y cirugía, protestó por la disposición a la que calificó como “irrisoria, vejatoria, inhumana y liberticida”.53 La animadversión contra los franceses produjo la circulación del impreso titulado “El Pueblo Mejicano debe tomar venganza del odioso francés Villette y de todos los exceptuados en la ley de expulsión”.54 Ante la ruptura de las relaciones franco-mexicanas, los representantes franceses acreditados en México también debieron dejar sus puestos y abandonar el territorio. Cabe señalar que, a pesar de los esfuerzos de publicidad, tanto en la documentación mexicana como francesa la disposición se manejó como bando o decreto y expedida en diversos días además del uno (2, 3, 4 y 5 de diciembre de 1838).
El contenido de la ley de expulsión no estuvo exento de interrogantes que el régimen central debió responder. Una de ellas provino de Luis Gonzaga Vieyra, gobernador del departamento de México, quien deseaba saber si la norma era aplicable a las mujeres francesas y a los franceses que ostentaban un cargo diplomático con “una potencia amiga”. En respuesta, se señaló que las mujeres no estaban comprendidas y que los franceses con puesto diplomático estarían incluidos siempre y cuando no contaran con sus respectivas acreditaciones.55 Joaquín García, gobernador de Nuevo León, preguntó si los franceses viudos de mexicana, que tuvieran familia y merecieran la confianza de las autoridades mexicanas, podrían quedar exceptuados, a lo que se contestó afirmativamente.56
En la propia capital mexicana, el prefecto del Centro, José María Icaza, dispuso que cerraran los comercios y talleres en manos de franceses para asegurar “la tranquilidad pública”.57 El plazo inicial para retirarse era de tres días y por el puerto de Acapulco, previa expedición del pasaporte y afianzamiento de su crédito, que no siempre se cumplió.58 Hasta el 14 de diciembre de 1838, el gobernador Luis Gonzaga Vieyra había expedido pasaportes a 314 franceses y 2 francesas para que salieran del territorio nacional.59 Algunos de los expulsados se hicieron acompañar de sus esposas, hijos y parientes consanguíneos. Las vidas de los franceses (y sus familias, en su caso) dieron un giro radical, como ocurrió con Félix Bernard, quien dejó su establecimiento de educación conocido como El Colegio Francés, ubicado en los bajos de la calle de San Agustín número 1, en manos de su socio, el suizo Agustín Richardet.60
Las voces de las representaciones extranjeras se oyeron ante los acontecimientos que presenciaban. Charles Ashburnham, encargado de negocios de Inglaterra, abogó para que los franceses permanecieran hasta en tanto no liquidaran sus negociaciones con los británicos (recordemos que estaban bajo protección inglesa). Del mismo modo, Benoit Wölfflin, cónsul de Suiza, pidió indulgencia para los oriundos de Francia.61 Su sentir respecto a la expulsión se sintetiza en las siguientes palabras:
Acaso es posible dar cumplimiento a esta medida sin hacer gemir la humanidad, sin exponer a riesgos y peligros sin número y a la muerte misma en número infinito de personas inocentes, muchas de las cuales viviendo sólo del trabajo de sus manos carecen hasta de los medios más necesarios para emprender semejante viaje por en medio de un país enemigo y desierto, para atravesar una distancia de cien leguas por un camino solo accesible a los animales, un viaje que los arrieros hacen en treinta días! Que sería de los ancianos, de las mujeres débiles y de los niños de esta edad?62
El historiador Carlos María de Bustamante relata que numerosas caravanas compuestas no sólo por los expulsados sino también con sus esposas mexicanas o francesas, hijos y sirvientes domésticos comenzaron a abandonar la gran urbe, bastante equipados con armas, caballos, dinero y víveres; en su trayecto se hicieron custodiar por partidas de tropa.63 Ante el temor de que los expulsados constituyeran un cuerpo de caballería que se uniera a Baudin y la preocupación por la escasez de buques para transportarlos fuera de la República Mexicana, la administración de Bustamante determinó que, cuando arribaran a Puente del Rey, se les obligara a dejar sus caballos y prosiguieran en carros o a pie.64
Aunque se aseguró que la expulsión de los franceses fue meditada con cautela, lo cierto es que la ley resultó bastante apresurada. Con el correr de las semanas, el gobierno fue atenuando su rigor. De esta manera, los quince días concedidos para dejar el territorio mexicano se ampliaron a sesenta días,65 se otorgaron “excepciones particulares” para aquellos con oficios “de pública utilidad, que su separación produzca un grave mal a la industria y progresos de la República”, se aumentaron los puertos de salida66 y se concedió libertad de elegir como punto de embarque el puerto jarocho, no obstante haberse designado otro sitio portuario.67 Para enero de 1839, ante la falta de informes sobre lo que acontecía con los expulsados y los exceptuados franceses (con lo que se evidenciaba la poca seriedad en el asunto), el Congreso exigió datos pormenorizados a la administración central; hizo notar que en los diarios no se publicaban listas de los que abandonaban la República Mexicana, como sí había ocurrido en el pasado durante la expulsión de los españoles.68 Para satisfacer a las Cámaras, se elaboraron diversas listas de exceptuados, pero no de los expulsados.69 Preocupado el gobierno por indagar el número de extranjeros naturalizados desde 1828, sobre todo franceses, mandó una circular a todos los departamentos para que proporcionaran el nombre, el origen y la fecha de la expedición de la carta de naturaleza.70
Los gobiernos departamentales fueron informando al Supremo Gobierno sobre el modo en que iban dando cumplimiento al contenido de la ley del 1 de diciembre de 1838. Apenas seis días después de la publicación de la norma de expulsión, el 7 de diciembre, el gobernador de Guanajuato, Luis de Cortázar, envió a la administración central una instancia del francés Léopold Vidal, en la que pedía embarcarse en el puerto de Veracruz y no en Tampico como se le había indicado, en virtud de que su “mujer y familia” se hallaban en Xalapa.71 Con fecha 3 de enero de 1839, el gobierno de Oaxaca comunicó que había expedido pasaportes de expulsión a los franceses Alexis Delacour, Bénigne Brule, Guillaume Chavana, Sixte Rouaix, Jean Abril, Jacques Salmón, François Petit, Pierre Bassiar y Jules de San Vital.72 Dos días más tarde, el 5 de enero, José Ignacio Gutiérrez, gobernador de Tabasco, avisó que en todo el departamento a su cargo se había publicado la ley de expulsión, así como la ampliación del término para el éxodo de los franceses.73 El gobierno de Zacatecas comunicó que al corte del 18 de enero había otorgado cuatro pasaportes para abandonar la República Mexicana a los franceses Jean Cabars, Jean Antoine Glaize, Gustave Glaize y Sylvain Jules Brunet.74 Antonio Escobedo, gobernador de Jalisco, dirigió el 19 de enero un oficio al Ministerio del Interior donde indicaba que el francés Joseph Marie Legoff había salido por el puerto de San Blas y que el francés Prosper Richi había solicitado pasaporte para pasar a Guadalajara y arreglar su embarque; agregó que en el departamento residían otros quince franceses avecindados en los distritos de Guadalajara, Tepic y Colotlán.75 El 21 de enero, el general Felipe Codallos, gobernador de Puebla, comunicó que el prefecto del distrito de Tepeaca había otorgado pasaportes de salida a tres franceses: dos vivían en Tehuacán y uno residía en el pueblo de Tecali.76
Durante la expulsión no dejaron de suscitarse hechos violentos contra los súbditos de Luis Felipe I. En Sontecomapan, partido de San Andrés Tuxtla, en el departamento de Veracruz, ocurrió el “asesinato de cuatro franceses” (en realidad fueron dos), como se conoció en la época y que fue del conocimiento de varias instancias, entre ellas, la Suprema Corte de Justicia mexicana y la legación de Francia en México. Sus protagonistas fueron Auguste Geoffroy, Jean Gervais, François Grisoire y Léon Tisset. Geoffroy era un antiguo militar napoleónico y artillero que, durante varios años, vivió en el puerto de Tampico, donde se ejercitó como cocinero y arribó a San Andrés con el objetivo de establecer una charcutería. Gervais, albañil, y Grissoire, carpintero y ex artillero, llegaron a Coatzacoalcos como colonos y en la localidad sanandrescana se ocupaba, el primero, como constructor en una fábrica de algodón y el segundo, en la producción de loza. Tisset era un dependiente de negocios, agricultor y sastre nacido en Bayona, que trabajó con el ingeniero Joseph Olliver y después buscó acomodo en la casa comercial Pasquel y Salas.77
A finales de marzo de 1838, Richard Pakenham, ministro plenipotenciario británico en México, propuso iniciar unas pláticas en Veracruz para encontrar una solución al conflicto franco-mexicano. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Eduardo de Gorostiza, sucesor de Cuevas, recomendó a Santa Anna, presidente interino, que se suspendieran las expulsiones.78 La norma no quedó derogada sino hasta el 22 de marzo, cuando el tratado de paz y la convención firmadas el 9 de marzo por el ministro Cuevas y el general Guadalupe Victoria, del lado mexicano, y el contralmirante Baudin, del lado francés, se aprobaron por el Congreso y el Ejecutivo.79
¿Dignos de un patíbulo?: los derroteros de los exceptuados y expulsados
Como se explicó, el artículo 5° de la ley de expulsión de franceses contempló dos formas de excepción: el matrimonio con mexicana y la enfermedad. En el fondo Justicia del Archivo General de la Nación de México se conservan listas de los franceses que fueron exceptuados, así como las solicitudes de excepción y los documentos justificativos que enviaron los franceses para permanecer en la República Mexicana. En total, se localizaron 120 solicitudes de excepción, pero sólo 90 consiguieron su objetivo. Los argumentos utilizados para convencer al presidente mexicano de continuar viviendo en la tierra adoptiva consistieron, sobre todo, en lo que marcaba la norma, pero aparecieron otros adicionales: la celebración de esponsales, la enfermedad o mala salud de la cónyuge, el largo tiempo de vecindad, la buena conducta, la solicitud de carta de naturaleza, el trabajo honesto, la desvinculación con las cuestiones políticas, la ayuda a mexicanos mediante el ofrecimiento de trabajo, la conclusión de negocios y ser el único proveedor familiar.
Los suplicantes franceses contaron con las profesiones siguientes: agricultor, arquitecto, carpintero, carrocero, catedrático de idioma, cocinero, colono, comerciante, destilador, director de establecimiento, encargado de educación literaria, labrador, maestro, médico, sastre, “volátil” y zapatero.
Los lugares de residencia de los solicitantes fueron los departamentos de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. De las solicitudes de excepción, 27 provinieron del departamento de México, el espacio geográfico con el mayor número de franceses en el país.
Se consignó el caso de Stéphane Briavoine, quien a pesar de estar casado con una mexicana de alta posición y, por tanto, quedar exceptuado, renunció a ese derecho y pidió pasaporte de salida. Debido a que viajaría con su familia, solicitó embarcarse por el puerto de Veracruz. Briavoine argumentó que por efecto de la ley de expulsión sus relaciones mercantiles se habían destruido y no le quedaban garantías en su persona. Lo anterior era parcialmente cierto, debido a que se conoce que la compañía comercial en la que era socio junto con el estadunidense Teodoro Ducoing, bajo la razón social de Briavoine, Ducoing y Compañía, sacó beneficios de la coyuntura al proporcionar insumos a las escuadras de Bazoche y Baudin.80
Se ha explicado que la ciudad de Veracruz fue el blanco de la “diplomacia de cañonero” del gobierno de las Tullerías. El asentamiento portuario también jugó un papel fundamental en la expulsión. Franceses de diversos rincones del país arribaron allí y algunos se apresuraron a refugiarse en la fortaleza de San Juan de Ulúa, que estaba en manos de los invasores franceses tras su capitulación a finales de noviembre de 1838. Aunque podría pensarse que su situación mejoraría, lo cierto es que, para varios, las calamidades se acrecentaron, sobre todo con la conducta del jefe de apellido Colombel, que dejó mucho que desear. Sus tratos hacia sus compatriotas, tanto hombres como mujeres, fueron inhumanos.
Vale la pena exponer el incidente de madame Ferrat, ya que resulta muy ilustrativo a nuestros fines. Esta señora, acostumbrada a las grandes comodidades en la ciudad capital, fue incluida entre los que abandonarían México, lo que verificó junto con sus dos pequeños retoños. Al arribar a la plaza porteña, buscó protección en el castillo de Ulúa, donde fue recibida por un indiferente Colombel, quien la condujo a una especie de calabozo húmedo y antihigiénico, que no fue de su agrado, por lo que se enfermó y reclamó esta circunstancia. La respuesta del jefe francés reflejó su extremado desprecio: “Eh, que me importa a mí que una dama de su categoría se reviente en la tierra”. Para empeorar la situación, otros subalternos siguieron sus pasos.81
Los dos principales lugares de destino de los expulsados fueron Nueva Orleans y La Habana. En cuanto al primer asentamiento portuario, ubicado en la Luisiana, Estados Unidos, fue la parada inmediata y casi obligada de 274 franceses entre enero y marzo de 1839.82 Un examen detenido de los datos de registro del puerto luisianés nos proporciona información no sólo de las listas de pasajeros, sino también de los puertos de salida de México y los oficios que ejercían.
Los primeros cuatro expulsados que desembarcaron el 7 de enero de 1839 en el puerto de Nueva Orleans procedieron de San Juan de Ulúa e iban a bordo de la goleta John Relisal. Entre ellos se encontraba Jean-Baptiste Sisos, originario de Pau, en el departamento de los Bajos Pirineos, residente en la ciudad de Veracruz y dedicado a comisiones y consignaciones.83 El 19 de enero entró un grupo más numeroso de 79 franceses, la mayoría eran hombres, pero también se incluían mujeres solteras y casadas, así como niños. En las semanas posteriores anclaron barcos zarpados de Matamoros, Tampico, Tabasco y Veracruz. Las profesiones registradas fueron arquitectos, boticarios, carniceros, cerrajeros, cocineros, comerciantes, curtidores, doctores en medicina, ebanistas, empleados, fabricantes, herreros, ingenieros, jardineros, mecánicos, sastres, sombrereros, panaderos, pintores, tenderos, torneros, zapateros, un abogado, un albañil, un confitero, un destilador, un litógrafo, un marinero, un pastelero y un sirviente.84
La Habana, puerto principal de Cuba que entonces era colonia española, fue el refugio de al menos 15 franceses. De acuerdo con Francine Agard- Lavallé, Bernard Lavallé y Christophe Lavallé, los franceses eran la principal comunidad europea de la isla caribeña.85 Por tanto, es factible pensar que los expulsados encontraran algún apoyo entre sus compatriotas que allí habitaban.
Gracias a los trámites que efectuaron los expulsados en 1851, como se mencionó en la Introducción, se sabe que Pierre Laforgue se dirigió a Nueva York, Estados Unidos, y François Barrier a Guayaquil, república del Ecuador. Laforgue realizó el inventario de sus bienes el 15 de abril de 1838 y reclamó la cantidad de 69 765 pesos. Por su parte, Barrier hizo lo propio el 26 de diciembre de 1838 y las pérdidas que sufrió se calcularon en poco más de cinco mil pesos.86
En un documento elaborado por Auguste Gloux, cónsul francés en Veracruz, consta una lista de franceses expulsados de la República Mexicana, a quienes el consulado de Francia en Veracruz otorgó protección desde el 2 de abril hasta mayo de 1839.87 En 1851, dicho documento se calificó como “de la mayor importancia” para identificar a los expulsados de 1838-1839. Los datos principales que se anotaron fueron el número progresivo, el nombre, los apellidos, la profesión y el lugar de nacimiento. En algunos casos, se registró información adicional. Por desgracia, el documento está parcialmente afectado por la humedad; no obstante, se pueden extraer algunas consideraciones.
En la mencionada lista constan 139 expulsados, pero en realidad son 141 porque no se contabilizó a dos niños. Los departamentos de procedencia de la mitad de ellos eran Alto Garona, Alto Marne, Alto Saona, Alto Vienne, Altos Pirineos, Ardèche, Ariège, Bajos Pirineos, Bajos Alpes, Cantal, Corrèze, Côte d’Or, Doubs, Drôme, Eure, Gironda, Hérault, Jura, Lot, Mosela, Nièvre, Oise, Rhône, Sena, Sena y Oise, Sena Marítimo y Vosges (Figura 3). Se distinguen cuatro zonas de origen de los expulsados: París y sus alrededores, el noreste, el suroeste y sureste francés. Respecto a los empleos ejercidos aparece una constante que se ha visto a lo largo de este texto: los oficios artesanales, la praxis mercantil, la agricultura y las profesiones liberales.

Fuente: elaboración propia a partir de Goubert, Historia de Francia, p. 384.
Figura 3 Departamentos de procedencia de los expulsados franceses de México en 1838-1839.
Las residencias mencionadas por 50 expulsados eran Coatzacoalcos, Córdoba, Coyoacán, la Ciudad de México, Jicaltepec, Puebla, Tampico y Veracruz. Especial atención merecen los diez colonos expulsos de Jicaltepec, colonia fundada por franceses en el departamento de Veracruz a inicios del decenio de 1830. Contrario a la afirmación de Moisés González Navarro de que estos colonos no fueron perturbados,88 la documentación revisada muestra que sufrieron los efectos de la ley del 1 de diciembre de 1838. Champlitte, en el departamento de Alto Saona, fue el lugar de nacimiento de casi la totalidad de los colonos expulsados. La colonia de Jicaltepec vino, además, a erigirse en morada temporal de quienes no deseaban abandonar el territorio mexicano; así ocurrió con el parisino Honoré Quinard, obrero vidriero y cinco ayudantes paisanos más, quienes colaboraban en una fábrica de vidrios en Puebla y, tras ser incluidos dentro de la ley de expulsión, se ocultaron en aquel espacio por un breve tiempo.89
Dos listas adicionales de reclamantes franceses evidencian que durante la expulsión se suscitaron saqueos y robos de sus giros, así como pérdida de sus herramientas de trabajo, por parte de mexicanos. Por ejemplo, Auguste Willemant, dueño de La Gran Sociedad, el establecimiento más renombrado del puerto de Veracruz que servía de hotel y fonda, experimentó la devastación de su inmueble. Aunque en la lista aparece la cantidad de 7 617 pesos y 3 reales como total de los daños, en otro informe se maneja la suma de 17 000 pesos.90
Para justificar sus pérdidas, los afectados se valieron de “actos de notoriedad”, balances, declaraciones, inventarios, notas, reclamaciones y cartas firmadas por testigos, aunque no queda claro si éstos se hallaban presentes cuando ocurrieron los destrozos o solamente signaron por tener alguna relación próxima con el reclamante, hipótesis la última que nos parece más probable.
Otro dato interesante que arroja la lista de expulsados es que los súbditos de Francia absorbieron todos los gastos de su traslado y no recibieron ninguna ayuda económica por conducto del gobierno central y las autoridades departamentales. Para los expulsos de Veracruz, el costo implicó tanto su embarque como su asentamiento temporal fuera de México. En cambio, para aquellos que venían desde el interior, se agregaban los costos causados desde su salida hasta el término de su éxodo, que incluyeron gastos en alimentos, posadas, acémilas y carros.
Conclusiones
El flujo migratorio francés a México en el periodo 1823-1840 resultó beneficiado por un cuerpo normativo flexible, la libertad comercial y la creencia de que solucionarían la baja densidad demográfica y los terrenos sin cultivar. La inauguración de las relaciones franco-mexicanas, en 1833, permitió que los franceses contaran con una protección de sus intereses bajo el amparo de la legación de Francia en México, si bien varios de ellos ya se encontraban avecindados desde varios años antes. A partir de su fundación, dicha institución extranjera empezó a recibir reclamaciones de los franceses por daños sufridos a causa de los mexicanos, que con el paso del tiempo fueron in crescendo. La máxima tensión entre ambas naciones ocurrió entre 1838-1839, en la que se implementó la “diplomacia del cañoneo”, cuyo epicentro fue el puerto de Veracruz.
Los franceses fueron en su mayoría hombres, pero también hubo mujeres que buscaron ejercer su profesión en la tierra receptora. Se trató de una migración joven y en edad productiva. Predominó el estado civil de soltero, aunque también hubo casados y viudos. La praxis mercantil fue la actividad prioritaria porque con ella se podía ascender en la escala social y generar fortuna. El viaje ultramarino se realizó de manera de individual, pero también llegaron familias simples y extendidas.
Durante la “expedición francesa”, el gobierno mexicano expidió el 1 de diciembre de 1838 una ley que expulsaba a los franceses que residían en México. Para este momento, la población francesa había estado en crecimiento, como lo muestran las solicitudes de cartas de seguridad. Este episodio poco conocido, que hasta ahora no se había estudiado con profundidad, tuvo consecuencias de largo plazo en los franceses solteros, casados y viudos que estaban domiciliados en el país, a pesar de que la vigencia de la referida ley fue de tan sólo cuatro meses. Con base en lo expuesto, refutaríamos la afirmación de que “ninguna medida fue tomada en contra de los franceses y de sus bienes”.91 Se demostró que la expulsión ocurrió en un contexto de guerra donde los ánimos estaban exaltados y en que la administración bustamantina buscó salvaguardar el orden interior basado en el derecho de gentes. Ahora sabemos que durante la vigencia de la ley de expulsión se registraron asesinatos y menoscabos materiales de los franceses. Por otro lado, se presentó un panorama general de los exceptuados franceses residentes en diversos puntos del país, que un estudio aparte profundizaría en ellos.
Para el cumplimiento de la ley de expulsión, las autoridades regionales mexicanas aplicaron diversos criterios. Dos factores explican lo anterior: el número de franceses avecindados en esos lugares y la evolución de la disposición, que estricta en su origen, fue suavizándose con el transcurrir de los días. Sobre todo, con el segundo factor, los gobiernos departamentales expresaron sus interrogantes. Aunque se subrayó por el régimen de Bustamante que las mujeres francesas no estaban incluidas entre las expulsadas, la documentación consultada reveló que varias de ellas recibieron pasaporte para abandonar el territorio mexicano. Este dato puede resultar sugerente para la historia de género.
De acuerdo con las fuentes revisadas, se halló que 141 franceses abandonaron forzadamente la República Mexicana, número muy lejano a los 450 franceses que señala Jean Meyer y los 700 franceses estimados por Édouard de Lisle y Nancy Nichols Barker. La divergencia de números muestra lo complicado de efectuar un análisis cuantitativo. Los dos principales destinos a los que se dirigieron los expulsados fueron Nueva Orleans y La Habana, hecho que pone de manifiesto la esperanza de regresar pronto y la convicción de que los motivos de discordia se dirimirían rápido, por lo cual buscaron lugares de refugio cercanos al territorio mexicano. Ambos puertos contaban con una importante comunidad francesa, por lo que su asentamiento temporal sería menos sufrible.
Se identificó que los expulsados tuvieron como vecindad principal la Ciudad de México y Veracruz. No es casualidad porque eran los principales puntos de concentración francesa. Otros lugares de residencia, entre los que estaban importantes centros urbanos, fueron Jicaltepec (colonia formada por franceses), Coatzacoalcos (puerto de cabotaje), Córdoba, Guadalajara, Oaxaca, Puebla y Zacatecas.
Al examinar los oficios de los exceptuados y expulsados encontramos un elemento en común: los artesanos dominaban y en segundo lugar estaban los comerciantes al por menor. Esto es, los afectados por la expulsión pertenecieron al sector medio y bajo y carentes de relaciones sociales. Se trata de la “vieja Francia” que había emigrado en aras de prosperar en la tierra receptora.
Queda pendiente un análisis pormenorizado de las listas de reclamantes franceses expulsados en 1838-1839, elaboradas en 1851, así como un estudio de los inventarios depositados en el consulado francés. Como se indicó en su oportunidad, algunas cantidades eran inexactas, lo que sugiere que los franceses buscaban obtener provecho económico bajo la protección de su gobierno. Incluso, las mismas comisiones que revisaron las reclamaciones las calificaron de “exageradas”.92
Financiamiento
Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación “‘Del peligro la patria salvad’: la expulsión de los franceses de México, 1838-1839”, desarrollado en el marco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, becario del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), asesorado por el doctor José Enrique Covarrubias Velasco.
Archivos
AGN, Archivo General de la Nación, Ciudad de México.
AHCDMX, Archivo Histórico de la Ciudad de México, Ciudad de México.
AHGE-SRE, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México.
CADN, Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Nantes.
Hemerografía
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Diario del Gobierno, Ciudad de México, 1839.
Diario del Gobierno de la República Mexicana, Ciudad de México, 1835-1840.
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El Arcoiris, Veracruz, 1851.
El Censor, Veracruz, 1834-1835.
El Cosmopolita, Ciudad de México, 1838.
El Procurador del Pueblo, Veracruz, 1834.
El Siglo Diez y Nueve, Ciudad de México, 1843.
El Sol, Ciudad de México, 1825-1828, 1832.
El Telégrafo, Ciudad de México, 1833.
Le Trait d’Union, Ciudad de México, 1851.
Mensajero Federal, Veracruz, 1833-1834.
Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, 1830-1831.
Fuentes impresas
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Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, tomo iii, México, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano hijos, 1876.
Duvergier, J. B., Collection complète des lois, decrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’Ėtat, (De 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique), publiée sur les éditions officielles, continuée depuis 1836, et formant un volumen chaque année, tomo XXXIX, Paris, S’adresser au directeur de l’administration, 1839.
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Fossey, Mathieu de, Le Mexique, Paris, Henri Plon, 1857.
Rivera Cambas, Manuel, Historia de la intervención europea y norteamericana en México y del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, tomo I, México, Tipografía de Aguilar e Hijos, 1888.










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