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Introducción
La democracia como gobierno y forma de vida pierde terreno frente a visiones del mundo autoritarias. De ahí que se hable de una recesión democrática caracterizada por la pérdida de confianza entre los miembros de una comunidad política (Rivera, 2019; Villasmil y Babarykina, 2022; Chaparro, 2023). Así lo demuestra la Corporación Latinobarómetro en su informe de 2023 en dónde sólo el 48% de la población encuestada apoya a la democracia en la región (Corporación Latinobarómetro, 2023). Esa recesión democrática de nivel macro identificada por la Corporación Latinobarómetro puede ser comprendida en un nivel micro si se extiende su análisis a la práctica cotidiana de las instituciones políticas de los Estados democráticos.
Una institución y organización política clave para las democracias es el Poder Legislativo, la más representativa de las fuerzas políticas de un Estado (Mora, 2006). En el contexto mexicano esta organización contribuye a la recesión democrática porque padece de baja confianza, ello lo sustentan las cifras de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, en la cual se reporta que los legisladores ocupan los niveles más bajos de confianza en instituciones, ya que sólo el 2.7% y 2.6% de la población de 15 años y más opina que tiene mucha confianza en los diputados federales y senadores y diputados locales respectivamente.
Ante tales bajos niveles de confianza, los legisladores en México emplean diversos medios institucionales para legitimarse, entre estos se encuentran normativas y modelos de gestión soportados por las TIC, implementados en comunicaciones organizacionales internas y externas. Ejemplo de ello en México es la instalación de tableros electrónicos para la votación (Diaz, 2006), la creación del Canal del Congreso en 1998, (Canal del Congreso, s.f.), y uso de redes sociales digitales (Cámara de Diputados-H. Congreso de la Unión, s.f.; Senado de la República, s.f.). No obstante, estos mecanismos han resultado insuficientes para lograr mejores niveles de confianza de los ciudadanos.
Entre todos aquellos mecanismos el parlamento abierto es el que se ha implementado de manera reciente en México (Sánchez, 2018; Alonso, 2020; Tagle, 2020 y Rojas y Carrillo 2023). Dicho mecanismo aspira a promover una participación directa y activa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones legislativas. Su comprensión atiende a tres vertientes: la representación democrática, la incorporación de TIC y su relación con el gobierno abierto (Puente y Luna, citados en Alonso, 2020); su operación se fundamenta en una serie de principios (Alianza parlamento abierto, s.f.) y se apoya en diversas TIC, como las páginas web y redes sociales digitales.
En efecto, el parlamento abierto es un mecanismo institucional que ofrece la oportunidad a los legislativos de mejorar su legitimidad. Y a los ciudadanos les da la ocasión de participar en la toma de decisiones legislativas para promover sus intereses. En ese sentido, la relación entre parlamento abierto y participación ciudadana es positiva, es decir, entre más se implementen los principios del parlamento abierto más es la participación ciudadana que se puede esperar y con ello es mayor la legitimidad del poder legislativo. En ese sentido, las TIC como mediadoras de la comunicación contribuyen a dicha relación positiva, es decir, su uso promueve la participación ciudadana. Con ellas, los legisladores tienen posibilidad de construir canales de comunicación para facilitar la participación del ciudadano en el proceso legislativo y, en ese sentido, cocrear legislación.
Sin embargo, el mecanismo en México tiene áreas de oportunidad ya que son pocos los legislativos subnacionales que han adecuado sus marcos normativos a los principios del parlamento abierto en un rango constitucional y de ley, y menos en la definición de reglas y procedimientos puntuales para su implementación (Peña, 2022). Su implementación ha generado inquietudes sobre su efectividad para lograr que los ciudadanos participen y que sus aportaciones sean tomadas en cuenta en la legislación. Se ha identificado que la práctica del parlamento abierto depende de acuerdos políticos dentro de los parlamentos, la cual se limita a considerar la participación de las élites políticas (Tagle, 2020) y deja de lado a los ciudadanos más afectados (Alonso, 2020). Esto da pie a una relación negativa entre parlamento abierto y participación ciudadana que, si se hace extensiva al uso de las TIC, se puede plantear que su uso en el contexto del parlamento abierto inhibe la participación de los ciudadanos más afectados.
Para desarrollar ese planteamiento, este trabajo estudia la manera en que los legisladores en México utilizan a las TIC para inhibir la participación ciudadana y, consecuentemente, contribuyen a la recesión democrática en la región latinoamericana. Se analiza el caso de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional llevadas a cabo en la Cámara de Diputados de México, un ejercicio que se asumió como parlamento abierto. Al respecto, los únicos trabajos académicos sobre el tema y el caso (Alonso, 2020; Tagle, 2020), reportan que en dicho ejercicio se excluyó la participación de ciudadanos víctimas de la violencia mientras que se ponderaba de mejor forma la participación de las élites políticas e intelectuales.1 Por lo que, esos dos estudios del caso ilustran, precisamente, la inhibición de la participación de una parte de la ciudadanía. Y dado que las audiencias públicas forman parte del parlamento abierto, así como las TIC son uno de sus pilares o dimensiones (Puente, 2018; APA, 2023) uno se puede preguntar ¿los legisladores utilizaron las TIC para inhibir la participación ciudadana en el parlamento abierto sobre la Guardia Nacional? Para responder esta pregunta el trabajo se estructura en cinco partes. En la primera se ofrece un estado de la cuestión sobre el parlamento abierto en México. En la segunda, se desarrolla un marco teórico sobre participación ciudadana y TIC en las organizaciones legislativas. La tercera parte corresponde a la metodología. En la cuarta se muestran los resultados de acuerdo con un caso. En la quinta, estos se analizan y discuten. Por último, se ofrecen conclusiones sobre el estudio.
Estado de la cuestión
Surgimiento del parlamento abierto en México
El parlamento abierto surge de una tendencia en las democracias occidentales en promover la idea de apertura de los espacios gubernamentales como un medio para ganar la confianza de los ciudadanos. Esa apertura se denominó gobierno abierto, cuyos principios se relacionan a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Fue promovida por la sociedad civil y el gobierno de Estados Unidos con un Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto en 2009. Posteriormente, el gobierno abierto tomó forma de alianzas internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) formada en 2011, en la cual México formó parte (Sánchez, 2018; Alonso, 2020; Tagle, 2020; Rojas y Carrillo, 2023). Como materialización de aquellas alianzas, en México se logró la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015 (Rojas y Carrillo, 2023).
En ese marco de esfuerzos por aplicar los principios de gobierno abierto surgió el parlamento abierto, una extensión de aquellos principios a las organizaciones parlamentarias. En el contexto internacional, esas adecuaciones tomaron lugar en la World e-Parliament con la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria en 2012. Mientras que, en México se estableció, en 2014 y como resultado de la coordinación de organizaciones de la sociedad civil con organizaciones legislativas, la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) (APA, 2023; Mancillas, 2023), en la cual se fijaron los diez principios de parlamento abierto en México.
Desarrollo y experiencias sobre el parlamento abierto en México
Bajo ciertas adecuaciones, los diez principios de parlamento abierto han tenido eco en los legislativos de México, tanto a nivel subnacional como federal. En ese sentido, en los estudios de legislativos subnacionales se registran avances significativos en la modificación de marcos normativos y en experiencias de implementación. Tales son los casos de Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, y Sonora que cuentan con legislación de nivel constitucional en la materia (Peña, 2022). De las experiencias de implementación destacan las de Jalisco (López, 2022), Quintana Roo (Solís, 2022), Guanajuato (Sainez, 2022) y Querétaro (Sánchez, 2024) las cuales muestran evidencia de que el parlamento abierto en las entidades se apoya en TIC y que se encuentra en un proceso de institucionalización.
Como el presente estudio se concentró en el nivel federal, especialmente en la Cámara de Diputados, también se buscaron referencias normativas y experiencias de implementación, pero para este nivel no se encontró referencia explícita al parlamento abierto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (CPEUM, 2023), tampoco en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM, 2022), ni en el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados (RICD, 2023). Sin embargo, en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (RTAIPPDPCDCU, 2023), sí se hace referencia al parlamento abierto, aunque no se define la manera en que debe organizarse. Además, en marzo de 2019 la cámara baja ya había creado un Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana y en febrero de 2020 creó los lineamientos para la implementación del parlamento abierto (Cámara de Diputados, 2021).
En cuanto a las experiencias de parlamento abierto en la Cámara de Diputados relacionados al caso de la Guardia Nacional, se encontraron dos documentos que, aunque no se suscribieron al estudio de las TIC dan cuenta de la deficiente participación de ciudadanos víctimas de la violencia. El primero es una ponencia de Tagle (2020) -legisladora en la Cámara de Diputados durante el proceso legislativo de la Guardia Nacional- quien afirma que las audiencias públicas en la materia carecieron de reglas para su ejecución, en especial para vincular los resultados de las audiencias con la legislación. También reconoció, a la observación y a la presión social, como aspectos positivos en el proceso legislativo.
El segundo documento es de Alonso (2020), quien enfatizó el papel del colectivo Seguridad Sin Guerra (SSG) en las audiencias públicas de la Guardia Nacional, como un colectivo representativo de amplios sectores de la sociedad civil, así como la omisión de la Cámara de Diputados a seguir un acuerdo para incluir la participación de víctimas en las audiencias públicas. Concluyó que en aquellas audiencias públicas se promovió la idea de que el mando de la Guardia Nacional fuera civil y no militar.
Marco teórico
Democracia, parlamento y participación ciudadana
La democracia, definida como una forma de gobierno en la que el pueblo dispone de los medios idóneos y eficaces para determinar su destino (Serra, 1996, p. 591), enfatiza que el poder emana del pueblo, por lo que su participación es de vital importancia para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales. En ese sentido, existen diversas modalidades de participación ciudadana en los asuntos públicos de un gobierno democrático. Entre estas se encuentran la democracia representativa y la participativa. En la primera, los ciudadanos eligen mediante elecciones libres, a sus gobernantes como representantes de sus intereses, para que tomen decisiones en los asuntos públicos que les afectan. En la democracia participativa, los ciudadanos se inmiscuyen en los asuntos públicos para mejorar la toma de decisiones (Rodríguez, 2015; Serra, 2008). En términos de participación la diferencia radica en que, en la democracia representativa la participación de los ciudadanos se remite solamente a la elección de funcionarios que los representan temporalmente en los espacios de decisión; mientras que en la democracia participativa la ciudadanía participa activamente en el proceso decisorio, es decir, su incidencia en los asuntos públicos es mayor (Schneider y Welp, 2015).
El poder legislativo o parlamento es la organización en la que reside la mayor representación de intereses de una sociedad (Mora, 2006). En esta organización la democracia representativa se hace efectiva en la labor representativa de los legisladores en los procesos de toma de decisiones legislativas y la democracia participativa cuando se involucran a los ciudadanos en dichos procesos.
Por lo que respecta al significado de participación, esta refiere a múltiples interpretaciones, pero el contenido básico de ellas es el formar o sentirse parte de algo (Sani, 1998), de cualquier tipo de identidad colectiva, grupo u organización (Sánchez, 2015) sobre una actividad temporal o permanente (Serra, 2008); por lo que requiere de la existencia de dos personas (Sáenz, Badii y Castillo, 2009). Si se hace caso de que la participación ciudadana no significa decidir sino de influir (Sánchez, 2015) o incidir (Schneider y Welp, 2015) en los tomadores de decisión de los asuntos públicos, se tiene que en el parlamento la participación ciudadana no atenta contra las funciones del legislador para decidir, sino que lo acompaña para que su decisión sea mejor.
Principios y tecnologías de información y comunicación para el parlamento abierto
Como se mencionó con anterioridad, el parlamento abierto parte del gobierno abierto, el cual se guía a partir de principios y prácticas aceptadas por organizaciones de distintos sectores a nivel internacional. En México, fue la Alianza para el Parlamento Abierto la que aglutinó a organizaciones legislativas, garantes de acceso a la información y de la sociedad civil para conformar diez principios2 que están estrechamente relacionados entre sí y también con el uso de TIC. Para propósitos de este trabajo se enfoca solo el principio 2, participación ciudadana y rendición de cuentas, el cual considera, para la participación ciudadana, si los congresos “Promueven la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas (…)” (APA, 2023).
Ahora, ya que en el parlamento abierto se considera que el principio de participación ciudadana es promovido por TIC, es conveniente definirlas como un “conjunto de dispositivos, aplicaciones, medios y hardware y software asociado que reciben y distribuyen, procesan y almacenan, y recuperan y analizan información digital entre personas y máquinas (como información) o entre personas (como comunicación)” (Rice y Leonardi, 2014, p. 426); ya que se puede identificar lo amplio del término TIC, al abarcar un gran conjunto de dispositivos y aplicaciones.
Metodología
Tras reconocer que la investigación busca responder a la pregunta, ¿cómo los legisladores utilizaron TIC en el parlamento abierto sobre la Guardia Nacional para inhibir la participación ciudadana? Para dar cuenta de ello se seleccionó a la Cámara de Diputados de México como la organización de estudio y a las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional como el ejercicio de parlamento abierto a analizar.
Se optó por analizar a las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional porque se ha realizado investigación sobre este ejercicio (Alonso, 2020; Tagle, 2020). Además, en dichos trabajos se reporta que en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional se excluyó la participación de ciudadanos víctimas de la violencia. Entonces el caso en cuestión fue significativo y útil para la investigación, debido a que tal exclusión de víctimas obstaculiza la realización de la participación de actores con información relevante para la elaboración de legislación de política pública, es decir, inhibe la participación de esos actores. Por lo tanto, tal exclusión se puede entender como la inhibición de la participación de una parte de la ciudadanía. Dado nuestro interés por las TIC, aquí tratamos de ver el papel que juegan en la inhibición de la participación ciudadana en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.
Por lo que el estudio siguió un diseño cualitativo de tipo descriptivo. Por ser una primera aproximación también se asumió como exploratorio. Por otro lado, se hizo una revisión documental y videográfica de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional. Los documentos concernientes a las versiones estenográficas de nueve mesas temáticas y de vídeo de dichas sesiones. Como complemento se revisaron documentos de transparencia solicitados a la Cámara de Diputados por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).3
Para el procesamiento de la información se utilizaron los programas Word y Excel de Microsoft. Con ambos se realizó un análisis de contenido de los documentos digitalizados correspondientes a las versiones estenográficas de las audiencias públicas disponibles en la página web de la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados, 2023). En Word se registró el contenido de las versiones estenográficas de las mesas de trabajo de las audiencias públicas y se realizó el conteo de palabras. Posteriormente en Excel se registró el conteo de palabras de acuerdo con el tipo de participante y organización representada. De esa manera se objetivó a la participación ciudadana. A la par se hicieron anotaciones sobre el contenido de las transmisiones en vivo de las plataformas Facebook y YouTube de la Cámara de Diputados sobre las audiencias públicas, en especial referente a las TIC empleadas durante las intervenciones de los participantes y aquellos que hacían comentarios en las plataformas. Además, se utilizaron las solicitudes de información realizadas por medio de la PNT para implementar parte de sus datos en la descripción del caso.
Para el análisis de la información se emplearon algunos extractos de texto de participantes de las audiencias públicas provenientes de las versiones estenográficas, además se diseñó una tabla dinámica en Excel y posteriormente una tabla de frecuencias en la que se aprecia la cuantificación de palabras en términos absolutos y por porcentaje de cada tipo de participante.
Resultados
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con número 5184-II (Cámara de Diputados, 2018a) el día 20 de noviembre de 2018 la legisladora María Guillermina Alvarado Moreno y otros integrantes del grupo parlamentario de MORENA en la cámara baja iniciaron el proceso legislativo de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional con la presentación de una iniciativa, la cual fue turnada el mismo día a la comisión de Puntos Constitucionales como comisión dictaminadora y a las comisiones de Gobernación y Población y de Seguridad Pública como comisiones emisoras de opinión.
En la misma gaceta se señala que del 11 al 15 de diciembre de 2018 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realizó audiencias públicas. Posteriormente, según el Informe Semestral de la Comisión de Puntos Constitucionales (ISCPC), la iniciativa fue dictaminada en sentido positivo el día 20 de diciembre de 2018 (Cámara de Diputados, s.f., pp. 70-71). No obstante, el 23 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con número 5186-V un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se llevaran a cabo otras audiencias públicas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con el fin de analizar el dictamen con proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional (Cámara de Diputados, 2018b).
De acuerdo con la solicitud de transparencia con folio 0120000030420 y la respuesta correspondiente por la Cámara de Diputados con el oficio CCS/DA/0263/2020, la Cámara de Diputados reportó haber empleado como medios de difusión a la radio, televisión y redes sociales digitales de los cuales afirmó no haber generado ningún gasto.4 En cuanto a radio y televisión reporta el uso de 1,004.37 horas en cobertura nacional del 03 al 07 de enero de 2019 con un impacto de audiencia de 120,555 espectadores. Para las redes sociales reportó haber difundido 56 publicaciones en Facebook, 50 publicaciones en Twitter y 8 publicaciones en YouTube entre 31 de diciembre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019.
Para conocer si la difusión realizada se tradujo a cierto número de participantes se realizó la solicitud de transparencia con folio 0120000030520 con la cual se solicitó información sobre registros y datos de registros de personas físicas y morales que solicitaron participar o a las que se les extendió una invitación para participar en las audiencias públicas. Como respuesta la Cámara de Diputados emitió el oficio JCP/JOSM/ARV/2191/200220 con el que se limitó a señalar que por tratarse de audiencias públicas no se realizó registro alguno de las personas asistentes, además no hizo alusión alguna a invitaciones realizadas por la Cámara de Diputados, por último, sólo compartió la página web sobre las audiencias públicas.
En la revisión de las versiones estenográficas publicadas en la página web de la Cámara de Diputados, fue posible apreciar que al inicio de sus intervenciones algunos participantes invitados agradecían la invitación directamente a un legislador, por ejemplo, en la mesa 8 José Rafael Ojeda Durán agradeció al legislador Mario Carrillo por la invitación5: “Muy buenos días. Le agradezco al diputado Mario Carrillo por esta invitación” (Cámara de Diputados, 2019a, p. 6). Por otro lado, también hubo agradecimientos de invitación a los legisladores en general, tal fue el caso de Javier Oliva Posada en la mesa 10 quien lo hizo de la siguiente manera: “(…) A las senadoras, senadores, diputadas y diputados, muchas gracias por la invitación (…)” (Cámara de Diputados, 2019b, p. 2).
De acuerdo con lo anterior, se infiere que la invitación fue promovida por medio de las relaciones públicas de los legisladores y no a través de la Cámara de Diputados ya que esta no reportó haber generado invitación alguna. Por lo tanto, no fue posible apreciar el impacto de la difusión en los medios de comunicación mencionados para la generación de participación ciudadana en las audiencias públicas.
Luego, las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional se llevaron a cabo del 08 al 12 de enero de 2019 en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Estas se conformaron por 10 mesas de trabajo6 en las que de acuerdo con la revisión de las versiones estenográficas se registraron un total de 220 participantes.7 En cada mesa de trabajo participaron legisladores de ambas cámaras sin embargo se integraron de manera discriminada a los participantes invitados.8 Cabe mencionar que las principales autoridades de la seguridad pública del país no se encontraron en la misma mesa que los especialistas pertenecientes al sector académico y de las organizaciones de la sociedad civil.
La dinámica de participación en las mesas temáticas fue otorgar 3 minutos a legisladores y 10 minutos para los participantes invitados. En cada mesa se ubicaron legisladores bajo el rol de moderadores, los cuales se encargaron de hacer respetar los tiempos asignados a las participaciones. Algunos participantes afirmaron utilizar apoyo visual con presentaciones mismas que están disponibles en la página web de las audiencias públicas. Sin embargo, se desconoce cómo es que fueron proyectadas ya que no se lograron apreciar en las transmisiones videograbadas.
Todos los participantes dispusieron del uso de un micrófono para hablar, mismo que se constituyó como principal TIC de comunicación para mediar la participación de cada participante de las audiencias públicas. Además, todos los participantes de las audiencias dispusieron de transmisión simultánea en el Canal del Congreso y en las redes sociales Facebook y YouTube, así como de la transcripción de sus intervenciones en las versiones estenográficas publicadas posteriormente en la página web de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, en las redes sociales se pudo apreciar participación ciudadana en comentarios de usuarios de dichas redes en las que expresaban impresiones de acuerdo con cada participación, algunas con lenguaje muy peyorativo, así como opiniones sobre el tema. Ninguna de estas fue tomada en cuenta durante el transcurso de las audiencias públicas.
En la Tabla 1, es posible apreciar la participación ciudadana en las audiencias públicas por tipo de participante y la participación medida en cantidad de palabras.
Tabla 1 Participación ciudadana en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional
| Tipo de
participantes |
Número
de participantes |
Número de
participantes en porcentaje |
Participación
en cantidad de palabras |
Participación
en porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Poder legislativo federal cámara de diputados | 111 | 50.5% | 62,100 | 27.6% |
| Organización de la sociedad civil | 18 | 8.2% | 29,444 | 13.1% |
| Universidad | 10 | 4.5% | 25,289 | 11.2% |
| Poder ejecutivo estatal | 13 | 5.9% | 23,161 | 10.3% |
| Poder ejecutivo municipal | 17 | 7.7% | 18,980 | 8.4% |
| Poder legislativo federal senado de la república | 21 | 9.5% | 14,515 | 6.5% |
| Ciudadano especialista | 6 | 2.7% | 14,007 | 6.2% |
| Funcionario de poder ejecutivo federal | 3 | 1.4% | 7,591 | 3.4% |
| Asociación profesional | 4 | 1.8% | 7,549 | 3.4% |
| Organización de sindicato de empresarios | 5 | 2.3% | 6,856 | 3.0% |
| Organización internacional | 2 | 0.9% | 3,972 | 1.8% |
| Ciudadano militar retirado | 1 | 0.5% | 3,668 | 1.6% |
| Organización gubernamental | 2 | 0.9% | 2,828 | 1.3% |
| Poder legislativo local | 1 | 0.5% | 2,145 | 1.0% |
| Funcionario poder ejecutivo municipal | 3 | 1.4% | 2,088 | 0.9% |
| Ciudadanos sin invitación | 2 | 0.9% | 584 | 0.3% |
| Ciudadano víctima | 1 | 0.5% | 196 | 0.1% |
| Total general | 220 | 100.0% | 224,973 | 100.0% |
fuente: elaboración propia con base en versiones estenográficas (cámara de diputados, 2023).
En la Tabla 1, se puede ver que la participación ciudadana se concentró en los legisladores de la Cámara de Diputados con el 50.5% de las participaciones y el 27.6% de palabras expresadas en las audiencias públicas. Les siguen participantes miembros de organizaciones de la sociedad civil con 8.2% y 13.1% y académicos pertenecientes a universidades en su mayoría con 4.5% y 11.2% respectivamente. En contraste los que menos participaron fueron ciudadanos sin alguna adscripción a una organización, fue el caso de una ciudadana víctima cuya participación representó el 0.5% de las participaciones y el 0.1% de las palabras expresadas. Esta ciudadana participó en la mesa 8, frente a las principales autoridades de seguridad pública del país, sin ningún micrófono y suplicando atención al caso de su hija quien, afirmó, fue violada por un militar.
Para el caso de ciudadanos sin invitación y que no se asumieron como víctimas fueron dos, un hombre bajo el rol de espectador quien hizo una pregunta con apoyo de un micrófono en la mesa 7. Y una mujer en la mesa 10 a quien se le concedieron dos minutos para leer una carta que contenía su opinión sobre el tema. La carta la leyó con el apoyo de un micrófono y en un asiento ubicado en el mismo mobiliario que los demás participantes de la mesa 10.
Análisis y discusión
De acuerdo con los resultados, es posible apreciar que en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional sí hubo participación ciudadana y uso de TIC. La participación ciudadana fue aglutinada por participantes representantes de diversas organizaciones principalmente del poder legislativo, organizaciones de la sociedad civil y universidades. Por el lado de uso de TIC, se concentró en el uso de micrófono, el cual sirvió para mediar las comunicaciones internas de los participantes. Asimismo, se identificaron otras TIC relacionadas a la difusión de las audiencias públicas como la radio, televisión y redes sociales digitales las cuales fungieron como mediadoras de la comunicación externa de la Cámara de Diputados hacia el público en general. Con tales evidencias se puede afirmar que las TIC tuvieron una relación positiva con la participación ciudadana en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional como ejercicio de parlamento abierto. Igualmente, se puede afirmar que los legisladores usaron TIC para promover la participación ciudadana.
Si se recuerda, el interés de este trabajo radica en la relación negativa entre TIC y participación ciudadana, es decir, las TIC como inhibidoras de la participación ciudadana. Al respecto, los resultados parecen demostrar una relación positiva entre TIC y participación ciudadana, no obstante, se encontraron a ambas relaciones en mayor y menor medida. En mayor medida para la relación positiva como se mencionó con anterioridad, ya que la participación de ciudadanos en el parlamento abierto sobre la Guardia Nacional fue soportada a través de TIC. Y en menor medida la relación negativa con ciertos indicios, ya que tiene la particularidad de no ser tan visible y evidente como la relación positiva.
Entonces, se encontraron indicios de inhibición de participación ciudadana por medio de un uso selectivo de TIC, es decir, en el uso de TIC para la asignación selectiva de espacios de participación en las audiencias públicas -presencial, virtual- tal asignación inhibió y promovió la participación de ciertos participantes. Como se mostró en el apartado de resultados, aunque se emplearon diversas TIC para difundir una convocatoria para participar en las audiencias públicas, de acuerdo con la misma Cámara de Diputados no hubo registros de ciudadanos que solicitaran participar, por lo tanto, se entiende que las TIC no tuvieron incidencia en la comunicación externa para promover la participación de ciudadanos en las audiencias públicas. En cambio, las que sí tuvieron incidencia en la participación ciudadana fueron las invitaciones personalizadas realizadas por legisladores, por cierto no reconocidas por la Cámara de Diputados, pero sí evidenciadas en las intervenciones de los participantes invitados de las audiencias públicas.9 Futuras investigaciones requieren indagar si tales invitaciones personalizadas fueron realizadas por medio de TIC.
Además de mostrar la inhibición de la participación ciudadana por el uso selectivo de TIC, este trabajo también hace evidente que en el modelo de parlamento abierto las TIC se usan para controlar a los participantes en las audiencias públicas y a los espectadores en las redes sociales digitales. Para los participantes en las audiencias públicas, el control se instrumentó con el uso del micrófono por parte de los legisladores que moderaron las participaciones en las mesas temáticas. Para el caso de los espectadores, se distinguen dos, los que se encontraban en las instalaciones de la Cámara de Diputados en las audiencias públicas y aquellos que se encontraban a distancia por medio de las redes sociales digitales Facebook y YouTube. Para los primeros el control fue por medio de los micrófonos ya que, al igual que cualquier participante, sólo tenían posibilidad de intervenir si les otorgaban la palabra y un micrófono para hablar. Para los segundos, el control se instrumentó por medio de la configuración de las redes sociales digitales, de manera que los comentarios realizados en estas se quedaron ahí mismo y no tuvieron espacio para su apreciación y consideración en las audiencias públicas. Tal cuestión muy probablemente se debe a que la normativa de la Cámara de Diputados en la materia (RTAIPPDPCDCU, 2023), carece de procedimientos puntuales de diseño constitucional para garantizar la participación ciudadana a través de las redes sociales en ejercicios de parlamento abierto como las audiencias públicas.
Lo anterior lleva a identificar un uso negligente de las TIC en el sentido de que su potencial no fue aprovechado para promover una participación ciudadana más influyente en las audiencias públicas y en el proceso legislativo en general. La negligencia comienza desde la misma difusión del evento ya que la cantidad de espectadores alcanzados tan solo en radio y televisión (120,555), se aleja de la cantidad de ciudadanos afectados de manera directa o indirecta por la delincuencia en México. Por lo que la Cámara de Diputados pudo haber invertido recursos para promover de mejor forma a las audiencias públicas, inclusive en las redes sociales digitales. Además, dicha negligencia también se identifica en la nula incorporación de los comentarios que hicieron los ciudadanos participantes en las audiencias públicas, a través de las redes sociales digitales.
Para este caso se puede decir, en términos generales, que los legisladores tuvieron usos selectivo, controlador y negligente de las TIC en un sentido estratégico, es decir, como medios para el fin de proyectar la idea de que estaban promoviendo la participación ciudadana, en el marco de un mecanismo socialmente bien ponderado como lo es el parlamento abierto. Pero no se debe pasar por alto que cada uno de esos usos estratégicos de TIC tuvo su correlato en la selección y control de los participantes, así como en minar el potencial de la participación general que, finalmente, redunda en su inhibición. Con tales apreciaciones se puede inferir que dichos usos de TIC son, en sí, estrategias de poder de los actores en el parlamento abierto, que racionalizan a ambos como instrumentos útiles para la realización de sus fines en el proceso legislativo y que lo van mitificando mientras los utilizan, precisamente, para justificar tales fines. A final de cuentas y según las evidencias de este caso, el parlamento abierto y sus elementos -como la participación ciudadana y las TIC- ya son un mito racionalizado (Meyer y Rowan, 1999) que legitima las acciones del poder legislativo, en este caso en la legislación en materia de Guardia Nacional.
Conclusiones
El estudio del caso encontró que la mayoría de los ciudadanos que participaron en las audiencias públicas representaban a una organización, que la principal TIC que medió su comunicación fue el micrófono y que todos los participantes tuvieron transmisión en vivo de su intervención por medio de las redes sociales digitales Facebook y YouTube y del Canal del Congreso. Por lo que en un primer momento estas TIC fueron usadas para promover la participación ciudadana mediante las respectivas convocatorias, en un segundo momento la promovieron y realizaron durante las sesiones de las audiencias públicas. En un tercer momento se observó un uso oculto (Bijker, 2005) de TIC, el cual sólo pudo encontrarse cuestionando la manera en que se desarrollaron las audiencias públicas, por un lado, por qué participaron los que participaron y por otro lado cómo participaron. Lo que llevo a identificar indicios de que la inhibición de la participación ocurrió a partir de un uso selectivo de las TIC para la difusión de las audiencias públicas y de las invitaciones a los ciudadanos que sí podían intervenir en estas, al igual que un uso controlador debido a que se utilizaron para moderar las participaciones en las audiencias públicas y en las redes sociales digitales. También un uso negligente ya que no aprovecharon el potencial de estas tecnologías para involucrar la mayor cantidad posible de ciudadanos.
Para investigaciones futuras se propone estudiar el uso inhibitorio de las TIC y sus mecanismos a través de instrumentos metodológicos que contribuyan a su objetivación como la observación directa y entrevistas. También se propone abordar su estudio desde una perspectiva de poder, ya que su uso se encuadra en las estrategias que los legisladores implementan para lograr los objetivos planteados en agendas partidistas y gubernamentales. Igualmente, queda la posibilidad de estudiar las audiencias públicas, el parlamento y el gobierno abierto desde una perspectiva neoinstitucional con el concepto de mito racionalizado (Meyer y Rowan, 1999), ya que las organizaciones legislativas adoptan los principios del parlamento abierto para legitimar sus acciones, y, sin embargo, en la práctica los adecúan al contexto de sus luchas políticas cotidianas.
