INTRODUCCIÓN

La violación sistemática a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, configurados desde un marco liberal, ha provocado que los estados ejerzan innumerables prácticas y técnicas de represión a través de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, lo que ha impulsado la creación de organizaciones de derechos humanos cuyo liderazgo y militancia ha sido ocupado por mujeres, aunque la mayoría de sus experiencias han quedado al margen de la narrativa hegemónica. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de las “Madres de la Plaza de Mayo”, en Argentina, quienes desde 1977 han protagonizado una lucha por la memoria a nivel simbólico, pero también como una práctica social y organizativa.

Mujeres activistas y defensoras de derechos humanos han hecho frente al sistema capitalista, patriarcal y colonial con particulares formas de resistencia, han creado redes en distintos países de apoyo mutuo, es decir, han extendido vínculos de solidaridad para compartir e intercambiar saberes, conocimientos y visibilizar otras formas de lucha, por lo que sus aportaciones en la construcción de la memoria han constitudo y constituyen una pieza clave en las estrategias de lucha a favor de la justicia, la verdad y la reparación con capacidad de influir en agendas políticas nacionales y organismos internacionales.

A finales de la década de 1990, los asesinatos y las desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, ubicada en el estado fronterizo de Chihuahua en México, cobraron notoriedad mundial. Cuando madres, activistas y defensoras de derechos humanos implementaron diversas estrategias para visibilizar los casos y denunciar la “aparición” de cuerpos de mujeres en el espacio público con signos de violencia extrema, este fenómeno se dio a conocer social y periodísticamente como “las muertas de Juárez” y puso de manifiesto la violencia feminicida contra niñas y mujeres. La categoría teórica femicide creada por Diana Russel y Jill Radford permitió a Marcela Lagarde traducir el concepto de feminicidio y dotarlo de significado para precisar que los ocurridos en Ciudad Juárez eran feminicidios y no crímenes contra mujeres (^{Lagarde 2006b}). Sin embargo, tomó un tiempo para que el término feminicidio como categoría teórica permeara en las luchas de las organizaciones de mujeres debido a que, en ese entonces, la violencia de género no era percibida socialmente como un problema de carácter estructural, ni el término feminicidio formaba aún parte del bagaje conceptual y jurídico de las madres y activistas en Chihuahua.

En México, a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género se les ha negado sistemáticamente el acceso a la justicia y a la memoria, principalmente si son pobres, racializadas, migrantes o indígenas; los marcos normativos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos se desvanecen ante las experiencias de violencia que ellas enfrentan. La construcción de la memoria en contextos hostiles ha sido resignificada por las mujeres valiéndose de prácticas y estrategias creativas para intervenir el espacio público, disputando así la memoria hegemónica que invisibiliza, niega y difumina de la historia y del presente a las mujeres frente a las violencias estructurales de género.

En el informe de Amnistía Internacional Muertes intolerables / Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (2003), se narra la brutalidad y la saña perpetradas contra los cuerpos abandonados en el desierto de mujeres golpeadas, descuartizadas, desnudas y maniatadas. Mujeres asesinadas, torturadas y violentadas que exhiben las expresiones de violencia exacerbada a la que fueron sometidas, muchas veces precedidas por actos de secuestro, tortura y violencia sexual. Desde entonces, una constante en los casos de feminicidio sería la ineficiente determinación de la identidad de esos cuerpos, así como de las circunstancias de su muerte. En este contexto, la antropología forense se convertiría en una herramienta clave para conectar la ciencia con los movimientos de mujeres en la lucha por la verdad y la memoria.

Uno de los objetos de estudio de la academia ha sido la violencia de género y los feminicidios desde diferentes enfoques y perspectivas, con particular interés en los casos de Ciudad Juárez. Sin embargo, quedan aún por estudiar aspectos clave a partir de una perspectiva feminista y decolonial, por ejemplo, el papel de las organizaciones de mujeres en la construcción de la memoria colectiva, y la manera en que dicha memoria puede tener también una dimensión transnacional. La presente investigación parte de la pregunta: ¿cómo se configuró y cuál fue el impacto de la alianza de colaboración entre las organizaciones de mujeres de Chihuahua y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para articular procesos de memoria con la verdad, la justicia y la reparación?¹ Esta alianza fue determinante para conformar la investigación forense desde la perspectiva de género que sirvió como soporte para el proceso de construcción de una memoria colectiva de los casos de feminicidio en México.

Este artículo se inserta dentro del marco analítico que han trazado estudios recientes sobre género y memoria como estrategia metodológica y política para visibilizar relatos contrahegemónicos; resalta la importancia de las luchas de las mujeres (^{Troncoso y Piper 2015}), concretamente, el papel de los movimientos de mujeres en la construcción de memoria, contramemoria, resignificación y reparación desde el enfoque de la epistemología feminista decolonial, y articula los procesos de memoria y su cruce con los derechos humanos de las mujeres. Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa basada en la técnica de entrevista en profundidad realizadas entre enero de 2019 y marzo de 2021 con 10 actoras clave, todas ellas mujeres que se autodenominan activistas y defensoras de derechos humanos y que tienen algún tipo de vínculo con el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua, México, un movimiento que agrupa a mujeres pertenecientes a diversas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas pioneras y con una amplia trayectoria en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Se utilizaron otras fuentes primarias, como los informes realizados por las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres entre 2002 y 2010.² La metodología empleada responde a la necesidad de los movimientos contemporáneos feministas y de mujeres por rescatar su propia voz, su propia historia.

Este artículo se estructura en tres partes: se inicia con un apartado en donde se exponen las vertientes teórico-metodológicas a partir de las cuales se ha realizado la investigación, subrayando el enfoque desde la epistemología feminista decolonial articulado con los estudios de memoria y su intersección con los derechos humanos de las mujeres. En el segundo apartado, se aborda el desarrollo de la antropología forense en Argentina y su vínculo con la memoria, la justicia y la verdad. En el tercer apartado, dividido en tres secciones, se exponen testimonios del trabajo de organizaciones de mujeres y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la experiencia pionera en México en la identificación de restos de mujeres. Por último, se presentan algunas reflexiones finales.

CUERPOS, GÉNERO Y MEMORIAS

La memoria, como todo proceso social, está marcada por las relaciones de poder, el conflicto, el espacio, las subjetividades, la transformación y la permanencia (^{Kuri 2017}). Articular la construcción de la memoria desde las experiencias de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en México responde a la necesidad de visibilizar sus luchas y reivindicaciones, reconocer las ausencias y profundizar en los estudios de género que, de acuerdo con Troncoso y Piper, “han encontrado en los procesos de recordar una estrategia metodológica y política para construir aquellos relatos que han sido silenciados por las versiones hegemónicas de la historia, que son casi siempre masculinas” (2015: 65).

De tal forma que existe una dicotomía entre la memoria oficial y las múltiples memorias “subterráneas” (^{Aguirre 1998}), aquellas que se construyen desde los márgenes de lo hegemónico. La memoria funge como mecanismo social que permite vincular experiencias, saberes y aprendizajes a partir de los cuales se pueden afianzar identidades colectivas. Pero también, como apunta Kuri, es posible “apreciar cómo la memoria es un campo de confrontación sociopolítica en donde se disputa la legitimidad y la hegemonía y existe una clara connotación axiológica vinculada con la verdad, la dignidad y la justicia” (^{Kuri 2017: 11}).

La memoria funge como una respuesta social a violencias exacerbadas y fracturas sociales como guerras, conflictos armados, exterminios, desapariciones forzadas, pero también “al trauma de la pobreza y discriminación sistemáticas, el colonialismo, la estigmatización social, los daños ocasionados por el cambio climático, y otros sufrimientos provocados por causas estructurales y/o de larga data” (^{Maceira 2016: 5}). Hay un vínculo estrecho entre la construcción de la memoria y los acontecimientos traumáticos y de represión que afectan de manera diferenciada a los grupos sociales. “Los símbolos de dolor y sufrimiento tienden a corporizarse en mujeres, mientras que los mecanismos institucionales parecen pertenecer a los hombres” (^{Jelin 2002: 99}).

En América Latina, el cuerpo ha sido expuesto en las narrativas de la memoria principalmente a través de movimientos sociales que defienden los derechos humanos. Como señala Eyleen Faure, dentro del ámbito de las memorias, los relatos vinculados con la violencia física, la tortura y la desaparición forzada han tenido una centralidad que desvela profundos traumas en determinados procesos históricos (2018). Las violencias se manifiestan en los cuerpos y las memorias transitan a través de sus marcas e inscripciones.

Considerar la potencialidad del cuerpo como vehículo de memorias y como lugar de inscripción de discursos, en un sentido doble: por una parte, el cuerpo lleva la marca del discurso del poder (de la muerte y de la represión) y, por otro lado, la misma marca de la tortura y la violencia brindaría a esa corporalidad -puesta en lo colectivo- la posibilidad de contribuir con la transmisión de ese dolor (^{Faure 2018: 12}).

La articulación entre el cuerpo y la memoria se expresa en diversos sentidos. De acuerdo con Rodrigo Parrini, una ruta para explorar la relación entre memoria y cuerpo es aquella que presupone la objetivación del cuerpo para que exista la memoria (2011). De tal forma que, cuando las injusticias sociales están representadas y marcadas en el cuerpo desde donde se evocan las experiencias individuales, estas pueden ser colectivizadas y politizadas como “cuerpos cicatrizados, cercenados, transformados, doloridos, vencidos por el trabajo, la pobreza, el hambre, la violencia, los años, los embarazos o la enfermedad, que se materializan, como si fueran ‘una especie de monumento’ a la historia individual, y con ella, una historia colectiva” (^{Maceira y Rayas 2011: 54}).

Se trata de esos cuerpos, que desde la lógica del sistema capitalista, son considerados desechables y son utilizados como misiva de una “pedagogía del terror” de manera sistémica e institucionalizada (^{Hernández 2019}), a la vez que se constituye una “pedagogía de la crueldad” la cual, en palabras de Rita Segato, supone:

La captura de algo que fluía errante e imprevisible, como es la vida, para instalar allí la inercia y la esterilidad de la cosa, mensurable, vendible, comprable y obsolescente, como conviene al consumo en esta fase apocalíptica del capital. El ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumición del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus deyectos no van a cementerios, van a basurales (2018: 11).

Es de esta forma que “entra en juego la memoria cuando los cadáveres de las mujeres aparecen y son anónimos, lanzados a la indiferencia que da el no poder nombrar a las personas que fueron, pues no hay manera de recordarlas” (^{Maceira y Rayas 2011: 35}). La intersección entre cuerpo, memoria y olvido desde una perspectiva de género resulta crucial en tanto que el olvido es la apuesta ferviente del estado por subestimar esas violaciones de derechos humanos contra las mujeres cuya máxima expresión se traduce en el feminicidio. De esta forma, el sistema patriarcal y colonial legitima la alteridad de las sujetas racializadas, pobres, migrantes, indígenas, y pone en evidencia su lugar marginal en las disputas por la memoria.

Las huellas de la violencia de género producen marcas e inscripciones en los cuerpos de las mujeres desde donde se narra la memoria de las víctimas en múltiples formas. Como señala Elizabeth Jelin, “lo que el pasado deja son huellas […] pero esas huellas, en sí mismas, no constituyen ‘memoria’ a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé sentido” (2002: 30). El feminicidio marca de manera simbólica y material los cuerpos de las mujeres:

Cuánto más extremas sean las experiencias que han vivido los sujetos, y mayor sea el sufrimiento que hayan soportado, más intensa será la memoria corporal. Como si ante un derrumbamiento de todas las facultades y de las capacidades cognitivas y afectivas, de los vínculos sociales y éticos, quedara el cuerpo como lugar último (^{Parrini 2011: 339}).

Desde el orden patriarcal y colonial, la violencia afecta de manera diferenciada a los grupos sociales, provocando no solo la eliminación de las personas “desechables” para el sistema, sino toda huella de su existencia, y con ello, la posibilidad de memoria. En este sentido, los cuerpos son lugares de memoria; “son receptores y a la vez productores de espacio, depositorio de memorias (del dolor, de límite) pero también dispositivo de experiencia y narración” (^{Huffschmid 2013: 113}).

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ha quedado reconocido en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.³ Sin embargo, la violencia contra las mujeres es socialmente tolerada y hasta justificada. Esto sucede así porque culturalmente se ha construido la idea de inferioridad y subordinación del género femenino, erigida desde una mirada androcéntrica en la que dicha violencia puede ser ejercida de manera consciente para perpetuar el poder y el control masculino sobre las mujeres, o de manera subyacente por efecto de una serie de normas y patrones culturales que la validan (^{Lagarde 2006a}).

Las interpretaciones tradicionales de los principios de los derechos humanos pusieron en evidencia la necesidad de la redefinición de las sujetas de derechos, cuestionando la visión androcéntrica, eurocéntrica, sexista, liberal e individualista a partir de la cual se concibió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo largo de la historia, el activismo de las mujeres ha sido clave dentro de los movimientos sociales que luchan por la igualdad y la justicia social; la construcción de la memoria es una oportunidad para la eclosión de movimientos colectivos y acciones individuales en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.

EL DESARROLLO DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE EN ARGENTINA Y LAS REDES TRASNACIONALES EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS

El desarrollo de la antropología forense en Argentina se da como respuesta a los procesos políticos y a las violaciones de derechos humanos impuestas por la dictadura militar instaurada de 1976 a 1983 por medio de un golpe de estado que produjo la violación constante de los derechos humanos mediante prácticas como el secuestro, la tortura, la ejecución extrajudicial y el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas. Se estima que entre 10,000 y 30,000 personas -en su mayoría jóvenes- fueron víctimas de estas prácticas. Sus cadáveres, en ocasiones, fueron enterrados en calidad de “”personas desconocidas” (NN por siglas en latín) en cementerios municipales del país (^{Salado y Fondebrider 2008}).

Durante el periodo posdictadura, familiares de las víctimas -principalmente las abuelas y las madres- junto con algunos sectores de la sociedad exigieron investigar estos crímenes. En el marco de la Comisión de la verdad se impulsó la exhumación e identificación de cuerpos, tarea que no pudo ser llevada a cabo de manera profesional y adecuada por parte de los equipos del sistema judicial del país. Entonces, las Abuelas de la Plaza de Mayo solicitaron que especialistas forenses extranjeros colaboraran en esta tarea. Fue así como se dio la llegada del antropólogo forense estadounidense Clyde C. Snow, uno de lo fundadores de la disciplina, con lo que se marca el origen de la aplicación y desarrollo de la antropología forense en Argentina e inicia un trabajo pionero en este campo fundamental en la investigación de desastres masivos y casos de violencia política que requerían la exhumación y análisis de cuerpos esqueletizados (^{Salado y Fondebrider 2008}).

A inicios de la década de 1980, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que era un organismo de carácter independiente, introdujo cambios importantes en su campo de actuación, entre los que destaca su compromiso con los derechos humanos a partir de un “enfoque integral y un compromiso ético frente al trauma social causado por la desaparición forzada” (^{Huffschmid 2019: 63}). Este giro supuso que miembros de una organización no gubernamental se convirtieran en peritos oficiales de la justicia en la investigación antropológica forense de los casos; implicó además una interlocución directa con las familias de las personas desaparecidas y una articulación entre el Estado y la sociedad civil (^{Salado y Fondebrider 2008: 216}). La tarea del EAAF ha permitido realizar una reconstrucción histórica de los hechos y de las víctimas, la cual ha sido utilizada en procesos judiciales, ha proporcionado pruebas clave con base científica y permite procesos de reparación y preservación de la memoria en intervenciones en diferentes países, entre ellos Guatemala, El Salvador, Brasil, Irak, Líbano, Bosnia-Herzegovina, Etiopía, Kenia y Namibia, por mencionar algunos.

LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE EN LA IDENTIFICACIÓN DE RESTOS DE MUJERES EN CHIHUAHUA, 2005-2010

La década de 1990 marca al estado fronterizo de Chihuahua en México como territorio de desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres jóvenes, pobres, morenas, la gran mayoría obreras de maquiladoras, estudiantes o empleadas en la economía informal. En un principio, este fenómeno se dio a conocer pública y periodísticamente como “Las muertas de Juárez”. La “aparición” de cuerpos de mujeres asesinadas en el espacio público con signos de violencia extrema mostraba la saña y la misoginia a la que fueron sometidas por sus agresores. Como señala Mariana Berlanga:

si los asesinatos no hubieran sido tan ostentosos, es probable que no estuviéramos considerándolos un problema. La “aparición” de estos cuerpos sin vida en el espacio público nos llevó a “ver” esos otros crímenes de mujeres que ya de por sí sucedían al interior de los hogares y en contextos latinoamericanos de militarización o de guerra (2013: 10).

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, durante la década de 1990 inauguraron este tipo de crímenes espectaculares, en el sentido de que las mujeres no solamente son ultimadas, sino que sus cadáveres (con marcas de extrema violencia) son expuestos en lugares públicos. Puede decirse que ahí se traspasó la frontera política entre el asesinato y la exhibición de la violencia (^{Berlanga, 2015: 16}).

Las desapariciones y asesinatos de mujeres dieron pie a un discurso oficial patriarcal para justificar y desactivar la rabia, mediante el cual se revictimiza, incluso mediáticamente, a las mujeres y a sus familias; se les culpa de su propia desaparición y asesinato por su forma de vestir o por salir de noche; se responsabiliza a las madres por “no cuidarlas”, etcétera. El informe de Amnistía Internacional -realizado en 2003 a partir de datos aportados por organizaciones de mujeres como Justica para Nuestras Hijas- documentó indiferencia, falta de voluntad, negligencia y falta de acción por parte de las autoridades competentes para investigar estos crímenes. Por ejemplo, resaltaban demoras injustificables en las investigaciones iniciales, cuando hay mayor probabilidad de encontrar vivas a las mujeres e identificar a los presuntos responsables, así como una falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos clave (^{AI 2003}).

Asimismo, las denuncias públicas ante organismos internacionales de derechos humanos por parte de organizaciones de madres y activistas fueron decisivas para visibilizar la actuación del estado frente a los casos de feminicidio. El informe de 2005 de la organización Justicia para Nuestras Hijas, dirigido a la relatora sobre Violencia contra las Mujeres de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, expone denuncias por la discriminación de que eran objeto víctimas y familiares, la deficiente actuación de procuración y administración de justicia, las prácticas de tortura a los detenidos y la fabricación de culpables, la falsificación de pruebas, el abandono de investigaciones y el cierre de expedientes, la falta de certeza en los casos resueltos, así como actos de hostigamiento y descalificación a familiares y a organizaciones de derechos humanos.

En ese mismo informe, se denuncia la identificación dudosa de los cuerpos de mujeres y se alerta sobre la inadecuación de los exámenes forenses, que proporcionan información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de las víctimas, con lo que agravan su dolor y alteran bruscamente sus procesos de duelo. Ahí se puso de manifiesto que no se realizaban pruebas de ADN a cuerpos no identificados de mujeres asesinadas de manera violenta para realizar cotejos con familiares de jóvenes que permanecían en el estatus de “desaparecidas”. La desconfianza de las familias en las autoridades generaba resistencias a la hora de colectar muestras para perfiles genéticos, pues no existía un laboratorio especializado. Incluso hubo casos de ocultamiento de cuerpos. Alma Gómez, integrante en esa época de la organización Justica para Nuestras Hijas, quien después colaboró con el proyecto del EAAF en Ciudad Juárez, recuerda esta experiencia:

En ese entonces, las muestras que daban los familiares se mandaban a la Ciudad de México y luego se perdían, hubo casos en que enviaron muestras a España y todavía es hora que no sabemos los resultados de esos perfiles, no supimos nada. Entonces aquí surge la exigencia de que hubiera peritos y laboratorios externos para la identificación de restos. Supimos de la existencia del Equipo Argentino de Antropología Forense, sobre todo por el papel que este equipo jugó al término de la dictadura en Argentina, sabíamos que era una organización no gubernamental, que tenía la capacidad técnica y que trabajaban en casos de violaciones a los derechos humanos (entrevista, 27 de noviembre de 2020).

Desde mediados de la década de 1990, mujeres activistas en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez lograron forjar un activismo colectivo estratégico frente a los feminicidios y desapariciones forzadas de niñas y mujeres. Sus actuaciones estuvieron acompañadas de estrategias creativas para captar la atención de los medios, la sociedad y el gobierno. La creatividad de las protestas fue uno de sus sellos distintivos, en sintonía con los movimientos feministas de todos los tiempos. El punto de inflexión de las protestas fue el hallazgo, en noviembre de 2001, de ocho cadáveres de mujeres en una colonia popular de Ciudad Juárez conocida como Campo algodonero.⁴

La movilización incluyó caminatas de activistas por el desierto de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, presentaciones en diversos países -incluso en varias ciudades de Estados Unidos- y la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003 con el fin de aumentar la presión local e internacional para que el Estado actuara e implementara las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Una de las peticiones fundamentales de Justicia para Nuestras Hijas al gobierno de Chihuahua fue que hubiera asistencia forense con expertas independientes en la identificación de víctimas, ante la duda fundada de madres y familiares sobre la identidad de sus hijas y ante resultados de pruebas de ADN contradictorios o nulos. Es así como esa organización logra impulsar, con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y a través de la Oficina de Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un acuerdo con las autoridades estatales donde se formaliza la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense a Ciudad Juárez en 2004.

En el 2004 se hace la primera visita de diagnóstico y vienen Mercedes Doreti y Patricia Bernardi. Revisaron 20 expedientes de homicidios de mujeres; desde luego, eran expedientes de los cuales nosotras teníamos alguna relación con los familiares, 13 expedientes eran de identificaciones oficiales dudosas, es decir, algunas madres a las que les habían dicho: “este es el cuerpo de su hija y aquí está”, y no lo quisieron recibir porque no tenían ninguna certeza. Entonces, algunas de esas madres no quisieron recoger los restos. Otras sí los recogieron y los sepultaron, pero nunca creyeron en la versión oficial (entrevista con Alma Gómez, 27 de noviembre de 2020).

En 2005, se puso en marcha el proyecto “Identificación de restos de mujeres no identificadas o de dudosa identificación en Ciudad Juárez y Chihuahua”. Las organizaciones consideraron necesario darle continuidad al trabajo iniciado en 2004 con el diagnóstico y ejercieron presión para que el EAAF trabajara con los objetivos de lograr la plena identificación de los cuerpos de mujeres asesinadas, establecer las circunstancias de su muerte, crear una base de datos confiable, otorgar certidumbre a las familias de las víctimas y a las organizaciones no gubernamentales, así como capacitar al personal local. El proyecto contempló la identificación de restos hallados entre 1993 y 2005 en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con informes elaborados en 2006 por las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, muchos de los cadáveres fueron encontrados en avanzado estado de descomposición; algunos fueron entregados a las familias tan solo por el reconocimiento de las prendas de vestir u objetos personales; otros, sin identificar, fueron inhumados en fosas comunes, y algunos restos se encontraban en instalaciones de los servicios forenses.

El proyecto tuvo una duración de cinco años y contemplaba un equipo de investigación multidisciplinario mixto (nacional e internacional). Cada reporte de identificación comparaba información antropológica, genética, odontológica y documental, integrada en el mismo dictamen para evitar contradicciones entre disciplinas y auditoria forense. Se consideró también la utilización de un laboratorio de ADN fuera de México con credibilidad y probada experiencia en análisis de restos óseos, así como el cruce genético masivo de perfiles genéticos de familiares y restos para potencializar la identificación y hacer una revisión adecuada de archivos: libros de cementerios, morgue, funerarias, registro civil, homicidios dolosos y culposos, expedientes de desaparición y homicidios.⁵

LA DISPUTA POR LA HUMANIZACIÓN DE LOS CUERPOS

Una aportación fundamental del proyecto fue el establecimiento de una relación estrecha entre el EAAF y muchas de las madres y las familias de las víctimas, relación que se logró gracias a las explicaciones exhaustivas de los dictámenes para promover el derecho a la verdad. Las integrantes del equipo priorizaron el acercamiento con las familias para armar un plan conjunto y analizar si desde la parte técnica se podía hacer una intervención. Una vez integrado el convenio de colaboración, uno de los retos fue explicar con detalle a las familias por qué el EAAF debía trabajar dentro del marco jurídico del estado, aunque preservando su independencia, con transparencia y rendición de cuentas para proporcionar confianza y certeza a las familias que habían sufrido abuso por parte del estado.

El proyecto contempló trabajar con familias de hijas desaparecidas, pero también con las que tenían dudas en la identificación de los restos que el gobierno les había entregado. En este contexto, el propio término desaparición genera una disputa, como apunta Huffschmid, “la desaparición como tal no existe. Lo que existe son seres y cuerpos deshechos, sus asesinos impunes y la brutal incertidumbre para los vivos” (2015: 199). Por eso, otro reto fue el proceso para ganar la confianza de las familias que iban a decidir si participarían o no en el proyecto.

Nos dimos cuenta que la confianza se teje, no es una cosa que de entrada se da, máxime que estas familias fueron tan maltratadas. Creo que también una cosa que contó mucho es que por primera vez para muchas familias alguien les hablaba de manera diferente, alguien les hablaba honestamente, alguien les daba su lugar, alguien las escuchaba. Entonces, eso fue contando, eso fue abriendo la confianza poco a poco, aunque hubo casos difíciles (entrevista con Ana Lorena Delgadillo, abogada y defensora de derechos humanos, colaboradora con la EAAF, 6 de febrero de 2021).

El trabajo del EAAF supuso también devolver la humanidad a esos restos, resarcir el vínculo con las familias, porque a través del cuerpo se amplifica la revictimización. Era común, como señala la defensora Lucha Castro, “que los ministerios públicos y los peritos entregaran a las madres un saco de huesos asegurando que era el de sus hijas, ejerciendo de esta manera una violencia institucional al obligar a las familias a decidir bajo el lema o los tomas o los dejas” (entrevista, 20 de febrero de 2021). Sofía Egaña, del equipo argentino, enfatiza que

se merece el mismo trato digno, ya sea un brazo, un pie, un dedo, porque se trata de la persona, y hay una deshumanización del esqueleto. No está la persona, pero eso representa lo que fue. Imagínate para un familiar, es el cuerpo de la persona, así sea un segmento (entrevista, 20 de febrero de 2021).

No había visto a alguien que tratara con tantísimo respeto a las familias, el trato que les daban, las notificaciones; con los restos igualmente. Me acuerdo que a veces acompañaba a Sofi al laboratorio; ella abría, ponía música y lo primero que decía era: “buenos días chicas, ¿cómo están?” Sofi le estaba hablando a cajas de restos óseos, llegaba y les ponía música, llegaba y les platicaba, entonces esa imagen de cómo agarraban los restos, con un respeto, es una cosa que jamás había visto. Esa entrega total con las familias, ese profesionalismo, esa humanidad y además como esta parte también de congruencia, no había la menor duda de que, si tenían que enfrentarse a la procuradora a quién se tuvieran que enfrentar para defender una familia, nada era negociable. Entonces creo que ese tema de la congruencia con sus principios, con su trabajo, con los estándares, me parece que es lo que las hace unas tremendas defensoras (entrevista con Ana Lorena Delgadillo, 6 de febrero de 2021).

UN CAMBIO DE PARADIGMA: EL COMPONENTE DE GÉNERO COMO NODO EN LAS IDENTIFICACIONES DE RESTOS

En 2005, la experiencia del EAAF en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua fue un parteaguas en la trayectoria internacional de la organización que había trabajado en diferentes regiones del mundo, sobre todo en procesos de violaciones de derechos humanos en contextos posconflicto armado. Las ciencias sociales habían sentado las bases para la construcción teórica del término feminicidio; sin embargo, en el contexto mexicano de ese momento, el concepto todavía no lograba permear el ámbito jurídico y mucho menos la investigación forense, de tal forma que había desconocimiento e incomprensión del fenómeno que se estaba investigando.

Cuando se tiene un grupo homogéneo -todas mujeres, jóvenes- de mínimo 80 restos, puede ser cualquiera. Puede ser la hija o la hermana o la esposa de cualquiera de las familias que reportan una mujer desaparecida. ¿Cómo hacíamos con jovencitas que eran unos restos?, unos esqueletos que eran similares, no hay diferencia… eran tan jóvenes que no tenían vida transcurrida como para decir: “les ocurrieron tales cosas durante la vida que les dejaron huellas en los huesos y que con eso las podemos identificar indubitadamente”. Las causas de muerte, salvo dos o tres, eran casi todas indeterminadas en los esqueletos. Entonces, el que sean solo mujeres, metodológicamente a los fines de identificaciones en contextos masivos, te plantea determinados desafíos, eso por un lado, y lo resolvimos con el cotejo del análisis genético masivo, esa fue la solución, la estrategia a un contexto específico (entrevista con Sofía Egaña, 20 de febrero de 2021).

Lo que sucedía en Ciudad Juárez tenía cierto grado de paralelismo con lo que pasaba en otros contextos latinoamericanos de violaciones a los derechos humanos en donde el EAAF había trabajado. Por un lado, la indefensión de las víctimas, y por otro, la exigencia de las madres, de las organizaciones de mujeres, como sucedió con las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Uno de los objetivos del trabajo forense del equipo argentino es aportar desde la ciencia el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. Para el EAAF, este trabajo no se puede llevar a cabo si no se trabaja en conjunto con las madres convertidas en defensoras de derechos humanos por las circunstancias que se reinventan en medio del dolor, con las familias y organizaciones de la sociedad civil que acompañan estos procesos. Sin embargo, la realidad de Ciudad Juárez resultó distinta a la propia experiencia del equipo con amplia trayectoria en trabajo de campo en el ámbito internacional:

Yo venía de trabajar fosas masivas de Centroamérica, en El Salvador o Guatemala. En esos contextos, había como una unidad común entre las víctimas y era que estaban en la aldea o en la villa en donde fueron y la arrasaron. En Argentina es porque eran “rebeldes”, estaban en los gremios o eran “subversivos”, hay como un nodo que une a las víctimas en la tragedia. Cuando empezamos en Juárez, todas eran mujeres que se sumaban casos individuales distintos, y a mí me costó internalizar que el nodo era el género. Entonces ¿qué era lo que estaba unificando?, ¿cómo se marcaban líneas de investigación? Había un montón de hipótesis y el nodo es que eran jóvenes y vulnerables, eso era lo que unificaba y lo que también unificaba a las familias. Cuando se termina el proyecto, yo empecé a trasladar estos conocimientos a otros estados de México y Argentina, y tal es así que ahora tengo una línea de trabajo que es pionera y es única de capacitación para investigación forense con perspectiva de género (entrevista con Sofía Egaña, 20 de febrero de 2021).

El papel de las madres y las familias, pero sobre todo de las organizaciones de mujeres fue crucial para sostener este proyecto. Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, por mencionar solo algunas, fueron un respaldo muy importante para sacar adelante el proyecto. Se construyó una alianza sorora entre quienes formaron parte del equipo multidisciplinario que, con determinación y valentía, tuvo logros impensables, como la exhumación de los restos, la indagación en todos los lugares posibles, la concreción en el plano de la realidad de la metodología científica en un contexto sumamente conflictivo y violento para las mujeres, y aun así, que se mantuviera la alegría. Como recuerda Lucha Castro “en ese ambiente tan siniestro, tan nefasto, siempre estaban contentas, siempre estaban de broma y muy positivas” (entrevista, 20 de febrero de 2021).

Las tensiones entre el estado y el EAAF fueron continuas; por ejemplo, las autoridades ocultaban información, ponían constantemente obstáculos, jugaban con una perversión absoluta para desalentar a las madres y que no acudieran con el equipo argentino si tenían dudas sobre los restos de sus hijas. A pesar de las tensiones generadas por un estado que no garantiza el derecho a una vida libre de violencia, y a pesar del clima hostil y peligroso para las mujeres, las integrantes del equipo se sentían seguras y respaldadas por las organizaciones de mujeres y por las familias con las que establecieron lazos de confianza.

No hay posibilidad de trabajo fructífero en términos humanitarios y en términos científicos en estos contextos si no hay un cobijo y un sostén que nos dan las organizaciones que están en estos países, porque el resto es todo agresión, el resto es todo oposición, a eso estamos acostumbradas. Nosotras llegamos y solo los familiares nos dicen “qué bueno que llegaron”, el resto es todo rechazo, estamos invadiendo siempre, estamos auditando, estamos diciendo: “hicieron todo mal, la parte de investigación”. Creo que todo el trabajo se pudo hacer porque estaba el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, porque estaban las familias. No tengo más que palabras de agradecimiento porque, aparte, eso no solo marcó el trabajo de Juárez, sino que marcó mi vida (entrevista con Sofía Egaña, 20 de febrero de 2021).

LA RESTITUCIÓN DEL CUERPO PARA LA VERDAD Y LA MEMORIA

Una parte fundamental en los contextos de violaciones a los derechos humanos es el acceso de las familias a la verdad, justicia y reparación. En los casos de feminicidio, la negación a las madres de la restitución de los cuerpos de sus hijas a través de prácticas disuasorias, obstáculos y negligencia por parte del estado, contradice el derecho a las familias de adentrarse en los procesos de duelo mediante sus propias costumbres.

Está en juego el derecho al duelo, a la justicia de los vivos, pero incluso nos lleva a pensar al mismo cuerpo sin vida como portador de derechos, según lo que plantea la joven antropóloga forense y filósofa argentina Celeste Perosino (2012) en su tesis en torno a una ética del cuerpo muerto: el derecho a ser nombrado, tratado con respeto y a que no quede impune su anterior sufrimiento (^{Huffschmid 2015: 200}).

La forma de trabajar del equipo argentino fue muy minuciosa; cuando había que hacer una identificación, se buscaba dar certeza a las familias. Para ello era importante explicarles cada detalle. En este sentido, Alma Gómez, que participó como integrante de las organizaciones de la sociedad civil en el proyecto, recuerda especialmente un caso de identificación. El EAAF explicó a la familia que el cuerpo de la joven había sido encontrado junto a una bata de maquiladora, y que en la bolsa de la bata había unas piedras; justo cuando se les expuso ese detalle:

sueltan el llanto la mamá y la hija, y entonces nos explican que la mamá les decía a las dos hijas que se iban a trabajar que se echaran piedras en la bolsa de la bata de la maquila, por si alguien quería hacerles algo, lo apedrearan. Pues esas piedras hicieron que, cuando se les notificó el hallazgo, no hubiera duda, y así era como las familias encontraban un elemento que les aportara credibilidad (entrevista con Alma Gómez, 27 de noviembre de 2020).

Otra experiencia que retrata la forma en que se aportaba certeza a la restitución de los cuerpos fue:

Sofía trabajó en un caso que, cuando estudió el cuerpo, notó que había algo en las manos, pero no lograba darse cuenta qué era, y así se quedó. Cuando se hace el cotejo de ADN y que se identifica de quién es, la familia va a ver los restos y Sofía les comenta eso de las manos que ella no pudo saber que era. Resulta que en esa familia todas las personas nacían con seis dedos y entonces, como era algo familiar al momento que nacían, tiempo después les operaban la mano y les quitaban el sexto dedo, y justo eso era lo que había en la parte de la mano que tenía una herida (entrevista con Alma Gómez, 27 de noviembre de 2020).

El de V es otro de los casos emblemáticos que expone el calvario que deben pasar las familias para ejercer el derecho a la verdad y la memoria. El gobierno notificó a su madre Rosario, una obrera de maquiladora, que los restos de su hija se encontraban entre los de Campo algodonero, ya que su hija aparecía en los listados. Rosario nunca quiso recoger los restos porque no les creía. A partir de este caso, el EAAF constató el desorden que había con las identificaciones en Campo algodonero, restos cambiados y expedientes armados. Sobre el caso de v lo único que tenía la fiscalía eran unas fotografías mal tomadas, que hubo que luchar para obtener, y una caja con restos que no estaban completos. Este hecho provocó que las integrantes del equipo argentino hicieran una intervención en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciudad Juárez y, gracias a las fotografías, reconocieron a V en un esqueleto que estaba colgado en una de las aulas.

Esa intervención que se hizo en la Facultad de Medicina fue tremenda y la fuerza sobre todo del equipo argentino fue impresionante. Rosario se tardó mucho en recoger esos restos, porque, además, ¿quién va a creer?, primero te dicen que tu hija esta en Campo algodonero, luego te dicen que tu hija apareció un año después en otro lugar y que además los restos de tu hija estuvieron no sé cuánto tiempo en una escuela de medicina utilizado para dar clases. La historia de horror es fuertísima para cualquier madre. El equipo argentino decía: “no podemos obligar a la gente a que nos crea, ¿por qué nos van a creer a nosotras?” Entonces, creo que con doña Rosario, si antes iba seguido a la oficina, después de que supo la notificación iba más seguido. Llegaba y se sentaba, yo me ponía a platicar con ella de cualquier otra cosa. Tuvimos una relación muy cercana con doña Rosario hasta que ella dijo: “la recojo”, pero fueron de los casos que más tardó en recoger los restos (entrevista con Ana Lorena Delgadillo, 6 de febrero de 2021).

Durante la entrevista, Sofía Egaña del EAAF reflexiona en este sentido:

¿Cómo se objetiviza la identidad?, ¿cómo se restituye un cuerpo a partir de un fragmento? Puede ser un cráneo, un esqueleto o puede ser nada, porque miren los casos de Ayotzinapa en donde hay restos altamente degradados y no quedan restos materiales para restituir, pero hay información indubitable que queda en unos números, en unas tablas de número de ADN.⁶ A un familiar se les presenta y se le dice, por estos números yo le digo que su hijo estaba acá y falleció. ¿Quién entiende eso?, es una locura.

Queda la confianza en quien te lo está diciendo. ¿Por qué me van a creer a mí?, ¿por esos números me van a decir que ese cráneo es de mi hija?, ¿quién soy yo?, ¿qué es esto? Son unos números, es un acto de fe para el otro, es ciencia, pero también hay un punto en que hay un acto de confianza en quien lo está expresando y en la técnica. Si uno no lo trata con el debido respeto, eso se destruye, no hay confianza. Y después viene el juicio, que esa es otra parte que al final yo digo: “todo esto, cuando ya está cubierto, ese familiar está tranquilo con una certeza”. Lo que a mí me indigna es que no se hace uso de esa esa certeza científica después, como el paso hacia la justicia. Esa es una parte que para mí es sumamente injusta. Hay tantas vueltas que todos los casos que realmente tienen todo para la sanción… y termina en la nada (entrevista con Sofía Egaña, 20 de febrero de 2021).

REFLEXIONES FINALES

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua supuso un antes y un después en México, al incorporar la perspectiva de género en las ciencias forenses para casos de violaciones a los derechos humanos. A partir de esta experiencia, se sentaron las bases para la transnacionalización de prácticas y saberes de la ciencia forense desde una perspectiva de género. Este camino fue impulsado por las madres, por organizaciones de activistas y defensoras de derechos humanos y por el Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes apostaron y se acompañaron en este proyecto.

Los cuerpos de mujeres pobres y morenas -muchas de ellas obreras de maquila- localizados en el estado de Chihuahua desde mediados de la década de 1990, trazaron un camino hasta entonces desconocido en México en la lucha por la verdad y justicia. Un camino que tiene que ver con la búsqueda y la identificación plena de los restos, y además, con una identificación basada en la ciencia que dé certeza a las familias. Las madres y las organizaciones de mujeres en Chihuahua trazaron un camino de lucha por la memoria para muchas otras mujeres en el país, y también sentaron un precedente en los procesos de actuación para los casos de desapariciones forzadas, que se incrementaron sustancialmente bajo la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El “Proyecto para la identificación de restos de mujeres no identificados o de dudosa identificación en Ciudad Juárez y Chihuahua”, puesto en marcha de 2005 a 2010, fue un elemento muy importante para la construcción de la memoria. Significó restituir los restos de decenas de mujeres a sus familias; para demostrar que no eran un número, que tenían un nombre, una historia. Supuso cruzar los datos y limpiar las listas de mujeres desaparecidas, no solamente en Chihuahua, sino también a través de una ruta por diversos estados del país en busca de familias que tuvieran hijas, hermanas, madres desaparecidas. También implicó desenterrar cientos de restos que, de no haber sido por este proyecto, se hubieran quedado ahí, sin que esas familias encontraran e identificaran a sus hijas.

Construir memoria supone también visibilizar la violencia institucional misógina que ejerce el estado patriarcal sobre las mujeres, sus cuerpos y sus familias. En contextos tan violentos para las mujeres, articular la verdad con la memoria a través de la restitución de los restos de las víctimas desde el respeto y desde el tratamiento digno es un desafío. En México, un país feminicida, construir memoria implica que madres y familias puedan hacer una ceremonia, tengan un lugar para llorar, llevar una flor, sacar la rabia, reiniciar el proceso de duelo y, tal vez, acabar con la incertidumbre.