La libertad

Forjado su carácter y su educación dentro de la tradición liberal, entre los publicistas de este periodo hubo unanimidad en que la república era la única forma de gobierno que podía garantizar el disfrute pleno de las libertades cívicas y políticas. Frente a unas monarquías que eran estereotipadamente presentadas como autoritarias, la república aparecía como la forma de gobierno idónea para el ejercicio pleno de las libertades, al mismo tiempo que sólo la libertad podía garantizar el correcto funcionamiento de la república. Para Ramírez, quien, como buen heredero de la Ilustración, gustaba de hacer analogías entre las leyes de la naturaleza y las de la sociedad,²¹ la libertad podía equipararse con el sol, es decir, era la fuerza y la energía que servía de catalizador para el desarrollo de procesos fecundos, lo que en el México de aquellos meses se traducía, según este autor, en la fuerza capaz de hacer florecer en el suelo del país un gobierno republicano que todavía se encontraba en estado embrionario.²²

Sin embargo, no todos entendieron la libertad exactamente de la misma manera ni contemplaron su extensión dentro de los mismos parámetros. Aunque todavía constituían una minoría, para los autores influidos por el positivismo, la libertad sólo podía entenderse en sentido colectivo y aparejada a ciertas restricciones. Así pues, Chavero, que, siguiendo a Comte, no ocultaba su rechazo a la teoría del contrato social de Rousseau por falsa e inmoral, defendió en sus escritos que la libertad sólo podía existir dentro del cuerpo social. En éste había funciones que podían “ser desempeñadas por todos los individuos que componen la nación”. Sin embargo, había otras que era preciso “encomendarlas a unos pocos”, que representaban la autoridad, y a quienes les correspondía tomar las medidas adecuadas para la consecución de “la felicidad pública”.²³ Es decir, en nombre del bienestar colectivo, Chavero consideraba que la ciudadanía podía renunciar a algunas libertades, que pasarían a ser gestionadas por una autoridad competente.²⁴

Frente a esta interpretación, Zarco proponía otra de horizontes más amplios. Igual que Tocqueville, Zarco advertía sobre el peligro que representaban para la libertad aquellos aparentemente preocupados sólo en la administración y que en realidad no eran otra cosa que “falsos liberales”, pues en vez de procurar el afianzamiento y ensanchamiento de ésta, se mostraban temerosos ante ella.²⁵ Para el intelectual duranguense, la libertad no debía estar sometida al orden, sino a la inversa, y no debía estar supeditada a la consecución de mejoras materiales, sino ser entendida como causa de aquéllas. Por eso, en su opinión, “la libertad en la democracia no de[bía] sacrificarse al principio de autoridad, [porque] la autoridad en la democracia está únicamente en la soberanía popular” y ésta nunca la pierde pues la ejerce a través de sus representantes.²⁶

Pero, sin duda, fue la vinculación entre la libertad y el imperio de la ley lo que suscitó mayor número de reflexiones sobre el primero de estos conceptos y en donde se pueden percibir ciertos matices de interpretación distintos entre los autores. En este sentido, la Convocatoria, que, como mencionamos más arriba, proponía la consulta plebiscitaria para la ejecución de una serie de reformas constitucionales -pasando por alto los procedimientos que la propia Ley Fundamental tenía para este fin- fungió como catalizador del debate. El apego que los publicistas de estos años mostraron hacia el imperio de la ley enlazaba con una doble tradición política. Por una parte, con la del constitucionalismo liberal, que en la reformulación de Constant de 1814 -de gran repercusión posterior- hacía de las constituciones la única herramienta eficaz para preservar la libertad individual de los abusos del poder, ya proviniera éste de la autoridad de uno solo (el rey) o de la mayoría (la soberanía popular); la ley, por tanto, servía para poner límite a una soberanía cuyo ejercicio absoluto resultaba contrario a la libertad.²⁷ Por otra parte, ese apego a la ley encontraba muchos puntos en común con la teoría de la “república legítima” roussoniana, reformulada posteriormente por Tocqueville.²⁸ Según este planteamiento, la legitimidad del Estado procedía de una normatividad social cuyo origen era la voluntad popular. De esta forma, el pueblo soberano no perdía su libertad entregándosela a un tercero, el gobernante, sino que la mantenía en todo momento, pues todos estaban sujetos a un mismo conjunto de leyes establecidas de común acuerdo. Por eso, en el momento en el que el gobernante o cualquier otro individuo o institución las desatendía para obtener algún tipo de provecho personal, la libertad de todos resultaba vulnerada, dando paso a la posibilidad de un gobierno arbitrario.²⁹

Este apego a la ley se vio favorecido, además, por el hecho de que, a diferencia de lo que había ocurrido con los textos constitucionales previos, la Constitución de 1857 gozó de enorme popularidad y de un gran ascendiente simbólico, que todavía adquirió mayores proporciones después de la Intervención.³⁰ Esta ley fundamental representaba la legitimidad política del gobierno republicano, no sólo porque establecía el marco normativo en el que debía llevarse a cabo la vida en comunidad y, por tanto, evitaba los caprichos de la voluntad arbitraria de un individuo o de las mayorías; sino porque, en opinión de un buen número de publicistas, había sido elaborada por el pueblo a través de sus representantes, por lo que su cumplimiento significaba el atendimiento de la voluntad de la nación misma.

La libertad, así, estaba cifrada en el imperio de la ley, ya fuera éste entendido como límite o como expresión de la voluntad popular, o como una combinación de ambas cosas. De esta última forma pareció interpretarlo en varios de sus escritos el arqueólogo Ramón L. Alva, como puede apreciarse, por ejemplo, en un artículo publicado pocas semanas después de la Convocatoria. En él, el autor recordaba que la guerra contra el Imperio no se había hecho sólo para sacudir el “yugo ominoso” de la monarquía, sino para restablecer “la paz, las garantías sociales, el reino de la justicia, la estabilidad de las instituciones y el respeto y la obediencia a la ley”, porque “los pueblos de hoy, comprendiendo su soberanía”, saben que “cuando se desprecia la ley se marcha a pasos agigantados al despotismo, a la anarquía, a la disolución social”.³¹ En esta misma línea, pero con un razonamiento más extremo, se expresó Ramírez, quien incluyó en la lista de los obligados ante la ley a la Divinidad, que, si “apareciese sobre la tierra, [los reformistas, entre los que él mismo se incluía], la sujetarían a la libertad, a la igualdad, a la misma fraternidad, porque en todos los mundos posibles la ley es sobre todos”.³²

Por su parte, el coronel Mirafuentes, promotor de la candidatura de Díaz en los comicios de septiembre, pareció darle más peso a la segunda de las interpretaciones, sobre todo a medida que se fueron conociendo los resultados de las elecciones, con saldo a favor de Juárez. “La ley es la expresión de la voluntad del pueblo -advertía- y ella sola es la que no ha de sufrir agresión de ninguna clase. Desde los más encumbrados personajes de la nación hasta el último de los ciudadanos debe acatar su soberanía, única que impera en una república democrática.”³³ Éste fue el planteamiento general de los que se inclinaron por la candidatura de Porfirio Díaz en aquellos comicios, pues, aun declarándose amigos de Juárez, como lo hacían los firmantes del comunicado “La Convocatoria. ¡Salve el pueblo la Constitución!”, consideraban que actuar al margen de la Ley Fundamental “es romper toda regla, destruir todo valladar que sirva de limite a la acción de los poderes; es, en fin, constituir al pueblo en un soberano de burlas, al que cada uno impondría obligaciones a su voluntad”.³⁴ Es decir, la oposición al juarismo, sobre todo la encabezada por los que apoyaron la candidatura de Díaz, recurrió a una interpretación de factura republicana de la libertad para atacar al candidato opositor y legitimar su opción política.

Por su parte, Benito Juárez, a pesar de la Convocatoria, en los dos discursos que pronunció ante el Congreso en diciembre, señaló que tanto su voluntad como la de su gobierno había sido siempre la de regirse por el imperio de la ley. Si las “circunstancias” de la guerra habían obligado a la inobservancia de alguno de los preceptos constitucionales, él había procurado “siempre obrar conforme a su espíritu [al de la ley], en cuanto lo permitían las exigencias inevitables de la guerra”. En este sentido, restaba importancia a la preocupación de la opinión pública por las reformas constitucionales propuestas en la Convocatoria y se justificaba diciendo que dicha preocupación se debía únicamente a una inconformidad con la manera en que éstas habían sido anunciadas y no con las reformas en sí, que al ser urgentes y redundar en el bien común, debían contar con la aquiescencia de toda la nación.³⁵

Por otra parte, la arbitrariedad y su concreción en regímenes como la dictadura, la tiranía, el despotismo o el cesarismo estuvo también muy presente en las reformulaciones del concepto de libertad que se hicieron durante estos meses. La arbitrariedad, que en la tradición romana y neorromana se identificaba con la potestad que se arrogaba el gobernante para pasar por encima de la ley, eliminando o reduciendo con ello la libertad ciudadana,³⁶ fue la interpretación que le dieron numerosos publicistas a la actuación de Juárez tras la publicación de la Convocatoria. “Donde rige la arbitrariedad no hay libertad”, sentenciaba un editorialista de El Monitor Republicano pocos días después de la publicación de aquel controvertido texto, porque “es arbitrario el ejercicio del poder, siempre que se norma por la conciencia del gobernante y no por los principios de la ley”.³⁷ Con la Convocatoria -sentenciaba Antonio G. Pérez- Juárez había “roto el vínculo con el que estaba unido al pueblo” y con su comportamiento arbitrario había abierto la puerta a “la tiranía, que comienza a establecerse siempre […] omitiendo algunos trámites que señala la Constitución”.³⁸

La arbitrariedad era propia de gobiernos autoritarios, advertía Zamacona, quien además llamaba la atención sobre el carácter plebiscitario de la consulta incluida en la Convocatoria, un mecanismo que, según éste y otros autores, servía a los gobiernos cesaristas para dotarse de una legitimidad de la que de otro modo carecían.³⁹ Algo que no debía ocurrir en un país regido por instituciones republicanas pues, de este modo, quedaban desvirtuados los principios de esta forma de gobierno. Así lo advertía con desánimo Filomeno Mata pocos días antes de la toma de protesta de Juárez como presidente de México, cuando señalaba que

[…] si ha de haber despotismo y arbitrariedad, poco importa el carácter del principio político […]; poco importa que la mano que oprime sea la de un gobernador o la de un comisario imperial. Y aún nos atreveremos a decir que el despotismo ejercido en nombre del gobierno republicano implica una circunstancia agravante […] porque redunda en el descrédito de nuestro principio”.⁴⁰

Así pues, la Convocatoria llevó a una profunda reflexión sobre el sentido de la libertad y de sus funciones como principio básico y constitutivo del gobierno republicano. Como venía ocurriendo desde el inicio de la vida independiente del país,⁴¹ la libertad fue interpretada mucho más en un sentido positivo que en uno negativo,⁴² en la medida en que se privilegió, sobre la dimensión individual, la colectiva, representada en una Constitución que era considerada como expresión de la voluntad popular. El desafío político que supuso la Convocatoria hizo que para muchos publicistas la legitimidad normativa se convirtiera en la esencia de la libertad y ésta en el fundamento de la república, pues sin la libertad emanada del imperio de la ley, la república dejaba de ser tal para convertirse en alguna forma despótica de gobierno, como la dictadura o la tiranía, aunque se mantuviera en su aspecto formal como una república.

La soberanía y la representación

Si hubo unanimidad respecto al carácter constitutivo de la libertad en la forma republicana de gobierno -independientemente de la interpretación que se hiciera de ésta-, lo mismo ocurrió en relación con el sentido popular de la soberanía. Tanto Chavero y Zayas, como Ramírez, Zarco o Bustamante coincidieron en señalar que, tras la caída del Imperio, la soberanía había regresado por completo a la nación, que ya no tenía que compartirla con un monarca, que además era extranjero. El secuestro de la soberanía o, cuando menos, su pérdida parcial en los gobiernos monárquicos, constituía una de las piedras angulares del pensamiento político republicano,⁴³ que, a pesar del tiempo, mantenía su vigencia intacta. “La representación nacional en las monarquías se deriva del monarca, porque éste se llama el soberano -apuntaba Bustamante-; y en la democracia deriva del pueblo, que es en quien exclusivamente reside la soberanía.”⁴⁴ Por eso, tras la caída del Imperio, “el pueblo ha conocido que él es el soberano”, afirmaba Chavero, y, por lo tanto, es él quien elige.⁴⁵

Sin embargo, no todos entendieron de la misma manera las implicaciones de esa roussoniana soberanía popular. Para algunos, ésta era sinónimo de democracia, de gobierno del pueblo por el pueblo, algo que sólo podía darse de forma plena en la república, en donde el pueblo, en un mismo movimiento -como señalaba Zarco-, era sujeto y objeto de derechos.⁴⁶ De hecho, cuando esto no ocurría -consideraba Velasco desde las páginas de El Globo, diario que había apoyado la candidatura de Díaz en los comicios de septiembre- “los pueblos que llevan el nombre de república no son sino cadáveres próximos a entrar en disolución”.⁴⁷ Sin embargo, para otros, la soberanía popular no era sinónimo de democracia, sino de una organización del cuerpo social en la que cada individuo o segmento de la sociedad debía cumplir las funciones que le eran propias en aras de la “felicidad pública”, pero no mediante una toma de decisiones compartida.⁴⁸

A pesar de las constantes alusiones a la soberanía popular que se hicieron en estos meses, paradójicamente escasearon las reflexiones sobre el concepto de pueblo, aunque éste estuvo presente de forma más o menos velada en cualquiera de sus dos caras: como peligro y como posibilidad.⁴⁹ El pueblo, que para Riva Palacio debía incluir desde el escribiente y el administrador hasta los indios, los carreros e, incluso, los “mendigos con falsas vendas y con fingidas llagas”,⁵⁰ fue visto en general, como venía ocurriendo desde las décadas previas,⁵¹ con benignidad por la mayor parte de estos publicistas. Así, además de aplaudir su actuación en los comicios de septiembre, pues al acudir mayoritariamente a sufragar había hecho posible que el sistema funcionara, se le felicitó también porque, después de hacerlo y tras comenzar a conocerse los resultados, no se había producido ninguno de los habituales brotes revolucionarios de las décadas pasadas, es decir, no se había convertido en peligro para el propio sistema. Situación que demostraba, para Velasco, que el pueblo se encontraba maduro para la democracia, algo de lo que, en su opinión, no podía presumir el gobierno.⁵²

Uno de los grandes temas en torno a la soberanía popular, que había sido objeto de múltiples reflexiones desde el inicio de la centuria, fue la forma en que los representantes debían ser elegidos para que su actuación fuera, verdaderamente, traducción de la voluntad general. Descartada de forma mayoritaria -aunque, como veremos, no absoluta- la intervención directa en la asamblea, pues resultaba inoperante en naciones extensas y pobladas como la mexicana,⁵³ el debate se centró en los grados de separación que debían establecerse entre el ciudadano pasivo, es decir, el que ejercía el voto, y el activo, el que podía desempeñar un cargo de representación popular. La Constitución de 1857 estableció el sistema indirecto con un grado para todos los poderes públicos, lo que permitía tener un control sobre el amplio derecho de sufragio reconocido en el texto constitucional.⁵⁴ Sin embargo, no todos los que participaron en el Constituyente, ni los que volvieron a reflexionar sobre el tema con motivo de las elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo celebradas en septiembre, estuvieron de acuerdo con este sistema indirecto, que, en su opinión, impedía el establecimiento de una verdadera representación.

Los partidarios de la elección directa de representantes defendieron su postura apoyándose fundamentalmente en dos argumentos: que con ello se favorecía un mayor involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos y que de esta forma se reduciría la posibilidad de fraude. Ramírez, Zarco, Bustamante y Antonio G. Pérez fueron sus principales defensores. De ellos, fue probablemente Ramírez quien le dedicó más espacio en sus escritos y quien llevó a posiciones más extremas el argumento, pues en más de una ocasión defendió la elección asamblearia directa y vinculó este procedimiento con la independencia municipal. Para El Nigromante, el pueblo dejaría de ser “por todas partes gobernado y en ninguna gobernante”, cuando la elección se realizase de forma directa. “Perdido el miedo a la soberanía de la multitud y mejorados los elementos democráticos por la rapidez en las comunicaciones y por las luces que derrama la imprenta”, Ramírez se preguntaba: “¿por qué no habremos de hacer en diez o veinte mil lugares el papel de legisladores que representaban en una plaza los griegos y los romanos?”. Ésta era la forma más adecuada, en su opinión, de que “el pueblo se organice a sí mismo y ejerza la autoridad suprema” y no pidiéndole “un voto desnudo” sobre asuntos sobre los que no tenía “una opinión suficientemente razonada”. Por eso, el fortalecimiento de los ayuntamientos y de las municipalidades resultaba crucial, porque eran el espacio natural de las “asambleas deliberantes”, donde el pueblo dejaba de ser una figura retórica y podía ejercer su soberanía.⁵⁵ Aunque esta postura encontró simpatizantes, como Juan N. Mirafuentes, éstos resultaron menos optimistas en cuanto a la viabilidad inmediata del proyecto, pues, como apuntaba el coronel, aunque “la democracia pura es el término de nuestra forma política”, todavía quedaba camino por recorrer para llegar a ella.⁵⁶

Junto con la forma de la elección de representantes, los criterios que debían cumplir aquellos que habrían de ocupar cargos de elección popular también fueron objeto de reflexión por parte de los publicistas de estos meses. En este sentido, para muchos de ellos, no sólo era necesario satisfacer una serie de requerimientos legales, sino que, siguiendo la tradición humanista, consideraron esencial que los representantes tuvieran un conjunto de valores morales, como la virtud o la probidad, que fueran garantía de un correcto desempeño de sus funciones.⁵⁷ Por eso, la forma en que se ejecutaron los comicios de septiembre llevó a muchos publicistas a adoptar una postura pesimista respecto al proceso y a los resultados, pues no sólo quedaron insatisfechos los criterios morales -siempre más difíciles de ponderar-, sino que fueron también burlados los límites legales.

Respecto a lo primero, Riva Palacio, siempre irónico, denunciaba este hecho por medio de un diálogo imaginario en el que uno de los personajes aleccionaba al otro señalándole que “aquí, aunque parezca raro, los gobernantes eligen a los electores y éstos […] van el día designado a nombrar al mismo que los eligió”.⁵⁸ En cuanto a lo segundo, Ramírez, en tono mucho más serio, señalaba cómo la elección había sido doblemente falseada: por un lado, porque los representantes de los estados no habían sido elegidos por voto popular, sino por los gobernadores de las res pec tivas entidades, de modo que la soberanía popular en este punto había sido burlada; y por otro, porque se había permitido elegir como diputados a funcionarios de la federación, lo cual abría la puerta a la injerencia del Ejecutivo en el Congreso, y con ello, a la mezcla de competencias de los tres poderes.⁵⁹ Ante esta situación, cuya preocupación compartía Antonio G. Pérez, este último urgía a que se tomaran medidas que permitieran blindar la independencia del Legislativo para evitar que acabara sucumbiendo al Ejecutivo y que el Congreso se llenara de “Catilinas que maquinan contra sus poderdantes, defendiendo y votando hasta los más singulares caprichos del Ejecutivo”.⁶⁰

Precisamente, la separación de los tres poderes y, de manera específica, la división de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo constituyó el otro gran tema en torno al que giraron las reflexiones relativas a la soberanía popular y a la representación emitidas por los publicistas en estos meses. En este punto, una vez más la Convocatoria, así como los comicios de septiembre dieron lugar a un interesante debate, en el que se defendieron posturas encontradas respecto a la importancia y al papel de cada uno de los poderes en un gobierno republicano, y se discutió la pertinencia y las repercusiones de algunas de las medidas propuestas en la Convocatoria, sobre todo la relativa a la creación del Senado y la que planteaba la inclusión del derecho de veto para el Ejecutivo.

Respecto a la distinción y competencia de los diferentes poderes, buena parte de los publicistas, siguiendo la tradición asamblearia de las décadas previas,⁶¹ consideraban que el Legislativo, en tanto que expresión de la soberanía popular, debía estar por encima de los demás poderes, sobre todo del Ejecutivo, pues la historia del país, incluso hasta el momento presente, demostraba que las dificultades del gobierno republicano en México tenían una de sus razones de ser en los excesos de este poder. “Existe […] una gerarquía [sic] natural e inevitable en los tres poderes gubernativos -apuntaba Ramírez-; el que legisla llevará siempre la corona del soberano”.⁶² En este sentido, resulta lógico que Zarco sólo considerase que la república había quedado verdaderamente restaurada cuando se restableció el Congreso en diciembre.⁶³

Desde este planteamiento, el Ejecutivo debía ser -como lo calificaba Zarco- “dócil”, pues su función se debía limitar a poner en práctica aquello que decidiera el Legislativo. Asimismo, el cargo debía ser electivo y resultado de la lucha entre partidos, que era lo que diferenciaba, según este autor, a las repúblicas democráticas, como México, de los regímenes autoritarios, donde no había espacio para el debate y la crítica.⁶⁴ Además de la electividad, muchos de estos publicistas abogaron también por la alternancia en la titularidad del Ejecutivo, sobre todo cuando, después de la Convocatoria, Juárez lanzó su candidatura para las siguientes elecciones. Para sus defensores, la alternancia no sólo resultaba importante para evitar la posibilidad de corrupción, sino que permitía poner en práctica el principio de igualdad, de gran significación dentro del pensamiento republicano moderno, como había expuesto, entre otros, Tocqueville. Dicho principio hacía de cualquier ciudadano un posible candidato para el desempeño de esas funciones, pues en una república no podían existir hombre superiores ni necesarios.

Que el presidente de una república se eternizara en la silla presidencial -apuntaba con indignación Elízaga desde las páginas de El Globo unas semanas antes de las elecciones- sería un escándalo, equivaldría a hacer de él un rey constitucional, y las instituciones republicanas pugnan con el mando supremo ab aeternum, pues implicaría la supremacía de un hombre sobre toda una nación.

Por eso, en su opinión, cuando Juárez dejara la jefatura del gobierno, “habrá miles de ciudadanos capaces de sucederle en la presidencia, y si así no fuera -concluía con visible acrimonia- México […] podría considerarse perdido y resignarse […] a ser borrado del catálogo de las naciones”.⁶⁵

Sin embargo, no todos los publicistas coincidieron en asignarle esa superioridad al Legislativo ni en considerar tan crucial la separación taxativa de los tres poderes, ya que, en situaciones de crisis, como la que todavía atravesaba el país, el trabajo coordinado de todos ellos podía servir para dar unidad a la nación. Para los publicistas que defendieron esta postura, el fortalecimiento del Ejecutivo resultaba beneficioso pues, según apuntaba Zayas, la historia reciente del país demostraba que era necesario que al frente de la nación estuviera un “hombre enérgico, virtuoso”, capaz de crear el “equilibrio relativo entra las autoridades y el país”, un “hombre necesario” que, en su opinión, no podía ser otro que Benito Juárez.⁶⁶

En cuanto a las propuestas incluidas en la Convocatoria, la iniciativa de creación del Senado produjo posiciones encontradas, como ya había ocurrido durante los debates del Constituyente. Aunque el Senado era una institución esencialmente republicana, para algunos, como Ramírez o Bustamante, el sistema bicameralista indicaba “ausencia de unidad política y social, que el pueblo está dividido en clases, algo que, como demócratas, resulta inaceptable”. Aunque no negaban su utilidad en naciones como Estados Unidos, consideraban que si se implantaba en México sería “un obstáculo perpetuo para todo adelanto, una muralla en que se estrella toda idea nueva”.⁶⁷ Para otros, como Zarco, el Senado podría cumplir el papel de un poder moderador y, por lo tanto, ayudar a la gobernanza del país.⁶⁸

Respecto al veto, éste fue rechazado por la mayor parte de los publicistas y empleado por algunos de ellos durante la campaña electoral de septiembre para desprestigiar la candidatura de Juárez. Para Zamacona, en un artículo publicado durante aquellos días, el veto permitiría “afirmar la dictadura absoluta bajo las formas mentidas de un irrisorio sistema representativo nacional”, puesto que el titular del Ejecutivo tendría libertad para hacer lo que quisiera sin tomar en consideración a la soberanía nacional.⁶⁹ Bustamante tenía al respecto una opinión parecida, pues consideraba que en una república el veto “vendría a trastornar enteramente nuestra actual forma de gobierno, cambiando en autocracia la democracia”.⁷⁰ En definitiva, las diversas propuestas incluidas en la Convocatoria, “el veto, el Senado, el clero resucitado a la vida civil” eran, en opinión de Hilarión Frías y Soto, “la entronización de la monarquía disfrazada de dictadura hipócrita, de cesarismo republicano, es decir, las rémoras y los obstáculos a la política progresista y efervescente de la representación nacional”.⁷¹

La opinión gubernamental respecto a estas cuestiones quedó expuesta en el Diario Oficial y sintetizada en el discurso pronunciado por Juárez ante el Congreso con motivo de su investidura como presidente el 25 de diciembre. Pese a la Convocatoria y a la indisimulada pretensión de fortalecimiento del Ejecutivo que ésta significaba, Juárez ratificaba su lealtad al principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio” y prometía a los ciudadanos diputados que “me servirán de guía vuestras luces, cumpliendo el deber de ejecutar vuestras decisiones, de sostener la independencia y la dignidad de la nación, y de hacer efectivos los principios de libertad y de progreso”.⁷²

La soberanía, la representación, así como los diversos temas relacionados con estos principios ocuparon un lugar central en las reflexiones en torno a la idea republicana aparecidas durante estos meses. El embate de la fortuna que supusieron tanto la Convocatoria como los comicios celebrados al final de septiembre llevó a buena parte de los publicistas a repensar estos conceptos en clave republicana, pues por medio de sus críticas y comentarios abogaron por medidas encaminadas al fortalecimiento de la soberanía popular, tanto mediante las formas de elección de representantes como a través de la defensa de las funciones de la representación, una vez que ésta hubiera quedado constituida; cuestiones que, en ambos casos, en su opinión, estaban siendo atacadas por las iniciativas y las prácticas de Juárez, que de esta forma debilitaba algunos de los principios fundamentales de todo gobierno republicano. Sin embargo, también hubo quienes consideraron que la interpretación que Juárez hizo de dichos principios era la adecuada, al menos en las circunstancias por las que entonces atravesaba el país y que, por tanto, la consolidación de la república requería de su acatamiento.

La ciudadanía

A diferencia de lo ocurrido con los dos conceptos anteriores, el de ciudadanía, en sus reformulaciones de estos meses, no se vio afectado por el embate de la Convocatoria. Sin embargo, no fueron pocas las reflexiones que se dedicaron a este tema, pues había una convicción general de que la ciudadanía era la pieza clave de la vida republicana y de que, en el caso de México, todavía quedaba mucho por hacer para elevar al pueblo a esa categoría política y cívica. Dentro de la tradición republicana, la ciudadanía había sido definida en una doble dimensión: la normativa, que quedaba establecida en los textos legales y que se traducía en una serie de derechos y obligaciones; y la voluntarista, que suponía una disposición activa y atenta de los individuos, así como un cultivo de la virtud, como mecanismos para la consecución del bien común.⁷³

Desde el punto de vista normativo, la opinión generalizada fue que la definición de ciudadanía recogida en la Constitución de 1857 resultaba por demás suficiente pues, entre otras cosas, se reconocían los derechos del hombre emanados de la revolución francesa.⁷⁴ Por tanto, donde había que poner el acento era en el fomento de mecanismos que permitieran el desarrollo de la parte voluntarista. La población en general necesitaba aprender o, en el mejor de los casos, ejercitar sus hábitos republicanos, y para ello resultaba necesario el establecimiento de una serie de instituciones y prácticas.⁷⁵ Entre ellas figuraban los juicios por jurados, las Guardias Nacionales, el asociacionismo o la participación en los rituales cívicos y, por encima de todas, la educación.

Como buenos herederos del pensamiento ilustrado, y muchos de ellos próximos a las posturas de los ilustrados radicales,⁷⁶ la mayor parte de estos publicistas consideraba que, sin educación, la libertad se reducía y el ejercicio de la soberanía se empobrecía, pues sólo a través de la emancipación que producía el conocimiento, el ciudadano podría estar atento a las prácticas inmorales en las que con frecuencia incurrían los gobiernos, así como propositivo a la hora de buscar soluciones para los problemas del país. En esta preocupación por la educación también confluía el pensamiento positivista, aunque asociado, como vimos, a una interpretación de la libertad y de la utilidad pública distinta. “Era verdad sabida, que si la naturaleza forma hombres -apuntaba Chavero-, la instrucción es solamente la que forma ciudadanos. Nadie podrá negar que, en igualdad de circunstancias, la nación que tenga relativamente más ciudadanos que leen, sea la más libre.”⁷⁷ Una valoración en la que, en esta ocasión, coincidía con Zarco, para quien, en las actuales circunstancias del país, “fundar una escuela de primeras letras [era] […] mayor servicio que ganar una batalla o que pronunciar brillantes discursos”.⁷⁸

Junto a la educación escolarizada, el asociacionismo cívico y la participación en rituales patrióticos también estaban llamados a tener una importante función pedagógica. Para Altamirano, siguiendo de cerca el concepto de religión civil expuesto por Rousseau,⁷⁹ se debía fomentar en la ciudadanía el espíritu cívico mediante la realización de actos como los rituales patrióticos que tenían lugar el 16 de septiembre, a fin de convertir “el sepulcro de los que han muerto por la patria [en] altar de semidioses y no [en] urna de mortales”. De este modo, se lograría que el pueblo vistiera “de gala a sus ciudadanos para celebrar la memoria de aquellos animosos confesores de la libertad, que supieron morir antes que renegar de su fe republicana”.⁸⁰ El aso cia cio nismo cívico representaba, por su parte, para Bustamante -quien en esto seguía muy de cerca a Tocqueville-,⁸¹ “el corolario de la democracia, porque en la asociación todos los individuos tienen derechos semejantes y todos sus esfuerzos se dirigen a un mismo fin”.⁸² Permitía practicar, a una escala social reducida, principios fecundos como el de que “el interés de todos debe gestionarse por todos”, como apuntaba Filomeno Mata, además de que su existencia era “síntoma de madurez […] para la vida republicana”.⁸³

Desde el punto de vista institucional, el restablecimiento de las Guardias Nacionales, institución que había favorecido la transmisión de valores republicanos en las décadas previas,⁸⁴ ocupó cierto espacio en las reflexiones en torno a la idea republicana. Para un editorialista anónimo del El Monitor Republicano, esta institución era “indispensable en todos los pueblos libres” pues, en su opinión, constituía en “las repúblicas lo que los grandes ejércitos son para las monarquías”, pero, además, era menos caro y favorecía la unión entre “las masas y el gobierno”.⁸⁵ La importancia de los juicios por jurados fue defendida de manera particular por Chavero, quien consideraba que esta institución favorecía la igualdad, estimulaba el sentido de ciudadanía activa -en la medida en que se le involucraba en la gestión de la cosa pública- y fortalecía la virtud, pues obligaba a cada individuo a actuar de forma recta y moral. Por eso, en su opinión, “el día en que todos los ciudadanos puedan ser jueces, amarán la justicia, y el día en que la justicia sea la primera virtud de una nación, esta nación será omnipotente”.⁸⁶

Otro de los aspectos en relación con la ciudadanía que interesó a los publicistas fue el de la eterna tensión entre individuo y sociedad.⁸⁷ Este asunto, cuya problemática se había ido incrementando a medida que las sociedades se habían hecho más populosas, había sido abordado por algunos pensadores como Rousseau o Tocqueville. En el México de estos días, algunos publicistas, como Ramírez, recordaron la importancia de mantener el equilibrio en esta tensión para procurar la armonía de la república. Así, al hilo de un comentario sobre la política juarista en relación con los “traidores” que habían apoyado al Imperio, El Nigromante señalaba que, si bien originariamente el pacto social era meramente voluntarista y que, por tanto, cualquiera podía entrar o salir de él a su antojo, la complejidad de las sociedades modernas había obligado a la creación de una serie de medidas que garantizasen la conservación del cuerpo político. Éstas eran el origen de “todas las restricciones a que se sujeta el libre consentimiento de los individuos”, pero, bien encauzadas, podían permitir la “conciliación entre la independencia individual y la conservación del cuerpo político” sin agravio para ninguna de las partes.⁸⁸

Esa tensión, siempre presente, se reducía, según Rousseau o Tocqueville,⁸⁹ cuando entre los individuos que conformaban el cuerpo social existía cierta unanimidad de criterios. La procuración de esa unanimidad fue objeto de preocupación constante por quienes se dedicaron a pensar la república desde distintas latitudes del mundo,⁹⁰ pero en México, así como en otros países de la región, tuvo que hacer frente a una dificultad adicional: la heterogeneidad racial y la variedad lingüística y cultural. La existencia de una gran masa de población perteneciente a diferentes comunidades indígenas, que seguía manteniendo en buena medida sus usos y costumbres -cuyos principios distaban mucho de aquellos propios de las tradiciones políticas modernas-, constituía una dificultad adicional a la hora de lograr esa deseada unanimidad. Por tanto, este segmento de la población, así como el de las mujeres, se convirtieron en objeto de especial atención para los publicistas de estos meses, pues sobre ellos había que implementar de forma más contundente medidas que permitieran convertirlos en ciudadanos de una república medianamente unificada cultural y políticamente.

En el caso de las mujeres, fue Bustamante quien, influenciado por algunos autores franceses contemporáneos, le dedicó al tema varios escritos. En su opinión, “la mujer, como ha dicho bien Sanial Dubay, por su espíritu y su carácter, es esencialmente más republicana que el hombre”, pero debido a la educación doméstica que llevaba siglos recibiendo, se había convencido de ser “una esclava, atada con cadena de oro o de acero, pero siempre esclava”. Pero esto, con ser grave, no era lo peor -sostenía el exconstituyente-, porque si las mujeres eran las principales encargadas de transmitir valores a sus hijos, siendo ellas esclavas, solo podían transmitirles los valores de la sumisión y la dependencia. Por eso, “si queremos que nuestros descendientes mamen con la leche de una educación verdaderamente republicana, es preciso que comencemos a educar a la mujer bajo un sistema práctico de libertad y de independencia, que son los ejes sobre los que gira el sistema republicano”. Pero, además de esto, Bustamante abogaba por que las mujeres desempeñaran una profesión “compatible con su organización, que les proporcione los medios para vivir independiente”; de este modo, dejarían de percibirse como esclavas de sus maridos y pasarían a considerarse sus “compañeras”, “sus verdaderas socias”. Por eso, en definitiva, lo que había que hacer era desarrollar en la mujer “los principios republicanos que posee naturalmente”.⁹¹

La cuestión de los indígenas resultaba mucho más espinosa que la inclusión de la mujer como ciudadana de la República. El auge de una literatura pseudocientífica de tipo racista había convertido una categoría descriptiva antropológica en un elemento más del debate político, pero sin aportar demasiadas soluciones al respecto.⁹² Así que algunos de los publicistas mexicanos que se dedicaron a pensar la república en estos meses apuntaron algunas. Los indios, “debido a la tristísima situación en que se encuentran -señalaba un editorialista del El Monitor Republicano- no sirven más que las bestias, [puesto que no] participan de los beneficios de la libertad, ni de los goces de la civilización”. Su situación, continuaba este editorialista, era peor que la de los esclavos, porque éstos eran vendidos sólo una vez al amo, mientras que los indios “se venden de nuevo cada día de raya”. Por eso, se preguntaba, “¿no es deber, y deber sagrado […] sacar a esos habitantes de México de esa penosísima situación para elevarlos a la categoría de hombres libres, de verdaderos ciudadanos?”.⁹³

El concepto de ciudadanía, sobre todo desde su dimensión voluntarista, fue reformulado durante estos meses desde posiciones claramente herederas de la tradición republicana, pues se consideró al ciudadano como un individuo que, más que estar preocupado por su libertad individual, debía necesariamente involucrarse en los asuntos concernientes a su comunidad mediante el ejercicio de diversas prácticas. Aunque la mayoría de los publicistas coincidían en que esta demanda resultaba algo difícil de satisfacer en la situación presente del país, consideraban que todos aquellos involucrados en la cosa pública debían enfocar sus esfuerzos en esa dirección, pues ésta era la única vía para crear una sociedad de ciudadanos virtuosos, capaces de sostener la estabilidad de la república en momentos de crisis.