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Introducción
En la última década se ha consolidado una nueva ola conservadora global (Mudde, 2024) marcada por agendas punitivistas con fuertes críticas al Estado de bienestar, a la Agenda 2030 y a los discursos identitarios y de género. América Latina no ha permanecido al margen de este proceso: las presidencias de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina, el ascenso de Nayib Bukele en El Salvador, Kast en Chile y la emergencia de figuras como Manini Ríos en Uruguay y López Aliaga en Perú son expresiones claras de este giro regional hacia una derecha más radicalizada (Bolognesi et al., 2023).
Sin embargo, parte de la literatura ha privilegiado enfoques centrados en el ámbito nacional de países del norte global y en marcos teóricos desarrollados por ellos, lo que limita la comprensión de las especificidades que estas experiencias adquieren en contextos latinoamericanos. Ante ello, este trabajo propone una perspectiva latinoamericana, comparada y multinivel que permita no solo identificar las condiciones emergentes de estas fuerzas, sino también analizar las dinámicas de ejercicio del poder y sus estrategias de expansión territorial.
En un trabajo previo centrado en el caso argentino (Simpson y Jacobsohn, 2026b), se introdujo el concepto de liderazgo disruptivo como herramienta analítica orientada a captar el alcance político-institucional de estas experiencias. El presente artículo retoma y amplía esa propuesta con este concepto como eje articulador de un análisis comparado entre distintos casos nacionales. De este modo, no solo se pone a prueba su capacidad explicativa en contextos diversos, sino que se busca avanzar en su refinamiento teórico y mostrar su potencial para comprender la irrupción y consolidación de estas fuerzas políticas radicalizadas en América Latina.
Partimos del supuesto de que los liderazgos disruptivos se analizan en tres dimensiones centrales de impacto: el sistema de partidos, el orden institucional y las relaciones intergubernamentales. En primer lugar, en el plano del sistema partidista, estos liderazgos tienden a reconfigurar la distribución de poder entre las fuerzas políticas. Su emergencia -frecuentemente por fuera de las estructuras tradicionales- introduce un nuevo actor que altera los equilibrios preexistentes al reordenar las fuerzas dominantes. Esta redistribución del poder redefine las bases de representación dentro del sistema partidista.
En segundo lugar, en el plano institucional, estos liderazgos acceden al poder impulsando reformas estructurales profundas, orientadas a transformar aspectos sensibles de la economía y del régimen de derechos al expresar una pretensión de reconfiguración del orden institucional.
Por último, y como consecuencia, establecen una relación conflictiva con los gobiernos subnacionales o locales que tensa la dinámica previa de negociación intergubernamental. En este tipo específico de liderazgo, los actores subnacionales son compelidos a reaccionar, pues las agendas nacionales tienden a afectar intereses políticos, fiscales o institucionales de los gobiernos provinciales y locales. Esta dinámica reactiva no solo intensifica el conflicto intergubernamental, también reordena los patrones de articulación territorial y las estrategias de posicionamiento de los actores subnacionales.
Este enfoque tridimensional permite precisar que el carácter disruptivo de estos liderazgos trasciende el plano discursivo y se expresa en iniciativas concretas con efectos en el sistema partidista, en las instituciones y en la dinámica intergubernamental. Asimismo, al adoptar una perspectiva multinivel y político-relacional, el análisis examina su configuración en interacción con actores y estructuras de poder, así como su capacidad de adaptación y expansión en el ámbito subnacional. Esta mirada capta las mediaciones territoriales que condicionan su accionar y los efectos diferenciales que estos liderazgos producen en contextos federales, en función de las dinámicas intergubernamentales que habilitan o limitan su agenda.
Desde esta perspectiva, el artículo se organiza en torno a dos interrogantes: ¿cómo se configuran y operan estos liderazgos en sistemas multinivel? y, más específicamente, ¿de qué modo reconfiguran la dinámica intergubernamental, en particular en su relación con los gobiernos subnacionales? El trabajo se inscribe en una agenda que privilegia el análisis del ejercicio del poder -los modos en que los liderazgos gobiernan y reconfiguran arreglos institucionales- por encima de la literatura centrada en el acceso al poder y las condiciones en que surgen estos actores. Mientras esta última se ha concentrado en los procesos de erosión democrática -el agrandamiento ejecutivo y la manipulación electoral estratégica que Bermeo (2016) sistematiza, o los fenómenos que otros autores asocian a “autócratas electos” y actores con aspiraciones hegemónicas (Levitsky & Ziblatt, 2018)-, este artículo desplaza la atención hacia lo que ocurre una vez que estos liderazgos acceden al gobierno: sus estrategias de intervención, las tensiones con las estructuras existentes y los modos en que transforman -sin necesariamente destruir- el orden institucional.
Este desplazamiento analítico se apoya en una tradición que concibe el poder estatal como control formal de posiciones institucionales y como capacidad efectiva de intervención y transformación. Mann (2007) define el poder infraestructural como la habilidad del Estado de penetrar en la sociedad civil e implementar sus decisiones en todo el territorio y lo distingue del poder despótico -impuesto sobre la sociedad- en tanto opera a través de ella y requiere algo más que meros subordinados a la autoridad estatal (Mann, 2007). Esta distinción resulta productiva para el estudio de liderazgos disruptivos en contextos federales: su capacidad de accionar no depende solo de la voluntad política del Ejecutivo nacional, sino de las redes que articulan el Estado central con actores subnacionales que operan como mediadores -o como obstáculos- de esa proyección.
Asimismo, Skocpol (1985) enfatiza que los Estados son actores con recursos propios que les permiten configurar políticas con autonomía relativa como respuesta a intervenciones previas antes que a presiones externas. Esta autonomía, sin embargo, no es absoluta ni homogénea: la propuesta de Skocpol por “traer el Estado de vuelta” desafió tanto las lecturas pluralistas como las marxistas y promovió estudios empíricos sobre los efectos de retroalimentación institucional en la formación de políticas (Evans et al., 1985). Para el análisis propuesto, esto implica que los liderazgos disruptivos no operan sobre un Estado maleable a su voluntad, sino sobre estructuras que habilitan ciertos cursos de acción y constriñen otros al distribuir capacidades diferencialmente entre los niveles del sistema federal.
En este sentido, los liderazgos disruptivos se caracterizan por tensionar y reconfigurar el orden institucional sin necesariamente producir una ruptura plena. La tensión entre capacidad infraestructural (Mann, 2007), autonomía y constreñimiento institucional (Skocpol, 1985) permite analizar cómo estos liderazgos buscan transformar el orden sin necesariamente destruirlo, y por qué los resultados dependen no solo de su voluntad política sino de la morfología del Estado que intentan reconfigurar. Cuando estos procesos derivan en un quiebre del régimen, dejan de ser abordables como formas de disrupción para inscribirse en dinámicas más amplias de colapso político.
Tomaremos los casos de Brasil y Argentina, más específicamente las presidencias de Jair Bolsonaro (2018-2022) y Javier Milei (2023-actualidad), dos referentes de la ultraderecha disruptiva latinoamericana. Esta selección resulta particularmente relevante para el análisis comparado, ya que, si bien ambos constituyen sistemas federales y ocupan un lugar central en la región, presentan configuraciones político-organizacionales paradigmáticamente diversas. Brasil se estructura como una federación de tres niveles autónomos -federal, estatal y municipal-, cuyas competencias están definidas directamente por la Constitución, lo que limita la diversidad normativa subnacional y refuerza una dinámica relativamente centralizadora, profundizada por los procesos de estandarización administrativa impulsados a partir de la Enmienda Constitucional n.º 19 de 1998.1 Argentina, en contraste, configura una federación de dos niveles autónomos -nación y provincias-, en la que estas últimas concentran amplias competencias y determinan el alcance de la autonomía municipal.
Desde el punto de vista metodológico, en este artículo se adopta un diseño comparado cualitativo de tipo most similar systems, centrado en dos casos federales latinoamericanos con configuraciones institucionales distintas (Dosek, 2023). A partir de evidencia documental y del análisis de episodios críticos, se examinaron las variaciones en las dinámicas intergubernamentales generadas por liderazgos disruptivos en Brasil y Argentina. Esta estrategia permite observar cómo liderazgos con rasgos ideológicos y discursivos semejantes producen efectos diferenciados según los arreglos federativos, las capacidades institucionales y las formas de articulación entre niveles de gobierno.
Tras esta introducción, el artículo se organiza en cuatro secciones. En la primera, se revisan los últimos avances sobre las ultraderechas en el globo y su vínculo con liderazgos disruptivos. En la segunda, se presenta el marco teórico desde una perspectiva multinivel y relacional, y se introducen los casos de Brasil y Argentina. En la tercera, se desarrolla el argumento multinivel y el análisis empírico de las iniciativas de reforma impulsadas por los gobiernos de Jair Bolsonaro y Javier Milei, en contraste con las hipótesis planteadas. Por último, se exponen las conclusiones preliminares y se delinean futuras líneas de investigación, en particular sobre liderazgos disruptivos de ultraderecha en el nivel subnacional.
Liderazgos disruptivos y la ultraderecha en el mundo contemporáneo: debates teóricos y agenda de investigación
Los estudios sobre la radicalización de las derechas se han concentrado principalmente en Europa y en Estados Unidos, y ofrecen explicaciones tanto estructurales como coyunturales sobre su emergencia y consolidación (Lipset, 2001; Mudde, 2007, 2019; Wodak, 2021; Norris & Inglehart, 2019). Entre los factores estructurales destacan el creciente descreimiento en las instituciones democráticas, la crisis del Estado de bienestar y el deterioro de las condiciones socioeconómicas que alimentaron reacciones conservadoras frente a agendas inclusivas (Monestier & Vommaro, 2021). A ello se suman elementos coyunturales, como el aumento de la migración y el impacto de la pandemia de covid-19 (Bar-On & Molas, 2020; Klein, 2020). En América Latina, la persistencia de problemas estructurales como la desigualdad social y la inseguridad favoreció la emergencia de outsiders con agendas que combinaban ultraliberalismo económico, demandas punitivistas y, en algunos casos, componentes confesionales (Luna & Rovira Kaltwasser, 2021). Sin embargo, dentro del campo de la ultraderecha es posible distinguir entre una derecha radical que reconoce los procedimientos democráticos, pero tensiona sus valores liberales, y una extrema derecha que adopta posiciones abiertamente antidemocráticas y autoritarias (Mudde, 2000, 2019).
En esta línea, en un artículo anterior se destacó que las fuerzas vinculadas a la ultraderecha presentaron configuraciones ideológicas heterogéneas, en las que convivían corrientes tradicionalistas, favorables a cierto intervencionismo estatal en el plano moral o social, con posiciones radicalmente promercado y antiestatales en el plano económico (Simpson & Jacobsohn, 2026a). Esta heterogeneidad permite comprender por qué, incluso en contextos de mejora relativa de los indicadores económicos bajo gobiernos de izquierda o centroizquierda, estos actores continúan con niveles elevados de apoyo electoral, pues su apelación política trasciende el desempeño económico e interpela la representación, la autoridad y el orden político. Sobre esta base, se propone el concepto de liderazgo disruptivo, entendido como una herramienta analítica que permite captar sus efectos en la reconfiguración del poder político en contextos multinivel.
La relación entre ultraderecha y liderazgo disruptivo puede comprenderse como una afinidad instrumental entre un proyecto ideológico y una forma específica de ejercicio del poder. La ultraderecha contemporánea se define por su crítica al orden liberal y a las mediaciones institucionales que lo sostienen; el liderazgo disruptivo es el mecanismo político que permite materializar esa crítica en la práctica gubernamental. Este trabajo se concentra en analizar los liderazgos disruptivos de ultraderecha, en tanto la dimensión ideológica aporta información clave para comprender la forma en que se materializan las agendas de gobierno y las políticas públicas asociadas a estos proyectos.2
Aquí se define como liderazgo disruptivo a aquellos actores que, una vez que llegan al gobierno, alteran la disputa política y las reglas y prácticas tradicionales que estructuran el funcionamiento del sistema político (Simpson & Jacobsohn, 2026b). Dentro de un mismo campo semántico, el concepto de liderazgo disruptivo se diferencia del liderazgo plebiscitario en la medida en que este recurre a métodos de intermediación directa con el objetivo de refundar el sistema político (Sánchez, 2022), mientras que el primero reordena sus equilibrios y reglas de funcionamiento sin remplazarlo. A su vez, se distingue de la noción de liderazgo carismático weberiano al no apoyar su disruptividad únicamente en la percepción subjetiva y abstracta de legitimidad por parte de los seguidores (Weber, 2022 [1922]). Asimismo, si bien recurre coyunturalmente a una apelación de masas característica del liderazgo populista, dicha dimensión no constituye un rasgo estructural de su definición (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2019; Laclau, 2005). Nuestra propuesta pone el foco en la materialización de políticas públicas y en la agenda de gobierno impulsada por estos liderazgos desde una perspectiva relacional: la disrupción ocurre porque, en la interacción entre actores, estos liderazgos modifican el conflicto político y las relaciones intergubernamentales. Sin embargo, la profundidad de esa disrupción -el alcance de las transformaciones y el grado de conflicto consolidado- depende de las características político-institucionales del sistema en el que actúan y de la interacción del liderazgo con los actores territoriales.
En primer lugar, reconfiguran el sistema de partidos, ya sea al irrumpir por fuera de las organizaciones consolidadas o al desplazar fuerzas dominantes. En segundo lugar, tensionan los vínculos con los gobiernos subnacionales al alterar los patrones de coordinación y negociación en sistemas federales. En tercer lugar, acceden al poder con agendas de transformación estructural, orientadas a reformar áreas centrales de la economía y del régimen de derechos. Estas iniciativas suelen impactar en sectores vulnerables o sobre políticas redistributivas previamente consolidadas, lo que intensifica los conflictos políticos e institucionales.
En este marco, se seleccionaron como casos de estudio dos liderazgos disruptivos de ultraderecha en virtud de su relevancia coyuntural en América Latina: Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina. Los estudios regionales muestran trayectorias diferenciadas según contextos político-institucionales específicos. En Brasil, la ultraderecha se articula en torno a una vertiente confesional evangélica y a otra con agendas antisistema, surgida de la crisis política y económica de 2014-2016, cuya especificidad reside menos en su programa económico -no sustancialmente distinto del liberalismo tradicional- que en su retórica antipolítica y moralizante (Borges, 2024; Rocha, 2021). En Argentina, tras la crisis de representación de 2001, convergieron la derecha nacionalista-reaccionaria y la liberal-conservadora, y combinaron discursos identitarios excluyentes con una concepción restrictiva de la democracia, percibida como vulnerable frente al populismo de izquierda (Morresi et al., 2021; Morresi & Ramos, 2023). A partir de 2021, con la profundización de la crisis económica en la pospandemia, ganó fuerza la vertiente anarcocapitalista con Javier Milei como su principal referente.
Liderazgos disruptivos de ultraderecha en clave relacional y multinivel
En contextos federales o descentralizados, el ejercicio del poder no depende exclusivamente de la autoridad del Ejecutivo nacional, sino de juegos entre distintos niveles de gobierno que poseen recursos políticos, fiscales e institucionales variados. En consecuencia, el carácter confrontativo de estos liderazgos no se despliega en un vacío institucional, sino que enfrenta entramados territoriales preexistentes que condicionan su alcance y sus efectos. Desde esta perspectiva, el nivel subnacional constituye un espacio clave para observar cómo avanza -o se limita- el carácter disruptivo de estos liderazgos, puesto que, como la política multinivel transforma la disrupción en un proceso inherentemente relacional, el liderazgo disruptivo no solo altera reglas o equilibrios en el nivel central, sino que también redefine los patrones de interacción intergubernamental. Como resultado, las negociaciones entre niveles de gobierno tienden a estructurarse en torno a relaciones más contingentes, personalizadas y conflictivas entre el Poder Ejecutivo nacional y los actores territoriales, lo que da lugar a mayor incertidumbre y conflictividad. A diferencia de lo que ocurre con los partidos tradicionales, cuyo crecimiento territorial suele apoyarse en estructuras organizativas descentralizadas, la difusión territorial de estos liderazgos se produce principalmente a través de alineamientos estratégicos con actores locales o mediante candidaturas que buscan capitalizar la popularidad del líder nacional. El territorio se convierte así en un espacio clave de disputa política, donde la disrupción puede replicarse, adaptarse o encontrar resistencias significativas.
A partir de este argumento, el análisis en contextos multinivel ofrece tres ventajas. Primera: permite comprender cómo los nuevos clivajes se construyen y operan dentro de sistemas descentralizados donde las dinámicas de poder varían entre regiones y entre países con diseños institucionales federales. Segunda: integra el componente relacional entre dinámicas locales, subnacionales y nacionales, lo que resulta clave para identificar patrones de movilización, estrategias de legitimación y la capacidad de estas fuerzas para incidir en múltiples niveles de gobierno. Tercera: facilita la comparación del impacto de liderazgos disruptivos de ultraderecha en distintos contextos y ofrece una visión más sistémica (Snyder, 2001; Giraudy et al., 2019).
En línea con lo anterior, sostenemos que la emergencia de liderazgos disruptivos de ultraderecha se explica por el debilitamiento de los partidos tradicionales y por las crisis de representación que habilitaron discursos antiestablishment con vocación de cambio radical. Sin embargo, estos procesos presentan variaciones significativas según las agendas que defienden, los contextos político-institucionales en que se desarrollan y sus alcances, y son escasos los trabajos que analizan sus variaciones regionales y subnacionales en sistemas federales. Este artículo busca contribuir a llenar esa laguna al sostener que la variable territorial puede ampliar o restringir el carácter disruptivo de los liderazgos nacionales, ya que la dinámica política en sistemas multinivel responde a la superposición de incentivos diversos en la arena decisoria. La propuesta central es avanzar en la comprensión del fenómeno desde una perspectiva relacional, multinivel y regional con el método comparado subnacional para analizar la heterogeneidad espacial en dos países federales y construir un marco de clasificación aplicable a otros contextos de la región.
Esto supone que el análisis de las implicaciones del liderazgo disruptivo no debe entenderse como un atributo exclusivamente nacional, sino como un fenómeno cuya intensidad y efectos dependen de su inserción en configuraciones territoriales específicas. La política subnacional y local puede actuar simultáneamente como límite político-institucional y como arena de expansión del proyecto político, ya que la autoridad del líder se negocia constantemente con estructuras de poder territorialmente arraigadas. Por ende, el liderazgo disruptivo se piensa a partir de las relaciones que establece con otros actores del sistema político y los recursos objetivos y subjetivos que ostenta (Fabbrini, 2009; Ollier, 2014). El análisis subnacional permite observar un aspecto central del fenómeno: la viabilidad política del liderazgo disruptivo de ultraderecha no depende únicamente de su éxito electoral, sino de la capacidad de reconfigurar -o coexistir con- órdenes políticos locales preexistentes. El estudio de estas interacciones revela cómo la disrupción se despliega en el territorio y genera patrones diferenciados de alineamiento, resistencia o adaptación que condicionan tanto la gobernabilidad como la consolidación futura de estas fuerzas políticas. A partir de este marco analítico, examinamos a continuación cómo estas dinámicas se manifestaron en los casos de Brasil y Argentina.
Los casos de Jair Bolsonaro y Javier Milei
La elección presidencial brasileña de 2018 constituyó un punto de inflexión en la dinámica política posterior a la redemocratización (Rennó, 2022). Desde la perspectiva analítica propuesta en este trabajo, Bolsonaro expresa una modalidad de liderazgo disruptivo caracterizada por una confrontación permanente, tanto en lo discursivo como en la imposición de su agenda, una centralización carismática, un anclaje partidario volátil y una amplia utilización política de las redes sociales. Su victoria no implicó únicamente una alternancia gubernamental, sino una reconfiguración de los mecanismos de intermediación política y del equilibrio entre liderazgo personal, organización partidaria e instituciones de control (Nunes, 2022; Feres Júnior & Almeida, 2025).
En términos de origen y trayectoria, Jair Bolsonaro no fue un outsider, sino un maverick (Barr, 2009), es decir, un actor que emerge de partidos establecidos, pero que se posiciona de manera independiente respecto de sus élites y líneas dominantes, desafiando la disciplina partidaria y construyendo una identidad política diferenciada. Su capital político se consolidó progresivamente fuera de los circuitos tradicionales de profesionalización partidaria, apoyado en dinámicas mediáticas y digitales que ampliaron su visibilidad y su capacidad de movilización pese a su posición marginal en el Congreso y su trayectoria previa. Como señala Solano (2019), Bolsonaro condensó un malestar social acumulado con una narrativa moralizante que opuso un “pueblo honesto” a una “élite corrupta”, que estructuró una polarización identitaria de alta intensidad y otorgó a su figura una legitimidad anclada en la confrontación. En ese escenario de desgaste institucional y percepción de “tierra arrasada”, Bolsonaro articuló un diálogo político con sectores diversos que se sentían desplazados por los consensos previos. Su base incluyó clases medias urbanas afectadas por la crisis económica, sectores evangélicos movilizados por agendas morales conservadoras y segmentos vinculados a las fuerzas de seguridad (Solano, 2019).
La estructura organizativa que el liderazgo de Bolsonaro desplegó no respondió al modelo partidario clásico: más que consolidarse como una maquinaria territorial jerárquica, operó como una formación reticular, esto es, una configuración político-comunicacional ordenada en redes digitales descentralizadas que redujo la centralidad de la intermediación partidaria clásica (Cesarino, 2022). Esta modalidad organizativa permitió crear una base de apoyo con actores heterogéneos -militares retirados, líderes religiosos, empresarios, influenciadores digitales- sin necesidad de una estructura orgánica unificada. La volatilidad de su anclaje partidario fue consecuencia directa de esta configuración organizativa. Bolsonaro fue electo por el Partido Social Liberal (PSL) que, tras las elecciones de 2018, se convirtió en la mayor bancada de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en una mayoría estable ni en una coalición programática cohesionada dentro del Congreso. Las disputas internas por el control de la estructura partidaria culminaron en su ruptura con la dirigencia del PSL en 2019. El intento de fundar una nueva sigla propia no prosperó, y el presidente permaneció sin afiliación formal durante un periodo significativo, hasta incorporarse finalmente al Partido Liberal (PL) en 2021 con miras a la disputa electoral de 2022 (Rennó, 2022).
Durante los primeros años de su mandato, Bolsonaro intentó gobernar prescindiendo de una coalición partidaria formal en el Congreso, en línea con su discurso contra la llamada “vieja política”. En la práctica, la gobernabilidad dependió de acuerdos pragmáticos con fuerzas del Centrão3 y con los presidentes de ambas Cámaras, en especial a partir de 2021, lo que desnudó la tensión entre su discurso antipolítica y la necesidad de negociar dentro de la lógica del presidencialismo de coalición.4 Desde el punto de vista territorial, Bolsonaro se apoyó en redes heterogéneas y en alianzas contingentes con liderazgos locales y regionales. Aunque en las elecciones de 2018 algunos gobernadores electos compartían su agenda política, estas afinidades no se tradujeron en la construcción de una coordinación intergubernamental estable entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales. Como resultado, el liderazgo presidencial mantuvo una relación ambivalente con los gobiernos subnacionales: por un lado, dependía de apoyos territoriales fragmentados para sostener su base política; por otro, privilegiaba una lógica de confrontación directa que tendía a debilitar los mecanismos tradicionales de articulación federativa.
Sostenemos que un liderazgo disruptivo basado en la confrontación permanente tiende a reconfigurar el equilibrio de poder entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobernadores al desplazar prerrogativas, recursos y capacidades de influencia y afectar la gobernanza del sistema político. En Brasil, este proceso comenzó tras la crisis de 2015 y el impeachment de Dilma Rousseff, y se profundizó durante el gobierno de Michel Temer mediante reformas que ampliaron la capacidad del Congreso respecto a la agenda y el presupuesto. Con esa base, el liderazgo de Jair Bolsonaro consolidó un cambio en el paradigma de negociación: en un contexto de creciente conflictividad y dependencia del Centrão, el Ejecutivo cedió prerrogativas clave, lo que debilitó su poder de agenda distributiva y erosionó los mecanismos del presidencialismo de coalición, mientras el Poder Judicial ampliaba su papel como mediador institucional.
La confrontación también se extendió a instituciones de control y burocracias estatales como parte de una estrategia recurrente de legitimación plebiscitaria. Bolsonaro cuestionó la integridad del sistema electoral -lo que derivó en su inhabilitación por ocho años en 2023 (TSE, 2023; UOL, 2024)- y deslegitimó a organismos técnicos como la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) durante la aprobación de la vacuna pediátrica contra el covid-19 (CNN Brasil, 2022; Nexo Jornal, 2022). Asimismo, confrontó al Tribunal de Contas da União en el caso de las joyas recibidas en Arabia Saudita: el organismo ordenó su incorporación al patrimonio público, decisión que el expresidente cuestionó y a la que se resistió, lo que encuadró el episodio como una controversia política (TCU, 2023). En conjunto, estos episodios evidencian un patrón sistemático de conflicto con instituciones de accountability horizontal orientado a reforzar la centralidad del liderazgo presidencial frente a límites institucionales.
En el caso argentino, el ascenso de Javier Milei a la Presidencia en 2023 constituyó un hecho significativo en la política argentina contemporánea, tanto por su trayectoria personal como por las características organizativas e ideológicas del espacio que encabeza: La Libertad Avanza (LLA). A diferencia de Bolsonaro, Milei no provenía del sistema político tradicional ni contaba con experiencia parlamentaria previa. Su capital político se construyó en el ámbito mediático, desde donde articuló una crítica frontal a la “casta política” y al consenso económico vigente (Ariza, 2024). Este desplazamiento del eje de socialización política -del partido a los medios y redes- es central en su carácter disruptivo. El sostén social de Milei proviene especialmente de hombres jóvenes que rechazan las ideas progresistas y que se sienten excluidos y cancelados por estas (Stefanoni, 2021).
En el plano programático, el liderazgo de Milei introdujo un repertorio doctrinario inédito en la tradición argentina reciente: la defensa explícita del liberalismo libertario, la reducción drástica del Estado, la reforma estructural del régimen fiscal y el cuestionamiento de consensos históricos en materia de políticas del Estado de bienestar configuraron una agenda de transformación sistémica (Murillo & Oliveros, 2024). En términos organizativos, LLA emergió como una fuerza partidaria nueva, con baja densidad territorial y fuerte centralidad del liderazgo. En las elecciones de 2023 amplió significativamente su representación legislativa al pasar de una presencia marginal a convertirse en actor relevante en ambas cámaras, aunque sin alcanzar mayoría propia ni gobernadores alineados (Karamaneff & Jacobsohn, 2025). Esta condición institucional marcó una diferencia sustantiva respecto del caso brasileño: la viabilidad del programa disruptivo dependía desde el inicio de negociaciones parlamentarias y de acuerdos políticos con los gobiernos subnacionales.
En este sentido, el carácter disruptivo del liderazgo de Javier Milei no operó mediante una ecología reticular descentralizada comparable a la de Jair Bolsonaro -caracterizada por apoyos territoriales contingentes y no automáticos por parte de gobernadores y alcaldes-, sino a través de la construcción progresiva de una organización partidaria nacional propia bajo el sello de LLA. Un papel central en este proceso lo desempeñó Karina Milei, hermana del presidente y principal gestora política del espacio, quien asumió funciones clave en la estructuración territorial del partido y en la definición estratégica de candidaturas al promover la obtención de personerías jurídico-políticas distritales y la consolidación de juntas promotoras provinciales bajo conducción centralizada (La Capital, 2024; Infobae, 2024b). Esta orientación se expresó con claridad en las elecciones legislativas intermedias del 26 de octubre de 2025. En la provincia de Córdoba, LLA obtuvo 42.3% de los votos y cinco de las nueve bancas en disputa. En Santa Fe, alcanzó aproximadamente 40.7% y cuatro de las nueve bancas en juego. En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional logró 41.5% de los votos y se impuso por un margen estrecho frente al peronismo provincial. En Mendoza, donde la estrategia combinó la expansión del sello propio con articulaciones locales, la alianza encabezada por el oficialismo nacional alcanzó cerca de 53.7% de los votos y obtuvo cuatro de las cinco bancas en disputa. Estos resultados muestran que si bien la estrategia de competir bajo el sello de LLA permitió consolidar una presencia legislativa significativa, su desempeño fue heterogéneo y aún dependiente de la mayoría de las fuerzas políticas provinciales (Ministerio del Interior, 2025).
El liderazgo disruptivo de Milei se enfrentó a un entramado territorial caracterizado por la resistencia de fuerzas provinciales profundamente arraigadas que, en virtud de las particularidades del federalismo argentino, conservan un amplio control político sobre sus distritos. Estos actores, favorecidos por reglas institucionales y dinámicas de competencia que refuerzan su predominio local, tienden a desalentar la entrada de nuevos competidores nacionales en sus territorios. En este contexto, la emergencia de un liderazgo nacional de perfil disruptivo no genera alineamientos automáticos ni coaliciones verticales estables, sino que activa estrategias defensivas de los ejecutivos provinciales. Nuestra hipótesis es que esta configuración incentiva comportamientos más individualizados o “quirúrgicos”, orientados a resolver problemas puntuales mediante negociaciones bilaterales con el gobierno central, lo que, al mismo tiempo, evita la nacionalización del conflicto y la exposición de sus distritos a disputas políticas de mayor escala (Gibson, 2006). En este marco, el liderazgo disruptivo de Milei tiende a intensificar la modalidad más competitiva del federalismo argentino y a desalentar los impulsos de acción colectiva horizontal entre gobiernos subnacionales.
Aunque no se observa una estrategia sistemática de embestida contra los órganos de control, equivalente a la del caso brasileño, sí se advierte un proceso de deslegitimación discursiva de instituciones representativas orientado a ampliar la capacidad de iniciativa del Poder Ejecutivo en el marco de su agenda de reforma estructural. En el gobierno de Javier Milei, esta dinámica se manifestó en reiterados cuestionamientos al Congreso de la Nación Argentina y a sus integrantes, caracterizados como parte de la “casta política” e incluso como “ratas”, particularmente en el contexto de los conflictos legislativos en torno a la aprobación de sus principales iniciativas económicas (La Nación, 2024; Clarín, 2024). Paralelamente, el Poder Ejecutivo promovió la reconfiguración de organismos estatales considerados estratégicos para su programa, incluida la intervención y la posterior reorganización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, actual ARCA, Agencia de Recaudación y Control Financiero), cuyos funcionarios fueron públicamente cuestionados y asociados a prácticas arbitrarias o persecutorias (Reuters, 2024; Infobae, 2024a). Estas tensiones también alcanzaron al Banco Central de la República Argentina, cuya legitimidad y función fueron objeto de impugnación discursiva en el marco de una agenda orientada a su eventual transformación institucional (Financial Times, 2023; La Nación, 2024a). Estos episodios muestran una estrategia de deslegitimación selectiva de intermediarios institucionales que, sin implicar una ruptura con el orden institucional, contribuye a reconfigurar las relaciones entre el liderazgo presidencial y las instituciones estatales en el proceso de implementación de su programa de gobierno.
La comparación entre ambos casos muestra que el liderazgo disruptivo admite variaciones internas relevantes. Ambos comparten el cuestionamiento de mediaciones tradicionales y la voluntad de reconfiguración del orden político. Sin embargo, difieren en la agenda ideológica, en la infraestructura organizativa y en la modalidad de disrupción. Precisar estas diferencias resulta fundamental para evitar lecturas homogéneas de las ultraderechas latinoamericanas y para delimitar con mayor claridad los alcances analíticos de nuestra tipología sobre este tipo de liderazgo. La tabla 1 ilustra nuestra propuesta de categorización de liderazgos disruptivos de ultraderecha.
Tabla 1 Ejercicio del liderazgo disruptivo de ultraderecha en Brasil (2018-2022) y Argentina (2023-feb/2026)
| Dimensión | Eje analítico | Jair Bolsonaro | Javier Milei |
| Sistema partidista | Modalidad de entrada | Maverick con trayectoria congresual | Outsider con capital mediático |
| Tipo de mediación partidista | Alianzas regionales con siglas de la derecha prebendaria | Territorialización bajo sello propio (LLA) y alianzas coyunturales | |
| Penetración organizacional | Expansión apoyada en redes digitales descentralizadas y movilización reticular | Partido en formación con expansión progresiva y partidos sello de goma | |
| Orden institucional | Relación con la burocracia pública, Poder Judicial y órganos de control | Choques frecuentes | Tensiones coyunturales |
| Impacto institucional | Cambio en la lógica del presidencialismo de coalición y fortalecimiento del Congreso y STF | Hipercentralización decisoria y ampliación del recurso de veto presidencial | |
| Relaciones intergubernamentales | Dinámica multinivel | Judicialización de las RIG, cooperación horizontal y baja coordinación federal | Acuerdos bilaterales ad hoc y baja coordinación federal |
| Modalidad de conflicto | Conflicto permanente y confrontación abierta | Conflicto selectivo y negociaciones bilaterales |
Fuente: elaboración propia.
Como se observa en la tabla 1, los casos argentino y brasileño corresponden a variantes distintas del liderazgo disruptivo. Mientras Bolsonaro se caracteriza por un mayor extremismo disruptivo, Milei representa una modalidad menos extrema. La diferencia no es meramente nominal: se refiere al grado de confrontación institucional, al tipo de antagonismo movilizado y al modo en que se articula la transformación del orden político.
Análisis empírico de las dinámicas disruptivas de los gobiernos de Bolsonaro y Milei
Con el objetivo de profundizar el análisis empírico de las dinámicas expuestas en la tabla 1, en este apartado se examinan comparativamente dos dimensiones comunes: 1) agendas disruptivas específicas impulsadas desde el nivel nacional y 2) sus impactos en la relación entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.
En Brasil, la dimensión multinivel del liderazgo disruptivo se expresó con nitidez en la conflictividad vertical entre el Ejecutivo federal y los gobiernos subnacionales, especialmente a partir de la pandemia, y en la activación de mecanismos alternativos de coordinación horizontal y de judicialización de la política. Los siguientes episodios ilustran la forma en que el conflicto intergubernamental operó como límite institucional y, al mismo tiempo, como vector de reorganización política. En este trabajo tomamos tres casos específicos para ilustrar nuestra propuesta teórica: los conflictos en torno a la gestión de la pandemia de covid-19, las políticas de vacunación, y las disputas fiscales entre el gobierno nacional y los estados en torno al impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios (ICMS) aplicado a los combustibles.
El primero de estos mecanismos se observa en la gestión de la pandemia que reconfiguró las relaciones entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales. En términos territoriales, aunque en 2018 fueron electos gobernadores que compartían su agenda de seguridad y liberalización económica -como Wilson Witzel (Río de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) y Ronaldo Caiado (Goiás)-, la articulación federativa con el Ejecutivo nacional mostró límites estructurales. Las afinidades ideológicas iniciales no se tradujeron en una coordinación estable, y varios de estos mandatarios adoptaron posiciones autónomas frente al Gobierno federal. Durante la pandemia de covid-19, los conflictos en torno a las políticas de aislamiento social pusieron en evidencia conflictos de competencias que tensionaron los mecanismos de coordinación y cooperación entre niveles de gobierno (Peixoto et al., 2023).
Este episodio también evidenció los límites del Ejecutivo para coordinar la respuesta sanitaria a través de los mecanismos tradicionales del presidencialismo de coalición. Ante la ausencia de una estrategia federal articulada con gobernadores y mayorías legislativas, el conflicto se desplazó hacia el Poder Judicial, que pasó a desempeñar un papel central en la mediación institucional del conflicto federativo. En el caso brasileño, la controversia sobre las medidas de distanciamiento no solo profundizó la conflictividad entre el Ejecutivo federal y los estados, sino que también activó mecanismos alternativos de organización. Los espacios previamente institucionalizados de articulación intergubernamental, sumados a un liderazgo disruptivo con una base de apoyo partidario volátil y territorialmente fragmentada en los estados, impulsaron el fortalecimiento de instancias de cooperación horizontal entre gobiernos subnacionales. A diferencia del escenario argentino, donde predominaron estrategias más individualizadas, en Brasil esta configuración incentivó respuestas coordinadas entre actores estatales que incrementaron los costos de transacción para el Ejecutivo nacional y limitó su capacidad de imponer unilateralmente su agenda.
En este contexto, los secretarios estatales de Salud reforzaron las instancias de coordinación horizontal -particularmente a través del Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)- y consolidaron canales de interlocución técnica con áreas clave del Ministerio de Salud en un escenario de inestabilidad ministerial y disputas políticas. Esta dinámica favoreció el avance de espacios institucionalizados de cooperación subnacional, así como la conformación de arreglos interestatales con capacidad de acción conjunta con la participación de los gobernadores, como el Consorcio Nordeste, creado en 2019 con el objetivo de ampliar la coordinación regional y fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los estados frente al Gobierno federal (Conass, 2019). Aunque su creación antecede a la pandemia, el consorcio adquirió mayor visibilidad durante la crisis sanitaria al articular compras conjuntas de insumos médicos, intercambiar información técnica y coordinar estrategias de respuesta entre los gobiernos estatales. Al mismo tiempo, los ejecutivos subnacionales reforzaron mecanismos más amplios de coordinación política a través del Fórum de los Gobernadores que funcionó como espacio de articulación interestatal para discutir respuestas comunes ante diversas iniciativas del Ejecutivo federal, que incluyeron medidas fiscales, transferencias federativas y estrategias de gestión de la pandemia.
En paralelo, el conflicto se trasladó al plano judicial. En abril de 2020, el Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmó, con la resolución ADI 6341/2020, la competencia concurrente de estados y municipios para adoptar medidas sanitarias, limitó la capacidad del gobierno federal para centralizar decisiones y respaldó la autonomía subnacional (Amorim & Tajra, 2020). Este fallo consolidó un escenario de federalismo judicializado en el cual los gobernadores adquirieron mayor protagonismo político frente a la estrategia negacionista del Ejecutivo nacional (Peixoto et al., 2023). Asimismo, las disputas públicas con gobernadores como João Doria (São Paulo) en torno a la adquisición y promoción de vacunas -particularmente la CoronaVac- intensificaron la confrontación intergubernamental. Flávio Dino (Maranhão) y Rui Costa (Bahía) también defendieron públicamente la autonomía estatal para implementar medidas sanitarias y acelerar las estrategias de inmunización. Algunos estados exploraron alternativas de negociación directa con laboratorios internacionales y mecanismos de cooperación intergubernamental para garantizar el acceso a vacunas y ampliaron los márgenes de acción subnacional. En este contexto, el Congreso Nacional también desempeñó un papel relevante en la presión por una estrategia de vacunación más amplia, lo que evidenció un escenario en el que el Ejecutivo perdió capacidad de coordinación política sobre la agenda sanitaria nacional. La gestión del conflicto se desplazó hacia una arena institucional más fragmentada, donde gobernadores, legisladores y el Poder Judicial disputaron la conducción de la política pública.
Las tensiones intergubernamentales también se expresaron en el plano fiscal. En distintos momentos del gobierno de Bolsonaro, gobernadores y alcaldes reaccionaron a iniciativas federales que amenazaban sus prerrogativas fiscales. Uno de los episodios más visibles ocurrió en torno al impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios (ICMS) aplicado a los combustibles. En un contexto de fuerte aumento de los precios de la gasolina durante los años de 2021 y 2022, el gobierno nacional atribuyó la responsabilidad de su encarecimiento a las alícuotas estatales y promovió la implementación de legislación destinada a reducir su valor. Diversos gobernadores reaccionaron defendiendo la autonomía tributaria de los estados y denunciaron el impacto fiscal de las medidas. Mandatarios como Rui Costa (Bahía), Flávio Dino (Maranhão) y Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) criticaron públicamente la iniciativa federal y alertaron sobre las pérdidas fiscales que implicaría para las finanzas de los estados, mientras que otros gobernadores participaron en articulaciones institucionales a través del Fórum de Gobernadores y del Consejo Nacional de Política Tributaria (Conselho Nacional de Política Fazendária-Confaz). En este escenario, el Confaz funcionó como espacio de coordinación técnica y política entre secretarios de Hacienda estatales para definir posiciones comunes ante las iniciativas del Ejecutivo federal y del Congreso. Las iniciativas legislativas finalmente aprobadas establecieron límites a las alícuotas del impuesto, lo que generó nuevas tensiones federativas y posteriores disputas judiciales entre los estados y el gobierno nacional (Hirabahasi & Coelho, 2022). El análisis del conflicto en torno al ICMS también muestra cómo el liderazgo confrontativo del Ejecutivo alteró la dinámica tradicional del presidencialismo de coalición. La agenda legislativa referente a los combustibles no la condujo exclusivamente el Ejecutivo, sino que dependió de la actuación de liderazgos parlamentarios -entre ellos el de los presidentes de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y del Senado, Rodrigo Pacheco- en intensas negociaciones en el Congreso Nacional. El conflicto fiscal se desarrolló simultáneamente en múltiples arenas institucionales -Congreso, STF y foros de coordinación interestatal-, lo que reflejó un escenario de fragmentación de la capacidad de coordinación presidencial.
En el caso argentino, la relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores estuvo marcada desde el inicio de su mandato por una tensión estructural derivada de la debilidad territorial del oficialismo y del carácter reformista de su agenda. A diferencia de administraciones previas, sustentadas en coaliciones federales relativamente estables, LLA careció de gobernadores propios y de una red partidaria subnacional consolidada, lo que transformó cada proceso legislativo relevante en una instancia de negociación intergubernamental específica. En este contexto, las leyes económicas, fiscales y sociales discutidas entre 2024 y 2026 constituyen un terreno privilegiado para observar cómo el Ejecutivo nacional gestionó el conflicto federal y construyó gobernabilidad a través de mecanismos predominantemente transaccionales. La ausencia de gobernadores afiliados al oficialismo y la fortaleza político-institucional de los ejecutivos provinciales contribuyeron a reforzar el carácter más competitivo del federalismo argentino a partir de acuerdos intergubernamentales bilaterales y negociaciones legislativas puntuales.
En esta investigación se toman tres casos específicos para ilustrar la propuesta teórica: la Ley 27.794 que regula la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias; la Ley de Modernización Laboral y la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante 2024 y 2025, la relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias en Argentina volvió a poner en evidencia la puja estructural que caracteriza al federalismo argentino en torno al control y distribución de recursos. En un contexto de fuerte ajuste impulsado por la administración de Milei, la reducción drástica de las transferencias no automáticas -entre ellas, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)- reconfiguró las condiciones de negociación entre niveles de gobierno. Los ATN, financiados con un porcentaje de la masa coparticipable y distribuidos de manera discrecional por el Poder Ejecutivo, operaron históricamente como herramienta de articulación bilateral, al margen del Congreso. El uso discrecional de estos fondos no constituye una innovación reciente, sino un modus operandi informalmente institucionalizado en la dinámica intergubernamental argentina desde la vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos de 1935. En distintos ciclos políticos, los ATN han operado simultáneamente como instrumento de compensación fiscal y como mecanismo de construcción de mayorías parlamentarias, lo que permite al Ejecutivo negociar apoyos coyunturales mediante transferencias específicas o asistencia financiera extraordinaria.
El impulso de reforma durante 2024-2025 provino principalmente de los propios gobernadores, quienes promovieron una iniciativa legislativa destinada a limitar la discrecionalidad presidencial en la asignación de estos recursos. El proyecto -que dio lugar a la Ley 27.794- proponía transformar los ATN en transferencias con criterios más automáticos y previsibles, asimilando su distribución a reglas objetivas y reduciendo su uso como herramienta de negociación política bilateral. La norma fue aprobada por el Congreso, pero posteriormente vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 652/2025, lo que reabrió la disputa intergubernamental en torno a la gobernanza de los recursos federales.
La especificidad de este caso radica menos en esta práctica que en el estilo adoptado por el liderazgo presidencial. A diferencia de administraciones anteriores, el gobierno de Milei mostró menos disposición a flexibilizar la asignación de recursos, incluso ante emergencias fiscales y sociales en algunas provincias. Jurisdicciones con fuertes restricciones presupuestarias -como Chubut, Buenos Aires o Misiones- enfrentaron negociaciones más rígidas y condicionadas, en las que la asistencia extraordinaria no operó como respuesta automática, sino como parte de intercambios políticos puntuales. El conflicto por los ATN en 2024-2025 no implicó, sin embargo, una ruptura con las reglas informales del federalismo fiscal argentino, sino una intensificación de sus rasgos más asimétricos, que reforzaron la centralidad del Ejecutivo nacional en la administración de recursos escasos.
El tratamiento del proyecto de Modernización Laboral enviado al Congreso el 11 de diciembre de 2025 ilustra la modalidad de negociación intergubernamental con Javier Milei: mientras el caso de los ATN evidenció disputas por la discrecionalidad en las transferencias, la reforma laboral exhibió nuevamente el peso de la dimensión fiscal como variable crítica en la articulación multinivel. El proyecto impulsado por el Ejecutivo -orientado a introducir modificaciones estructurales en la regulación del empleo, incluidos cambios en indemnizaciones, modalidades contractuales y mecanismos de litigio laboral- incorporaba en su versión original disposiciones con impacto fiscal indirecto en las provincias, particularmente en lo relativo al impuesto a las ganancias, tributo coparticipable. Diversos gobernadores expresaron preocupación por el efecto que una eventual reducción de ese gravamen tendría en sus recursos. Entre ellos, Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes) -desde distintos posicionamientos partidarios-señalaron la necesidad de preservar los fondos coparticipables en un contexto de restricción fiscal generalizada. La preocupación fiscal trascendió alineamientos ideológicos y reeditó la tensión estructural entre consolidación macroeconómica nacional y sostenibilidad financiera subnacional.
Al igual que en la disputa por la Ley 27.794 -que buscaba limitar la discrecionalidad presidencial en la asignación de los ATN-, el conflicto no se resolvió mediante un acuerdo federal integral, sino a través de negociaciones bilaterales fragmentadas. Funcionarios del Ejecutivo mantuvieron conversaciones directas con gobernadores y legisladores provinciales mediante la introducción de modificaciones puntuales al texto original para asegurar apoyos legislativos. El gobierno logró apoyo de gobernadores peronistas como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes instruyeron a sus senadores para proporcionar quórum y facilitar el tratamiento del proyecto pese a resistencias sindicales y del propio peronismo. Como resultado de esta presión intergubernamental, se eliminaron del proyecto las disposiciones que reducían el impuesto a las ganancias, al atenuar su impacto fiscal en las provincias y viabilizar su aprobación.
Un tercer episodio relevante en la política fiscal y las negociaciones multinivel durante 2025-2026 fue el conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario (Proyecto de Ley N.º 27.795), que originó un tipo diferente de confrontación entre el Poder Ejecutivo y los bloques parlamentarios provinciales y territoriales. A diferencia de la reforma laboral -iniciada por el Ejecutivo- y la discusión por los ATN -impulsada tanto por gobernadores como por actores provinciales-, en este caso la iniciativa emergió de una amplia coalición parlamentaria transversal, respaldada por gobernadores de diferentes signos políticos y por el movimiento universitario ante la presión social por una universidad pública y su relevancia económica en múltiples distritos. El proyecto buscaba garantizar actualizaciones presupuestarias automáticas frente a la inflación y recomponer salarios docentes y no docentes, lo que implicaba compromisos fiscales permanentes para la administración central y reducía sustancialmente su margen de discrecionalidad presupuestaria.
El Congreso sancionó la ley en agosto de 2025 con amplios respaldos legislativos, pero el presidente Javier Milei la vetó totalmente mediante el Decreto 647/2025, alegando falta de fuentes de financiamiento adecuadas y riesgo para la estabilidad fiscal. Tras el veto, la Cámara de Diputados insistió en septiembre de 2025 y reunió la mayoría calificada necesaria para rechazarlo; por su parte, el Senado confirmó la insistencia con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, lo que superó el umbral de dos tercios requerido para dejar sin efecto el veto presidencial.
A diferencia de los casos de los ATN y la Modernización Laboral, en los que el Ejecutivo negoció concesiones puntuales para asegurar apoyos legislativos, en la discusión de la ley de financiamiento universitario no hubo un acuerdo intergubernamental de compromiso fiscal con el gobierno; más bien, la administración aceptó la derrota legislativa formal al ver rechazado su veto, pero posteriormente no reglamentó ni implementó la ley sancionada, lo que derivó en acciones judiciales por parte de rectores universitarios y organizaciones del sector por el incumplimiento de la norma que, hasta el momento, no han tenido efecto. Este episodio subraya un rasgo distintivo de la relación multinivel reciente en Argentina: cuando las demandas provinciales y sociales implicaron restricciones duraderas sobre la política económica nacional -más allá de ajustes puntuales o demandas negociables- el Ejecutivo optó por la confrontación directa y la negación de implementarlas, incluso frente a mayorías legislativas calificadas. En lugar de reducir el conflicto intergubernamental, el Ejecutivo lo incorporó como mecanismo recurrente de construcción política, lo que transformó la negociación federal en un proceso discontinuo y dependiente de incentivos fiscales de corto plazo.
Consideraciones finales
La evidencia empírica respalda las hipótesis planteadas. En Brasil, el liderazgo confrontativo de Jair Bolsonaro erosionó los mecanismos de negociación y redujo la capacidad del Ejecutivo para estructurar acuerdos y mayorías legislativas. Esto desplazó el conflicto hacia otras arenas institucionales, debilitó la coordinación del presidencialismo de coalición e incentivó, a la vez, dinámicas de cooperación horizontal entre gobiernos estatales que ampliaron su poder de agenda. En Argentina, en cambio, la ausencia de gobernadores propios y la fortaleza de los ejecutivos provinciales reforzaron el patrón histórico de relaciones intergubernamentales basado en negociaciones bilaterales, mientras el liderazgo de Javier Milei profundizó la centralización decisoria y se consolidó como actor de veto en la política federal.
La comparación muestra que la disrupción de los liderazgos de ultraderecha trasciende el plano discursivo y se expresa en sus vínculos con instituciones, partidos y actores territoriales. En el plano partidario, ambos casos presentan anclajes organizativos débiles -aunque con estrategias divergentes- que limitan la implementación unilateral de sus agendas. En el plano institucional, la confrontación reconfigura el equilibrio de poder: en Brasil, desplaza capacidades hacia el Legislativo y el Poder Judicial; en Argentina, se traduce en una hipercentralización del Ejecutivo. En las relaciones intergubernamentales, la dimensión territorial modula estos efectos: en Brasil, promueve la coordinación entre gobernadores y eleva los costos para el Ejecutivo federal; en Argentina, refuerza negociaciones bilaterales y el papel del veto del gobierno nacional. En conjunto, los resultados indican que el alcance de la disrupción depende de la estructura político-institucional y federal de cada país, lo que abre una agenda de investigación sobre variaciones subnacionales en América Latina.
