Introducción

La desaparición forzada y por particulares representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, cuyas consecuencias trascienden la esfera individual para impactar profundamente el tejido familiar y social. En México, este fenómeno ha alcanzado dimensiones críticas durante las últimas dos décadas, con más de 110 mil personas reportadas como desaparecidas hasta 2023. La magnitud de esta crisis humanitaria ha provocado transformaciones significativas en miles de familias mexicanas que, ante la inacción o deficiencia de las respuestas institucionales, se han visto forzadas a desarrollar procesos de búsqueda cada vez más complejos y especializados (^{Domínguez Cornejo, 2022a}).

Frente a esta realidad, las mujeres han emergido como protagonistas centrales en la búsqueda de personas desaparecidas, trascendiendo sus espacios tradicionales de acción para convertirse en investigadoras, defensoras de derechos humanos y constructoras de conocimiento especializado. Como señalan ^{Palacios y Maroño (2021)}, este protagonismo femenino en los procesos de búsqueda refleja tanto la extensión de roles tradicionales de cuidado como la emergencia de nuevas formas de agencia política que desafían las estructuras de poder existentes y reconfiguran las nociones convencionales de ciudadanía y participación pública.

La presente investigación analiza las consecuencias biográficas, personales y familiares que experimenta un grupo de mujeres buscadoras en el estado de Guanajuato, entidad que se ha convertido en epicentro de la crisis de desapariciones en México. El caso guanajuatense resulta particularmente relevante por presentar una paradoja significativa: siendo uno de los estados con mayor desarrollo económico e industrial del país, ocupando el quinto lugar en participación del Producto Interno Bruto nacional (^{Domínguez Cornejo, 2022b}), ha experimentado simultáneamente un deterioro dramático en sus condiciones de seguridad, con un incremento exponencial en las desapariciones que ha catalizado la conformación acelerada de colectivos de búsqueda liderados principalmente por mujeres.

La especificidad del contexto guanajuatense ofrece una oportunidad única para examinar cómo las dinámicas de violencia criminal, desarrollo económico y respuesta institucional configuran experiencias particulares de búsqueda y pérdida. A diferencia de otras entidades donde los procesos organizativos tienen una trayectoria más larga, en Guanajuato el surgimiento “en cascada” de colectivos de búsqueda es un fenómeno relativamente reciente que coincide con la intensificación de disputas territoriales entre grupos criminales y el deterioro generalizado de las condiciones de seguridad (^{Lorusso, 2023a} y ^2023b).

Las consecuencias de la desaparición en las mujeres buscadoras no pueden entenderse como experiencias puramente individuales ni como simples reflejos de condiciones estructurales. Por el contrario, estas consecuencias emergen en la intersección entre biografías personales, dinámicas familiares y procesos sociales más amplios, configurando lo que ^{Domínguez Cornejo (2022a)} denomina “ventanas de la memoria” -espacios donde se entrelazan el dolor personal, la acción colectiva y la construcción de nuevas identidades políticas-. Este trabajo busca contribuir a la comprensión de estas intersecciones a través de un análisis que privilegia las voces y experiencias de las mujeres buscadoras, reconociendo en sus narrativas no solo el testimonio del dolor y la pérdida, sino también la construcción de nuevas formas de conocimiento y agencia política.

La relevancia de este estudio se sustenta en varios aspectos fundamentales. En términos teóricos, contribuye a la comprensión de cómo la desaparición genera lo que ^{Boss (2001)} denomina una “pérdida ambigua”, caracterizada por la presencia psicológica pero ausencia física del ser querido, que impacta de manera particular en las mujeres que asumen roles protagónicos en la búsqueda. Este concepto resulta especialmente pertinente en el contexto guanajuatense, donde según documenta ^{Domínguez Cornejo (2022a} y ^2022b), las mujeres buscadoras desarrollan “prácticas cotidianas de memoria” a través de distintos objetos que mantienen presente la imagen de sus familiares desaparecidos. En el plano metodológico, el trabajo desarrolla una aproximación innovadora que combina el análisis cualitativo tradicional con herramientas de inteligencia artificial, permitiendo un procesamiento más sistemático y profundo de las narrativas de las participantes.

El referente empírico de esta investigación lo constituyen 27 mujeres buscadoras del estado de Guanajuato, seleccionadas para reflejar tres perfiles diferenciados: nueve mujeres activamente involucradas en colectivos de búsqueda, nueve que en algún momento participaron en dichos colectivos, pero posteriormente se desvincularon, y nueve más que han llevado a cabo sus procesos de búsqueda de manera independiente. Esta diversificación permite examinar cómo distintas modalidades de participación generan consecuencias diferenciadas en las trayectorias vitales de las mujeres. Deliberadamente, este estudio se enfoca en las experiencias de las buscadoras, no en caracterizar los perfiles sociodemográficos de las personas desaparecidas, reconociendo que este último aspecto constituye una línea de investigación independiente que excede los objetivos planteados.

Las participantes provienen de cuatro localidades que forman parte del denominado Corredor Industrial de Guanajuato: León, Villagrán, Salamanca y Apaseo el Alto. Esta distribución geográfica procura captar la diversidad de experiencias en un territorio donde la paradoja entre desarrollo y violencia se materializa de formas específicas. Las infraestructuras que sostienen el dinamismo económico (carreteras, zonas industriales, núcleos urbanos interconectados) constituyen simultáneamente escenarios disputados por grupos criminales, configurando experiencias diferenciadas de búsqueda según la ubicación territorial específica. Como señala ^{Lorusso (2023a)}, estas localidades concentran algunas de las tasas más altas de desaparición en la entidad y han sido escenario del surgimiento acelerado de colectivos de búsqueda entre 2019 y 2022, evidenciando lo que el ^{Colectivo Hasta Encontrarte (2022)} ha denominado como una “crisis forense”.

El trabajo de campo se realizó durante el periodo de mayor intensidad de la pandemia por COVID-19 (2020-2021), lo cual requirió adaptar las estrategias metodológicas a las condiciones sanitarias imperantes. Esta circunstancia permitió documentar cómo las mujeres buscadoras desarrollaron nuevas formas de visibilización y denuncia a través de medios digitales que complementaron los repertorios tradicionales de protesta y movilización.

Este estudio se inserta en una tradición de investigación que ha buscado comprender las consecuencias de la desaparición más allá de sus dimensiones jurídicas o político-institucionales, para examinar cómo este fenómeno reconfigura las experiencias vitales de las familias afectadas. Como señalan ^{Palacios y Maroño (2021)}, el protagonismo femenino refleja tanto una extensión de los trabajos tradicionales de cuidado como la emergencia de nuevas formas de agencia política. Sin embargo, a diferencia de trabajos previos concentrados en colectivos específicos o experiencias institucionalizadas, esta investigación adopta una perspectiva comparativa que permite examinar cómo diferentes modalidades de participación generan consecuencias diferenciadas en las trayectorias biográficas de las mujeres.

Coordenadas analíticas: experiencia y agencia en la búsqueda de personas desaparecidas

La desaparición de personas como práctica sistemática de violencia ha generado profundas transformaciones en las trayectorias vitales de miles de familias en México y América Latina. Este fenómeno ha impactado de manera particular a las mujeres que asumen roles protagónicos en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, generando consecuencias que atraviesan múltiples dimensiones de su existencia. Para comprender la complejidad de estas experiencias, la literatura académica ha desarrollado diversos marcos analíticos y categorías conceptuales que permiten aproximarse a las diferentes facetas del fenómeno.

Un primer eje analítico fundamental es la conceptualización de la desaparición como una forma específica de violencia que genera lo que ^{Boss (2001)} denomina “pérdida ambigua”. Este concepto, que ha sido ampliamente retomado en diversos estudios (^{Almanza-Avendaño et al., 2020}; ^{Linares Acuña y Álvarez Bermúdez, 2022}; ^{Freier, 2023}), refiere a una situación donde las personas están físicamente ausentes, pero se mantienen psicológicamente presentes. La ausencia del cuerpo y la falta de información sobre el destino del ser querido generan una incertidumbre permanente que, como señala ^{Monsalve Gómez (2018)}, obstaculiza los procesos normales de duelo y elaboración del trauma.

La pérdida ambigua genera lo que ^{Almanza-Avendaño et al. (2020)} y ^{Domínguez Cornejo (2022a)} describen como una experiencia polarizada: por un lado, se mantiene un vínculo psicológico intenso con el familiar ausente, y por otro, se vive un profundo malestar por su ausencia física. Esta dualidad tiene consecuencias significativas en múltiples niveles. A nivel individual, genera lo que los autores denominan un “lenguaje íntimo del sufrimiento”, donde la desaparición se simboliza como “un infierno” o “un martirio” que produce un dolor continuo con diferentes ritmos e intensidades. ^{Domínguez Cornejo (2022a)} argumenta que esta experiencia liminal se caracteriza por la imposibilidad de realizar un proceso completo de duelo debido a la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.

Otro marco crucial es el análisis de los mecanismos institucionales y burocráticos que administran y gestionan el fenómeno de la desaparición. Como señalan ^{Lorusso (2023b)} y ^{Salazar Barrón (2023)}, existe una compleja red de procedimientos y prácticas institucionales que, paradójicamente, pueden obstaculizar los procesos de búsqueda y reconocimiento. Esto se manifiesta en lo que ^{Lorusso (2023b)} identifica como una cadena interinstitucional e intergubernamental de responsabilidades incumplidas y autoridades omisas que tienden a invisibilizar las desapariciones.

La dimensión territorial emerge como un tercer elemento analítico fundamental. El trabajo de ^{Vargas (2024)} y ^{Lorusso (2022)} enriquece la comprensión del fenómeno al analizar cómo las experiencias de búsqueda adquieren características distintivas según los contextos geográficos y sociales. Sus análisis demuestran cómo las experiencias de búsqueda varían significativamente cuando se desarrollan en municipios pequeños alejados de los principales centros político-económicos. Esta diferenciación territorial no es meramente contextual, sino que refleja desigualdades estructurales en el acceso a recursos, información y apoyo institucional.

La intersección entre diferentes formas de violencia constituye otro eje analítico crucial. La noción de “violencia multilateral” (multisided violence), desarrollada por Menjívar y retomada por ^{Zulver (2024)}, resulta particularmente útil para comprender cómo diferentes formas de violencia -estructural, simbólica, política, de género y cotidianase intersectan y afectan las experiencias de las mujeres buscadoras.

Este marco, complementado por los análisis de ^{Iliná (2020)} sobre la dimensión de género en la búsqueda de desaparecidos, facilita la comprensión de cómo estas diferentes manifestaciones de violencia se refuerzan mutuamente y configuran las experiencias de las familias afectadas.

La conceptualización de la agencia femenina en contextos de violencia extrema constituye otro marco analítico fundamental para comprender las experiencias de las mujeres buscadoras. ^{Zulver (2024)} desarrolla el concepto de “agencia generizada compleja” para explicar cómo las mujeres buscadoras navegan y renegocian las “jerarquías del miedo” en entornos de inseguridad crónica. Este marco, enriquecido por los análisis de ^{Estrada Maldonado y González Piña (2021)} sobre las resistencias feministas en contextos conservadores, permite entender que la falta de acción no necesariamente refleja pasividad, sino que puede ser una decisión considerada sobre las opciones disponibles o la falta de ellas.

La transformación de la maternidad en una categoría política emerge como otro eje conceptual significativo. Diversos autores (^{Iliná, 2020}; ^{Delgado Huertas, 2016}; ^{Domínguez Cornejo, 2022a}) han analizado cómo las mujeres no abandonan su identidad como madres, sino que la expanden y resignifican a través de su activismo. La consigna “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!” ejemplifica cómo el rol maternal se convierte en una plataforma para la acción política sin perder su dimensión afectiva. Como señala ^{Domínguez Cornejo (2022a)}, esta politización de la maternidad implica una reconfiguración profunda de las identidades tradicionales de género y una apropiación estratégica de roles culturalmente asignados para legitimar la acción política en el espacio público.

Un marco conceptual particularmente relevante es el desarrollo de lo que ^{Monsalve Gómez (2018)} y ^{Almanza-Avendaño et al. (2020)} denominan “voluntad de sentido”, retomando la logoterapia de Frankl. Este concepto permite comprender cómo las mujeres construyen nuevos significados y propósitos vitales incluso en circunstancias extremadamente adversas. Los autores argumentan que esta voluntad de sentido se manifiesta en la capacidad de las mujeres para transformar su dolor individual en acción colectiva orientada hacia la búsqueda de verdad y justicia, un proceso que ^{Lorusso (2023a)} identifica como central en la conformación de colectivos de búsqueda.

^{Freier (2023)} y ^{Domínguez Cornejo (2022b)} contribuyen significativamente a este encuadre al analizar el “saber personal individual-colectivo” que desarrollan las madres buscadoras. Este conocimiento se caracteriza por consolidarse a través de la experiencia directa, construirse poniendo el cuerpo y arriesgando la vida, exceder la búsqueda individual para convertirse en un saber colectivo, y tejerse de manera espontánea e instintiva. Esta conceptualización, que dialoga con los hallazgos de ^{Lorusso (2023b)} sobre la especialización técnica que desarrollan las buscadoras, permite valorar formas de conocimiento que emergen de la experiencia directa del dolor y la búsqueda, desafiando las jerarquías tradicionales del saber institucionalizado.

La literatura académica ha documentado una serie de hallazgos empíricos fundamentales sobre las consecuencias que la desaparición tiene en las mujeres buscadoras. Un primer conjunto de hallazgos se relaciona con las transformaciones en la identidad personal y familiar. ^{Faúndez Abarca et al. (2018)} y ^{Domínguez Cornejo (2022a)} documentan cómo la desaparición genera una ruptura biográfica profunda que modifica sustancialmente la manera en que las personas se comprenden a sí mismas y su lugar en el mundo. Esta ruptura se manifiesta de manera diferenciada según la posición familiar: mientras que para cónyuges y madres la existencia de recuerdos personales y experiencias compartidas les permite reconstruir una memoria identitaria del desaparecido, para las hijas y nietas la experiencia opera principalmente en el plano afectivo, sin sustentarse en recuerdos propios conscientes.

Los estudios también han revelado patrones significativos en las transformaciones de los roles y dinámicas familiares. ^{Subramaniam et al. (2014)} y ^{Domínguez Cornejo (2022a)} documentan cómo las mujeres experimentan una profunda crisis identitaria tras la desaparición, teniendo que negociar constantemente entre las expectativas sociales tradicionales y sus nuevas responsabilidades. Esta negociación se complica por lo que los autores identifican como la persistencia del control patriarcal a través de otros actores sociales como familiares políticos, vecinos y funcionarios públicos. Como señala ^{Domínguez Cornejo (2022b)}, estas mujeres deben navegar entre múltiples responsabilidades: mantener sus roles tradicionales como cuidadoras del hogar mientras simultáneamente participan en actividades de búsqueda, aprenden sobre leyes y antropología forense, y gestionan procesos legales.

La investigación también ha revelado patrones complejos en la relación entre activismo y salud mental. ^{Linares Acuña y Álvarez Bermúdez (2022)} y ^{Domínguez Cornejo (2022b)} identifican una evolución en las emociones experimentadas por las madres buscadoras. Al inicio de la desaparición predominan emociones específicas como miedo, incertidumbre, terror y depresión. Con el tiempo, estas emociones se diversifican y se intensifican, incluyendo incomprensión, frustración, coraje, arrepentimiento, angustia y desesperación. Como documenta ^{Lorusso (2023a)}, estas afectaciones no disminuyen con el paso del tiempo, sino que se vuelven más complejas y multidimensionales, especialmente en un contexto donde la violencia y la impunidad continúan en aumento.

A partir de esta revisión de literatura, es posible enunciar algunas conjeturas analíticas que guiarán esta investigación. La primera sugiere que la desaparición genera una forma particular de trauma que no puede ser comprendida a través de los marcos tradicionales sobre el duelo y la pérdida. Como argumentan Almanza-Avendaño et al. (2020) y ^{Freier (2023)}, la incertidumbre permanente sobre el destino del ser querido produce una experiencia de “pérdida ambigua” que dificulta los procesos normales de elaboración del trauma y requiere aproximaciones específicas para su comprensión y atención.

Una segunda hipótesis, desarrollada por ^{Zulver (2024)} y respaldada por los hallazgos de ^{Lorusso (2023a)}, plantea que la participación de las mujeres en activismo de alto riesgo debe entenderse dentro de una “jerarquía de miedos”, donde el temor a nunca saber sobre sus seres queridos desaparecidos supera los miedos asociados a la violencia que enfrentan en su activismo cotidiano. Esta perspectiva, complementada por los análisis de ^{Domínguez Cornejo (2022a)} sobre el desarrollo de nuevas identidades políticas, permite explicar por qué las mujeres continúan sus actividades de búsqueda incluso en contextos de amenaza directa a su seguridad.

La posición analítica que adopta este artículo integra estos elementos para proponer que las consecuencias de la desaparición deben ser entendidas como procesos dinámicos que operan simultáneamente en múltiples niveles: el individual (transformaciones identitarias y emocionales), el familiar (reconfiguración de roles y responsabilidades), y el social (desarrollo de nuevas formas de agencia política y construcción de conocimiento). Esta perspectiva multinivel dialoga con los hallazgos de ^{Domínguez Cornejo (2022a} y ^2022b) sobre la intersección entre desarrollo económico acelerado y violencia, y con el análisis de ^{Lorusso (2023a)} sobre las complejas cadenas de responsabilidades institucionales incumplidas que caracterizan el contexto mexicano actual.

Aquí se sostiene que estas consecuencias están profundamente mediadas por el contexto territorial y las condiciones materiales en que ocurre la búsqueda, como sugieren los trabajos de ^{Vargas (2024)} y ^{Lorusso (2023b)}. La evidencia empírica indica que las experiencias de búsqueda varían significativamente según los contextos geográficos y sociales, con desafíos particulares en zonas rurales o periféricas donde el acceso a recursos institucionales es limitado y los riesgos de seguridad son mayores. Asimismo, se plantea que las diferentes modalidades de participación en la búsqueda -desde la vinculación activa con colectivos hasta la búsqueda individualizadaconfiguran experiencias y consecuencias diferenciadas que deben ser analizadas en su especificidad.

Esta aproximación teórica nos permite examinar cómo las mujeres buscadoras no son víctimas pasivas de las circunstancias, sino agentes que desarrollan estrategias sofisticadas para navegar entre diferentes formas de violencia y construir nuevos significados y propósitos vitales, incluso en circunstancias extremadamente adversas. Como señalan ^{Freier (2023)} y ^{Lorusso (2023b)}, estas mujeres desarrollan saberes específicos y capacidades técnicas que desafían las jerarquías tradicionales del conocimiento institucionalizado. Al mismo tiempo, reconocemos que estas formas de agencia están condicionadas por estructuras de poder y desigualdad que limitan las opciones disponibles y configuran las posibilidades de acción, como lo evidencian los análisis de ^{Domínguez Cornejo (2022a)} sobre las múltiples violencias que enfrentan las buscadoras, desde la violencia institucional hasta las amenazas directas contra su seguridad.

Crisis forense y negación institucional: el escenario de búsqueda en Guanajuato

El estado de Guanajuato ha experimentado en la última década una crisis sin precedentes en materia de desaparición de personas, violencia criminal y respuestas institucionales deficientes. Esta situación, que se inscribe en una problemática nacional más amplia, presenta singularidades que la distinguen y que requieren ser analizadas para comprender el contexto en el que se desarrolla el activismo de búsqueda encabezado principalmente por mujeres.

El escenario guanajuatense actual refleja una paradoja significativa: siendo la sexta entidad en aportación al Producto Interno Bruto nacional, con una contribución del 4.3% (^{Lorusso, 2023a}), y un polo de desarrollo industrial prominente, el estado ha experimentado simultáneamente un deterioro dramático en sus condiciones de seguridad. Esta contradicción entre desarrollo económico y escalada de violencia se materializa especialmente en el denominado Corredor Industrial, que comprende los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y la Zona Metropolitana de León, incluyendo Silao, Romita y San Francisco del Rincón (^{Domínguez Cornejo, 2022a}). La transformación económica del estado, si bien ha generado un crecimiento notable en sectores como el automotriz y manufacturero, también ha propiciado fenómenos de precarización laboral, deterioro de las condiciones de vida y desarticulación del tejido social (^{Domínguez Cornejo, 2022b}). Como señala ^{Lorusso (2023b)}, en Guanajuato se observan “estridentes inequidades a pesar de ser presumido por su pujanza económica”. El estado presenta una particular concentración de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas que tienden a superponerse a lo largo del mismo corredor industrial, trazando geografías de marginación y potenciales conflictos que coinciden paradójicamente con áreas de alto crecimiento económico e inversión.

La crisis de desapariciones debe entenderse en el marco de una espiral de violencia más amplia que ha transformado dramáticamente el panorama social y de seguridad en esta entidad federativa. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad se ha posicionado desde 2018 como líder en homicidios dolosos a nivel nacional, con cifras alarmantes: 3 436 homicidios en 2018, 3 875 en 2019, alcanzando un máximo histórico de 4 964 en 2020 (^{Lorusso, 2022}). Esta tendencia representa un incremento del 327.7% en un periodo de cinco años, mientras que a nivel nacional el aumento fue de solo 14% ( ^{Estrada Maldonado y González Piña, 2021}). El análisis histórico revela que el incremento en las desapariciones coincide con el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” y se agudiza especialmente a partir de 2006, mostrando un patrón similar al incremento en los homicidios (^{Domínguez Cornejo, 2022b}). Diversos estudios señalan que esta escalada de violencia está vinculada a factores específicos del contexto guanajuatense, como la disputa entre grupos criminales por el control de actividades ilícitas, particularmente el robo de combustible o “huachicoleo” (^{Sandoval Bautista, 2022}), así como la implementación de estrategias de seguridad altamente militarizadas que han exacerbado el conflicto (^{Lorusso, 2023a}).

Guanajuato se ha convertido en un escenario donde confluyen la “violencia estructural” derivada de un modelo económico excluyente, la “violencia criminal” asociada a la disputa entre grupos del crimen organizado, y la “violencia institucional” manifestada en estrategias de seguridad punitivas y respuestas deficientes a las víctimas (^{Domínguez Cornejo, 2022b}). Las mismas infraestructuras que sostienen el dinamismo económico -carreteras, zonas industriales, centros urbanos interconectadoshan sido progresivamente disputadas por grupos criminales para el control de rutas, mercados ilícitos y extracción de rentas. Esta superposición entre geografías del desarrollo y geografías de la violencia define las condiciones específicas en que ocurren las desapariciones y se organizan las búsquedas.

En este ámbito específico, los datos oficiales revelan una crisis en constante agravamiento. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 7 de julio de 2023 existían 2 575 personas desaparecidas en Guanajuato (^{Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, 2023}). Esta cifra representa un incremento dramático, considerando que las desapariciones se han sextuplicado desde 2018, cuando se registraban 621 casos (^{Lorusso, 2023a}). Es importante destacar que estas cifras oficiales probablemente no reflejan la magnitud real del problema. Como señala el ^{Colectivo Hasta Encontrarte (2022)}, existe una “cifra negra” significativa de casos no denunciados debido al miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades o las amenazas directas por parte de los perpetradores. Los testimonios de los 24 colectivos de familiares en Guanajuato sugieren que podrían sumarse cientos de víctimas más a las estadísticas oficiales (^{Lorusso, 2023a}).

La distribución por género de las víctimas revela patrones significativos que requieren atención. Del total de casos registrados entre 2000 y 2022, el 51.5% corresponde a mujeres y el 47% a hombres, con un 1.5% de casos indeterminados (^{Colectivo Hasta Encontrarte, 2022}). Sin embargo, a partir de 2017 se observa un cambio significativo en esta tendencia, cuando el registro de hombres desaparecidos o no localizados supera al de mujeres, acompañado de una notable disminución en la tasa de localización de personas. Estos datos evidencian lo que ^{Domínguez Cornejo (2022b)} identifica como patrones diferenciados de desaparición según el género. En el caso de los hombres, predominan dos modalidades principales: por una parte, grupos armados que llegan a sus casas, trabajos o los interceptan en la vía pública; por otra, detenciones arbitrarias por policías municipales o estatales. En el caso de las mujeres, el patrón más común es la desaparición en compañía de personas conocidas por la familia, con evidencia que vincula estos casos con feminicidios o trata de personas (^{Rosas Vargas, 2018}).

La distribución geográfica de las desapariciones muestra una concentración en la zona centro del estado. Celaya encabeza la lista con una tasa de 394 registros de desaparición por cada 100 mil personas, seguido por Irapuato con 360 y Guanajuato capital con 335. Salamanca y San Miguel de Allende completan los cinco municipios más afectados con tasas de 290 y 288 desapariciones por cada 100 mil habitantes respectivamente (^{Colectivo Hasta Encontrarte, 2022}). Esta distribución territorial coincide significativamente con el denominado “corredor industrial” y las zonas de mayor actividad económica, evidenciando la paradoja del desarrollo en Guanajuato. Adicionalmente, municipios como Salvatierra, Acámbaro y Pénjamo, ubicados en la frontera con Michoacán, presentan altas tasas de desaparición, lo que señala la importancia de las dinámicas transterritoriales en este fenómeno (^{Lorusso, 2023a}).

Un aspecto crítico de la problemática de desapariciones en Guanajuato es la denominada “crisis forense”. Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE) al 26 de abril de 2023, había al menos 2 088 cuerpos identificados, no identificados o sin reclamar, distribuidos de la siguiente manera: 1 186 en el Panteón Forense de Guanajuato (790 no identificados y 166 identificados no reclamados), 77 en el Servicio Médico Forense y 825 en fosas comunes (^{Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, 2023}). La magnitud de esta crisis forense se evidencia en el contraste con la situación de 2020, cuando la problemática comenzó a visibilizarse gracias a la movilización de familiares y colectivos de búsqueda (^{Ruiz Reyes et al., 2020}). Las fallas, omisiones e inconsistencias en los registros dificultan tanto el adecuado resguardo como la identificación de los cuerpos, exacerbando el sufrimiento de las familias.

La dimensión de la crisis forense se complejiza aún más con los hallazgos de fosas clandestinas. Entre 2009 y marzo de 2024, según información recopilada, se tiene registro del hallazgo de más de 550 fosas con una cifra aproximada superior a 1 000 cuerpos en el estado. Cerca del 80% de estos entierros ilegales corresponden al lapso de 2020 a 2024, concentrándose geográficamente en el corredor industrial, la región Laja-Bajío y zonas fronterizas con Michoacán y Jalisco (^{Lorusso, 2023a}).

La respuesta institucional ante esta crisis ha sido notoriamente deficiente. Hasta 2020, el gobierno estatal mantuvo una política de negación sistemática sobre la magnitud del problema, retrasando la implementación de mecanismos e instancias contemplados en la legislación federal. Existe una “cadena interinstitucional e intergubernamental de responsabilidades incumplidas y autoridades omisas que tienden a invisibilizar las desapariciones, impedir un análisis de contexto adecuado y realizar búsquedas e investigaciones sin la debida diligencia y prontitud” (^{Lorusso, 2023a}). Esta estrategia de invisibilización ha sido documentada por diversos investigadores y colectivos, quienes señalan que a pesar de las evidencias crecientes sobre la crisis, las autoridades guanajuatenses han privilegiado el discurso del desarrollo económico por encima del reconocimiento de la problemática de desapariciones y violencia (^{Sandoval Bautista, 2022}; ^{Colectivo Hasta Encontrarte, 2022}).

La impunidad en los casos de desaparición alcanza niveles alarmantes. Entre 2013 y 2019, la FGE solo reconocía cuatro casos donde se determinó la intervención de terceros y se llevó a cabo una acción penal. Durante ese mismo periodo, únicamente se tenían registradas seis indagatorias por desaparición forzada, de las cuales en cuatro se determinó el ejercicio de acción penal y dos continuaban en investigación (^{Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, 2023}). Esta situación refleja una “impunidad sistémica” que no solo deja sin justicia a las víctimas, sino que perpetúa y alienta la recurrencia del fenómeno (^{Sandoval Bautista, 2022}). Según datos de México Evalúa, Guanajuato se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en su Índice de Impunidad, con un 85.4% de delitos que quedan sin castigo, situación que se agudiza en el caso específico de las desapariciones donde menos del 1% de los casos denunciados culminan en una sentencia condenatoria.

Un aspecto crucial que distingue al caso guanajuatense es la intersección entre las violencias criminales y las violencias institucionales. En un análisis de 25 carpetas de investigación realizado por el ^{Colectivo Hasta Encontrarte (2022)}, se encontró que en ninguna se había implementado un plan de investigación o hipótesis que guiara las acciones iniciales, contraviniendo lo establecido en el Protocolo Homologado de Investigación. La revictimización de las familias por parte de las autoridades emerge como un patrón recurrente, documentándose casos donde los agentes del Ministerio Público han respondido a las denuncias con expresiones como “seguro en algo andaba” o “se fue con el novio” cuando se trata de mujeres desaparecidas. En esta misma línea, ^{Domínguez Cornejo (2022b)} documenta lo que denomina “violencia burocrática”, un tipo específico de violencia institucional que enfrentan las mujeres buscadoras cuando interactúan con el aparato estatal, caracterizada por procedimientos excesivos, malos tratos, dilación injustificada y discriminación por razones de género.

El incremento en las desapariciones coincide con la intensificación de la disputa entre grupos criminales por el control territorial y de actividades ilícitas, particularmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del robo de combustible en la región conocida como el “Triángulo de Guanajuato” (^{Domínguez Cornejo, 2022b}). Esta confrontación ha generado no solo un aumento en los homicidios sino también en las desapariciones, utilizadas como método de intimidación, ajuste de cuentas o reclutamiento forzoso.

Ante este escenario de violencia generalizada e inacción institucional, han sido principalmente las mujeres quienes han asumido la búsqueda de las personas desaparecidas. Entre 2019 y 2022 surgieron en Guanajuato al menos 24 colectivos de búsqueda, la mayoría liderados por mujeres -madres, hermanas, esposas e hijas de personas desaparecidas (^{Lorusso, 2023})-. Este surgimiento “en cascada” de organizaciones representa un punto de inflexión en la respuesta social ante la crisis. Como señalan ^{Palacios y Maroño (2021)}, este protagonismo femenino en la búsqueda responde a múltiples factores: el perfil mayoritariamente masculino de las víctimas, la expectativa social de que sean las mujeres quienes asuman los trabajos de cuidado, incluida la búsqueda de los ausentes, y las propias dinámicas de género que condicionan las posibilidades de acción política en contextos de violencia.

Los colectivos de búsqueda en Guanajuato han desarrollado lo que ^{Lorusso (2023a)} denomina una “ciencia ciudadana y agencia cívica”. Las familias, especialmente las mujeres, han adquirido conocimientos especializados en diversas áreas, desde aspectos jurídicos y forenses hasta estrategias de comunicación y documentación. Esta construcción de conocimiento se realiza mediante investigación extrainstitucional, capacitación independiente y el aprovechamiento de inteligencias colectivas. Este fenómeno refleja lo que ^{Zulver (2024)} conceptualiza como “agencia generizada compleja”, donde las mujeres desarrollan formas sofisticadas de acción colectiva aun en contextos altamente adversos, reordenando jerárquicamente sus miedos para priorizar la búsqueda de sus seres queridos por encima de su propia seguridad.

Sin embargo, esta labor no está exenta de riesgos. Guanajuato se ha convertido en la entidad más peligrosa para las personas buscadoras en el país, con al menos cinco asesinatos registrados públicamente (y otros cuatro no públicos) entre 2020 y 2023 (^{Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, 2023}). Las amenazas, hostigamientos y agresiones provienen tanto de grupos criminales como de funcionarios públicos, generando un clima de terror e indefensión que ha provocado incluso el desplazamiento forzado de algunas familias. En 2023, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato documentó al menos siete casos de familias desplazadas de su lugar de residencia como represalia por la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Casos emblemáticos como el asesinato de Rosario Zavala Aguilar, madre buscadora asesinada en León en octubre de 2020, y el reciente homicidio de Teresa Magueyal Ramírez en Celaya el 2 de mayo de 2023, evidencian los enormes riesgos que enfrentan quienes desafían tanto a los grupos criminales como a las estructuras de impunidad (^{Lorusso, 2023a}; ^{Sandoval Bautista, 2022}).

El análisis del caso guanajuatense resulta particularmente relevante para examinar las consecuencias biográficas, personales y familiares que la desaparición genera en las mujeres buscadoras por varias razones fundamentales. En primer lugar, el surgimiento acelerado de colectivos de búsqueda entre 2019 y 2022 representa un momento histórico único donde es posible observar simultáneamente diferentes trayectorias y estrategias de participación. A diferencia de otras entidades donde los procesos organizativos tienen una historia más larga y estructuras más consolidadas, en Guanajuato coexisten colectivos emergentes, procesos de desvinculación organizativa y búsquedas individualizadas, permitiendo un análisis comparativo de las consecuencias que estas diferentes modalidades de participación tienen en las vidas de las mujeres.

La paradójica coexistencia entre desarrollo económico acelerado y escalada de violencia configura un segundo elemento que hace del caso guanajuatense un referente analítico significativo. Esta contradicción se materializa en las experiencias cotidianas de las mujeres buscadoras, quienes deben navegar entre la precariedad económica, la vulnerabilidad social y la violencia sistemática en un contexto que, paradójicamente, representa uno de los polos de desarrollo más importantes del país. Esta tensión entre prosperidad económica y crisis humanitaria permite examinar cómo las desigualdades estructurales moldean las posibilidades y limitaciones que enfrentan las mujeres en sus procesos de búsqueda.

Un tercer aspecto que hace del caso guanajuatense un referente empírico crucial es la intensidad y diversificación de las violencias que experimentan las mujeres buscadoras. La confluencia entre violencia criminal, violencia institucional y violencia estructural genera un escenario particularmente complejo donde las mujeres desarrollan formas de agencia que les permite enfrentar múltiples adversidades simultáneamente. El análisis de estas experiencias permite comprender cómo se construyen diferentes estrategias de resistencia y supervivencia en contextos de riesgo extremo, donde la amenaza no proviene solo de actores criminales sino también de las propias instituciones que deberían garantizar protección.

Pistas metodológicas

En esta investigación se adoptó una perspectiva interpretativa con el propósito de comprender las consecuencias biográficas, personales y familiares que experimenta un grupo de mujeres buscadoras en el estado de Guanajuato a raíz de la desaparición de sus seres queridos. La elección de esta aproximación metodológica responde a la necesidad de captar, con la mayor profundidad y sensibilidad posible, las narrativas, experiencias y significados que estas mujeres construyen en torno a su proceso de búsqueda, así como las múltiples transformaciones que este fenómeno ha provocado en sus vidas cotidianas.

En concordancia con la tradición de investigación cualitativa en ciencias sociales, se privilegió un diseño flexible que permitiera adaptarse a las circunstancias particulares del trabajo de campo, especialmente considerando el contexto de vulnerabilidad en que se encuentran las participantes y las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia de COVID-19 durante el periodo 2020-2021, momento en que se realizó la investigación. Como señala ^{Freier (2023)}, cuando se trabaja con personas afectadas por la desaparición, es fundamental reconocer la “densidad dolosa” de estos casos y desarrollar aproximaciones metodológicas que se adapten a las necesidades y condiciones de las participantes, más que imponer estructuras rígidas preestablecidas.

Para la conformación de la muestra se implementó una estrategia de muestreo por bola de nieve, la cual resultó particularmente apropiada dado el carácter sensible del tema y la dificultad para acceder a las participantes por medios convencionales. Los contactos iniciales se establecieron a través de tres vías principales: colectivos de búsqueda existentes en la región, asociaciones dedicadas al apoyo en salud mental, y redes personales de las propias entrevistadas. Esta diversificación en los puntos de entrada permitió acceder a perfiles heterogéneos de mujeres buscadoras, reduciendo así posibles sesgos asociados a la dependencia de una única fuente de contactos.

Con el objetivo de captar la diversidad de experiencias en torno al fenómeno de la búsqueda, se establecieron tres perfiles diferenciados de participantes, cada uno representado por nueve casos: mujeres activamente involucradas en colectivos de búsqueda, mujeres que en algún momento participaron en dichos colectivos pero posteriormente se desvincularon, y mujeres que han llevado a cabo sus procesos de búsqueda de manera independiente, sin vinculación formal con organizaciones colectivas. Esta segmentación permitió explorar las diferentes rutas y estrategias que las mujeres adoptan en sus procesos de búsqueda, así como las distintas consecuencias que estas decisiones tienen en sus trayectorias personales y familiares.

La muestra final quedó constituida por 27 mujeres provenientes de cuatro localidades del estado de Guanajuato: León (12 participantes), Villagrán (siete participantes), Salamanca (seis participantes) y Apaseo el Alto (tres participantes). Esta distribución geográfica, aunque no pretende ser exhaustiva, ofrece una aproximación a las diferentes realidades territoriales y contextuales que enfrentan las mujeres buscadoras en la entidad. Es importante señalar que la presencia diferenciada de colectivos de búsqueda y grupos de apoyo en estas localidades podría incidir en las experiencias narradas por las participantes, aspecto que fue considerado durante el análisis de los datos.

La recolección de información se llevó a cabo mediante entrevistas en profundidad realizadas durante el período de mayor intensidad de la pandemia por COVID-19, lo cual requirió adaptar las estrategias de interacción a las condiciones sanitarias imperantes. Las conversaciones se desarrollaron a través de distintos medios: con siete participantes se mantuvieron videollamadas exclusivamente, otras seis alternaron entre videollamadas y conversaciones telefónicas, mientras que con el resto se privilegiaron las llamadas telefónicas debido a limitaciones de conectividad y coordinación de horarios. Esta flexibilidad en los medios de comunicación resultó fundamental para garantizar la participación de mujeres con distintas circunstancias y posibilidades de acceso tecnológico.

Las entrevistas se realizaron en múltiples sesiones, acumulando más de 80 horas de conversaciones grabadas que posteriormente fueron transcritas en su totalidad. Se adoptó un formato de diálogo abierto y flexible, evitando el uso de guiones estructurados que pudieran constreñir las narrativas de las participantes. El objetivo central consistió en propiciar que las mujeres compartieran libremente sus experiencias familiares, personales y burocráticas a lo largo del proceso de pérdida y búsqueda de sus seres queridos.

El proceso de investigación se desarrolló bajo estrictos principios éticos orientados a proteger la integridad y dignidad de las participantes. Se emplearon pseudónimos para resguardar su identidad y se respetaron sus decisiones sobre qué información podía ser incluida en el análisis. Como medida adicional para evitar la revictimización, se compartió una versión preliminar del texto con las participantes, incorporando sus observaciones y sugerencias sobre la forma en que se recuperaron sus testimonios. La investigación también adoptó un enfoque de reciprocidad: cuando las participantes lo solicitaron, se les brindó apoyo para acceder a servicios de atención psicológica, asesoría legal e incluso, en casos específicos, se proporcionó apoyo material para actividades de búsqueda o necesidades básicas.

Para el análisis de la información se implementó una estrategia que combinó herramientas tradicionales de investigación cualitativa con tecnologías de inteligencia artificial. Las transcripciones fueron sometidas a un análisis de contenido asistido por dos modelos de IA conversacional: Claude, desarrollado por Anthropic, y ChatGPT, creado por OpenAI. El uso de estas herramientas, si bien innovador, presenta tanto potencialidades como limitaciones metodológicas que requieren reconocimiento explícito. Por un lado, permitió procesar eficientemente un volumen considerable de transcripciones (más de 80 horas), identificando patrones y conexiones que podrían haber requerido un tiempo significativamente mayor mediante codificación manual exclusiva. Por otro lado, estos modelos pueden reproducir sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, particularmente en temas sensibles relacionados con violencia y género, o fallar en captar matices culturales específicos del contexto mexicano.

Para mitigar estas limitaciones, se implementó un proceso de validación triangulada donde cada categorización generada por IA fue contrastada con codificación manual realizada por el investigador. Las discrepancias identificadas (aproximadamente en un 18% de los casos) fueron resueltas privilegiando siempre la interpretación humana contextualizada sobre la clasificación algorítmica. Se diseñó un prompt específico para identificar patrones narrativos relacionados con tres dimensiones principales: consecuencias sobre la calidad de los vínculos sociales, efectos sobre la integridad física y emocional, e impactos sobre el trabajo productivo y reproductivo. El análisis asistido por IA también permitió identificar dos dimensiones emergentes: las consecuencias sobre el vínculo con las instituciones públicas y la erosión del capital económico.

La validez del análisis se fortaleció mediante un proceso de triangulación que incluyó la codificación manual, la clasificación asistida por IA y la revisión de consistencia entre ambos enfoques. Cabe señalar que el análisis final se basó principalmente en el esquema clasificatorio generado por Claude, el cual demostró mayor eficiencia y detalle en la categorización del contenido. Es importante mencionar que el análisis se realizó sin establecer distinciones previas basadas en el tipo de vinculación de las participantes con colectivos de búsqueda. Las diferencias encontradas en las cinco dimensiones de interés emergieron de las clasificaciones taxonómicas sugeridas por la IA, las cuales mostraron una notable correspondencia con los distintos perfiles de participación de las mujeres en el estudio.

Resistencias plurales: comparación de experiencias en activistas, desvinculadas y buscadoras independientes

A partir del análisis de las narrativas de las mujeres buscadoras en Guanajuato, emergen patrones diferenciados de consecuencias biográficas, personales y familiares según su modalidad de participación en la búsqueda. Si bien todas experimentan impactos significativos derivados de la desaparición de sus seres queridos, la forma en que estos se manifiestan y son procesados varía sustancialmente entre quienes mantienen una participación activa en colectivos, quienes desistieron de esta participación, y quienes nunca se vincularon con organizaciones formales.

Esta diferenciación resulta particularmente relevante en el contexto guanajuatense, caracterizado por un incremento alarmante de la violencia y las desapariciones en los últimos años. Guanajuato se ha posicionado como la entidad con el mayor número absoluto de homicidios en México desde 2018, registrando 3 436 homicidios en 2018, 3 875 en 2019, alcanzando un máximo histórico de 4 964 en 2020, y manteniendo cifras elevadas con 3 516 en 2021 (^{Ruiz Reyes et al., 2020}; ^{Lorusso, 2023a}). Esta escalada de violencia ha coincidido con un aumento exponencial de las desapariciones, especialmente a partir de 2016 (^{Sandoval Bautista, 2022}).

A manera de cierre

La presente investigación sobre las consecuencias biográficas, personales y familiares que experimenta un grupo de mujeres buscadoras en Guanajuato ha permitido identificar patrones diferenciados según las modalidades de participación en el proceso de búsqueda. Este análisis no solo contribuye a la comprensión específica del caso guanajuatense, sino que también aporta elementos significativos para repensar marcos conceptuales y aproximaciones metodológicas en el estudio de la desaparición forzada y sus consecuencias.

En el nivel analítico, este estudio contribuye al estado del arte mediante la conceptualización de lo que podríamos denominar “trayectorias diferenciadas de agencia” en contextos de violencia extrema. Más allá de la dicotomía simplista entre victimización y empoderamiento, las experiencias de las mujeres buscadoras revelan formas complejas y matizadas de navegar entre el dolor individual y la acción co-

lectiva. La aproximación comparativa entre tres perfiles distintos de participaciónmujeres activamente involucradas en colectivos, mujeres que se desvincularon, y mujeres que realizan búsquedas independientespermite complejizar el concepto de “pérdida ambigua” propuesto por Boss, evidenciando cómo este fenómeno se procesa de manera diferenciada según los recursos sociales, materiales y simbólicos disponibles para las mujeres.

Asimismo, el análisis realizado enriquece la comprensión de lo que Zulver denomina “agencia generizada compleja”, demostrando que las estrategias de las mujeres para reordenar “jerarquías del miedo” no se limitan al activismo público, sino que incluyen también formas discretas de resistencia y navegación en contextos de inseguridad crónica. Particularmente relevante resulta la identificación de lo que hemos denominado “agencias discretas”: formas de acción y resistencia que, aunque menos visibles, representan estrategias significativas de investigación, documentación y preservación de la memoria en contextos donde el activismo público conlleva riesgos desproporcionados.

La paradoja territorial documentada a lo largo del estudio -la coexistencia de desarrollo económico acelerado y violencia criminal extremase manifiesta de maneras específicas en las experiencias de las buscadoras. Las mismas zonas que concentran inversión productiva, infraestructura y oportunidades laborales (particularmente el Corredor Industrial) constituyen simultáneamente los epicentros de la crisis de desapariciones y violencia. Esta superposición no es casual: las infraestructuras que sostienen el dinamismo económico (carreteras, parques industriales, zonas urbanas interconectadas) crean condiciones propicias para la movilidad y operación de grupos criminales, mientras que las profundas desigualdades generadas por el modelo de desarrollo excluyente facilitan el reclutamiento y la normalización de economías ilícitas.

Para las mujeres buscadoras, esta paradoja territorial configura experiencias diferenciadas según su ubicación específica. Quienes habitan municipios urbanos con mayor presencia institucional (como León) tienden a desarrollar modalidades más visibles y colectivas de búsqueda, mientras que aquellas en localidades periféricas o rurales (como Apaseo el Alto o comunidades aledañas a Villagrán) implementan predominantemente estrategias individualizadas y discretas. Estas diferencias revelan cómo la “geografía moral” del estado -donde ciertos territorios son priorizados en términos de seguridad, inversión e infraestructuracondiciona las posibilidades y limitaciones de la agencia femenina en contextos de búsqueda.

La intersección entre diferentes formas de violencia adquiere manifestaciones específicas según el perfil de participación: las mujeres activas en colectivos enfrentan formas más explícitas de violencia institucional y criminal, pero desarrollan mecanismos colectivos de protección; las que se desvincularon lo hicieron precisamente ante la intensificación de estas violencias; mientras que las nunca vinculadas experimentan formas más soterradas pero igualmente devastadoras de violencia estructural y simbólica.

Los hallazgos empíricos permiten trascender el escenario guanajuatense para identificar patrones que podrían manifestarse en otros contextos caracterizados por la confluencia entre crisis de desapariciones, respuestas institucionales deficientes y disputas territoriales entre actores armados. Particularmente relevante resulta la documentación de cómo diferentes modalidades de participación en la búsqueda generan consecuencias diferenciadas en cinco dimensiones fundamentales: calidad de los vínculos sociales, integridad física y emocional, trabajo productivo y reproductivo, relación con instituciones públicas, y sostenibilidad económica.

Las mujeres que mantienen una participación activa en colectivos desarrollan procesos de empoderamiento y construcción de conocimiento especializado que transforman el dolor individual en acción política, pero experimentan un desgaste físico y emocional intenso, así como rupturas significativas en sus relaciones familiares originales. Las que desistieron de su participación en colectivos experimentan lo que hemos denominado un “duelo retraído” y una “ruptura secundaria”, donde el alejamiento del espacio colectivo intensifica la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Las que nunca se vincularon con colectivos desarrollan “estrategias de resistencia silenciosa”, adaptando sus prácticas de búsqueda a contextos donde la visibilidad pública podría implicar riesgos desproporcionados.

Estos patrones diferenciados sugieren la necesidad de repensar las aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio de las consecuencias de la desaparición, reconociendo la diversidad de trayectorias y estrategias que desarrollan las mujeres según sus circunstancias particulares. No existe un único camino “correcto” para procesar la experiencia de la desaparición, sino múltiples trayectorias que reflejan tanto condicionantes estructurales como decisiones estratégicas de las mujeres en función de sus recursos, contextos y necesidades específicas.

Esta investigación abre interrogantes relevantes para una agenda futura. Primeramente, ¿cómo evolucionan estas trayectorias diferenciadas a lo largo del tiempo? Se requieren estudios longitudinales que permitan comprender mejor cómo las distintas estrategias de participación se transforman en periodos prolongados, especialmente considerando que el fenómeno de la desaparición genera consecuencias que se extienden durante décadas. En segundo lugar, ¿qué papel juegan las redes transnacionales de apoyo y los mecanismos internacionales de justicia en las experiencias de las mujeres buscadoras? Esta dimensión, apenas explorada en el presente estudio, merece una atención más sistemática dada la creciente internacionalización de la lucha por los derechos humanos en México.

Una tercera línea de indagación emerge en torno a las experiencias específicas de las hijas e hijos de personas desaparecidas, quienes heredan no solo el trauma de la pérdida sino también, en muchos casos, la responsabilidad de la búsqueda. ¿Cómo se transmiten intergeneracionalmente estas experiencias? ¿Qué continuidades y rupturas se observan entre las estrategias de madres buscadoras y la siguiente generación? Finalmente, resultaría valioso explorar cómo estas experiencias de búsqueda se articulan con otros movimientos sociales y luchas por la justicia, examinando los puentes y tensiones entre distintas causas y agendas.

El estudio presenta limitaciones que deben ser reconocidas. El trabajo de campo se realizó durante el periodo más crítico de la pandemia por COVID-19, lo que restringió la posibilidad de realizar observación etnográfica directa de las prácticas cotidianas de búsqueda y limitó el contacto presencial con las participantes. Si bien las entrevistas en profundidad permitieron acceder a narrativas ricas y detalladas, un abordaje etnográfico habría enriquecido la comprensión de las dimensiones corporizadas y espaciales de estas experiencias. Asimismo, si bien se procuró diversificar las localidades incluidas en el estudio, la representación de municipios rurales o periféricos fue limitada, lo que podría haber invisibilizado experiencias específicas de mujeres buscadoras en contextos de mayor marginalidad institucional.

A pesar de estas limitaciones, la presente investigación contribuye significativamente a la comprensión de cómo la desaparición transforma las trayectorias vitales de las mujeres buscadoras, evidenciando que, si bien genera impactos devastadores en múltiples niveles, estas mujeres no son víctimas pasivas sino agentes que desarrollan estrategias sofisticadas para navegar entre diferentes formas de violencia y construir nuevos significados y propósitos vitales incluso en circunstancias extremadamente adversas.

Por último, aunque el estudio identificó diferencias significativas según las modalidades de participación en la búsqueda, quedan pendientes análisis más detallados sobre cómo otras variables -como la clase social, el nivel educativo o la pertenencia étnicaintersectan con estas modalidades para configurar experiencias particulares. Esta interseccionalidad merece ser explorada con mayor profundidad en futuras investigaciones, reconociendo que el impacto de la desaparición no es uniforme sino que está mediado por múltiples ejes de desigualdad que condicionan tanto las posibilidades de acción como las consecuencias experimentadas por las mujeres buscadoras.