I. Dos crisis mexicanas del siglo XXI

La desaparición de personas y el desplazamiento forzado interno representan dos de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves que enfrenta México en el siglo XXI. Ambos fenómenos han estado presentes durante décadas en el país, con diferentes intensidades y distribuciones espaciales, pero han adquirido dimensiones sin precedentes en los últimos años, particularmente a partir de la implementación de la denominada guerra contra las drogas en 2007.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la desaparición forzada se manifestó principalmente en el marco de la llamada guerra sucia (1965-1990), en la que el Estado y los aparatos de seguridad ejercieron violencia política selectiva contra grupos insurgentes, opositores políticos y minorías (^{Calveiro, 2020}; ^{Ovalle, 2019}; ^{Robledo, 2016}). Según datos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), se documentaron 788 casos de desaparición forzada entre 1969 y 1988, de los cuales 537 ocurrieron tan solo en el estado de Guerrero (^{Díaz y Jasso, 2018}). Durante este período, la desaparición forzada operó como una tecnología de poder estatal dirigida específicamente a la eliminación de disidentes políticos y al disciplinamiento social.

Por su parte, el desplazamiento forzado interno fue producto principalmente de procesos de despojo de tierras y represión a comunidades indígenas y campesinas, especialmente en zonas de interés estratégico por sus recursos naturales y en las que se implementaron estrategias paramilitares (^{Chamberlin, 2013}; ^{Rubio, 2014}). En regiones como Chiapas, particularmente a partir del levantamiento zapatista de 1994, se registraron importantes desplazamientos de población indígena como consecuencia de la confrontación entre el Estado mexicano y las comunidades en resistencia, así como por la acción de grupos paramilitares (^{Mercado, 2016}).

Ahora bien, en lo que va del siglo XXI, tanto la desaparición como el desplazamiento forzado interno por violencia han adquirido una dimensión difícil de comparar con la historia reciente de México. A partir de 2007, tras la implementación por el entonces presidente Felipe Calderón de la llamada guerra contra las drogas, caracterizada por la militarización de la seguridad pública y el combate frontal al crimen organizado, estas violencias experimentaron un incremento dramático en todo el territorio nacional. Este punto de inflexión ha sido señalado por numerosos investigadores, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como el origen de “una ola de violencia armada sin precedentes” en la historia reciente del país (^{Guevara y Arriaga, 2019, p. 11}).

En lo que respecta a la desaparición de personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, para el periodo de 1956 a 2025, hay más de 127 mil personas desaparecidas o no localizadas en México (^{RNPDNO, 2023}), de las cuales aproximadamente el 98% se registraron después de 2006 (^{ONU, 2022}). De acuerdo con ^{Ansolabehere (2022)}, el número de personas desaparecidas pasó de 841 en el sexenio de Vicente Fox (2001-2006) a 17 088 durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), lo que representa un incremento de 1 931 %. En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 35 215 desapariciones, y la tendencia no ha disminuido significativamente durante la actual administración.

Los estados con mayor cantidad de registros son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México (RNPDNO, 2023). Este fenómeno ha sido calificado por Naciones Unidas como “una tragedia humana de enormes proporciones” (^{ONU, 2022, párr. 2}), que responde a “un patrón crónico de impunidad” (^{ONU, 2022, párr. 7}).

Por su parte, las estimaciones sobre el desplazamiento forzado interno muestran una realidad igualmente alarmante. Según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), al cierre de 2022 México contaba con 386 000 personas desplazadas por conflictos y violencia (^{IDMC, 2023}). La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señala que, entre los años 2006 y 2022, en México hubo más de 386 000 personas desplazadas forzadamente en eventos masivos por causas de violencia (^{CMDPDH, 2022}), con focos rojos en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.

Mientras tanto, el Censo de Población y Vivienda del INEGI registró que, entre 2015 y 2020, por lo menos 251 513 personas dejaron sus hogares y lugares de origen por razones de inseguridad y violencia (^{INEGI, 2021}; ^{ACNUR, 2022}). Estas cifras, sin embargo, no capturan la dimensión total del fenómeno, ya que no incluyen los llamados desplazamientos “gota a gota”, que son los más difíciles de registrar (Macleod, 2023), ni aquellos que no son denunciados por temor a represalias.

La gravedad de estas crisis ha motivado pronunciamientos de organismos internacionales. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada realizó en 2021 la primera visita a un país en su historia, concluyendo que en México “se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización” (^{ONU, 2022, p. 5}). El organismo destacó que existe una estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico (^{ONU, 2022}).

De manera similar, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, tras su visita a México en 2022, señaló que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que crece en todo el país. En su informe, recalcó la importancia de que el gobierno mexicano reconozca esta realidad y genere respuestas institucionales eficaces, destacando que aún se encuentra postergada la aprobación de una ley federal para la atención de esta problemática, con un enfoque de género e interseccional (^{Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2023}).

Pocas formas de violencia representan con tanta claridad el drama que enfrenta la población mexicana como la desaparición de personas y el desplazamiento forzado interno. Las organizaciones delincuenciales, con la complicidad, omisión o aquiescencia de las autoridades estatales, ejercen control y regulan la vida social en comunidades y localidades enteras. Esta violencia tiene un carácter necropolítico, en el sentido de que se concentra -como víctimas y victimariosen poblaciones específicas, marginadas, excluidas y estigmatizadas (^{Reguillo, 2021}), mientras que los grandes agentes o espacios de circulación de las ganancias económicas suelen concentrarse en las grandes ciudades o países centrales (^{Bergman, 2023}; ^{Correa, 2018}).

II. Breve panorama de la literatura: un diálogo pendiente

En México, las ciencias sociales se han abocado con rigurosidad al estudio de la desaparición y el desplazamiento forzado en el marco de las políticas de militarización, securitización y disputas entre organizaciones delincuenciales. Hasta el momento, las agendas de investigación se han desarrollado de manera independiente, con una amplia pluralidad de enfoques teóricos y estrategias metodológicas.

Sobre la desaparición, se ha indagado en los patrones de incidencia y en las diferencias entre las desapariciones del periodo de la guerra sucia y los contextos contemporáneos. Estos estudios dejan claro que la desaparición se extiende como una tecnología de violencia en el marco de la política de guerra contra las drogas, donde los perpetradores van desde actores estatales hasta organizaciones delincuenciales. Sus formas son cambiantes en los diferentes estados de la república, habiéndose documentado a fondo casos como los de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz, donde de manera “temprana” la guerra contra las drogas trajo una expansión de las desapariciones (^{Ansolabehere et al., 2023}; ^{González, 2022}; ^{Ovalle, 2021}; ^{Paley, 2020}; ^{Payne y Ansolabehere, 2021}; ^{Robledo, 2015}, ²⁰¹⁷).

La investigación académica sobre las desapariciones muestra un salto cualitativo entre dos períodos históricos claramente diferenciados. Durante la guerra sucia (1965-1990), las desapariciones respondían predominantemente a motivaciones políticas, siendo selectivas y enmarcadas en una política de Estado represiva y contrainsurgente. En contraste, en el período contemporáneo, particularmente a partir de 2006, se observa lo que ^{Ansolabehere (2022)} y ^{Calveiro (2020)} han descrito como una “democratización” de las víctimas, donde las desapariciones se han generalizado, afectando a personas sin militancia política ni vínculos conocidos con el crimen, principalmente jóvenes varones de zonas urbanas y rurales, trabajadores, migrantes en tránsito y mujeres.

Los estudios han explicado cómo la desaparición implica el borrado de los cuerpos y genera sufrimientos, dolores y quiebres traumáticos en las vidas individuales y colectivas, siendo una violencia aleccionadora caracterizada por un fuerte componente de crueldad (^{Calveiro, 2020}; ^{Delgado, 2022}; ^{Melenotte, 2021}; ^{Robledo, 2019a}). Este aspecto ha sido abordado por Delgado (2022), quien analiza la “lógica de la crueldad” que sustenta las desapariciones contemporáneas, argumentando que estas no solo buscan eliminar físicamente a las personas, sino también producir un efecto ejemplarizante en las comunidades.

Estos impactos se refuerzan con las respuestas estatales, que han creado entramados de burocracias lentas y revictimizantes, donde las víctimas se ven inscritas en procesos que, antes que resolver la impunidad, se convierten en administraciones del dolor y de los cuerpos (^{Estévez, 2015}; ^{Robledo, 2021}; ^{Vargas, 2022}). Robledo (2021) ha acuñado el concepto de “crímenes de oficina” para referirse a cómo las burocracias estatales producen cuerpos sin identificar en los servicios forenses mexicanos, agravando la crisis de desaparición mediante la “desaparición forense”.

Como señala el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (2022), la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones, exponiendo a las víctimas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos dedicados a la búsqueda a situaciones de peligro y zozobra. El informe destaca que “sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias a nivel nacional” (^{ONU, 2022, p. 5}).

Otro conjunto importante de indagaciones ha profundizado en las respuestas colectivas que se han generado ante esta violencia. En este campo, se ha destacado el rol protagónico que han tenido las organizaciones y colectivos de víctimas, definiéndolos desde categorías como resistencia, agencia, movilizaciones ciudadanas, y demandas de justicia y verdad (^{Galán, 2023}; ^{Gallagher, 2022}; ^{López, 2017}; ^{Lorusso, 2022}; ^{Villarreal, 2014}, ²⁰¹⁶). Un consenso importante en las investigaciones sociológicas y antropológicas tiene que ver con la dimensión emocional de la acción colectiva en respuesta a la desaparición, así como con la politización del dolor que realizan las madres y familias de las personas desaparecidas al promover reclamos en la esfera pública. Allí, la memoria se vuelve también un campo de disputa y construcción permanente (^{Del Palacio y Torres, 2021}; ^{Domínguez, 2022}; ^{Franco, 2019}; ^{Iliná, 2020}; ^{Tamayo, 2024}; ^{Zúñiga, 2022}).

^{Salazar (2022)} ha estudiado cómo las familias desplazadas con integrantes desaparecidos desarrollan redes de apoyo resilientes, observando que dichas familias “ponderan la búsqueda de sus desaparecidos sobre cualquier acción de reconstrucción familiar en los nuevos espacios de asentamiento” (p. 53). Esta observación evidencia uno de los vínculos entre desaparición y desplazamiento que ha comenzado a ser explorado recientemente por la academia.

Finalmente, la expansión e innovación de repertorios de contienda, como las búsquedas autónomas y en campo, ha abierto reflexiones sobre la manera en que estas se contraponen a las maquinarias de muerte y configuran otras formas de construcción de justicia (^{Lorusso, 2022}; ^{Martos y Jaloma, 2017}; ^{Robledo, 2019b}; S. ^{Salazar, 2023}). El fenómeno de las “brigadas de búsqueda” ha sido analizado por Martos y Jaloma (2017) como una forma de “desenterrar el dolor propio”, en la que las familias retoman el derecho a buscar a sus seres queridos, subvirtiendo el rol tradicional pasivo de la víctima y generando, en el proceso, nuevas formas de ciudadanía y acción colectiva.

Sobre el desplazamiento forzado interno por violencia, hay importantes trabajos que documentan la relación entre la militarización de la seguridad pública y el aumento de episodios de desplazamientos masivos, especialmente en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa (^{Durin, 2019}; ^{Pérez y Castillo, 2019}; ^{Rubio, 2014}; L. M. ^{Salazar y Álvarez, 2018}). En estas investigaciones se evidencia que las políticas de seguridad y los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales, cada vez más fragmentadas, generaron escenarios donde la incidencia del desplazamiento forzado coincidía con territorios estratégicos para el desarrollo de megaproyectos mineros, agroindustriales o vinculados a los circuitos de las economías de las drogas (^{Argüello, 2022}; ^{Bastian y García, 2024}; ^{Hernández, 2024}; ^{Muñoz et al., 2022}).

La investigación sobre el desplazamiento forzado interno en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años, después de décadas de invisibilización. Si bien desde 2010 es posible encontrar algunos trabajos pioneros (^{Rubio y Albuja, 2011}; ^{Arana y Del Riego, 2012}; ^{Durin, 2012}; ^{Velázquez, 2012}; ^{Salazar y Castro, 2014}; ^{Pérez, 2014}), ha sido recientemente cuando se ha producido una literatura más abundante y sistemática sobre el tema (^{Del Riego, 2023}).

En los últimos años, se ha profundizado en el estudio de episodios de desplazamiento forzado detonados por enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales (denominadas “cárteles”) en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa o Michoacán (^{Argüello, 2022}; ^{Colin, 2023}; ^{de Marinis, 2019}; ^{Durin, 2019};

^{Giménez, 2021}; ^{Hernández, 2019}; ^{López, 2023}; ^{Navarro, 2024}). En estos trabajos se ha destacado que el desplazamiento forzado genera afectaciones diferenciadas en las mujeres, niños y niñas, así como en poblaciones indígenas y campesinas (^{de Marinis, 2017}; ^{Macleod, 2023}; ^{Muro y Rodríguez, 2022}; ^{Pérez, 2018}; ^{Vázquez et al., 2023}).

^{Enríquez (2021)} sostiene en su investigación que la violencia reciente ha ocasionado los mayores desplazamientos internos desde la Revolución Mexicana. De acuerdo con ^{Fracchia y Ameglio (2019)}, el desplazamiento de los familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico “es uno de los más ‘inobservados’ socialmente” (p. 23), lo que ha dificultado su estudio y atención adecuada.

El incremento del desplazamiento forzado, junto con las transformaciones en los regímenes internacionales de fronteras que hacen más difícil la migración internacional, ha traído como consecuencia un creciente fenómeno de inmovilidad forzada en la extensa frontera norte con Estados Unidos. En las ciudades fronterizas ha aumentado la presencia de personas mexicanas expulsadas por la violencia, que se encuentran habitando albergues u otros lugares temporales en espera de poder continuar su tránsito (^{Borzacchiello et al., 2022}; ^{Hernández y Alfaro, 2021}).

Un estudio reciente de la ^{Organización Internacional para las Migraciones (2023)} reveló que el 24 % de las personas desplazadas internas alojadas en albergues de la frontera norte de México reportaron tener un familiar desaparecido, mientras que, en el caso de las personas migrantes internacionales y retornadas, ese porcentaje fue de solo 5-6 %. Este dato evidencia la estrecha relación entre ambos fenómenos, particularmente en estados como Michoacán y Guerrero, de donde provenía el 74 % de las personas desplazadas con familiares desaparecidos.

Este breve panorama, que no es en modo alguno exhaustivo, permite advertir conexiones críticas entre el estudio de las desapariciones y el desplazamiento forzado en México: (a) la relación directa entre las políticas de guerra contra las drogas y la incidencia de estas violencias; (b) la necesidad de realizar análisis contextualizados, según las dinámicas locales y regionales que marcan pautas, patrones y temporalidades diferenciadas; (c) el sentido que toman las violencias extremas como la desaparición y el desplazamiento en escenarios de disputa entre actores de la delincuencia organizada, quienes se mueven con impunidad, haciendo de estas formas de violencia verdaderas armas de guerra; y (d) la heterogeneidad de las causas y los efectos sobre la población víctima.

Consideramos importante la convergencia o el diálogo entre las agendas de investigación sobre la desaparición y el desplazamiento forzado. Aquí podemos retomar la crítica que se ha hecho a las lecturas de las violencias que se concentran en el hecho delictivo, es decir, en el momento o las características de la desaparición o el episodio de desplazamiento. Propuestas conceptuales como las de “acumulados de violencia” (^{Durin, 2024}; ^{Scheper y Bourgois, 2004}) o “densidad del daño” (^{Querales-Mendoza, 2020}, ²⁰²⁴) apuestan por ir más allá del acontecimiento violento y, por el contrario, proponen analizar el entrelazamiento entre condiciones estructurales de exclusión y marginación, así como las políticas que impulsan e incentivan regulaciones violentas de determinadas economías lícitas e ilícitas, junto con las complejas experiencias y trayectorias individuales y colectivas.

Como señala ^{Querales-Mendoza (2020)}, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado son “dos hechos victimizantes que son experimentados por los sobrevivientes en un flujo de continuidad” (p. 107). En el mismo sentido, ^{Macleod (2023)} se refiere a la naturaleza interconectada de violencias como el desplazamiento y las desapariciones, que, aunque suelen ser analizadas por separado, “son vividas de manera simultánea y continua a lo largo del tiempo” (p. 1).

Las violencias se sobreponen, se acumulan y se refuerzan unas a otras (^{Querales-Mendoza, 2024}). Pensar de manera aislada los homicidios, feminicidios, juvenicidios, desapariciones, desplazamientos, masacres, entre otras formas extremas, puede llevarnos a perder oportunidades de interpretación y conceptualización sobre el sentido y las causas de su reproducción extendida.

Un campo potencialmente valioso en el estudio de la desaparición y el desplazamiento es aquel que apuesta por prestar atención a las experiencias individuales y colectivas que se acumulan antes, durante y después del evento violento, junto con las conexiones y reforzamientos de múltiples violencias. En este Dossier proponemos un acercamiento a este diálogo desde el estudio de las experiencias de las personas que sobreviven a las desapariciones y al desplazamiento forzado, las cuales nos permiten comprender trayectorias complejas, no lineales, con diferentes dimensiones de agencia y respuesta.

III. Experiencias frente a las violencias: agencia, resistencia, cuidado, testimonio

Todas las investigaciones que integran este Dossier abordan teórica y metodológicamente las experiencias de personas y grupos frente a la desaparición y el desplazamiento. Esta entrada común tiene un potencial analítico, más allá de los casos estudiados, que permite comprender que las violencias tienen impactos individuales, colectivos, territoriales y sociales profundos. El miedo, el temor, la incertidumbre, los quiebres en los proyectos de vida y la reconfiguración de la vida en los territorios afectados, entre otros, son efectos que no se pueden medir, pero sobre los que podemos profundizar interpretativamente para comprender la complejidad y la densidad del daño que representa la reproducción de la violencia en México.

A partir de pertinentes diseños metodológicos cualitativos, todos los artículos del Dossier profundizan en estos efectos, con apuestas éticas que recuperan de manera directa las voces de las personas movilizadas o no. En este tenor, las investigaciones documentan que una dimensión fundamental de las experiencias frente a las violencias tiene que ver con las formas de agencia, resistencia, cuidado y testimonio, que se contraponen a los efectos dolorosos y a las violaciones continuadas de derechos que caracterizan a la desaparición y el desplazamiento forzado.

El artículo “Duelos suspendidos: impactos biográficos frente a la desaparición en Guanajuato” aborda el problema del duelo y el afrontamiento ante las experiencias de desaparición de un familiar. Estudiando el caso de Guanajuato, esta investigación se diferencia de buena parte de la literatura especializada al realizar un acercamiento a las experiencias de víctimas que no necesariamente se encuentran movilizadas colectivamente y que, en muchos casos, afrontan los efectos de la violencia de manera privada. Siguiendo un diseño teórico-metodológico que indaga en los impactos biográficos, personales y familiares que tiene la desaparición de un familiar en mujeres que devienen buscadoras, se discuten los conceptos de pérdida ambigua y agencia generizada compleja, ofreciendo evidencia que permite ampliar sus marcos de interpretación. La indagación encuentra que existen impactos diferenciados en las mujeres buscadoras, según se trate de buscadoras organizadas, desvinculadas de una organización o que buscan de manera independiente.

El artículo “Resistencias al crimen organizado: interacción del afrontamiento individual, social, familiar e institucional” estudia la forma en que mujeres hacen frente a la experiencia del desplazamiento forzado en México. Siguiendo una propuesta analítica que integra la interacción de dimensiones individuales, sociales, familiares e institucionales del afrontamiento, plantea que es en las diversas formas de conexión entre estos factores donde se tejen posibilidades y trayectorias para sobreponerse o resistir al desplazamiento. Este trabajo es relevante dado que en México son escasos los estudios sistemáticos sobre las estrategias de afrontamiento de las mujeres ante situaciones de desplazamiento forzado. Asimismo, el diseño metodológico basado en historias de vida permite plantear conjeturas de análisis sobre las cuales seguir profundizando desde el caso mexicano.

El artículo “Prácticas de cuidado entre mujeres en contextos de desplazamiento forzado interno” realiza un acercamiento a una dimensión de la experiencia que tiene que ver con la resistencia y el cuidado colectivo. Desde una perspectiva teóricometodológica de etnografía feminista, el trabajo expone resultados de investigación en diálogo con mujeres que se encuentran en Tijuana luego de vivir desplazamientos forzados en diferentes puntos del país. Los resultados empíricos, presentados en forma de viñetas etnográficas, permiten conocer de manera directa las experiencias de las mujeres, en sus particularidades y coincidencias. A partir de la triangulación de observaciones y entrevistas, la autora plantea que las prácticas de cuidado se definen por su carácter directo e indirecto, marcando diversas trayectorias no lineales de movilidad forzada de mujeres.

El artículo “‘Buscando nos encontramos’: resistir la desaparición en la Brigada Nacional de Búsqueda ” indaga sobre la movilización de las familias de personas desaparecidas y colectivos acompañantes a través de la Brigada Nacional de Búsqueda, definiendo esta experiencia como un proceso de resistencia civil no violenta. El diseño teórico y metodológico permite que, a través de la triangulación de fuentes documentales y entrevistas a participantes de las brigadas, se profundice en las implicaciones individuales y colectivas de la experiencia de respuesta a la violencia mediante la búsqueda autónoma.

El trabajo “El doble espejo de la desaparición y la violencia juvenicida en México” aborda el fenómeno de la desaparición preponderante de jóvenes en el país. A partir de los conceptos de doble espejo de la desaparición y violencia juvenicida, se analizan los testimonios de familias movilizadas en la búsqueda en el estado de Zacatecas, planteando que las trayectorias vitales de las jóvenes víctimas de desaparición están atravesadas por las dimensiones propias de la violencia juvenicida. En este artículo se resaltan las respuestas a la violencia desde el valor del testimonio de quienes sobreviven a la desaparición, siendo este mismo una entrada analítica para entender características contextualizadas del fenómeno.

Los cinco artículos que componen este Dossier ofrecen, desde diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas, importantes contribuciones para comprender las experiencias de personas y comunidades frente a la desaparición y el desplazamiento forzado en México. Al centrarse en las dimensiones de la agencia, la resistencia, el cuidado y el testimonio, estos trabajos trascienden el análisis del evento violento para abordar las complejas formas en que las personas enfrentan, sobreviven y resignifican estas experiencias traumáticas.

Una de las aportaciones más significativas de este conjunto de investigaciones es la visibilización de los procesos de subjetivación política que emergen en contextos de extrema violencia. Como han señalado diversos autores (^{Butler, 2006}; ^{Das, 2008}), incluso en los escenarios más adversos, donde parecería que toda capacidad de agencia ha sido anulada, surgen formas de resistencia y reconfiguración de la vida social y política. Los artículos aquí presentados evidencian cómo las experiencias de duelo, búsqueda, desplazamiento y testimonio no solo dan cuenta del sufrimiento, sino también de la capacidad de las personas para constituirse como sujetos políticos que demandan justicia, verdad y reparación.

Como señala ^{Das (2008)}, el dolor y el sufrimiento no necesariamente conducen a la parálisis o la resignación, sino que pueden ser “rehabitados” y convertidos en recursos para la acción. En este sentido, las diferentes investigaciones muestran cómo las experiencias de desaparición y desplazamiento se transforman en catalizadores para la organización colectiva, la creación de redes de apoyo y solidaridad, y la generación de nuevas formas de ciudadanía que desafían la impunidad y el olvido.

Otro elemento común en estos trabajos es la centralidad del cuerpo como territorio donde se inscribe la violencia, pero también como espacio desde donde se articulan las resistencias. Ya sea a través de las prácticas de búsqueda, el desplazamiento forzado o las estrategias de cuidado, los cuerpos aparecen como receptáculos del daño, pero también como agentes de transformación y resistencia. Como argumenta Robledo (2017), en contextos de desaparición, los cuerpos de quienes buscan se convierten en vehículos de memoria y reclamo, extendiendo la presencia de los ausentes y confrontando las narrativas oficiales que pretenden invisibilizarlos.

En conjunto, los artículos de este Dossier contribuyen a la comprensión de las formas complejas y multidimensionales en que la desaparición y el desplazamiento forzado afectan la vida de personas y comunidades en México, al tiempo que ofrecen herramientas analíticas para pensar las posibilidades de resistencia, reconstrucción y reconfiguración del tejido social en contextos de violencia extrema.