Introducción¹

Hace más de 35 años, ^{Walker (1989, p. 32)}, p. 32) observó que hay “un potencial inherente y continuo de conflicto entre los roles del Estado como desarrollador y como protector y administrador del medio ambiente natural”.² En este artículo se pretende abordar dicha contradicción en el actuar del Estado a través de dos estudios de caso en Chiapas, México, para indagar su papel como “protector” de la naturaleza, pero también como ente que posee el monopolio en su destrucción “legítima”. Me interesa entender la forma en que estas dinámicas destructivas y esfuerzos por proteger ciertas regiones del territorio nacional han afectado los procesos de formación del Estado. A pesar de la literatura de la antropología política sobre este tema en México,³ no se ha indagado tanto este proceso en el ámbito ambiental, en las acciones dirigidas a proteger determinados ecosistemas u otras que degradan paisajes o entornos naturales en nombre del “desarrollo” y las reacciones de la población afectada. Hay importantes excepciones en la bibliografía, sobre todo en el ámbito de la protección ambiental y en el campo forestal,⁴ pero pocos estudios han considerado el problema de la formación del Estado en contextos de destrucción ambiental.

Para realizar mi propósito, tomo en cuenta la experiencia de México, y en particular del estado sureño de Chiapas, para indagar sobre la implementación de lo que hoy en día se conocen como “megaproyectos”. Me refiero específicamente a la creación de la Comisión del Río Grijalva (CRG) y los planes realizados dentro del marco de esta comisión federal (1951-1987). Como varios países en el mundo, a partir de 1947 el Estado mexicano adoptó una política de desarrollo regional de comisiones de cuenca, con base en el modelo del Tennessee Valley Authority en EUA, para planear y ejecutar el desarrollo regional (^{García García, 2017}).

Históricamente, la ciencia y la gobernanza del agua han sido claves para la formación y legitimación de Estados, lo mismo que la provisión de agua potable y de sistemas de irrigación a sus poblaciones (^{Harris, 2017, p. 91}). Las actividades de la CRG, coordinadas inicialmente por la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH), incluyeron la creación de cuatro represas a lo largo del río Grijalva, el desalojo y reubicación de poblaciones rurales, y la creación de distritos de riego y redes de agua potable; acciones que representaban fuertes cambios para las regiones afectadas, con pérdida de buenas tierras agrícolas y eliminación de ecosistemas forestales, tanto en Chiapas como en Tabasco, entidades mexicanas que comparten la cuenca del mencionado río.

Para entender las dos facetas de la acción del Estado, se revisa la historia de la conservación ecológica en Chiapas en sus comienzos y se observa un proceso casi paralelo a las acciones de la CRG en términos cronológicos. El Instituto de Historia Natural se fundó en Chiapas en 1942 (inicialmente como “museo”), y bajo la dirección de Miguel Álvarez del Toro (1917-1996) adquirió cierto protagonismo al difundir su preocupación por el entorno natural, sobre todo por su fauna, y promovió la creación de diversas áreas protegidas estatales que luego se convertirían en reservas de la biosfera en la década de 1990.

La selección de Chiapas para esta reflexión se debe, en primer lugar, a mi experiencia de 25 años de investigación en la región y a mi interés en el campo de la historia ambiental. En segundo lugar, responde a la invitación de ^{Agudo Sanchíz (2011}) de “repensar el Estado desde los márgenes”. Agudo Sanchíz retoma la idea de ^{Joseph y Nugent (2002)} de cómo el dominio del Estado moderno “ha de ser entendido ‘desde abajo’ y, por ende, como algo que de manera inevitable ha de ‘negociarse’ entre las diversas configuraciones de actores e intereses locales que intentan llevar a cabo sus propios proyectos de construcción del Estado nacional” (^{Agudo Sanchíz, 2011, p. 12}).

Chiapas siempre se ha encontrado en los márgenes del Estado mexicano, al ser la entidad más sureña, más pobre, más rural y, después de Oaxaca, con mayor población indígena. En el contexto del México independiente, quedó como “cola de león”,⁵ lejos de los centros de poder y más sujeto a la autoridad de finqueros y caciques locales que al mando de las oficinas federales de la capital. A la vez, Chiapas está entre los estados con mayor riqueza biocultural, con más agua dulce e importantes reservas de petróleo, gas y minerales. Víctima de una especie de colonialismo interno, o “intraextractivismo” (^{García García, 2017}), Chiapas ha padecido y padece de escaso desarrollo debido a que su economía depende de ciertas materias primas, en una relación de extractivismo con polos de desarrollo externos, a veces ubicados en el norte global o, en este caso, en el centro del país (^{García García, 2017}).

Este texto tiene un enfoque exploratorio e histórico. Se revisaron dos archivos, el de la Secretaría de Fomento en el Archivo Histórico de Chiapas (AHCh) en Tuxtla Gutiérrez y el Archivo Histórico del Agua (AHA) en la Ciudad de México, con el fin de identificar acciones y discursos estatales relacionados con los dos estudios de caso. Sin embargo, el presente artículo no es resultado de una búsqueda exhaustiva, más bien trata de aproximarse a una discusión en torno a la formación del Estado en el plano ambiental en México y retoma el caso de Chiapas como estudio de caso, tanto en contextos de deterioro ambiental producidos por proyectos de “desarrollo” como en el ámbito de las políticas de conservación. Cabe destacar que no interesa profundizar en los (muchos) debates sobre lo que constituye el “desarrollo” y la “conservación”, sino resaltar cómo estos conceptos y discursos asociados operaron en la formación del Estado en los dos casos.

¿Cómo abordar el estudio del Estado?

Desde las ciencias sociales, la primera cuestión por resolver respecto al estudio del Estado es su existencia, o la naturaleza de su existencia, su ontología. ^{Abrams (1988)}, en su muy citado artículo sobre las dificultades de estudiar el Estado, distingue entre el “sistema estatal” (un nexo de prácticas y estructura institucional) y la idea del Estado, un ente ideológico que sirve para encubrir la desunión del sistema del Estado y prestar autoridad, coherencia y legitimidad a instituciones y prácticas. La relación exacta entre estos dos aspectos del Estado ha generado mucho debate en la literatura, pero Abrams invita a enfocarse más en las maneras en que el Estado no existe, precisamente para “desmitificarlo” (1988, p. 82).

Siguiendo estos pasos, estudios antropológicos enfocados en el Estado, influidos principalmente por Gramsci y Foucault, se han orientado al análisis de las especificidades históricas de cada Estado y la dimensión cultural de los procesos de su formación, en particular de la formación de sujetos (^{Krohn-Hansen & Nustad, 2005}). Un texto determinante en esta discusión fue The Great Arch, de ^{Corrigan y Sayer (1985)}, estudio histórico sobre la consolidación del Estado inglés en los siglos XVI y XVII que llegó a la conclusión de que la formación del Estado es esencialmente una “revolución cultural”. Este argumento fue una de las inspiraciones principales para la compilación sobre el caso de México, Los aspectos cotidianos de la formación del estado (^{Joseph, & Nugent, 1994}), que explora los procesos concretos de formación de sujetos políticos en diálogo con el Estado posrevolucionario.

Así, a partir de una definición no monolítica del Estado y de acuerdo con Abrams, se reconoce que el Estado se hace y se rehace como idea y configuración de relaciones políticas tanto en el contacto cotidiano entre representantes del Estado (funcionarios) y la población como en ceremonias, rituales y símbolos. En otras palabras, el Estado es un proyecto inacabado en permanente formación. ^{Hay (2014)} llega a la conclusión de que el Estado no es real ni ficticio, sino “como si fuera real”:

Entendido en tales términos, el Estado no tiene agencia per se, aunque se puede ver que define y construye una serie de contextos dentro de los cuales la agencia política es tanto autorizada (en nombre del Estado) como promulgada (por aquellos así autorizados) (^{Hay, 2014, p. 460}).

Las obras de Agudo Sanchíz y Estrada Saavedra han retomado muchas de estas discusiones para sus reflexiones teóricas y su análisis de algunos Estados en Latinoamérica (sobre todo de México), y puesto énfasis en la construcción local del Estado en diálogo con las realidades nacionales y en la reconstitución del Estado en los márgenes y en la “multiplicidad de actores y prácticas mediante los que, precisamente de forma cotidiana, se construyen modos de poder, organización y regulación que llegan a consolidarse en los órdenes territorial e institucionalmente estructurados de los estados modernos” (^{Agudo Sanchíz, 2014, p. 51}). Ninguno de los estudios citados hasta ahora ha puesto, sin embargo, la mirada en la dimensión ambiental del actuar estatal.

En sus inicios, la ecología política, por sus raíces en la ecología y la geografía culturales y su interés en lo local, mostraba cierta ambivalencia ante el concepto del Estado (^{Robertson, 2015}). Como mucho, el Estado era una institución identificable que formaba parte de una cadena de explicación donde ocupaba un lugar específico en predeterminadas escalas, el predio, la región, el Estado, la economía mundial, etc. (^{Blaikie, y Brookfield, 1987, p. 27}), pero lo novedoso de la ecología política era que buscaba explicaciones de cambio y degradación ambiental en otras escalas. Sin embargo, con el giro posestructuralista en la ecología política, conceptos foucaultianos como gubernamentalidad empezaron a alterar la forma en que los ecólogos políticos entendían el Estado y el poder estatal, al enfocarse más en la construcción de la hegemonía del Estado y los procesos de subjetivación a través de información, los medios de comunicación y la cultura (Robertson, 2015, p. 464). Nociones relacionadas, como biopoder o gubernamentalidad ambiental, llevaron la atención hacia cómo la conducta ambiental (es decir, decisiones sobre el uso del entorno natural y las prácticas para su manejo), es “conducida” (hasta cierto punto) por el Estado. Otros debates acerca del Estado en la ecología política incluyen los efectos “simplificadores” del Estado en sus relaciones con la ecología (cf.^{Scott, 2021}), la participación de instituciones del Estado en diferentes redes a distintas escalas con efectos diversos, y la discusión sobre el “Estado conocedor”, donde hay un interés en analizar cómo aquel crea, regula y elimina conocimientos ambientales (^{Robbins, 2008, p. 206} ).

Autores de otras disciplinas (principalmente ciencias políticas y geografía) han argumentado que el Estado se debe analizar como efecto estructural producto de prácticas que crean la apariencia de su separación de la sociedad. ^{Mitchell (1999)} llama a esto the state effect. En este enfoque, y de acuerdo con Abrams, el Estado no es un ente monolítico y autónomo, sino algo producido a través de diversas actividades e interacciones que dan la impresión de algo cohesivo con autoridad permanente; en otras palabras, la formación del Estado es un proyecto en curso (ibid.). En el presente texto, el efecto estatal es particularmente tangible cuando se observa la construcción de gran infraestructura, los cambios ambientales asociados y la administración estatal de ciertos ecosistemas en el caso de áreas protegidas. ^{Harris (2012)}, ^{Whitehead, Jones & Jones (2007)} y otros han argumentado que el control y la gestión de la naturaleza siempre han sido centrales para la consolidación del poder estatal. Como comenta Mitchell, precisamente en referencia a represas, “para muchos gobiernos poscoloniales, esta capacidad de reorganizar el entorno natural y social se convirtió en un medio para demostrar la fuerza del Estado moderno como potencia tecnoeconómica” (^{Harris 2012, p. 25}). Harris avanza la idea de que son obras de este tipo, y los cambios que provocan en el entorno natural, los que contribuyen a que aparezca una frontera entre “Estado” y “sociedad” (2012 y 2017).

Una obra ineludible en esta discusión es Lo que ve el Estado, de James C. ^{Scott (2021)}, publicado originalmente en inglés en 1998. A pesar de que en este libro da la impresión de que el Estado es algo acabado y que ha recibido críticas por no definir con precisión algunos de sus conceptos clave -Estado, territorio, naturaleza, etc. (^{Harris 2012} y ²⁰¹⁷)-, la riqueza del material empírico y de las hipótesis en torno a legibilidad, simplificación y desarrollismo de la “alta modernidad” han contribuido de forma importante a las discusiones actuales sobre el Estado y su relación histórica con el entorno natural.

La Comisión del Río Grijalva

La Comisión del Río Grijalva (CRG) se estableció en 1951, dependía del presidente de la república a través de la SRH y su objetivo era la planeación de obras de infraestructura en la cuenca hidrográfica para generar energía eléctrica y mejorar la infraestructura de irrigación; en segundo plano, debía atender temas de comunicación, salud y educación (^{Gallardo, 2023, p. 174}). Los discursos que acompañaban esta intervención prometían progreso para el sureste, pero también la premonición de un destino nacionalista:

“¡La hora del Sureste ha sonado, y la brújula que señala el Destino próspero de México apunta hacia él! […] México debe ir, TIENE QUE IR, AL SURESTE, controlar sus ríos y desarrollar sus recursos” (SRH, 1957, citado en ^{García García, 2010, p. 163}).

Entre 1959 y 1987, la CRG junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construyeron cuatro represas a lo largo del río Grijalva (figura 1). En sus más de tres décadas de operación, la CRG también drenó humedales, deforestó, creó nuevos distritos de riego y rectificó ríos en Tabasco y la costa chiapaneca. Los cambios provocados por estas obras eran, como previó ^{Palerm (1993, p. 372)}, de “tremenda envergadura”, tanto en el ámbito ambiental como en el social, económico y cultural. Al final inundaron 100 000 ha de las mejores tierras agrícolas de Chiapas; eliminaron 7% de la producción de maíz, 12% de frijol y 40% de algodón en la entidad (ibid., p. 374) y desplazaron a más de 20 000 personas. La construcción de la presa más grande, La Angostura, implicó la desaparición de 11 pueblos y el desplazamiento de 15 483 de campesinos, muchos de origen tzotzil (^{Domínguez, 2019, p. 21}). Una consecuencia de estas obras fue lo que Domínguez denominó la “desestructuración sociocultural” (ibid.). Los nuevos cuerpos de agua trastocaron la comunicación entre regiones, las relaciones políticas, los mercados locales, la provisión de servicios públicos, hasta las redes religiosas y la identidad misma. Como afirma García García en el caso de la CRG:

La esencia de la hidropolítica ejecutada en las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta bajo la visión ingenieril fue adaptar el medio natural a una supuesta supremacía técnica civilizatoria, donde la dinámica natural de los ecosistemas no existía, al igual que las dinámicas culturales, sociales, políticas, económicas y técnicas de adaptación al ecosistema de la población del territorio de las cuencas (^{García García, 2010, p. 165}).

La experiencia de estas comisiones hubiera cabido muy bien en la obra de ^{Scott (2021)} por ser ejemplos de un desarrollismo que reflejaba la ideología del altomodernismo en el que el autor se enfoca (además, son contemporáneas de las experiencias que Scott describe). Esta ideología se caracterizaba por su excesiva confianza -“su fe”-en la ciencia y la tecnología, el productivismo y el dominio de la naturaleza (ibid., p. 22). El caso del CRG también evidencia los otros elementos que Scott analiza, como el ordenamiento administrativo de la naturaleza y las formas autoritarias de gobernar en el contexto de una sociedad civil pasiva con poca capacidad de resistirse a los grandes proyectos de ingeniería social del Estado (Scott, 2021, pp. 21-23). En los múltiples diagnósticos realizados sobre el sureste y el área de la cuenca en los primeros años de la CRG, se observa la construcción de la legibilidad a la cual se refiere Scott y la necesidad de cuantificar la región de intervención. También se observa la simplificación de los procesos sociales y ecológicos en el discurso tecno-ingenieril, la subestimación de las secuelas de las obras y una negación de las formas locales de gestionar los recursos naturales en la región con discursos sobre el “atraso cultural del Sureste” (^{Departamento de Prensa y Turismo, 1951}, p. 40) y la importancia de “incorporar a la civilización a los indígenas” (SRH, 1957, citado en ^{García García, 2017, p. 124}).

Fuente: elaborado por Emelina Nava García del Departamento de Sistemas de Información Geográfica, Coordinación de Servicios de Cómputo de El Colegio de México

Figura 1 Reservas de la biosfera, represas hidroeléctricas e hidrografía en Chiapas 

¿Cómo incidió un proyecto como la CRG en la formación del Estado en estas regiones y en esta época? En Chiapas al menos, cuando la CRG comenzó sus actividades, el Estado federal no era un ente cercano para mucha de la población rural. La Angostura, como explica Palerm, era una región dominada por caciquismos y estructuras informales de poder que controlaban la vida política y económica a expensas del Estado (^{Palerm, 1993, pp. 376-377}).

En dos de sus obras, el escritor chiapaneco Alfredo ^{Palacios (1988}; ²⁰¹⁹) ha rescatado la experiencia de su ejido de origen en La Concordia, región que quedó debajo de las aguas de la presa de La Angostura en 1974. Él explica que, para los pobladores, el Estado era algo distante antes de las obras, la gente hacía sus propios caminos y resolvía sus problemas sin apoyo de fuera, incluso los maestros eran de origen rural. Pero en los años anteriores a la inundación, el gobernador del estado empezó a hacer giras en la región para difundir los “beneficios” de la obra en curso y la gente hacía colas para pedirle cosas. También llegaron representantes de la CFE que se hicieron compadres de las autoridades ejidales y de los rancheros para ir previniendo posibles resistencias a los planes gubernamentales. En otras palabras, los representantes del Estado se insertaron en la estructura de poder local con una lógica paternalista para “allanar el camino”. De todas formas, incluso cuando la población fue informada de la intención de inundar el valle, no creían que fuera posible “domar” el “río Grande”. Solo cuando fueron aconsejados de no enterrar más a sus muertos en el panteón del ejido porque quedaría debajo del agua, se dieron cuenta de que les iba a afectar. De acuerdo con Palacios, fue el tema de sus muertos el que “despertó” a la gente.⁸

En el ejido La Perseverancia,⁹ la noticia de la inundación les “cayó como patada de mula” y la incertidumbre en torno a qué hacer -regresar a sus comunidades de origen, aceptar la oferta gubernamental de reubicación o tomar la indemnización y migrar-dividió a la comunidad. De acuerdo con ^{Palacios (2019)}, no había la capacidad en la región para resistir la hidropolítica del Estado, ya que todas las organizaciones campesinas y ganaderas estaban ligadas al Estado:¹⁰ “Repetían el mismo lenguaje que los funcionarios ‘debemos abrirnos a la modernidad. Es por el bienestar de México. Vienen días mejores’” (ibid., p. 282). Pero las promesas de apoyos y capacitaciones para la pesca no se cumplieron, y para Palacios, el resultado principal de la creación de la represa fue el desarraigo, la migración fuera del estado y la miseria.

Efectivamente, la información revisada en el Archivo Histórico del Agua (AHA) contiene escasas muestras de “resistencia” entre la población. En cambio, de parte de los afectados se observan intentos de negociar las consecuencias de las presas, con enorme correspondencia sobre indemnizaciones por tierras perdidas, reubicación de lotes, quejas por inundaciones y pérdidas de cosechas derivadas de la apertura de las compuertas de las represas, solicitudes de cambiar las fechas de estos movimientos para que fueran más acordes con los ciclos agrícolas, reclamos contra de la desviación de ríos y los cobros por agua potable, etc. Como comenta Domínguez: “No siempre se generan la organización y la resistencia a la construcción de megaproyectos hídricos, sin importar los impactos y afectaciones”, ya que depende de “las capacidades organizativas y de los medios estratégicos de los que se dispongan” (^{Domínguez, 2019, p. 22}).

No obstante, el hecho consumado de las represas obligó a los afectados a sostener una comunicación y un diálogo con agencias estatales, el cual sirvió para que el Estado reafirmara su monopolio sobre el control de los recursos naturales y su autoridad para determinar el acceso con el fin de consolidar su poder. A diferencia de EUA y el Tennessee Valley Authority, el centralismo y el verticalismo del sistema político mexicano dio características particulares a esta comisión, al crear una “hidrocracia” que prestó poca atención a los niveles inferiores de gobierno (^{García García, 2017}). De acuerdo con Gallardo, el modelo de la CRG “legó una práctica de intervención sectorizada promovida por los intereses de la economía nacional y las transformaciones del país” (2023, p. 183).

A la vez, el Estado tuvo que cumplir con su obligación de indemnizar a los afectados (derecho consagrado en el art. 27) y reconocer que de no hacerlo provocaría (aún más) malestar entre los afectados (^{CFE, 1969}). Irónicamente, al menos en el caso de la represa de La Angostura, se presentaron muchas dificultades para indemnizar a los propietarios por la inexistencia de un registro catastral. Pero lo que más llama la atención en la sección sobre la CRG en el AHA es la cantidad de estudios socioeconómicos, demográficos, topográficos, catastrales, que no corresponden únicamente a una etapa de diagnóstico (1953-1957), sino que continúan hasta 1983, solo tres años antes de que dejara de operar la comisión. En esta coyuntura, es más que evidente el papel de Estado “conocedor”, al cual se refiere ^{Robbins (2008)}, que busca establecer “legibilidad” (^{Scott, 2021}) dentro del territorio nacional a través de estudios, censos y mapas.

No obstante, vale recuperar otro aspecto clave de la obra de Scott que está en el subtítulo, el “fracaso” de los esquemas para mejorar la condición humana. De acuerdo con sus propios criterios y metas originales, la CRG fue un fracaso. Sus objetivos originales incluyeron la construcción de 26 represas en las cuencas del Grijalva y del Usumacinta (y así evitar inundaciones en la planicie tabasqueña) y la incorporación de dos millones de ha a la producción agropecuaria, pero las inundaciones siguieron y solo 350 000 ha de tierras fueron productivas (^{García García, 2017}). En Chiapas, perdieron 100 000 ha de tierras y, en cambio, recibieron solo 30 000 ha con infraestructura de riego (^{García García, 2010}, p. 219). El proyecto buscaba traer el progreso y la prosperidad al sureste, pero al cerrar las oficinas de la CRG en 1986, no se habían detenido las inundaciones en Tabasco, y Chiapas permanecía como la entidad más pobre y marginada del país (^{García García, 2017, p. 127}).

Así pues, en el caso de la CRG se observa la construcción de una nueva State nature en Chiapas, de acuerdo con la ideología altomodernista de la época. Las represas, nuevos distritos de riego y la rectificación de ríos cambiaron radicalmente el paisaje y los procesos ecológicos en las áreas afectadas con consecuencias muy concretas para la población. Pero esto ocurrió en un momento histórico previo a la consolidación del Nature State, una época en la cual el Estado mexicano se encontraba en posición hegemónica, capaz de imponer su voluntad ingenieril sin resistencia significativa de parte de campesinos o ambientalistas.

La conservación en Chiapas

Al consultar los archivos de la Secretaría de Fomento del gobierno estatal en el AHCh,¹¹ sorprende ver repetidas referencias a cuestiones “ambientales”, principalmente forestales, al menos a partir de 1921. Entre los oficios y circulares de la Secretaría, hay múltiples denuncias relacionadas con desmontes y quemas que expresan las tensiones entre terratenientes y campesinos (y nuevos ejidatarios) en la época posrevolucionaria temprana. Cada grupo culpaba al otro de la destrucción del ambiente para desacreditarlo ante las autoridades. También se encuentran quejas por las multas impuestas por autoridades forestales y, en algunos casos, solicitudes de condonación debido a la imposibilidad de pagar las sanciones (algunos fueron a la cárcel). También hay denuncias de abuso de las guardias forestales por “extralimitarse en sus funciones” o por acusar falsamente a los campesinos de delitos; se mencionan “arbitrariedades” y hasta “falsas guardias” que cobraban multas. Una carta alude a “caciques” que recibían dinero por dar “permisos” para talar.¹²

Por otro lado, se observa una preocupación por cumplir con las leyes. Hay solicitudes dirigidas a la Secretaría para deforestar áreas para la siembra o para la construcción, además de quejas cuando las solicitudes fueron negadas y señalan la falta de sensibilidad y comprensión de los agentes forestales. En resumen, en el archivo se ve que la cuestión forestal era un campo de disputa al menos desde la década de 1920 en Chiapas, donde las políticas forestales y el mandato de proteger los bosques se oponía a los medios de vida de la población rural. En estas interacciones se nota que, desde el Estado, se trataba de imponer autoridad y legitimidad en el ámbito de lo que hoy llamamos “gestión ambiental” y que diferentes actores ponían a prueba este intento de dominación.

Un ejemplo llamativo que demuestra las formas en que el Estado trataba de inculcar su autoridad y fomentar una conciencia ambiental fue a través de la celebración de la Fiesta del Árbol. Esta iniciativa del ingeniero De Quevedo se instituyó a principios de siglo XX y se retomó después de la Revolución, el 14 de febrero 1923. A través de festejos en los municipios y en las escuelas, se buscaba establecer viveros y promover la reforestación. Una circular de la Secretaría de Agricultura y Fomento de Chiapas, enviada a todos los presidentes municipales de la entidad en enero 1923, resalta la “trascendental importancia que exige la reforestación del país” y suplica que eviten que en sus municipios haya tala e incendio de bosques, recordando “las penas en que incurren los infractores”.

La fiesta tenía también otro objetivo. En la misma misiva declara:

Consideramos que ha llegado el momento de volver […] por los fueros del civismo y de la cultura; y de que todo mexicano que se respete a sí mismo y ame a su patria, contribuya con su propaganda y esfuerzos personales al buen éxito de la fiesta de que se trata.¹³

En fecha posterior, la Fiesta del Árbol pasó al mes de julio (seguramente por la mayor disponibilidad de lluvias), pero en Chiapas, en 1953 todavía se celebraba con mucha energía. Documentos en el archivo hacen referencia a comités estatales y municipales, conferencias, excursiones al bosque, concursos literarios, propaganda, prensa y fiestas simbólicas: “Sea Usted Patriota: por cada árbol que corte, siembre cuando menos otros diez”. Hasta se extendió a un mes de festividades -el Mes del Árbol-, “siendo un deber de ciudadano el plantar árboles para hacer patria”. En los ejidos de la costa de los municipios de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, se tenían planeados al menos 30 eventos en los meses de junio y julio de 1953.¹⁴ Reforestar el país era parte de forjar la nueva patria, y el Estado se hizo presente en la organización de estos eventos en la entidad para difundir con espíritu patriótico una preocupación por el entorno natural, imponer sanciones y coordinar acciones para contrarrestar la situación.

En la opinión de Miguel Álvarez del Toro, naturalista chiapaneco por adopción, las instituciones estatales nunca servían para cuidar la naturaleza. Desde sus días de trabajo en el Museo de Flora y Fauna en la Ciudad de México, a finales de la década de 1930, veía cómo la corrupción, la burocracia y la política interferían con el trabajo de la ciencia (^{Álvarez del Toro, 1990}). A pesar de ser funcionario del gobierno estatal al ocupar el puesto de director del Instituto de Historia Natural durante casi 50 años, en su autobiografía queda claro su desprecio tanto por gobernantes prepotentes e ignorantes, como por burócratas menores que ponían constantes obstáculos en el camino del trabajo del instituto que él dirigía.

De hecho, Álvarez del Toro era escéptico sobre los avances de la “civilización humana” en general. Su libro ¡Así era Chiapas! está lleno de ejemplos de la destrucción de ecosistemas por la colonización campesina o la construcción de infraestructura. Al revisitar la región y reserva de El Ocote en 1974, lamentaba la “plaga humana” que había ocupado el espacio y tumbado los árboles, y consideraba que la presa Nezahualcóyotl (o Malpaso) era un “magno ecocidio”, implementado por los “jerarcos” de la CFE, que ignoraron los avisos sobre los peligros del proyecto (^{Álvarez del Toro, 1990, p. 487}). Hacia el final de su libro, declara:

Es un crimen cómo se ha destrozado a Chiapas. Yo acuso al político venal, al funcionario abúlico que por vivir en un mundo de farsa y que para evitarse problemas ha permitido que las masas ignorantes y los ambiciosos ganaderos hayan quemado y aniquilado los bosques de Chiapas (ibid., p. 503).

Indudablemente, Álvarezdel Toroesunafiguracentralenlahistoriadelambientalismo en Chiapas por su producción científica, gestión de las primeras reservas estatales, el zoológico que lleva su nombre, y sus conferencias y notas periodísticas, las cuales aportaron a la formación de la opinión pública (al menos urbana) en Chiapas durante décadas.

Sin embargo, también se podría argumentar que esta figura dejó un sello purista e intolerante en la conservación en Chiapas. Su visión era un tanto apocalíptica; en 1979 un artículo periodístico de su autoría anuncia: “¡Vamos al abismo!”,¹⁵ y en varias ocasiones usa la palabra hecatombe para describir la crisis ambiental del momento.¹⁶ En sus escritos y conferencias, representó en varias ocasiones al ser humano como inherentemente destructivo,¹⁷ y su visión parece haber sido bastante maltusiana y antitecnológica. Critica el sistema de roza, tumba y quema (“fatídicos incendios”), igual que el uso de agroquímicos. En una conferencia en la ciudad de Morelia en 1991, se refirió a la “ignorancia ecológica” de funcionarios y campesinos, y señaló la “absoluta irresponsabilidad en la reproducción humana”, que era la fuente principal de la destrucción del medio ambiente. Además, recomienda la creación de una nueva Secretaría federal (ambiental) con vigilantes uniformados y armados para detener la devastación.¹⁸ Así pues, Álvarez del Toro deploraba las acciones del Estado en el ámbito ambiental, pero proponía “más Estado” como solución; es decir, más áreas naturales protegidas (ANP) y más vigilancia.

Es en este contexto cuando la política ambiental federal empieza a estar más presente en la entidad. Entre 1990 y 2000, se crearon cinco nuevas reservas de la biosfera en Chiapas; en tres casos (El Triunfo, La Encrucijada y Selva El Ocote), los decretos federales se sobrepusieron a decretos de conservación estatales que había gestionado Álvarez del Toro en los años setenta, y ampliaron las áreas bajo protección (figura 1). Además, confluyeron otros aspectos institucionales, jurídicos y financieros. En 1994, se creó la primera Secretaría federal dedicada exclusivamente a temas ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap); en 1996, se reformó y amplió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y se dio un aumento significativo en financiamiento internacional para la conservación ecológica en México (^{FMCN, 1997}). Este último permitió establecer las direcciones de algunas ANP y, por primera vez, una presencia permanente en el territorio, con directivos, técnicos y guardaparques. Esto implicó la llegada a Chiapas de una ola de biólogos del centro de país, que tomaron los mandos medios y superiores dentro de la nueva Semarnap. También en esta década comenzaron a operar en México y en Chiapas organizaciones internacionales, como Conservation International, World Wildlife Fund y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con nuevas perspectivas sobre la conservación. En este periodo, la federación tomó el control de la agenda de la protección ambiental en Chiapas, en parte financiada por fondos externos y, en ocasiones, en alianza con actores internacionales. Esta dinámica ha perdurado hasta el día de hoy.

Actualmente, casi 20% de la superficie de Chiapas está bajo alguna norma de protección ambiental. Hay 18 ANP federales, de las cuales 7 son reservas de la biosfera, 20 reservas estatales y 13 áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC).¹⁹ No es el estado con más superficie protegida, pero sí el que tiene más ANP. ^{Cano Castellanos (2019)}, en su estudio sobre ANP federales en Chiapas, caracteriza el proceso como “conservación por decreto”. Esto, argumenta Cano, ha elevado mucho la conflictividad en ciertas regiones, “entre tipos de actores y tipos de derechos (ambientales, agrarios, étnicos)” (ibid., p. 244).

En el contexto de nuestra discusión, en primer lugar, el efecto de la creación de estas ANP fue “más Estado” en regiones que habían sido marginadas en el contexto nacional y de Chiapas, áreas de riqueza biológica, pero con mínima infraestructura, bajos niveles de población humana y, muchas veces, incertidumbre en torno a la tenencia de la tierra. Con “más Estado” me refiero a la aplicación de normas ambientales, sistemas de vigilancia y (en teoría) sanciones, además de programas federales que buscaban estimular ciertas prácticas de gestión del entorno. En el día a día, significaba la visita de guardaparques u otros representantes del sector ambiental a los poblados, la colocación de letreros oficiales, la organización de grupos de trabajo para recibir financiamiento para actividades “sustentables” y, a veces, talleres de educación ambiental.

Sin embargo, es importante reconocer los límites de este despliegue estatal. Cada ANP tiene un territorio específico, con diferentes retos, y casi siempre los equipos administradores cuentan con limitados presupuestos para operar en la zona. Como cualquier responsable de ANP diría, mucho del trabajo es la permanente negociación con las comunidades respecto a las actividades permitidas y su acceso a recursos financieros, con una lógica cada vez más transaccionalista. Además, hay comunidades que no permiten la entrada del personal de las ANP e ignoran la normatividad ambiental (como en la Reserva de la Biosfera Montes Azules en la selva Lacandona) o poblados que bloquean el acceso a partes de las reservas hasta que las autoridades resuelven sus demandas (como en la Reserva de la Biosfera El Triunfo en la Sierra Madre).

Pero la tendencia general ha sido lo que ^{Cano Castellanos (2014)} denominó una “ecologización” de estos territorios, un proceso “a partir del cual espacios, sujetos y prácticas, son redefinidos de acuerdo con una mirada ecologista que tiende a imponerse y a generar tensiones” (ibid., p. 117). Esta idea se aproxima a la noción de “ambientalidad” de ^{Agrawal (2005)}, cuando se refiere a una situación donde la dimensión ambiental domina la interacción de la población local con el Estado y la ecología se vuelve política. Varios trabajos recientes realizados en Chiapas han indagado en el tema de los “sujetos ambientales” y la interacción entre las prácticas locales de gestión y las políticas ambientales. ^{Cano Castellanos (2018)}, por ejemplo, en una etnografía sobre el establecimiento de áreas voluntarias de conservación en tres ejidos en la región Marqués de Comillas en la selva Lacandona, describe cómo este dispositivo de poder -la certificación gubernamental- se volvió la interfaz que permitió la interacción entre ejidatarios y autoridades ambientales, cuyo resultado fue la “coproducción de la conservación ecológica”. De acuerdo con Cano Castellanos, la decisión comunitaria de conservar no fue resultado de una conciencia ambiental, sino de una decisión política, una forma de posicionarse y dialogar con el Estado para obtener otros beneficios, dentro de un nuevo “lenguaje ecologizado que ha permeado su cotidianidad” (ibid., p. 414).

^{Megchún (2019)}, en un artículo sobre un ejido en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, examinó cómo las prácticas locales de cacería fueron transformadas en el contexto de las normas de la reserva, ideas divergentes sobre cómo manejar la vida silvestre adecuadamente, e incluso las expectativas de los turistas (que no quieren ver la cacería de animales silvestres en una reserva). A pesar de que las intervenciones de las autoridades ambientales son intermitentes y las sanciones escasas, Megchún observa que “la conjunción de políticas, mecanismos, recursos, discursos y sujetos ambientales conforman en la actualidad un tenue y disputado proyecto hegemónico de gobernanza en la materia” (ibid., p. 44).

Otros trabajos han investigado el tema de la gubernamentalidad ambiental en el contexto de las ANP en Chiapas. ^{Gómez Villalpando y Trench (2022)} describieron este proceso en el caso de dos comunidades lacandonas en el norte de la selva Lacandona, donde después de solicitar que sus tierras fueran decretadas como ANP (principalmente para defenderse contra invasiones de otros grupos de campesinos), los dos poblados se encontraron atrapados en un régimen ambiental que ha trastocado su identidad, definido sus oportunidades económicas e, irónicamente, erosionado sus prácticas de manejo tradicionales. Estos autores concluyeron que, para estos lacandones, ser “ambientalistas les ha traído beneficios económicos y políticos, pero […] se han vuelto ‘vigilantes’ (vigilados), sujetos a la política ambiental nacional” (ibid., p. 634). En todas estas investigaciones, se observa cómo el campo de la conservación ecológica ha acercado ciertos sectores de la población rural al Estado y a sus discursos, dispositivos y técnicas de poder.

En este caso, se observa otra dinámica en la formación del Estado, la paulatina construcción del Nature State, evidente en la incipiente gobernanza ambiental por parte instituciones estatales, primero en clave patriota en la época posrevolucionaria, y luego, a finales del siglo XX, a través de un aparato estatal más consolidado y una nueva gubernamentalidad ambiental o proceso de “ecologización”.

Conclusiones

Este artículo ha tratado de demostrar que las dos formas de presencia estatal -la destructiva y la proteccionista-, lejos de oponerse, se articulan como formas complementarias de consolidación del poder estatal. En los casos presentados, se observan con facilidad la construcción de State natures (naturalezas estatalizadas) en los cambios en la hidrografía, los distritos de riego y la agricultura tecnificada, y en un ordenamiento del territorio que respondía a una lógica extractiva. Por otro lado, el Estado ha asumido, cada vez más, funciones en el cuidado y administración de la naturaleza con la creación de ANP, corredores biológicos y la certificación de “áreas de conservación”, y ha adquirido los rasgos de un Nature State. En el caso de Chiapas, varios autores han explorado las consecuencias de los nuevos regímenes ambientales en las prácticas y subjetividades de los habitantes de las ANP, y señalan que los valores ambientalistas permean lo cotidiano de la vida campesina, lo que conduce a nuevas formas de gubernamentalidad (ambiental) y a la apropiación local de discursos ecológicos y hasta a prácticas de (auto)vigilancia.

En el caso del Estado “destructor” y de la negociación de su poder en el contexto de la implementación de proyectos estatales como la CRG, la literatura académica sobre México y el sureste es más limitada. Parece importante analizar las formas en que megaproyectos históricos como la CRG, trajeron “más Estado” al sureste y a Chiapas en particular. Las negociaciones antes y después de las inundaciones implicaron reuniones regulares, el levantamiento de acuerdos y correspondencia entre la población y los agentes del Estado (funcionarios de la SRH, CFE y el sector agrario); la CRG creó un nuevo campo de interacción (burocrática) entre los actores. Además, se incrementó significativamente la información que el Estado poseía sobre estas regiones a través de los múltiples estudios realizados en el marco del proyecto, lo que aumentó la legibilidad de la población. Así es como el Estado creó nuevos contextos, como la CRG y las ANP, en los que la agencia política era tanto autorizada (en nombre del Estado) como promulgada (por los así autorizados) (^{Hay, 2014}).

¿Cómo es posible que el Estado sea tanto protector como destructor? Primero es importante posicionarse históricamente. Las contradicciones entre estos dos proyectos de Estado -de desarrollo y conservación- son más evidentes ahora que vivimos con las consecuencias de tantos proyectos equivocados. Para los planeadores del desarrollo a mediados del siglo XX, la “naturaleza” era un ente que debía ser “conquistado” para beneficio de la humanidad, sobre todo cuando se trataba del trópico húmedo. En la ideología altomodernista, la naturaleza era un fondo inerte sobre el cual se diseñaba e imponía el desarrollo; la imagen del “Estado destructor” emerge luego. En segundo lugar, el Estado como actor ambiental “está inherentemente más fracturado internamente que como proveedor de servicios de bienestar” (^{Robbins, 2008, p. 205}). El tema ambiental es transversal y muchas acciones estatales pueden tener implicaciones negativas para el entorno natural, previstas y no, las cuales son aceptables para algunos actores, pero para otros no. Además, visiones sexenales cortoplacistas, la corrupción y presupuestos inadecuados para el sector ambiental, han inhibido que el Estado cumpla con su papel de protector de la naturaleza. Su supuesta responsabilidad en este ámbito parece poco más que un discurso ideológico.

Desde la perspectiva de los directamente afectados por las obras hidráulicas de la CRG, ver desaparecer sus pueblos bajo el agua seguramente afectó sus ideas sobre el Estado. Viene a la mente la frase bíblica: “El Señor da y el Señor quita”. En su libro sobre La Perseverancia, Palacios cuenta cómo la gente observaba, desde los cerros cercanos, el lento avance del agua sobre el valle y su pueblo:

Al amanecer del quinto día, el manto de agua empezó a cubrir el panteón. Los perros intuyendo el dolor humano gemían y movían la cola ante sus amos que lloraban al ver como las sepulturas de sus seres queridos desparecían debajo del agua (^{Palacios, 2019, p. 283}).

En la presente discusión no hay que obviar la tragedia humana en estos acontecimientos y el enojo y resentimiento experimentados por muchos de los afectados que también dieron forma a las representaciones del Estado que circulaban en los años posteriores. No pudieron detener la hidropolítica en ese momento, pero seguramente la experiencia dejó un legado palpable para futuras interacciones.