Introducción

La ciudad de Puebla, México, ha experimentado importantes transformaciones espaciales que se manifiestan principalmente en su expansión urbana y en la reconfiguración del Centro Histórico. Este último ha sido objeto de remodelaciones implementadas al interior de un proceso de patrimonialización de la arquitectura y de los monumentos en función de su conservación y de promoción del turismo. En este escenario, el barrio de San Antonio ha representado históricamente una especie de cara oculta de la ciudad de Puebla, y ahora de su Centro Histórico, debido a la composición popular de su población y a condiciones sociales y materiales de mayor precariedad. Esta situación se ha reflejado en la percepción que los habitantes de la ciudad de Puebla tienen de este barrio, el cual suele ser representado con atributos descalificantes y con actitudes estigmatizadoras.

En este artículo se presentan las principales transformaciones ocurridas en el Centro Histórico de Puebla en las últimas cuatro décadas y se analizan las condiciones materiales y simbólicas que condicionan la vida de los habitantes del Barrio de San Antonio. Con base en esta información, en el apartado de conclusiones se pone a consideración la tesis que plantea que no hay que entender la exclusión de San Antonio de los beneficios de la economía turística y de las intervenciones públicas de remodelación como error en la planeación o realización de dichas intervenciones, tampoco como retraso temporal en su aplicación; sino que dicha exclusión es funcional al interior de las relaciones con los demás espacios del área de monumentos. Esto significa que, para mantener ciertas condiciones materiales y sociales, así como elementos estéticos en las cuadras dedicadas al turismo, San Antonio es un espacio que recoge todas aquellas externalidades negativas de esta zona de la ciudad, que se prefiere mantener afuera de los espacios embellecidos.

La estigmatización que los habitantes de San Antonio han sufrido en el pasado y siguen sufriendo en el presente es un elemento que facilita y que se usa como justificación para sustentar las acciones que reproducen esta condición subordinada como cara oculta de las áreas turísticas del Centro Histórico. Dicha estigmatización lleva a concebir a los habitantes del barrio como una entidad unitaria y homogénea a su interior. La segunda tesis que se pone a consideración es que, en cambio, las relaciones sociales que se constituyen al interior de San Antonio generan divisiones y jerarquías sociales, a través de las cuales se reproducen dinámicas internas de estigmatización y discriminación. Con base en lo anterior, se propone que, contra el sentido a la percepción común que los habitantes de la ciudad suelen tener de San Antonio, el reconocimiento de estas divisiones y jerarquías internas se convierten en un elemento importante a tomar en cuenta para orientar las diferentes intervenciones que, desde las instituciones públicas o la sociedad civil, se dirigen al barrio.

El artículo está dividido en cuatro apartados. En el primero, se presenta una contextualización histórica de las principales transformaciones del espacio del Centro de Puebla. En el segundo, se presenta información sobre algunas de las principales condiciones materiales experimentadas por los habitantes del barrio, de las cuales se dará cuenta a través del concepto de precariedad. En el tercero, se exponen las condiciones simbólicas o de representación que condicionan la relación de los habitantes de San Antonio con la ciudad de Puebla, y que dichos habitantes reproducen a su interior. Para dar cuenta de estos aspectos, se hará uso de los conceptos de estigmatización territorial (con relación a la imagen negativa que se imprime desde afuera del barrio) y de estigmatización social (con relación a la reproducción de imágenes negativas y descalificantes al interior del mismo barrio). Finalmente, un apartado de conclusiones donde se reflexionan los resultados generales de la investigación.

Los datos que se presentan en este artículo proceden de la investigación realizada para una tesis de maestría en antropología sociocultural en el periodo 2017-2019. La información fue recolectada principalmente a través de las técnicas del método etnográfico, la observación participante, las entrevistas semiestructuradas a habitantes del barrio, fuentes historiográficas y documentos de archivo.

Historia del barrio de San Antonio

El Centro Histórico de Puebla está integrado por catorce barrios y una colonia (figura 1). El Barrio de San Antonio se encuentra ubicado en la zona norte del centro, entre las calles 5 Norte y Boulevard 5 de mayo, y entre la avenida 18 Poniente y la calle 30 Poniente; y tiene una población de 3,537 habitantes (^{INEGI 2010}).

Figura 1 Localización del Barrio de San Antonio y delimitación de la Zona de Monumentos Históricos de la ciudad de Puebla. Fuente: Adriana ^{Hernández (2015)}. 

El Barrio, durante el siglo XVI, se ubicaba fuera de la traza de la ciudad de españoles y recibía de manera temporal a campesinos e indígenas que venían a comerciar a la ciudad. Poco a poco se convirtió en un lugar de habitación permanente en especial para estas poblaciones y, con el tiempo, para los obreros textiles del virreinato (^{Vélez 2007}). Posteriormente, hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, el Barrio de San Antonio fue receptor de población migrante extranjera, principalmente libaneses; así como de obreros durante el periodo de industrialización del textil que cobró una presencia significativa en la ciudad.

El barrio fue creciendo a medida que la ciudad ampliaba su mancha urbana. La principal expansión morfológica de la ciudad se dio en el siglo XX, cuando San Antonio inició su proceso de urbanización con la construcción de viviendas en lotes que aún eran huertas y en lo que fue el panteón del convento. La autorización para urbanizar esta zona de la ciudad careció de una planeación municipal que dejó toda la responsabilidad a sus habitantes para proveer de servicios públicos al barrio (^{González-Márquez 2021}).

En ese periodo, el barrio se convirtió en la zona de tolerancia de la ciudad (^{Tirado 2013}; ^{Ramírez 1999}) a partir de las disposiciones del ayuntamiento para la regularización y reglamentación de esta actividad (^{Estrada 2007}; ^{Ramírez 1999}; ^{Bijarro 2000}). De acuerdo con ^{Tirado (2007)}, la ubicación de la zona de tolerancia en San Antonio traspasó las barreras de la vida "normal". Vivir en la zona de tolerancia de la ciudad representó un gran problema para los vecinos del barrio, "lo público y lo privado se trastocó, pues las mujeres públicas empezaron a ser señaladas en su privacidad también; como la vida privada, cotidiana, de los vecinos fue amenazada con lo público de la zona roja" (^{Tirado 2007: 128}). Esto se reflejó en las denuncias que los habitantes hacían al ayuntamiento con condenas morales hacia las mujeres que actuaban fuera de las normas sociales y amenazaban el orden social, y la solicitud de reubicar la zona de tolerancia a las afueras de la ciudad.

El crecimiento morfológico de la ciudad de Puebla creó nuevas periferias. La expansión se dio principalmente hacia el norte por la construcción de la autopista México-Puebla y la llegada de la industria automotriz con la multinacional Volkswagen en los años sesenta. A finales de los años cincuenta y durante los sesenta, se implementaron políticas de intervención de obras públicas para modernizar el barrio de San Antonio: se dictaron diversas ordenanzas y se llevaron a cabo intervenciones como la pavimentación de las calles, la clausura del mercado del carbón en 1953 y la construcción en su lugar del jardín "Rafael Hernández Villar". El crecimiento de la ciudad hizo necesario intervenir la zona centro para reubicar aquellas actividades que eran vistas como transgresoras del orden social y moral. En 1968 se clausuró la zona de tolerancia y se trasladó a la calle 90 Poniente, al norte de la ciudad, hacia donde la expansión de la mancha urbana era más evidente.

Otra coyuntura que transformó el paisaje urbano del barrio y su vida cotidiana fue el cierre de las fábricas textiles, donde trabajaban muchos de sus habitantes. La fábrica textil había tenido un significado importante en la vida cotidiana de la ciudad de Puebla, no solo fue fuente de trabajo para muchas familias, sino que ordenaba y marcaba los ritmos de la vida de los barrios, a través de los silbatos que indicaban las horas de cambio de turno, tres turnos de ocho horas cada uno, que coincidían con las horas de la comida o el ingreso de los niños y las niñas a la escuela.

El cese de la actividad industrial textil impactó la cotidianidad de la vida porque, como dice Elena, mujer de 65 años, hija de obreros y artesana, "todo se acabó, empezaron a cerrar las fábricas, la gente se empezó a ir y, de repente, no volví a escuchar los silbatos" (entrevista a Elena, 7 de julio de 2018). Muchos barrios del centro de la ciudad de Puebla, donde se encontraban ubicadas las fábricas, sufrieron un abandono y deterioro como resultado del desempleo generado por el cierre de éstas.

En esos mismos años de transformaciones profundas en la estructura productiva y ocupacional de la ciudad, la parte del centro correspondiente a la llamada Zona de Monumentos, entre 1970 y 1980, estuvo "sujeta a enormes presiones relacionadas con la tendencia a la especialización, es decir, a la expansión de las actividades comerciales y de servicios en detrimento de las áreas habitacionales, las cuales van siendo desplazadas parcialmente hacia la periferia de la ciudad" (^{Vélez 2007: 118}). Dicha tendencia fue implementada por nuevos intereses e inversiones capitalistas sobre el capital inmobiliario y por la inserción de este espacio urbano al interior de un proceso de patrimonialización que, más tarde, se entrecruzará con la expansión del sector turismo.

A inicios de los años 70 se estableció un marco normativo federal sobre la gestión y protección del patrimonio histórico y cultural del país, que creó las condiciones para que, en 1977, se declarara la Zona de Monumentos Históricos en el centro de la ciudad; la zona incluye 2,619 monumentos históricos y religiosos ubicados en 391 manzanas. La creciente crisis económica y política de la época de los años setenta impidió la gestión municipal de dichos monumentos (^{Gálvez 2009}). En ese periodo, la revaloración de edificios antiguos en el centro se hizo a través de particulares. Resalta el caso del llamado "barrio universitario" que da cuenta de cómo, "sin responder a una planificación expresa sino a una necesidad de expandir sus instalaciones la Universidad Autónoma de Puebla ha venido adquiriendo edificios antiguos" (^{Milián 2001: 232}).

En 1982, con el Plan Parcial del Centro Histórico¹ se intentó proteger y conservar la traza urbana a nivel municipal. El ayuntamiento a cargo de Jorge Murad (19841986) dio inicio al llamado "Plan de Desconcentración Comercial", que se había configurado desde la década de 1940, llevando a cabo una serie de acciones con el fin de desplazar el comercio popular a las periferias mediante la construcción de un conjunto de mercados: dicha medida implicó el desalojo de locatarios del mercado popular de La Victoria, ubicado en la 3 Norte entre las calles 4 y 8 Poniente para convertirlo en un centro comercial privado, así como la reubicación de la Central de Abastos al nororiente de la ciudad. Además, las líneas de transporte que atravesaban la zona centro fueron desplazadas por el Sistema de Transporte Urbano de rutas perimetrales y transversales. Se construyó la Central de Autobuses de Puebla (Capu) en la zona norte de la ciudad, cuyas terminales se encontraban anteriormente dispersas por el centro histórico.

En 1987, el centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad² por parte de la Unesco. A partir de entonces, este espacio urbano (caracterizado por el abandono de las políticas públicas urbanas) se transforma en un lugar para recuperar, renovar en aras conservar y de fomentar el desarrollo económico de la ciudad a través del turismo y que apela al pasado inmemorial para consolidar dicho propósito.

Estas modificaciones, y el nuevo escenario en las cuales se desplegaron, impactaron la zona de fábricas, bodegas y moteles. Las personas que residían o tenían su actividad económica en estos lugares fueron desalojadas y desplazadas a otras partes de la ciudad; esto trajo como consecuencia la deshabitación de viviendas populares (^{Vélez 2007}) y la zona quedó en desuso y deteriorada (^{Cabrera y Tenorio 2006}). La expulsión de la población implicó un abandono habitacional del centro histórico que dio como resultado "la subutilización o degradación de áreas urbanas" (^{Vélez 2007: 17}). Mientras tanto, los edificios más emblemáticos del patrimonio arquitectónico fueron intervenidos y restaurados generando paulatinamente un incremento en la rentabilidad inmobiliaria del centro de la ciudad, así como la idea de que se debía procurar su conservación (^{Vélez 2007}).

En la década de los 90, el proyecto Paseo del Río San Francisco aportó nuevas e importantes modificaciones al espacio urbano del centro histórico. Dicho proyecto formó parte del Programa de Desarrollo Regional Angelópolis llevado a cabo durante el gobierno de Manuel Barlett (1993-1999). Era un proyecto parcial que contemplaba la intervención y renovación del centro histórico de la ciudad a partir de la inversión, tanto pública como privada, orientada al fomento del turismo y del comercio. Para ello, "se propuso la construcción de hoteles de lujo, restaurantes, cines, la recuperación del cauce del río de San Francisco [...] y fundamentalmente un centro de convenciones" (^{Cabrera y Tenorio 2006: 9}). Además, se pretendía garantizar el bienestar de la población, así como la preservación de costumbres y tradiciones de los barrios que integran la Zona de Monumentos³.

Las intervenciones implementadas por el programa fueron calificadas de utilidad pública, con la cual se decretó la expropiación de "23 manzanas completas, 4 fracciones y 4 parques recreativos, abarcando un área de 22.4 hectáreas del Centro Histórico" (^{Rodríguez 2001: 33}). Dichas intervenciones transformaron la imagen de toda esa zona de la ciudad y agudizaron procesos de expulsión y gentrificación. Las autoridades iniciaron procesos de expropiación, desalojo y expulsión de los habitantes de aquellos inmuebles de interés público e hicieron uso de la fuerza pública para lograrlo.

En la mayoría de las vecindades, los propietarios interesados en vender sus predios participaron en el desalojo de los inquilinos para dar paso a la demolición de las viviendas. Los habitantes que no fueron expulsados en aquel momento lo serían más adelante debido al deterioro y abandono de las zonas o a la especulación y encarecimiento del suelo urbano.

En el Barrio de San Antonio se desalojó y expulsó a los habitantes de la vecindad conocida como "El Mesón", ubicaba en el Boulevard 5 de mayo y la calle 28 Poniente, para construir la plaza comercial Plaza San Antonio. A un lado de esta plaza, en la antigua fábrica de hilos "Manchester", se construyó una sucursal de la empresa de venta de calzado por catálogo "Andrea". La vecindad "El Mesón" fue desalojada por la fuerza con el aval del dueño, quien vendió el terreno para la construcción de una plaza comercial. La mayoría de los habitantes del barrio estuvieron de acuerdo en el desalojo de la vecindad porque la consideraban un lugar muy peligroso.

El proyecto como iniciativa de intervención, protección y valorización del patrimonio ha traído aparejado un proceso de mercantilización que ha resultado excluyente, ya que las personas que viven dentro del polígono protegido no han resultado beneficiadas con la patrimonialización; al contrario, se han limitado sus posibilidades de vivir y apropiarse de su espacio. La mercantilización del centro ha transformado espacios de pequeños negocios de comida económica, en restaurantes lujosos o grandes cadenas de comida rápida. Así mismo, ha crecido la oferta de hoteles, servicios al turismo, casas de cambio, tiendas boutique, entre otros.

Los intereses que han orientado las intervenciones en la Zona de Monumentos han sido condicionados por las lógicas del mercado, lo cual tuvo implicaciones significativas en términos de las políticas de planeación urbana y de atención por parte del Ayuntamiento. Al respecto, se puede observar que, por un lado, se ha diferenciado la atención entre los barrios que conforman el centro histórico, ya que se invierte más en el área que es funcional a los intereses del capital inmobiliario, turístico y patrimonial; por otro, estos procesos de distribución desigual de los recursos y las intervenciones han generado el crecimiento de un cinturón de pobreza y desigualdad dentro del propio centro histórico, como es en el caso de San Antonio.

La precariedad como constante en las condiciones materiales de vida

Alicia⁴ vive en una vecindad que, tanto ella, como los demás habitantes del barrio, perciben como peligrosa. "Estás en uno de los edificios más peligrosos del centro" fueron las palabras de bienvenida. Al entrar me percaté que era un lugar muy oscuro y las paredes estaban rayadas. El pasillo de entrada daba acceso a un pequeño patio con muchas mangueras junto a la cisterna de agua, algo común dada la carencia de agua potable en el barrio. Alicia vive en el segundo piso de un edificio grande y dividido en cuartos de vecindad. Las ventanas de su habitación estaban rotas, había ropa en cada silla, mesa y cama de la casa. Cuando entré al baño noté que estaba lleno de cubetas, la mayoría vacías, porque estaban esperando a que esa noche les dieran un poco de agua, pero lo que llamó mi atención fue una cubeta colgando del tubo oxidado de la regadera. Cuando salí del baño le pregunté por esa cubeta, mientras levantaba los platos de la mesa me respondió: "nunca la hemos usado, no nos hemos bañado en esta casa"⁵.

Las tendencias de precarización de la vida en la era neoliberal no dependen únicamente de las transformaciones de la estructura productiva y ocupacional, sino también de los lineamientos que orientan las decisiones políticas de las instituciones públicas. Las diferentes posturas o definiciones críticas del neoliberalismo concuerdan con la idea de que esta fase histórica es caracterizada por la expansión de las relaciones mercantiles a ámbitos de la vida social anteriormente externos del mercado, así como la imposición de la lógica económica (de maximización de beneficios y reducción de costos) como parámetro que orienta las políticas públicas (^{Harvey 2008}; ^{Peck et al. 2009}). El Estado, según estas interpretaciones, cumple con el papel de crear las condiciones para posibilitar e incrementar estas tendencias. Un ejemplo, donde la nueva orientación de las políticas del Estado se entrecruza con la intensificación de la precarización de las vidas en San Antonio, es el del servicio del agua.

En 2013 se privatizó el servicio público del suministro de agua en la ciudad de Puebla y otros municipios del área metropolitana. Este acontecimiento encuentra sus condiciones de posibilidad en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y en la Ley de Aguas del Estado de Puebla, sancionada en 2012 durante la administración de Moreno Valle. La licitación con la cual se concesionó el servicio de aguas en Puebla "fue ganada por Aguas de México, que transfirió el derecho a un consorcio creado días antes, Agua Puebla para Todos, situación amparada por el marco legal mexicano. Éste, que actualmente gestiona la concesión del servicio de agua, está integrado por empresas nacionales y extranjeras, así como por un fideicomiso bancario" (^{Navarro et al. 2017: 82}).

Las consecuencias de la privatización del agua han generado importantes afectaciones a la vida de muchos habitantes, sobre todo aquellos más pobres que viven en las vecindades. La carencia del agua era un tema recurrente en las entrevistas. Se narraban historias divertidas de hombres y mujeres en los baños públicos, así como historias sobre las largas esperas, a veces hasta las tres de la mañana, para recibir el agua que repartía el velador del edificio. Todas las personas del barrio dependen de la movilización de recursos económicos para acceder al agua. Éste es el caso de Omaira, quien vive sola y, por tanto, el tema del agua se convierte en un grave problema en su vida cotidiana. En la vecindad donde vive se abastecen con un camión de agua a la semana, la distribuyen con mangueras dos o tres días a la semana durante 15 minutos a cada cuarto de la vecindad. Durante este tiempo deben almacenarla en todo tipo de recipientes. Normalmente, Omaira no está en su casa cuando el dueño distribuye el agua y depende del favor de sus vecinos o, en algunos casos, tiene que dejar de trabajar el día que la reparten. Ella gasta más dinero para cubrir sus necesidades de agua, ya que debe ir más días al baño público a bañarse (la entrada al baño público cuesta $30) y llevar su ropa a la lavandería (cada kilo de ropa cuesta $12).

Los relatos evidencian el efecto devastador de la privatización del agua en las poblaciones precarizadas. El alto costo del servicio de agua privatizado ha exacerbado la carencia de éste, lo cual ha provocado que los habitantes de San Antonio recurran a infinidad de estrategias para resolver sus necesidades de agua.

El Instituto Municipal de Planeación Puebla, durante la administración municipal correspondiente al periodo de la investigación, señalaba al barrio de San Antonio como Zona de Atención Prioritaria (ZAP), debido a que era considerada un área "cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social". No obstante, esto no implicó que en los hechos fueran atendidas y solucionadas las problemáticas del barrio.

En efecto, en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del municipio de Puebla (2015), se presentaba el diagnóstico del centro histórico con el fin de dar a conocer las intervenciones necesarias con datos que permitieran sustentar dos criterios principales sobre los que descansaba este programa parcial: 1) repoblamiento de la zona de estudio (y del centro histórico) mediante el aprovechamiento del patrimonio construido con las densidades propuestas en dicho programa; 2) consolidación de vacíos urbanos, principalmente con vivienda, promoviendo la reutilización y adecuación de inmuebles compatibles con los usos establecidos en la zonificación primaria. Llamaba la atención que en el programa parcial se describían criterios relacionados únicamente a la infraestructura de la zona, sin que se planteara criterio alguno para atender a la población habitante, en especial a aquellos que viven en las vecindades deterioradas.

La problemática relacionada con las condiciones materiales de los inmuebles y de los servicios en San Antonio es confirmada también por los datos estadísticos oficiales, que reportan que 74.7%⁶ de las viviendas están ocupadas, mientras que alrededor de 30% están desocupadas⁷, principalmente a causa de su alto deterioro. Las casas que cuentan con el servicio de agua entubada llegan a 91.87%, a pesar de que este servicio no es constante. En algunas de las viviendas propias, el abastecimiento no es diario, pero sí proviene del acueducto, mientras que en las vecindades solo reciben agua dos o tres días a la semana por medio de las pipas de agua que compran los vecinos por cooperación (20 o 30 pesos por familia).

Durante la investigación de campo y a través de los testimonios de las personas entrevistadas se observaban graves carencias también en las condiciones de vida y de trabajo de las personas. A diferencia de las décadas pasadas, la composición de la fuerza de trabajo parece no ser mayoritariamente obrera, bajo la figura del trabajador asalariado con garantías y derechos sociales, sino que se percibe la existencia de una pluralidad de figuras del trabajo que a menudo operan por cuenta propia o sin relaciones laborales formales, en condiciones de bajos ingresos y continua incertidumbre para satisfacer sus propias necesidades. Algunos testimonios procedentes de las historias de vida de habitantes de San Antonio dan cuenta de estas condiciones de carencias e incertidumbres.

Graciela, una mujer de 64 años ha vivido toda su vida en San Antonio. Sus abuelos, provenientes de Veracruz, llegaron al barrio en los años treinta. Sus papás fueron obreros textiles que fueron despedidos cuando cerró la fábrica en los años sesenta. En ese entonces, según su testimonio, las condiciones de pobreza, que de por sí ya sufría su familia, fueron empeorando aún más. Actualmente, Graciela trabaja de lunes a sábado como personal de limpieza en un hospital. Desde hace cuatro años no ha tenido vacaciones, tampoco tiene derecho a pedirlas porque si lo hace la despiden.

Martha es una mujer de 26 años, nieta de obreros textiles. Sus abuelos llegaron a vivir a San Antonio en los años cincuenta, cuando la industria textil estaba en su apogeo, pronto consiguieron trabajo como obreros en diferentes fábricas de hilados ubicadas en el vecino barrio El Refugio. A finales de los años sesenta cerraron las fábricas y los obreros fueron despedidos. Expulsados de la relación de trabajador asalariado formal, buscaron múltiples formas de solventar sus necesidades económicas: renta, alimentación, vestido y la educación de sus hijos. La abuela de Martha encontró trabajo en el servicio doméstico y su abuelo se dedicó a hacer "talachitas". A raíz de la crisis económica familiar generada por el cierre de las fábricas, la mamá solo pudo estudiar la primaria ya que debió salir al mercado laboral en busca de ingresos que permitieran completar el gasto familiar.

Estos testimonios, junto a muchos otros recogidos en campo, refieren a formas de trabajo que en las estadísticas oficiales suelen catalogarse bajo la categoría de informalidad, es decir, aquellos empleos al interior de actividades económicas no formalmente constituidas como empresas o que no cuentan con condiciones o derechos laborales mínimos, como son el contrato escrito, las prestaciones laborales, la protección y seguridad social. La informalidad laboral suele ser concebida como una condición de vulnerabilidad del trabajador, debido a que suele presentarse con ingresos bajos, además de no contar con medidas de seguridad social y derechos laborales.

Estas condiciones que se suelen encontrar en muchos habitantes de San Antonio reflejan una tendencia general de los mercados laborales de muchas partes del mundo, que en la literatura internacional se suele nombrar con la categoría de precariedad. Esta última refiere a la condición de inseguridad e incertidumbre que millones de trabajadores contemporáneos experimentan en el trabajo (^{Beck 2000}). En las últimas décadas, esta tendencia ha revertido la ilusión experimentada en la segunda mitad del siglo pasado en los países industrializados, y en parte menor en América Latina, que suponía el alcance del llamado pleno empleo de todos los trabajadores en formas contractuales formales de trabajo asalariado y bajo los regímenes de seguridad social del estado de bienestar.

La precariedad laboral, en cambio, suele presentarse en formas de trabajo llamadas "atípicas" (para distinguirlas del ideal del trabajo asalariado con protección y seguridad social), que "incluyen el trabajo temporal, de tiempo parcial, a domicilio, nocturno, el autoempleo y el llamado outworking, todos ellos considerados como formas variadas de alejamiento de la norma ideal de empleo, de origen fordista" (^{Guadarrama et al. 2012: 215}).

Ante esta gran heterogeneidad de las formas de manifestación del trabajo contemporáneo, los trabajadores y las trabajadoras no comparten muchos elementos o condiciones comunes. Como escribe el colectivo español Precarias a la deriva: "nuestras situaciones son tan diversas, tan singulares, que nos resulta muy difícil hallar denominadores comunes de los que partir o diferencias claras con las que enriquecernos mutuamente" (^{Precarias a la deriva 2004: 17}). Sino que el común denominador en estas experiencias laborales es la condición de inseguridad, que se puede entender como ausencia de un entorno de seguridad social como el que se trataba de otorgar con las garantías y servicios del estado de bienestar (^{Beck 2000}) y también como condición de la experiencia de vida de las personas: "la precariedad [...] produce «inseguridad» en tanto preocupación central del sujeto" (^{Lorey 2016: 16}). Estas consideraciones han llevado a algunos autores a considerar que la precariedad es una condición que no se limita al contexto laboral y de los trabajadores, sino que tiene un papel político en cuanto refiere a la condición de incertidumbre que caracteriza a la experiencia de la vida misma de muchas personas en el neoliberalismo (^{Butler 2009}).

Además de las condiciones laborales atípicas, flexibles, con bajos ingresos y sin protección social, la precarización de la vida de los habitantes de San Antonio se observa en otros ámbitos sociales. Por ejemplo, en el barrio 56.6% de la población no es derechohabiente de algún servicio de salud pública, ante el promedio de 42% de la ciudad de Puebla. Esto genera que muchas de las personas que trabajan en la economía informal, por no contar con seguridad social (y a veces incluso cuando están afiliadas al Seguro Popular), deben optar por una atención privada que ofrece servicios de diversos costos y calidad, lo cual explica la proliferación de consultorios médicos en Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro o diversas farmacias particulares del barrio.

Las difíciles condiciones de vida que viven los habitantes en San Antonio no se presentan únicamente en las carencias materiales y la incertidumbre para sobrevivir, sino también en la imagen descalificada que los demás habitantes de la ciudad suelen atribuirles, que en ciertas ocasiones se traduce en prácticas discriminatorias que padecen solo por el hecho de ser vecinos del barrio. Ante esta imagen estigmatizada del barrio, sus habitantes suelen relacionarse de diferentes maneras, desde los intentos para revertirla, su aceptación, hasta su reproducción al interior de los grupos de vecinos.

Condiciones simbólicas: estigmatización externa e interna

San Antonio, en el imaginario de los habitantes de la ciudad de Puebla, es el barrio bravo. La imagen negativa que se suele tener de San Antonio tiene orígenes antiguos y se ha reconfigurado a partir de diferentes situaciones que han ocurrido en el barrio: desde la ubicación de la zona de tolerancia en las primeras décadas del siglo XX y la presencia de la banda delincuencial de los Pitufos en los años 70, hasta los elevados índices de inseguridad relacionados con los delitos de la criminalidad común en los últimos años y la participación de algunos de sus habitantes en el comercio de droga.

Las calificaciones negativas que suelen estar asociadas a la imagen que se atribuye a San Antonio desde afuera, conforman lo que Goffman denominó estigma, es decir, "un atributo profundamente desacreditador" (^{Goffman 2015: 15}). Dicho atributo no hay que entenderlo únicamente como una característica del espacio o de su población, sino principalmente como producto de una relación social, es decir, el estigma se produce en la relación entre el barrio de San Antonio (y sus habitantes) y el resto de la ciudad (y sus habitantes) y, sobre todo, opera como medio a través del cual se reproducen relaciones sociales excluyentes y discriminadoras. Goffman señala que el individuo estigmatizado es producido por "una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como la de la clase social" (^{Goffman 2015: 17}).

Aunado al estigma social referido a grupos sociales, autores como ^{Wacquant, Slater y Borges (2014: 220)} proponen el concepto de "estigma territorial", es decir, "una forma significativa y perjudicial de acción mediante la representación colectiva centrada en un lugar determinado". Desde esta perspectiva, a estos barrios estigmatizados "se los conoce internamente y desde afuera como sectores en problemas, barrios "prohibidos" de la ciudad, como territorios de privación y abandono de los que hay que huir, pues constituyen focos de violencia, vicios y disolución social" (Wacquant 2013: 13).

El estigma no es solo una calificación que se atribuye desde afuera, sino que sus significados son incorporados y reelaborados de varios modos por las propias personas que lo sufren. "Si el estigma opera dentro de relaciones de poder y dominación, uno de sus efectos es que los estigmatizados conocen los estereotipos que circulan sobre ellos y pueden llegar a participar de los mismos" (^{Kessler 2012: 177}). En este sentido, el estigma es una expresión de la violencia simbólica que se ejerce sobre las personas como resultado de una constante violencia estructural. Tanto la estigmatización territorial como la social se internalizan a tal grado que, como señala ^{Bourgois (2009)}, son legitimadas como naturales y merecidas. No es una violencia coercitiva, sino que quien la sufre ha pasado por un proceso de normalización que le impide desafiarla (^{Bourdieu 2005}).

Esta relación tensa de las personas con el estigma que les es atribuido al interior de ciertas relaciones sociales genera reacciones ambivalentes que pueden presentarse bajo la forma de prácticas de aceptación y reproducción, hasta a los intentos de su invalidación o reversión. Este último es el caso de la asociación civil Banda Urbana, conformada por jóvenes del barrio que, a través de actividades culturales y el arte gráfica de los grafitis, promueven acciones que, además de promover socialidad entre los adolescentes, buscan construir una imagen del barrio que revierta el estigma de inseguridad y de barrio bravo.

Pero, la relación de los habitantes con el estigma era en general ambivalente. Hablar de temas de seguridad siempre fue un tabú en las entrevistas, convirtiéndose en un momento en el que podía percibir la desconfianza de mis interlocutores. Las personas entrevistadas más jóvenes sostenían que el barrio era seguro y asociaban la inseguridad a acontecimientos de las décadas pasadas. Por el contrario, los entrevistados de la tercera edad percibían un aumento de los delitos y la violencia en los años recientes. Varios de ellos encontraban las causas de este aumento de la inseguridad en una supuesta desviación de ciertos valores morales tradicionales por parte de los jóvenes. Para muchos de los entrevistados la crisis de la familia, y su supuesto deber de formar "ciudadanos de bien", parece estar estrechamente vinculada a la pobreza en la que "la transmisión patológica de valores y comportamientos destructivos dentro de las familias" es la principal causa de la reproducción intergeneracional de la pobreza y todos sus problemas, dejando de lado "el modo en que la historia, la cultura y las estructuras económico-políticas [...] restringen la vida de los individuos" (^{Bourgois 2010: 46}).

La estigmatización interna en el barrio de San Antonio es el reflejo de la confrontación entre vecinos por diferenciarse del otro, el perpetrador de los males y mala fama del barrio. Este proceso produce y reproduce una discriminación hacia el forastero, es decir, el recién llegado que además es etnicizado. Esta estigmatización interna, como sugiere ^{Elias (2003)}, puede estar motivada, no solo por condiciones de origen social, de clase o de nacionalidad, sino también por el tiempo de residencia en el barrio, lo cual genera dos grupos de personas: los "establecidos" y los "forasteros" (los nuevos habitantes). La estigmatización interna puede ser la base de una relación desigual entre pares que, bajo las mismas condiciones de clase y económicas, pueden generar conflictos por la toma de decisiones o usos del espacio. La justificación de esta estigmatización, según ^{Elías (2003)}, está dada por el nivel de relaciones desarrolladas por cada uno de estos grupos (establecidos y forasteros) con el territorio.

Considerar la estigmatización interna en el barrio de San Antonio lleva a suponer que no es un lugar homogéneo a pesar de que todos los habitantes del barrio son sujetos estigmatizables por el simple hecho de vivir ahí. La evidencia de algunas tensiones internas permite pensar que, por un lado, existe un "miedo a la desarticulación de un orden social donde goza de prestigio y poder [el grupo establecido]. Lo que desvela a los miembros del grupo establecido es perder este lugar de privilegio, ese estatus social conseguido" (^{Bottaro 2012: s/p}). Y, por otro, que no es un espacio armónico libre de conflictos entre sus habitantes. Esta situación representa, quizás, una limitante para revertir el estigma externo. El indígena como recién llegado al barrio encarna el lado negativo y estigmatizado de estas dicotomías.

La diferencia (como criterio discriminante) que encontré se centró, principalmente, en la vestimenta y el idioma como rasgos de diferenciación étnica. El fenotipo no constituye un elemento significativo de distinción. El indio se convirtió en el "otro" que construyen los más "antiguos habitantes" de San Antonio. La estigmatización interna recae, mayoritariamente, en la población indígena que habita en las vecindades del barrio. La necesidad de diferenciarse de otros vecinos conduce a la reproducción del prejuicio dentro del mismo espacio estigmatizado o prejuiciado, interiorizando el discurso que los condena desde el exterior.

La estigmatización, como expresión de la violencia simbólica, expresa percepciones y prácticas de la dominación social que no son otra cosa que el reconocimiento erróneo de "la desigualdad como el orden natural de las cosas" (^{Bourgois 2009: 27}) que se reproduce desde el sentido común dentro de las clases y los grupos sociales. Los componentes étnicos "se convierten así en un engranaje estratégico en la lógica de la violencia simbólica que legitima y administra la jerarquía étnica, alimenta el racismo y oscurece la desigualdad económica" (^{2009: 28}), en la que se encuentran la mayoría de los habitantes de San Antonio y de otros barrios y colonias de la ciudad. Exponer estas dos caras de la estigmatización tiene la intención de evidenciar la complejidad del problema al interior de las relaciones sociales de un barrio que no se puede concebir como homogéneo.

La imagen estigmatizada de San Antonio probablemente ha jugado un papel en la iniciativa del ayuntamiento de Puebla dirigida a trasladar el comercio informal y las rutas de transporte público del primer cuadrante del Centro Histórico, donde se dan las principales actividades administrativas, culturales, turísticas, servicios y comercio formal. Su papel, según esta interpretación, fue justificar y legitimar la acción del gobierno municipal. Desde el 2017, el Ayuntamiento y la Secretaría de Movilidad planearon este tipo de iniciativa, pero encontraron oposición por parte de los diferentes actores interesados en la medida. La propuesta de liberar el primer cuadrante del Centro Histórico del ambulantaje y las rutas de transporte público se experimentó en la semana posterior al terremoto del 19 de septiembre de 2017. En esos días, se habilitaron las calles 18, 20 y 22 Oriente-Poniente en el barrio de San Antonio como rutas alternativas al transporte público durante el periodo de reconstrucción de la zona afectada. Esta situación coincidió con mi investigación y, para el periodo de trabajo de campo, seguía funcionando de esa manera. San Antonio se convirtió en la zona de tránsito de las rutas, lo cual llevó a muchos de los habitantes y trabajadores de la zona a sostener que la inseguridad había aumentado. Al tiempo que los usuarios rechazaban la idea de cruzar por San Antonio.

Conclusiones

En la actualidad se puede constatar que ha aumentado el interés por intervenir la zona catalogada como Patrimonio Histórico de la Ciudad de Puebla. Las políticas de intervención actuales se presentan como una continuidad renovada de aquellas políticas de los últimos treinta años, cuya principal estrategia ha sido poner en valor a la ciudad de origen mediante el mejoramiento de su imagen urbana, que prioriza la intervención del espacio físico y material en pro de potenciar un nuevo mercado, sin tomar en cuenta el impacto que tienen ciertas intervenciones de planeación y ordenamiento en las personas que habitan el polígono patrimonializado.

Las políticas y estrategias de valorización del patrimonio han contribuido a "transformar los centros históricos en territorios rentables para la acumulación del capital, mediante su conversión en objetos del turismo" (^{Pradilla 2012: 31}). Esto supone, como señala ^{Milián (2001: 225)}, que la "puesta en valor del patrimonio, sea para su proyección internacional a la manera de un escenario vendible". Los efectos que estas transformaciones socioespaciales en el centro de Puebla han generado sobre las vidas de los habitantes de San Antonio los excluyen constantemente del espacio físico y social.

Esta exclusión se refuerza con la estigmatización territorial que desde afuera percibe y concibe al barrio y a su población como una unidad homogénea. La asociación de la pobreza con el crimen se convierte en la explicación del mal, la degradación y mala fama del barrio, lo cual genera tensiones en las relaciones al interior. A través del último apartado sobre la estigmatización social (interna) busqué romper con la idea homogeneizadora del barrio de San Antonio para poner a discusión la heterogeneidad de las problemáticas internas y la constante tensión en sus relaciones, que hace más difícil su relación con el exterior como un ente único.

Si las intervenciones en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla continúan bajo una lógica que prioriza valorar en términos económicos los espacios, sin tomar en cuenta las particularidades sociales y culturales de los barrios y poblaciones que lo habitan, entonces las consecuencias serán que los únicos beneficiados continúen siendo los actores económicos del sector inmobiliario y turístico que promueven los proyectos de intervención y no las poblaciones ni sus identidades relacionadas con estos espacios. El continuar bajo esta lógica condena al barrio de San Antonio a seguir siendo una de las caras ocultas de la ciudad patrimonial que recoge las externalidades negativas de ésta.