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Sumario: I. Introducción. II. El Derecho Fundamental del Debido Proceso y la Digitalización de la Justicia en el Perú. III. Problemática peruana actual sobre la digitalización de la justicia y su afectación al debido proceso. IV. Adaptación del Sistema de Justicia Peruano a las Nuevas Tecnologías y Garantía del Debido Proceso. V. Conclusiones. Bibliografía.
I. Introducción
Con el transcurso del tiempo, se ha dado un proceso de transformación digital que ha permeado diversos ámbitos de la sociedad contemporánea, incluyendo el sector legal. Esta evolución ha permitido la automatización de tareas jurídicas, consecuentemente la disminución en costos y una mejora medular en la calidad y eficiencia de los servicios legales. En el contexto peruano, la digitalización de la justicia se ha implementado gradualmente, con la introducción de herramientas tecnológicas para optimizar los procesos judiciales. Sin embargo, esta transición ha generado una serie de desafíos y riesgos, especialmente en relación a la salvaguardia de derechos fundamentales como el debido proceso.
El derecho fundamental al debido proceso se encuentra consagrado tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Constitución Política del Perú. Este garantiza un procedimiento legal imparcial, equitativo y justo para todas las partes involucradas. La dimensión formal del debido proceso se refiere a las reglas y principios que deben seguirse en los procedimientos legales, mientras que la dimensión material abarca la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Con la digitalización de la justicia, es esencial asegurar que estas dimensiones se respeten y se amplíen para adaptarse al uso de herramientas tecnológicas. Ante lo expuesto, esta investigación busca responder a la siguiente pregunta problema: ¿cómo afecta la digitalización de la justicia en Perú a la garantía del derecho fundamental al debido proceso, considerando defectos y limitaciones en la normativa vigente nacional actual?
La digitalización de la justicia en el Poder Judicial Peruano, en los ámbitos penal, civil, familiar, laboral y administrativo, influye en el derecho al debido proceso. En este escenario, el objetivo principal de la presente investigación es describir la afectación que genera la digitalización de la justicia en Perú a la garantía del derecho fundamental al debido proceso, considerando defectos y limitaciones en la normativa nacional actual. Para alcanzar este objetivo, se han instituido los siguientes objetivos específicos: Desarrollar los alcances del derecho fundamental al debido proceso y la digitalización de la justicia; Evaluar la situación actual de la digitalización de la justicia en Perú; Identificar los problemas jurídicos emergentes, para finalmente proponer soluciones para garantizar un debido proceso tecnológico efectivo.
Para cumplir con estos objetivos, se empleó una metodología de análisis-síntesis, desglosando el objeto de estudio para identificar desafíos y ventajas de la normativa actual en el contexto del debido proceso digital en Perú, y finalmente sintetizar cómo el sistema de justicia se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Se emplearon fichas bibliográficas para recopilar información de manera organizada, aplicando criterios de inclusión y exclusión en la recolección documental. La revisión sistemática de la literatura se desarrolla en cuatro etapas: La fase inicial consistió en la identificación; durante la cual se efectuó una búsqueda bibliográfica en bases de datos virtuales como SciELO, Scopus, Science Direct, Dialnet, Proquest, Springer Nature, Governance Directions, Google Académico, Scopus y repositorios institucionales; en esta etapa se recuperaron 40 textos originales entre artículos, tesis y libros. En la segunda etapa denominada eliminación de duplicados, se excluyó artículos repetidos encontrados en las diferentes bases de datos. En la tercera etapa denominada elección, se determinó excluir artículos que no tenían en su resumen palabras clave que guarden correlación con el tema investigado. Finalmente, en la etapa de selección, se hizo una lectura de todos los artículos encontrados, y se aplicaron criterios como el año de publicación del artículo, el idioma, el tipo de investigación de artículos relevantes y eliminación de textos no pertinentes, quedando finalmente con 29 textos recuperados para el desarrollo de la investigación.
II. El derecho fundamental del debido proceso y la digitalización de la justicia en el Perú
La evolución digital ha resultado transformadora en el ámbito legal, avanzando en áreas específicas del Poder Judicial, aplicándose de manera distinta según el tipo de proceso, proporcionando así mejoras sustanciales como la automatización de tareas jurídicas, reducción de costos, mejora la calidad de los servicios legales y sobre todo reduce tiempos.
Sin embargo, el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas dentro del ámbito jurídico significa un riesgo respecto a la protección de derechos fundamentales, como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Este apartado se propone describir en principio el concepto del derecho al debido proceso y por otro lado, el concepto y contexto de la digitalización de la justicia en Perú.
1. El Derecho Fundamental del Debido Proceso
El derecho al debido se erige como un pilar esencial del sistema de justicia a nivel universal, pues tal como Terrazos (2004), Rivadeneyra (2011) y Duarte Mejia (2017), conceptúan, se trata del conjunto de principios y garantías que aseguran un procedimiento legal imparcial, equitativo y justo para todas las partes, este se encuentra consagrado en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el numeral 3° del artículo 139° de la Constitución peruana.
El debido proceso engloba dos perspectivas una formal y otra material, para Díaz Colchado (2020), la dimensión formal del debido proceso se refiere a toda regla, principio y pauta que esté predeterminada para que el desarrollo de los procesos legales sea con el respeto de las garantías mínimas que exige la norma. Mientras que para Salas Vega (2018), Pasanante (2021) y Castillo (2013), el aspecto material del debido proceso, abarca el respeto de los derechos fundamentales intrínsecos a cada persona, desde el acceso a la justicia, hasta la obtención de una resolución razonable, pues éste asegura la defensa y asistencia legal para todos los individuos sin excepción, según Castillo (2004), el aspecto material complementa el formal, dotando de criterio de justicia al proceso, pues como menciona Mamani Coaquira (2020), lo que busca la dimensión material es justicia mediante decisiones debidamente motivadas, ofreciendo seguridad jurídica frente a la actividad estatal, ya que la inobservancia de ello menciona Rosales (2020), puede acarrear la nulidad o inaplicación del acto procesal.
En palabras de Pérez Dayan (2016), el concepto, contenido y alcances del debido proceso se ha ido interpretando de forma gradual por diversos países, ampliando la lista de derechos y requisitos implícitos en la búsqueda de un proceso justo. Es así que el debido proceso ha evolucionado con el tiempo para incluir nuevos derechos y principios, como respuesta a los cambios sociales y tecnológicos. En este sentido debe considerarse que la digitalización de la justicia en Perú es un factor que debe ampliar la dimensión del debido proceso dentro de los procesos judiciales que emplean herramientas tecnológicas.
2. La Digitalización de la Justicia en el Perú
La digitalización de la justicia, es considerada una herramienta necesaria para la innovación legal, esta ofrece oportunidades para redefinir el marco legal existente y ampliar la dimensión del debido proceso en los procesos judiciales desmaterializados, emergiendo como un catalizador esencial para la transformación del sistema de justicia peruano, ofreciendo no solo una vía de reducción de costos y eficiencia de recursos, sino también alineándose con las necesidades de una sociedad dinámica, siendo evidente que el sistema de justicia de Perú ha adoptado gradualmente avances tecnológicos, que han beneficiado tanto los procedimientos formales como los aspectos materiales y procesales de la justicia (Huapaya et al., 2022).
3. La Justicia Digital
La justicia digital para Medina Zépeda (2022), se trata de un concepto amplio que no solo implica pasar de procesos judiciales físicos a procesos judiciales virtuales, sino el uso de la tecnología de forma interna o externa en los juicios procesales, pues la tecnología es una estrategia fundamental para reforzar la legitimidad y la accesibilidad de la justicia, respondiendo así a expectativas contemporáneas de eficiencia y transparencia; así mismo para Sagüés (2022), esta implica la agilización, simplificación y optimización de los procesos judiciales mediante el empleo de modernas tecnologías, que para Saavedra (2022) deben sustentarse en el Gobierno democrático pues la implementación de herramientas digitales en el sector público facilita el acceso del ciudadano a los servicios judiciales, asegurando la protección de los derechos de los justiciables.
En concordancia con lo previamente mencionado, la justicia digital, ante la era digital actual, se ha vuelto imprescindible, no solo para la diversidad de actos procesales, sino también para otras acciones, como lo es el almacenamiento de los expedientes judiciales; siendo inviable la idea de que el sistema de justicia no se encuentre a la vanguardia de los cambios, sociales, económicos y tecnológicos.
III. Problemática peruana actual sobre la digitalización de la justicia y su afectación al debido proceso
El desarrollo de la digitalización de la justicia en Perú ha sido paulatino, mediante la implementación de diversas herramientas digitales amparadas en resoluciones administrativas emitidas por el Poder Judicial. Estas iniciativas tienen como objetivo impulsar el uso de TIC’s en los procedimientos judiciales, garantizando celeridad y transparencia. Sin embargo, aunque este escenario puede parecer vanguardista, presenta una incertidumbre considerable debido a la inexistencia de una normativa específica sobre el uso de herramientas digitales y sus implicancias dentro del marco procesal legal en Perú, es necesario implementar derechos exclusivos referentes al acceso a la tecnología y herramientas digitales en pro de un debido proceso tecnológico. Por ejemplo, la garantía al libre acceso a las tecnologías, el derecho de acceso al internet y la conectividad estable.
1. Normas en la legislación peruana actual que regulan la implementación y el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos judiciales del Perú
En cuanto a la legislación peruana actual, si bien el derecho al debido proceso en el ámbito judicial convencional se encuentra regulada tanto por el legislador, como figura primigenia del derecho, como por la doctrina, es decir, los estudiosos del derecho, aún se evidencia la ausencia de una regulación normativa en particular que abarque el derecho al debido proceso tecnológico. Este último es inexistente, ya que carece de un desarrollo constitucional, doctrinario, jurisprudencial y legislativo (De Asis, 2023). Como refiere Núñez Ponce (2022), para lograr una óptima transformación digital en el sistema de justicia peruano, es fundamental una aplicación sistemática y articulada de áreas específicas como el gobierno digital, la sociedad digital, la inclusión y la confianza digital; conceptos básicos para que la norma que se pretende emitir sea eficaz cuando se requiera de su aplicación.
En este sentido, la corte de justicia de Perú ha intentado regular el uso de herramientas digitales en los procesos judiciales mediante resoluciones administrativas. Estas resoluciones incluyen una implementación en forma progresiva de una cantidad limitada de herramientas digitales que dotan, tanto al operador como a los servidores del derecho, de dinamismo y operatividad. Estas herramientas, como el de Consulta de expedientes electrónicos (CEJ), son fundamentales, siendo así que mediante Resolución Administrativa Nº 69-2015 - CE-PJ, se aprobó la implementación progresiva del Sistema de Notificación Electrónica (SINOE), del mismo modo la Resolución Administrativa N° 000133-2020-CE-PJ establece el protocolo normativo idóneo respecto al uso de la mesa de partes electrónica del Poder Judicial.
Por otro lado, la Resolución Administrativa N°136-2021-P-PJ, promueve la promoción en la implementación del Expediente Judicial Electrónico, en algunas Cortes Superiores de Justicia del Perú, en materia no penal y penal, pero su uso se limita únicamente a ciertas Cortes Superiores de Justicia de Perú y no aplica a nivel nacional, lo que genera desigualdad bajo la premisa de que con el tiempo se seguirán implementando paulatinamente; finalmente la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, regula de forma general el desarrollo de las audiencias virtuales dentro de los procesos judiciales en Perú, sin embargo, no abarca criterios puntuales necesarios para hacerle frente a situaciones comunes por la propia naturaleza digital de estas; un ejemplo de ello es falta de regulación específica sobre los criterios de la eficacia de la actuación probatoria de los documentos digitales.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la Corte de Justicia de Perú por regular el uso y la implementación de las herramientas virtuales dentro la administración de justicia, la realidad refleja la existencia de una serie de adversidades, esto en base a los desafíos legales que se genera a causa de la aplicación de la justicia digital en el Perú, teniendo en cuenta que las resoluciones citadas no han logrado regular de forma íntegra lo concerniente a un debido proceso tecnológico.
La falta de normatividad específica genera dificultad sobre la creación de un marco legal completo y coherente, puesto que, de existir legislación pertinente sobre el tema, consecuentemente generaría un uso adecuado de las tecnologías en los procesos judiciales. Prado Bringas y Zegarra Valencia (2020) en su estudio señalan que, aunque los medios virtuales son valiosos para la administración de justicia, se requiere una mayor atención normativa. Esto refiere a un control de forma y contenido, dentro del marco legal que propone nuestra carta magna, otorgando el aval de las garantías básicas para su posterior desarrollo. Retornando así a nuestro punto de partida, una serie de desafíos legales sin resolver, herramientas tecnológicas ineficientes y legislación básica referida al tema en desarrollo.
2. Desafíos de la digitalización de la justica en la normativa actual de Perú
Los desafíos legales se refieren a las problemáticas existentes dentro del ámbito legal que deben ser superadas para generar validez y eficacia en el ordenamiento jurídico. El presente artículo de forma específica aborda aquellos desafíos legales existentes en torno a la digitalización de la justicia en Perú, surgen debido a la constante integración de la tecnología en los sistemas legales y la necesidad de aplicar, interpretar y desarrollar un proceso judicial en un entorno digital.
Los diversos factores que generan desafíos en el proceso de digitalización de la justicia son variados y complejos, e incluyen tanto elementos externos como internos. Entre los factores externos encontramos el desconocimiento de la ley, la corrupción, la burocracia, factores presupuestales, el acceso a Internet y la falta de herramientas tecnológicas necesarias. Los factores internos revelan falta de capacitación del personal y una inadecuada infraestructura tecnológica, tal como lo mencionan Bustamante Rúa y Marín Tapiero (2021).
A pesar de la existencia de una carente regulación normativa, esta no ha considerado que la digitalización judicial requiere un estudio sociocultural para determinar si la población peruana puede acceder a la justicia mediante los medios tecnológicos vigentes. Se ha constatado que estos desafíos aún no han sido superados por la normativa nacional, lo que plantea el riesgo de vulnerar los principios del debido proceso, incluyendo el debido proceso tecnológico.
3. Factores que generan desafíos en el proceso de la digitalización de la justicia
Dentro del análisis realizado a la normativa actual en Perú se identificaron desafíos tales como la contradicción legal entre la norma existente y las implementadas recientemente en materia de uso de herramientas tecnológicas, la falta de regulación normativa, la falta de una norma integral que tutele y garantice el correcto uso de las herramientas tecnológicas en los procesos judiciales.
Es así que, la contradicción legal entre la norma existente y las implementadas es uno de los desafíos que actualmente existe con la llegada de la digitalización del sistema de justicia peruano; pues se advierte un conflicto normativo entre la normas que regulan algunos aspectos procesales del sistema de justicia peruano con las normas que se ha implementado debido a la necesidad de la digitalización judicial las reglas de instrumentación de la digitalización judicial deben brindar sistemas simples de aplicación y no generar dispositivos abstrusos, complejos, sofisticados o exclusivos que, de vez en cuando, resultan poco funcionales, o de ambigua interpretación, que de darse alguno de estos supuestos, se incurriría en inconstitucionalidad por lesionar los principios de acceso a la justicia y de defensa en juicio, y por consiguiente el derecho al debido proceso.
Asimismo, Yépez Provincia (2022), considera que un desafío de la innovación judicial es la falta de regulación normativa de la eficacia probatoria dentro del proceso judicial al presentar documentos digitalizados, pues considera que es un aspecto que actualmente no ha sido regulado, en consecuencia no existe un protocolo específico que establezca criterios de cómo corroborar que un documento electrónico es válido, lo que conlleva a la vulneración del aspecto valorativo de la prueba por parte del juzgador. La ausencia de regulación normativa en la materia específica es considerada otro desafío en el camino a la digitalización del sistema de justicia peruano, toda vez que las normas que regulan el uso y la implementación de las herramientas tecnológicas son genéricas, y no abordan aspectos puntuales como por ejemplo desde cuándo se debe considerar válida una notificación que fue remitida de forma física y electrónica a la misma vez.
Por otro lado, la falta de una norma integral, también se encuentra considerada como otro desafío dentro de la implementación de las herramientas digitales en los procesos judiciales, pues si bien existen normas que regulan el uso de algunas herramientas tecnológicas estas son independiente y de forma exclusiva para ciertos aspectos del proceso judicial, más no permite una sistematización de las mismas dentro de un mismo cuerpo normativo que permitiría encaminarse a un mismo objetivo regulador respecto a la digitalización judicial. Según Mamani Coaquira (2020), el no tener una ley integral que aborde todos los aspectos relevantes de la digitalización judicial deja lagunas legales y complica la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales en los procesos judiciales en línea.
Finalmente es necesario mencionar que los desafíos también surgen de la necesidad de una adaptación constante de los marcos legales a los avances tecnológicos para garantizar la accesibilidad y equidad, lo que implica implementar normativas específicas para orientar el uso seguro y efectivo de la tecnología, siendo el factor político importante, pues la falta de voluntad para superar la burocracia y la corrupción puede ralentizar las reformas necesarias, además, la interoperabilidad entre diferentes sistemas y las fallas técnicas pueden dificultar el flujo normal de los procesos judiciales.
4. Afectación del derecho al debido proceso como consecuencia de los desafíos legales en la digitalización de la justicia en el Perú
El mero hecho de que existan obstáculos en la regulación normativa de la implementación de las herramientas digitales causa una afectación a ciertos derechos procesales contenidos en el debido proceso, pues dichos desafíos legales repercuten directamente en el derecho de las partes a recibir un juicio justo, equitativo y oportuno, elementos clave para la justicia.
La digitalización de la justicia en el Perú conlleva diversos desafíos legales que pueden afectar el derecho al debido proceso. En primer lugar, la seguridad de la información es fundamental en un entorno judicial digital, pues si los sistemas no están protegidos adecuadamente contra ciberataques o accesos no autorizados, existe el riesgo de manipulación de pruebas o filtración de datos sensibles, lo cual compromete la equidad del juicio. Asimismo, la falta de regulación clara sobre la validez legal de las notificaciones electrónicas y otros documentos judiciales puede llevar a problemas como pérdida de plazos procesales, decisiones defectuosas o desconocimiento del estado de los casos, afectando el derecho a la defensa.
Por otra parte, el acceso equitativo a la tecnología es otro factor crítico para el debido proceso, ya que la digitalización puede agravar las brechas digitales existentes en el Perú, creando desigualdades en la participación en procedimientos judiciales virtuales o en la recepción de notificaciones electrónicas; del mismo modo, carecer de capacitación y formación del personal judicial, lo cual es vital para evitar errores procesales, retrasos y decisiones equivocadas; problemas de interoperabilidad y fallas técnicas, pueden generar interrupciones en el sistema tecnológico lo que retrasa los procesos judiciales y llega a afectar la continuidad del debido proceso. Por lo que, en conjunto, estos desafíos subrayan la necesidad de una regulación clara y comprensiva para el proceso judicial digital en el Perú, ya que sin un marco legal sólido que aborde la seguridad de la información, la validez de documentos, el acceso equitativo a la tecnología y la capacitación del personal judicial, el sistema judicial puede fallar en garantizar justicia y equidad para todos.
IV. Adaptación del sistema de justicia peruano a las nuevas tecnologías y garantía del debido proceso
La adaptación del sistema de justicia peruano a las nuevas tecnologías es fundamental por múltiples razones: mejora la eficiencia y celeridad de los procesos judiciales, optimiza recursos, facilita el acceso a la justicia, garantiza el debido proceso y moderniza el sistema judicial para mantenerlo al día con los avances tecnológicos. En este sentido, el sistema judicial peruano actualmente se encuentra en una etapa de transformación significativa, que debe buscar acercar al ciudadano al servicio público mediante herramientas digitales, sino también garantizar que estas herramientas cumplan con las fases procesales y mantengan el respeto a todos los derechos de los justiciables.
1. Innovación Digital en el sistema Judicial Peruano
El Poder Judicial peruano ha implementado herramientas tecnológicas que se utilizan de manera transversal en varias áreas de la justicia, tanto en la gestión de procesos judiciales como en el acceso a la justicia. Según López Noriega (2021), se ha implementado progresivamente el Expediente Judicial Electrónico y el Sistema de Notificaciones Electrónicas para garantizar celeridad, transparencia y eficiencia en la resolución de conflictos. Este avance refleja el compromiso de adaptar las prácticas judiciales a las demandas actuales, mejorando la calidad de la administración de justicia y facilitando el acceso a los servicios judiciales, como menciona Rodríguez Chaves (2021), el empleo de las TIC en los procesos judiciales va desde el uso de documentos digitalizados a través del expediente digital por parte de los ciudadanos, hasta el uso de la notificación electrónica por parte de la corte a través del uso de diferentes herramientas digitales.
Una herramienta que destaca, es el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), que permite a la defensa de las partes, en todo tipo de proceso, disponer de una casilla judicial virtual y una mesa de partes digital, lo cual la hace una herramienta particularmente eficaz, ya que garantiza que las resoluciones judiciales lleguen de manera segura y expedita a las partes involucradas en el proceso, permitiendo una gestión remota de los documentos, proporcionando agilidad y eficiencia procesal, pues permite una comunicación más rápida y reduce los tiempos de espera. Así mismo facilita la accesibilidad al sistema judicial, permitiendo la presentación de documentos y escritos de forma remota, lo que evita costos y desplazamientos innecesarios, ello en casos donde el expediente sea digital, de lo contrario la presentación de los escritos será mediante mesa de partes física para asegurar su validez formal, debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada y de recursos presupuestales en ciertas regiones que limita su efectividad.
Otra herramienta esencial es el sistema de Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ), el cual permite hacer seguimiento remoto de expedientes de la mayoría de materias, con excepción de la materia penal, debido a que los procesos penales suelen incluir datos sensibles y deben respetar ciertos principios de privacidad.
Siguiendo la línea de modernización, tenemos la implementación del Expediente Judicial Electrónico en 2017, pues permitió la gestión digital de expedientes a nivel nacional, siendo su objetivo utilizar las TIC para garantizar una solución célere y transparente, sin embargo, su implementación no ha sido uniforme en todo el país, lo que generó disparidad en el acceso a la justicia.
A la par la implementación de audiencias virtuales y videoconferencias ha sido fundamental para mantener la continuidad de los procesos judiciales durante la pandemia de COVID-19 a partir de 2020, que en opinión de Reyes Chauca (2022) el trabajo remoto y las audiencias virtuales son progresos clave para la continuidad de los procesos judiciales. Adicionalmente, en 2022 se implementó el aplicativo “El Juez te Escucha”, que agiliza las citas con jueces y si bien estas herramientas han demostrado su eficacia, también enfrentan desafíos en términos de accesibilidad tecnológica y garantía de una participación efectiva.
2. Avances y retrocesos de la adaptación del sistema de justicia peruano a las nuevas tecnologías
La modernización digital del sistema judicial peruano ha tenido un impacto significativo en la administración de justicia, la implementación de tecnologías digitales ha permitido automatizar las tareas administrativas judiciales, la continuidad y eficiencia en los procesos judiciales, incluso en tiempos de crisis como la pandemia por COVID-19, lo cual representa un avance importante hacia una justicia más ágil y menos costosa.
Sin embargo; Añanca Chumpe (2021) menciona que la innovación digital ha revelado la existencia de dificultades como el limitado acceso a las plataformas digitales del sistema de justicia y los problemas de falta de regulación en la protección de datos personales y uso indebido de tecnologías, por otro lado, Pizarro Talledo (2022) manifiesta que manifiesta que, en países económicamente desfavorecidos como Perú, la justicia digital todavía tiene limitaciones notorias debido a la falta de medios tecnológicos y conectividad, afectada por la inaccesibilidad geográfica y climática. A su vez, el autor destaca que estas brechas no deben permitir que la administración de justicia desproteja a las poblaciones más vulnerables y recalca el desafío de asegurar una justicia humana en formato digital.
Sin embargo, a pesar de los diversos avances significativos que ha tenido el sistema de justicia peruano este aún se encuentra con desafíos estructurales que genera retrocesos, siendo un ejemplo de las deficiencias advertidas, la Resolución Administrativa N° 0515-2024-P-CSJJU/PJ, emitida por la Corte Superior de Justicia de Junín, la cual dispone a partir del 1 de junio de 2024, el cierre de la Mesa de Partes Virtual relacionado a la recepción de demandas, escritos y documentos de expedientes físicos, estableciendo la obligatoriedad de presentar estos documentos de manera presencial en la mesa de partes física.
La Corte argumenta que no tiene por qué sufragar gastos correspondientes estrictamente a los litigantes y demás usuarios del sistema de justicia, justificando que esta medida busca optimizar el gasto público en papel bond, y el deterioro en equipos informáticos para no ocasionar mayor gasto al Estado, sentenciando que la habilitación de la mesa de partes virtual solo era necesaria por motivos de aislamiento domiciliario por la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que evidenciaría una afectación directa al debido proceso, obligando a los usuarios al presente a presentar sus escritos de manera presencial, restringiendo el derecho de acceso a la justicia sobre todo en zonas rurales o con dificultades tecnológicas, generando retrasos en los procesos y limitando la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos de manera efectiva.
La eliminación de la Mesa de Partes Virtual impide que los usuarios puedan presentar sus escritos sin importar su ubicación geográfica, incrementando los gastos de traslado para el estado y sobre todo para aquellos con escasos recursos económicos. Esta medida impone un retroceso en el proceso de digitalización y automatización del sistema judicial, puesto que este proceso se convirtió en una necesidad por la propia naturaleza de la realidad digital actual, carente por la falta de recursos, capacitación de personal y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, generando deficiencias internas en la Corte como parte del proceso de adaptación, pues solo superando esta resolución se podrá construir un sistema judicial moderno, eficiente y accesible para todos los ciudadanos, acorde a los avances propios de la actualidad tecnológica.
3. La adaptación tecnológica en los sistemas de justicia internacional y las pautas para construcción del debido proceso tecnológico en Perú
Para avanzar hacia un debido proceso tecnológico efectivo en Perú, es esencial considerar las prácticas exitosas de otros países, toda vez que, pese al progreso alcanzado en los últimos años, el sistema judicial peruano aún se encuentra rezagado en el proceso de adaptación tecnológica frente a otros sistemas judiciales de países vecinos. Esta comparación sugiere la necesidad de seguir desarrollando y adoptando nuevas herramientas tecnológicas para modernizar el sistema judicial, para incrementar la eficiencia procesal y optimizar la gestión normativa en beneficio de la sociedad.
En primera instancia, se tiene como ejemplo a Ecuador, donde Lisintuña Cuyo (2021), resalta como se ha legislado en torno a la digitalización con protocolos específicos para audiencias telemáticas, permitiendo una regulación clara y aplicable, que facilita la realización segura y eficiente de las audiencias y procesos judiciales que se llevan de manera virtual, garantizando así la continuidad de la administración de justicia y el acceso a los servicios judiciales de forma segura y eficiente; Enfoque comparativo que nos permite observar cómo Perú podría adaptar elementos de estas normativas exitosas.
Por otro lado, Guatemala ha implementado medidas normativas relacionadas con las notificaciones digitales que podrían servir de modelo, estas incluyen la reglamentación detallada del uso de notificaciones electrónicas, la autorización y validación de estas dentro del sistema judicial, y la capacitación del personal involucrado; también se dio inversión en modernización tecnológica y la promoción de una legislación actualizada, las cuales son fundamentales para garantizar un sistema judicial eficaz y eficiente (Chub Coy, 2018).
En este mismo contexto México, ha comenzado a integrar tecnologías de nubes de información y variadas interfaces de comunicación, mejorando así la eficiencia en los procedimientos legales. A pesar de ciertos avances, la implementación de la justicia digital en México ha sido desigual y condicionada, especialmente durante la pandemia, debido a limitaciones normativas, presupuestarias y de capacitación tecnológica. Aun cuando se dieron avances como la plataforma de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, que facilita denuncias y servicios relacionados, la cultura digital limitada y arraigada ha obstaculizado la generalización de la justicia digital.
No obstante, ningún país de América se encuentra al nivel de adaptabilidad que ha logrado Alemania, siendo que es considerado líder mundial en la digitalización de la justicia, debido a su avanzado nivel de adopción de la justicia digital en procesos civiles, siendo evidencia de ello que desde inicios de los 2000 ya habían implementado las videoconferencias para procedimientos civiles, así como herramientas de comunicación y notificación judicial electrónicas en todos los tribunales; gestando incluso una herramienta que mejoró el acceso y la eficiencia de su sistema judicial civil, llamada e-case management, siendo producto de ello haber logrado avances en la eliminación de expedientes físicos, sustituyéndolos por digitales y promoviendo litigios civiles mediante herramientas digitales, minimizando las barreras de acceso a la justicia digital.
Ante lo expuesto, es de precisar que la digitalización del sistema judicial peruano es un proceso de constante evolución que busca mejorar la eficiencia, optimización, productividad y la accesibilidad a la justicia de los ciudadanos peruano, en este sentido es necesario que el sistema judicial en Perú y su ente rector del mismo tomen acciones claves para fortalecer esta transición de adaptabilidad tecnológica y que a la par no vulneren el derecho al debido proceso.
En este sentido, optimizar el sistema judicial peruano requerirá el desarrollo de una normativa integral que considere dentro de ella aspectos que permitan desarrollar la implementación progresiva de la justicia digital en Perú, como lineamientos de acceso equitativo a las plataformas digitales y herramientas virtuales para los usuarios, dentro y fuera de los establecimientos no solo de las Cortes de Justicia ubicadas en las principales ciudades del Perú sino a nivel nacional; asimismo esta norma debería establecer criterios específicos para el desarrollo de un proceso judicial con empleo de tecnología, ante diversas situaciones, por ejemplo, lo indispensable del acceso a una conexión de internet estable en el caso de desarrollo de audiencias virtuales, la validez de las notificaciones por medios virtuales o el valor probatorio de documentos digitalizados, entre otros; por otro lado, dicha norma también debería contemplar lineamientos de protección cibernética de la información existente en los Expedientes judiciales que han sido digitalizados.
En este punto Chub Coy (2018) destaca la importancia de una normativa integral para la digitalización del sistema judicial, subrayando que esta es clave para optimizar la eficiencia y rapidez en la gestión de casos, pues una legislación bien estructurada asegura procedimientos claros para la tramitación electrónica de expedientes, ampliando el acceso a la justicia al superar barreras geográficas y facilitar el uso de servicios judiciales electrónicos. Y es que la modernización y actualización constantes son posibles gracias a una normativa que promueve tecnologías innovadoras, manteniendo al sistema judicial a la par con los avances tecnológicos, garantizando así su relevancia y efectividad en el tiempo.
Por otro lado, es indispensable que se invierta en una adecuada infraestructura tecnológica que permita garantizar la efectividad de las herramientas digitales, que va de la mano con la capacitación del personal de la administración de justicia a través de programas de capacitación continua para el personal del sistema judicial, esto permitirá la interoperabilidad entre el sistema de gestión de procesos y el debido proceso cumpliendo así el objetivo que tiene la justicia digital (Bueno de Mata, 2022).
Asimismo, una mejor organización interna y una adecuada capacitación del personal podrían solucionar los problemas encontrados en este proceso de adaptación tecnológica, sin necesidad de retroceder en la digitalización. Siendo entonces clara evidencia que la Resolución Administrativa N°0515-2024-P-CSJJU/ PJ representa un retroceso en los esfuerzos por modernizar el sistema judicial peruano, imponiendo restricciones que afectan el debido proceso y el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Actualmente, Perú está en un proceso de adaptación tecnológico, siendo que aún está en camino de regular derechos que no deben ser vulnerados con el uso de la tecnología; por lo que siendo el derecho al debido proceso tecnológico una construcción que debe ser trabajada ininterrumpidamente no solo por la instancia judicial, sino por todos los órganos conexos que comprende este, es esencial abarcarlo dentro del ámbito doctrinario y constitucional, con la expectativa de que en el futuro se regule de forma específica, pues este no solo significa el respeto de un debido proceso, sino también representa la garantía de que se haga un uso adecuado de las tecnologías para evitar perjuicios, ello en base a una normativa clara, puntual y precisa.
V. Conclusiones
La digitalización de la justicia en Perú ha supuesto una transformación significativa en el sistema legal, permitiendo la automatización de tareas jurídicas, reducción de costos y mejora en la calidad de los servicios legales. Sin embargo, esta transición ha planteado desafíos importantes para la protección del derecho fundamental al debido proceso. La investigación revela que la falta de una normativa específica y coherente sobre la utilización de tecnologías digitales ha generado incertidumbre y desafíos legales. Esto subraya la necesidad urgente de desarrollar una normativa integral que regule el uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos judiciales.
Las deficiencias normativas y operativas que afectan el derecho al debido proceso son evidentes. La falta de regulación específica sobre la validez de las notificaciones electrónicas y otros documentos judiciales ha generado problemas como la pérdida de plazos procesales y decisiones defectuosas, afectando el derecho a la defensa. Además, la brecha digital existente en Perú crea desigualdades en la participación en procedimientos judiciales virtuales, agravando las inequidades en el acceso a la justicia. La capacitación insuficiente del personal judicial y la falta de una infraestructura tecnológica adecuada también contribuyen a estos desafíos, retrasando los procesos y comprometiendo la continuidad del debido proceso.
Es imperativo que Perú invierta en infraestructura tecnológica y capacite continuamente al personal judicial para asegurar la efectividad y equidad en la administración de justicia en un entorno digital. La adaptación del sistema de justicia a las nuevas tecnologías debe ser abordada con una perspectiva integral, que incluya la implementación de normativas específicas, la mejora de la infraestructura tecnológica y la capacitación continua del personal. La experiencia de otros países en la digitalización de la justicia puede servir como referencia para desarrollar un marco normativo que garantice la protección de los derechos fundamentales en un entorno judicial digital.
En conclusión, la digitalización de la justicia en Perú ha avanzado en ciertos aspectos, pero persisten importantes deficiencias normativas y operativas que deben ser abordadas. La creación de una normativa específica y coherente, junto con la inversión en infraestructura tecnológica y la capacitación del personal judicial, es vital para garantizar un debido proceso efectivo y equitativo en un entorno digital. Solo mediante un enfoque integral y coordinado se puede asegurar que la digitalización de la justicia contribuya a una administración de justicia más eficiente y accesible, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta investigación, al centrarse en un análisis descriptivo de los desafíos y efectos de la digitalización en el Poder Judicial, no presenta una propuesta de lege ferenda para el desarrollo normativo futuro. Sin embargo, los hallazgos aquí expuestos abren líneas de investigación para el diseño de marcos normativos específicos que puedan mejorar la implementación y regulación de las herramientas digitales en el sistema judicial, siendo un enfoque que puede servir de base para estudios futuros que desarrollen propuestas concretas de lege ferenda en favor de un debido proceso adaptado a la era digital.
