1. Coerciones internas

Respecto del control interno, la influencia de Sigmund Freud en Norbert Elias es fundamental. Una vez más, la idea de que los seres humanos tenemos impulsos -al igual que el resto de los animales- y somos movidos por nuestros deseos, no es ninguna novedad. Está muy presente, por ejemplo, en Thomas ^{Hobbes (1980}, cap. VI, p. 44). Sin embargo, la originalidad de Sigmund ^{Freud (1981)} consiste en plantear la existencia de una tensión o antagonismo entre las pulsiones de agresión y de placer, por un lado, y la contención de dichas pulsiones, por otro lado, como consecuencia de la cultura (p. 88).

Freud es, pues, uno de los puntos de partida de Norbert Elias. De esta manera, El proceso de la civilización retrata el desarrollo que el ser humano ha provocado sobre sí mismo respecto de las auto restricciones, las moderaciones y los umbrales de vergüenza y pudor, entendidos como formas de control del comportamiento. Para demostrarlo, Elias propone centrar su análisis en la transición ocurrida entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entre una y otra edad, el autor documenta las transformaciones en la regulación de las emociones humanas derivadas del incremento del sentido de vergüenza (en especial, mediante las reglas de cortesía). Observa un cambio gradual, pero importante que va de la “rudeza” de los hábitos medievales a una “refinación” y “moderación” hacia finales del Medievo y el inicio del Renacimiento (Elias, 2016, p. 66).

Mucho tiempo se creyó -equivocadamente- que El proceso de la civilización era un libro sobre la historia de la etiqueta y de los buenos modales (^{Zabludovsky, 2016}, p. 13). En el capítulo segundo, Elias estudia -efectivamente- una infinidad de obras que se escribieron, durante siglos, con el propósito de educar y modelar el comportamiento de los niños y adolescentes. Entre esos libros, destaca uno de Erasmo de Rotterdam, titulado De civilitate morum perilium (Sobre las costumbres civilizadas de los niños). En este, al igual que en los otros tantos títulos que buscaban ese mismo fin, se habla de gestos que, en el siglo XV, eran completamente habituales para la mayoría de la gente, pero que comenzaban a verse como inapropiados para un niño “educado”; y que a nosotros nos pueden parecer normales -pues son naturales- y a la vez “bárbaros” -en tanto nos resultan cada vez más lejanos- (Elias, 2016, p. 132).

El catálogo de hábitos que ofrece Elias es tan extenso como apasionante en su detallada descripción de su evolución histórica, pero es posible parafrasear y resumir algunos ejemplos de buenos modales que existieron entre la Edad Media y el Renacimiento: escupe, pero apartándote un poco, para no rociar a nadie. Si contiene flema, es propio de un joven bien educado desparramarlo con el pie para que no se vea. Suelta un gas, pero no en la mesa, pues es de mal gusto. Las personas portan su propio cuchillo para comer, de ahí que se invite siempre a limpiarlo antes de usarlo. No hay tenedores aún. Las personas no solo comen con las manos, sino que lo hacen desde una bandeja común. Acaso hay cucharas para las sopas o salsas, pero son muy grandes (y no entran bien en la boca) y muchas veces son usadas por todos, de ahí que se pida la cortesía de limpiarlas. La grasa de los dedos no debe chuparse ni untarse en la ropa. La bebida también se consume de un recipiente compartido por todos los comensales, por lo cual se sugiere eliminar la suciedad de la boca antes de colocar los labios en él (Elias, 2016, pp. 132-137).

Por un lado, la necesidad de establecer estas reglas de comportamiento, propias de las personas “educadas”, refleja que no eran observadas normalmente. Por otro lado, el hecho de que sintamos desagrado por cosas tan naturales es el reflejo de que nuestra sensibilidad es distinta (^{Elias, 2016}, p. 136). Sorprende, como lector, descubrir que aspectos tan pequeños de la vida puedan tener un sentido civilizatorio tan importante. Pero, en efecto, así es: las repulsiones por el comportamiento ajeno, el autocontrol por las acciones propias, el desagrado por los gestos o ademanes “vulgares”, el rechazo por la elección de una palabra o frase incorrecta, la falta de cortesía, la vergüenza por los fluidos humanos, las risillas por las ventosidades, la desnudez, la suciedad de la nariz, boca o dientes -y en general la falta de higiene-, así como la contravención de los buenos modales en la mesa, todos ellos, son sin duda la evidencia de una configuración emocional diferente que nos provoca asco o rechazo, y a la vez, constituye una forma muy efectiva de autocontener y moldear el comportamiento social. Se nos revela así el mundo de las sensibilidades de cada pueblo que cambian con el tiempo y que determinan sus comportamientos, sus gustos y sus restricciones particulares.

Elias es notable por su erudición al reconstruir históricamente la evolución, por ejemplo, del uso del cuchillo en la mesa, la presentación de carnes (de animales completos, durante la Edad Media, que requerían cortarse en el momento mismo de su consumo, a servirlos en porciones tan pequeñas que hacen olvidar la figura del animal completo, como ocurre en la Edad Moderna), la curiosa historia de la introducción del tenedor en Europa, el buen y mal comportamiento en la mesa, el uso de cubiertos distintos en función de cada platillo, el modo de sonarse y de escupir -e incluso no escupir-, la creación del pañuelo y la piyama, la forma de hacer las necesidades naturales, las relaciones entre hombres y mujeres, la ausencia de pudor al mostrar con naturalidad los genitales o defecar en presencia de otros, el sexo y el comportamiento en el dormitorio, para convertirlos actualmente en hábitos privados, la regulación del lenguaje, entre muchos otros, son muestra de esa moderación, es decir, de esa autocontención de la vida civilizada cuya evolución Elias retrata detalladamente (en especial, en el capítulo segundo).

Es un lugar común pensar que los cambios en el comportamiento derivan de la razón. Y es verdad que la racionalización es una manera muy importante a través de la cual moderamos nuestros impulsos. Sin embargo, de acuerdo con la teoría aquí planteada, no es la principal (^{Elias, 2016}, p. 280). La vergüenza es una forma aún más poderosa. Por lo tanto, es un fenómeno que está más relacionado con la socialización de una cierta sensibilidad aprendida desde la infancia y de manera mucho menos consciente de lo que imaginamos.

Es importante notar que existe además una correlación entre las coerciones internas aquí descritas y las externas. Es decir, en la medida en que, en la Edad Media, las relaciones humanas fueron especializándose y complejizándose, tanto en términos económicos, políticos y sociales, puede apreciarse una intensificación de los mecanismos internos de control y, simultáneamente, de los mecanismos externos del Estado.

2. Coerciones externas

Es muy antigua la idea de que los seres humanos poseen impulsos, especialmente violentos, que suponen una amenaza recíproca, así como la renuncia de tal violencia para depositarla en manos del Estado. La frase homo homini lupus se encuentra, por ejemplo, en la dedicatoria del Tratado sobre el ciudadano (De cive) de Thomas Hobbes (y no, como suele adjudicársele -erradamente-, en su Leviatán). “El hombre es un lobo para el hombre”, señala ^{Hobbes (2009)} -aunque también dice, inmediatamente antes, que de igual modo “el hombre es un dios para el hombre” (p. 45)-. La frase, en realidad, es de dominio popular y mucho más antigua. Se halla, entre otros, desde Plauto (1966, verso 495) hasta ^{Montaigne (2013}, lib. III, cap. V).

En el Leviatán, ^{Hobbes (1980}) indica que, mientras no haya un poder común o central que los someta, los seres humanos viven la guerra “de todos contra todos” (cap. XIII, p. 102), de ahí que los hombres que “aman la libertad” se autoimpongan limitaciones:

esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica; es decir, el

deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales. (cap. XVII, p. 137)

No obstante, para Elias, la influencia fundamental es Max ^{Weber. En La política como vocación, Weber (1979}) sostiene que el “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima” (p. 83).

Siguiendo a Weber, Norbert ^{Elias (2016}) señala así que el proceso civilizatorio se intensifica cuando el Estado se reserva los monopolios de la violencia y del cobro de impuestos (p. 414). En efecto, la existencia de estos dos monopolios estatales ha sido un parteaguas en la vida civilizada de las personas. Cuando en las diferentes sociedades ocurre un debilitamiento del Estado como mecanismo de dominación centralizada, la violencia se desata y es ejercida por grupos humanos no estatales; incluso llegan a exigir el pago de impuestos no oficiales que redundan, a su vez, en más violencia.

La historia de la evolución del Estado, en el sentido de su fortalecimiento o deterioro, es amplia y diversa. El periodo en el que Elias propone centrar su estudio, una vez más, abarca la Edad Media y la Edad Moderna. Este periodo constituye un caso ejemplar pues supuso el debilitamiento del Estado y, más tarde, la centralización del poder para su reconstitución.

Con la caída del Estado romano en el 476 d. C., Europa ingresó a la Edad Media caracterizada por la fragmentación política y la reducción de las capacidades estatales. Ante ese vacío, posteriormente surgió una infinidad de señores feudales que ejercían su dominio en territorios muy reducidos y que se consolidaron, sobre todo, a partir del siglo XII (^{Elias, 2016}, p. 367). Sin embargo, es también en el siglo XII que comienza a gestarse, muy lentamente, un movimiento contrario (el de la centralización del poder) en manos de los reyes y que cristalizó con el absolutismo, mucho tiempo después, en los albores de la Edad Moderna (en especial en los siglos XVI y XVII). Son, pues, dos movimientos pendulares en los extremos opuestos: el feudalismo y el absolutismo (Elias, 2016, p. 334).

En otro texto, he descrito la naturaleza del feudalismo distinguiendo, por un lado, el feudalismo propiamente dicho -entendido como un derecho personal

entre dos individuos: el señor feudal y su vasallo- y, por otro lado, el señorío -concebido como un derecho real entre el señor feudal y su territorio o feudo- (^{Patiño Gutiérrez, 2017}, pp. 23-24). Ambos fenómenos se relacionaban entre sí: el señor feudal celebraba una alianza de apoyo militar con su vasallo y, a cambio, este último recibía un territorio en contraprestación. De este modo, el señor feudal sumaba fuerzas con sus vasallos, pero sobre todo el primero ofrecía protección a los segundos en contra de enemigos extranjeros. Sin embargo, el problema era doble, en primer lugar, un señor feudal podía ser vasallo, a su vez, de otro señor; en segundo lugar, los individuos celebraban más de un juramento de lealtad y muchas veces los traicionaban. En virtud de esto, se establecía una red caótica de alianzas -y múltiples centros de poder- muy frágiles, en la que los reyes a veces ocupaban los lugares más inferiores del vasallaje. En este sentido, la imagen popular que poseemos de la Edad Media como un periodo muy violento e inseguro resulta ser cierta. Aunque lo anterior no sea excluyente, Elias pone énfasis en otros aspectos. Él concibe el feudalismo como un movimiento centrífugo, es decir, de descentralización (Elias, 2016, p. 339). Y así fue, pero simultáneamente los reyes también buscaron, por su parte, la concentración del poder. Estos realizaban conquistas territoriales, pero ante la ausencia de un funcionariado que administrase sus dominios, terminaban por repartirlos entre sus colaboradores (nobles guerreros) que al cabo de pocas generaciones incrementaban su poder local en detrimento del rey en turno.

Estas fuerzas centralizadoras (centrípetas) y descentralizadoras (centrífugas) se enfrentaban cíclicamente. No obstante, los reyes -como es bien sabido- terminaron por imponerse. Esto fue posible, en gran medida, en virtud del surgimiento -también hacia el siglo XII- de una nueva clase social: la burguesía, la cual fue ocupando gradualmente un lugar central en la construcción de una burocracia profesional y que terminó por desplazar a la nobleza guerrera o de espada (^{Elias, 2016}, p. 354).

Este hecho, ampliamente descrito en el capítulo tercero de El proceso de la civilización, relativo a la consolidación de la monarquía y de las capacidades estatales, no puede explicarse sino por una intensificación de las relaciones de interdependencia del Medievo. El fortalecimiento del Estado conjunta varios factores relacionados entre sí: la prohibición de la esclavitud dio lugar a una clase social caracterizada por el trabajo libre que lentamente se convertiría en la burguesía; mientras que los guerreros giraron alrededor de una economía natural

(la acumulación de tierras conquistadas), la burguesía, por su parte, se basó en una economía monetaria acumulando capital; si bien no por completo, durante la Edad Media la economía monetaria casi había desaparecido en virtud de que las relaciones humanas se simplificaron, no había necesidad de moneda pues la autarquía se impuso, y se recurrió al trueque; la división del trabajo y la distribución de mercancías eran sumamente elementales; si en la Edad Antigua los pueblos europeos habían sido costeros y marineros, en la Edad Media los varios siglos de dominación musulmana del mediterráneo obligaron a las personas a poblar, como nunca, el continente europeo tierra adentro; sin embargo, al cabo de los siglos la economía natural se agotó, la población aumentó considerablemente, la escasez de tierra creció, la inflación se disparó y la nobleza guerrera se empobreció; solo los reyes, que comenzaron a cobrar impuestos, y los burgueses, contaban con medios suficientes para enfrentar esas crisis inflacionarias (^{Elias, 2016}, pp. 354-367). Y la burguesía, como se dijo antes, integró paulatinamente un funcionariado profesional -hasta entonces inexistente-, consolidando las capacidades estatales.

Todas estas circunstancias son diferentes caras de un mismo fenómeno, incluido el desarrollo de normas más complejas de etiqueta y buenos modales. Norbert ^{Elias (2016}) sostiene que:

Poco a poco, va aumentando en la sociedad occidental el sector de la economía monetaria, la diferenciación de las funciones sociales, la interrelación entre las diversas zonas territoriales, la interdependencia entre masas humanas cada vez más grandes, todo lo cual son aspectos distintos del mismo proceso social. A su vez, el cambio en la forma de dominación y en el aparato de dominación de que hablábamos no es más que otra cara de este mismo proceso. (p. 337)

En suma, los monarcas, junto con su estructura de dominación, se colocaron en la cúspide de la pirámide del poder. De acuerdo con Elias, el rey y su corte influyeron, en gran medida, nuestros hábitos actuales. Esta transformación consistente en hacer de forma más compleja cosas que antes hacíamos con simpleza y “rudeza” fueron introducidas por aquella sociedad que se forjó y desarrolló en torno a la corte del rey, es decir, por la sociedad cortesana (Elias, 2016, p. 314). De ahí el origen de la palabra cortesía. Elias habla de aquella sociedad de forma extensa en El proceso de la civilización, sin embargo, escribió otro libro también fascinante donde se

consagra por completo a este tema, titulado precisamente La sociedad cortesana (^{Elias, 1996}, pp. 91-158). Los hábitos de la corte trasminaron al resto de la sociedad y fue en la corte en donde se intensificó el rebuscamiento de los modales que ahora nos parecen tan normales: la artificialidad de los hábitos en la mesa, la contención de los impulsos, la diplomacia y la intriga para ganar el favor de alguien (en aquel entonces el monarca), la falsedad o “afectación” en el trato y el “refinamiento” del lenguaje. Se trata, de nueva cuenta, como puede observarse, de una complejización de las interrelaciones.

No solo las maneras o modales medievales eran bruscos, sino que la vida en todos los sentidos era simple, ruda y violenta. Como lo demuestra Elias, las formas en que se desarrollan las interrelaciones humanas se reflejan en todos los ámbitos de la vida. El grado de descivilización (es decir, el grado de simplificación de las interdependencias) se manifiesta simultáneamente en el debilitamiento del Estado, en la agresividad de las personas y en la ausencia de moderación del comportamiento, muy visible en la Edad Media, pero que experimentó una marcada transformación, en el sentido opuesto, a finales de ese mismo periodo de la historia:

Aquí es donde se establecen los modelos de la transición pacífica, que hacen más o menos imperativa para todas las clases sociales la transformación de la sociedad europea a partir de fines de la Edad Media; aquí es donde se “dulcifican”, “pulen” y “civilizan” las costumbres groseras y rudas y los hábitos irreprimidos de la sociedad medieval y de su clase guerrera alta, que son la consecuencia de una vida permanentemente amenazada e insegura. La presión de la vida cortesana, la competencia por conseguir el favor del príncipe o de los “grandes” y, en general, la necesidad de diferenciarse de los demás y de luchar por mayores oportunidades con medios relativamente pacíficos por medio de las intrigas y de la diplomacia, impusieron una contención de las emociones, una autodisciplina o self-control. (^{Elias, 2016}, p. 317)

La consolidación del Estado, por un lado, y la moderación de la agresividad y la complejidad de nuestros modales, por otro lado, son dos rostros del mismo proceso civilizatorio que no pueden y no deben desvincularse; esto es, el control externo y el control interno; el Estado y la moderación de los hábitos:

No es mera coincidencia temporal el hecho de que en los siglos en los que se configura de manera absolutista la función del rey y de los príncipes, también se hace más intensa aquella forma de comportamiento emocional y de moderación de la que hablábamos en páginas anteriores, aquella “civilización” del comportamiento. En la serie de textos recogida en el capítulo anterior, que constituye un testimonio de esta modificación del comportamiento, se manifiesta de forma palpable la estrecha relación que existe entre tal transformación y el establecimiento de un orden social jerárquico cuya culminación es el señor absoluto, y en un sentido más amplio, su corte. (^{Elias, 2016}, p. 314)

Aunque el absolutismo se asocia actualmente al abuso, la tiranía o la arbitrariedad, y de hecho supone una estructura autoritaria, desde un punto de vista histórico se trata de la conquista de un poder que se caracteriza por ser incontestable (^{Babot et al., 2007}, p. 12) -sobre todo por oposición al feudalismo-. Pasamos, pues, de un poder fragmentado a un poder concentrado. Y solo después, a una dominación centralizada, pero limitada por las leyes, que llamamos liberalismo (^{Constant, 2013}; ^{Sartori, 2012}).

En todo caso, el fortalecimiento del Estado y la moderación de nuestro comportamiento -hay que insistir- son dos fenómenos que corren juntos de manera paralela y que no pueden disociarse. “Una vez que el monopolio de la violencia física se ha transferido a los poderes centrales, no todo el mundo puede procurarse el placer de la agresión corporal, sino solamente algunas instancias legitimadas por los poderes centrales” (^{Elias, 2016}, p. 294). La represión externa (o estatal) de la violencia, cuando es exitosa, conduce no solo a la pacificación, sino a una interiorización igualmente exitosa del autocontrol. Dicho con otras palabras: control externo y, a la vez, “dulcificación” del comportamiento; el Estado y el autocontrol (que se enseña y aprende a través del cambio en la sensibilidad humana respecto de lo que es inaceptable, desagradable y vergonzoso).

Y a la inversa, como ocurre en México, cuando se debilita el poder del Estado, es decir, cuando hay un menor control externo, observamos simultáneamente un menor autocontrol y, por lo tanto, más expresiones de violencia y agresividad. No solo la construcción o fortalecimiento del Estado es el reflejo del entramado de configuraciones humanas que se comparten y construyen colectivamente, sino que la coerción estatal y el autocontrol, como veremos, se determinan mutuamente.

1. Aproximación al problema mexicano

Resulta paradójico que el mundo actual viva la más importante reducción de la violencia en la historia, como indica ^{Pinker (2018}), y que al mismo tiempo México registre un aumento de la misma. Existe evidencia sobre la correlación entre el reciente aumento de la violencia y la guerra contra el narcotráfico emprendida en el gobierno del presidente Felipe Calderón (^{Rosen & Zepeda, 2016}). Los ángulos teóricos desde los cuales se explica este fenómeno son abundantes: mercados ilegales, guerra criminal, tolerancia de la violencia con fines políticos o falta de coordinación entre agentes del Estado (^{Trejo & Ley, 2016}; ^{Zepeda Gil, 2018}). La mayoría de estas teorías no son excluyentes entre sí necesariamente; por el contrario, contribuyen a la explicación de diferentes aristas de un mismo problema.

La aproximación a esta realidad solo es posible mediante una mezcla de información cuantitativa y cualitativa. Aunque importantes, los datos estadísticos -por ejemplo- no terminan de capturar la gravedad que los testimonios periodísticos sí registran. Es necesario señalar que tales informaciones de orden cualitativo no son, en el caso de México, generalizaciones apresuradas ni meramente anecdóticas. Por el contrario, son reveladoras de la situación que guarda el Estado mexicano y reflejan apenas un ápice de la realidad que muchos ciudadanos sufren incesantemente. Nuestro país, como es bien sabido, ha experimentado olas de secuestro, hemos visto descabezados, personas colgadas en puentes, otras disueltas en ácido, vehículos y negocios incendiados, ciudades y carreteras bloqueadas, candidatos a cargos de

elección popular asesinados, descubrimientos de miles de fosas y centenares de masacres escandalosas que no son sino algunos casos visibles de muchos más que pasan inadvertidos.

De acuerdo con el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, perteneciente al Departamento de Defensa, Glen VanHerck, al menos un tercio del territorio nacional no es controlado por el Estado mexicano, sino por la delincuencia organizada (^{Department of Defense, 2021}). En términos de la teoría de Elias, podemos afirmar que México ha perdido el monopolio de la violencia en porciones territoriales considerables. Quienes vivimos en Sinaloa, nos basta con ir a las afueras de Mazatlán para notar que es la delincuencia quien controla y patrulla rigurosamente los caminos y territorios, y no solo el Estado mexicano. Pero eso no ocurre en los ámbitos rurales únicamente, sino también urbanos, como se demostró el 17 de octubre de 2019 cuando el Cártel de Sinaloa logró liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien había sido capturado por el gobierno mexicano, y puso a la ciudad de Culiacán en crisis ese día, conocido desde entonces como el “Culiacanazo”. En Mazatlán, los principales puntos del malecón están supervisados meticulosa y “discretamente” por “halcones” o vigilantes con radios colgados en la cintura o en el pecho. Pueden leerse en los muros anuncios velados, escritos a mano, que amenazan con “tablazos” a los vagos consumidores de drogas (“chufulos”). Llama la atención lo bien que el crimen organizado controla a la pequeña delincuencia, señal de una exitosa autoridad local incuestionable, cuando quien debe ejercer ese papel debería ser el Estado mexicano. Es un fenómeno probablemente minúsculo, pero que revela, por un lado, el desplazamiento del Estado y, por otro lado, que las autoridades locales se enfrentan a estos hechos que no deberían permitir y, no obstante, toleran sin duda.

Si bien, en esos lugares hay paradójicamente un control inflexible de la delincuencia por parte de agentes no estatales -lo cual es de por sí preocupante-, en otras partes de Sinaloa y del país, el fenómeno es opuesto: este deterioro del control territorial se traduce en la imposibilidad de ofrecer seguridad a las poblaciones afectadas; se imponen extorsiones, toques de queda y, en algunos casos, las personas se ven forzadas a migrar. Tan solo en Sinaloa, en donde hay un elevado número de desplazados internos, la gente deja atrás sus casas en los pequeños poblados para mudarse a las ciudades (^{Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2018}). Es un hecho que quizás no resuene en la opinión pública nacional, pero la situación es tan crítica que el congreso estatal de Sinaloa aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, en 2020, y el poder ejecutivo estatal administra un fondo especial, posee un registro estatal y se enfrenta a las dificultades y a las exigencias de dotar alternativas de vivienda a la gran cantidad de desplazados.

En Michoacán, hay poblaciones que quedan aisladas, con la prohibición de trasladarse a otros pueblos para hacer sus compras básicas (^{Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2014}). En ese mismo estado, surgieron movimientos, denominados autodefensas que, ante el hartazgo, la violencia y la ausencia del Estado, decidieron armarse y defenderse a sí mismos. Desde la perspectiva de Elias, podía anticiparse que, al pasar la violencia de unas manos privadas (la delincuencia organizada) a otras manos privadas (las autodefensas), y no a la monopolización de la violencia legítima estatal, el resultado sería infructuoso.

Desde el punto de vista del periodismo, ^{Héctor de Mauleón (2016)} ha realizado uno de los mejores retratos, en el caso particular de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, sobre cómo la delincuencia organizada se infiltra y controla a los ciudadanos en todos los aspectos de sus vidas. En especial, la manera en que la organización Guerreros Unidos extorsionó, llevó a cabo secuestros y homicidios, calcinó cadáveres y cavó fosas, reclutó a jóvenes como sicarios, sometió a trabajo esclavo a quienes se negaban, colocó halcones en todos los puntos de la ciudad, se apoderó de la policía y engulló a pequeños comerciantes como parte de su estructura delictiva, dominando cada calle y cada rincón.

Otro aspecto de la teoría de Elias que debe tenerse en cuenta es el monopolio fiscal. Un delito frecuente de las organizaciones criminales es la extorsión, bajo la forma de “derecho de piso” o “protección”, que en la práctica se convierte en el pago de un impuesto ilegal. Además de lo preocupante que es este delito en sí mismo, el hecho de que agentes privados cobren “tributos” trae aparejado el desencadenamiento de aún más violencia necesaria para amenazar o para castigar el impago. Por ejemplo, Tecámac, Estado de México, es tan solo uno entre un sinfín de casos: los propietarios del transporte público pagan a la delincuencia para portar una calcomanía y poder trabajar, como si fuese la autoridad y se tratase de un

impuesto (el llamado derecho de piso), por el cual han pedido durante años miles de pesos mensualmente a cada persona extorsionada y, entre tanto, los propietarios han visto sus unidades de transporte ser quemadas, a sus choferes renunciar y a otros morir (^{Venegas, 2019}).

Como lo señala Luis de la ^{Calle (2020}), los mexicanos vivimos niveles extraordinarios de extorsión. Tenemos una cultura de la extorsión y pagamos para todo: desde el franelero y el líder sindical hasta el trámite burocrático y el “moche” del empresario, para pagar algo que funciona como un impuesto de facto. Pero lo más grave aún ocurre con la delincuencia organizada. Las extorsiones de los grupos criminales han azotado a distintas regiones y ciudades, en intensidades y momentos diferentes. Tan pronto como se apacigua la violencia en una región, hay otra en la que aparece o se incrementa. De tal manera que los casos que aquí se mencionan son, como dijimos, mucho más que anecdóticos. Aunque hay poblaciones que son relativamente ajenas a esta realidad, ello no significa que la paz aparente sea generalizable a todo el país. Ha habido periodos de extrema violencia, como es bien sabido, en Tamaulipas, Chihuahua o Sinaloa que entran en una calma transitoria y, luego, resurgen; o bien, brotan en otros estados, como Guanajuato actualmente. Sinaloa vivió unos años difíciles entre 2009 y 2011, y desde entonces parece reinar una parcial tranquilidad en las zonas urbanas, pero debemos recordar que hacia 2018 se intensificó de nuevo en este estado el fenómeno de la migración forzada y, por otra parte, que el “Culiacanazo” fue muy revelador del dominio real de la delincuencia organizada.

Desde el punto de vista cuantitativo, en nuestro país existe una cierta dificultad para determinar con certeza el número de delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada, en primer lugar, por la impunidad que desincentiva la denuncia ciudadana, creando así una enorme cifra negra. En segundo lugar, porque las fiscalías, como lo ha probado ^{México Evalúa (2019}), maquillan, reclasifican y subregistran delitos. Así pues, en nuestro país, la cifra negra de delitos es avasalladora, pero es posible estimarla gracias a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2021}b). Se comete la sorprendente cantidad de 33 millones de delitos al año y, de ellos, solo alrededor del 6 por ciento se investiga. De ahí que al menos el 94 por ciento de los delitos queden impunes.

A pesar de lo anterior, las cifras que mejor reflejan la violencia mexicana son las muertes por homicidio, ya que son registradas en las actas de defunción, son comunicadas ineludiblemente al INEGI y, además, son comparables a partir de 1990. De acuerdo con el INEGI (2021a), durante el sexenio de Felipe Calderón se cometieron alrededor de 120 mil homicidios. Con Enrique Peña Nieto, se registraron alrededor de 150 mil. Con Andrés Manuel López Obrador, en 2019, se cometieron 36 mil homicidios y, en 2020, también otros 36 mil. Todo apunta a que el 2021 se habrá mantenido igualmente en torno a la misma cifra. Es decir, para 2021 habrán muerto un total de 100 mil personas aproximadamente por ese delito en apenas tres años del gobierno actual (la mitad del sexenio) de López Obrador.

Basta con comparar lo anterior con la cifra de homicidios que se cometen, por ejemplo, en Japón (un país con 125 millones de habitantes, similar a México). Allá se perpetran 300 homicidios al año. Es decir, en un trienio, en Japón, mueren por homicidio alrededor de mil personas. Esto evidencia cómo, en México, el derramamiento de sangre avanza a pasos agigantados. Tan solo en 2017, México fue el cuarto país -después de Nigeria, Brasil y la India- con mayor número de homicidios en el mundo (^{United Nations Office on Drugs and Crime, 2019}). Nuestro país experimentó un incremento acelerado de los homicidios en 2008, alcanzando cifras récord en 2018 y 2019 con 36,000 muertos, como se señaló anteriormente, por año. Mientras que, entre 1998 y 2007, la tasa en México osciló -con tendencia a la baja- entre 9 y 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, después de esa fecha se disparó y, en 2017, alcanzó 28.9 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. La relativa calma con que algunos mexicanos viven, hay que insistir, no es generalizable: si en Yucatán, en 2020, la tasa rondó los 2 homicidios por 100 mil habitantes, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Colima y Chihuahua han alcanzado cifras alarmantes: 59; 77; 93; 100; y 184 homicidios por cada 100 mil habitantes respectivamente (^{INEGI, 2021}a).

Estos niveles de violencia, derivados del debilitamiento del Estado mexicano, están acompañados, en términos de Elias, de un cambio de sensibilidad humana que es más observable en el comportamiento agresivo de las personas. Hay, por ejemplo, un proceso de deshumanización en la violencia ejercida y en el tratamiento que se ofrece a los cuerpos de las víctimas al disolverlas en ácido, calcinarlas o desecharlas

en terrenos que muchos ciudadanos asumimos y normalizamos como tiraderos de

cadáveres humanos.

Existe, por lo tanto, una correlación entre el Estado y la agresividad individual. Una muestra de esta sensibilidad es el fenómeno de los linchamientos en nuestro país. En Acatlán de Osorio, estado de Puebla, Alberto y Ricardo Flores fueron señalados por algunos pobladores como secuestradores y sustraídos de las manos de la policía; una turba los golpeó y quemó vivos (^{Animal Político, 2018}). Todo fue grabado y difundido mediante teléfonos celulares. Tiempo después, se concluyó que eran campesinos y no habían cometido delito alguno. Este caso es solo un ejemplo de una tercera forma de violencia que se encuentra entre las que ejercen el crimen organizado y el Estado, y que no obstante ocurre constantemente en México. Tan solo en Puebla, en 2017, hubo 107 intentos de linchamientos (^{Martínez, 2018}).

Es inevitable concluir que esas formas de canalizar nuestra agresividad están relacionadas con un Estado mexicano que no ha hecho sino fallar en su labor más elemental. Este endurecimiento del comportamiento de la ciudadanía se refleja también en la narcocultura cada vez más extendida. Se trata de un conjunto de formas de figurarse la vida, aspiraciones y auto representaciones que se manifiestan en la vestimenta, la música, las creencias, los valores y las actitudes. La rudeza no solo normaliza las armas de fuego, la agresividad y la cosificación de la mujer, sino que también se lleva como un motivo de orgullo e identidad, como si la brusquedad pública de los modales y la exhibición de armas, sexo y autos fueran expresiones del poder y del estatus al que se aspira, pero no se tiene.

2. De vuelta a Elias, al gobierno mexicano y a la ley

Respecto al aumento de la violencia en el contexto del caso mexicano, debemos resaltar algunos puntos de la teoría de Norbert Elias. Para restablecer los monopolios de la violencia y del cobro de impuestos, es necesario por lo tanto:

Recuperar la presencia, seguridad y dominio de agentes del Estado en caminos, sierras y rancherías;

Combatir la connivencia y omisiones de autoridades municipales frente la presencia de halcones;

Erradicar las extorsiones en tanto amenazan el monopolio fiscal;

No tolerar expresiones de violencia de la delincuencia organizada particularmente humillantes y crueles;

Combatir la impunidad mediante proyectos de mediano y largo plazo con metas concretas y cuantificables;

En virtud de lo anterior, es necesario refundar la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales a largo plazo con planes de modernización (por etapas y con resultados bien definidos);

Refundar las policías municipales y estatales;

Profesionalizar y fortalecer, en general, las capacidades estatales;

El Estado mexicano es un Estado que hace aguas por muchos lados. Existen ámbitos -de carácter excepcional- en los que el Estado mexicano debería ser un actor exclusivo y, sin embargo, se ha convertido en un jugador más que coexiste con otros. Además de los castigos inhumanos que esos actores imponen a sus subordinados o enemigos, llama la atención las medidas particularmente humillantes que ejercen sobre la población civil. Por ejemplo, en 2022, un grupo delictivo de Los Reyes, Michoacán, rapó a una mujer que les hizo un reclamo tocando el claxon desde su automóvil (^{Vera, 2022}). Este hecho, de nuevo, quizás insignificante, supone no solo el ejercicio arbitrario y caprichoso del poder, sino que utiliza la humillación como forma de control social que antes ejercía el Estado y que, no obstante, Occidente ya había extirpado con el liberalismo (es decir, los castigos humillantes y degradantes). De tal manera que el Estado, en efecto, se ha convertido en un actor más -y no el único- en el uso de una violencia que debería ser empleada solo en casos legítimos y bajo reglas preestablecidas.

Hay, por otra parte, un paralelismo entre los caminos inseguros de la Edad Media, que describe ^{Elias (2016}, p. 539), y las carreteras actuales mexicanas, así como las expresiones de violencia de los guerreros medievales y los sicarios de nuestro país. Además, es necesario señalar que, en muchas regiones de México, la delincuencia organizada utiliza, cada vez más, vestimenta enteramente militar -reflejo de uniformidad, organización y estabilidad-. Otro aspecto también importante es que el Estado no solo no es un actor único, sino que las fronteras entre aquellos nuevos actores y el Estado se están desdibujando. En este sentido, no es ninguna novedad que, en México, ha habido un sinnúmero de políticos ligados al narcotráfico. Sin

embargo, ha ocurrido paulatinamente un giro que debe destacarse: las elecciones intermedias de 2021 se caracterizaron por la cantidad de políticos y candidatos asesinados. Se registraron hasta 102 políticos asesinados (^{Animal Político, 2021}) y se reportó la forma en que la delincuencia organizada intervino, compró e inhibió el voto, puso y eliminó candidatos. Parece insustancial, pero nuevamente es algo cualitativamente diferente. Podemos hablar por primera vez de auténticos narcogobiernos en la medida en que esto va más allá de querer controlar a los políticos y a los responsables de seguridad locales, sino que ahora quieren ser ellos los políticos y ocupar cargos públicos. El riesgo es que ellos, a nivel local, sean el Estado. Al salir de las sombras de la ilegalidad e integrarse a las instituciones, yo llamaría a este fenómeno la legalización de la participación política de estos actores, pues están interviniendo en el ejercicio del poder ahora por las vías legales.

Los tres últimos gobiernos federales (2006-2024) han optado por una abierta militarización de la seguridad pública y, sin embargo, los resultados han sido infructuosos para detener la violencia. Esta situación, además, se combina con una postura del gobierno actual de no confrontación con la delincuencia organizada. Los “abrazos, no balazos”, “la violencia no se resuelve con más violencia”, el encuentro con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la petición del presidente de intervenir frente a las autoridades estadounidenses en favor de ese narcotraficante y su familia, la liberación de Ovidio Guzmán, la afirmación de que los delincuentes simplemente “se fueron por el camino equivocado” y las felicitaciones por el buen comportamiento de la delincuencia organizada durante las elecciones de 2021, son gestos del titular del ejecutivo que revelan una mezcla contradictoria de militarización de la seguridad y de laissez faire, laissez passer. Pero permitir a la delincuencia organizada realizar sus actividades para no dar más golpes al “avispero” o buscar la pax narca suponen una tolerancia incompatible con la recuperación del control territorial del Estado mexicano.

En suma, se observa: a) una política tolerante de no confrontación; b) la ausencia de una estrategia y acciones distintas a la militarización; y c) más importante aún, la ausencia de resultados diferentes. Pero lo que escapa al titular del ejecutivo es que el objetivo de evitar el derramamiento de más sangre, aunque es el fin último, noble e irrenunciable, en realidad no se está consiguiendo -ahí están las cifras de la violencia homicida- ni cae en cuenta de algo igualmente grave: los frutos de

estas omisiones son potencialmente la degradación aún mayor y más delicada del Estado mexicano. No hay una reducción considerable de los homicidios; no hay una política de legalización de las drogas que permita sacar ese sector del mercado negro y someterlo al ámbito de la regulación del Estado; no hay una recuperación del dominio de caminos y territorios; no hay una política de intolerancia frente a la presencia descarada de halcones en espacios urbanos y de convoyes que se despliegan en zonas rurales; no hay una respuesta clara ni puntual que suponga el uso de todas las capacidades del Estado mexicano ante expresiones de violencia particularmente inhumanas y crueles (con declaraciones públicas del gobierno en medios de comunicación, reacción inmediata y resultados que no dejen tales actos impunes); no hay señales de que esté en marcha una transformación de la actualmente polémica Fiscalía General de la República que reduzca los graves niveles de impunidad; no hay marcha atrás a la militarización de la seguridad pública ni un plan a largo plazo, nuevo y definitivo para atender con seriedad los problemas de los muchísimos cuerpos policíacos que existen en México, etc.

No es este un texto en favor del despliegue de la violencia del Estado ni de una política de mano dura, sino la necesidad de reconocer que -de acuerdo con la teoría aquí analizada- el problema de la inseguridad y el deterioro del Estado no podrán remontarse si no se reconstituye el uso selectivo, monopólico y legítimo de la fuerza frente a agentes no estatales violentos e ilegítimos.

Esta crisis no proviene de la doctrina económica que proclama el adelgazamiento del Estado. Es anterior a la transición democrática y se gestó en el régimen posrevolucionario. México se configuró, en el siglo XX, como una sociedad corporativista y patrimonialista que ha normalizado la cultura de la extracción de bienes públicos hacia manos privadas en todos los ámbitos de la vida pública. Así lo han hecho legisladores, empresarios, alcaldes, líderes universitarios, sindicatos petroleros y educativos, entre muchos otros. Previo al régimen democrático, nuestro sistema político creó esperpentos corporativistas como, por ejemplo, los liderazgos petroleros y de maestros, que terminaron por controlar y minar las capacidades del Estado obstruyendo la modernización de la industria petrolera y del sistema educativo. Lo mismo podríamos decir de ciertas empresas de comunicaciones y, en general, de políticos que se enriquecieron expoliando bienes públicos que manejaban como si se tratase de su patrimonio privado.

De ahí proviene históricamente la debilidad del Estado mexicano del siglo

XX. Lamentablemente las descalificaciones y las culpas se dirigen al periodo democrático. Pero los altos niveles de corrupción no se deben per se a la transición política ni al régimen democrático. Como lo ha demostrado Luis Carlos ^{Ugalde (2015}), la transición terminó por limitar la figura presidencial y, ante la pérdida del centro autoritario que el ejecutivo desempeñaba en el sistema político, se abrieron muchas ventanas de corrupción. En términos de Elias, diríamos que el presidente representaba una fuerza centrípeta y que la corrupción estaba relativamente centralizada. El presidente de la república era el gran árbitro del sistema político y dirimía los conflictos con parámetros igualmente políticos. Con la transición democrática, el poder ejecutivo no podía seguir siendo juez y parte, por lo que se estableció como nuevo árbitro a la Suprema Corte de Justicia para resolver los conflictos políticos, pero ahora con criterios jurídicos. Sin embargo, no todos los problemas políticos que resolvía el presidente tenían una base legal. Esto significó que hubo una serie de prácticas que, al estar por definición al margen de la constitución, no correspondían a la Suprema Corte. Dicho con otras palabras, la misma transición democrática hacía necesario un fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano que combatieran el patrimonialismo, la corrupción y la impunidad a través de fiscalías y policías modernas para erigir el Estado de derecho. Han transcurrido más de 20 años desde la alternancia presidencial, un tiempo más que suficiente para constituir policías modernas y profesionales. Solo algunos actores políticos y organizaciones de la sociedad civil anticiparon esta urgencia, unos promovieron las instituciones de transparencia y otros advirtieron el riesgo

que para el Estado suponía la delincuencia organizada. El resto de la sociedad creyó ingenuamente que la democracia por sí sola resolvería nuestros problemas; como un fin en sí mismo y no como un medio; pidiéndole al mecanismo para gestionar el poder político resultados económicos y sociales.

El Estado mexicano, en efecto, hace aguas y está repleto de contradicciones, pero es necesario hacer matices: no es un Estado fallido. En muchos espacios de México hay abandono, inseguridad y barbarie, y hay ámbitos en los que es pacífico, moderno y competitivo. Existen algunas instituciones altamente profesionales, previas a la democracia, como por ejemplo un número reducido de universidades y unos pocos medios impresos. La mayoría de instituciones modernas pertenece al periodo de la transición democrática e incluye a instituciones tanto públicas como privadas, en especial, los organismos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno de Peña Nieto fue igualmente contradictorio. Estuvo marcado por la corrupción y, a la vez, fue reformista. Hubo un intento por modernizar, fortalecer y recuperar la rectoría del Estado: la reforma en materia de competencia económica y la reforma en materia de telecomunicaciones se implementaron de forma exitosa para limitar el poder de las empresas frente al Estado y obligarlas a competir en favor de los consumidores; así como la reforma educativa y la reforma energética que buscaron someter a esos sectores a sistemas modernos de competencia, pero fueron exitosas parcial y momentáneamente, pues el siguiente gobierno las revirtió. De forma más tardía y ya sin capital político, durante el gobierno de Peña Nieto, se creó un sistema nacional anticorrupción que refundaría las fiscalías. No obstante, dicho sistema avanzó con dificultades y el actual gobierno terminó de anularlo en los hechos. Además, Peña Nieto abandonó el tema de la seguridad y no prosiguió con el crecimiento de la Policía Federal.

El gobierno actual, bajo un espíritu nacionalista y conservador, tiene un interés en reforzar las capacidades monopólicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Así, el gobierno no solo promueve agentes monopólicos o preponderantes, incompatibles con las prácticas liberales de las democracias modernas, y omite la reconstrucción de los monopolios que sí son necesarios (el de la violencia y el fiscal), sino que además ha afectado y reducido las capacidades estatales. En especial, ha implementado medidas conservadoras como recortes

burocráticos y presupuestales, la eliminación de subsecretarías, la instauración de disposiciones de austeridad sin análisis técnico, la cancelación de programas sociales (como las estancias infantiles y el seguro popular, entre muchos otros), la designación de perfiles incompetentes para cargos públicos técnicos, la intolerancia y ataque a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el talante anticientífico, el uso del sistema de procuración de justicia para perseguir opositores, la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el vaciamiento de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el acoso de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica; son tan solo un ejemplo del debilitamiento y, en otros casos, desmantelamiento actual del Estado mexicano.

El fortalecimiento de la rectoría del Estado no es hoy visible y no hay señales alentadoras de una transformación institucional de fondo que asegure su recuperación. Debemos considerar que todas estas omisiones en las que han incurrido los distintos gobiernos, aunado a otros factores como nuestra vecindad con Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas en el mundo), la situación crítica del Estado de derecho y del sistema de procuración de justicia, el sistema político patrimonialista y nuestra pobre cultura política, se han traducido en el detrimento del Estado mexicano que, a su vez, derivará en un deterioro de la convivencia social.

Retomando la teoría de Elias, es necesario destacar las relaciones entre el desarrollo del Estado y el habitus individual. Como hemos visto, el debilitamiento del Estado trae aparejado el incremento de la violencia y de la agresividad individual. De forma particular, debemos señalar el papel que juega la ley en México como medio de control externo del comportamiento en este contexto de expresiones de agresividad individual.

La obra de Elias, en este último aspecto, ha pasado prácticamente desapercibida frente a la investigación jurídica mexicana, a pesar de su utilidad para explicar el proceso de deterioro del Estado mexicano, la violencia y la inobservancia de la ley en nuestro país. Si bien el derecho es -bajo la luz de la teoría de Elias-

una herramienta de control externo o estatal, no deja de llamar la atención que los abogados, que solemos expresar un aparente interés por comprender el control del comportamiento humano, no obstante, reducimos este interés a una explicación muy esquemática -y muy iuspositivista- de las normas jurídicas y de las sanciones, excluyendo aproximaciones más científicas de carácter psicológico, antropológico y sociológico. Ese tipo de acercamiento traza un abismo entre los intereses que busca cultivar la teoría del derecho (la filosofía del derecho) y el pensamiento de Elias relativo al control social.

Está pendiente por explorar la forma en cómo se conjugan las concepciones de Elias sobre el derecho y las concepciones iusfilosóficas que poseemos los abogados. Mi respuesta inicial a esta cuestión es que el iuspositivismo no solo pone un énfasis simplificador en las sanciones jurídicas (descartando aspectos como el autocontrol, la legitimidad y las sensibilidades aquí descritas), sino que es una figuración humana que no se corresponde con las sociedades particularmente modernas. “Modernas” en el sentido de liberales y de complejas. Como señala ^{Sartori (2012}), el iuspositivismo termina por defender una concepción iliberal del derecho (p. 202). Para ^{Dworkin (2014}), las concepciones iuspositivistas no son válidas para las “sociedades complejas”, pues en las naciones modernas el poder político está determinado por la pluralidad, la legitimidad, la cooperación y el compromiso (p. 110). En suma, nuestras sociedades modernas trascienden esas concepciones del derecho que resultan ahora simplificadoras.

Existen otras aproximaciones a la reflexión del derecho, hechas desde la sociología del derecho, en múltiples universidades mexicanas y centros privados de investigación (públicas como la UNAM y el CIDE, y organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), pero que calificarían -en palabras de Elias- como investigación de situaciones.

Una excepción en este sentido serían los trabajos de Julia Flores, publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, titulados Sentimientos y resentimientos de la nación (^{Flores Dávila, 2015}) y Los mexicanos y su constitución (^{Fix Fierro et al., 2017}), en los que se exploran las opiniones, valores y actitudes de los mexicanos.

Estos son probablemente los estudios más importantes en México que permiten comprender la relación entre el deterioro del Estado mexicano, por un lado, y el habitus individual. La tendencia hacia la agresividad se refleja, por ejemplo, en la Tercera Encuesta de Cultura Constitucional, cuyos resultados se encuentran en Los mexicanos y su constitución (^{Fix Fierro et al., 2017}). A los encuestados se les preguntó, por ejemplo, si los miembros de una comunidad tienen derecho o no a la justicia por propia mano. El 46 por ciento respondió que sí tienen derecho y sí en parte. También se les preguntó si están de acuerdo o en desacuerdo en que una persona sea torturada para confesar su delito. El 47 por ciento contestó que sí está de acuerdo y sí en parte. Estos y otros resultados de esa investigación son un notorio y amplio catálogo de las actitudes que los mexicanos tenemos no solo ante la ley, sino también frente a la corrupción, la discriminación y la presunción de inocencia, entre muchas otras, que fascinarían a Elias y que deberían interesarnos en tanto plantean una disposición a la violencia en el contexto de un Estado incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos.

Si bien estos estudios, relativos a las creencias y sensibilidades de quienes vivimos en México, podrían estar muy emparentados con Norbert Elias, su referencia teórica no es esa, sino The Civic Culture de Sidney Verba y Gabriel ^{Almond (1989}), quienes ponen -de igual modo- énfasis en los valores y actitudes de los ciudadanos. A través de estas encuestas nacionales, Julia Flores ha examinado, por lo tanto, la forma en cómo los mexicanos nos relacionamos con el derecho, cuáles son nuestras representaciones sociales sobre el respeto a la ley, la discriminación, la tortura, la corrupción o los linchamientos (^{Fix Fierro et al., 2017}). La autora demuestra empíricamente la pobre cultura de la legalidad en México, el carácter autoritario de una parte considerable de la población y la desconfianza ciudadana derivada de una percepción de ineficacia de las instituciones (^{Flores Dávila, 2017}, p. 4).

Si el fortalecimiento o debilitamiento del Estado tiene efectos en el habitus individual, a la inversa, no debemos perder de vista que las actitudes humanas en su conjunto determinan el tipo de sociedad que los ciudadanos constituyen. En un contexto de polarización política -que las democracias modernas viven actualmente-, al señalar culpables y repartir responsabilidades de forma reduccionista, se dificulta reconocer que el tipo de Estado y de sistema político que hemos construido en México está determinado en gran medida por nuestra cultura política.

De hecho, en Los alemanes, Norbert ^{Elias (1999}) estudia el fenómeno del retroceso civilizatorio durante la Alemania nazi. De acuerdo con Elias, previo al ascenso del nacionalsocialismo, la sociedad alemana carecía de una cultura democrática y liberal; existía una añoranza por el pasado violento y autocrático de los principados, en el que la violencia no se encontraba concentrada en un poder central, y el uso de la misma se empleaba para detentar honor y prestigio. Con dichos antecedentes, la República de Weimar fracasó y con ella los intentos de institucionalización, democratización, partidismo y apertura. La descivilización del periodo nazi se caracterizó por el régimen autocrático centrado en un líder, la reducción de oposición política que generó un partido dominante, la desinstitucionalización gubernamental, la ausencia de división de poderes, la creación de un enemigo nacional que justificara el uso de la violencia indiscriminada y un régimen de terror como lo fue la persecución de los judíos y de otros grupos sociales. El régimen presentó la tentadora oferta de una fiesta de liberación del autocontrol: la sociedad fue cómplice y partícipe de la barbarie incentivada por campañas mediáticas de odio por parte del gobierno que, por el contrario, en una sociedad liberal y democrática estaría sancionado y regulado por normas jurídicas que tienen por propósito la contención de las conductas antisociales de los individuos.

Por último, cabe destacar que, en El proceso de la civilización, Elias no solo nos ofrece su muy original teoría, sino que además la reflexiona y sitúa en el contexto de otras teorías sociológicas. Diríamos, pues, que Elias lleva a cabo una meta reflexión sociológica. Específicamente, en 1968, presentó una nueva edición de su libro. Aunque la obra no es de difícil lectura, la nueva introducción -que antecede al prólogo original- sienta un diálogo con otras teorías sociológicas y, en consecuencia, se torna en un árido punto de partida, no obstante, importante para su cabal entendimiento. Para Elias (2016), la investigación social ha tendido a centrarse, cada vez más, en el estudio de fenómenos de corto plazo (que él denomina investigación de “situaciones”), mientras que él se interesa por los fenómenos de largo aliento; asimismo, se aleja del funcionalismo estructuralista -corriente dominante en aquella época y, en especial, encabezada por Talcott Parsons- que concibe a las sociedades como sistemas; dichos sistemas operarían porque sus partes logran una armonía o reposo (pp. 38-39). Sostiene, además, que las construcciones conceptuales de Parsons le parecen categorías rígidamente dicotómicas. Son conceptos dados de

antemano y a ellos se pretende ajustar la realidad. ^{Elias (2016}) considera que estos teóricos tienden a “simplificar todas las manifestaciones complejas por medio de la descomposición en sus partes componentes” (p. 36). Al ser concepciones binarias, se pierde la oportunidad de los matices.

La idea de que una sociedad es un sistema social, y un sistema social es un sistema en reposo (^{Elias, 2016}, p. 39), termina por reducir el conflicto y el cambio social a un papel marginal y pasa por alto que las transformaciones sociales son procesos “en perpetuo flujo” (p. 36). De este modo, el proceso civilizatorio no es sino una forma de transformación social. Así, la aproximación de Elias es la de una sociología de largo aliento y que puede denominarse sociología histórica. No pone demasiado énfasis -como muchos de nosotros- en estudiar los individuos o los héroes para comprender el cambio social, lo que le interesa es estudiar algo más que suele pasar desapercibido, las transformaciones menos visibles de las sensibilidades, las ideas, los valores y las estructuras sociales de las colectividades. En esa medida, resulta absurdo analizar la vida de los individuos sin comprender el mundo del que son parte.