INTRODUCCIÓN

Los mártires modernos constituyen una buena alternativa para analizar tanto la construcción histórica de narrativas como la difícil y controvertida relación entre verdad histórica e interpretación. El conocimiento detallado del tiempo que vivieron y los grupos sociales y políticos que se movilizaron en su nombre son, a diferencia de los de la antigüedad, de fácil acceso. Esto nos proporciona pistas sobre el modo en que sus historias se crean y se transforman en consonancia con los diversos grupos y escenarios sociales en que estas circulan. El conocimiento histórico general sobre la época contemporánea hace imposible una mistificación total, frecuente en la antigüedad, la abundancia de información sobre hechos históricos específicos, la cantidad de fuentes y la posibilidad de hacer coincidir diversas perspectivas sobre un mismo hecho hace que el contrastar la “leyenda” con los hechos sea factible.¹

El punto de partida del martirio como fenómeno exclusivamente religioso se encuentra en la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, el martirio se produce cuando convergen tres actores: la víctima, los representantes del statu quo (perpetradores) y los seguidores de la persona fallecida, que adscriben el deceso a una causa e identifican a quien muere con esta. Esta trama constituye lo que en el texto llamaré narrativas martiriales. El martirio moderno se produce en la superposición de esferas usualmente separadas. Dicho de otro modo, puede tratarse de un fenómeno religioso —el martirio por la fe— pero puede también aparecer en la esfera social o política. En ese sentido, el martirio no es exclusivamente religioso y las narrativas sobre la muerte martirial aparecen en diversas esferas. Lo que define al martirio moderno no son ya las creencias propiamente religiosas.²

Si bien las narrativas martiriales se encuentran a menudo ancladas en la fe religiosa, estas pueden ser igualmente halladas en el ámbito secular y constituyen un poderoso elemento movilizador, en tanto proveen a la muerte de sentido. De este modo, un accidente trágico es asimilado por un grupo de personas —los seguidores del mártir— como un evento que fortalece la propia causa y reafirma la identidad de quienes la siguen actuando como un elemento cohesionador a la manera durkheimiana. Es por esta razón que el fenómeno martirial puede encontrarse en ámbitos completamente seculares.

En el texto, las narrativas martiriales construidas alrededor de las muertes de María de la Luz Camacho, los estudiantes de la Universidad Nicolaita y los campesinos de Atoyac explican el relativo éxito de las movilizaciones que produjeron a partir de la construcción de contextos densos a la Clifford Geertz. Además, estos tres casos muestran cómo tal movilización dio pie a la activación de recursos jurídicos escasamente usados en la historia nacional.

Aunque los tres casos estudiados son completamente distintos en lo referente a la identidad social de las víctimas y sus demandas, comparten una semejanza que no es común en la historia mexicana: como resultado de cada una de ellas, se produjeron profundas resonancias en ámbitos institucionales, en las demandas sociales de los grupos de origen y en las propias movilizaciones. A diferencia de muchas otras masacres, estas tres obtuvieron notoriedad nacional, relevancia política y algo parecido a la justicia, en tanto algunos de los perpetradores fueron castigados. Al estudiar estos tres casos, el artículo muestra cómo las narrativas martiriales permitieron dar forma a expresiones de descontento, espacios de movilización social y sentido a las muertes ocurridas. Estos espacios de movilización tienen un carácter performativo —manifestaciones, protestas, actos fúnebres multitudinarios, obras de arte, literatura, etc.— y dan a las víctimas el tratamiento de mártires como respuesta a la violencia política, al tiempo que contribuyen a dar sentido a actos atroces y crean poderosos artefactos de protesta.

Aunque el documento se erige en vehículo de la narrativa, aunque esta puede anclarse también en la historia oral de comunidades de memoria. En los tres casos que nos ocupan, los documentos adoptaron la forma de notas periodísticas principalmente, aunque también es posible encontrar escritos literarios (es el caso de María de la Luz Camacho), fotografía, mantas, grafitti y otras muchas formas de expresión que fueron comunes en los casos de los nicolaitas y de Aguas Blancas. En los tres casos he utilizado el término mártiressiguiendo el lenguaje con que se denominó a las víctimas al momento de los hechos y en los meses posteriores. Además, he elegido el uso del término masacre, ya que este designa la matanza de personas, por lo general indefensas, producidas por ataque armado o causa parecida.

El texto está compuesto a partir de la presentación de tres casos ocurridos en 1934, 1949 y 1995. Estos fueron seleccionados atendiendo a la existencia de muertes que en su momento fueron definidas como instancias de martirio por los propios actores. El artículo parte de la noción de nudo de sentido del sociólogo polaco Bronislaw Baczko (¹⁹⁹⁹), que ha mostrado que “en las mentalidades, la mitología nacida de un acontecimiento a menudo prevalece sobre el acontecimiento mismo”. El recuerdo de los tres eventos aquí narrados se convirtió en expresión de las ansiedades, los temores y las esperanzas de distintos sectores sociales en la época en que ocurrieron. Su resonancia los convirtió en hitos políticos, aun si hoy no son considerados especialmente “graves” a la luz de la cantidad de actos violentos cometidos en el país o la barbarie de los mismos. La selección de los casos se hizo en atención a las repercusiones públicas de estos y a su capacidad para movilizar discursos, representaciones y actores públicos diversos a partir de hechos específicos.

PRIMER ACTO. HORDAS COMUNISTAS Y MARTIRIO CATÓLICO: LA MUERTE DE MARÍA DE LA LUZ CAMACHO

María de la Luz Camacho es la más conspicua figura femenina en la confrontación entre la Iglesia Católica y el Estado posrevolucionario.³ Su muerte ocurrió en la explanada de la parroquia de San Juan Bautista de Coyoacán, en el Distrito Federal. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 1934. Los eventos que ocasionaron su fallecimiento son relativamente tardíos, si tomamos en cuenta que los acuerdos entre el Episcopado y el Gobierno Federal fueron firmados en 1929,⁴ poco después de la ejecución de José de León Toral.⁵ Resulta útil recordar que entre 1926 y 1929 un sangriento conflicto se desarrolló en el país. Este constituyó una respuesta de seglares católicos —apoyados por algunos de los obispos y por muchos sacerdotes y religiosos— a la reglamentación del artículo 130 de la Constitución de 1917.⁶

Según datos públicos de la propia institución católica,⁷ María de la Luz nació en mayo de 1907. Habitante del barrio de Coyoacán, Camacho era una joven de clase media, fundadora de un centro de catequesis que operaba en su domicilio y en febrero de 1930 tomó el hábito en la Orden Tercera Franciscana. Al año siguiente se inscribió en la recién creada Acción Católica, que había subordinado a las organizaciones seglares al Episcopado.⁸

Su muerte se produjo por el ataque de una partida de “Camisas Rojas”, el grupo de choque que creara y dirigiera Tomás Garrido Canabal.⁹ En diciembre de 1934, estos organizaron un mitin frente a la parroquia del centro de Coyoacán que derivó en un enfrentamiento con los fieles. María de la Luz fue alcanzada por las balas y murió tras dedicar su muerte a Cristo Rey. Sus restos reposan en el templo de San Juan Bautista, en un austero cubo de cemento al lado de la puerta principal.

Las políticas de Garrido Canabal en Tabasco alcanzaron niveles extremos y dieron pie a historias como la que Graham Greene narrara en El poder y la Gloria y en Caminos sin ley, ambas inspiradas en el ambiente anticatólico que el gobernador creara en el estado y mantuviera durante cerca de diez años.¹⁰ Pero el enfrentamiento donde perdió la vida María de la Luz Camacho ocurrió como parte de un conjunto de manifestaciones que buscaban provocar a los católicos, y que no eran bienvenidas por el gobierno de Cárdenas. Cinco personas resultaron muertas y varias heridas. Su funeral se convirtió en una apoteosis y fue presidido nada menos que por el arzobispo Pascual Díaz y según el jesuita Wilfred Parsons, asistieron cerca de 25 000 fieles indignados.¹¹ Este evento marcó el principio del fin de la vida política de Garrido Canabal.

El caso de María de la Luz Camacho destaca justo porque la Acción Católica había emergido de esas condiciones y, por tanto, el ataque y su muerte ponían en entredicho la voluntad gubernamental de respetar lo acordado. Ello hizo arder la chispa y el grito de “¡Viva Cristo Rey!” que había dado cohesión al beligerante catolicismo de los años veinte y que cobró nuevamente sentido y permitió a María de la Luz Camacho ser considerada mártir de Cristo de manera instantánea. La Acción Católica Mexicana fue una directriz importante en la reconstrucción de las relaciones entre clero, jerarquía y seglares y se convirtió en el instrumento más efectivo de la jerarquía católica para organizar a los seglares.¹²

Hay que recordar que, a diferencia de las organizaciones católicas seglares surgidas entre 1915 y 1925, la Acción Católica era declaradamente ajena a la política —en consonancia con los Acuerdos de 1929— y mantenía una férrea vigilancia sobre los jóvenes católicos para evitar que entraran en confrontación con las políticas del cardenismo. Como ha mostrado Roberto Blancarte, la decisión episcopal de adoptar una “estrategia centrada en la resistencia pacífica y en la transformación de las conciencias mediante la educación, el adoctrinamiento, la catequesis y el ejemplo”¹³ fue uno de los pilares que permitieron el modus vivendi y que facilitaron la lucha común contra el comunismo que acercaría a Iglesia y Estado a partir de 1938.

Por otra parte, 1934 había sido un año conflictivo en la relación Iglesia- Estado, si bien las rispideces entre ambos poderes no habían alcanzado los niveles de la década anterior. El proyecto de educación socialista de Lázaro Cárdenas —parte medular de su campaña presidencial— avivó las rencillas, como lo hizo la posición del presidente Abelardo Rodríguez en cuanto al cumplimiento estricto del artículo 3° constitucional en lo relativo a la laicidad en la enseñanza.¹⁴ Ello iba en contra de las exhortaciones de Pío XI, quien un par de años antes se refiriera a la educación como “derecho de la Iglesia” en su Encíclica Divini Illius Magistri del 31 de diciembre de 1929,¹⁵ mientras aseguraba que tal derecho era del todo superior al interés de los estados nacionales y del mundo secular.¹⁶ En este panorama, las capacidades pedagógicas de Camacho resaltaron como parte del enfrentamiento entre el estado secular y las instituciones de educación católicas.

Pero volvamos al fallecimiento de María de la Luz Camacho. Si José de León Toral fue ejecutado tras una sentencia judicial, la muerte de la joven franciscana se produjo gracias a la violencia que representaba los rescoldos del anticatolicismo, pero que no obedecía ya a una política estatal anticlerical. Prueba de ello es que los Camisas Rojas no salieron indemnes de la agresión: uno de ellos fue detenido por la turba furiosa y asesinado a golpes en la plaza. Los cerca de 65 agresores fueron enviados a la Penitenciaría del Distrito Federal, donde se les instruyó proceso,¹⁷ aunque aparentemente nadie fue sentenciado por la muerte de los cinco católicos ni por la de Ernesto Malda, el rojinegro linchado.¹⁸

El funeral de Camacho fue en algunos sentidos, como el del sacerdote jesuita Miguel A. Pro.¹⁹ Como se mencionó arriba, Wilfrid Parsons SJ calculaba 25 000 asistentes a la procesión fúnebre que trasladó su cuerpo de la casa de su familia al Panteón Municipal de Xoco, cerca del centro de Coyoacán. En el velorio, narra el también jesuita José Macías “unas dos mil personas desfilaron aquella noche, que era la última de 1934. Muchos se arrodillaban para orar; otros tocaban objetos piadosos al cuerpo de la mártir”.²⁰

El 7 de enero se realizó una manifestación en el zócalo de la Ciudad de México en protesta por los eventos de Coyoacán. El presidente Cárdenas reaccionó de manera implacable e inmediata: al día siguiente emitió un decreto en el que indicaba que únicamente el Partido Nacional Revolucionario (PNR, antecesor inmediato del Partido Revolucionario Institucional) estaba facultado para llevar a cabo actividades político-sociales que afianzaran “las ideas que sirven de bandera a la Revolución”. También se decretó que las manifestaciones públicas que tuvieran como objetivo protestar contra grupos o personas deberían ser previamente autorizadas por el Departamento Central del Distrito Federal. Ello, en la práctica, anuló a los grupos de choque no amparados directamente por su gobierno e implicó un golpe al poder de Garrido Canabal, ya en declive. En junio de 1935, Lázaro Cárdenas le pidió su renuncia junto con las de otros miembros de su gabinete, que se identificaban políticamente con el expresidente Plutarco Elías Calles. De esta manera, la muerte de Camacho contribuyó indirectamente a afianzar el mando de Cárdenas sobre el aparato del partido y sobre el gobierno y su naciente institucionalidad.

SEGUNDO ACTO. ACCIÓN MILITAR Y MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL. LOS MÁRTIRES NICOLAITAS

Los quince años que van entre 1934 y 1949 representaron un viraje profundo en la política y la institucionalidad mexicanas. A la par que se ponían a prueba muchos de los postulados de la Revolución de 1910-1917, las formas institucionales surgidas de esta se modificaron drásticamente. Para los fines de este artículo destacan algunos eventos que, como veremos, se expresarían en la movilización creada por la muerte de Armando Héctor Tavera Torres y Agustín Abarca Xochíhuatl, dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nicolaita de Morelia, Michoacán, en el occidente del país. Los jóvenes habían sido ejecutados por efectivos del ejército cuando huían después de arrojar piedras a la fachada de la casa del gobernador.²¹ La violencia del acto los catapultó inmediatamente al lugar de mártires, y se vincula con la propia historia institucional de la Universidad y la historia de la educación en México.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo había sido sumamente cercana al proyecto cardenista desde 1928 —cuando Cárdenas era gobernador de Michoacán— lo que significó un importante impulso tanto en su presupuesto como en la dotación de terrenos expropiados a latifundistas.²² En 1934, cuando se decretó a nivel federal la educación socialista, los estudiantes nicolaitas pidieron inmediatamente que la Ley Orgánica de la Universidad se adecuara a ello.²³

Tras varios años de cercanía con el gobierno federal, el gobernador José Mendoza Pardo —el primero cuyo mandato duró seis años— intentó acercar la política de la Universidad Nicolaita a las directrices educativas del presidente Manuel Ávila Camacho y después a las de Miguel Alemán, mucho más conservadoras que la de Cárdenas. La situación de la Nicolaita se había deteriorado económicamente, puesto que el subsidio gubernamental no había aumentado, lo que condujo a una huelga estudiantil en 1946,²⁴ lo que se repetiría en 1956 y 1966. Así, la muerte de los estudiantes cobró sentido como un sacrificio del cuerpo estudiantil ante el embate de un Estado que se empeñaba en olvidar sus raíces revolucionarias y ahogaba financieramente a la institución. Ello implicó que desde el 29 de julio, día en que la noticia del ataque a los estudiantes apareció por primera vez en la prensa nacional, la federación estudiantil señalara directamente al gobernador Mendoza Pardo como responsable de sus muertes²⁵ y solicitara la desaparición de poderes en Michoacán²⁶ como medidas que no solo evitarían la escalada del conflicto, sino que harían “justicia” a los muertos y darían sentido al sacrificio. Es digno de mención que la demanda de desaparición de poderes estatales apareció también en el caso Aguas Blancas y, aunque no llegó a ejecutarse, fue uno de los reclamos fundamentales de las organizaciones campesinas a las que las víctimas pertenecían. Además, los estudiantes culparon a efectivos de la XXII zona militar de haber disparado a las órdenes del gobernador, lo que creó un clima de alta inestabilidad política en unas cuantas horas. El sepelio, celebrado el 30 de julio en Morelia, fue apoteósico.

La situación específica de la Universidad Nicolaita descrita arriba explica la emergencia de la narrativa de martirio que emergió tras la muerte de los dos jóvenes. Sin embargo, la causa fue abrazada por estudiantes de diversas escuelas del país: el dos de agosto, una primera manifestación en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) convocó a 15 000 de ellos, según reportaba Excélsior.²⁷ En efecto, la agresión militar generó un acercamiento entre la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Federación de Estudiantes Técnicos, la Federación de Normales y la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Las protestas estudiantiles se extendieron hasta el Distrito Federal y otras entidades.²⁸ Tal situación es relevante dado que la FEU era más cercana a la política educativa del alemanismo y heredera del movimiento por la autonomía de la Universidad Nacional de 1929.

Mientras tanto, en una inserción pagada en el periódico El Universal²⁹el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional afirmaba que la manifestación estudiantil no era un acto pacífico, sino una “amenaza para la seguridad social (que) ameritó la presencia de fuerzas armadas obligadas a mantener el orden”. De acuerdo con el desplegado, detrás del movimiento estudiantil se encontraba una intención “no estudiantil y menos universitaria” que era la que “animó al rector García de León a arrojar a los estudiantes dentro de la excitación provocada por un grupo comunista ajeno no solamente al antiguo Colegio Nicolaita, sino a los sagrados intereses de la Patria”.³⁰

Esta oposición entre el nacionalismo armónico propugnado por el alemanismo y los movimientos sociales emergentes caracterizó el periodo e hizo factible una transición del martirio asociado a la consolidación del estado posrevolucionario —especialmente los agraristas y los maestros socialistas— a los mártires evocados por formas independientes de movilización social que aspiraban a constituir alternativas organizativas distintas a las que podían aspirar bajo el aparato del PRI. Recordemos que el PRI fue creado en 1946 para suceder al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que había nacido gracias al presidente Lázaro Cárdenas en marzo de 1938. El PRM ocupó el lugar del Partido Nacional Revolucionario, que operó a partir de 1929. Los tres partidos suelen verse como una forma institucional continuada que se caracteriza por la organización sectorial y corporativa de trabajadores, campesinos y otros sectores económicos. Caracterizado por muchos como partido de Estado, el PRI centró su hegemonía en capacidad para cooptar liderazgos locales y encauzarlos en la estructura propia del Partido.³¹

El movimiento estudiantil originado por los mártires nicolaitas, que rápidamente se difundió entre otros sectores estudiantiles, era, particularmente, sensible a la problemática específica de las instituciones educativas que no eran favorecidas por el régimen Alemán. Este fue el primer presidente no militar en la historia posrevolucionaria del país y su sexenio se caracterizó por una relativa estabilidad económica y social fruto del final de la Segunda Guerra Mundial; paralelamente, el alemanismo afectó la educación nacional al incorporar un nuevo lenguaje que fortaleciera la noción de “unidad nacional” o “unidad para la paz”.³²

Para poner a prueba la idea de las narrativas martiriales durante el periodo de consolidación institucional en México, el caso de los mártires nicolaitas resulta particularmente atractivo. Ello, porque la muerte de los dos estudiantes generó una movilización independiente del ya robusto aparato del partido hegemónico e hizo evidentes diferencias en los más altos círculos del poder en el país. Por otra parte, el caso resonó haciendo patente el anticomunismo del régimen y la incorporación de México al esquema bipolar de la Guerra Fría. En tercer lugar, las movilizaciones mostraron las profundas divergencias entre la educación universitaria sucesora de la Real y Pontificia Universidad de México —la Universidad Nacional Autónoma de México— y la educación superior técnica creada como parte de la institucionalización de la Revolución.

Esta división había sido construida en parte gracias al desarrollo de un discurso nacionalista afincado en la unidad, que es explicable por la amenaza de invasión posterior a la expropiación petrolera de 1938, la Segunda Guerra Mundial y la bipolaridad.³³ En el nuevo orden mundial, el anticomunismo se entendía como uno de los valores que incluían a México en el bloque occidental y que, dicho sea de paso, contribuyó significativamente a acercar al Estado y la Iglesia católica.

Ahora bien, el discurso cardenista consideraba a la educación como uno de los cinco valores revolucionarios más importantes. Rosa Nidia Buenfil³⁴ ha mostrado que esta consideración puede encontrarse tanto en las características de las políticas específicas del sexenio 1934-1940 como en los presupuestos, programas, instituciones y legislación. Las discusiones alrededor de la aprobación de la educación socialista en 1934 hacían énfasis en la existencia de un socialismo mexicano, que enseñara a los niños “una vida mejor”, como dijera un representante del Sindicato de Obreros, Panaderos, Bizcocheros y Reposteros al diario El Nacional.³⁵ Entonces, la educación técnica se planteaba como un recurso que sostendría a la Revolución y funcionaría como antagonista de la educación religiosa. El surgimiento mismo de la educación técnica se ancló simbólicamente a la pugna entre Iglesia y Estado por el control de la educación, y se alineó de inmediato con el presidente Lázaro Cárdenas.

Dentro del amplio espectro de la educación técnica destacaba la educación rural, concebida más como un agente de cambio, homogeneización cultural y patriotismo que como un mero vehículo de alfabetización.³⁶ Ello continuó siendo factor de división una vez terminado el sexenio de Cárdenas y eliminado el socialismo de la educación básica (1945) Como veremos, la pugna entre los “técnicos” y los “universitarios” que se expresó a raíz de la muerte de los estudiantes nicolaitas contiene elementos de este orden, que pueden comprenderse debido al relativo olvido de la educación como eje rector del estado que caracterizó al alemanismo.

Tal pugna se expresó documentalmente en proclamas, periódicos nacionales y pronunciamientos de los implicados. Vale la pena recordar que las narrativas martiriales construidas a partir de la muerte de Tavera y Abarca se hicieron visibles en formas documentales diversas: la manta en manifestaciones, el pronunciamiento y la denuncia públicas y el discurso político son las más frecuentes en el caso.

Para leer las narrativas a propósito del caso vale la pena mirar de cerca las manifestaciones públicas: el 3 de agosto de 1949 anticipaba una trifulca. Ese día, cerca de 8 000 estudiantes de escuelas técnicas marcharon en la capital del país para expresar su simpatía por la Universidad Nicolaita y reclamar justicia para los dos estudiantes asesinados.³⁷ Ello implicaba negar la versión de la Presidencia de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Partido Revolucionario Institucional de que la muerte de los jóvenes había ocurrido en un contexto de provocación por parte de “grupos comunistas” que azuzaron a los universitarios. Esta versión de los hechos fue refutada también por el ingeniero Porfirio García de León, rector de la Universidad Nicolaita, así como por una delegación estudiantil que escribió al diario El Universal para desmentir la postura que había sido publicada el día anterior en sus páginas.³⁸

El planteamiento de los universitarios situaba la muerte de Tavera y Abarca en un contexto mucho más amplio: una vez más se pedía la suspensión de poderes en el estado de Michoacán, una reforma universitaria nacional, la destitución del gobernador, el general Mendoza Pardo —que fue ratificado en su cargo ese mismo día— y castigo a los responsables del asesinato. Por otra parte, los nicolaitas pedían la intervención del presidente Miguel Alemán “por ser un auténtico y digno universitario”.³⁹ Al apelar a la calidad del presidente como alguien que pertenecía a las aulas, se hacía patente la ruptura de la tradición revolucionaria que identificaba al presidente con alguna de las facciones de la lucha armada: la condición de universitario de Alemán mostraba la institucionalización del país y la progresiva consolidación de un presidencialismo ajeno a la tradición militar y centrado en la unidad y la armonía nacionales como elementos discursivos prevalentes.

Paralelamente a la marcha en la capital del país se reportaron eventos similares en Veracruz; en León, Guanajuato; en Zitácuaro y Morelia, Michoacán. La Federación Estudiantil Universitaria congregaba a grupos de diversas escuelas de estudios superiores del país. Aunque en una agitada junta celebrada el 2 de agosto decidieron no unirse a la marcha que las escuelas técnicas convocaban,⁴⁰ al día siguiente lanzó una declaración de apoyo que, junto con un paro de labores, unía a la Federación a las demandas de los estudiantes de la Nicolaita.

Los estudiantes universitarios —la mayoría de ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México— realizaron una manifestación paralela: mientras los de las escuelas técnicas partieron del Monumento a la Revolución, los de la FEU lo hicieron desde la plazuela de Santo Domingo, entonces contigua a la Escuela de Nacional de Medicina. La principal diferencia entre unos y otros era la militancia: la FEU hizo hincapié en su apartidismo, refiriéndose con ello a que no era de inspiración marxista ni cercana al comunismo. Tal afirmación los distanciaba de la política educativa cardenista y los diferenciaba de la educación técnica, aun si desde esta postura declararon su adhesión a las demandas fundamentales de la Nicolaita y enfatizaron la importancia de la muerte de los jóvenes y de la causa por la que esta ocurrió. En declaraciones consignadas en El Universal, los universitarios decían “no prejuzgamos acerca de quiénes sean los responsables de la muerte de los compañeros caídos, pero sus muertes deben ser pagadas (sic) por quienes tengan la culpa. Vamos a pedir justicia absoluta, definitiva y diáfana. Esa justicia para la Universidad de Morelia debe empezar por el castigo de los verdaderos autores de la matanza estudiantil. En segundo lugar, debe cumplirse el ideal por el cual lucharon y murieron dos nicolaitas: que su Universidad tenga los medios necesarios para llenar su función”.⁴¹

Los estudiantes de la Nicolaita invocaron también la intervención del presidente de la República. Su apelación no pareció surtir efecto, por lo que el 8 de agosto, en una rápida sucesión de acontecimientos, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia para que interviniera y conociera los hechos e hiciera uso de sus facultades de investigación.⁴² Mientras tanto, una orden de aprehensión fue librada contra el rector michoacano y tres universidades se sumaron a la huelga: las de San Luis Potosí y Sonora y el Instituto Científico de Querétaro apoyaron a las escuelas técnicas y a la propia Nicolaita.

Ahora bien, el IPN se había fundado en 1936 con el objetivo específico de complementar la educación que brindaba la Universidad Nacional: conjuntaba varias escuelas especializadas en áreas técnicas que se instalaron en el Distrito Federal.⁴³ En 1948 se fundaron los primeros institutos tecnológicos en Chihuahua y Durango, lo que consolidó la “estructura dicotómica de la educación superior en México”.⁴⁴ Los alumnos de las escuelas técnicas y superiores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acordaron exigir la desaparición de poderes en el estado de Michoacán, y castigo ejemplar para los asesinos de Tavera y Abarca. La figura de los dos jóvenes funcionó como elemento cohesionador. Su “sacrificio”, como algunos comentaristas de la época dijeron, aglutinó las más diversas voluntades y propició la unificación de un movimiento estudiantil de carácter nacional, a pesar de las profundas diferencias estructurales que marcaban a sus distintos sectores y de las cuales eran conscientes los protagonistas. La tercera de las demandas del Politécnico era que se decretara la no intervención de las fuerzas federales en los movimientos estudiantiles.⁴⁵ Esta demanda resonó fuertemente en la historia de los movimientos estudiantiles posteriores como el de 1956 en la Nicolaita, el de 1968 y el de 1971 en el Distrito Federal.

El 11 de agosto, el presidente Miguel Alemán se entrevistó con representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), quienes enfatizaron la ausencia de vínculos políticos de ninguna especie en el movimiento, al que caracterizaron como puramente “universitario”.⁴⁶ Alemán respondió “como presidente y como universitario”,⁴⁷ dejando satisfechos a los representantes de la FEU en el sentido de que se haría justicia a los dos jóvenes asesinados. Ello determinó que la Federación Estudiantil decidiera no unirse a la huelga de los “técnicos”. Los estudiantes de Medicina “quizá porque su pensamiento está siempre más cercano a la idea de la muerte, se limitaron a colgar un lazo negro sobre una cartulina blanca en el lado izquierdo de la puerta”.⁴⁸

La cobertura de prensa hacía evidente el creciente abismo entre los “técnicos” —el Instituto Politécnico Nacional, las escuelas técnicas estatales, la Universidad Autónoma de Chapingo, la escuela Manuel Dondé, la Escuela Nacional de Maestros y algunas escuelas secundarias federales— y los “universitarios”. Es importante recordar el origen de la educación técnica y su cercanía con el proyecto de educación socialista de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Miguel Alemán, mientras tanto, hacía público su anticomunismo y, como hemos visto, lanzaba “enérgicas” campañas mediante el aparato del Partido Revolucionario Institucional.⁴⁹ A través de imágenes que mostraban pancartas, grafitti y desplegados en periódicos locales y nacionales, los jóvenes asignaron características martiriales a la muerte.

TERCER ACTO. LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS: MOVILIZACIÓN CAMPESINA Y VIOLENCIA POLICIAL

El caso de Aguas Blancas se acerca más al caso de los nicolaitas que al de Camacho, en tanto las víctimas eran campesinos que se dirigían a una manifestación pacífica en la presidencia municipal de Atoyac, en Guerrero —en el sur de México— y sus demandas eran completamente seculares, colectivas y de orden político.

El 28 de junio de 1995, cerca de 300 campesinos militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigían a Coyuca de Benítez en un par de camiones de redilas. Iban a una concentración donde demandarían la entrega de fertilizantes prometidos por el gobierno del estado de Guerrero. Al atravesar el vado de Aguas Blancas, uno de los camiones fue detenido por un retén policial. Los agentes abrieron fuego contra los campesinos que no portaban ningún tipo de arma ni hicieron amago de ataque. Diecisiete resultaron muertos en una nutrida balacera que duró cerca de quince minutos. Los heridos no recibieron socorro alguno.⁵⁰

Los detalles de la masacre emergieron al principio de manera fragmentaria y en boca de los supervivientes y sus familiares, al igual que representantes de la OCSS, que tenía estrechos vínculos con el Partido de la Revolución Democrática.⁵¹ El gobernador Rubén Figueroa Alcocer explicó la masacre como una respuesta “cultural” que se debía al nerviosismo de los policías ante la ferocidad campesina. Esta versión fue desmentida fácilmente al conocerse el video emitido por Detrás de la Noticia. Sin embargo, en febrero de 1996 un video filtrado anónimamente al noticiero Detrás de la Noticia, entonces dirigido por Ricardo Rocha, puso en cadena nacional la verdadera historia de lo ocurrido. El video mostraba sin cortes el ataque sufrido por los campesinos y dejaba claro que el “enfrentamiento” había sido una masacre contra personas desarmadas e inocentes.⁵² A consecuencia del revuelo que las imágenes ocasionaron, todos los funcionarios del gobierno estatal renunciaron a sus cargos en los meses siguientes, incluyendo al propio gobernador. El caso ameritó también una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la recomendación 104/95 de la CNDH y el informe 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.⁵³

En el vado se construyó un monumento en memoria de los muertos. El cementerio de Coyuca de Benítez fue bautizado con el nombre de “28 de junio” y, un año después de los hechos, la conmemoración fúnebre se convirtió en escenario de la primera aparición pública del Ejército Popular Revolucionario.⁵⁴ Desde entonces, se han realizado anualmente ceremonias donde diversas organizaciones campesinas, magisteriales o de la sociedad civil reivindican su oposición a políticas de gobierno tanto locales como federales y el discurso de derechos humanos se actualiza con nuevas demandas y nuevos casos. Los fallecidos en el vado ganaron el epíteto de “mártires,” que con frecuencia es usado en alusión a la relevancia de su muerte y al sentido que esta ha tenido para generar cambios significativos y fortalecer las diversas luchas sociales a que se enfrentaron. Una parte de la comunidad de memoria que los reivindicó se indexaría al movimiento proderechos humanos y transitaría hacia formas discursivas menos beligerantes. En este sentido, es importante mencionar que la reforma política de 1977 había hecho factible la construcción de alternativas partidarias, iniciando así un camino de institucionalización. En este caso es importante señalar que el documento propiamente jurídico se incorporó al catálogo documental de denuncia. Ello no es gratuito, ya que en la década de 1990 la égida del partido de estado había comenzado a desmoronarse y resultaba mucho más factible encontrar eco en el aparato de procuración de justicia. Ello no ocurrió con los nicolaitas, pero Aguas Blancas muestra un cambio profundo en la vida política del país por cuanto la dimensión jurídica se había incorporado de manera fundamental a los reclamos por los derechos humanos.⁵⁵

La masacre del vado de Aguas Blancas se produjo en un momento en que las organizaciones civiles de promoción y defensa de los derechos humanos padecían lo que Carlos San Juan y Rafael Reygadas⁵⁶ llamaran “hambre de representación”: el pujante movimiento que emergió a partir de 1984 se había consolidado y compartía la necesidad de encontrar canales de interlocución con muchas otras organizaciones dedicadas a la promoción de intereses específicos en sectores desfavorecidos. Esta necesidad común construyó alianzas improbables en otro contexto. La matanza fue convertida en causa colectiva donde se aglutinaron militantes del Partido de la Revolución Democrática, militantes de organizaciones sociales campesinas y del movimiento urbano popular, así como defensores de derechos humanos.

Sin embargo, el lugar social de los defensores todavía no se encontraba tan claramente definido. Ello puede ser uno de los factores que explican la altísima capacidad de movilización que tuvo la memoria de los mártires de Aguas Blancas, puesto que su identidad interpelaba a diversos sectores y la publicidad dada a sus muertes hacía muy difícil la creación de versiones alternativas a la de la masacre. En su recomendación 104/95 del 14 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmaba:

En la zona en la que se presentaron los lamentables hechos del 28 de junio de 1995, el reclamo de la gente es por la oportunidad de participar en los asuntos públicos, la carencia de alternativas productivas, la deficiente infraestructura de caminos, las pésimas condiciones de comunicación y servicios de transporte, la inseguridad pública y el abuso de poder de las corporaciones policiacas. La presencia de bandas de asaltantes, los secuestros, el tráfico de armas y la penetración del narcotráfico, han generado un clima de tensión e inestabilidad en la región.⁵⁷

La masacre misma visibilizó ese apartado rincón de México en términos que se alinearon con las luchas de la OCSS y que hicieron de los asesinados verdaderos mártires en el sentido planteado al inicio de este texto. Pocos casos en la historia del país han movilizado la enorme cantidad de recursos jurídicos, políticos y sociales como Aguas Blancas, lo que hace el asunto tan relevante como el de los nicolaitas.

El año de 1995 fue de gran inestabilidad para México. Fue el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo, y el país comenzaba a recuperarse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el año anterior, había alterado considerablemente el panorama nacional. Los esfuerzos de conciliación fueron cancelados cuando el 9 de febrero de 1995 el presidente Zedillo declaró que se había descubierto arsenal militar y a “importantes miembros de la dirigencia del EZLN” y que había instruido a la Procuraduría General de la República para que girara órdenes de aprehensión contra estas personas.

El caso Aguas Blancas fue la gota que derramó el vaso. Para entenderlo es importante considerar que no se trató solo de la masacre sino, fundamentalmente, de su transmisión televisada y de la imposibilidad de alterar la versión que el video dejó clara. A partir de ello, el presidente Zedillo se vio compelido a inmiscuirse y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que interviniera. Una solicitud semejante había sido realizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras 146 organizaciones civiles en agosto de 1995, pero la SCJN rechazó la petición, puesto que los solicitantes no contaban con personalidad jurídica para activar a la Corte.

El presidente, en cambio, sí contaba con esa facultad. A su solicitud la Corte realizó un informe donde confirmaba la violación de garantías individuales por parte de la policía estatal contra los asesinados⁵⁸ y concluía que estas fueron violaciones graves y generalizadas y que se ocultaron y tergiversaron pruebas, y recomendaba que se continuara la investigación que había sido iniciada por el fiscal especial. Organismos como Amnistía Internacional, Physicians for Human Rights, Minnesota Advocates for Human Rights y varias organizaciones nacionales de derechos humanos mostraron su satisfacción ante el informe y lo consideraron “insólito” por la dureza de sus conclusiones. Con el informe, la Corte Suprema del país endosó la narrativa original de la organización campesina y el epíteto de “mártires” que los campesinos tenían adquirió relevancia institucional.

CONCLUSIONES

Los tres casos aquí contados configuran la identidad de las víctimas alrededor de lo que Myriam Jimeno ha llamado “la utopía de una identidad comunitaria”. Católicos militantes, estudiantes y campesinos organizaron sus demandas a partir de la asignación de sentido a la muerte de algunos de entre sus filas y, siguiendo la noción de Backzco de “nudo de sentido”, convirtieron la tragedia en causa y el sinsentido de la muerte en movilización. Así, la narrativa martirial hizo posible la interpretación de eventos sociopolíticos marcados por la muerte de algunos de sus protagonistas a partir de la asignación de sentido de esta al endosarla a una causa. La conversión de la muerte en sacrificio y de la víctima en mártir permite la cohesión de sectores sociales y la movilización de los mismos en condiciones políticas adversas.

En los tres casos, la muerte operó como punto de referencia que facilitó que diferencias históricas y posturas políticas antagónicas se minimizaran para dar paso a formas contingentes y poderosas de movilización, aun si su duración fue breve. En este sentido, la secularidad de las víctimas y de las causas por las que se les considera mártires es irrelevante, puesto que el fenómeno resulta sociológicamente semejante al del martirio religioso. Vale la pena hacer notar también que la respuesta emocional que se desató a raíz de las tres tragedias analizadas permitió importantes cambios institucionales que son infrecuentes en el país. Aún más, la narrativa martirial resultó, en estos tres casos sumamente, útil para activar capacidades institucionales usualmente aletargadas en el país, como la intervención de la Corte Suprema o la del Congreso de la Unión.