Introducción

Actualmente, el reconocimiento de la diversidad forma parte de los discursos, acciones y políticas internas de distintos Estados nacionales de América Latina. México se ha sumado a la oleada de reformas estatales que buscan reconfigurar la imagen del país a través del reconocimiento de la pluralidad étnica y lingüística, así como de la construcción de políticas públicas asociadas a su plena vigencia (^{Escobar et al. 2010}).

Si bien las políticas de reconocimiento, gestadas a finales de los años ochenta, derivaron en reconocimientos formales de los derechos indígenas, es importante destacar que dicho reconocimiento “debe situarse en el marco de las políticas globales promotoras de nuevas formas de institucionalización que no garantizan un reconocimiento pleno de la diversidad y una relación más igualitaria entre el Estado y los pueblos indígenas” (^{Sierra 2010, 114}).

El turismo es un ámbito donde es factible pensar estas políticas de reconocimiento entre el Estado y las poblaciones indígenas. En este artículo exploramos la función que el Estado mexicano, en sus distintos niveles, ha ejercido respecto de las políticas turísticas, con el fin de evidenciar cómo fue que éste tomó decisiones unilaterales y verticales, particularmente en lo que corresponde al “vuelco” de las comunidades indígenas hacia el turismo.

Utilizamos el concepto de “gobernanza” como categoría que permite considerar prácticas de gobierno distintas a aquellas que reproducen la desigualdad y verticalidad: decisiones externas, objetivación de los territorios y paisajes, control de la imagen y representaciones de lo étnico, discriminación y racismo. La gobernanza implica pensar en representatividad, horizontalidad, decisiones compartidas y experiencias de enriquecimiento mutuo entre comunidades indígenas y otros grupos sociales. En este sentido, la gobernanza alude a discursos y lógicas que posibilitan mirar cómo ha sido la relación entre los actores del Estado y las poblaciones que, en este caso específico, se vinculan al turismo comunitario.

¿Cuál es el panorama yucateco con respecto a esta forma de gobernar en lo concerniente al ámbito turístico? ¿Qué función debe desempeñar la gobernanza en un escenario donde el Estado ha reproducido prácticas de poder sobre las poblaciones mayas que se vuelcan al turismo? ¿Cómo se debe pensar la gobernanza turística⁶ y cuál es su panorama a futuro en términos de investigación? Estas son las interrogantes generales que abordamos en este artículo y que nos permitirán dar cuenta de la importancia del concepto “gobernanza” para el estudio del turismo en el actual contexto yucateco, contemplando su articulación histórica con Quintana Roo.

Además de una revisión hemerográfica y de documentación bibliográfica, para efectos de este trabajo, se realizaron entrevistas con representantes de cooperativas de turismo comunitario en el estado de Yucatán: Río Lagartos-Explore, Yaax Tekit, Uh Najil Ek Balam y Zaaz Koolen Haá, Yokdzonot. Agradecemos a estos colectivos por abrirnos sus puertas, compartirnos sus experiencias, propuestas y visiones sobre el panorama turístico desde sus territorios.

Un largo devenir: del turismo y sus actores en la región

Como en muchos sitios, la instauración del turismo en Yucatán ha de entenderse desde la superposición de condiciones históricas que forjan paisajes tan heterogéneos como objetivables a partir de los anhelos de las sociedades viajeras. Cabe recordar, por un lado, las condiciones estructurales históricas que han precedido a las dinámicas turísticas actuales en la región, los andamiajes en que opera esta industria, así como la manera en que participan sus agentes, muchos integrados partiendo de la desventaja.

El devenir histórico del turismo en la Península y las formas en que estos quehaceres han sido gobernados se anclan en modelos económicos implantados, algunos de ellos de larga data, donde se triangulan poderes administrativos estatales, sectores privados con capital simbólico y pecuniario, además de la población originaria, a merced de las anteriores. De acuerdo con ^{Lizama (2013)} el primer modelo instauró las dinámicas sociales diferenciadas entre las clases privilegiadas y la sociedad maya en tiempos coloniales, en la entonces Gobernación de Yucatán. El segundo primó entre los siglos XVIII y XIX, con el auge de los emprendimientos agropecuarios particulares de las élites locales; el tercero se configuró gradualmente durante el siglo XX, reproduciendo “la división social del trabajo y la posición subordinada del pueblo maya” (2013, 17).

Siguiendo al autor referido, es de reconocer que a cada modelo le corresponden políticas y condiciones que permitieron el advenimiento del siguiente: despojos de tierras, empleo de indígenas como servidumbre y cambios en el uso de suelo. Lo anterior preparó el arribo del capitalismo moderno, cimentado en la inversión privada y el trabajo asalariado libre, con un paulatino abandono del campo y un acelerado desarrollo de zonas y focos turísticos (^{Lizama 2013, 17-20}).

El segundo modelo favoreció movilizaciones lúdicas, es decir, formas incipientes del turismo. Al respecto, ^{Miranda Ojeda (2014)} destaca tres de carácter regional interno. La primera fue donde suscitaron incursiones recreativas de élites capitalinas hacia la ruralidad “para [...] encontrar en la naturaleza el reposo y la quietud del campo”, motivadas por “la novedad del exotismo que despertaban las costumbres de los indios” (2014, 10).

La segunda fue casi de exclusivo interés de extranjeros en el ejercicio de distintos quehaceres. Desde los inicios del siglo xix, y hasta las primeras décadas del xx, desfilaron más de una veintena de exploradores, arqueólogos, aventureros, periodistas, epigrafistas, escritores, antropólogos, fotógrafos y coleccionistas. Mientras el régimen porfirista pretendía validarse internacionalmente, el gobierno yucateco emprendió la promoción turística del estado, y las clases dominantes locales aprovecharon el establecimiento de rutas y hospedajes para los visitantes extranjeros; la población maya fue apartada de cualquier decisión, bajo la afirmación mendaz de que “los yucatecos no tenían ningún interés por el pasado ni la arqueología” (^{Miranda Ojeda 2014, 14}).

Y la tercera, floreció con el fomento del puerto de Progreso, según Miranda, cuando las clases acomodadas encontraron en el litoral yucateco una forma de emular los novedosos veraneos mediterráneos de las élites europeas, haciendo aparecer posadas y demás establecimientos en diferentes puntos costeros (^{Miranda Ojeda 2014, 15-16}).

Estos tres tipos de turismo acontecidos en el segundo estadio fueron privilegio de las clases acomodadas, ya fueran locales o arribadas. La población maya participó como servidumbre, o como objeto de exotismo y curiosidad. Los territorios del extremo oriente peninsular, desplegados hasta el Caribe, eran cobijo de los mayas sublevados durante la guerra que el criollismo yucateco denominó como “de Castas”. Estaban fuera de la sujeción de las autoridades civiles, aunque hubo afanes pacificadores durante diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XIX.

A fines del segundo estadio -desestabilizado por la Revolución-, el Estado incorporó el turismo en su agenda, confiando en que esta acción redundaría en el bienestar de la población originaria. Felipe Carrillo Puerto fue de los primeros en establecer un programa turístico formal desde el gobierno que encabezaba (1920-1924). Siguiendo las conjeturas de ^{Hulme (2021)}, esto pudo ser por el interés en la restauración y promoción arqueológica focalizada en Chichén Itzá y Uxmal o en el eventual papel que estos sitios desempeñarían en la reivindicación del campesinado maya en el marco del socialismo regional de su proyecto político, confiado en que el carácter socialista postrevolucionario de su administración habría de impactar con justicia al territorio maya yucateco. Además, es posible que haya dimensionado la relevancia del turismo para insuflar capital a la menguada economía yucateca; al menos el necesario para el emprendimiento de sus reformas sociales (2021, 152).

Al insertar el turismo en la agenda política yucateca, volcado en cierta idea de justicia, el gobierno socialista vinculó los intereses privados locales que se adelantaron al Estado en el fomento de esta actividad, y sobre la que fueron ganando experiencia a lo largo del siglo XIX. En 1921, un año antes del ascenso de Carrillo Puerto en el ejecutivo estatal, poco más de una veintena de personajes -muchos pertenecientes a la cúpula económica y empresarial yucateca-, fundaron la Compañía Impulsora del Turismo a las Ruinas de Yucatán. Esta corporación mercantil fue la primera en el ramo nacional de la que se conserva registro; y, aunque parece ser que nunca entró en operaciones, tuvo por objetivo “el fomento, desarrollo y explotación del turismo en Yucatán” (^{Moreno y Enseñat 2021, 28}). El Congreso del estado dio su beneplácito para que la compañía abriera comunicaciones; se arrogaron la organización de recorridos de excursión y la edificación de hoteles, museos y establecimientos que brindaran “comodidades, alojamiento, conocimientos y recreo”, revelando la comprensión que el sector privado daba a la cadena de valor del turismo y sus procesos de transporte y hospedaje en torno a atractivos turísticos, como Chichén Itzá y Uxmal (2021, 28 y 36).

La vinculación entre Carrillo Puerto y el sector privado de la época, en torno al turismo local, da cuenta de una incipiente forma de colaboración entre ambos sectores, especialmente en cuanto a la consideración de la relevancia de esta actividad y su posterior cooptación por el sector público. Las antiguas élites locales buscaban reconfigurar una forma diferente de recepción y acompañamiento a los viajeros, quizá motivados por los aprendizajes y oportunidades adquiridos durante el siglo XIX, cuando alojaron en sus residencias y haciendas a aristócratas con iniciativas científicas y arqueológicas. La Revolución les quitó el control de las arcas públicas que alguna vez utilizaron para facilitar los traslados hacia Chichén Itzá y Uxmal, ubicadas entonces en terrenos de su propiedad, y requerían mantener un buen entendimiento con el gobierno para sostener sus emprendimientos (^{Hulme 2021, 152-153}).

Destaca, en este tiempo, la inversión en obra pública, como las carreteras Mérida-Dzitás y Uxmal-Muna, para facilitar el arribo de visitantes. El pueblo maya fue reconocido en la narrativa de Carrillo Puerto como “un puente entre los mayas de esos años, quienes pusieron su fuerza de trabajo e ingenio para construirla y sus antepasados, que habitaron esa ciudad” (^{Moreno y Enseñat 2021, 38-40}). Aparece también un nuevo órgano para la preservación de la historia material monumental, presentado durante la inauguración del mentado camino: la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, de la que el gobernador figuraba como presidente honorario. Se articulan en estas operaciones entidades académicas que hallaron cobijo en el gobierno socialista de Carrillo Puerto para realizar exploraciones arqueológicas en Yucatán. Destacan el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, así como el Museo Nacional del Indio Americano y el Instituto Carnegie (2021, 38-40).

La caída de Carrillo Puerto devino en una crisis política y social que anuló los incipientes esfuerzos por legitimar el turismo en Yucatán. Especialmente cuando se trataba, por primera vez, de una inquietud que vinculaba a diferentes actores gubernamentales, privados y académicos, y que abiertamente pretendía reivindicar y mejorar la historia y condiciones de vida de la población maya (^{Moreno y Enseñat 2021, 43-45}), aunque con un discurso revictimizador y vertical.

Aún a finales del segundo estadio, el gobierno federal fundó, en 1928, la Comisión Mixta Pro-Turismo, a la que sumó a la iniciativa privada al año siguiente, convirtiéndose luego en la Comisión Nacional de Turismo (cnt). En los tiempos convulsos en que el rubro se intentó recuperar a nivel nacional, hubo quienes señalaron urgencias en este quehacer, situado en Yucatán. Pedro Castro Aguilar, funcionario yucateco de la época, apuntó en el semanario El Popular la urgencia de reunir fondos privados para el turismo y la constitución de un capital formado “con la absoluta cohesión, con la veraz solidaridad entre gobernantes y gobernados; capital y trabajo, patronos y obreros, dirigentes y dirigidos, en franca, en ideal armonía” (^{Castro Aguilar 1929, 7}). Gabriel Menéndez, director del rotativo referido, denunció en el mismo medio que la calidad de los caminos y la ausencia de alojamientos hacía del turismo en el estado una tarea “ruda e inhumana”, que debía apostarse por atraer visitantes estadounidenses y cubanos, y que la proyección del país como “intranquilo y levantisco”, por causa de las revoluciones, golpeaba también la imagen sosegada de Yucatán (^{Menéndez 1929, 7-8}). Estas dos imágenes son de relevancia para el tema que discurrimos. La primera es una exhortación para articular al gobierno y a la sociedad en general en torno a la ejecución del turismo como tarea y logro, incluyendo a los sectores que aquí figuran como mano de obra, entre las que acaso se suman también los mayas. La segunda subraya una contrastante estampa regional, frente a la narrativa que señala que el turismo fue, en este periodo, una contribución “a proyectar al país en el ámbito internacional como una nación pacífica, rica en tradiciones culturales y con un valioso patrimonio cultural”, lo que la convertía en una segura “fuente de ingresos y de progreso regional” (^{SECTUR 2005, 34}).

En la segunda mitad del siglo XX se vivió la “segunda revolución turística”. La primera, en el periodo de entreguerras, favoreció movilizaciones de extranjeros en el país; la otra, al finalizar la última conflagración global, tuvo un enfoque en lo que se llamó consumo de “sol y playa” como destino, y una mayor movilidad de connacionales al interior del país con fines recreativos (^{SECTUR 2005, 41}). A la par, otros sectores menos favorecidos también se movilizaban, forzados por diferentes situaciones críticas. El monocultivo henequén, megaproyecto que alguna vez fue casi el único motor de la economía yucateca, comenzó a sucumbir hacia finales de la década de los cuarenta, concluyendo su caída hacia 1990; a esto se sumó la escasez de maíz por las plagas de langosta, sequías y tormentas hacia el sur y oriente de Yucatán, tal como señala ^{Martha Mendoza (2013)}, sucesos que provocaron reacomodos poblacionales.

Muchos de estos reajustes derivaron en megaproyectos productivos en la zona de Oxkutzcab, y en la dotación de hectáreas de tierra en territorio quintanarroense a familias yucatecas, cambiándose el uso del suelo de forestal a agrario. Con estos flujos migratorios, el oriente peninsular, que fue custodiado por los mayas levantados durante la guerra de Castas -suelo “pacificado” tras los despliegues militares a inicios del siglo XX-, fue territorializado y posteriormente erigido como entidad federativa, en 1974 (^{Mendoza Ramírez 2013, 130-150}). Los bienes y entornos naturales de la región, bajo la histórica custodia de los mayas, fueron objetivados y puestos al interés de la iniciativa privada para fomentarlos y sumarlos a los destinos de “sol y playa” que se proyectaban desde el quehacer turístico nacional, en un discurso donde el bienestar de la población originaria parece ya desdibujado.

El advenimiento de Cancún como proyecto turístico incentivó aún más la migración interna entre población indígena originaria de diversos puntos de la Península y del país (^{Bracamonte 2002, 119}; ^{Cárdenas Méndez 2013, 160}). Las primeras labores fueron convocadas por la industria de la construcción y servicios domésticos. Poco después arribaron migrantes con un nivel de escolaridad propio para ocupar puestos administrativos, comerciales y de servicios (^{Cárdenas Méndez 2013, 160}). Tras el paso del huracán Gilberto en 1988, otra oleada migratoria se suscitó para la reconstrucción de los polos de desarrollo que, como Cancún, fueron repensados por los gobiernos y el empresariado privado bajo el concepto de “turismo de masas, mar, sol y playa” (2013, 159, 160). Para 1999 se inició un proyecto de continuación denominado Riviera Maya, el cual comprende un corredor hotelero que va de Cancún a Tulum, donde han surgido otras capitales con acelerado crecimiento demográfico (2013, 162).

Para Eliana Cárdenas, en estos sitios el mercado laboral y la oferta educativa, orientada al sector turístico, crearon expectativas de movilidad social para los migrantes de distintas generaciones; aunque aclara que no toda la población que llega cumple con la calificación laboral para ocupar empleos formales o directivos, por lo que tampoco se han disminuido los niveles de vulnerabilidad de dichas poblaciones -muchos de ellos de origen mayaque llegan a los centros turísticos. Además de que la industria turística -siempre inversión privada de concesión estatalse las ha ingeniado para apropiarse de mano de obra con salarios y prestaciones bajos, horarios extenuantes y logísticas como el sistema de transporte diario, que lleva a los trabajadores de sus pueblos a los hoteles, que crea entre el personal y las empresas una relación de dependencia y sujeción (^{Cárdenas Méndez 2013, 161-164}). El rostro de la mayanidad en estos megaproyectos es usado como una fórmula adosada a ideas de exoticidad, exuberancia y otredad, donde la población adscrita a esta etnicidad se mantiene operando desde los servicios y los escaños más bajos de los organigramas del sector.⁷

Con el turismo se reconfiguraron los paisajes regionalizados previamente a partir de actividades económicas y productivas con los que suelen pensarse las relaciones interétnicas en la Península. En Yucatán las zonas ganaderas, maicera, exhenequenera y frutícola, sumaron procesos de servicio a los productivos. Por ejemplo, la milpa, la meliponicultura, la pesca y demás procesos endógenos comenzaron a formar parte de nuevas actividades turísticas. Asimismo, se generaron migraciones a los destinos turísticos del Caribe y se gestaron paulatinos abandonos de dichas prácticas productivas asociadas a esas regiones.

En Quintana Roo se experimentan reajustes poblacionales. Autores como Julio Jiménez Roberto señalan que la llamada zona maya, hacia el sur, está a punto de llamarse ex zona maya, en tanto que su población originaria se moviliza a trabajar a las ciudades del norte del estado: Cancún y Playa del Carmen, principalmente (Jiménez 2008 en ^{Cárdenas 2013, 158}). Al respecto se habla de procesos de desterritorialización étnica por las poblaciones movilizadas a capitales turísticas, con asimetrías que a su vez muestran la dependencia del turismo con otras industrias (^{Cárdenas Méndez 2013, 158-159}). Estos derroteros turísticos tienen en común la capitalización privada del turismo favorecida por el Estado, y la insistencia en sostener al pueblo maya en una posición subyugada, como había ya señalado ^{Lizama (2013)}.

En tiempos del turismo reciente, la naturaleza ha sido focalizada como objeto aprovechable, con formas particulares de relación a partir de servicios denominados como sostenibles y amigables con el medio ambiente y las comunidades receptoras (^{Basabe y De Teresa 2019, 393-394}). Esto ha ido de la mano con el modelo de aprovechamiento rural de 1987, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CMMDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros tratados internacionales como la Agenda 21, centrados en la idea de desarrollo sostenible (^{Basabe y De Teresa 2019, 393}). En este contexto, el mercado ecoturístico se propuso como alternativa para rentabilizar la preservación de los ecosistemas y los pueblos que en ellos habitan, prefigurados como microempresarios que capitalizan sus paisajes, territorios y formas de vivir para generar productos que ayuden a lograr desarrollos locales y sustentables (2019, 394-395).

En México, el ecoturismo para el desarrollo sustentable protagonizó políticas gestionadas por el Instituto Nacional Indigenista (INI), desde 1989, que incluía programas productivos y conservacionistas. En primer lugar, estos programas se vieron atravesados por las reformas al artículo 27 constitucional con las que se decretó el fin del reparto agrario y se inició el proceso de regularización de la tenencia de la tierra con la posibilidad de privatización y mercantilización de la propiedad social. En segundo lugar, influyó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el cual se apertura el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y tribales en cuanto a la decisión de sus propias prioridades en lo que respecta al progreso y desarrollo. Se planteó entonces que los pueblos deberán participar en la formulación y aplicación de los planes de desarrollo nacional en los que pudiesen ser afectados de algún modo (2019, 400).

Estas nuevas formas de turismo, asociadas con la conservación ambiental, también fueron impulsadas a partir de la sociedad civil, que ha ido adquiriendo notoriedad en este mismo periodo. En Yucatán aparecieron nuevas subjetividades como los cenoteros, dedicados a prestar servicios turísticos en estas formaciones kársticas desde sociedades locales, las cuales han controlado la actividad y la propiedad social de la tierra.

Así, podríamos pensar en una suerte de autonomía en la gestión del paisaje turístico; empero, como lo advierten varios autores, éstas no están exentas de fuerzas privatizadoras, en las que se articulan nuevamente el Estado y el empresariado (^{Jouault 2021, 4}). Las privatizaciones surgen en diferentes formas y tipos, y los cenotes, administrados bajo el concepto de economías sociales, no quedan fuera de las dinámicas del gran turismo; de hecho, terminan compitiendo con otras ofertas en condiciones de desigualdad (2021, 12). El paisaje, los montes, el agua, los animales, los no humanos, terminan siendo arrastrados a las lógicas de la mercantilización, lo mismo que los habitantes mayas y sus formas diversificadas de habitar.

El programa Costa Maya a finales de los años noventa⁸, hacia el sur de Quintana Roo, se enmarca narrativamente en este paradigma de desarrollo, con el fin de integrar al “sur rural y pobre” a las dinámicas desarrollistas. El discurso de este programa apuntó a un turismo ecológico, alternativo, donde el visitante tuviese un contacto con la naturaleza no necesariamente del paisaje costero y con la cultura maya (^{Sierra y Campos 2013, 186}). Como señala Samuel Jouault y como se muestra en el Atlas de Turismo Alternativo de la Península de Yucatán (^{García de Fuentes et al. 2015}), la presencia del capital turístico en contextos rurales en la Península es cada vez más notoria. Y se suman a estos procesos de abarcamiento territorial del turismo, el proyecto Haciendas del Mundo Maya, el Programa Pueblos Mágicos de México y la privatización de los cenotes cercanos a destinos arqueológicos (^{Jouault 2021, 4}).

Proyectos que, a pesar de la línea en que se inscriban, se diseñan a expensas del derecho a la consulta indígena, es decir se imponen. El reordenamiento de los espacios y los cambios en infraestructura se realizan en función del turismo, y no de los locales. Las políticas de desarrollo no benefician exclusivamente a los lugareños, mientras que la clase trabajadora se mantiene en estado de vulnerabilidad (^{Sierra y Campos 2013, 205}). En definitiva, desde la década de los noventa, y con mayor énfasis a partir del siglo XXI, se diversificó la oferta turística, generando con esto la necesidad de pensar en nuevas formas de conducir la política turística.

Gobernanza: la complejidad en la gestión del turismo

Durante las últimas cuatro décadas, el Estado mexicano ha emprendido proyectos de diversa índole para el desarrollo de las poblaciones indígenas; particularmente en los últimos años el reconocimiento étnico se ha esgrimido en los discursos estatales. La “voluntad de mejorar” a las poblaciones indígenas es voz pública, así como también lo son las condiciones que legitiman dicha voluntad. Por ejemplo, en Yucatán es del conocimiento popular que hay un interés generalizado entre distintas instituciones de “mejorar” las condiciones de vida de las comunidades mayas del estado, debido a que son vistas como representantes del atraso, la pobreza y marginación. Ante dicha situación, el estado ha impulsado una serie de medidas -entre ellas el turismopara el desarrollo de las comunidades mayas de Yucatán, las cuales se pretende, al menos enunciativamente, que ya no sean de tipo asimilacionista, sino respetuosas de las identidades locales.

En tiempos más recientes, el impulso al turismo fue una de las ocho políticas públicas del eje sectorial Yucatán con Economía Inclusiva del Plan Estatal De Desarrollo 2018-2024 (^{Gobierno del Estado de Yucatán 2019, 42}). A su vez, este “impulso al turismo” implicó diversas líneas de acción vinculadas en mayor o menor medida con la población maya yucateca: 1) promocionar la imagen de la cultura maya en campañas nacionales e internacionales; 2) consolidar el segmento de turismo de naturaleza en ciertos municipios; 3) promover las ferias y tradiciones del estado en las localidades con alto potencial turístico; 4) desarrollar el turismo alternativo y comunitario; y 5) facilitar el establecimiento de nuevas rutas turísticas sostenibles en las comunidades, respetando su identidad cultural (^{Gobierno del Estado de Yucatán 2019}).

Hoy día, diversas comunidades mayas desean fortalecerse o insertarse en la dinámica de la actividad turística, como una manera de generar ingresos económicos, conservar la biodiversidad e incluso reproducir su identidad al “darla” a conocer a los otros, lo cual implicaría considerar a la práctica turística como un recurso pedagógico (^{Hiwasaki 2000}). Sin embargo, esta realidad asumida responde a un interés, por parte del Estado, de posicionar esta actividad en lo amplio y largo del territorio mexicano, y para nuestra realidad más próxima, del peninsular. Como se plasma en el apartado anterior de este artículo, la relación entre el Estado y las poblaciones indígenas durante gran parte del siglo xx estuvo marcada por una diversidad de políticas asimilacionistas e integracionistas. Por otra parte, con respecto de los capitales privados, sí que existió cercanía con el Estado, particularmente en torno a la posibilidad de utilización de la naturaleza como recurso o de la mano de obra asociada a los cuerpos indígenas, en este caso, la población maya. Lo que ha marcado el ámbito del turismo ha sido el interés de unos por convertir en mercancía la naturaleza, el territorio y las prácticas culturales de las localidades (^{Méndez y Sandoval 2012}; ^{Cruz, Rodríguez y Zamora 2012}); así como también generar actividades dirigidas a la creación de empleos de servidumbre dependientes del mercado turístico.

¿Cómo entender la actividad de gobierno que se suscita actualmente en esta relación del Estado, los capitales privados y las poblaciones indígenas en torno al turismo? ¿Ha cambiado la relación desigual e inequitativa por el hecho de nombrar más a las poblaciones mayas y enunciar políticas de reconocimiento de la diversidad y conservación de la biodiversidad? Respecto de esta última interrogante, creemos que no, debido a una “historia de gobierno” caracterizada por la ausencia de voces indígenas locales en la toma de decisiones en cuanto a las políticas turísticas, lo cual contrasta directamente con lo contemplado por el concepto “gobernanza”.

¿Cómo se ha generado la dirección -práctica de gobiernohacia las poblaciones indígenas en el ámbito del turismo? Al respecto, y en el marco del Programa Pueblos Mágicos en San Cristóbal de las Casas, Sandra ^{Cañas Cuevas9 (2016)} menciona que en el proceso de turistificación, las poblaciones indígenas son conducidas hacia puestos de mano de obra barata, excluidas o negadas del espacio público; esto implica la construcción y “movilización” de discursos de reconocimiento que establecen qué ha de asumirse como indígena, cuál es o debe ser su cometido en el quehacer turístico, quién o quiénes deben asumir funciones directivas, y demás procesos que reproducen desigualdades históricas.

Esta realidad no es ajena al contexto yucateco. ^{Rodríguez Martínez (2017)} ha evidenciado cómo en el proceso de incorporación de una comunidad maya (Ek Balam) al turismo, se genera una práctica de gobierno en la que se expresa un poder productivo de nuevas subjetividades, necesidades y deseos que configuran a los locales como sujetos dispuestos a trabajar en la actividad independientemente del puesto que asuman, que, para intereses de algunas personas externas, suelen ser puestos de servicio y no directivos.

¿Qué es lo que nos muestran estas aproximaciones sobre la realidad de la incorporación del turismo en las comunidades mayas? Entre otras: 1) que en lo concerniente a su incorporación, éstas no son las únicas interesadas en ello, sino que se articulan diversos intereses de sujetos pertenecientes a organismos de muy diversa índole (gubernamental, privado, organismos de la sociedad civil, académico); 2) que existen procesos que reproducen la desigualdad en lo correspondiente a la toma de decisiones, manejo de imagen de los sujetos o cultura local, representatividad en el ámbito público, etcétera; y 3) que existen procesos de apropiación del territorio, conocimientos y bienes.

Si bien las distintas aproximaciones a la gobernanza son muy diversas,

parece haber consenso en que el concepto refiere a algo más amplio que el gobierno y en que se considera no sólo a los actores públicos como los únicos agentes capaces de plantear soluciones a las demandas de la sociedad, destacando además la conformación de redes en la búsqueda de metas colectivas (^{Roldán, Corbo y Castellucci 2017, 19}).

En este sentido, la gobernanza implica la consideración de una multiplicidad de actores que intervienen en el proceso de configuración de los destinos turísticos. En su concepción más general, la gobernanza tiene que ver con la búsqueda de solución a problemas colectivos y, en ese sentido, el logro del bienestar público. Ha sido pensada como un nuevo modo de gobernar, más cooperativo y horizontal, lo cual implica ciertas condiciones generales: 1) que la autoridad política en cuestión no sea omnipotente, pero sí legítima en términos democráticos; y 2) que la sociedad civil sea “fuerte”, funcionalmente diferenciada y bien organizada (^{Mayntz 2001}).

Ahora, pensar la gobernanza a partir del ámbito del turismo, si bien se relaciona con algunas de sus condiciones generales, también tiene sus propias características. Se puede entender que la gobernanza del turismo se asocia con “la búsqueda de nuevas formas de toma de decisiones colectivas, sobre asuntos que implican la gestión de conflictos de intereses y que tratan de impulsar procesos de innovación social, el fortalecimiento de los actores más débiles del sistema y el cambio de las dinámicas turísticas generan los impactos negativos” (^{Velasco 2014, 19}).

En esta primera aproximación destaca el turismo como fenómeno multidimensional (^{Gutiérrez, Wilhelmus y Chávez 2022, 699}); es decir, su vínculo con los diferentes impactos que éste puede generar en las comunidades locales: mercantilización de la cultura, pérdida de territorio, transformaciones identitarias, sobreexplotación de paisajes, flora, fauna, etcétera.

Otro elemento vinculado a la gobernanza en su relación con el turismo es el asumir que los destinos turísticos se caracterizan por ser complejos, particularmente en lo relacionado con la diversidad de actores involucrados en la gestión del destino (^{Svensson, Nordin y Flagestad 2005}).

La gobernanza del turismo o de los destinos turísticos también “navega” en los dos grandes enfoques generales que existen sobre la gobernanza: un enfoque normativo y uno instrumental. La gobernanza, desde el primer enfoque, puede dar pistas de cómo debería actuar el Estado y otros actores respecto de su relación con los sujetos locales que pertenecen al destino turístico. Algunos de los autores que se adhieren a esta vertiente piensan que: “las características de las sociedades contemporáneas exigen a los gobiernos que renuncien a su función de dirección, tal y como la han ejercido hasta hoy. La nueva sociedad requiere de un gobierno que ejerza un rol orientador y coordinador” (^{Roldán, Corbo y Castellucci 2017, 19}).

El enfoque instrumental, por su parte, no pretende establecer un modelo a seguir, sino comprender cómo se han tejido nuevas formas de gobierno, distintas al modelo jerárquico, en las que la dinámica social entre capitales privados, Estado, sociedad civil y actores locales se va construyendo a lo largo del tiempo. Cabe notar que existen diferentes grupos/actores involucrados en la gestión del turismo, y que éstos no poseen la misma preocupación en torno a los posibles impactos de la actividad o incluso en torno a lo que ésta misma puede significar. De ahí que la gobernanza sea un concepto útil para estudiar lo relacionado con la producción de los destinos turísticos y su posterior actuación en torno a ellos; es decir, es útil, porque es un punto de partida, ya que pensar en gobernanza es pensar en participación (^{Queiroz y Rastrollo-Horrillo 2015}); “la gobernanza es propuesta como corriente teórica que establece mecanismos que permiten la participación de todas las partes interesadas que implican o son implicadas por el turismo” (2015, 49).

Como se pudo observar en el breve recuento histórico, la gobernanza ha sido casi inexistente en la gestión del turismo, toda vez que las comunidades locales, profundamente implicadas en los procesos, no han sido consideradas en la toma de decisiones.

¿Hacia la gobernanza? La travesía de las redes, confianza y colaboración

Actualmente existe un “giro” en el turismo que se expresa como fenómeno social articulado a la complejidad de la diversidad de actores involucrados en la toma de decisiones, a propósito de los destinos turísticos -principalmente en comunidades indígenas-; y, también, uno más de carácter académico, que involucra la necesidad de hacer estudios para enfatizar los caminos posibles de una práctica de gobierno menos centrada en la producción de sujetos empleables y explotables por los capitales privados.

Como se indicó previamente, el turismo se ha diversificado y con ello ha incrementado también la participación de comunidades rurales e indígenas. Sin embargo, esta situación, aparentemente favorable para las comunidades, no necesariamente ha sido así; por un lado, se plantea pasar de una economía del sector primario a una del sector terciario; por otro, se ha impulsado la creación de entes ajenos a las formas de organización de las comunidades peninsulares. Así, en un tiempo muy breve, aparecieron primero las sociedades de producción rural y las de solidaridad social, para posteriormente dar paso a las cooperativas. Este escenario planteó un doble reto: 1) la gestión de los “nuevos” destinos turísticos, sin poseer los conocimientos que se requieren para ello; y 2) la cuestión sobre cómo organizarse bajo estas figuras que, si bien han existido por mucho tiempo, plantean retos de distinta índole en torno a la toma de decisiones, cumplimiento y manejo de tiempos y formas ajenas al trabajo campesino. Al respecto de estas dificultades, Irma, miembro de Zaaz Koolen Háa, cooperativa de la comunidad de Yokdzonot, Yucatán, comentó lo siguiente:

Al principio es difícil. Nosotros, cuando iniciamos, discutimos. Pero hemos aprendido, no es como al principio. Unos decían: “no, a mí no me parece lo que dice esa persona”. Hemos aprendido que respetaremos a la persona que es representante. Hay cosas en las cuales yo debo preguntar si están de acuerdo, pero otras no. Si es decisión de al momento, pues es lo que decida. Entonces, en ese aspecto, fuimos mejorando en cuanto a cosas de decidir. Todos esperamos, y lo que diga la mayoría. No llegamos a peleas (Irma, comunicación personal, 9 de junio de 2024).

La organización referida y el trabajo colectivo en torno a un tema relativamente “desconocido”, como lo fue la introducción del turismo, ha generado procesos complicados para los habitantes locales.

En su mayoría, las comunidades que se han visto insertas en la dinámica turística, por iniciativa propia o externa, son pequeñas y parten de una desventaja histórica en torno al manejo de los recursos locales para fines turísticos. Al respecto, conviene destacar los elementos vinculados a la perspectiva de la gobernanza comunitaria en este ámbito. Esta perspectiva es valiosa porque piensa en la gobernanza como

el modo de gobierno que posibilita la integración de las comunidades receptoras en los procesos de toma de decisiones, por su importancia para consolidar un desarrollo turístico. Por esta razón, los objetos de estudio se centran en pequeños destinos turísticos, rurales, comunidades o localidades (^{Olaya, Cruz y Castillo 2021, 61}).

El supuesto de este “modo de gobierno” es asumir que las comunidades locales se encuentran en desventaja respecto de otros actores en las cadenas de producción turística. Por tal motivo es fundamental robustecer la participación de las comunidades, considerando su composición interna y capacidades, entre otros factores. Es importante mencionar que en esta perspectiva la gobernanza es entendida en la literatura especializada como una forma de gobierno, no referida únicamente como aquella ejercida desde el sector público, sino también desde un nivel interno, lo que incluye la capacidad de gobernarse a sí mismas, sobre todo en aquellas comunidades más alejadas del apoyo gubernamental (2021, 63).

Es particularmente importante esta visión, porque justamente en el contexto peninsular nos encontramos ante escenarios continuos de desencuentro entre las comunidades dedicadas al turismo y el sector público o instancias del Estado, generalmente caracterizados por incumplimiento y falta de apoyo: “Prácticamente no nos tienen en cuenta; dicen que nos están apoyando para promocionar, pero no nos apoyan. Lo malo es que no cumplen. En campaña prometen y prometen y a la mera hora no cumplen” (Irma, comunicación personal, ⁹ de junio de 2024). Así como Irma, Luis, quien pertenece a la cooperativa Yaax Tekit, Yucatán, indicó que: “el turismo que siempre se explotó en México básicamente ha sido el de playas, hoteles, turismo a gran escala, y se había visto muy poco la atención hacia estos sectores. Se habla mucho del gobierno, pero siento que nos hemos apoyado más con las organizaciones” (Luis, comunicación personal, 8 de diciembre de 2024).

El incumplimiento por parte del Estado se ha manifestado de diversas formas; en el Atlas de turismo alternativo en la Península de Yucatán (^{García de Fuentes et al. 2015}), se observa que el 40% de las empresas turísticas del sector social habían fracasado; principalmente debido a que las políticas públicas son diseñadas sin considerar a las organizaciones a quienes van dirigidas. Esto se expresa también en las iniciativas gestadas desde el Estado en los procesos de difusión del turismo comunitario, como fue relatado por don Mario, quien es miembro de Uh Najil Ek Balam, cooperativa de la comunidad de Ek Balam, Yucatán:

Todos pensamos que tiene que ser diferente y tiene que ser con un resultado muy positivo con la gente. Pero la verdad no sé, porque hasta ahorita no logro entender si se cumplirá o no. Porque nosotros ya tuvimos una reunión en Mérida con la SEFOTUR, pero no logramos visualizar ningún cambio. Hay un tema importante con la feria de la fitur¹⁰ que se hizo en España, en Madrid. Tuvimos una reunión para trabajar los productos que tenemos, los productos comunitarios, que es lo que finalmente llevaron ellos a presentar en la feria. Estuvieron en ese taller un poquito más de diez cooperativas que vinieron de diferentes lugares. Realmente, en mi opinión, me di cuenta de algo que creo que no es lo más correcto. Si hago una comparación con Quintana Roo, fue muy diferente, porque Quintana Roo, cuando se levantó, se fue con gente que representa a algunas cooperativas; llevó gente que también conocemos. De aquí no fue nadie, no fue ninguna persona que represente a alguna cooperativa. Es como decimos que este proyecto del Renacimiento Maya,¹¹ como su nombre lo dice, le faltan los mayas, debe haber gente que represente a los mayas en esas festividades (Mario, comunicación personal, 12 de diciembre de 2024).

La articulación en redes ha sido la respuesta de las comunidades ante el mencionado “abandono” del Estado. En Yucatán han existido varias iniciativas de organización nodal. Una de las primeras fue la Red de Ecoturismo de Yucatán, una asociación civil que en 2009 operaba con nueve sociedades rurales.¹² Un segundo intento fue la creación de la Red de Turismo Alternativo de la Costa Norte de Yucatán. El tercer esfuerzo dio origen en 2012 al Consejo de Turismo Alternativo y Comunitario de Yucatán, integrado por organizaciones turísticas, entes gubernamentales y académicos. Esto llevó a que en 2014 aparezca Co’ox Mayab, red integrada por diez organizaciones.¹³ En Yucatán, además de esta red de turismo, existen otras como Camino del Mayab o la Red de Turismo Comunitario de la Zona Puuc.¹⁴

Las sociedades cooperativas buscan articularse con participantes de diversa índole para poder afrontar los problemas emanados de su posición desigual en el turismo y por el “abandono” del Estado, y así poder alcanzar la visibilización de sí mismas, pero también del turismo que ellas ejecutan; como nos comentó Samuel Jouault:¹⁵

Cuando se atiende el tema de incidencia en política pública, es a partir del 2016-2017, después de reuniones con las redes de Campeche y Quintana Roo, en el Congreso de turismo rural que habíamos organizado. En una de las líneas de trabajo se inscribe el tema gobernanza e incidencia en política pública, y entonces pues al trabajarlo a nivel peninsular, baja de nivel y regresa de alguna forma a la escala de Yucatán, donde el objetivo de alguna manera es intentar incidir para que este tipo de turismo sea realmente tomado en cuenta por el Estado. Bueno, hay un ejemplo ¿no?, en la SEFOTUR se trata de un departamento que ha ido cambiando de nombre, pero muchas veces es turismo de naturaleza, y, pues realmente es una persona que se encarga de este departamento, y como pues parte de una visión muy empresarial, realmente siempre este sector ha sido visto siempre como el patito feo de alguna manera (Samuel, comunicación personal, 27 de septiembre de 2024).

En este proceso de articulación que ha buscado incidir en la visibilización de otro modelo de turismo, y, por ende, en temas como la promoción, capacitación y comercialización necesarias para ellos, han existido procedimientos complejos. Aun así, se insiste en establecer relaciones de confianza con aquellos actores académicos y estudiantes que han mostrado que su interés no es el de hacer dinero a costa de las cooperativas, de los sujetos locales o de los bienes naturales que se encuentran en sus territorios.

Como nos relató Emanuel, miembro de la cooperativa Río Lagartos Explore, dedicado a ofrecer recorridos guiados por la ría, se ha ido conformando a través de los años con conocimientos obtenidos desde niños en el trabajo de la pesca, pero también de enseñanzas y capacitaciones mediante agentes externos como académicos y estudiantes de diversas instituciones universitarias y gubernamentales. Aunque Emanuel también asegura que no siempre ha habido un seguimiento sobre los resultados de las investigaciones que los estudiantes e investigadores han gestado con ellos. Por esta y otras razones, han atenuado sus medidas de apertura con personas provenientes de instituciones académicas.

En efecto, la colaboración entre distintos actores no siempre ha sido la deseada. Ocasionalmente los espacios de diálogo no logran generarse, y de hacerlo, no llegan a buen término. Un ejemplo de lo anterior son las complejidades para articular el quehacer turístico de las cooperativas locales con los “paraderos” del Tren Maya, un diálogo que no trascendió por el desinterés del FONATUR:

Me parece que por parte de los líderes de la Alianza¹⁶ siempre hubo una voluntad de dialogar con el tren maya, en el sentido de querer poder incidir; o sea, al final no se iban a oponer, no lo iban a ignorar. Les quedaba una tercera vía que estaba justamente esta voluntad de dialogar y eventualmente de incidir, para que el turismo comunitario sea parte de este otro tren […] Yo te diría que la ruptura, porque sí hubo una cierta ruptura, no una por parte de la Alianza, sino que una ruptura o más bien una invisibilización por parte de FONATUR hacia la Alianza (Samuel, comunicación personal, 27 de septiembre de 2024).

El mismo tren maya, que se ha utilizado como “bandera” para promover la idea de una futura mejora de las comunidades a través del turismo, no convence a todos los actores, como indica Irma:

No sabemos cómo va a funcionar, sólo comentarios que no funciona tan bien, pero no sabemos si llegará la gente. Pero no sabemos qué pasará. Al principio se comentaba que sería bueno que la gente llegue, y mandar personal para que nosotros veamos de qué forma transportar a la gente hasta aquí, el vehículo. Pero primero ver qué tal funcionará (Irma, comunicación personal, 9 de junio de 2024).

Retomando el tema de la ruptura, es importante recalcar que ésta procedió a partir del desinterés de unos, de la falta de seguimiento y de la desconfianza generada a partir de estos sucesos. Los que no pierden el interés son las cooperativas y sus agentes que han desarrollado algún liderazgo, y que asumen el “peso” de dar seguimiento a las distintas iniciativas para resolver problemáticas vinculadas al turismo comunitario.

No pierden el interés porque han “descubierto” en el turismo comunitario un complemento a sus ingresos, una forma de revalorizar su cultura, cuidar de los bienes naturales, de anclar a sus jóvenes al territorio y de potenciar la pluriactividad característica de las comunidades locales.

Reflexiones finales

Como señalan ^{Palomino Villavicencio, Gasca Zamora y López Pardo (2015)} el turismo comunitario representa una alternativa para el desarrollo económico de las comunidades locales. Como hemos expresado en este texto, dicha alternativa económica no puede concretarse mientras sigan predominando las formas “tradicionales” de turismo y su respectiva gestión.

La travesía hacia la gobernanza en el turismo es un viaje complejo que se enfrenta a diversos problemas de viejo cuño. Como hemos visto en el devenir regional, el pueblo maya ha oscilado entre ser un elemento de servidumbre u objeto de interés en los inicios de estas labores en Yucatán a fines del siglo XIX y principios del XX; después, fue una figura a la que se debía reivindicación durante el breve tiempo del socialismo yucateco, para ser de nueva cuenta relegada cuando las ofertas de sol y playa o gran turismo hicieron su aparición en la Península durante la segunda mitad del siglo XX.

El actual panorama de Yucatán en torno al turismo no se distancia del todo respecto de lo acontecido durante las últimas décadas: entidades públicas y privadas -gobiernos, empresariado, sectores sociales diversos- han hecho aparición, han conformado articulaciones, y han tomado diferentes protagonismos, según se ha articulado el Estado con capitales privados, sin considerar de forma constante las voces locales.

Derivado de lo anterior, asumimos que la gobernanza debe desempeñar una función clave en la transformación de esta realidad. Una gobernanza turística que se debe pensar en clave comunitaria, es decir, una gobernanza que implica la articulación de las cooperativas con otros actores -académicos, capitales privados, gubernamentales-, y en la cual se reconozcan, respeten, difundan y apoyen a formas turísticas que dan cuenta de procesos en los que se disponen de los bienes comunes a favor de las comunidades en su generalidad; prácticas turísticas como el turismo comunitario, turismo solidario y el ecoturismo comunitario que posibiliten reproducir la vida de las comunidades locales como son pensadas y deseadas por ellas mismas. Y aquellas formas turísticas que, como mecanismos pedagógicos y comunicativos, permitan a dichas comunidades mostrar sus formas de vivir y evidenciar los problemas que atraviesan con sus territorios.

Si ya las propias comunidades han mostrado la iniciativa para detonar actividades turísticas que les posibiliten mantener sus territorios, conservar sus bienes y desarrollar alternativas económicas, la gobernanza turística tendría que ser pensada desde la lógica comunitaria, y en tanto la cooperación entre gobiernos y otros actores de la sociedad civil, potencien las lógicas comunitarias de vida. Esto último no será posible de lograr si no es a través de la presencia y representatividad que puedan tener los actores locales y en los distintos espacios de promoción, toma de decisiones y resolución de problemáticas asociadas al turismo en el contexto regional. Se deben fortalecer las redes de turismo comunitarios, porque, como propone ^{Yi-Yen Wu (2019)}, el propósito de la gobernanza del turismo es promover los consensos entre las comunidades, especialmente en lo concerniente a las redes que los unen. Como indicamos a lo largo del texto, justamente las distintas cooperativas, dedicadas al turismo comunitario en el contexto regional, han buscado articularse en red como una forma de solventar el “abandono” del Estado. Es a través de la articulación en redes que también se ha posibilitado la relación con nuevos actores, de los cuales en algunos momentos se han llevado aprendizajes y procesos de apoyo, pero también desilusiones.

Otras ocasiones, incluso cuando el trabajo es en red, las cooperativas no logran la comunicación ni representación que desean y otros agentes mediadores son los que la llevan a cabo con las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. Falta mucho para que los dirigentes de las cooperativas sean los que participen activamente en la toma de decisiones, y que sean ellos quienes se vinculen directamente con los agentes que generan la política turística. En estos procesos mediadores, asesores y gestores podrían atenuar sus atribuciones y permitir que sean los prestadores de servicios turísticos en la comunidad los que orienten las prácticas turísticas, según sus lógicas comunitarias. Se trata de redistribuir las responsabilidades entre quienes participan del turismo y reconocer, como se ha pronunciado en muchos espacios, que las comunidades no viven del turismo, sino que es esta actividad económica la que depende de la suma de esfuerzos de diferente índole.

Sin duda, se sigue viviendo un escenario adverso para la gobernanza, por lo menos en su consideración respecto del quehacer del Estado porque, en lo que respecta a las comunidades locales, estas sí que han trabajado, han utilizado sus propias formas tradicionales para mantener procesos relativos al turismo, como lo pueden ser las fajinas o el trabajo comunitario. Al mismo tiempo buscan incidir en el quehacer turístico, porque quieren ser visibles, mostrar a las autoridades que hay otras formas de hacer turismo que no sean depredadoras de la naturaleza y de las prácticas culturales; que no despojen a los pobladores de sus territorios. Que se puede hacer turismo al mismo tiempo que se comunica y conserva la lengua maya, los entramados comunitarios, el anclaje de los jóvenes al paisaje y la toma de decisiones de manera colectiva.¹⁷ De tal manera que se debe reconocer la importancia de estos actores y sus luchas; lo cual nos da indicios de que la gobernanza hacia la cual se están dirigiendo, es una gobernanza comunitaria anclada en la actividad turística de la Península, impulsada principalmente por cooperativas locales como Uh Najil Ek Balam, Rio Lagartos Xplore, Zaaz Koolen Háa y Yaax Tekit.