I. Introducción

La discapacidad forma parte de la experiencia humana y constituye un grupo diverso de personas que se ve afectado por factores ambientales y personales. De manera consustancial se derivan, tanto por acción como por omisión, situaciones injustas a las que se enfrentan en su día a día tanto ellas como sus familias. Destacan procesos de estigmatización, discriminación, pobreza, exclusión en la educación y el empleo entre otros de hecho, a nivel mundial existen cerca de 1,300 millones de personas que sufren actualmente una discapacidad importante.¹ Según la encuesta EU-SILC (metodología de las estadísticas de la Unión Europea «UE» sobre la renta y las condiciones de vida) del año 2016, en la UE viven 100 millones de personas con discapacidad que, pese a ser un número elevado, están en situación de aislamiento e impedidas de gozar de una libre circulación.² En América Latina y el Caribe, aproximadamente un 12 % de la población tiene alguna discapacidad, representando alrededor de 70 millones de personas.³

En este sentido, las personas con discapacidad no logran obtener las mismas oportunidades que el resto, situación que se observa en el limitado acceso al ámbito educativo, laboral e infraestructuras así como acceso a productos, servicios e información, posicionándoles al frente de la exclusión social y la pobreza, con un 28.4 % en comparación con un 17.8 % de las personas sin discapacidad. En relación con la educación, sólo el 29.4 % de las personas con discapacidad obtienen un título en tercer nivel, frente al 43.8 % de aquellas que no presentan esta condición; otro factor a los que puede estar expuesta la población con discapacidad es a los malos tratos e injusticias, siendo así que el 52 % de estas personas se siente discriminada.⁴ Por otra parte, existen condiciones que se pueden adherir a la situación de vulnerabilidad que viven las personas con discapacidad debido a que, los Estados de América Latina, aún deben fortalecer la implementación de políticas públicas pertinentes que realmente incluyan y promocionen a este grupo prioritario en la sociedad. Los diseños de edificaciones, calles, espacios públicos y servicios no son lo suficientemente accesibles; al mismo tiempo, no se generan ajustes razonables para garantizar el acceso igualitario a derechos, y esto se muestra en el campo laboral; hay mil millones de personas con discapacidad a nivel mundial. Sin embargo, el 36 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo, en comparación con el 60 % de las personas sin discapacidad, lo que podría indicar que, su derecho a obtener un trabajo decente, es con frecuencia negado; esta situación sucede principalmente en las mujeres con discapacidad, quienes se enfrentan a obstáculos tanto físicos como conductuales, imposibilitando la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.⁵

En consecuencia, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica, con mayor riesgo de obtener una protección social insuficiente, encontrándose ante desafíos o barreras en el entorno que dificultan su acceso físico al empleo en igualdad de condiciones. Un ejemplo de ello son los escalones en las entradas de los edificios, la inexistencia de ascensores en edificios de varias plantas o transportes públicos inaccesibles, circunstancias que representan un obstáculo para las entrevistas de trabajo, el normal desarrollo del entorno laboral y a la asistencia a eventos sociales.⁶ Por su parte, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial proponen eliminar los obstáculos en los espacios públicos, transporte, información y comunicación para hacer posible que, las personas con discapacidad, participen en la educación, empleo y vida social reduciendo así su aislamiento y dependencia, a través de normas de acceso. Estas normas deben ser analizadas de acuerdo con el sistema jurídico que las promulgan, y conforme a la realidad en la implementación de las mismas.

Es por esta razón que los tratados internacionales son el resultado de las luchas sociales de las personas con discapacidad, en su búsqueda por la integración social y la exigencia a ser considerados sujetos de derechos. Por lo expuesto, las naciones deciden incorporar dentro de sus marcos legales el enfoque de protección de derechos, inserción laboral, remuneración justa, igualdad de condiciones y no discriminación para las personas con discapacidad. Acuerdos que reflejan una normativa de respeto a la dignidad de las personas y a su diversidad, dando respuesta a una población históricamente excluida, que demanda igualdad de oportunidades por su valor inherente de ser humano.

A nivel internacional, se crean las convenciones para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad; a su vez, promueven el respeto a la dignidad humana y no discriminación con el fin de afianzar políticas públicas, planes y proyectos para fomentar, proteger y asegurar el goce pleno, y en igualdad de condiciones, de los derechos humanos fundamentales de la población con discapacidad, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, con el propósito de promover el respeto de su dignidad esencial.⁷ La cooperación internacional ha sido creada como una forma para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en los países dentro de su marco de la ratificación de los instrumentos internacionales, con la finalidad de asumir su obligatoriedad y que rindan cuentas del cumplimiento de los convenios firmados, con el fin de verificar que se esté realmente aplicando las medidas de integración y acciones afirmativas en favor de estos sujetos de derechos en todos los ámbitos de su vida, desde la base de inclusión social e inserción laboral.

En América Latina y el Caribe, existen aproximadamente 52 millones de hogares que tienen al menos una persona con algún tipo de discapacidad. Enfrentan inevitablemente condiciones de pobreza extrema, de manera que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad aumenta si vive en zonas rurales, si esta persona es una mujer o si pertenece a una minoría étnico-racial; por otro lado, el acceso a la educación formal -desde la primera infancia y hasta la universidad- se vuelve un reto para ellos a lo largo de su vida, y esto se debe a la falta de infraestructura, materiales pedagógicos, formación docente, entre otros.⁸ En octubre de 2009, la Comunidad Andina, conformada por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, se reunió durante la Comisión Técnica sobre Prevención, Atención y Rehabilitación de la Discapacidad para la elaboración de un plan Andino bajo este mismo enfoque, donde analizó la propuesta y vió la necesidad de trabajar para mejorar la situación de las personas con discapacidad, población que va en incremento.⁹ De acuerdo con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), existen 471,205 personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad del país. De este número, 292,047 personas corresponden al grupo de adultos con edades comprendidas entre 19 a 64 años; de la cifra antes descrita, sólo 68,901 personas adultas se encuentran laboralmente activas, con mayor prevalencia en el género masculino y con discapacidad física. Este dato refleja que es mayor el número de personas adultas con discapacidad que no está inserta en el ámbito laboral en igualdad de oportunidades, como lo establece la carta magna del Estado ecuatoriano.

Para Ecuador, como país garantista de derechos y de protección social a nivel constitucional, uno de sus principios de aplicación de derechos es el que señala que todas las personas son iguales y gozarán de estas garantías con iguales oportunidades, por lo que nadie podrá ser discriminado por ninguna condición como la de discapacidad, estipulando que adoptará acciones afirmativas para lograr mayor igualdad e inclusión social.¹⁰ Dentro de esta misma normativa, se posiciona a las personas con discapacidad, como parte del grupo de atención prioritaria que requiere protección especial, al encontrarse en determinada condición de vulnerabilidad; situación que restringe su capacidad biológica, psicológica o sensorial para desempeñar una determinada actividad y, en consecuencia, puede obstaculizar su acceso a los diferentes ámbitos de desarrollo, por tanto, a su calidad de vida. Frente a ello, analizar las garantías constitucionales de países hermanos, permite desarrollar un proceso de conocimiento e interpretación de normativas en materia de inclusión social, y a su vez, posibilita el estudio de las políticas públicas que la fomenten, en contraste con la realidad que viven las personas con discapacidad en la Comunidad Andina.

II. Marco teórico

Históricamente, la discapacidad ha sido considerada desde los enfoques de beneficencia, rehabilitación, social y de derechos humanos. El modelo tradicional relacionaba la discapacidad con causas mágicas y religiosas; las personas con discapacidad no eran consideradas como iguales, manteniendo un alto grado de dependencia.¹¹ A su vez, este modelo presenta dos submodelos, como son el submodelo eugenésico, que consideraba a la discapacidad como producto de un castigo; siendo éste una carga para la sociedad, considerando este paradigma como lo mejor que podría suceder es prescindir de este ser humano, y por otro lado, el submodelo de marginación que, bajo una visión religiosa, ponía en práctica la benevolencia mediante la ayuda al prójimo, prohibiendo la aniquilación; por lo que la respuesta social era la exclusión y el ocultamiento de las personas con discapacidad.¹²

Por otro lado, el modelo médico rehabilitador surge después de la Primera Guerra Mundial debido a la amplia presencia de soldados mutilados y al reconocimiento de derechos laborales, lo que conllevó a que la discapacidad sea entendida como una enfermedad que podría recibir tratamiento.¹³ En este modelo, la discapacidad se centraba en la persona deficiente o limitada; debido a esto, se debía proveer de rehabilitación, quien era netamente un sujeto receptor de servicios.¹⁴ En lo que se refiere al paradigma social “la discapacidad es un hecho social en el que las características del individuo son relevantes en la medida en que evidencian la capacidad o incapacidad del medio social para dar respuesta a las necesidades derivadas del déficit”.¹⁵ Finalmente, el modelo vigente es el de derechos humanos, que reconoce la diversidad de las personas con discapacidad y su derecho a tener calidad de vida, la necesidad de disminuir las barreras sociales y físicas que no permiten su participación en la sociedad y el respeto a su dignidad humana.¹⁶ Bajo esta perspectiva, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que la discapacidad es el resultado de la relación entre las limitaciones que presenten frente a las barreras en las que se encuentran, que evitan su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Este instrumento internacional tiene por objetivo fundamental promover, proteger y asegurar el pleno goce de derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, para garantizar el real cumplimiento de estos derechos irrenunciables, se debe tener en cuenta la diversidad que existe en la discapacidad como género, edad o el contexto económico. Estas circunstancias pueden conllevar una mayor condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, pero a su vez representan para ellas un escenario de oportunidades, las cuales se crean a partir de la implementación de medidas que les hagan partícipes en la toma de decisiones relativas a las futuras políticas de empleo.¹⁷ Aunque lo cierto es que la realidad va más allá, y así lo revela la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando indica que, en cerca de 60 países se observa una tasa de desocupación más alta entre las personas con discapacidad que las que no la tienen, lo que podría significar un impacto en el mercado laboral, dando como resultado que la población con discapacidad pueda verse obligada a aceptar trabajos en la economía informal; la OIT, a través de una encuesta realizada en Mongolia, expone que los factores que facilitarían a las personas con discapacidad encontrar un empleo deberían adaptarse a sus necesidades y garantizarles mejores competencias, experiencia laboral y formaciones adecuadas.¹⁸ Para lograr este objetivo, los Estados tienen la obligatoriedad de promover eficazmente el desarrollo y la accesibilidad a nuevas infraestructuras, tecnologías, productos y servicios para incluirles en todos los sectores de la economía.

En América Latina, durante la última década, han surgido cambios legales e institucionales progresivos para los 85 millones de personas con discapacidad del continente; no obstante, aún existe un largo camino entre los avances en la teoría y su implementación, debido a que la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una caída de entre el 3 % y el 7 % del producto interno bruto de un país;¹⁹ en el ámbito laboral, estas personas tienen menor participación, es así que en América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad de los trabajadores con discapacidad es más alta.²⁰ En países como Perú sucede situación similar, donde 8 de cada 10 personas con discapacidad no se encuentran insertas en el mercado laboral, por lo que el desempleo en estas personas es tres veces mayor; aunque exista la obligatoriedad en la contratación de las personas con discapacidad, el bajo índice de empleo vulnera sus derechos, limitando la presencia de este importante capital humano en los países.²¹ Otro dato que guarda concordancia con esta realidad, es la situación laboral en Ecuador, donde son escasas las personas con discapacidad que logran conseguir empleos con mejores ingresos, que va en relación generalmente con su bajo nivel educativo.²² Por su parte, en Colombia, datos recabados en 2018, muestran que el 34.2 % de las personas con discapacidad se encuentran impedidas permanentemente para trabajar, debido a su discapacidad y entre éstos, un 89.8 % no recibe pensión por su condición.²³ Bolivia ha tenido avances significativos en materia jurídica y de derechos humanos para las personas con discapacidad; sin embargo, este segmento de la población aún presenta cifras muy altas de desempleo. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística en 2017, indican que el desempleo en este sector alcanza a alrededor del 80 % y 85 %, con una alta probabilidad de persistencia, mostrando una aparente contradicción entre la normativa de hace dos décadas y el cumplimiento de la misma.²⁴

Dada la urgente necesidad de asegurar la integración de las personas con discapacidad mediante su participación igualitaria en todos los espacios, el Banco Mundial presenta un informe con acciones que se deben ejecutar para lograr la inclusión social de esta población, entre ellas, considera abordar la invisibilidad estadística, ya que los datos existentes sobre las personas con discapacidad no son lo suficientemente representativos, también recomienda ampliar la voz y participación de las personas con discapacidad, cambiar los modelos mentales para reducir el estigma y la violencia, y desarrollar políticas con prácticas que sean pertinentes a las diferentes realidades de cada persona.

Pese a los datos expuestos, en lo que respecta a inclusión laboral de las personas con discapacidad de los países miembros de la Comunidad Andina, estos Estados han demostrado su voluntad por adoptar lineamientos internacionales de los derechos humanos a sus legislaciones internas, mediante la adhesión a convenciones que tienen como propósito ejecutar una serie de acciones encaminadas a equiparar las desigualdades y promover real ejercicio de sus derechos humanos de este grupo históricamente discriminado. En la Tabla número 1. Instrumentos internacionales de derechos humanos, se observa que los países en mención han ratificado la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,²⁵ con su respectivo Protocolo Facultativo.²⁶ Además, todos mantienen vigente su compromiso regional a nivel de las organizaciones de Estados americanos, adquirido mediante la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En lo que respecta a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y la no discriminación en el empleo de personas con discapacidad, las cuatro naciones han incorporado a su normativa interna lo estipulado en cada acuerdo internacional. De igual modo, se muestran los principales tratados enfocados en la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad y el Estado de ratificación de los países miembros de la Comunidad Andina.

III. Metodología

En la ^{Constitución de la República del Ecuador (2008)}, se realizan importantes cambios cualitativos en la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. A diferencia de la Constitución de 1998, se estipula un apartado exclusivo en el que se detalla de manera minuciosa los derechos de estas personas. En el presente estudio, se plantea como propósito abordar la legislación ecuatoriana para determinar los aportes en materia de inclusión laboral a favor de las personas con discapacidad en el país: perspectiva de la discapacidad, cuotas laborales y garantías en el derecho al trabajo. Una vez que se analizó la normativa legal vigente, sobre el derecho al empleo de las personas con discapacidad en Ecuador, se procedió a comparar la misma con las legislaciones de los otros países miembros de la Comunidad Andina, como son Bolivia, Colombia y Perú.²⁷ Lo anterior, con la finalidad de analizar el marco normativo de cada una de estas naciones y comprender las disposiciones que sirven en el fortalecimiento del sistema jurídico de protección de derechos de las personas con discapacidad. Por la naturaleza de este artículo, fue fundamental desarrollar una investigación entendida como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”.²⁸ Por lo expuesto, en el trabajo se usó un método de investigación comparativo, que tiene como característica fundamental “comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares”.²⁹ Para la elaboración del artículo se implementaron los siguientes pasos:

IV. Análisis de resultados

De acuerdo con la Tabla número 2. Legislación de Bolivia, se muestra un resumen sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en Bolivia. Se evidencia protección y garantías concernientes a la inclusión de las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral. Aquí, la Constitución Política del Estado de Bolivia establece, dentro de su marco normativo, las garantías en materia de derechos de las personas con discapacidad, resaltando que el Estado debe adoptar medidas de inclusión social que propendan el respeto a la diversidad y no discriminación, y a su vez, facilite la inserción del grupo a los diferentes ámbitos de desarrollo de la vida como el campo laboral, político, educativo, de salud y demás servicios integrales, en igualdad de condiciones. El texto constitucional apuesta por la remuneración justa, el apoyo en la búsqueda de trabajo y retorno al mismo, la creación de puestos de trabajo mediante el implemento de planes, proyectos y políticas públicas; también garantiza el financiamiento de programas de capacitación para que las personas con discapacidad logren prepararse y ser incluidas en un puesto de trabajo a futuro, esto a través de convenios.

A través de la Constitución de 2009, Bolivia hace énfasis en la garantía plena de derechos humanos, definiéndolos como inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Por esta razón, dentro de su accionar en el cumplimiento de estos derechos es la obligatoriedad que asume al validar los principales instrumentos internacionales de carácter universal y regional sobre derechos humanos; haciendo mención también a la accesibilidad de todos los individuos y grupos al ámbito del mercado de trabajo mediante la utilización de medios necesarios y adecuados para que estas personas puedan desenvolverse.³¹

En cuanto a la Tabla 3, Legislación de Colombia, se muestra cómo su texto constitucional también incorpora en su legislación el amparo especial a los grupos en condiciones de vulnerabilidad acentuando que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin discriminación alguna. En relación con las garantías laborales para las personas con discapacidad, Colombia establece la adopción de políticas protectoras ante situaciones injustas, derivadas de marginación en el lugar de trabajo, evitando el despido injustificado y promoviendo tanto la seguridad como la estabilidad laboral. Por ello, obliga a los sectores -especialmente a los públicos- al trato con dignidad y preferencial en la otorgación de servicios a la población con discapacidad. Para afianzar la efectividad del cumplimiento de estas normas, el Estado brinda unos determinados beneficios a las empresas, como la disminución del impuesto a la renta, como una alternativa de generación de empleo para las personas con discapacidades. A continuación, se muestra un resumen sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en Colombia. Se evidencia con el paso del tiempo y su consustancial regulación una mayor cobertura de derechos inherentes a las personas con discapacidad.

Aunque la normativa tiene un enfoque inclusivo, los estudios demuestran que aún existen escenarios que se deberían mejorar en el país, como sucede a nivel local en el caso de Barranquilla, ciudad que presenta la mayor tasa de desempleo de personas con discapacidad, seguido por Cali y Medellín reflejando un índice de desempleo muy por encima del promedio obtenido a nivel de país, lo que evidencia problemas estructurales de desempleo en los mercados locales de trabajo.³²

De acuerdo con la Tabla número 4. Legislación de Ecuador, se muestra un resumen sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en Ecuador. Se evidencia que existe una amplia protección a este derecho, amparado por un marco normativo garantista que tiene como objetivo incluir a las personas con discapacidad a nivel público y privado. Además, la Constitución de la República del Ecuador³³ promulga la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto en los sectores públicos como privados, estableciendo la obligatoriedad que tienen los empleadores, a fin de que contraten a las personas con discapacidad de acuerdo con los lineamientos señalados y asignen un trabajo conforme a sus capacidades en condiciones adecuadas. El CONADIS es la institución responsable de vigilar que estas normativas se cumplan realmente y se ejecuten las medidas afirmativas, tal como lo establece la carta magna del país, con el objetivo de que sean eficaces la implantación de los derechos de todas las personas con discapacidad a un trabajo digno, a una remuneración justa y a la indemnización debida ante casos de despidos injustificados que será tomado como una forma de discriminación, la cual será sancionada en relación a lo estipulado por la legislación ecuatoriana.

En relación con las políticas públicas ejecutadas en Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina, en su artículo 14:

[...] En la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la garantía de derechos. Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de la Igualdad se recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que serán discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por parte de los ministerios de Estado y demás organismos ejecutores.³⁴

Estas políticas se direccionan al gasto social en cuanto a transferencias monetarias de asistencialismo y rehabilitación, como una forma de protección social, más que por inclusión laboral, y así lo expone el Consejo de Protección de Derechos,³⁵ cuando menciona que, en Ecuador, existe un amplio marco normativo que permite garantizar los derechos de las personas con discapacidad; no obstante, es necesario que dichas disposiciones sean implementadas y evaluadas para efectivizar la inclusión laboral de estas personas.

Dentro del presupuesto anual que ejecuta el gobierno ecuatoriano, se observa que los recursos se destinan en su mayoría al gasto social, a través de programas de asistencia y bienestar que implementa el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). También dirige recursos a otras áreas de interés, como salud, educación, vivienda y políticas públicas de género, de discapacidades, entre otras.

De tal manera que, durante el mandato de Rafael Correa, el presupuesto destinado para el sector social en el año 2013 ascendió a US$ 10,176.81 millones, de los cuales el 14 % fue utilizado a proyectos de desarrollo infantil, protección especial para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.³⁶

En el año 2014, el presupuesto codificado para el sector social fue de US$ 10,123.36 millones, destinando US$ 870.43 millones para el pago del Bono de Desarrollo Humano y US$ 190.83 millones para programas de desarrollo infantil.³⁷ De manera similar, ocurrió en el año 2015, en el que US$ 10,877.56 millones fueron asignados para gasto social, de los que US$ 630.81 millones fueron para el pago del Bono de Desarrollo Humano y US$ 190.44 millones para programas de desarrollo infantil.³⁸

Para el año 2016, el presupuesto para gasto social ascendió a US$ 10,643.88 millones, como parte de éste, se ejecutó US$ 249.14 millones, para el Bono de Desarrollo Humano; US$ 286.86 millones, para adultos mayores, y US$ 68.69 millones, para personas con capacidades diferentes, registrándose a diciembre un total de 1,034,701 beneficiarios.³⁹ Por otra parte, para el año 2017, el presupuesto asignado al gasto social fue de US$ 11,390.31 millones, y contempló US$ 243.06 millones para el Bono de Desarrollo Humano, dirigidos a 412,365 beneficiarios; US$ 270.78 millones destinados para adultos mayores, con 473,296 beneficiarios, y US$ 68.12 millones para personas con discapacidad, con 121,803 beneficiarios.⁴⁰

Durante el gobierno de Lenin Moreno, en el periodo 2018 fueron asignados US$ 11,165.06 millones para gasto social, de los que se invirtió US$ 249.48 millones para el Bono de Desarrollo Humano; US$ 74.60 millones, para el Bono Joaquín Gallegos Lara; US$ 254.92 millones, en adultos mayores, y US$ 64.63 millones, para personas con discapacidad.⁴¹ En 2019, la transferencia o donaciones corrientes representaron un total de US$ 865.48 millones, entregando recursos a beneficiarios de bonos como el de Desarrollo Humano, Discapacidad y Joaquín Gallegos Lara, y pensiones a adultos mayores. Para el bono Joaquín Gallegos Lara, se asignaron US$ 93.98 millones, y en pensión para personas con discapacidad US$ 72.23 millones.⁴²

El Ministerio de Economía y Finanzas,⁴³ mediante su informe anual de ejecución durante el año 2020, expone el presupuesto general del Estado, resaltando que el enfoque de Discapacidades se caracteriza por garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante la generación de oportunidades para su integración social. Para tal fin, utilizó US$ 198.72 millones, de este total de recursos, US$ 189.50 millones ejecutó el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, responsable de la gestión de transferencias monetarias no condicionadas para personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema, a través de programas como el Bono para Personas con Discapacidad, por un monto de US$ 88.24 millones, y el Bono Joaquín Gallegos Lara, por US$ 101,26 millones.

Este presupuesto, a su vez, también direcciona recursos a las políticas de discapacidad, por medio de la Secretaría Técnica del plan “Toda una Vida”, con US$ 4.79 millones, enfocados en proyectos de identificación, derivación y seguimiento de personas con discapacidad; con el Ministerio de Salud Pública, ejecutó US$ 2.74 millones, fijados a actividades de atención integral e integradora de personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales; al Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades, destinó US$ 1,67 millones, y por último, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con US$ 0.03 millones, encaminados a brindar apoyo financiero a estudiantes con discapacidad.⁴⁴

En cambio, para el 2021, el presupuesto aumentó en US$ 244,95 millones de recursos devengados, de los cuales US$ 238,47 millones fue ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, destinados a bonos y pensiones para personas con discapacidad en vulnerabilidad, a través de la entrega del Bono para Personas con Discapacidad y el Bono Joaquín Gallegos Lara. También el MIES orientó recursos para las actividades de atención en el hogar y la comunidad de personas con discapacidad, para la implementación de las modalidades de atención indirectas y domiciliaria para personas con discapacidad que no pueden movilizarse; para actividades de atención directa e indirecta en centros diurnos de desarrollo de habilidades, y para atención directa e indirecta en centros de referencia y acogida.⁴⁵

Para el periodo 2022 el enfoque de igualdad, en relación con el total de recursos públicos utilizados al cierre del año, se facturó US$ 241.07 millones, de los cuales el 97.02 % fue registrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 2.98 % sobrante fue ejecutado por Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Ministerio de Salud Pública y la Escuela Superior Politécnica del Litoral.⁴⁶ Actualmente, el gobierno de Guillermo Lasso tiene previsto un presupuesto anual para el año 2023, donde establece que, el monto asignado para las pensiones “Toda Una Vida” y “Personas con Discapacidad” asciende a US$ 93.18 millones y para el Bono Joaquín Gallegos Lara, cuyo valor a destinarse corresponde a US$ 123.51 millones.⁴⁷

De acuerdo con la Tabla número 5. Legislación de Perú, se muestra un resumen sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en Perú. Se evidencia que la legislación del país ha evolucionado para garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el país. Dentro de la Constitución no se establecen suficientes artículos al amparo de la protección de derechos de las personas con discapacidad, a quienes define como impedidas o incapacitadas. Sin embargo, a través de los convenios ratificados, ha creado una ley que norma las garantías básicas de esta población; entre ellas, fija la necesidad de aplicar ajustes razonables para personas con discapacidad con respectivas adecuaciones de infraestructuras e implementos que se adapten a sus necesidades. Al mismo tiempo, establece medidas de readaptación profesional con la finalidad de ofrecer la oportunidad de rehabilitación en los casos que lo requieran, promoviendo así el derecho a la inclusión y no discriminación, brindándoles la posibilidad de trabajar con remuneraciones justas en contextos seguros y saludables.

Los países miembros de la Comunidad Andina, pese a estar suscritos a diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad, presentan diferentes medidas para la inserción laboral de las personas con discapacidad. En Ecuador, se establece en la Ley Orgánica de Discapacidad y en su reglamento, que el porcentaje de contratación de personas con discapacidad para empleadores públicos y privados con más de 25 trabajadores será, mínimo, del 4 %. En el caso de Bolivia, en la Ley núm. 977 se establece en las entidades públicas una contratación de personal con discapacidad no menor al 4 %, mientras que en el sector privado un porcentaje no menor al 2 %. Por su lado Colombia, mediante el ^{Decreto 2011 de 2017}, apenas hace un par de años, estableció la obligatoriedad de la contratación laboral de personas con discapacidad en el sector público, misma que será de manera progresiva y de acuerdo con el número de empleos que posean las distintas entidades; de este modo, el porcentaje de cumplimiento para finales del presente año oscila entre el 1 % y el 3 %, dependiendo del tamaño de planta. En lo que respecta a las empresas privadas en este país, no existe obligatoriedad, únicamente incentivos para motivar a que incluyan en su nómina laboral a personas con discapacidad. Por otra parte, Perú, en la Ley General de la Persona con Discapacidad, señala que las instituciones públicas no podrán contratar una proporción inferior al 5 % de la totalidad de su personal y en cuanto al sector privado, quienes cuenten con más de 50 trabajadores, una proporción no inferior al 3 %. Por lo expuesto, se puede deducir que, a excepción de Colombia, los demás países miembros de la Comunidad Andina, aunque en diferente medida, plantean la obligatoriedad en la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, garantizándoles la efectividad de este derecho. Es importante mencionar que, un hecho singular del caso ecuatoriano, es que se plantea la posibilidad de considerar familiares para el cumplimiento de la cuota laboral que tienen bajo su cuidado y responsabilidad a personas con discapacidad, mismos que se conocen legalmente como trabajadores sustitutos. En Bolivia, se plantea una política laboral enfocada en la generación de trabajo no sólo de las personas con discapacidad, sino también de sus familiares; si bien no figura el concepto del trabajador sustituto que se estipula en Ecuador, la contratación laboral de quien se encuentre a cargo de una persona con discapacidad servirá para dar cumplimiento al porcentaje de inclusión solicitado por ley. Por otra parte, en Perú y Colombia no se considera la inclusión laboral de los familiares responsables del cuidado y sostén de las personas con discapacidad.

Otro aspecto de relevancia para el efectivo goce del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, conlleva a que se realicen las modificaciones pertinentes en su puesto de trabajo, que se proporcionen de implementos necesarios para el desarrollo del mismo y que las funciones designadas a desempeñarse sean acordes a sus capacidades. Los aspectos mencionados previamente, se encuentran reconocidos en la normativa legal vigente de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Además, todos los países miembros cuentan con un organismo encargado de velar por las políticas, planes, programas y proyectos que se ejecuten en favor de las personas con discapacidad: en Ecuador es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS); en Colombia, el Consejo Nacional de Discapacidad (CND); en Bolivia, el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), y en Perú, el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS). Es fundamental resaltar que, en Bolivia, se estipula una política de capacitación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y sus familias. De manera similar, en el caso de Colombia se asegura la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad y sus familias, acorde a la oferta laboral del país. En lo que respecta, a Ecuador y Perú, no mantienen este tipo de políticas que beneficiarían a la preparación continua de las personas con discapacidad, incrementando sus posibilidades para la obtención de un empleo formal.

V. Conclusiones

Los países miembros de la Comunidad Andina concentran amplia legislación en relación con el derecho de las personas con discapacidad al trabajo, la misma que permite la protección y garantía constitucional de sus derechos. Sin embargo cada normativa también presenta particularidades que podrían retroalimentarse una de la otra para efectivizar el goce de estos derechos.

Pese a que los Estados han establecido un sistema jurídico de amparo a estos sujetos de derecho, las realidades que viven muchas veces son diferentes a lo que constitucionalmente está reglamentado, y esto se ve reflejado en las altas tasas de desempleo existentes, tanto a nivel regional como mundial.

De acuerdo con los resultados encontrados en este estudio, se plantea como mecanismo de control que la autoridad competente de cada país realice la verificación, in situ, del efectivo cumplimiento de las cuotas laborales, a fin de insertar a las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de trabajo acorde a lo estipulado en la ley. Además, este proceso de análisis y comparación ha permitido dilucidar la necesidad de realizar en próximas investigaciones entrevistas en profundidad de expertos en materia de derechos humanos y discapacidad, con la finalidad de obtener una observación más integral en torno a la inclusión e igualdad social de este grupo de atención prioritaria, además de establecer una relación presupuestaria y de indicadores, pudiendo encontrar países que se digan responsables, inclusivos y transparentes, pudiendo ser la contrafigura de lo que promulgan.

VI. Guías de acción