Introducción

El debate en torno a la Guerra Fría en América Latina sigue siendo una discusión abierta y en permanente disputa. Los procesos de memoria y justicia operan en un campo de tensiones, sostenidos por la esperanza de construir un imaginario político del «nunca más». La complejidad del proceso latinoamericano debe comprenderse desde sus particularidades, configuradas por las acciones e intereses de actores locales y regionales; sin embargo, también exige la reconstrucción de las redes transnacionales que se articularon en aquel momento histórico.

Esta articulación de actores transnacionales -ya sea en operaciones de inteligencia y contrainsurgencia militar o en estrategias de orden no explícitamente militar- ha centrado su atención en el papel hegemónico de Estados Unidos o la Unión Soviética. Sin embargo, el entramado de redes regionales y transnacionales da cuenta de un complejo proceso político y militar de solidaridad hacia los grupos insurgentes y contrainsurgentes que abarcó distintos ámbitos, como el entrenamiento militar, la venta de armas y operaciones de inteligencia, entre otros, y que fue más allá de los actores centrales mencionados. En la presente investigación nos enfocamos en un actor extraregional que cumplió una función esencial durante la guerra irregular guatemalteca que se desarrolló en el contexto internacional de la Guerra Fría.

Israel, pese a la lejanía geográfica, jugó un papel estratégico en la labor de contrainsurgencia en Centroamérica, específicamente en Guatemala, país que, en las décadas de 1970 y 1980, era considerado por Estados Unidos geoestratégicamente como un tapón ante el posible efecto dominó de las revoluciones centroamericanas (^{Aguayo, 1985}). Según nuestra hipótesis, enmarcada en la corriente historiográfica de la Guerra Fría interamericana (^{Harmer, 2011}; ^{Pettiná, 2018}) y la perspectiva transnacional (^{Rostica, 2023}), la participación estratégica de Israel fue decisiva en la contrainsurgencia guatemalteca por cuatro componentes principales: 1) el interés de los actores autoritarios guatemaltecos, quienes necesitaban armamento y entrenamiento en guerra irregular para combatir a los movimientos insurgentes; 2) la necesidad de Estados Unidos de encauzar apoyo contrainsurgente en un territorio estratégico y al mismo tiempo no ensuciar más su imagen internacional, lo que llevó a que ese país prohibiera oficialmente la venta de armas y la asistencia directa a Guatemala; 3) el interés de Israel por expandir el mercado de su incipiente industria militar, así como por extender su influencia diplomática en la región, y 4) la intención israelí de contrarrestar el internacionalismo palestino, que contaba con una presencia significativa en Centroamérica.

El objetivo de esta investigación consiste en explorar las razones y los campos de acción del complejo militar industrial israelí¹ en el desenvolvimiento de la guerra irregular que culminó en el genocidio guatemalteco a finales de la década de 1970 y la primera mitad de la de 1980, esto a través de una recopilación de la bibliografía sobre el tema y una reconstrucción de lo que se sabe del vínculo entre Israel y Guatemala hasta la actualidad, tratando de articular una historia que se encuentra relativamente fragmentada. Para ello, revisaremos fuentes como las siguientes: los informes anuales del Instituto de Investigaciones Internacionales para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), instancia que documentó los armamentos y montos que generó la industria militar israelí en Centroamérica entre 1982 y 1986; el informe Guatemala. Memoria del silencio, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (^{CEH, 1999}), en el que se documentó el número de asesores israelíes en el país; análisis periodísticos realizados por autores como ^{Black (1983}), ^{Carmon (21 de febrero de 2012)}, ^{Samir, Kartin y Katz (8 de junio de 1984)} y ^{Schivone (20 de enero de 2017)}; la investigación del movimiento palestino Boicot, Desinversión y Sanciones (^{Movimiento BDS, 2020}), que documenta el historial del militarismo israelí en América Latina, y los aportes académicos de ^{Beit-Hallahmi (1987}), ^{Rubenberg (1986a}, ^1986b) y ^{Bahbah (1986)}, quienes examinaron el diseño de las políticas agrícola-militares en las que participaron asesores israelíes, entre otras fuentes.

Con este propósito, el texto se estructura en cuatro apartados. En el primero, desde un orden historiográfico y desde la perspectiva de ^{Casals (2023)}, ^{Harmer (2011)}, ^{Pettiná (2018)} y ^{Rostica (2023)}, se aborda la articulación entre el transnacionalismo no hegemónico y los procesos regionales y locales para describir el período histórico que aquí comprendemos como Guerra Fría interamericana. En el segundo apartado se analiza el transnacionalismo israelí en el contexto de la Guerra Fría, y se describen algunos motivos y acciones de su despliegue transfronterizo, específicamente en Centroamérica. En el tercer y último segmento se realiza un análisis bibliográfico reconstructivo de los saberes escritos sobre el vínculo entre Israel y Guatemala en el contexto histórico a analizar.

Guatemala en la Guerra Fría interamericana

El final de la Segunda Guerra Mundial aceleró la confrontación ideológico-geopolítica «entre dos visiones de la modernidad en competencia, la socialista y la capitalista» (^{Pettiná, 2018: 34}) que, en términos discursivos, se denominó posteriormente Guerra Fría.² Esta representó un antagonismo que, aunque basado en una supuesta polaridad ideológica, se expresó también en términos tecnológicos, militares, económicos y políticos. Asimismo, marcó un contexto geopolítico «más o menos desde finales de los años cuarenta a finales de los años ochenta» (^{Casals, 2023: 22}), que en un principio se encontraba principalmente enmarcado en la región pivote del mundo: el continente euroasiático, donde las potencias victoriosas del segundo confrontamiento global -en especial Estados Unidos, como líder del bloque capitalista, y la Unión Soviética- buscaban delimitar sus zonas de influencia. Este choque no llegó a ser directo, sino que, en su globalización, expandió el campo de conflicto a las periferias del mundo, como señala ^{Casals (2023)}, sobre todo a las regiones más recientemente descolonizadas y a América Latina.

En el contexto latinoamericano, la Guerra Fría es un fenómeno sumamente complejo de estudiar, pues no se desarrolló como un frente abierto en el que las dos superpotencias controlaran explícitamente las fichas del tablero, como se ha sugerido desde ciertos imaginarios políticos. Incluso, «la noción de guerra fría en los estudios regionales sobre América Latina fue rara vez utilizada como marco de interpretación antes de la implosión de la Unión Soviética en 1991» (^{Casals, 2023: 23}). En la región, el momento consistió en una superposición heterogénea en la que convergían conflictos que operaban tanto en niveles locales y regionales, como a escala global³ (^{Harmer, 2011}; ^{Pettiná, 2018}; ^{Casals, 2023}), y en la que «destacaron los espacios de autonomía relativa y de negociación de las actoras y los actores latinoamericanos, los procesos internos regionales y nacionales, así como las condiciones estructurales en las que estos tuvieron lugar» (^{Rostica, 2023: 130}). Sobresale particularmente la emergencia política de una creciente necesidad por establecer modelos más equitativos -como las tan anheladas reformas agrarias o ideales propios de democracia y justicia-, que encontraron oposición en sectores conservadores como la oligarquía y los militares locales, una dialéctica que, pese a su diversidad y complejidad, como señala ^{Pettiná (2018)}, quedaría determinada por los márgenes de la bipolaridad ideológica, la cual se internalizó y movilizó de manera activa.

En el ámbito continental, la hegemonía, la dependencia y el imperialismo estadounidense son innegables, lo que permitió que la articulación de distintas escalas de interés diera lugar a un proceso particular en el escenario global. Sobre este fenómeno interescalar, señala Pettiná que el comienzo del conflicto en Latinoamérica surgió en «dos fases convergentes relacionadas, una con el ámbito internacional, que aquí definimos como ‘fractura externa’, y la otra con los escenarios domésticos de los países latinoamericanos, que hemos llamado ‘fractura interna’» (^{Pettiná, 2018: 37}).

Sobre el primer punto, el autor menciona que «el reacomodo posterior a 1946-1947 produjo en el subcontinente una ruptura radical de la forma en que las relaciones interamericanas se habían articulado durante la larga etapa de políticas de buena vecindad de Roosevelt» (^{Pettiná, 2018: 37}), lo que radicalizó el accionar anticomunista norteamericano en la región. En el ámbito interno, las limitaciones a la modernización y democratización económica permitieron que sectores oligárquicos y elites conservadoras se reafirmaran, aprovechando el cambio de doctrina internacional, para reposicionarse en la política nacional mediante el establecimiento de alianzas regionales e internacionales con una clara afinidad anticomunista.

Un momento decisivo en este nuevo escenario de violencia ocurrió en 1954 con la primera operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en colaboración con la oligarquía guatemalteca, que culminó en un golpe de Estado. Este episodio ha sido interpretado por algunos autores, como ^{Sala (2022)}, como el punto de inicio de la Guerra Fría en América Latina. Este primer golpe y el subsiguiente de 1963⁴ constituyeron duros mensajes para los movimientos sociales locales y latinoamericanos, que presenciaron el inicio de una nueva coyuntura en la que las reformas económicas, políticas y sociales por una vía democrática eran poco plausibles frente a la ansiedad anticomunista estadounidense y los intereses de las elites oligárquicas nacionales, lo cual sentó las bases de un fenómeno de radicalización de los movimientos sociales.⁵ Esta radicalización se vio impulsada por el triunfo de la Revolución cubana en 1959, como un modelo posible para diversos movimientos en todo el continente.

Estos factores internos, enmarcados en el escenario internacional, dieron cabida a una particularidad regional y local del contexto geopolítico que Tanya Harmer caracteriza como Guerra Fría interamericana (2011). En su hipótesis de trabajo, Harmer subraya la importancia de estudiar el contexto geopolítico a escala regional desde la siguiente perspectiva:

En lugar de una lucha bipolar de superpotencias proyectada en un escenario latinoamericano desde el exterior, esta Guerra Fría interamericana fue una contienda única y multifacética entre defensores regionales del comunismo y el capitalismo, aunque en diversas formas. Con la Unión Soviética reacia a involucrarse más, fueron principalmente personas de todo el continente americano las que la combatieron y, aunque los desarrollos globales a menudo interactuaron con las preocupaciones regionales y viceversa, sus causas fueron predominantemente interamericanas⁶ (^{Harmer, 2011: 20}).

En este sentido, podría comprenderse que, en América Latina, la Guerra Fría, «más que una imposición foránea habría sido un proceso particular de conexiones ideológicas entre la política nacional y la confrontación bipolar a escala global» (^{Casals, 2023: 30}), donde los protagonismos y la capacidad de agencia local son de gran peso en el análisis histórico.

Incluso, desde una óptica geopolítica, la región desarrolló una dinámica propia en la que las relaciones Norte-Sur, a escala continental, no siempre se ajustaron a los patrones diplomáticos del conflicto Este-Oeste. Esta singularidad respondía a la racionalidad estratégica estadounidense, que consideraba América Latina como su espacio vital⁷ inmediato.⁸ Esta noción estratégica era bien entendida por la Unión Soviética, país que, si bien:

promovía movimientos de liberación en diferentes regiones del mundo, cuando se trataba de América Latina prefería no meter las manos, pues creía que esa era una zona de influencia de Estados Unidos, y de entrometerse con una política intervencionista podía romperse el equilibrio mundial establecido después de la Segunda Guerra ( ^{Balerini Casal, 2017: 13}).

En este escenario interamericano, los actores políticos combinaban sus intereses y fobias particulares,⁹ locales y regionales con una perspectiva global. En esta lógica, actores regionales como el Grupo Contadora,¹⁰ Cuba, Brasil y Argentina desempañaron papeles significativos ya fuera en apoyo de los actores revolucionarios o contrarrevolucionarios o en la consolidación de la paz regional.

Además de los ya citados actores locales, regionales y hegemónicos globales, el escenario en América latina resulta propicio para analizar el papel de actores transnacionales, tanto revolucionarios como autoritarios, que se articulan en un complejo campo relacional. De acuerdo con ^{Rostica (2023)}, la Guerra Fría en América Latina fue un momento histórico en el que se produjo una intensa circulación de ideas, cuerpos y objetos más allá de las fronteras nacionales e incluso regionales, lo que contribuyó a la formación de redes intensas de solidaridad a partir de relaciones personales entre elites tanto nacionales como regionales, así como entre organizaciones de la sociedad civil, sectores económicos y estructuras locales de base, los cuales intercambiaron de manera constante información, conocimientos técnicos y recursos. Rostica analiza no solo las redes que se conformaron entre actores militares estatales -como la Operación Condor o la influencia militar argentina en Guatemala-, sino también los vínculos entre actores civiles anticomunistas, las redes entre las organizaciones político-militares y las redes transnacionales entre exiliados y organizaciones de derechos humanos. En su trabajo, la autora muestra la importancia de «descentrar la mirada de la historia de Europa o Estados Unidos y construir una historia cambiando a los protagonistas» (^{Rostica, 2023: 179}), una óptica que permite enfocarse en la participación de actores diversos en las dinámicas transnacionales de la Guerra Fría en América Latina.

En el caso guatemalteco, además de la presencia estadounidense y el entramado de la Operación Condor (^{Rostica, 2023}), se han documentado redes militares al menos con Argentina,¹¹ Chile, Taiwán e Israel (^{CEH, 1999: 108}). Sobre este último país analizaremos cómo, por qué y con qué propósitos formó redes transnacionales de orden militar, con las que generó una dinámica compleja interrelacional entre actores en un ámbito geopolítico y multiescalar donde las rupturas internas y externas tuvieron un gran peso. En el siguiente apartado analizaremos el transnacionalismo del complejo militar industrial de Israel durante la Guerra Fría y los intereses que llevaron a ese país a participar en Guatemala.

El transnacionalismo del complejo militar industrial israelí en la Guerra Fría

Entendemos por complejo militar industrial israelí al entramado estructural que integran las fuerzas de seguridad -fuerzas armadas, policía y unidades fronterizas-, agencias de inteligencia -Mossad, Shabak y Aman- y las aproximadamente 100 empresas armamentísticas -estatales (como IMI Systems y Rafael¹²) o privadas (como Elbit Systems)- que operan bajo una lógica de simbiosis Estado-capital sustentada en intereses convergentes de orden económico, institucional, político y geopolítico (^{Mintz, 1985}; ^{Alvarado, 3 de junio de 2011}; ^{Bresheeth-Zabner, 19 de noviembre de 2023}). La influencia de esta poderosa alianza entre industriales, militares y gobernantes depende de la perpetuación de conflictos que consuman su producto principal: armas y sistemas de guerra mediante mecanismos clave, como por ejemplo la exportación de tecnologías de seguridad que se probaron durante la ocupación a Palestina y en guerras con países vecinos (^{Mintz, 1985}; ^{Alvarado, 3 de junio de 2011}; ^{Bresheeth-Zabner, 19 de noviembre de 2023}). Para Mintz, este entramado «se encuentra extendido en una vasta esfera de la actividad civil, donde es percivido como una misión nacional -como en los países en desarrollo, por ejemplo-» (^{Mintz, 1985: 637}).

Mintz señala que Israel ha desarrollado continuamente el sector industrial militar desde su conformación como Estado, pero «desde 1967 ha sido el sector de más rápido crecimiento en el país, que ahora cuenta con una cuarta parte de la fuerza laboral de Israel» (^{Mintz, 1985: 623}). En 1985 la industria representaba el 28 % del PIB nacional de Israel, por lo cual la economía del país dependía en gran medida de la producción y exportación de este sector. Al respecto, el Instituto de Investigaciones Internacionales para la Paz de Estocolmo (SIPRI) señaló que, «en 1979, se informó que Israel vendió armas por un valor total de $600 millones, una cifra que aumentó a $1,200 millones en 1980» (^{SIPRI, 1982: 188}). Por otra parte, los periodistas israelíes ^{Samir, Kartin y Katz (8 de junio de 1984}) indicaron que en 1983 el país se encontraba entre los 10 mayores exportadores de armas del mundo en este sector, con el que ingresaban aproximadamente el 5 % de las ganancias mundiales. Sin embargo, observaron que:

La principal debilidad de las exportaciones de armas israelíes radica en los mercados disponibles. Las grandes potencias, como la Unión Soviética, Estados Unidos, la OTAN y el Pacto de Varsovia, se reservan los segmentos más lucrativos, dejando a Israel mercados inestables y de alto riesgo, donde la recuperación de deudas es un problema constante (^{Samir, Kartin y Katz, 8 de junio de 1984}).

Complementaron esta idea señalando que, a pesar de haber establecido una red global de exportación de armas -en la que incluían entrenamiento militar, transferencia de tecnología y acuerdos de producción conjunta- con presencia en todos los continentes, «cerca de un tercio del comercio armamentístico israelí opera a través de subsidiarias en docenas de países, particularmente en naciones en desarrollo con gobiernos inestables» (^{Samir, Kartin y Katz, 8 de junio de 1984}). Es decir, Israel se aprovechó de conflictos en la periferia de la Guerra Fría, en África, Asia y América Latina, para posicionar su industria militar y generar alianzas diplomáticas apoyando objetivos como el apartheid sudafricano, el sostenimiento de la colonia francesa en Argelia, las dictaduras latinoamericanas y otros regímenes que se opusieran a la solidaridad con el «tercer mundo»¹³ (Beit-Hallahmi, 1985).

En este escenario de autoritarismos, contrainsurgencia y contrainteligencia, el complejo militar industrial israelí se perfilaba como un actor experimentado debido a la guerra permanente que el país libraba contra el pueblo palestino, específicamente contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que en ese momento representaba un enemigo de orden asimétrico, como las guerrillas y los movimientos insurgentes. En ese enfrentamiento desigual y constante contra un enemigo difuso logró desarrollar sofisticadas técnicas y tecnologías de control y dominación poblacional, tanto de orden militar como civil, que en el contexto de la Guerra Fría Israel utilizó como mercancía de exportación para el combate irregular o de contrainsurgencia.

El caso latinoamericano es muy controversial porque, de acuerdo con Beit-Hallahmi, (1985), se registró un volumen significativo de exportación de armas a la región y vínculos con las dictaduras militares donde no había una visión de solidaridad tercermundista. Para este autor, el creciente involucramiento de Israel en la región «desde la década de 1960 solo puede interpretarse en relación con el dominio norteamericano», una perspectiva que no ponemos en duda, pero que complementaremos desde una óptica relacional entre las redes transnacionales y la Guerra Fría interamericana.

La Guerra Fría interamericana, y en particular en Centroamérica, generó un entramado transnacional de actores con dinámicas complejas en el que, incluso, repercutió la externalización de escenarios de conflicto armado de otras partes del mundo, como el israelí/palestino o el argentino (López de la ^{Torre, 2015}; ^{Balerini Casal, 2017}). López de la Torre señala que, en ese contexto, la OLP se había convertido en la «primera insurgencia globalizada», con una presencia importante en América Latina, al punto de considerar esta región como «un espacio geográfico vital para la misma» (2015: 48). Esto abrió la pauta para que diversos movimientos armados latinoamericanos estrecharan vínculos con la causa palestina, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador y el grupo Montoneros de Argentina. De acuerdo con López de la Torres, destaca el papel de Schafik Handal, palestino nacido en Nicaragua, que formó parte de la comandancia general del FMLN y quien, por «el interés por la tierra de sus padres y su lucha por la justicia social en Centroamérica», contribuyó a «que el movimiento entrara en contacto con la OLP» (2015: 60). Según documenta el autor, el principal objetivo de esa relación era la instrucción en tácticas militares a integrantes del FMNL, tanto en Palestina como en el Líbano, antes de su creación como movimiento guerrillero.

Además de los vínculos en El Salvador, López de la Torre señala las relaciones entre palestinos y sandinistas, así como con la Cuba revolucionaria, basados en la afinidad efectiva de orden antiimperialista y la necesidad de promover la solidaridad entre todas las luchas de liberación, como determinaba la política internacionalista y tercermundista que surgió en la Conferencia Tricontinental de 1966. Como contraparte, la presencia israelí creció en apoyo a las dictaduras, por lo que «el propio contexto centroamericano catalizó el encuentro al convertirse en un espacio geográfico clave de la internacionalización del conflicto árabe-israelí» (^{López de la Torre, 2015: 81}). En este sentido, tanto un bando como el otro «buscaron la obtención de algún provecho político por parte de los países y movimientos de la región, interés aprovechado a su vez por los actores locales para obtener ayuda y reconocimiento del exterior» (^{López de la Torre, 2014: 82}).¹⁴

El papel de Israel fue esencial en Guatemala porque, además de proporcionar técnicas y tecnologías de orden abiertamente militar, participó en el diseño de estrategias que no eran explícitamente militares para la reorganización social, específicamente dirigidas a la población maya mediante los llamados polos de desarrollo agrícola-militares, como analizaremos en los siguientes dos apartados. La presencia de Israel en Guatemala fue tan significativa que, incluso, dio lugar a la creación de una narrativa en la que el caso guatemalteco se equiparaba con el palestino; por ejemplo, sectores de la ultraderecha guatemalteca utilizaron expresiones como la «palestinización de los rebeldes indígenas mayas» (^{Black, 1983: 43}), concepto que se utilizó para ocupar y reprimir a estos pueblos.

Esta veta transnacional de la Guerra Fría interamericana resulta útil para comprender el entramado de intereses locales, regionales y geopolíticos de diversos órdenes, en el cual se observa, como se ha mencionado, la externalización en Centroamérica de las luchas entre Israel y Palestina. Asimismo, esta visión contribuye a complejizar las razones del papel militar israelí en tan lejano territorio. Esta óptica permite, además, identificar por primera vez en este trabajo los cuatro motivos que, según nuestra hipótesis, llevaron a Israel a una complicidad genocida en Guatemala: 1) la ambición creciente del complejo militar industrial israelí por extender su mercado a zonas de alta inestabilidad en la periferia de la Guerra Fría, 2) el interés de Israel por externalizar el combate del enemigo palestino a suelo centroamericano como precaución para no perder aliados diplomáticos, 3) el haber observado la capacidad de agencia de los actores locales para gestionar redes transnacionales, y 4) los vínculos de Estados Unidos en la región, que abrieron el camino para que Israel actuara como un actor proxy estadounidense.¹⁵ A continuación analizaremos el caso de la red transnacional construida entre el complejo militar industrial israelí y el gobierno militar guatemalteco.

Israel: inteligencia y armamento genocida

Vamos a decir a los estadounidenses, no compitan con nosotros en Taiwán; no compitan con nosotros en Sudáfrica; no compitan con nosotros en el Caribe o en otros lugares donde ustedes no pueden vender directamente armas. Déjenos a nosotros hacerlo… Israel será su intermediario (Yaakov Meridor, ministro de Economía israelí a inicios de 1980, en ^{Schivone, 20 de enero de 2017}, traducción propia).

En 1976, Jimmy Carter, entonces candidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Demócrata, prometía cambios sustanciales en la conducción de la política exterior del país rumbo a un compromiso con el no intervencionismo, pues «tenía la intención de infundir una nueva moralidad en la diplomacia estadounidense, basada en la búsqueda de los derechos humanos» (Department of State, Office of the Historian, 2017a, traducción propia). Durante la presidencia de Carter (1977-1981) se crearon diversos dispositivos de gestión y evaluación de la situación internacional. En este sentido la Oficina de Historia del Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que:

la administración articuló la política en varias declaraciones públicas, elaboró directrices para su aplicación, fortaleció las estructuras existentes para la gestión de los derechos humanos y creó nuevos arreglos institucionales para aplicar consideraciones de derechos humanos a la ayuda económica y militar (^{Department of State, Office of the Historian, 2017a, traducción propia}).

Esta política internacional fue duramente puesta a prueba por la realidad geopolítica de la Guerra Fría, específicamente en América Latina. Durante el gobierno de Carter tuvo lugar el derrocamiento de la dictadura militar de Anastasio Somoza, aliado estadounidense en Nicaragua, mientras que en El Salvador y Guatemala se vivían momentos de tremenda violencia interna que la elite conservadora del país del norte interpretaba como una «posible amenaza de una ola marxista que se extendía por la región» (^{Department of State, Office of the Historian, 2017b, traducción propia}).

En un continuo tira y afloja, la administración Carter estuvo marcada por múltiples iniciativas destinadas a moderar la ola revolucionaria de la región mientras intentaba, al mismo tiempo, desvincularse públicamente de algunos regímenes autoritarios mediante la reducción de ayuda exterior a los países que no demostraran un respeto suficiente por los derechos humanos. Esta postura fue interpretada como una muestra de debilidad por las facciones ultraconservadoras de Estados Unidos representadas por Kissinger, Ford y Nixon. «Bajo esta política, la ayuda militar a Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay descendió de forma notable durante los primeros años de la presidencia Carter» (^{Pettiná, 2018: 188}). Este factor, de aparente índole humanitaria, fue articulado como parte del espectro del ajedrez geopolítico, por lo que el agregado presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, ordenó el establecimiento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Derechos Humanos y Asistencia Exterior: «para evaluar, caso por caso, las decisiones de ayuda bilateral y multilateral en relación con los derechos humanos y proporcionar orientación para asegurar una posición unificada del gobierno en las decisiones de ayuda» (^{Department of State, Office of the Historian, 2017a, traducción propia}).

En términos económicos, esta política benefició a diversos actores del mercado armamentístico, dado que las empresas de ese sector continuaron siendo demandadas por los gobiernos autoritarios. Específicamente, los países con escasa reticencia a vender a regímenes autoritarios y violadores de derechos humanos resultaron beneficiados. Uno de los ganadores de este giro no intervencionista y humanitario de la administración Carter fue el naciente complejo militar industrial israelí, que, en 1982, seguía siendo considerado como un proveedor de armas para el tercer mundo. El Instituto de Investigaciones Internacionales para la Paz de Estocolmo (SIPRI) señaló en su reporte anual de 1982 que: «en 1979, se informó que Israel vendió armas por un valor total de $600 millones, una cifra que aumentó a $1,200 millones en 1980» (^{SIPRI, 1982: 188}). Este comercio le permitió posicionarse entre los seis máximos exportadores de armas al tercer mundo entre 1979 y 1981. Las armas producidas en Israel con licencia propia eran «el caza Kfir, los misiles Shafrir y Gabriel, el tanque Merkava y las lanchas misilísticas Reshef […] electrónica de defensa, armas pequeñas y municiones» (^{SIPRI, 1982: 188}), los famosos aviones Arava especializados en operaciones de contrainsurgencia, rifles Uzi y el fusil de asalto Galil; además, comerciaba armas de segunda mano de fabricación extranjera. Este armamento era reconocido y competitivo en el mercado «debido a sus bajos precios, un alto nivel tecnológico y una experiencia de combate probada»; además, «con la ayuda de los Estados Unidos, han alcanzado niveles superiores en varias áreas de la tecnología militar. Se han capturado mercados incluso en los países industrializados» (^{SIPRI, 1986: 339}).

Hasta mediados de la década de 1970, las fuerzas armadas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua estaban equipadas principalmente con excedentes de equipo estadounidense, entregados a través de un programa de asistencia militar. En 1975, antes de las medidas de la administración Carter, Israel se convirtió en un importante proveedor de armamento para estos países, pues proporcionaba:

aviones de transporte STOL (despegue y aterrizaje cortos) y aviones de entrenamiento en contrainsurgencia, así como cazabombarderos y helicópteros, a Guatemala y Honduras; vehículos blindados y misiles a Honduras; diversas otras armas, como metralletas, ametralladoras, rifles o cohetes, a El Salvador, Honduras y Guatemala y, hasta la caída del régimen de Somoza, también a Nicaragua (^{SIPRI, 1984: 522}).

En el caso específico de Guatemala, el inicio de la administración Carter en Estados Unidos impulsó un acercamiento al mercado de armas israelí. En 1977, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Derechos Humanos y Asistencia Exterior de Estados Unidos «introdujo una prohibición sobre nuevas ventas de armas y ayuda a Guatemala debido a su insatisfactorio historial de derechos humanos» (^{SIPRI, 1986: 536}). Este lavado de manos por parte de Estados Unidos no detuvo por completo el apoyo militar a las dictaduras guatemaltecas,¹⁶ aunque sí funcionó para encubrir la sólida alianza militar que mantenía Estados Unidos con el Reino Unido, nación que se encontraba en disputa con Guatemala por la soberanía de Belice y no quería que Estados Unidos transfiriera armas a Guatemala, que a inicios de la década de 1970 preparaba una invasión a Belice.¹⁷

La transferencia de armamento israelí hacia Guatemala sucedió en dos frentes: mediante la gestión interna y por el orden externo. El frente externo provino del lobby estadounidense mediante la promoción de la función de Israel como un Estado proxy «alentando las actividades israelíes como un medio para complementar la asistencia de seguridad estadounidense a gobiernos amigos» (^{Taubman, 21 de julio de 1983}). Sobre este papel:

funcionarios de la administración dijeron que Israel estaba asistiendo a Estados Unidos en Centroamérica por varias razones, incluyendo la oportunidad de oponerse a la Unión Soviética, combatir el apoyo reportado de la Organización de Liberación Palestina a Nicaragua y expandir el mercado de armas israelíes (^{Taubman, 21 de julio de 1983}).

Mientras que la gestión interna sucedió de forma sencilla, pues se aprovecharon las buenas relaciones diplomáticas existentes entre estos países, que se remontaban a antes de que Israel fuera reconocido como un Estado. En 1947, durante el gobierno de Juan José Arévalo, el diplomático guatemalteco Jorge García Granados¹⁸ fue partícipe e incluso presidente del Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP), que con otros países de América Latina gestionó votos a favor del reconocimiento de Israel como Estado. Tal fue el compromiso que, el 14 de mayo de 1948, Guatemala fue el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en reconocer la existencia de Israel en territorio palestino.

Esta amistad evolucionó de una forma atroz en la década de 1970 mediante la participación israelí en el conflicto interno de Guatemala, que desde 1974 venía avanzando con la firma de un primer acuerdo militar, pero que en 1977 se consagró en el contexto de la prohibición de venta de armamento estadounidense. En ese año «los presidentes Laugerud García de Guatemala y Ephraim Katzir de Israel, firman un acuerdo sobre asistencia militar» (^{Movimiento BDS, 2020: 36}) que tuvo como objetivo la modernización del ejército guatemalteco y el entrenamiento de oficiales en Israel (^{Bahbah, 1986: 148}). Esta diversificación de proveedor armamentístico fue de tal magnitud que, a pesar de las prohibiciones del mercado estadounidense, los gastos militares de Guatemala entre 1977 y 1983 -fechas de la prohibición de venta de armas-, lejos de disminuir, aumentaron. Según las estadísticas brindadas por el ^{SIPRI (1986)}, el gasto militar del país entre 1976 y 1983 -un año antes y un año después de la prohibición-se multiplicó en un 210 %, al pasar de 98.2 millones de dólares en 1976 a 207 millones en 1983. Incluso, se sostuvo un promedio anual de 141.7 millones de dólares, suma superior a los 98.2 millones gastados antes de la sanción.

El mercado militar israelí hacia el Estado dictatorial guatemalteco consistió «principalmente de la venta de armas, entrenamiento militar y asesoramiento sobre operaciones de inteligencia» (^{Taubman, 21 de julio de 1983}), además del asesoramiento en términos agrícola-militares (^{Rubenberg, 1986a: 897}). Durante 1977, año en que se firmó el acuerdo entre Laugerud García y Ephraim Katzir, Israel vendió al ejército guatemalteco los famosos subfusiles automáticos UZI, «11 aviones IAI Arawam,¹⁹ 10 blindados RBY-MK, 15 mil fusiles Galil, centenares de morteros de 81 mm, bazucas, lanzagranadas, tres guardacostas Dabur, un sistema de transmisiones tácticas, un circuito de radares, así como 120 toneladas de municiones» (^{Movimiento BDS, 2020: 36}). Destaca también que la empresa israelí Eagle Military Gear Overseas (EMGO) participó en la construcción e invirtió capital en una fábrica de municiones en Alta Verapaz bajo licencia israelí para producir el rifle Galil (^{Rubenberg, 1986b: 903}), y quizá también otros armamentos (^{SIPRI, 1984: 521}), que además contaba con un anexo para el ensamblaje de vehículos blindados (^{Rubenberg, 1986b: 903}) y posiblemente un campo de exterminio.²⁰

Fuente: elaboración propia con datos de ^{SIPRI (1986)}.

Gráfica 1 Gasto militar de Guatemala en millones de dólares, 1976-1985 

El mercado de armas entre el Estado sionista y el Estado dictatorial guatemalteco era tan sólido que, en esa época, el fusil de asalto Galil de fabricación israelí se convirtió en el arma oficial del ejército de Guatemala (^{Vela Castañeda, 2009: 298}). Incluso, según señala Bahbah: «en un estimado de 1981, prácticamente todos los 25 mil hombres del ejército de Guatemala, incluyendo las unidades de artillería, utilizaron algún tipo de armas israelíes» (^{Bahbah, 1986: 148}).

En términos de servicios de inteligencia, se realizaron entrenamientos operativos, tanto en Israel como en Guatemala, y uno de los principales hitos fue la fundación de la Escuela de Transmisiones y Electrónica del Ejército, «diseñada y financiada por Israel en Guatemala inaugurada por Benedicto Lucas García, para entrenar a los militares guatemaltecos en el uso de las llamadas tecnologías de contrainsurgencia» (^{Movimiento BDS, 2020: 37}), la cual «tan solo en su año inaugural […] permitió a la policia secreta del régimen, conocida como G-2, asaltar unas 30 casas de seguridad de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORPA)» (^{Movimiento BDS, 2020: 37-38}). Asimismo, la empresa de seguridad Sistemas Internacionales de Seguridad y Defensa (ISDS por sus siglas en inglés) vendió al gobierno del país centroamericano cursos de «terrorismo selectivo» (^{Cortés-Galán, Mantovani y Santa Cruz, 2019: 50}). Sobre esta compañía:

En una carta a los militares de Guatemala, el 30 de abril de 1985, Sammy Sapyr, entonces director de la oficina de Guatemala de ISDS, describió los servicios de la empresa. Incluyó el entrenamiento antiterrorista, escuadrones, vigilancia electrónica y recolección de información, así como la venta de armas, como helicópteros y aviones. También ofreció un curso sobre terrorismo selectivo bajo la rúbrica general de formación militar. Además, la ISDS se especializó en interrogatorios y en la supervisión de prisioneros en América Latina. En el contexto de las dictaduras en que la ISDS operó, la empresa israelí está relacionada con las prácticas generalizadas de tortura y detención ilegal. […] De acuerdo con Carl Fehlandt, un ex traficante de armas de la ISDS en Guatemala entre 1982 y 1986, ‘el gobierno israelí controla la ISDS y quien da las cartas es el Ministro de Defensa’ (^{Cortés-Galán, Mantovani y Santa Cruz: 50-51).}

Asimismo, la empresa Israel Electronics Industries construyó un centro de computación en la Ciudad de Guatemala que comenzó a operar a finales de 1979, el cual «se cree que contiene información sobre el 80 por ciento de la población guatemalteca (el centro de computación se utilizó como parte de la campaña de contrainsurgencia)» (^{Rubenberg, 1986b: 902}).

Esta gran presencia en América Latina, y primordialmente en Guatemala, la justificó el Estado israelí bajo los argumentos de anticomunismo²¹ (^{Carmon, 21 de febrero de 2012}; ^{Gwertzman, 1 de diciembre de 1981}) y de crecimiento de su mercado de armas (Carmon, 21 de febrero de 2012). Este último punto, señala ^{Bahbah (1986}), era el que guiaba la diplomacia de aquel país en la región durante la década de 1970:

la transferencia de armas israelí a America Latina no ha sido subordinada a las metas de la política internacional. En todo caso, el patrón tradicional de la venta de armas para asistir a la diplomacia ha sido revertido, y la diplomacia parece estar al servicio de la venta de armas (^{Bahbah, 1986: 71}).

Incluso, sobre el uso de las armas en graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, el general israelí Rahav’am Ze’evi señaló contundentemente en una entrevista de 1977: «los regímenes en los diferentes países son exclusivamente responsabilidad de las naciones que viven allí» y «Israel no hace distinción entre gobiernos buenos y malos» (^{Bahbah, 1986: 102}).

La presencia israelí fue tan significativa que, incluso, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) señaló en 1985 la pérdida de soberanía nacional por el gran peso de los planes y asesores extranjeros en el interior de las fuerzas militares, y destacó el alineamiento del país con Estados Unidos e Israel. Asimismo, la URNG mencionó que «los técnicos y asesores israelitas están presentes en todos los planes represivos: en la realización de los polos de desarrollo, en la nueva industria militar y en el control policiaco del país»²² (1988: 20). Respecto a la intromisión de Israel en el poder militar guatemalteco, ciertos vínculos señalan la participación de asesores militares de ese país en el golpe militar que llevó al evangelista anticomunista Efraín Ríos Montt²³ a la presidencia de Guatemala en 1982 (^{Black, 1983}; ^{Movimiento BDS, 2020: 36}).

En el informe Guatemala. Memoria del silencio elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se menciona que, «en 1982, por lo menos 300 expertos israelíes especializados entre otras en seguridad y comunicaciones, estuvieron en Guatemala» (^{CEH, 1999: 99}). Incluso, en una entrevista para ABC News, el mismo Ríos Montt reconoció que su éxito militar se debió al hecho de que «nuestros soldados fueron entrenados por israelíes» (^{Carmon, 21 de febrero de 2012}). Esto lo destacó la prensa de aquel país, que se refirió al golpe de Estado de Ríos Montt como «la conexión israelí porque el grupo fue entrenado y equipado por Israel» (^{Bahbah, 1986: 114}).

Fuente: fotograma obtenido de ^{Acevedo (2016)}. En el fondo se puede observar la bandera israelí.

Imagen 1 Toma de protesta de Efraín Ríos Montt como presidente de Guatemala tras el golpe de Estado 

Aunque el accionar genocida provenía de mucho tiempo atrás, el papel histórico de la administración de Ríos Montt -presidente de facto del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983- pasará a ser recordado por los delitos de lesa humanidad por su política de «tierra arrasada» instrumentada mediante los planes Operación Sofía, Victoria 82 y Fusiles y Frijoles. El informe Guatemala. Memoria del silencio destaca que «entre 1981 y 1983 se verificó la etapa más violenta del conflicto. En este período ocurrió el 81 % de las violaciones. Solamente en 1982 se registra el 48 % de todos los casos» (^{CEH, 1999: 318}). Bajo esta política represiva, el Estado dictatorial categorizó a la población maya como «enemigo interno sospechoso», y recurrió explícitamente al discurso de la «palestinización de la población maya rebelde» como marco justificatorio (^Black,1983; ^{Schivone, 20 de enero de 2017}).

Al llevar a la práctica dichos planes «se produjeron muertes, violaciones, desplazamientos, persecuciones, bombardeos y sometimiento con el objetivo de la destrucción del grupo étnico maya Ixil» (^{Acevedo, 2016}).²⁴ De manera sistemática, se cometieron masacres en las aldeas rurales, justificadas bajo la lógica contrainsurgente de «quitarle el agua al pez», en las que, de forma ilustrativa, se han documentado hallazgos del apoyo israelí, como en el caso de la masacre de Dos Erres, en Petén, donde fue asesinada toda la comunidad, que estaba habitada por población mestiza. De esta masacre «fueron recuperados los restos de unas 162 personas. De ellas, 67 eran niños menores de doce años, con una edad media de siete años» (^{Vela Castañeda, 2009: 16}). Sobre esta masacre, el Equipo Argentino de Antropología Forense dictaminó que «todas las pruebas de balística que descubrieron coincidían con las características de los fusiles Galil, arma que Israel proporciona a Guatemala desde hace muchos años, y una de las que utilizan las fuerzas armadas guatemaltecas» (citado por Vela Castañeda, 2009: 17).

Según conclusiones del informe de la CEH, en esta estrategia militar «el ejército no escogió al azar a sus víctimas, sino que dirigió sus acciones descriminadamente en contra de la población maya-k’iche’» (^{CEH, 1999: 393}) y otros grupos étnicos mayas, por lo que se catalogó esta campaña militar como un genocidio étnico. Sin embargo, vale la pena recuperar la memoria, pues entre las víctimas políticas se encontraban otros agentes, como los actores urbanos y las mujeres asesinadas por la violencia de género, algo propio de una guerra de exterminio (^{León Sánchez, 2022}).

Reorganización social y territorial: entrenamiento agrícola militar

Los técnicos y asesores israelitas están presentes en todos los planes represivos: en la realización de los polos de desarrollo, en la nueva industria militar y en el control policiaco del país (Declaraciones de la URNG en su tercer aniversario, febrero de 1985).

La campaña genocida no consistió únicamente en el aniquilamiento físico de la población catalogada como objetivo, sino que fue indispensable intentar modificar la sociabilidad de los sobrevivientes,²⁵ mantener un control total y promover un nuevo orden económico y social que desarticulara las capacidades de oposición al poder dominante. En esa lógica, las técnicas de contrainsurgencia aplicadas en Guatemala en las zonas rurales implicaron dos funciones conjuntas, una agrícola y otra militar, que se encontraban particularmente inspiradas en el programa israelí conocido como Nahal (^{Rubenberg, 1986b}), así como en las cooperativas y comunas agrícolas de las sociedades altamente militarizadas de Taiwan y Corea del Sur (^{Black, 1983}).

Nahal es una palabra hebrea, acrónimo de «juventud pionera luchadora».²⁶Se trataba de una facción que entrenaba soldados en técnicas de agricultura, «los cuales tendrían la tarea de establecer un puesto de avanzada, o asentamiento en una ubicación particular, generalmente en áreas fronterizas o regiones de importancia estratégica» (^{Gawiser, 8 de febrero de 2024}) que, además, tendrían la misión de establecer infraestructura para el asentamiento civil a fin de convertirlo en un kibutz²⁷ o moshav.²⁸ Sobre estos programas modelo, el coronel Eduardo Wohlers, jefe del Plan de Asistencia a las Áreas en Conflicto (PAAC) en Guatemala, declaró que «muchos de nuestros técnicos están formados por israelíes. El modelo del kibutz y el moshav está firmemente implantado en nuestras mentes» (^{Bahbah, 1986: 164}). Este modelo claramente se encontraba desligado por completo de las formas tradicionales de reproducción agrícola de los pueblos mayas de Guatemala.

La cooperación en asuntos de contrainsurgencia agraria en Guatemala se consolidó a finales de la década de 1970 con la visita a Israel del coronel Fernando Castillo Ramírez, director del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), «la institución más preocupada por el reasentamiento agrícola en zonas de conflicto» (^{Rubenberg, 1986a}), y de Leoneo Girón, economista agrícola a cargo de los programas de asentamiento en la Franja Transversal del Norte. Inmediatamente después de su visita, asesores israelíes acudieron a Guatemala para planificar programas de «acción cívica» en las tensas áreas del Ixcán y El Quiché, corazón del movimiento revolucionario y escenario de la incesante represión militar (^{Rubenberg, 1986a}). Esta misión fue desplegada por la División de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (^{Black, 1983}).

Posteriormente, tras el golpe del general Ríos Montt en 1982, los proyectos agrícolas militares evolucionaron a un punto de grave represión con la instauración del programa de «pacificación» llamado Frijoles y Fusiles, así como del «Plan de Asistencia a las Áreas en Conflicto» (PAAC) «concebido por dos oficiales militares guatemaltecos, el coronel Wohlers y el general Fuentes Corado, supuestamente en colaboración con asesores israelíes» (^{Rubenberg, 1986}a). Estos planes agrícolas militares tenían como objetivo:

la limpieza de tierras y la construcción de carreteras en áreas previamente impenetrables, la destrucción de aldeas consideradas bastiones guerrilleros, y la concentración forzosa de las poblaciones indígenas nativas. Tradicionalmente dispersas en grandes áreas en aldeas, estas poblaciones se agrupan ahora en comunidades fácilmente vigiladas y controladas (^{Bahbah, 1986: 163}).

En el caso de las políticas de concentración de población indígena, a algunos sobrevivientes de los pueblos masacrados se les reunió por la fuerza en aldeas estratégicas llamadas «aldeas modelo» o «polos de desarrollo». Sobre este proyecto la URNG consideraba que «han implantado verdaderos campos de concentración en los llamados polos de desarrollo» (^{URNG, 1988: 72}). Por su parte, Edgar Gutiérrez, coordinador del informe de recuperación de la memoria histórica Guatemala Nunca Más, mencionó que «las aldeas eran como una colonia urbana con calles, casas sencillas pequeñas (de madera y piso de tierra) que resaltaban símbolos de unidad nacional... La forma de vida era tipo cuartel» (^{Prensa Comunitaria Km 169, 29 de julio de 2019}), que funcionaron para adoctrinar bajo una ideología anticomunista y malversando la prédica evangélica. Señala la Prensa Comunitaria Km 169 que en esas aldeas formadas por el ejército:

cada esquina tenía un poste con altoparlantes a través de los que, durante las 24 horas, se escuchaban prédicas e himnos evangélicos cristianos porque las aldeas fueron construidas con dinero del Estado y de iglesias evangélicas estadounidenses, con quienes mantenía una estrecha relación el entonces dictador Efraín Ríos Montt» (^{Prensa Comunitaria Km 169, 29 de julio de 2019}).

Para 1986, la sección de asuntos civiles del ejército guatemalteco había construido 74 de estas villas.

Bajo esta misma lógica se llevó a cabo la creación de las llamadas patrullas de autodefensa civil (PAC), las cuales presentaban un paralelismo con los comités armados del Nahal y en cuya formación, como reconoció el investigador Mario Vázquez Olivera (comunicación personal, mayo de 2024), desempeñaron un papel importante los asesores israelíes. En estas fuerzas de reclutamiento forzado, aproximadamente 900 000 campesinos guatemaltecos fueron obligados a realizar patrullajes y operaciones armadas de contrainsurgencia. Asimismo, Beit-Hallahmi señala que fueron armadas con rifles Mauser de fabricación alemana -consideradas obsoletas en aquel entonces- provenientes de Israel (Beit-Hallahmi, 1985: 81).

Estas campañas de contrainsurgencia en las cuales se integraban lo agrícola y lo militar fueron brutales, y en ellas, como señala el CEH:

el sector más afectado por las ejecuciones arbitrarias fue el compuesto por agricultores, jornaleros, mozos colonos y demás pobladores de las comunidades rurales. El 42 % del total de víctimas identificadas, registradas por la CEH corresponde a campesinos, jornaleros y trabajadores de fincas (^{CEH, 1999: 382}).

A pesar de los graves crímenes cometidos, la campaña de genocidio no acabó con el nucleo central de la cosmovisión maya, la cual, más allá de la ideología comunista que se atribuía a los movimientos guerrilleros, es la fuerza que alimenta la resistencia y el potencial revolucionario, y que todavía hoy orienta y respalda la consolidación democrática en Guatemala y en muchas otras partes del continente.

Consideraciones finales

El análisis del papel de Israel en el despliegue técnico y tecnológico para la aplicación estratégica de una guerra irregular en Guatemala a través de las premisas historiográficas de la Guerra Fría interamericana (^{Harmer, 2011}; ^{Pettiná, 2018}) y las redes transnacionales (^{Rostica, 2023}) permitió identificar la capacidad de agencia de diversos grupos de actores de orden contrainsurgente, así como ampliar la visión convencional que atribuye exclusivamente a Estados Unidos la gestión y el interés en la política anticomunista a nivel continental.

En general, pudimos identificar lo siguiente:

Como punto esencial, pudimos observar que el accionar de Israel a partir de 1977 en Centroamérica, principalmente en Guatemala, tuvo una productividad notable, aunque en términos nefastos, porque, a pesar de que Estados Unidos impuso una prohibición para vender armas y prestar ayuda a Guatemala debido a su insatisfactorio historial de derechos humanos, Israel se convirtió en un gran socio militar de Guatemala en términos armamentísticos, pero también en entrenamiento irregular. En el primer caso, las estadísticas de gasto militar de Guatemala entre 1976 y 1983 brindadas por el ^{SIPRI (1986)} señalan que se multiplicaron en un 210 %, al pasar de los 98.2 millones de dólares en 1976 a 207 millones en 1983 a pesar de haber perdido el acceso al mercado estadounidense. Es fundamental destacar la doctrina agrícola militar implementada, la cual, además del exterminio masivo de la población maya, tenía la finalidad de modificar la sociabilidad de la población sobreviviente, mantener un control total y promover un nuevo orden económico y social que desarticulara las capacidades de oposición al poder dominante.

En conclusión, es posible señalar que el papel del complejo militar industrial israelí en Guatemala no fue un caso aislado en el marco de la Guerra Fría internacional, sino que formaba parte de la estrategia de expansión del mercado de armas israelí por el mundo, lo cual complejiza y agrega variables y actores al estudio del momento histórico, específicamente de la Guerra Fría interamericana.

Asimismo, en la actualidad es preocupante la presencia de soldados israelíes en reserva que recorren Guatemala y Centroamérica bajo la excusa de «turismo», pues, como declaró el embajador de Israel en Guatemala Yiftah Curiel el 11 de octubre de 2023: «muchos de los turistas aquí son mochileros, gente joven que quiere volver con sus amigos que están en el ejército. Hay más de 100 solo acá en la región de América Central y cientos en el mundo que están ahora en camino, volviendo a Israel» (^{Arévalo, 11 de octubre de 2023}).

Como acto de memoria, denuncia, solidaridad internacional y exigencia de no repetición, nos unimos a la voz de los familiares de desaparecidos en el contexto del genocidio étnico-político guatemalteco, quienes el 7 de octubre de 2024, marcharon y alzaron sus voces en la Ciudad de Guatemala en apoyo al pueblo palestino, proclamando al unísono: «¡Genocidio nunca más en ningún lugar del mundo!».