Introducción

México ha experimentado la llegada de diversos contingentes de población extranjera con fines de asentamiento definitivo o temporal. El asentamiento definitivo suele ser a una escala pequeña -menor del 1 % de la población total del país- (^{Castillo, 2012}; ^{Angoa y Giorguli, 2022}), pero que se encuentra en proceso de cambio (^{Torre, 2020}). El asentamiento temporal está conformado principalmente por conjuntos poblaciones que pretenden llegar a Estados Unidos y que, durante su travesía por México, suelen realizar estancias provisionales, las cuales han tendido a prolongarse debido a las dificultades para un tránsito expedito. Ya sea por el asentamiento definitivo o temporal, México experimenta una importante presencia de población extranjera de diversos orígenes, así como un escenario con crecientes necesidades en materia de salud y de integración social y económica para esta población.

Es importante señalar que todas las personas, independientemente de su situación migratoria, son titulares de los derechos humanos reconocidos en los tratados firmados y ratificados por México. Ahora bien, en contraposición al respeto de estos derechos, las personas en situación irregular son constitucionalmente tratadas de manera diferente a los ciudadanos nacionales, lo que genera una asimetría de poder entre las personas extranjeras y las nacionales (^{Bustamante, 2003}). Esta subordinación de las personas extranjeras ante las nacionales ocasiona que las primeras tengan que afrontar mayores riesgos y que sus derechos humanos constantemente se vean vulnerados. En este contexto, resulta cada vez más relevante contar con información oportuna y precisa sobre el acceso de estos grupos poblacionales al empleo y la salud.

En este artículo se lleva a cabo una revisión de las variables relacionadas con las condiciones de empleo y acceso a los servicios médicos para las personas extranjeras en México con base en algunas fuentes estadísticas. Se excluyen las fuentes estadísticas sobre la emigración de ciudadanos mexicanos¹ y el análisis se limita a aquellas personas que se movilizan, transitan y se establecen, de manera temporal o definitiva, en México. El objetivo principal del artículo es ofrecer un panorama general de algunas fuentes estadísticas con base en tres criterios: el primero radica en verificar si la fuente de información permite delimitar claramente a la población extranjera; el segundo consiste en revisar la cobertura temática sobre inserción laboral y acceso a servicios médicos, y el tercero se enfoca en verificar la representatividad estadística de las estimaciones.

Con el fin de ejemplificar las dificultades sobre la representatividad estadística (tercer criterio), se presenta el caso particular del análisis de la inserción laboral y el acceso a servicios médicos de la población inmigrante² guatemalteca en la frontera sur de México con base en la muestra censal 2020, que es la fuente más ventajosa por sus niveles de cobertura.

El artículo se divide en cinco partes. En la primera, se presenta un marco de referencia sobre las estimaciones de los flujos migratorios y el stock de personas migrantes. En la segunda se describe la metodología empleada. En la tercera se evalúan las fuentes en relación con los primeros dos criterios de exploración: la delimitación de la población extranjera y la identificación de aspectos vinculados a las actividades económicas y al acceso a los servicios médicos. En esta sección se diferencia entre las fuentes que registran el stock y los flujos migratorios, y los registros administrativos que captan sucesos específicos de la población extranjera en México. En la cuarta sección, con el fin de abordar el tercer criterio de evaluación, se describen el acceso a los servicios médicos, el sector de actividad y las condiciones laborales de personas inmigrantes guatemaltecas en los estados de la frontera sur de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Finalmente, el artículo concluye con una sección de consideraciones finales.

Flujos migratorios y stock de personas migrantes

En el campo de la demografía, el stock se refiere al número de habitantes establecidos en un lugar y en un momento determinado (recuento de momento), y generalmente suele captarse a partir de censos o encuestas con referencia a una fecha específica (^{Livi-Bacci, 1993}). Por su parte, los flujos representan los cambios poblacionales durante un periodo de tiempo, es decir, las entradas y salidas de población. Estas variaciones en la población pueden estar asociadas con eventos demográficos como nacimientos, defunciones y migraciones (estadísticas de flujos). Existe, por lo tanto, una relación directa entre las estimaciones de flujo y de stock: el tamaño y la estructura por edad de una población (stock) están determinados por la historia pasada de su natalidad, mortalidad y migración (flujos) (^{Livi-Bacci, 1993}).

Estas definiciones de flujo y stock refieren a una población en un territorio dado; no obstante, también suelen emplearse para el conjunto de la población migrante. Las estimaciones de stock se asocian con el número de personas inmigrantes en un país en un momento determinado, mientras que las estimaciones de flujos son los movimientos migratorios, entradas (inmigrantes) y salidas (emigrantes) de un país determinado durante un periodo de tiempo.

En este sentido, las fuentes de información estadística captan en algunos casos los llamados flujos migratorios y, en otras, el stock de migrantes. A su vez, los registros administrativos capturan algunos sucesos de la población extranjera, como defunciones, matrimonios, atenciones médicas, solicitudes de asilo o matrícula escolar, entre otros.³ Es importante aclarar que, hasta el momento, los estudios sobre migración que aprovechen los registros administrativos son limitados. Estos registros cumplen principalmente con propósitos administrativos, no estadísticos (^{Rodríguez, 2018}).

Entre las estimaciones de stock se incluyen las del número de personas inmigrantes⁴ y aquellas correspondientes a la población de retorno⁵ en una fecha específica. Un ejemplo de estimación de stock es el método del residual, una técnica comúnmente empleada para calcular la población no documentada en Estados Unidos, que consiste en restar, del total de población extranjera, el número de personas inmigrantes que residen legalmente en el país (^{Passel y D’Vera, 2018}).

La estimación del flujo es más inexacta que la del stock. Para captar tendencias y determinar los volúmenes de los flujos migratorios es usual recurrir a las estadísticas de detenciones o deportaciones (^{Berumen, Narváez y Ramos 2012}). Otra posibilidad para aproximar los flujos migratorios netos consiste en analizar los cambios de stock a lo largo del tiempo (^{Reyes, Johnson y Van Swearingen, 2002}).

Ahora bien, las estadísticas de deportaciones presentan dos desventajas importantes. La primera es que suelen ser susceptibles de manipulación para fines políticos (^{Collyer y Hass, 2012}), y la segunda es que un cambio en las cifras puede reflejar un incremento en el control migratorio, variaciones en las estrategias de cruce de las personas migrantes (^{Collyer y Hass, 2012}) o mejoras en los métodos de control y detención (^{Icduygu, 2005}), en lugar de representar un cambio real en los flujos.

En el contexto de las estimaciones de flujo, se puede también considerar a las personas residentes en zonas de frontera con movilidad transfronteriza, a aquellas devueltas a sus lugares de origen y a los desplazamientos de entrada o salida de un territorio. Por último, cabe mencionar a quienes tienen la intención de llegar a un país de destino final, mientras transitan entre dos o más países (migración en tránsito).⁶ En este último caso, ^{Rodríguez (2016}) estima el flujo de personas migrantes centroamericanas que se dirigen a Estados Unidos mediante la suma de tres componentes: 1) las personas retenidas y alojadas en estancias migratorias por las autoridades mexicanas cuyo destino final era Estados Unidos; 2) las personas retenidas por autoridades estadounidenses en la zona fronteriza con México, y 3) las personas migrantes que lograron establecerse en Estados Unidos.

Es importante señalar que el incremento en las restricciones a la movilidad ha provocado que diversos flujos migratorios se encuentren contenidos en territorios de espera, lo que obliga a las personas a permanecer durante periodos cada vez más prolongados en espacios no planeados. A su vez, las políticas de asilo han contribuido a generar situaciones de desplazamiento prolongado, acompañadas de un sentido de liminalidad y atrapamiento (^{Gil-Everaert, Masferrer y Rodríguez, 2023}).

En este contexto, en la academia han surgido nuevas conceptualizaciones en torno a la espera, como el «atrapamiento migratorio»⁷ (^{Odgers-Ortiz, 2024}), los «territorios de espera»⁸ (^{Musset y Vidal, 2016}) o el «inhabiting the meanwhile»⁹ (^{Gil-Everaert, 2021}), entre otros. Asimismo, han surgido nuevos enfoques analíticos, como el de «aspiración/habilidad» (^{Carling, 2002}) y el de «movilidad/inmovilidad» (^{Bélanger y Silvey, 2019}), que en términos muy generales destacan la vulnerabilidad que enfrentan las personas a quienes se les ha impedido la movilidad.

Finalmente, ya sea que hablemos de flujos migratorios o de stock de migrantes, la presencia temporal o permanente de población extranjera requiere contar con mejores recursos de información estadística, especialmente aquellos que permitan analizar su integración económica y su acceso a los servicios médicos.

Metodología

El objetivo del artículo es ofrecer un panorama general sobre algunas fuentes estadísticas relativas al empleo y al acceso a servicios médicos de la población extranjera en México. Además de revisar las fuentes sobre flujo y stock, se incluyen registros administrativos en materia de salud sobre egresos hospitalarios, consultas por lesiones, urgencias médicas, nacimientos y defunciones, provenientes de la Secretaría de Salud. Es importante acotar que estos registros administrativos podrían captar eventos experimentados no solo por población extranjera residente en el país, sino también por personas que se encontraban de manera temporal en México.

Las fuentes sobre stock de migrantes que fueron incorporadas a la evaluación son el Censo de Población y Vivienda 2020 (^{INEGI, 2020}) y las siguientes encuestas sociodemográficas en hogares: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (^{INEGI, s.f}.), la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID) (^{INEGI, 2018}), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH) (^{INEGI, 2022}) y la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2017 (EDER) (^{INEGI, 2017}). Sobre los flujos de migrantes se revisa únicamente la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) (^{El Colef, s.f.}).

La revisión se realiza con base en tres criterios, que fueron aplicados según el tipo de fuente (véase Tabla 1). El primer criterio consistió en verificar si la fuente permitía la delimitación de la población extranjera. En el caso de las encuestas en hogares (stock), se revisó si los cuestionarios contenían el país de nacimiento, el país de residencia (uno o cinco años atrás), la residencia un año atrás y la causa de la migración; adicionalmente, se agregó el tipo de movilidad que capta cada encuesta. En el caso de la Emif Sur (flujos) no fue necesario revisar este criterio debido a que la población objetivo está integrada por personas que nacieron en Guatemala, Honduras y El Salvador. En la evaluación de los registros administrativos se revisó si figuraban el país de nacimiento y el de residencia, tanto en las fuentes primarias como en las bases de datos disponibles al público a través del portal de la Secretaría de Salud.

El segundo criterio consistió en la revisión de la cobertura temática sobre inserción laboral y acceso a los servicios médicos en las fuentes de flujo y stock. Sobre las actividades económicas se registró si las encuestas incorporan la condición de actividad, la ocupación, la posición en el trabajo, el sector de actividad y las prestaciones laborales. En relación con el acceso a los servicios médicos se verificó la existencia de la variable de afiliación a los servicios de salud y el uso de estos servicios.

El tercer criterio de evaluación reside en la verificación de la representatividad estadística de las estimaciones sobre stock. Para mostrar la baja precisión estadística de las estimaciones sobre la inserción laboral y el acceso a los servicios médicos de la población inmigrante se emplea la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 (^{INEGI, 2020}). Los principales aspectos que se destacan son el acceso a los servicios médicos, el sector de actividad, las horas semanales trabajadas, los ingresos mensuales y las prestaciones laborales.

En la presentación de los resultados se incluyen las precisiones estadísticas de los estimadores. En el cálculo del error estándar se consideró el diseño muestral censal: probabilístico, estratificado y por conglomerados en una sola etapa de selección. Para realizar estos cálculos, se utilizó el paquete survey del software R, el cual permite definir el esquema de muestreo (svydesign) y realizar tabulados (svytotal), así como cruces de variables (svyby) (^{Lumley, 2010}).

En las tablas 5 y 6 se presentan estimaciones sobre diversos indicadores relacionados con características sociodemográficas y laborales en los estados de la frontera sur. Estos incluyen: la proporción de personas que acuden a los servicios médicos públicos, la proporción de personas guatemaltecas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años), la proporción de personas ocupadas en estas entidades, la proporción de quienes poseen la nacionalidad mexicana, su condición de actividad y el sector de ocupación. Para cada estimador se presenta el coeficiente de variación (CV), que mide la magnitud relativa del error estándar muestral. Según su valor, los datos se clasifican en tres niveles de confiabilidad: de 0 a 14.99, los datos son considerados de buena calidad; de 15 a 29.99, aceptables, y mayores de 30, poco confiables (véase Tablas 5 y 6).

A partir de la variable de ingresos mensuales se estimó si las personas ocupadas ganaban menos de dos salarios mínimos, tomando como referencia el salario mínimo vigente el 1 de enero de 2020 ($123.22 pesos mexicanos diarios) de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (^{CONASAMI, 2019}). Además, se calcularon los cuartiles de las horas semanales trabajadas utilizando la función svyquantil. Para efectos comparativos, se presentan las estimaciones análogas para la población mexicana, y los resultados se contrastan con un nivel de confianza del 95 %.

Principales fuentes estadísticas sobre el acceso al empleo y los servicios médicos

En el análisis y valoración de las fuentes estadísticas que registran la movilidad y la migración internacional, es preciso decir que diversos autores y autoras han realizado un excelente trabajo de síntesis sobre las potencialidades y limitaciones de cada recurso en la captación de los diferentes tipos de movilidad, que incluyen: población emigrante, población inmigrante permanente y temporal, migración en tránsito y trabajadores fronterizos (^{Nájera, 2010}; ^{Rodríguez, 2012}, ²⁰¹⁸; ^{Castillo y Nájera, 2014}; ^{Rojas, 2018}a; ^{Torre, 2020}). En el presente estudio retomamos algunas de sus críticas y las clasificamos de acuerdo con el tipo de medición: flujos migratorios y stock de migrantes.

Personas inmigrantes guatemaltecas en la frontera sur de México

La población nacida en el extranjero y residente en México representa menos del 1 % de la población total del país, tanto en 2010 como en 2020 (^{Angoa y Giorguli, 2022}). Este patrón también se observa en la fotografía poblacional registrada en el Censo del año 2000 (^{Castillo, 2012}). Dentro de este reducido porcentaje, las personas inmigrantes provenientes de Guatemala ocupan el segundo lugar en el total de inmigrantes por país de nacimiento, siendo superadas únicamente por las provenientes de Estados Unidos (^{Castillo, 2012}; ^{Angoa y Giorguli, 2022}).

De acuerdo con las cifras censales de 2020, la inmigración en México parece experimentar un moderado crecimiento, integrado principalmente por menores nacidos en Estados Unidos o con nacionalidad estadounidense. También se observan indicios de una migración más envejecida proveniente de España (^{Angoa y Giorguli, 2022}), así como un creciente interés¹⁶ en México como destino final por parte de centroamericanos y centroamericanas (^{Torre, 2020}).

Es importante aclarar que el establecimiento de personas centroamericanas en México no implica necesariamente una elección deseada o planeada. En realidad, el incremento de personas que se establecen en el país es un resultado directo de las dificultades para cruzar hacia Estados Unidos, las restricciones, el endurecimiento de las políticas de asilo (^{Hernández López y Cruz Piñeiro, 2024}) y las dificultades del tránsito por México. Como señala ^{Nájera (2016)}, cuando las experiencias laborales durante el tránsito toman más tiempo del previsto, es posible que se produzca un retraso del plan migratorio o el abandono de este, lo que convierte a las personas migrantes en tránsito en inmigrantes temporales. En este contexto, el lugar de paso se convierte en destino permanente debido a factores como el cambio en la regulación y el control migratorio, la eliminación de rutas y medios de transporte específicos, o las situaciones de violencia (^{Nájera, 2016}).

A partir de los registros del reconocimiento legal de refugiado, la protección complementaria y las Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias, ^{Torre (2020}) sostiene que las cifras de asentamiento de personas centroamericanas están aumentando. Aunque la mayoría de estas personas tenían como objetivo llegar a Estados Unidos, algunas se vieron obligadas a modificar sus estancias, inicialmente cortas, para convertirlas en permanencias prolongadas o incluso en establecimientos definitivos ( ^{Torre, 2020}). En palabras de este autor:

Aunque el otorgamiento de este tipo de reconocimientos legales no asegura que estas personas necesariamente se vayan a quedar en México, se considera que están relacionadas con una mayor propensión a establecerse en el territorio mexicano respecto a quienes no disponen de ellas (^{Torre, 2020: 134}).

En este sentido, obtener la documentación que garantice la estancia temporal o permanente representa un primer paso para el asentamiento a largo plazo y, a su vez, abre la posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana, lo que otorga acceso a las garantías reconocidas por la Constitución.

En este recorrido hacia el establecimiento documentado, la persona extranjera debe: 1) acreditar la residencia temporal o permanente en el país por al menos cinco años -si la residencia temporal es de dos años, debe además cumplir con la condición de tener hijos nacidos en México o haber contraído matrimonio con una persona de nacionalidad mexicana-, y 2) presentar el acta de nacimiento o la condición de refugiado.¹⁷

En el caso de las personas inmigrantes guatemaltecas en la región, el 26.7 % cuenta con un acta de nacimiento registrada en algún Registro Civil de la República Mexicana (véase Tabla 5), lo que les otorgaría la nacionalidad mexicana por nacimiento.¹⁸ Sin embargo, esto se cumple solo en el 82 % de los casos, y deja abierta la interrogante sobre los impedimentos que enfrentan para obtener la nacionalidad mexicana, incluso en estos casos en los que el reconocimiento debería ser más directo (véase Tabla 5).

La condición de poseer la nacionalidad mexicana es un rasgo particular de quienes experimentan una mayor integración política y social en el país. Lamentablemente, el porcentaje de personas guatemaltecas residentes de la frontera sur con nacionalidad mexicana es apenas del 28 %; sobresale el estado de Campeche, donde el 81 % de los guatemaltecos cuenta con este reconocimiento jurídico (véase Tabla 5), mientras que, en Chiapas, solo el 23 % de los inmigrantes de ese país posee la nacionalidad mexicana. Las estimaciones para Quintana Roo y Tabasco tienen una precisión media, por lo que no es conveniente realizar inferencias al respecto. Una posible explicación sobre el porcentaje más bajo en Chiapas en comparación con la región completa de la frontera sur es su ubicación geográfica, que convierte al estado en el punto en el que se registra el mayor número de entradas y, a su vez, en la zona con mayor número de estancias de menor propensión a la regularización en el territorio. Por lo anterior, es importante contar con datos sobre el momento de llegada de los inmigrantes guatemaltecos a la región, y específicamente a Chiapas. En su lugar, el Censo 2020 registra el lugar de residencia cinco años antes de la entrevista, lo que consideraremos a continuación como «inmigrantes recientes».

De los inmigrantes que residían en la frontera sur en marzo de 2020, la mayoría vivían en la misma entidad en marzo de 2015, lo cual parece indicar un asentamiento en México de al menos cinco años de antigüedad. No obstante, durante el periodo intercensal pudieron haber ocurrido otras movilidades. Únicamente el ٢٠ % correspondía a inmigrantes recientes (menos de cinco años) (véase Tabla 5), y estos se asentaron principalmente en el estado de Chiapas. Este resultado sugiere un primer asentamiento en Chiapas, seguido del desplazamiento hacia alguna otra entidad del país. Esta movilidad interna no es tan característica de la población guatemalteca, que tiende a concentrarse principalmente en Chiapas, a diferencia de los inmigrantes salvadoreños, quienes tienden a asentarse geográficamente de manera más dispersa en el territorio mexicano (^{Meza, 2015}).

Considerando brevemente la ubicación geográfica, la tradición migratoria de las personas guatemaltecas hacia México se ha concentrado principalmente en dos polos de atracción: la zona metropolitana de la Ciudad de México y el estado de Chiapas (^{Martínez, 2014}). La mayor intensidad de movilidad ocurre en el tramo fronterizo entre la región del Soconusco, en México, y el departamento de San Marcos, en Guatemala, siendo el centro nodal la ciudad de Tapachula (^{Rojas, 2018b}). No obstante, es importante destacar que la presencia de trabajadores migrantes se ha extendido más allá del Soconusco, Chiapas, como ocurría tradicionalmente, y ahora se advierte una participación laboral en otras microrregiones de Chiapas, así como en otros estados del sureste mexicano como Campeche, Quintana Roo y Tabasco (^{Martínez, 2014}).

Campeche y Quintana Roo también se caracterizaron por la recepción de inmigrantes durante la década de 1980, con la llegada de refugiados guatemaltecos que huían de la violencia en su país. ^{Pérez (2023}) señala que en junio de 1984 residían en Campeche más de mil guatemaltecos, y se estaba evaluando la reubicación de otras 50 familias en esa entidad. En contraste, el estado de Tabasco fue descartado como lugar para establecer campamentos debido a que muchas de sus tierras eran pantanosas o estaban muy pobladas, por lo que Quintana Roo se convirtió en el tercer estado con campamentos de refugiados guatemaltecos, después de Chiapas y Campeche (^{Pérez, 2023}).

Actualmente, el estado de Quintana Roo también se caracteriza por un notable crecimiento en las últimas décadas derivado de las actividades turísticas, que lo han consolidado como un polo de atracción para migrantes de Centroamérica (^{Rojas, 2018b}). Quienes logran insertarse en el mercado laboral de la entidad suelen emplearse en el sector de la construcción, especialmente en los municipios de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, así como en toda la región de la Riviera Maya. Otros se dedican al sector agrícola, los servicios o la economía informal (^{Martínez, 2014}).

Por su parte, en Tabasco los migrantes encuentran trabajo principalmente en los campos de cultivo de caña de azúcar, en los municipios de Balancán, Teapa y Tenosique. Sin embargo, la permanencia de esta población en el estado rara vez supera el mes, pues su principal meta es llegar a Estados Unidos (^{Martínez, 2014}). Cabe destacar que las estimaciones para Tabasco con base en la muestra censal presentan baja precisión estadística (véase Tabla 5), lo que se explica en parte por el menor número de población inmigrante en comparación con el resto de las entidades de la frontera sur.

El nivel de acceso a los servicios de atención médica en la frontera sur parece respaldar la idea de que, conforme incrementa el tiempo de residencia en el país, el acceso a derechos de las personas migrantes se asemeja progresivamente al de las personas nativas. Campeche destaca como la entidad con la mayor proporción de personas guatemaltecas que, cuando presentan algún problema de salud, recurren a los servicios de atención médica pública (86 %) (véase Tabla 5). La mayoría de estas personas cuentan con al menos cinco años de residencia en México, por lo que su acceso a los servicios médicos públicos alcanza niveles altos, incluso superando el porcentaje registrado para la población mexicana (76 %¹⁹). Es importante señalar que estos resultados pueden estar influenciados por las preferencias hacia la atención médica privada.

En el caso de Chiapas, la proporción de inmigrantes guatemaltecos que recurren a los servicios de atención médica pública es del 52 %,²⁰ lo que indica que casi la mitad recurre a servicios médicos privados o a consultorios de farmacias. Por su parte, las estimaciones para Tabasco y Quintana Roo presentan una precisión media. Sin embargo, en Quintana Roo, debido a la mayor presencia de migrantes de ingreso reciente, el acceso a los servicios médicos se encuentra por debajo del 50 %²¹ (véase Tabla 5). Ahora bien, al realizar un cruce de variables entre inmigrantes recientes y quienes utilizan los servicios médicos, la baja precisión estadística no permite hacer comparaciones, de manera que es difícil mostrar de manera estadísticamente confiable que, a medida que aumenta el tiempo de establecimiento en México, se logra un mejor acceso a los servicios médicos.²²

Aunque la muestra censal 2020 no permite identificar de manera directa los factores que impiden el acceso a los servicios médicos,²³ existen indicios de que las personas migrantes y las poblaciones móviles enfrentan serias dificultades en este ámbito debido a factores como su estatus migratorio irregular, las barreras lingüísticas, la falta de políticas de salud inclusivas y la inaccesibilidad a los servicios médicos (^{Giorguli-Saucedo y Lazcano-Ponce, 2024}).

^{Bojorquez-Chapela et al. (2021}) mostraron cómo, en el contexto de la pandemia, la mayoría de las políticas de salud pasaron por alto las necesidades de la población migrante, incluidas las personas en tránsito o solicitantes de asilo. Un estudio específico sobre atención médica reporta que el 70 % de los problemas de salud de las mujeres migrantes que residen temporalmente en albergues se atienden en las casas de migrantes o en otras organizaciones sociales (^{Quintino-Pérez et al., 2024}). Esto parece apuntar a que la mayoría de las atenciones médicas se realizan fuera del sistema público de salud. Sin embargo, aquellas que sí se realizan en servicios médicos públicos suelen quedar invisibilizadas debido a la dificultad para identificar a las personas migrantes en las bases de datos de la Secretaría de Salud, como se expuso en el apartado anterior.

En cuanto a las actividades económicas, en 2010, el 80 % del total de inmigrantes en México correspondía a personas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años), porcentaje que aumentó al 85 % en 2020 (^{Angoa y Giorguli, 2022}). Específicamente, entre las personas guatemaltecas establecidas en las entidades de la frontera sur, el 78 % de los inmigrantes en Campeche se encuentra en este mismo grupo etario, mientras que en Chiapas y Quintana Roo el porcentaje asciende al 82 %, y en Tabasco al 89 % (véase Tabla 5).

A su vez, de acuerdo con el Censo 2020, el 90 % de los hombres inmigrantes en la región se encuentra ocupado, en contraste con las mujeres, cuyo porcentaje es solo del 32 % (véase Tabla 6). Este bajo porcentaje podría reflejar que, según esta fuente, las mujeres inmigrantes se dedican principalmente a los quehaceres del hogar, lo que podría llevar a suponer que las mujeres migran principalmente como acompañantes de los hombres; sin embargo, ^{Rojas y Ángeles (2001)}) han evidenciado la significativa participación de las mujeres migrantes como trabajadoras, y no únicamente como acompañantes.

Las mujeres inmigrantes que se encuentran ocupadas en la región se insertan principalmente en el sector de servicios y, en segundo lugar, en el comercio (véase Tabla 6). Por otro lado, los hombres participan principalmente en el sector agrícola, seguido del sector servicios y, en tercer lugar, en la construcción. Los resultados sobre la distribución por sectores se presentan a nivel de región, ya que al desagregar la información por entidad federativa las estimaciones carecen de la suficiente precisión estadística.

No obstante, en el caso de Chiapas es posible analizar ciertos resultados con mayor detalle. En esta entidad, el sector agrícola constituye la principal actividad económica de inserción para los hombres guatemaltecos en Chiapas, mientras que las mujeres guatemaltecas trabajan principalmente en el sector servicios y, en segundo lugar, en el comercio.

El tamaño de la muestra de inmigrantes ocupados en Tabasco y Campeche es reducido, por lo que el conjunto de la población inmigrante en estas entidades está insuficientemente representado. Por esta razón, los análisis deben realizarse considerando la región en conjunto y evitando hacer demasiadas desagregaciones. De hecho, con base en esta fuente estadística, los resultados regionales parecen reflejar principalmente las dinámicas observadas en Chiapas.

Otros aspectos que pueden explorarse a partir de la muestra censal de 2020 son las prestaciones laborales,²⁴ las horas trabajadas y el ingreso mensual. En términos generales, los trabajadores y trabajadoras guatemaltecos en la región no suelen contar con prestaciones laborales, perciben ingresos insuficientes por su trabajo y realizan jornadas laborales que, en muchos casos, exceden los límites permitidos por la ley.

La media y la mediana de las horas semanales trabajadas es de 48 horas, lo que indica que la jornada habitual en la región abarca generalmente ocho horas diarias durante seis días a la semana. Según ^{Nájera (2021)}, la jornada laboral en Chiapas es determinada por el empleador o el trabajador independiente, con un límite superior de ocho horas según la ley laboral. Sin embargo, en el caso del trabajo doméstico -usualmente desempeñado por mujeres solteras y sin hijos-, el horario depende de las demandas y requerimientos de las familias para las que se trabaja, lo que puede llevar a que la jornada laboral se extienda más allá de las ocho horas diarias.

El 50 % de la población guatemalteca en las cuatro entidades de la frontera sur trabaja entre 36 y 60 horas semanales. Lo preocupante es que el 26 % de la población ocupada en estas entidades trabaja más de ٦٠ horas a la semana, lo que equivale a laborar más de nueve horas diarias sin un día de descanso. Por otro lado, el 20 % de los hombres mexicanos también trabajan 60 o más horas a la semana, de tal modo que la diferencia entre los hombres mexicanos y los guatemaltecos no es estadísticamente significativa (véase Tabla 6). Estos resultados revelan las precarias condiciones laborales que enfrenta la población en esta región.

Adicionalmente, al comparar el primer cuartil de las horas semanales trabajadas por hombres y mujeres -40 frente a 24 horas-, se observa una posible tendencia hacia empleos más flexibles para las mujeres, que generalmente perciben una menor remuneración económica y no tienen acceso a prestaciones. Esta diferencia probablemente refleje la significativa proporción de mujeres dedicadas a la venta ambulante, actividad que les permite una mayor flexibilidad de horarios y facilita el cumplimiento de las labores domésticas, las cuales se asignan a su rol social como mujeres. Es importante mencionar que también existe esta brecha entre hombres y mujeres en la población mexicana -35 frente a 25 horas-.

En el otro extremo se encuentran las mujeres guatemaltecas, de las cuales el 27% trabaja 60 horas o más a la semana, una cifra que contrasta notablemente con el 13 % de las mujeres mexicanas que enfrentan jornadas laborales similares -una diferencia estadísticamente significativa-. En la región del Soconusco, es común contratar a mujeres solteras sin hijos, que puedan trabajar durante días continuos como trabajadoras domésticas. El 31.3 % de ellas laboran más de ocho horas al día (Nájera, 2022). Si bien Jéssica Nájera estudia las movilidades transfronterizas, y este artículo se enfoca en la población inmigrante en las cuatro entidades de la frontera sur, sus resultados sugieren que las jornadas laborales que exceden las ocho horas diarias para las mujeres podrían estar relacionadas con el trabajo doméstico.

En relación con la remuneración económica, los ingresos de la mayoría de los trabajadores en la región no superan los dos salarios mínimos -91 % en el caso de los hombres y 93 % de las mujeres- (véase Tabla 6). Este nivel de ingresos resulta insuficiente para el sustento personal y el de los miembros del hogar. Simultáneamente, más de las dos terceras partes de los empleos ocupados por guatemaltecos y guatemaltecas suelen carecer de cualquier tipo de prestación laboral -78 % en el caso de los hombres y 77 % de las mujeres-.

Estas condiciones laborales también suelen ser desfavorables para los trabajadores y trabajadoras mexicanas en la región. Una alta proporción de personas ocupadas mexicanas también percibe ingresos insuficientes -74 ٪ y 75 % en el caso de hombres y mujeres, respectivamente- y una parte considerable no cuenta con prestaciones laborales -47 % y 34 % en el caso de hombres y mujeres, respectivamente-. En este caso, las diferencias entre la población mexicana y la guatemalteca son estadísticamente significativas, lo que revela una desventaja mayor para las personas de nacionalidad guatemalteca.

Consideraciones finales

El objetivo del artículo consistió en ofrecer un panorama general de algunas fuentes estadísticas sobre el empleo y el ejercicio al derecho a la salud de la población extranjera en la frontera sur de México. En la revisión de las fuentes utilizadas en este artículo se identifican tres limitaciones principales. La primera se refiere a la dificultad para identificar a las personas migrantes en los registros administrativos de la Secretaría de Salud. En la mayoría de las fuentes, no se registran datos clave como la nacionalidad, el tiempo de residencia en México, el lugar de residencia anterior o el estatus migratorio, variables que son fundamentales en el estudio de la migración. La segunda limitación es la representatividad de las encuestas en hogares. Dado que el objetivo de estas encuestas es cubrir a la población en general, las estimaciones derivadas de ellas no son necesariamente representativas de la población en movilidad. La tercera limitación, estrechamente vinculada a la anterior, consiste en los errores muestrales. La precisión estadística de las estimaciones se ve seriamente afectada cuando los estimadores estadísticos corresponden a la población migrante.

A pesar de las limitaciones del Censo 2020, con base en esta fuente fue posible realizar algunas inferencias sobre los principales sectores de actividad en la región. No obstante, conforme se realizan algunas desagregaciones a nivel estatal, la precisión estadística disminuye. Esto es particularmente relevante para las entidades de Tabasco y Campeche, donde el tamaño de la muestra de inmigrantes resulta insuficiente.

Con base en la muestra censal, quien analice los datos debe limitarse a utilizar medidas generales, ya que al realizar algunas desagregaciones o cruces entre variables, los errores muestrales se amplían. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se explora la condición de actividad -en especial los datos sobre personas desocupadas, que presentan un alto coeficiente de variación- o el uso de servicios médicos por parte de inmigrantes que llegaron en los último cinco años. Esto ocurre incluso cuando se realizan estimaciones para toda la región de la frontera sur sin desagregar por entidad. Aunque la muestra censal es una de las fuentes con mayor cobertura, las inferencias estadísticas que se pueden obtener son limitadas.

La frontera sur mexicana está experimentando una creciente y novedosa presencia de flujos extracontinentales provenientes de África y Asia (^{Miranda, 2023}), los cuales se suman a los flujos migratorios desde países latinoamericanos. En este contexto, la necesidad de contar con registros más eficientes para la captación de información sobre la población migrante se vuelve cada vez más necesaria. En particular, destacamos la necesidad de desarrollar fuentes estadísticas en materia de salud, dado que «desde la perspectiva poblacional, no se ha incluido y menos cuantificado la salud de las personas migrantes y sus posibles determinantes» (^{Giorguli-Saucedo y Lazcano-Ponce, 2024}).

Finalmente, debemos reconocer la existencia de población en condición de atrapamiento migratorio y, en consecuencia, promover el diseño de políticas migratorias y de estrategias de integración que se adecuen a esta realidad (^{Odgers-Ortiz, 2024}). Si seguimos considerando estos conjuntos poblacionales como «de paso», se corre el riesgo de negarles el acceso a la escolarización de sus hijos e hijas y de desestimar sus necesidades de atención de enfermedades crónicas o degenerativas, entre otros (^{Odgers-Ortiz, 2024}). En este sentido, hasta el momento, las políticas de salud han pasado por alto sus necesidades (^{Bojorquez-Chapela et al., 2021}).

Con este ejercicio de revisión de fuentes se desea resaltar la urgente necesidad de que las instancias gubernamentales mejoren los registros relacionados con la población extranjera, un aspecto que será cada vez más relevante en la vida de nuestro país.