Introducción

Al analizarse las consecuencias de las técnicas biopolíticas para el control de las migraciones humanas en México, la aplicación CBP One se consolidó como dispositivo de gobierno regional. Durante su empleo, esta plataforma funcionó como programa de tecnohumanitarismo que reorganizó las esperas, los tránsitos y las vidas de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Esta investigación inició durante el gobierno de Joe Biden y el genocidio contra el pueblo palestino enmarcaba la realidad global, y concluyó cuando la aplicación dejó de operar meses después entro Donald Trump a su segundo mandato. Su administración ha redoblado la guerra contra las comunidades de personas migrantes empobrecidas e indocumentadas, mayoritariamente latinoamericanas, tanto en Estados Unidos como en los territorios que dejaron atrás en busca de una vida digna y segura.

En este giro hacia un tecno-fascismo digital (^{Estévez, 2025}), llegan noticias sobre el envío de migrantes a la cárcel de máxima seguridad en la base de Guantánamo, así como al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en El Salvador. Estos centros de detención ilegal se emplean como parte de una pedagogía del terror. Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha retirado fondos a las agencias de cooperación internacional, los cuales estaban destinados a la alimentación y la salud de migrantes en albergues de México y Centroamérica, pues el trumpismo ha cerrado la así llamada “cooperación al desarrollo”. También se han cancelado financiamientos y lanzado amenazas directas contra organizaciones en otras partes del mundo que ofrecen asistencia legal a personas migrantes irregularizadas en Estados Unidos bajo el argumento de que estas facilitan la “migración irregular”.

El derecho al asilo ha sido suspendido de facto. La administración de Trump se ensaña con las familias desplazadas forzosamente, desplegando fuerzas del orden de distintas adscripciones para realizar redadas en escuelas, hospitales y centros de trabajo, siendo espectacularizadas en horario de máxima audiencia. Queda claro que la frontera de Estados Unidos no solo se ha externalizado a México, Guatemala, El Salvador, Panamá y los Andes, sino que también se ha internalizado en los espacios donde las vidas de personas migrantes sostienen con su trabajo el tejido social y económico estadounidense.

Durante el trabajo de campo, se han recibido testimonios de familias a las que se acompaña, de manera presencial o virtual, desde y en el otro lado del muro. Estos testimonios relatan cómo muchas personas en situación irregularizada en Estados Unidos han dejado de salir de sus casas y han dejado de trabajar por un miedo profundo a ser detenidas en su trayecto al trabajo, encarceladas y expulsadas de un lugar que ya era concebido como su refugio.

Entre todas esas medidas, tanto el CBP One como dispositivo tecnodisciplinario, como los programas Movilidad Segura en Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica, han sido clausurados o suspendidos indefinidamente; el personal que los administraba se encuentra separado de sus cargos o en el limbo laboral, y la infraestructura del tecnohumanitarismo de la que se sostenía está en la incertidumbre. El miedo no cambió de bando, sino que ahora habita entre la población migrante y trabajadores de la industria humanitaria.

En esta confusa coyuntura, y en medio de la zozobra, con rabia en el cuerpo frente a la doctrina del shock con la que Trump intenta gobernar no solo las migraciones, sino el presente global, se propone este texto para dar cuenta de un tiempo en el que, a través del CBP One como aplicación tecnológica, miles de familias intentaron entrar a Estados Unidos de forma regular y abrir su camino como solicitantes de asilo u obtener algún tipo de protección temporal. Sin embargo, esta figura legal se encuentra bajo asedio por una reconfiguración geopolítica que pretende su aniquilamiento.

En este sentido, se plantean diversas preguntas clave: ¿cómo funcionó el CBP One como dispositivo tecnohumanitario en México? ¿Cuál fue el papel de los actores estatales, internacionales y locales en su implementación? ¿De qué manera se manifestaron las dinámicas de poder y control a través de esta aplicación en la gestión de la migración irregularizada? ¿Cómo configuró el tecnohumanitarismo los territorios de espera mexicanos? Para responder a estas interrogantes, el análisis se centra en tres espacios específicos del territorio: el campamento de Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX); la frontera noreste en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas; y Tapachula, en la frontera sur de Chiapas, en la era del CBP One implementado como dispositivo de la gestión de las migraciones irregularizadas que comprende el periodo de enero de 2023 hasta su final abrupto a inicios de 2025.

Con base en este enfoque, se analiza cómo la aplicación CBP One operó como un dispositivo del tecnohumanitarismo en el contexto mexicano durante el periodo 2023-2024 para identificar las dinámicas de poder y control que emergen a través de su implementación en la gestión de la migración irregularizada en Tláhuac, Matamoros y Tapachula.

Metodología

La ruta metodológica se fundamenta en una etnografía multisituada, basada en la observación participante en tres parajes fronterizos (borderlands): Tláhuac, CDMX; Matamoros, Tamaulipas y Tapachula, Chiapas, con base en un trabajo de campo realizado entre los años 2023 y 2024.

La observación participante, vinculada a la hermenéutica y la sociología comprensiva, permite capturar e interpretar el sentido de la acción social porque se comparten las vivencias que mueven a las comunidades (^{París, 2012}). Por otra parte, la etnografía multisituada propuesta, más allá de lo geográfico, resalta el tránsito de múltiples posicionamientos y lugares de las investigadoras, partiendo de la propia materialidad corpórea-emocional de las investigadoras como instrumento de investigación (^{Hirai, 2012}).

Es importante aclarar el transitar y posicionamiento desde el que se parte para esta propuesta, en tanto académicas y defensoras del derecho a la fuga y del derecho a la movilidad humana. Más allá de este posicionamiento inicial, las complejas condiciones vividas en el campo llevaron a las investigadoras al involucramiento político, a través del acompañamiento y la escucha radical de cara a estas realidades de endurecimiento y securitización que se experimentó durante el trabajo de campo, sosteniendo relaciones con las interlocutoras posterior a los encuentros.

En ese sentido, se aclara la imposibilidad de ofrecer un recuento no mediado por la propia subjetividad e imbricación personal de las investigadoras con el fenómeno presentado. Se presenta un “conocimiento situado” desde una epistemología feminista que aleja en su quehacer de investigación científico-social las prácticas y saberes hegemónicos, y cuestiona la objetividad entendida como distanciamiento y neutralidad:

Esta concepción de una objetividad feminista encarnada [...] sitúa lo político en la misma base de la producción de conocimiento. Pero reconocer las implicaciones políticas de una posición o de un conocimiento, lejos de invalidarlo como ideología o de conducirnos a un relativismo del todo-vale, emplaza [...] a una producción de conocimiento socialmente comprometida y responsable. (^{Cruz, Reyes y Cornejo, 2012, p. 258})

Durante las visitas de campo y acompañamiento se llevó un diario de campo que reflexionaba sobre lo observado en terreno. Este informe de investigación se complementa con materiales de corte fotográfico-visual, que en posteriores secciones se citarán como diario de campo, frontera y el año del registro. La fase de sistematización y de diálogo colectivo y trabajo analítico colegiado brindó un espacio de reflexión para asentar y analizar lo investigado y pone en relieve el carácter intersubjetivo y dialógico de esta perspectiva de investigación. Estos ejercicios reflexivos no implicaron un distanciamiento aséptico, sino una participación comprometida en la que no se distancia de la realidad implicada ni de las consecuencias en sus propios cuerpos (^{García Dauder, 2003}).

Marco teórico

Para construir un puente teórico entre las tres postales etnográficas desde la perspectiva de la biopolítica y las prácticas de control, se enmarcan las temáticas de control migratorio, tecnologías digitales e intervenciones humanitarias bajo un enfoque que articule las dinámicas de poder sobre los cuerpos de las personas migrantes, y cómo estos son regulados y gestionados en diversos territorios y configuraciones geográficas como la CDMX, Matamoros y Tapachula.

Este entramado teórico-metodológico permite dilucidar cómo las políticas migratorias, tanto a nivel fronterizo como dentro de los espacios urbanos, buscan regular el movimiento de los migrantes y disciplinar sus cuerpos, administrando los derechos, seguridad y acceso a servicios, de acuerdo con las lógicas de control y administración de la vida presentes en cada contexto.

Teóricamente, esta propuesta se inscribe en el campo de la biopolítica. Un buen punto de partida para abordar el planteamiento del problema de este trabajo es retomar el concepto de gubernamentalidad en la obra de Foucault, misma que define como:

El conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población; por forma mayor de saber, la economía política; y por instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. (^{Foucault, 2006, p. 136})

Este término resulta particularmente útil para pensar la gobernanza migratoria; es decir, la gubernamentalidad migratoria como la forma hegemónica de saber y poder en relación con la movilidad migratoria internacional. Según Ariadna Estévez,

[…] la regulación de la migración a través de una biopolítica, cuyo fin es definir a quién se le permite entrar y permanecer en un territorio determinado, es central a la gubernamentalidad neoliberal y constituye un tema fundamental del análisis del biopoder. (^{2018, p. 42})

Al retomar las reflexiones de Foucault sobre las tecnologías de poder y las prácticas de control, se explora cómo el dispositivo de gestión migratoria reconfigura las relaciones entre poder y vida. Foucault describe la gubernamentalidad como un conjunto de técnicas que regulan tanto el autocuidado como las normas de dominación, constituyendo así la racionalidad del neoliberalismo en el marco del biopoder (Foucault, 1997). Este último se entiende como un proceso histórico que racionaliza fenómenos sociales relacionados con la población, destacando cómo la vida se convierte en un elemento clave en las estrategias políticas (Foucault, 1991).

La biopolítica, en este sentido, parte del análisis de los dispositivos para describir y articular cómo un discurso o sus componentes constituyen un dispositivo de poder. Los dispositivos son redes de relaciones sociales construidas en torno a un discurso, que abarcan instituciones, leyes, disciplinas, conceptos y posiciones morales, entre otros. Su función específica es mantener el poder. Por lo tanto, el análisis de dispositivos requiere describirlos y articular cómo un discurso determinado da forma a un dispositivo de poder.

Este concepto, aunque no fue formulado específicamente para analizar la migración, resulta particularmente pertinente en este contexto. La biopolítica tiene como finalidad definir quiénes tienen el derecho a vivir y quiénes pueden permanecer en un territorio determinado a partir de criterios biológicos y normativos. En la gestión migratoria, esto se traduce en prácticas que discriminan y categorizan a las personas migrantes, estableciendo jerarquías de privilegio que determinan su acceso a derechos y recursos. Así, el análisis biopolítico se convierte en una herramienta esencial para entender las dinámicas de exclusión y control que caracterizan la gobernanza migratoria contemporánea.

La seguridad se convierte en un discurso que regula la movilidad dentro de los parámetros del Estado. En lugar de ser simples estrategias aisladas, conceptos como la seguridad y el ordenamiento forman parte de un paradigma más amplio que guía las políticas y prácticas en torno al control migratorio. La combinación de la seguridad estatal y la seguridad humana revela una tensión entre el control de las fronteras y la obligación de proteger los derechos de los migrantes (Huysmans y Squire, 2010).

Este enfoque de contención actual implica el uso de tecnologías, como la aplicación CBP One, y de diversas bases de datos digitales para la gestión y control de la población migrante. Al utilizar nuevas tecnologías digitales avanzadas, los algoritmos y las aplicaciones creadas a partir de datos geolocalizados tienen la posibilidad de estar más disponibles en lugares con mayor acceso a la red wifi, dependiendo de la gama de los dispositivos móviles. Esto crea una situación de desigualdad en el territorio mexicano (^{McAuliffe y Triandafyllidou, 2021}). La expansión del uso de tecnologías digitales y biométricas en los controles migratorios y fronterizos invita a explorar el control de las movilidades por medio de una aplicación o centros de procesamiento digitales para mejorar la “eficiencia y seguridad” de las fronteras frente a la migración irregular.

De acuerdo con ^{Domenech, Basualdo y Pereira (2022)}, se está frente a una espera que se vive tanto en el plano físico como en el plano digital, fenómeno que definen como “el tecnohumanitarismo como una nueva modalidad de contención y disciplinamiento de la movilidad que está empezando a adquirir diversas formas en el contexto regional” (^{p. 349}).

Es fundamental ahondar en los aportes teóricos de los estudios fronterizos que se propusieron desde la década de 1990 desde la antropología francesa (Balibar, 2005). Se trata de un concepto para denominar experiencias, relaciones sociales, prácticas de poder y resistencia en lo cotidiano; la construcción de la alteridad radical y lo común o lo otro, “atendiendo especialmente al papel que cumple el proceso de construcción semiótico-material del cuerpo en las prácticas de diferenciación/subordinación que estas fronteras imprimen a la experiencia migratoria” (^{Mora y Montenegro, 2009}). Desde esta propuesta epistémica, hasta ahora, ha evolucionado para pensar incluso en fronteras digitales y corporales que atraviesan la experiencia migrante.

En ese sentido, desde la socioantropología, los parajes fronterizos comprenden no solamente los límites geográficos del estado-nación, sino también la configuración de fronteras internas en México como territorios espacio-temporales donde se administra la espera o el asentamiento de quienes las normas y las relaciones sociales configuran como la otredad radical y perpetua de las personas migrantes en tránsito por México (^{Doncel y Lara Ramírez, 2021}).

Estas son, pues, las coordenadas teóricas con las que se propone analizar la experiencia recogida en el trabajo de campo en los tres parajes fronterizos que se estudian. Sin embargo, antes de entrar en el análisis del corpus de investigación, se elabora un recuento contextual donde toman lugar las postales etnográficas que se utilizan para pensar y comprender las consecuencias del tecnohumanitarismo en este texto.

Contexto

Como se mencionó, este artículo surge a partir de la participación de las investigadoras en la Conferencia Foucault desde el Sur Global, organizada en el marco del Congreso Mundial Foucault 40 años. Durante la intervención, la discusión no solo estaba atravesada por el horizonte teórico foucaultiano, sino también por las similitudes en las realidades sociales que se están investigando en el territorio mexicano. A medida que se profundizó en las exposiciones, se advirtió que, aunque las investigaciones se enfocan en contextos diferentes, comparten puntos de convergencia relacionados con los procesos de externalización de las fronteras, el control, la gestión y el tecnohumanitarismo en la movilidad humana, en un periodo denominado “la era del CBP One” en este texto. La era CBP One abarca desde enero de 2023 hasta enero de 2025, cuando abruptamente fue inhabilitada y transformada como dispositivo de auto deportación migratorio denominado “CBP Home” a partir del 10 de marzo, como parte de las acciones migratorias de Trump durante los primeros meses de sus segundo mandato al frente de la presidencia de Estados Unidos (2025-2028).

La aplicación CBP One para gestionar la migración irregularizada fue implementada por el gobierno de Joe Biden (presidente de Estados Unidos, 2021-2025) el 12 de enero de 2023 (^{CBP, 2023}), a través de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos (CBP). Su objetivo principal fue gestionar el acceso de los migrantes a través de los puertos de entrada terrestres (POE) entre Estados Unidos y México. La aplicación asignaba diariamente entre 1,200 y 1,450 citas a personas migrantes en territorio mexicano. Los POE que participaron en el programa fueron: Brownsville, Eagle Pass, Laredo y El Paso (Paso del Norte) en Texas; Nogales en Arizona; y Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste: El Chaparral) en California (^{CBP One, 2023}). La aplicación se convirtió en el dispositivo central para digitalizar la gestión del acceso regular y abría la posibilidad de solicitar asilo y protección en los Estados Unidos, marcando el inicio de una era en la que se incorporaron prácticas que automatizaban el proceso de solicitud de entrada regular de manera remota mediante tecnologías digitales.

Fuente: Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos (2024), a partir de estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS).

Figura 1 Citas programadas en CBP One 2023-2024 (junio). 

Desde el inicio de su implementación, la aplicación CBP One requería que las personas migrantes realizaran la solicitud de la cita para ingresar a Estados Unidos en lugares específicos del territorio mexicano y en un horario determinado cada día, lo que limitaba aún más su flexibilidad. En un inicio el horario obligaba a las personas migrantes a estar en línea dentro de un intervalo muy reducido para poder acceder a las citas. El estricto cumplimiento de este horario de solicitud era esencial, ya que el sistema solo procesaba un número limitado de citas diarias, y no ingresar a la plataforma dentro de ese horario podía resultar en la pérdida de la oportunidad de solicitar una cita ese mismo día.

La aplicación estaba destinada en un principio a recibir exclusivamente solicitudes de citas de personas en movilidad que se encontraban en el centro y el norte de México. Estas nuevas prácticas de externalización, definidas por los estudiosos críticos de la migración como el “desplazamiento del control de las fronteras y sus tecnologías más allá de los bordes territoriales de los espacios políticos formalmente unificados” (^{Mezzadra y Neilson, 2017, p. 102}), mediante el uso del espacio digital desde Estados Unidos, se consolidaron como una de las principales tácticas de control migratorio en la región durante el periodo 2023-2024. Una característica relevante de esta herramienta fue el uso de tecnología avanzada y bases de datos digitales y biométricos para gestionar a la población migrante en el territorio mexicano, focalizándose en regiones geográficas específicas. Hasta agosto de 2024, los migrantes debían ubicarse físicamente sobre el Paralelo 19 norte, que atraviesa áreas como la CDMX, Guadalajara y los estados fronterizos del norte del país (^{Castañeda, 2023}). A partir de agosto de 2024, se habilitaron también los estados del sur de México, como Chiapas y Tabasco para establecer “corredores humanitarios”.

Como consecuencia de la implementación de CBP One, la frontera sur de México se desplazó hacia el centro, principalmente hacia la CDMX, que se convirtió en un punto de espera forzada para los migrantes (^{Vargas, 2024}). Desde 2023, cientos de personas migrantes llegaron a la ciudad con la finalidad de formalizar una cita para ingresar a Estados Unidos, enfrentando largos períodos de espera y condiciones precarias debido a la desatención del gobierno local y la falta de infraestructura para atender a las personas migrantes.

Al mismo tiempo, las zonas fronterizas como Matamoros continuaron siendo puntos de alta prioridad para las personas migrantes y la asignación de citas a través de la aplicación CBP One (^{Verduzco y Brewer, 2024}). Según los datos disponibles, Matamoros-Brownsville fue uno de los puntos de mayor actividad en la frontera, con una asignación significativa de citas diarias. Este punto, junto con otros como Nuevo Laredo-Laredo y Reynosa-McAllen, concentró el 43 % de las citas ofrecidas a lo largo de toda la frontera; es decir, 630 de las 1,450 citas diarias disponibles.

La relevancia estratégica de Matamoros, debido a su importancia comercial y su alto volumen de tránsito, llevó a las autoridades estadounidenses a asignar más recursos e infraestructura en esta área. Así, Matamoros se posicionó como uno de los puntos de mayor acceso a través de CBP One, destacándose por su centralidad en el proceso de control migratorio (Vargas,2025). Sin embargo, es importante señalar que en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, municipalidades del estado de Tamaulipas, prevalecen condiciones precarias y de extrema inseguridad (^{Reynolds et al., 2024}), con niveles de peligrosidad equiparables a los de países como Siria y Afganistán, clasificados bajo el nivel 4 de Do Not Travel (No viajar) por ser zonas de conflicto armado (U.S. State Department, 2024).

De esta manera, la era del CBP One modificó el tránsito y la espera de los migrantes en territorio mexicano. Los escenarios fueron diferentes entre 2023 y 2024 en los espacios fronterizos: en el sur, con relación a la manera en que las personas ingresaban al territorio mexicano en la ciudad de Tapachula, y en el norte, en la ciudad de Matamoros. Las movilidades fueron modificadas por el contexto y las nuevas realidades. En contraste, la CDMX se convirtió en un espacio de espera obligatoria para las personas migrantes que querían llegar a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Esta situación, en cierto sentido, representó una mezcla entre la administración de la población, la externalización de las fronteras y la securitización de la movilidad humana. La digitalización del tránsito y la espera estuvo estrechamente relacionada con características como la raza, la clase, el género y la nacionalidad, funcionando como un filtro para discriminar qué personas eran consideradas “deseables” y cuáles no, basándose en clasificaciones a través de la biometría (^{Mbembe, 2019}).

Esta perspectiva securitista de la gestión migratoria (^{Varela, 2015}) ha generado recurrentes dislocaciones espacio-temporales y nuevas formas de fronterización del tiempo, que se manifiestan en atrapamientos evidenciados en la formación de campamentos y asentamientos irregulares en la alcaldía Tláhuac, al suroriente de la CDMX; en el Puente Internacional Matamoros y los límites del Río Bravo; y en Tapachula, Chiapas, donde las condiciones de vulneración de los derechos de los migrantes y las inmovilidades forzadas son una constante.

Postales etnográficas de la era CBP One en la CDMX, Matamoros y Tapachula

En conjunto, el análisis de la CDMX, Matamoros y Tapachula en el contexto de la aplicación CBP One ofrece una visión integral de cómo las prácticas de control, desde la intervención humanitaria hasta el uso de tecnologías digitales, se configuran como mecanismos de biopoder que buscan gestionar, disciplinar y normar a los cuerpos migrantes a lo largo de sus trayectorias, en distintos puntos geográficos y bajo diversas formas de intervención.

CDMX

El análisis de la CDMX como un “confín migratorio” (^{Varela-Huerta y París, 2023}); introduce otra capa de complejidad en este esquema de control biopolítico. Aunque la CDMX no es una frontera física, se ha convertido en un espacio clave de contención para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o que quedan atrapados en la intersección de políticas migratorias cada vez más restrictivas. En este contexto, la biopolítica se despliega a través de diversas formas de control: desde la regulación del espacio urbano hasta la implementación de políticas migratorias que gestionan el acceso a la ciudad, la provisión de servicios y la legalidad de la estancia de las personas migrantes.

Además, la CDMX, al igual que otras zonas urbanas, enfrenta tensiones entre la asistencia humanitaria y el control estatal, ya que los migrantes en tránsito no solo requieren apoyo en salud, alimentación y seguridad, sino que también deben someterse a procesos de regulación y vigilancia que afectan su autonomía y movilidad dentro del territorio.

En el marco de la puesta en marcha del dispositivo tecnohumanitario CBP One, en sus distintas etapas, se puede observar la consolidación de espacios de espera, gobernados y autogestionados por actores que van desde lo federal y nacional hasta lo local-municipal. Como producto de este episodio de la gubernamentalidad migratoria, en la CDMX existen numerosos campamentos que superaron la capacidad de albergues estatales y organizaciones civiles o religiosas para habitar dicha espera.

Este texto se concentra en uno de esos muchos campamentos que proliferan tanto en el centro de la ciudad como en zonas gentrificadas o precarizadas de la periferia barrializada. Dos investigadoras, afincadas en el centro de México, que realizaron trabajo etnográfico durante 2023-2024, en el marco de la apertura de lo que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) denominó “ventanilla única”: el espacio de atención para iniciar solicitudes de refugio en México presentadas por migrantes que arribaron al centro del país. La ventanilla única del Bosque de Tláhuac operó desde abril hasta noviembre de 2023.

El Bosque de Tláhuac es un espacio público de esparcimiento y pulmón verde para la periferia oriente de la CDMX. Cuenta con 58.77 hectáreas y alberga infraestructura deportiva, recreativa y servicios de atención ciudadana relacionados con el acceso a derechos y servicios públicos.

Si bien no se cuenta con cifras exactas sobre las peticiones presentadas y procesadas específicamente en este confín migratorio (^{Varela-Huerta y París, 2023}), se sabe que “durante 2023 se resolvieron 29,661 solicitudes, quedando pendientes 111,059, es decir, se concluyeron apenas el 26.7 % de los trámites. En 2022, la COMAR resolvió 38,466 de 119,078 peticiones, equivalente al 32 % [...]. De acuerdo con el último informe de la COMAR, al cierre de 2024, 78,975 personas iniciaron un trámite para solicitar refugio. Esta comisión resolvió, ya sea favorable o desfavorablemente, el 42 %, mientras el resto permanece pendiente” (^{Jiménez, 2025}).

Después de que migrantes de origen haitiano se establecieran en un campamento en pleno centro de la CDMX, en la plaza Giordano Bruno, cerca de las oficinas centrales de la COMAR, se registraron diversos episodios de xenofobia organizada por parte de vecinos y locatarios de la zona. En la gestión de estos episodios intervinieron distintos niveles de gobierno: desde las instituciones federales de refugio con sede en la capital, hasta los gobiernos capitalino y alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque no es posible extenderse en la historización de los procesos de confrontación pública, mediática, vecinal y barrial que implicó el atrapamiento en la transitoriedad provocado por el CBP One, basta señalar que durante 2023 y 2024 el Bosque de Tláhuac funcionó como refugio temporal para familias migrantes y como confín migratorio para personas solicitantes de refugio. Durante la operación de la ventanilla única, el equipo de investigación realizó observación etnográfica de estos procesos (Imagen 1).

Fuente: Diario de campo, CDMX, mayo de 2023

Imagen 1 Interior del albergue para migrantes en tránsito de la SIBISO / Gobierno CDMX en Bosque de Tláhuac  

En el trabajo de campo se encontró que la Secretaría del Bienestar Social (SIBISO) de la CDMX consolidó un nuevo modelo de “puente humanitario”, diferente al esquema de recepción de las caravanas migrantes de 2018. En este nuevo modelo, se estableció una gestión específica para la migración atrapada en la ciudad, que esperaba una cita para ingresar de manera regular a Estados Unidos. Así, fue tarea de la administración local (el gobierno de la ciudad) proveer infraestructura para albergar a una cantidad limitada de personas migrantes.

Muchas de las familias que no lograron acceder al refugio del gobierno capitalino, instalaron casas de campaña, carpas y contenedores que funcionaban como oficinas y comedores llegando a conformar campamentos multitudinarios autogestionados por los propios migrantes.

Posteriormente, estos campamentos fueron desmantelados y sus habitantes reubicados a pie de calle, fuera de las instalaciones del bosque.

Durante meses, algunas de las personas migrantes que esperaban una ficha para iniciar su trámite de refugio ante la COMAR permanecieron dentro de las instalaciones de SIBISO, un albergue de puertas abiertas que ofrecía espacios para dormir en contenedores industriales, zonas para instalar casas de campaña, comedor con desayuno, comida y cena, además de duchas y baños para los migrantes albergados.

Los funcionarios encargados de gestionar el albergue incluían personal adscrito al gobierno de la CDMX, sin formación especializada en migración, y mayormente con experiencia en la atención a población en situación de calle en la capital. Además, empleados temporales de distintas áreas de la administración capitalina eran reasignados por días para trabajar en el albergue. Durante el trabajo de campo, se conversó con trabajadoras de Protección Civil y de Atención Ciudadana de la CDMX que fueron asignadas a la gestión de la entrada, permanencia y salida de las familias albergadas.

El albergue también servía como punto de referencia para quienes buscaban acceder a la ventanilla única de la COMAR, que operabadentro de las instalaciones, pero con personal federal adscrito a la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). La ventanilla procesaba hasta 100 fichas diarias, que se repartían entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m. en filas autogestionadas por migrantes que empezaban a formarse desde la madrugada, con grupos que podían oscilar entre 100 y 600 personas.

A las 9:00 a.m., los funcionarios de la COMAR instalaban su mesa de atención y entregaban las 100 fichas a quienes tenían la fortuna de obtenerlas. Luego, permitían el acceso al albergue para que, dentro de éste, se tomaran los datos personales y se asignara la ficha de registro para comenzar el trámite de solicitud de refugio.

En ese campamento gestionado por el gobierno de la ciudad y en la ventanilla única de la COMAR, únicamente se aperturaba el registro. Se les explicaba a los peticionarios que, después de transcurridos 15 días naturales, recibirían una fecha y hora para presentarse en las oficinas de la COMAR en la alcaldía Cuauhtémoc, donde finalmente serían entrevistados por agentes de dicha instancia. En esa entrevista, deberían narrar sus motivos creíbles para solicitar refugio y sustentar su decisión de vivir en México como refugiados.

Esta condición generaba muchas confusiones entre los transmigrantes. Muchos confundían la ventanilla única de la COMAR con el Instituto Nacional de Migración (INM) y acudían al Bosque de Tláhuac con la intención de tramitar un permiso de libre tránsito por México. Sin embargo, el objetivo principal de muchos peticionarios era continuar su camino hacia la frontera norte para entregarse como solicitantes de asilo en Estados Unidos o, en otros casos, desobedecer las normas migratorias de ese país actuando como migrantes económicos.

Estas y otras dudas no se resolvían en la apertura del expediente en la COMAR, sino mediante la intervención de traductores contratados por el gobierno, generalmente jóvenes estudiantes haitianos que interpretaban las preguntas de las personas formadas en la fila para los funcionarios de la COMAR y, a su vez, traducían las respuestas poco pedagógicas de los funcionarios para los migrantes. Además de hablantes de criollo haitiano, se conversó con venezolanas, centroamericanos, africanos y sudamericanos que buscaban declararse peticionarios de refugio en México, obtener documentos para continuar su tránsito o recibir información diversa.

Además de los funcionarios de la COMAR y SIBISO, todos los días a las 11:00 a.m., el personal contratado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instalaba una mesa de información afuera del albergue para atender dudas de los migrantes formados desde la madrugada. Las preguntas dirigidas a estos actores del humanitarismo iban desde cómo obtener documentos específicos, como acreditaciones de nacionalidad, antecedentes penales o pruebas que sustentaran el miedo creíble, hasta consultas sobre la Clave Única de Registro de Población (CURP) específica para solicitantes de refugio, acogida humanitaria, entre otros trámites (Imagen 2).

Fuente: Diario de campo, CDMX, mayo de 2023

Imagen 2 Albergue para migrantes y sede de la ventanilla única de la COMAR en Tláhuac 

Además de los actores estatales de diferentes niveles y de estos trabajadores del humanitarismo transnacional, en las filas y alrededores de esta ventanilla única y refugio temporal, siempre había trabajadores y voluntarios de órdenes religiosas que mantienen albergues de tránsito para personas migrantes. Estas personas se convirtieron en oasis informativos para los migrantes. Los voluntarios de estas redes de albergues incluso conocían los casos de quienes formaban fila y, al verlos por tercera o cuarta vez, les ofrecían orientaciones específicas y personalizadas.

En este confín migratorio no se observó la presencia de periodistas ni de académicas realizando jornadas de trabajo de campo para documentar la situación. Los reportes de prensa que daban cuenta de este espacio se basaban mayormente en boletines oficiales emitidos por las instituciones ya mencionadas (Imagen 3).

Fuente: Diario de campo, CDMX, mayo de 2023

Imagen 3 Filas de solicitantes de asilo en el Bosque de Tláhuac 

Durante una de las jornadas de trabajo de campo se pudo etnografiar una Feria de la Hospitalidad en la que participaron diversas instituciones públicas y organizaciones del entramado humanitario de la ciudad. En ese evento se entrevistó a una psicóloga contratada por tiempo determinado por la COMAR para ofrecer acompañamiento terapéutico a las personas migrantes. Esta psicóloga accedió a contar sobre su estatus laboral, las labores para las que fue contratada y el panorama que había construido en torno a la salud mental de quienes acudían a este confín migratorio.

Además de usar el albergue y el propio bosque, y de acampar en las banquetas a pie de calle en las inmediaciones, las personas migrantes comenzaron a recorrer las calles y a relacionarse con los vecinos de Tláhuac. Empezaron a trabajar jornadas con locatarios y tianguistas, e incluso alquilaron pisos y habitaciones en hoteles de paso en la zona. Por haber convivido en el área como vecinas o profesoras, se construyó memoria periodística y antropológica de múltiples prácticas de negrofobia contra haitianos, quienes incluso permanecieron meses después en las inmediaciones para vender comida, productos caribeños y tratamientos estéticos a pie de calle.

En Tláhuac escasea el agua, lo que se convirtió en uno de los principales conflictos entre los migrantes acampados y los vecinos. El uso no planificado de la limitada disponibilidad de agua potable por parte de los recién llegados, junto con la acumulación de basura y residuos fecales a pie de calle, agravó las tensiones. A este escenario se sumó la intervención del llamado “gobierno privado indirecto” de la zona (^{Varela, 2017}). Traficantes de drogas comenzaron a desplegar estrategias para reclutar y también extorsionar a las familias migrantes de diversas nacionalidades.

Los vecinos de Tláhuac organizaron manifestaciones públicas de rechazo a la presencia de la COMAR y, como consecuencia del aumento considerable de migrantes, en marzo de 2024, la ventanilla de la COMAR y el albergue de SIBISO cerraron y se trasladaron por separado a diferentes ubicaciones temporales en otras periferias de la CDMX.

No obstante, la instalación de este confín migratorio colocó en el mapa de los migrantes atrapados en una transitoriedad permanente la opción de esperar en esta zona de la ciudad, que es más económica en términos de alquileres y comida en comparación con la gentrificada alcaldía Cuauhtémoc. Hoy Tláhuac es un barrio de migrantes internos e internacionales.

Matamoros

Al norte, en otro paraje fronterizo del noreste mexicano, la ciudad de Matamoros, Tamaulipas sufrió vertiginosos cambios durante la era de Trump. Con el programa MPP 1.0, las personas migrantes acampaban frente a las oficinas de Repatriación Humana del INM, en parte como una forma de protesta política que visibilizaba las luchas migrantes por su derecho al asilo y un trato digno por parte de las autoridades migratorias (mexicanas y estadounidenses). Sin embargo, esto suponía grandes disrupciones en una zona de intenso tránsito fronterizo. Por ello, el campamento fue reubicado a las orillas del Río Bravo, en un espacio inundable, con el visto bueno de las autoridades federales y locales, e indirectamente con el apoyo de organizaciones humanitarias que proporcionaron diversas formas de infraestructura para instalarse en la zona fijada y brindar atenciones humanitarias. Sin embargo, con el pretexto de la situación sanitaria causada por el COVID-19, el campamento El Bordo fue cercado con malla ciclónica por las autoridades migratorias mexicanas para restringir su acceso (^{Segura y Hernández, 2023}).

Se le conocía como campamento El Bordo por su ubicación al borde del Río Bravo; además, era el último espacio fronterizo de la delimitación mexicana. Las condiciones del campamento ofrecían acceso limitado a sanitarios, regaderas y agua potable, por lo que las personas migrantes solicitantes de asilo recurrían al Río Bravo para cubrir necesidades básicas como evacuar, asearse, lavar ropa y hervir agua para el consumo humano, entre otros usos (^{Human Rights Watch, 2024}).

Con la llegada de la administración de Biden, el campamento fue desmantelado en marzo de 2021 por las autoridades mexicanas, después de que Estados Unidos admitiera a las últimas personas solicitantes de asilo atrapadas en el campamento. Este hecho simbolizó la voluntad de Biden para desarticular la política migratoria del entonces expresidente Trump (^{Segura y Hernández, 2023}). Para llevar a cabo la admisión de las personas se desarrolló un sistema de registro y perfilamiento de las personas que se encontraban en ese primer campamento de El Bordo, mismo que fue implementado por agencias humanitarias como la OIM, UNICEF, ACNUR y sus socios locales, a través del sitio web de registro CONECTA, desarrollado por ACNUR.¹ Este hito fue uno de los primeros ensayos llevados a cabo en México para emplear aplicaciones como dispositivos biopolíticos, que funcionaban como instrumentos que expandían el alcance de la frontera estadounidense desterritorializada.

Pese al cambio discursivo de Biden hacia políticas migratorias humanas, prometidas en su campaña, la frontera noreste vivió nuevamente cambios vertiginosos y un incremento exponencial de restricciones. México y Estados Unidos firmaban un nuevo acuerdo sobre el MPP en diciembre de 2021 posterior a que la Suprema Corte de Estados Unidos ordenaba reinstaurar esa política migratoria. Además, el MPP amplió la elegibilidad permitiendo el ingreso de nacionales de cualquier país del hemisferio occidental, excluyendo a México e incluyendo a Haití y otros países del Caribe, como Cuba, anteriormente exentos de ese programa (American Immigration Council, 2024). Posteriormente, con el cierre definitivo del MPP, se amplió el Título 42 como una medida migratoria restrictiva, que expulsaba a personas venezolanas, antes exentas de esta medida.

Con el cierre del Título 42, en mayo de 2023, se expandió el Título 8 antes aplicado a personas de nacionalidad mexicana y centroamericana mismo que se implementó para procesar a todas las entradas no autorizadas de no-ciudadanos, contemplando expulsiones aceleradas, prohibición de ingreso al territorio estadounidense por cinco años, penalizando subsecuentes cruces y otorgando inelegibilidad para solicitar asilo (^{Homeland Security, 2023}).

Por su parte, con la Norma de Elusión de Vías Legales (CLP) se dictaba la inelegibilidad de asilo a todas las personas no-ciudadanas que ingresaran sin autorización y que no hayan utilizado un proceso legal existente, o que no hubieran aplicado a una solicitud de asilo en un tercer país por el que viajaron, así como personas no-ciudadanas que no se hayan presentado en un POE con una cita mediante la aplicación CBP One (ya en operación), registrando de manera previa a su entrada al territorio estadounidense sus datos biográficos y biométricos. Es decir, de forma entrelazada la CLP y la aplicación CBP One implementaban un “metering digital” (^{Human Rights Watch, 2024}) que bloqueaba el acceso a solicitar refugio, generando cuellos de botella en la frontera y periodos extendidos de espera para obtener una cita de entrada, incluso llegando hasta los ocho meses de espera (^{Network Lobby for Catholic Social Justice, Kino Border Initiative, the International Mayan League, Lawyers for Good Government, Hope Border Institute, and Jesuit Refugee Service/USA, 2023}).

En este contexto vertiginoso de una creciente legislación y tecnificación se controlaba la movilidad de las personas. En ese sentido, la ciudad de Matamoros pasa a ser un ambiente de atrapamiento e inmovilidad forzada de personas migrantes y solicitantes de asilo. Desde la llegada en escena de la aplicación CBP One se generaron grandes incertidumbres, tanto para las personas migrantes como para las pequeñas organizaciones civiles que se encontraban en la frontera y que no tenían capacidad de alojamiento disponible en la ciudad. Porque los albergues funcionaban a máxima capacidad, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se habilitó como albergue temporal con colchonetas instaladas en el piso en los salones de la parroquia. Asimismo, pequeños hoteles alojaban personas migrantes, se alquilaron habitaciones y proliferaron campamentos espontáneos en diversos puntos de la ciudad, vigilados por las autoridades mexicanas para remover constantemente las carpas instaladas (^{Leutert y Yates, 2022}). Ese fue el caso del campamento conocido como El Laguito que albergaba entre 250 y 300 personas de diversas nacionalidades; una gasolinera abandonada se convirtió el espacio donde habitaban familias haitianas, así como en los alrededores de la Central de Autobuses en inmuebles no habitados.

El campamento El Bordo resurgió de forma autogestionada por los migrantes en el predio aledaño al campamento de la era Trump, aún cercado por las autoridades mexicanas (área delimitada en rojo de la imagen 4). Esta segunda instalación del campamento se extendía a lo largo de la Avenida Tamaulipas, en colindancia con el Río Bravo (ocupando el área delimitada en amarillo), organizaciones de la sociedad civil estiman que ese campamento llegó a albergar entre 3,000 y 4,000 personas durante el 2023 (Imagen 4).

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth

Imagen 4 Delimitación del campamento El Bordo, Matamoros, Tamaulipas  

En el marco de CBP One como medida de control migratorio, más del 60 % de las personas que se encontraban en Matamoros estaban instaladas fuera de los albergues, estando la gran mayoría en algún campamento en agrupaciones familiares esperando concertar sus citas a través de la aplicación CBP One (^{OIM, 2023a}). El cambio de la entrada a Estados Unidos a través de las listas de excepción al Título 42 hacia el uso de citas con la aplicación CBP One en la frontera noreste requirió de una gran intervención por parte de las agencias humanitarias para socializar y llevar a cabo la labor solicitada por sus donantes de alfabetizar a las personas migrantes en su uso y funcionamiento. Se desarrollaron materiales informativos (^{OIM, 2023b}) y equipos operativos de las principales agencias humanitarias que visitaban los diversos espacios en donde se concentraban las personas migrantes para replicar las instrucciones que delineaba el gobierno de Estados Unidos para el uso de la aplicación con pláticas y talleres a ingentes grupos (Imagen 5).

Fuente: Diario campo, Matamoros, mayo 2023

Imagen 5 Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Matamoros 

Asimismo, su labor incluía recopilar las fallas y dudas generalizadas de la población migrante sobre cómo usar la aplicación, los tiempos y largas esperas para que las personas recibieran citas para presentarse en la frontera. Estos actores recogían notas de los errores del funcionamiento para hacerlas llegar a los operadores de esta aplicación en Estados Unidos mediante reuniones concertadas semanalmente y externar con sus contrapartes donantes las posibilidades de mejorar la operatividad y funcionamiento de ese sistema. Una de las principales fallas fue la falta de funcionamiento para las personas haitianas y poblaciones afrodescendientes, ya que el funcionamiento de la cámara presentaba constantes errores con esta población. Además de que en su etapa inicial no contaban con traducción al criollo haitiano.

En este contexto de atrapamiento, eran necesarios los programas de mejora de infraestructura que las agencias humanitarias implementaban en los albergues de Matamoros, dotando de internet y equipos de tecnología, como tabletas para facilitar a las personas que se encontraban en los albergues de la frontera, el acceso al registro en la plataforma de CBP One.

Estos programas de equipamiento y fortalecimiento de infraestructura para los albergues se establecieron con fondos de parte de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos mediante agencias humanitarias implementadoras como ACNUR, OIM y UNICEF (^{PRM, 2023}). Pese a que gran parte de las citas de la frontera norte se otorgaban en el punto de ingreso de Matamoros, las personas responsables de los albergues, se constituía como un contexto de atrapamiento e inmovilidades para las personas que se encontraban instaladas en la localidad, ya que el número de personas que obtenían cita eran, en su gran mayoría, personas que arribaban desde otras ciudades de México con una cita ya programada para ese POE.

A la par que se desarrollaba la infraestructura humanitaria legal, surgía otra de carácter informal, como diversos intermediarios que satisfacían la creciente demanda de servicios migratorios al otorgar de manera no oficial servicios a las personas que se encontraban desesperadas por conseguir una cita. En pláticas con diversos actores sociales apuntaban a diversas situaciones. En Monterrey se llegaba a cobrar hasta 500 dólares para llenar la aplicación y generar una cita. También, en Reynosa, una persona de nacionalidad rusa cobraba hasta 300 dólares para llenar la aplicación CBP One y solicitar la cita empleando una gran cantidad de dispositivos y saturando el sistema de citas en la zona. En otros casos más extremos, personas pagaron por sus citas desde otros continentes como Asia y África, sin embargo, cuando llegaron a México se dieron cuenta que estos documentos de entrada que les entregaron resultaban ser falsos. Este incremento en las formas de extraer ganancias de las personas migrantes de diversas formas lo narra una persona en el campamento el Bordo: “La gente está desesperada y hay personas que se están aprovechando de eso. La gente se está moviendo por necesidad, y otros están haciendo dinero con la angustia ajena. Es muy triste ver cómo se aprovechan de la situación tan dura que vivimos” (Diario de campo, 2023).

Pese a la fuerte presencia de grupos criminales en los alrededores y la gran precariedad de las condiciones del campamento (falta de baños y acceso a agua potable, acumulación de basura y falta de servicios esenciales), el estar a unos metros de la frontera con Estados Unidos brindaba certeza a las personas de esperar el momento propicio para cruzar. Por otra parte, una encuesta llevada a cabo por la OIM en Matamoros denotaba que 77 % de las personas migrantes accedían a sus alimentos mediante ayuda humanitaria de organizaciones y el 38 % de los servicios médicos que recibían eran por parte de organizaciones no gubernamentales (OIM, 2023). Incluso llamarle “campamento” al espacio del Bordo pudiera comprenderse como un eufemismo ante la precariedad de los refugios construidos con lonas, plásticos, cartones y otros materiales.

Como se ha mencionado a lo largo de este apartado, gran parte de los servicios esenciales a los que acceden las personas migrantes y solicitantes de asilo en el campamento de Matamoros fueron proporcionados por actores humanitarios, como los baños móviles instalados, los tinacos que surtían de agua potable a las personas en el campamento, la unidad móvil de consulta médica. Los actores humanitarios visitaban diariamente el campamento para orientar e informar sobre los cambios en las políticas migratorias y atención de los casos de protección, salud de las mujeres embarazadas y atención a la salud de las personas o en casos de violencia sexual para implementar en campo programas de prevención de Violencia Basada en Género (VBG).

Sin embargo, lejos de comprender estas asistencias humanitarias de la vasta red de actores en Matamoros como “prácticas que emanan del deseo humanitario de aliviar el sufrimiento de otros”² (^{Redfield, 2005, p. 330}), las prácticas humanitarias conforman un marco referencial de intervención política occidental (^{Fassin, 2007}) que da cuenta de la biodesigualdad o la valoracion diferencial de las vidas humanas (Fernández de Rota, 2012). Es decir, la racionalidad humanitaria (^{Fassin, 2007}) provee de condiciones mínimas de subsistencia para las personas, aquello que Redfield ha denominado como “biopolítica minimalista”, es decir, “la administración temporal de la supervivencia dentro de circunstancias que no la favorecen” (^{2005, p. 344}). El campamento El Bordo, pese a que es un espacio reapropiado y resignificado por las personas migrantes como espacio de vida en el que se desenvuelven las actividades cotidianas de las personas, es, a la vez, donde se manifiesta el contenimiento de su movilidad más allá de la detención migratoria (^{Tazzioli y Garelli, 2020}). Fuera de los espacios que no son prisiones o centros de detención migratoria, sino que operan bajo las lógicas del humanitarismo que busca salvar vidas a través de la disuasión o la inmovilización (^{Pallister-Wilkins, 2020}), en estos parajes fronterizos el tiempo se ralentiza y la movilidad está sujeta a los marcos tecno-burocráticos de asilo y a los criterios de vulnerabilidad fijados de manera vertical por el poder soberano.

Pese a la situación de inmovilidad forzada, las personas desarrollan estrategias de supervivencia, como cruzar el Río Bravo, o “tirarse”, y entregarse a las autoridades del país vecino. Trabajadores de albergues mencionan que gran parte de la fluctuación de habitantes en el campamento se atribuye a que las personas optan por cruzar de esta forma, en parte por la angustia de la espera, pero también por la percepción de que una vez que se entregan logran quedarse unos años en Estados Unidos; sin embargo, en muchos de los casos las personas son regresadas a México, en ciudades distintas por las que cruzaron o incluso hasta sus países de origen.

Los cruces del Río Bravo generalmente eran organizados en grupos que variaban en número, en algunos casos hasta llegando a las 400 personas por día (Le Duc, 2023), lanzándose al cauce del Río Bravo para atravesarlo a nado con tendederos o cuerdas que amarraban en ambos extremos del río. Estas estrategias sumamente complejas de deliberar en la comunidad del campamento dan cuenta sobre los grandes riesgos de seguridad a los que las personas se enfrentaban en Matamoros. Además, esto en ocasiones conllevó a procesos de separación familiar, como compartó un residente del campamento: “He escuchado de muchas familias que las separan durante los cruces”, (Diario de campo, 2023). En ocasiones, los hombres que han cruzado son procesados de manera separada de sus parejas, hijas e hijos, e incluso sin entregarles sus documentos y pertenencias, como sus teléfonos celulares, quedándose incomunicados y con una acumulación de barreras y desventajas.

Al igual que en el campamento de Tláhuac en la CDMX y pese a las condiciones precarias, al recorrer el campamento el Bordo da una sensación de estar en comunidad. Las personas desarrollan formas de habitar la espera, ayudando en las faenas de la cocina comunitaria, gestionando actividades de sostenimiento de la vida, instalando tiendas de abarrotes y tiendas de alimentos de los platillos típicos de Venezuela, además hay personas encargadas de hacer cortes de pelo y peinados. En los recorridos se escucha música latina que levanta el espíritu de los días que transcurren en hamacas a la sombra de los mezquites (Imagen 6).

Fuente: Diario de campo, Matamoros, septiembre 2023

Imagen 6 Cotidianeidad en el campamento El Bordo 

Estas expresiones de resistencia y lucha de las personas que habitan la espera y las inmovilidades forzadas, son parte de las prácticas de vida en respuesta a las prácticas de muerte y de las necropolíticas que implementan los Estados. Ante la creciente presión social de organizaciones de vecinos y empresarios de las zonas aledañas, el gobierno municipal llevó a cabo reiterados intentos de reubicar el campamento a diversos inmuebles del municipio, siendo uno de ellos un edificio de Seguridad deteriorado y sin servicios esenciales ubicado en una carretera en las afueras de la ciudad implicando graves riesgos para que las personas pudieran moverse hacia la frontera para atender sus citas de CBP One. Ante las fuertes críticas y el poco apoyo de las organizaciones locales, el municipio de Matamoros optó por aperturar un albergue temporal a casi cuatro kilómetros del puente internacional, en el inmueble del hospital Alfredo Pumarejo que se encontraba en desuso con capacidad para 1,000 personas. El albergue, hecho con toldos y tiendas de campaña, cocinas y baños móviles, refleja la convicción de las autoridades de prever su futuro y rápido desmantelamiento.

De acuerdo con el testimonio de una activista de la localidad, las autoridades federales del INM comenzaron a desalojar las carpas abandonadas del campamento el Bordo hasta que las personas fueron obligadas a retirarse. Las autoridades llegaron con retroexcavadoras y removieron las carpas y pertenencias restantes, dejando a las personas con pocas o nulas posibilidades de insertarse en albergues saturados y sin oportunidades laborales, excluyéndoles de posibilidades de alojamiento y dejándoles de facto en situación de calle.

Como se ha ejemplificado en el contexto de Matamoros, la bio y necropolítica no pueden disociarse de factores interseccionales como la raza, género o capacidades, lo que reafirma esa valoración diferenciada y que se observa en las políticas de desgaste y de debilitamiento que se inscriben en los cuerpos migrantes. De esta manera, se puede trazar un continuum entre lo necro y biopolítico (^{Pallister-Wilkins, 2020}), un puente entre las prácticas del poder soberano y aquellas del humanitarismo, como la cara humana del control migratorio externalizado.

Tapachula

La configuración de la ciudad de Tapachula, Chiapas, al sur del territorio mexicano, es difícil de describir, ya que, al igual que cientos de miles de personas, transita de manera acelerada y distinta al resto del país. La realidad en la frontera sur, durante los años 2023-2024, se transformó notablemente. De ser una ciudad que “atrapa” a los migrantes-como la llaman algunos, y que muchos defensores de derechos humanos denominan “Atrapachula”-, Tapachula pasó a convertirse en un punto de tránsito más fluido, aunque igualmente precario.

El hecho de que la ciudad pareciera vacía, en cierto sentido, se debía a que se había consolidado como un espacio de paso. Esto estaba relacionado con la aplicación CBP One, la cual permitió una administración más controlada de la población migrante en lugares específicos del territorio mexicano. Aunque Chiapas no era inicialmente uno de los estados habilitados para programar citas, en sus primeros meses, cientos de migrantes lograron acceder al sistema utilizando una red privada virtual conocida como Virtual Private Network (VPN). No obstante, tras un par de meses, la aplicación mejoró su algoritmo interno de procesamiento, logrando detectar y bloquear citas fuera de los perímetros geográficos autorizados para acceder a las citas necesarias para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Sin embargo, esta transformación no fue suficiente para eliminar los desafíos que seguían enfrentando las personas migrantes, especialmente en cuanto a la falta de recursos, apoyo institucional y condiciones de seguridad por parte del Estado mexicano. Esto convertía a Tapachula en un limbo temporal: un espacio intermedio entre la posibilidad de obtener un documento que permitiera transitar hacia la CDMX o iniciar un trámite ante la COMAR. A pesar de las condiciones adversas, comenzaron a surgir formas de resistencia y estrategias para evadir el encierro, lo cual reflejaba la urgencia de avanzar hacia el centro y norte del país con el fin de acceder a una cita en CBP One.

Para diciembre de 2023, las dinámicas en la frontera sur se dividían entre la espera frente a la COMAR y la construcción de campamentos improvisados en los alrededores, conformados principalmente por personas centroamericanas. La sede de COMAR, reubicada en el Parque Ecológico “Los Cerritos” desde su traslado del espacio de Laureles en septiembre del mismo año, se convirtió en un punto clave para quienes buscaban regularizar su estatus migratorio. Las solicitudes se organizaban por días específicos: de lunes a miércoles para hispanohablantes y de jueves a viernes para hablantes de otros idiomas. El proceso comenzaba con un pre registro, en el que se asignaba un número de folio, seguido de una cita por correo electrónico para formalizar el registro y recibir una constancia. Este documento protegía a las personas migrantes de ser deportadas a su país de origen y las obligaba a permanecer en el lugar donde iniciaban su trámite, como lo establece la ley.

En diciembre de 2023, la fila frente a COMAR estaba compuesta, en su mayoría, por migrantes de Honduras, Guatemala y Ecuador. A su alrededor, vendedores ambulantes ofrecían alimentos y bebidas, mientras que frente al parque se observaban tiendas de campaña y refugios improvisados hechos con bolsas y palos, donde permanecían principalmente personas hondureñas, muchas de las cuales llevaban más de dos meses esperando. Este entorno evidenciaba la urgencia y precariedad que enfrentaban quienes buscaban salir de la frontera sur (Imagen 7).

Fuente: Diario de campo, Tapachula, diciembre de 2023

Imagen 7 Fila de COMAR parque ecológico de Tapachula 

Por otro lado, comenzaron a observarse grupos de migrantes caminando por la carretera costera, un corredor de 300 kilómetros, con la intención de no ser detenidos ni bajados de las combis durante su trayecto hacia otras ciudades. Para muchos, Oaxaca representaba el siguiente objetivo (^{Porras y Miranda, 2024}). No se trataba de caravanas, como las ocurridas en 2018, sino de un formato más parecido al de los llamados “caminantes” (migrantes venezolanos que salían a pie desde Venezuela hacia el sur de América) (^{Vargas, 2023}). Esta estrategia respondía al conocimiento de que, al cruzar ciertos retenes migratorios caminando, las autoridades no los detenían, lo que les permitía avanzar gradualmente hacia la CDMX (Imagen 8).

Fuente: Diario de campo, Tapachula, diciembre de 2023

Imagen 8 Caminantes sobre la carretera Costera de Chiapas 

Las condiciones en la frontera sur continuaron cambiando con la creciente afluencia de personas migrantes que deseaban llegar a la CDMX, desde el inicio del uso de la aplicación CBP One hasta agosto de 2024. Para junio de 2023, a orillas del Río Suchiate, en la frontera con Guatemala, personas migrantes construyeron un campamento improvisado con tiendas de campaña, donde esperaban ser atendidas por las autoridades mexicanas para regularizar su ingreso al país.

En marzo de 2024, la dinámica del campamento era la siguiente: quienes ahí permanecían se anotaban en una lista para acceder a los autobuses que ofrecía el INM desde un punto llamado El Coyote, en la frontera sur. Las listas eran entregadas a agentes del INM y de la Guardia Nacional, responsables de gestionar el traslado hacia otros puntos del territorio mexicano. Sin embargo, los autobuses eran insuficientes y muchas personas esperaban hasta 15 días para poder continuar su camino. Además, nuevos migrantes seguían llegando y eran detenidos por agentes del INM y la Guardia Nacional, quienes les impedían el ingreso al centro de la ciudad. Esta situación persistió hasta agosto de 2024, cuando el gobierno de Estados Unidos habilitó el uso de la aplicación CBP One en los estados de Chiapas y Tabasco. Esta medida evitó que los migrantes tuvieran que desplazarse al centro del país para obtener una de las 1,450 citas disponibles diariamente, debido a la insuficiente o inexistente infraestructura en la CDMX para atender a cientos de miles de solicitantes (Imagen 9).

Fuente: Diario de campo, Tapachula, marzo de 2024

Imagen 9 Campamento de migrantes en la frontera de México con Guatemala 

A orillas del Río Suchiate se hacía evidente el agotamiento de personas provenientes de distintas regiones del mundo. Con niños y ancianos, muchos buscaban estrategias para enfrentar la espera forzada y lograr una cita que digitalizara su anhelo de alcanzar el llamado “sueño americano”. En marzo, el campamento estaba ocupado mayoritariamente por familias venezolanas, cubanas y haitianas, cuyo único objetivo era llegar a la CDMX, o al Distrito Federal (DF), como aún lo llamaban muchas personas inmovilizadas en este contexto.

Reflexiones finales

Este artículo ha abordado el surgimiento y despliegue de la aplicación móvil CBP One, como dispositivo tecnodisciplinario implementado por la CBP en territorio mexicano, con el objetivo de visibilizar las reconfiguraciones de la externalización de las fronteras a través del espacio digital. Esta era del CBP One (2023-2024) marcó la implementación de una estrategia digital tecnohumanitaria que gestionó a las poblaciones migrantes y digitalizó los procesos diseñados para regular las formas “correctas” de migrar y y con el tutelaje de la infraestructura humanitaria que opera en México.

Un ejemplo previo a esto se encontró en la frontera norte de México en 2021, en el contexto del cierre del MPP 1.0, mediante la plataforma CONECTA³ desarrollada por ACNUR; sin embargo, una gran diferencia fue que este registro biométrico fue operado directamente por las agencias humanitarias y sus socios locales en territorio mexicano, y no a partir de la interacción directa entre el usuario solicitante de asilo y la plataforma tecno-burocrática.

La utilización de herramientas digitales, y particularmente la referida en este texto para la gobernanza de los procesos migratorios, ha permitido reflexionar críticamente sobre el papel de las tecnologías en la gestión de la movilidad, especialmente en lo que respecta a la recopilación y el manejo de datos biométricos, así como a las prácticas de datificación que afectan a cientos de miles de personas. La adopción de estas tecnologías digitales para facilitar una entrada “regular” y una migración “segura” hacia Estados Unidos tuvo efectos significativos sobre los tiempos y espacios de tránsito y situaciones de espera en territorio mexicano, en contextos sumamente precarios, transformando las experiencias migratorias y la dinámica de la movilidad en estos contextos.

El rol y acciones de los actores humanitarios en el marco del tecnohumanitarismo fue fundamental para implementar el rol de CBP One como tecnodisciplinamiento de las movilidades mediante el discurso de la migración “ordenada, regular y segura”, observándose como una manera de externalizar las acciones de la gobernanza migratoria mediante el espacio digital.

Este dispositivo configuró de forma diferenciada los tres territorios analizados: la CDMX, Matamoros y Tapachula. En la CDMX, la aplicación CBP One reconfiguró los espacios de espera, transformando a la capital en un nuevo epicentro de destino temporal forzado, marcado por inmovilidades en ciertas alcaldías. A pesar de ser un centro urbano la CDMX se convirtió en un lugar de hacinamiento, contención y gestión de las citas para lograr entrar de forma regular a Estados Unidos.

Por otro lado, en Matamoros, la aplicación digital se integró en una frontera ya profundamente marcada por el MPP, el Título 42 y otras (necro)políticas de disuasión y desgaste migratorio. En el noreste, CBP One operó como un filtro digital que reforzó la segregación espacial, la precariedad habitacional y la fluctuación de campamentos informales como El Bordo. En este contexto, la frontera norte se presenta como un espacio de inmovilidad forzada, donde la espera digital se combina con el riesgo físico, la violencia y la criminalidad.

Por último, en el caso de Tapachula, se observa cómo en el periodo estudiado la aplicación CBP One contribuyó a una transformación de la ciudad como espacio de tránsito. La implementación tardía de la aplicación en el sur de México llevó a una fase de contención a partir de la aplicación digital que operaba en territorio mexicano que a su vez forzó estrategias como los caminantes o la contención explicita en los márgenes del Río Suchiate.

El tecnohumanitarismo en estos diferentes parajes fronterizos del territorio mexicano funcionó de diferentes maneras, pero bajo las mismas narrativas “gestionar” la migración de manera segura, ordenada y regular. La aplicación CBP One impuso una forma de control migratorio de las poblaciones migrantes en tránsito por México, teniendo efectos de manera diferencial según el contexto local, profundizando desigualdades estructurales existentes.

Bajo los tres casos se puede concluir que las políticas de digitalización de los procesos migratorios y las acciones de los organismos humanitarios no fueron neutrales, imparciales ni meramente administrativas, sino que están cargadas de lógicas de administración de la vida de las poblaciones migrantes que articulan discursos de otredad, legalidad y merecimiento de la asistencia humanitaria para contener mediante el cuidado.

Las postales que aquí se construyen desde una episteme feminista implicaron nuestros cuerpos en el acompañamiento y la escucha radical durante el trabajo en esas fronteras, reconociendo la producción de saber cómo una práctica ética, afectiva y profundamente política. Lo anterior permitió comprender que el uso de tecnologías digitales aplicadas a la gestión migratoria, como fue el caso de la aplicación CBP One, no solo reorganizó las fronteras en los confines geográficos del país, sino también las expandió e interiorizó dentro del territorio mexicano. Así, las políticas de externalización de la frontera se normalizaron mediante el despliegue de dispositivos del tecnohumanitarismo, articulados bajo el discurso.