Introducción

Los estudios sobre migración de retorno, en las últimas décadas, se han centrado en informar sobre la diversidad, heterogeneidad y complejidad en los procesos que experimentan las poblaciones al regresar a diferentes contextos de su país de nacimiento (^{Dingeman y Rumbaut, 2010}; ^{Masferrer, 2021}; ^{Parella et al., 2017}; Rivera, 2019; ^{Ortiz, 2019}; ^{Jacobo y Cárdenas, 2020}). Menos recurrentes son los trabajos centrados en repensar la ciudadanía después del retorno.

Este estudio de caso de personas de origen mexicano que retornan a la Ciudad de México (CdMx) se inserta en las discusiones de los estudios sobre reinserción o reintegración en el país de origen en contextos urbanos (^{Rivera, 2013}), porque las desigualdades en las condiciones de vida entre estos grupos de personas, una vez en la ciudad, están fuertemente relacionadas con el motivo del retorno y la manera en que el Estado y sus instituciones establecen formas de recepción y atención en función de ello. También busca complejizar y cuestionar la ciudadanía en su intersección con la movilidad.

El objetivo de este artículo es analizar la relación con el Estado mexicano, a partir de las principales búsquedas por acceder a derechos y servicios sociales, en los procesos de retorno de personas mexicanas desde Estados Unidos en un contexto urbano no fronterizo como es la CdMx. El análisis describe los procesos específicos que plantea el retorno a la CdMx en relación con la redocumentación, y ofrecer algunas líneas para comprender las implicaciones que tiene “volver a la ciudad” en cuanto al acceso a derechos y servicios sociales desde una perspectiva de ciudadanía.

El artículo se ordena en tres apartados principales. Primero, se presenta el diseño metodológico, el marco conceptual y el contexto de investigación. Segundo, se desarrolla la propuesta analítica con base en el trabajo de campo, se describe brevemente la relación de las personas retornadas con el Estado mexicano durante su residencia en Estados Unidos y se analiza la experiencia de llegada a la ciudad partiendo del motivo del retorno; también, se analiza el proceso de recuperación de los documentos de identidad en la CdMx y el encuentro con la ciudad como parte de las primeras búsquedas de apoyo desde las personas hacia los gobiernos locales y los programas sociales. Ello detonará, para algunos, una lucha por visibilizar su condición como “retornados” y, para otros, la disputa por los recursos frente al Estado. Por último, se presentan las reflexiones finales.

Cuestiones metodológicas

El análisis se realizó por medio de una investigación cualitativa inductiva, pues fueron los datos obtenidos los que definieron el eje ordenador y permitieron responder a las preguntas iniciales de investigación. Se realizaron entrevistas de corte biográfico a treinta y tres personas en diversos puntos en colonias de la CdMx durante los años 2019 y 2020, intentando lograr la variabilidad en las condiciones laborales y residenciales, sexo y edad. Se indagó sobre el proceso y trayectoria vital, puntualizando en los puntos de inflexión y profundizando en los motivos del retorno y la experiencia de llegada al país.

Los casos dan cuenta de procesos históricos específicos, personas nacidas antes del año 2000 y cuya última o única experiencia de retorno desde Estados Unidos se dio principalmente después de 2008 y hasta 2019 (véase el Cuadro 1).

Este trabajo se basa en una investigación que recibió apoyo financiero del Progra ma de Subvenciones para Proyectos en Colaboración UC Mexus-Conacyt, una beca Fulbright García-Robles, el Fondo Sectorial de Desarrollo Social (Sedesol-Conacyt), del UC Davis Academic Senate Committee on Research y del Seminario “Migración, Desigualdad y Políticas Públicas” a través del programa de becas postdoctorales de El Colegio de México. El trabajo de campo y el análisis de los datos fue realizado en equipo por (en orden alfabético) Nicole Denier, Francisco Flores Peña, Erin Hamilton, Claudia Masferrer, Gabriela Pinillos, Anilú Tomas y Agnieszka Wieczorek. Las entrevistas se realizaron en 2019, y los nombres de los informantes citados son: Jorge, Lety, Manuel, Matías, Olivia, Rubén.

La estrategia de acercamiento con las personas entrevistadas implicó un mapeo y posterior recorrido de sedes de organizaciones y actores que trabajan en el tema, con formadas tanto por poblaciones locales como por personas en retorno y en movilidad. Luego, se siguió un muestreo de “bola de nieve”, intentando lograr la heterogeneidad de perfiles en cuanto a sexo, residencia, trabajo, edad, ubicación, entre otros.

Se realizó también observación directa en dichos espacios y una reflexión permanente con la literatura sobre el tema del retorno. Las entrevistas fueron transcritas y luego analizadas en el programa de análisis cualitativo MaxQDA en dos fases. Primero, una codificación general compartida por el equipo de recopilación de información, basada en las principales categorías de análisis definidas en la guía de la entrevista. Luego, una segunda etapa de codificación detallada individual, que permitió encontrar las relaciones contenidas en este análisis, particularmente enfocando la atención sobre los elementos presentes en los discursos y relatos en torno al proceso de llegada a la ciudad, el encuentro con el Estado y los procesos complejos alrededor de ello.

Ciudadanía, posretorno y reciudadanización: de la documentación y la relación con el Estado

Desde la visión normativa, la ciudadanía es “[…] la membresía pasiva y activa de individuos de un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad” (^{Janoski, 1998}). Esta definición, aunque implica un debate más amplio, sirve como punto de partida para el análisis propuesto, pues hace referencia al papel del Estado como garante de todo tipo de derechos, lo que pone al país de nacimiento como la condición elemental que establece la membresía de los individuos (^{Fox, 2005}; ^{Pani, 2016}).

De acuerdo con ^{Borja (2000)}, “la ciudadanía plena no se adquiere por el hecho de habitar una ciudad. Ni tampoco es suficiente tener un documento legal que acredite tal condición”. El análisis de la relación entre ciudadanía y ciudad de ^{Borja (2000)} es uno de los principales aportes hacia el replanteamiento del modelo de ciudadanía tradicional. Éstos se han hecho fundamentalmente a partir de los procesos de las poblaciones inmigrantes, y ello ha puesto en cuestionamiento también la visión “domicializada” de la ciudadanía o noción de ciudadanía fija (^{Tilly, 1976}).

Los problemas detrás de la noción de ciudadanía afectan también a diversos grupos de población, no sólo a quienes están en situación de movilidad. Pero los procesos de retorno al país de nacimiento también cuestionan la condición de ciudadanía vinculada a la nacionalidad en el mismo sentido de ^{Borja (2000)}, pues la ciu dadanía no se reconoce o se legitima automáticamente en todos los casos cuando ocurre el regreso al país de origen sino, además, por la desposesión de documentos de nacionalidad y la experiencia de vida prolongada en el otro país.

El retorno implica un proceso de reciudadanización complejo (^{Pinillos y Velasco, 2021}), que pasa por la reactivación de la relación individuo-Estado en el país de origen y la recuperación de los documentos de identidad, lo que ocurre de manera diferenciada en función de múltiples factores, entre ellos el contexto al que se tiene que regresar (urbano/rural, fronterizo/no fronterizo, por ejemplo).

Así, como lo plantea ^{Rivera (2013)}, “la experiencia de retorno urbano y rural es diferenciada, debido a la estructura de oportunidades en la que un inmigrante o retornado se insertan y la posibilidad de transformar tales estructuras o de diseñar mecanismos que posibiliten su inserción, reinserción, o establecimiento, así como también la re-emigración a un destino internacional, o bien uno nacional” (^{Rivera, 2013: 74}). De allí la importancia de situar espacialmente los análisis sobre movilidades y posretorno y su vinculación con la ciudadanía, pues como lo discuten ^{Holston y Appadurai (1999)}, es en las concentraciones urbanas donde se pueden desencadenar procesos que expanden y erosionan las reglas y los significados de la ciudadanía.

La categoría de posretorno problematiza la noción de integración en el tiempo y permite comprender la incorporación que afecta a personas que ya habían experimentado dificultades para encajar en la estructura social y productiva del país de origen (^{Parella et al., 2017}; ^{Rivera, 2019}). Este concepto se vincula con los análisis sobre “desterritorialización” (^{Collyer, 2012}), “ilegalidad” (De ^{Génova, 2002}; ^{Menjívar, 2006}), “desciudadanización” (^{Moreno, 2014}) y procesos de documentación hacia la ciudadanía (^{Pinillos, 2022}) en el país donde se es inmigrante.

^{Collyer (2012)} explica que un cambio de residencia hacia otro país, distancia, en cierto grado, la relación con el Estado del país de origen, por el alejamiento geográfico que supone la migración misma, lo que se materializa mediante la desposesión de documentos de identidad mexicanos y que resalta en el arribo al país de origen. Aunque existen formas en que el Estado busca mantener la relación con su diáspora, el retorno implica un reencuentro con el Estado a través de sus instituciones y agentes en distintas escalas, desde la llegada al territorio mexicano y en los primeros pasos que se llevan a cabo en el nuevo lugar de residencia.

La recuperación de los documentos de identidad representa uno de los pasos más relevantes del proceso de “reciudadanización” desde Estados Unidos a México (^{Pinillos y Velasco, 2021}), por las implicaciones que tiene en todas las áreas de inserción o integración social (^{Jacobo y Cárdenas, 2020}), pues ese proceso opera como filtro creador de desigualdades y despliega una serie de procesos complejos diferenciados de acuerdo al contexto político local y espacial de llegada, sobre todo en la mayoría de los casos de estancias prolongadas en el otro país (^{Pinillos, 2018}).

Los estudios sobre migraciones internacionales han analizado la relación del Estado con su diáspora (^{Valenzuela, 2019}; ^{Délano, 2013}), término con el que se describe a las comunidades transnacionales conformadas por personas que se identifican con un “país”, pero que viven fuera de él (^{OIM, 2019}). Incluso, ^{Jacobo y Cárdenas (2020)} emplean el término “diáspora de retorno” para caracterizar a la población mexicana que regresa al país (^{Jacobo y Cárdenas, 2020: 7}). Ello plantea, implícitamente, la idea inicial de la que surge este análisis: la relación del Estado con sus ciudadanos cambia con la migración.

La relación individuo-Estado está estructurada a través de instituciones, pero en ella intervienen y median elementos agenciales y participan una multiplicidad de actores en distintos niveles. Observar esta relación sirve como punto de partida para pensar la intersección de las categorías movilidad y ciudadanía, y comprender a esta última como un proceso dinámico que se transforma no sólo temporalmente, sino también espacialmente, que involucra las prácticas (^{Turner, 1993}), la participación política, la legitimación del estatus y membresía, la identidad o pertenencia y el acceso a derechos sociales (^{Kymlicka, 1996}; ^{Aleinikoff, 2000}).

^{Turner (1993)} plantea la ciudadanía como “el conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) que define a una persona como parte ‘competente’ de la sociedad y que, en consecuencia, establece los flujos de recursos hacia las personas y los grupos sociales” (^{Turner, 1993: 5}); lo que significa que “la ciudadanía es empujada por el desarrollo de los conflictos y las luchas sociales dentro de un ámbito político y cultural, donde grupos sociales compiten entre sí por el acceso a los recursos” (^{Turner, 1990: 194}). Esto es central para los análisis sobre retorno a contextos urbanos. La reciudadanización es, por tanto, un proceso agencial de reconocimiento y de lucha por la posibilidad de acceder a recursos y derechos de ciudadanía en los procesos posretorno del siglo XXI.

La documentación después del retorno a México y el contexto local

Los documentos con los que se puede comprobar la identidad en México son: el acta de nacimiento, la credencial electoral -referida coloquialmente como INE, porque la expide el Instituto Nacional Electoral-, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el pasaporte internacional. En los relatos de las personas contactadas el acta de nacimiento y la credencial electoral destacan como los más importantes y los más requeridos para acceder a derechos.

De acuerdo con la Encuesta de Migración de la Frontera Norte (EMIF), en el año 2019 el 45 por ciento de personas devueltas¹ regresaron desde Estados Unidos a México con la credencial electoral y el 7.8 por ciento sin su acta de nacimiento (^{El Colef et al., 2021}). Estos datos, sumado a lo que han documentado diversas investigaciones académicas y organizaciones sociales (^{Jacobo y Cárdenas, 2020}; ^{Pinillos y Velasco, 2021}), ponen de manifiesto la condición del retorno sin documentos de identidad mexicanos en diversos contextos y con poblaciones con distintos perfiles, como por ejemplo menores, jóvenes y adultos mayores.

De los treinta y tres casos entrevistados, sólo dos personas regresaron con documentos de identidad a México. Este problema de no posesión de documentos se debe a varias situaciones: 1) entre quienes migraron con dieciocho años o más y que contaban con la credencial electoral antes de la migración, la pérdida ocurre durante la residencia en dicho país; 2) entre quienes migraron en la adolescencia o la infancia, la situación se da porque no se gestionan los documentos desde la residencia en Estados Unidos, sobre todo en el caso de quienes migraron en condición irregular, entre otras.

Las personas que sí contaban con documentos al momento del regreso, particularmente con la credencial INE, migraron con más de dieciocho años y conservaron sus documentos en su residencia en Estados Unidos. Jorge, quien había conservado su INE desde que emigró a Estados Unidos la primera vez: “Sí, de hecho, ésta [la credencial electoral]… esta viene con la dirección de mi esposa, de mi… de allá de mi suegra. Es de ahí de ‘Nezahualcoyo’”.

Los mecanismos para mantener la relación entre Estado-individuo en el país de destino se han ido creando en el tiempo, sobre todo a través de los consulados y los programas que se ofrecen desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, como por ejem plo el Instituto de Mexicanos en el Exterior que, de manera formal, brinda un espacio para atender las necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y trabajan fuera del país. Sin embargo, en los relatos de las personas contactadas queda descrita la poca relación que se mantiene con el Estado mexicano en la residencia en Estados Unidos. Por una parte, se mantiene mayor atención e interés en los procesos de regularización y los programas para extranjeros que posibilita el Estado estadounidense; y, por otra parte, no se conocen los programas o apoyos que ofrece el Estado mexicano a través de sus consulados. En los casos de estudio, sólo dos personas (Julio y Sara) tuvieron un acercamiento con estas instituciones, para tramitar el pasaporte.

En estos casos también se hizo evidente la falta de coordinación y comunicación en los procesos que llevan a cabo los consulados en Estados Unidos en términos de documentación y los que se hacen al interior de México. Esta situación se da porque no hay una vinculación entre las bases de datos de las oficinas que emiten los pasaportes al interior del país y en los consulados, particularmente.

El regreso a México implica un proceso complejo de reconocimiento de las instituciones del Estado y sus burocracias, que depende del contexto local. En el caso de la CdMx, que concentra todas las instituciones que conforman los poderes de la nación y ha mantenido centralizados, en su mayoría, los procesos políticos, sociales, culturales, económicos, así como administrativos y burocráticos, persiste un conflicto de legislaciones federal-local, dado por el “propio marco constitucional y reglamentario del país: los gobiernos locales (entidades federativas, provincias, estados, municipios, condados y ciudades) pueden tener margen de maniobra para formular sus políticas migratorias debido a intersticios jurisdiccionales y áreas ‘grises’ legales o administra tivas” (^{Ortega, 2013: 103}).

Sumado a lo anterior, la CdMx pasó de ser considerada ciudad santuario (2017) a ciudad global (2019) en la modificación que se hizo del artículo 20 de su Constitución Política. Las implicaciones que ello ha tenido en materia de política y programas de atención dan cuenta de los vaivenes en la solidaridad del gobierno a nivel local respecto a la migración (^{Vargas, 2023}). Se reconoce a la CdMx como pionera en el tema de la ampliación de derechos, fundamentalmente a partir de la polisemia de voces que en ella se conjuntan. Pero también es, cada vez más, una ciudad en la que se dan procesos de expansión inmobiliaria, exclusión y segmentación.

Propuesta analítica: el camino por las fronteras hacia la ciudad

Documentacion y redocumentación en la CdMx

Las búsquedas de acomodo en la ciudad, de derechos y servicios sociales que siguen al momento inmediato de la llegada a la CdMx se relacionan con el acercamiento, por un lado, con las instituciones en la ciudad; y, por otro lado, con personas locales conocidas previamente a la emigración o personas de apoyo que se han ido organizando en la medida en que el fenómeno de retorno se ha hecho más visible. En los relatos hay una consideración muy clara acerca de la búsqueda de documentos de identidad en los primeros días de la llegada, esto en parte porque la condición de “in do cumentación” con la que ingresan a México intenta ser suplida con la constancia de repatriación.

Los documentos que se deben tener en principio son el acta de nacimiento y la “INE”. Para el primero se debe conocer el lugar de registro de nacimiento y esto se hace ante la oficina del registro civil. Para el segundo, es necesario contar con documentos de identidad como pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas con un máximo de diez años de haber sido expedidos, credenciales de derechohabientes, credenciales de identificación laboral y comprobante de domicilio. Pero para quienes no cuentan con estos documentos, existe la posibilidad de presentar dos testigos con INE: uno que tenga inscrita su credencial para votar en el mismo municipio o alcaldía del domicilio y el otro que la tenga en la misma entidad federativa donde se reside.

A pesar de los avances en la digitalización y la centralización de los procesos de registro en la CdMx, la documentación responde a laberintos burocráticos y excluyentes, obstaculizados y prolongados en el tiempo, diferenciados también en cuanto a requisitos y condiciones, lo que dificulta el acceso a derechos y servicios sociales en la ciudad y el reconocimiento de la ciudadanía, aunque no se llega al caso de búsquedas interminables y precarización tan profundos como en el caso de Tijuana (^{Pinillos y Velasco, 2021}; ^{Del Monte, 2022}). La incorporación posretorno en una ciudad como la CdMx implica una maraña de situaciones complejas posteriores al proceso de recuperación de la documentación.

La posibilidad de recuperar el acta de nacimiento en la CdMx se debe en una parte al avance en la digitalización de las actas en la ciudad y en la región que inició en febrero de 2018, y la posibilidad de conocer el lugar de registro. El rápido o fácil acceso a la credencial electoral tuvo que ver con la posibilidad de contar tanto con el acceso al acta de nacimiento; como a redes de apoyo de amigos, familiares o conocidos que brindan apoyo económico y personal en los primeros días de la llegada para cumplir con los demás requisitos que se exigen en el trámite (^{Sosa y Sandoval, 2018}; ^{Jardón, 2022}).

Los periodos electorales, como el presidencial de 2018 en México, ocurren periódicamente y entorpecen los procesos de emisión de la INE: “Pus la credencial no la estaban dando a nadie más, hasta después de julio del año pasado, que a mí se me hace ridículo eso” (Rubén). Éste es otro aspecto que destaca en los relatos y que resulta paradójico para estas personas, pues la necesidad de documentación en ellas no deja de existir, lo que se convierte en otro problema que impacta la vida y las búsquedas de quienes retornan sin documentos de identidad a México, expone a condiciones de vulnerabilidad y exclusión en el acceso a la vivienda, trabajo, salud, y a vigilancia por parte de la policía.

Si bien, la INE se creó para participar en elecciones, se ha convertido en el documento más exigido para comprobar la identidad en México. No tenerlo dificulta las búsquedas de las personas, en general, pero sobre todo las de quienes retornan con necesidad de legitimar su ciudadanía. La inestabilidad administrativa y política que provocan los periodos electorales lleva a una disrupción-interrupción en los trámites de la documentación que frena el camino de instalación en la ciudad, en algunos casos, como la vivienda, el trabajo, entre otros.

Los subsecuentes procesos a la recuperación de los documentos de identidad en la CdMx revelan las condiciones que forman parte del problema del subregistro en México, en el que existen poblaciones de las que no se cuenta con registros de nacimiento (^{UNICEF/INEGI, 2012}). Y aunque éste no es sólo un problema de poblaciones retornadas, se sabe que a éstas las afecta su experiencia migratoria, sobre todo al conjuntarse con el desconocimiento de los procedimientos administrativos y la discrecionalidad de los funcionarios de ventanilla o como lo denomina ^{Lipsky (1980)}, “burocracias al nivel de calle”, que en unos casos facilitan los procesos y en otros los dificultan, por la discriminación y los prejuicios que se construyen alrededor de la imagen de la persona que retorna por deportación, particularmente, y que reproducen los agentes del Estado en todos los niveles y las burocracias (^{Albicker y Velasco, 2016}). Todo ello también está vinculado a la falta de coordinación institucional en los tres niveles de gobierno en todo el país en el terreno de la documentación de poblaciones móviles (^{Ortega, 2013}).

En el proceso de recuperación de la documentación en la CdMx ocurre también el primer reencuentro con la ciudad, sus enormes periferias y los espacios habitados antes:

Allá en La Quebrada donde pasa el pinche tren, ahí estaba como que muy calientito y ahí me quedé viviendo como que unos tres meses. Nadie me ayudaba para mi INE, me pedían tanto requisito… dije: “¿Quién me hace el paro?”. Y ya me era muy cómodo, ¿no?, sacar pesos e irme manteniendo al día, ya me chingaba una torta al día. Y poco a poco de ahí de La Quebrada iba recorriendo más la López Portillo, y dije “Ya de aquí me acuerdo”, y llegué a Coacalco y dije “¡No manches! Aquí vivía antes de irme al gabacho”. Entonces ya voy a agarrar mi carta de nacimiento.

Manuel, deportado en 2008 a los veintitrés años, no reconocía los espacios que antes de su migración había conocido y recorrido.

Hay que decir que, de las personas contactadas, tan sólo una de ellas no contaba con su INE al momento de la entrevista. Podría decirse que entre los casos de estudio no había un patrón entre “no documentación” y “documentación” en México, pero sí hay una diferenciación entre la percepción de la dificultad en el proceso: veintiuno de los casos señalan haber tenido dificultades para acceder a los documentos de identidad centrales en este análisis, mientras que doce dicen no haber tenido ningún inconveniente. En estas percepciones influyen aspectos como: a) la edad de la migración (quienes migraron más jóvenes han tenido que seguir un proceso más largo en el tiempo, así como desconocimiento de los procesos administrativos en el país) y, b) las condiciones desde su llegada a la ciudad (si se contaba con recursos propios y redes familiares sólidas que permitieran cumplir los requisitos ante las instituciones con mayor rapidez).

De nueva cuenta, se puede notar una diferenciación entre quienes regresaron de manera “voluntaria” y quienes regresaron por deportación después de haber pasado por un periodo de detención en Estados Unidos, sobre todo cuando ello estuvo acom pañado de un deterioro de las redes familiares y sociales. Otra diferenciación está vinculada con el hecho de no haber sido registrados en la ciudad. Destaca la sensación de estar en un lugar a la vez conocido y ajeno, la noción de cómo eran los procedimientos antes de la emigración y el desconocimiento de la validez en México de los documentos que se obtienen en los consulados en Estados Unidos, como la matrícula consular.

Una vez superado lo que podría decirse el primer filtro para la integración o incorporación a los procesos y las dinámicas sociales en la CdMx y a la reconstrucción de la ciudadanía que va más allá de la recuperación de los documentos de identidad, continúa el encuentro con la ciudad. Ello se plantea paradójico y ambivalente, la expansión inmobiliaria, los discursos gubernamentales sobre la ciudad que se reproducen entre la población como lugar de oportunidades y de derechos, de acceso a un amplio espectro de programas sociales y de respeto y apertura a la diversidad, se contraponen, al tiempo, con el difícil acceso a la vivienda, la segmentación espacial y la inseguridad, entre otros problemas.

¿Volver a la ciudad? Programas en la ciudad y ciudadanía

El regreso desde Estados Unidos a la CdMx implica, para quienes vivieron antes allí, un reencuentro con la ciudad. De los treinta y tres casos, veintinueve habían vivido en la CdMx o en los municipios del área conurbada antes de la emigración a Estados Unidos, y todos habían estado en la ciudad en algún momento antes de ese proceso de salida.

Hablar de las instituciones del Estado conlleva a pensar en un universo de actores y agentes y de espacios o sectores que no se reducen únicamente a aquellos que se encargan de gestionar la documentación de identidad, pero este análisis se enfoca en la observación de las instituciones que destacan en la experiencia posterior al retorno en los casos de estudio.

Entre las personas contactadas, diez fueron beneficiarias de algunos de los programas sociales del Gobierno de la CdMx que incluían a la población retornada, como el programa de desempleo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (vigente) y otros que han sido posibles justamente en el marco que permite el establecimiento de la Constitución Política de la ciudad y que involucran a esta población en específico, tales como el de la antigua Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), misma que fue reemplazada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) en el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024).

En ese contexto, primaron los discursos de hospitalidad y ampliación de derechos más allá de la condición de ciudadanía. Pero los procesos cotidianos en cuanto a acceso a derechos sociales, desde los relatos de las personas retornadas, parecen discurrir en lógicas complejas de inclusión-participación/exclusión espacial, entre los procesos burocráticos centralizados y las disputas políticas locales.

En la llegada al aeropuerto de la CdMx las personas contactadas recibieron información acerca de los programas en mención y de las instancias encargadas de ofre cerlos, pero el acceso a estos programas se dio en distintos tiempos desde la llegada a México. Por ejemplo, Jorge, deportado en 2015 con treinta y seis años, explicó que alrededor de un año y medio después de haber llegado a la ciudad recibió apoyo del seguro de desempleo y luego un apoyo para proyectos productivos. Estos últimos fueron parte, a su vez, de un programa que duró hasta el cambio de gobierno de la ciu dad. La mayoría de las personas que lograron beneficiarse de este, llegaron a la CdMx en los años de vigencia del programa. Los requisitos: “Un comprobante de domicilio, este… la credencial de ‘lector’ [elector], el CURP, la hoja de repatriación; que es la principal, y de ahí pues elaborar tu proyecto, qué es lo que quieres hacer”.

Algunas personas que llegaron a la ciudad como voluntarios y que lo hicieron en un momento en que los retornos no eran tan visibilizados para las instituciones y me diáticos en la ciudad, se quedaron por fuera de la posibilidad de apoyo por falta de información oportuna, y también porque los programas de gobierno establecen un plazo específico para acceder a ellos a partir de la llegada, como el caso de Lety: “Estoy buscando la manera de cómo obtener ese dinero. Lamentablemente, yo, pasaron años y ya no lo pude obtener, era namás, creo, que de un año a cinco años después de regresar. Se pasaron más años y ya no pude obtener esa ayuda del ‘fondo perdido’”.

Carla, quien retornó en el año 2009, luego de la deportación de su hijo, recibió el apoyo del seguro de desempleo: “Me dieron como doce mil pesos de desempleo”. Ella se incorporó a un grupo de migrantes en retorno con otra organización que realizaban actividades como ventas de artesanías como estrategia de búsqueda de recursos, al tiempo que de posibilidades de realizar reencuentros familiares y visitas especiales a Estados Unidos. Las necesidades con las que se llega después del retorno pueden prolongarse en el tiempo ante las condiciones desfavorables del contexto de la ciudad, de aquí la importancia que plantea el concepto posretorno (^{Parella et al., 2017}; ^{Rivera, 2019}).

Los programas de apoyo surgen en ocasiones como resultado de las coyunturas políticas de la ciudad y no como parte de un modelo de protección y recepción de las poblaciones que retornan a México: “Me fui a Polanco a migración, conocí a la licenciada Rubí, me mando a Sederec, hice todos los requerimientos para que me dieran treinta mil pesos… Me hablaron por teléfono, que si quería pasar a recoger el dinero de las manos del licenciado Mancera, fue ‘pus’ para operarme mis rodillas porque vengo muy lastimado, y como iba hacer campaña presidencial… No, ‘pus’ me dieron todo” (Matías).

Uno de los requisitos para ser beneficiario de estos programas es tener domicilio en la CdMx, pero las condiciones de la misma: el costo y requisitos de las rentas y la expansión inmobiliaria han conducido a que las poblaciones retornadas establezcan, en muchos casos, su lugar de residencia en las periferias de la ciudad, por lo que quienes acceden a los programas de manera efectiva son personas que viven en la ciudad, o que logran crear estrategias para cumplir con los requisitos: “Mi asesora, la doctora Bites, tiene una hija… este... Ella me había platicado de este Sederec, me acerqué hace dos años, lo único que requerían era que uno viviera en la CdMx,… Hice trampa (risas), porque no vivo en la zona…” (Humberto).

Aquí el acceso a la residencia o vivienda plantea la “paradoja de la movilidad y la ciudadanía” (^{Pinillos, 2020}): el trámite documentos de identidad requiere la presen tación de un comprobante de domicilio; y, a la vez, el acceso a vivienda fija está sujeto a la posesión de documentos de identidad. Aunque esto tiene sus lógicas en cuestiones económicas como la distribución del gasto público, se trata de una acción del Estado por mantener la visión domicializada de la ciudadanía, en términos de ^{Tilly (1976)}.

La existencia de los vuelos para llevar a cabo las repatriaciones en el AICM y los programas creados en medio de esos periodos de tiempo (2012-2020), así como la can celación de esos vuelos y de los procedimientos de repatriación en la ciudad, y la trans formación de las instancias de gobierno en la misma, dan cuenta de un escenario cambiante e inestable al que se enfrentan las poblaciones que retornan desde Estados Unidos por diferentes motivos y razones principalmente políticos. Esto hace que sea difícil conocer a qué servicios se puede acceder en el retorno. Los procesos que se han dado en distintos tiempos y que obedecen, a su vez, a momentos concretos de la política y la historia, han propiciado en cierta medida la visibilización de la condición del retorno de una parte de las poblaciones frente al Estado, sobre todo de aquellas que han podido organizarse en colectivos o grupos.

Encontrarse con la ciudad es descubrir este escenario y ello implica condiciones adversas e inestables. El encuentro con las instituciones del Estado es, en todo caso, incierto y la posibilidad de acceder a ellas de manera óptima y efectiva parece depender de los vaivenes de la política, en cuanto al acceso a recursos y apoyos, y por las mismas condiciones de desinformación y de desconocimiento de lo que ha significado vivir en otro país por diferentes periodos de tiempo y en diferentes etapas de la vida, pues, como lo describen ^{Abrego y Gonzales (2010)} sobre el caso de los migrantes en Estados Unidos, el ser ciudadano y las posibilidades de acceder a derechos de ciudadanía cambia en las distintas etapas de la vida; esto está asociado con la construcción de la edad en la que se considera una persona como adulta y ciudadana. Las personas menores de edad pueden acceder a ciertos derechos que van debilitándose con la adultez, por ejemplo, quienes se fueron siendo niños o jóvenes no conocen los no derechos que se estipulan en la nueva edad en la que ocurre el retorno.

En los procesos de retorno a las ciudades fronterizas las poblaciones retornadas y deportadas son mayormente visibilizadas, en principio por la posibilidad de concentración de personas con necesidades similares en zonas estratégicas que el espacio de la ciudad propicia (^{Pinillos, 2018}). A partir de lo esbozado en este análisis, se puede sugerir que esa posibilidad de visibilización y de concentración espacial es menos recurrente en la CdMx por la extensión de la ciudad, la dispersión de la población en el espacio, la exclusión hacia las periferias superpobladas para acceder a vivienda, la ausencia de oportunidades laborales y de salarios dignos, y la disputa por los recursos entre los distintos grupos poblacionales vulnerables que se concentran en la ciudad, lo que se traduce en la representación de “las relaciones dialécticas entre la ciudad como espacio público y el ejercicio de ciudadanía” (^{Borja, 2002: 24}).

Aunque la recopilación de la información se dio en los años 2019 y 2020, y el análisis está definido por esa temporalidad, habría que dar continuidad a las historias e incorporar otras en el periodo pandemia y pospandemia, los datos dan cuenta de una disminución de los eventos de repatriación de 2020 a causa del COVID-19, y el incremento posterior a nivel nacional, superior al de los años previos, que llegó a ser de 225 955 personas repatriadas (el 88.7 por ciento de hombres frente al 11.3 por ciento de mujeres) (^{UPMRIP, 2021}), y que para la CdMx, en 2020 y 2021 fue de 7 738 y 4 266 eventos, respectivamente (^{OIM, 2022: 14}).

Todos estos aspectos conllevan a pensar que volver a la ciudad significa, al tiem po, la posibilidad de contar con una identidad nacional, que da el documento oficial de identidad en México, pero experimentando una permanente dualidad de invisibilización/visibilización frente al Estado que dificulta considerablemente la reactivación o recuperación de los derechos de ciudadanía y la construcción de las prácticas jurídicas, políticas, económicas y culturales, en la ciudad.

Reflexiones finales

Los estudios sobre retorno han dado cuenta de la complejidad del fenómeno por la di versidad y heterogeneidad de perfiles de los grupos que retornan, los motivos, las condiciones, obstáculos y retos que implica el proceso, todo aquello que cuestiona la noción lineal de la trayectoria migratoria y la idea del retorno como el punto final de la misma. Los procesos de documentación han comenzado a problematizarse también en el retorno no sólo como algo que resulta ser un obstáculo en el reclamo de los derechos de ciudadanía, sino en las diversas implicaciones objetivas y subjetivas que conlleva.

Los hallazgos muestran que con el retorno inicia una recuperación de la relación con el Estado que no ocurre de manera homogénea entre quienes experimentan el proceso. Primero, por la forma en que ocurre dicho retorno y el motivo que detonó ese movimiento, es decir, si éste sucedió por una decisión que podría llamarse voluntaria o fue dado luego de una deportación. Segundo, por el medio o forma en que ocurre la llegada, que puede ser vía aérea o vía terrestre después de haber ingresado a territorio mexicano por el aeropuerto de la CdMx o por uno de los puntos de internación de la frontera norte.

A partir de estas dos pautas, se puede decir que el retorno a la CdMx plantea una ambigüedad entre invisibilización/visibilización. Lo aparentemente voluntario implica una suerte de invisibilización de las condiciones de llegada ante las institucio nes del Estado, por cuanto el encuentro va ocurriendo de manera menos directa, en muchos casos, incluso, hasta varios días o tiempo después del regreso. Entre tanto, el proceso de repatriación, sobre todo si ocurre por el módulo del AICM, representa el en cuentro inmediato con las instituciones del Estado, lo que se traduce en una supuesta visibilización de la condición del retorno ante dichas instituciones. La posibilidad de atravesar un proceso más o menos visible, sin embargo, no implica un mayor acceso a los derechos de ciudadanía.

En ninguno de los casos ocurre el reconocimiento y encuentro pleno con el Estado, sino que en ello influyen las coyunturas políticas, contiendas electorales que capitalizan la figura del retorno, principalmente en la llegada, y que parecen otorgar la posibilidad de convertir en demandas las necesidades de las poblaciones que experimentan estos procesos posicionándolas como grupo poblacional vulnerable, pero en condiciones pronunciadas de desigualdad lo que las pone en situaciones de desventaja ante otros grupos en las luchas por acceder a los recursos en la ciudad.

Al no haber una política de retorno, el escenario de incorporación y acomodo posretorno en una ciudad como la CdMx, en donde se concentran todos los poderes de la nación, y que cuenta con las cualidades de una entidad federativa, implica el tránsito por una maraña de situaciones complejas que inician una vez se llega al territorio, pero sobre todo a partir del proceso de recuperación de la documentación, que puntualiza el reencuentro con la ciudad, las periferias y los espacios antes habitados. Se trata de reaprender a navegar las burocracias administrativas de la ciudad.

El encuentro o reencuentro con la ciudad se revela, al tiempo, como un mundo de posibilidades y una enorme incertidumbre; un escenario aparente de caminos en buena parte reducidos a la precarización, la exclusión de los espacios y del acceso a ellos y la segmentación que va acompañada de la definición de la vivienda en las pe riferias de la ciudad y el trabajo precario. Ese proceso comienza a observarse en las primeras y subsecuentes búsquedas de apoyo de los gobiernos locales y de los programas sociales, y la conformación de grupos y colectivos como estrategia para distin tos objetivos en el corto y largo plazo, y como parte del proceso de reciudadanización.

Desde este análisis se puede decir que lo que significa ser ciudadano en la CdMx, luego del retorno y la deportación y en los procesos posteriores a ello, está vinculado con las tensiones y contradicciones existentes entre la aparente apertura de un espectro más amplio de derechos en el establecimiento de su Constitución Política y las con diciones de exclusión y de precariedad urbanos. Estas condiciones ya habían sido experimentadas antes de la emigración, como lo plantean ^{Parella et al. (2017)}, pero se convierten en un obstáculo mayor y un factor de desigualdad para las personas después de su residencia como indocumentados en Estados Unidos por periodos prolongados, por cuanto ello implica tener que recuperar o reclamar un espacio perdido y transformado durante la ausencia, en términos de derechos y prácticas de ciudadanía.

Este trabajo adquiere relevancia como antecedente para analizar lo ocurrido en los años recientes en materia de acceso a programas y servicios para la población retornada en la ciudad en el cierre del periodo de gobierno al año 2024. También representa un insumo para pensar en estrategias sostenibles ante las cuestiones relacionadas con la migración, que incorporen la diversidad de perfiles de las personas que retornan y los desafíos que enfrentan en el contexto de llegada considerando, además, el contexto anterior de residencia, lo que debe incluir una estrategia integral de acompañamiento y respeto de sus derechos y de su movilidad.

Así mismo, quedan abiertas distintas vetas y líneas de investigación: las redes que se construyen entre instituciones y organizaciones en la ciudad y las disputas por los recursos, y los procesos de ciudadanización que van más allá de los documentos de identidad y la relación con el género. Y un tema de interés particular, la posibilidad de pensar estos procesos de manera comparativa a partir del estudio de los diferentes contextos regionales y locales.