INTRODUCCIÓN

Ya sea por apatía o alienación (^{Paramio, 1999}), la elevada corrupción pública (^{Emmerich, 2004}), la creciente desafección política (^{Torcal & Montero, 2006}), como desaprobación de las vías existentes para satisfacer las demandas ciudadanas (^{Andrade, 2008}), o por el llamado síndrome de fatiga democrática (^{Van Reybrouck, 2017}), en México son pocas las personas que se preocupan por tomar parte en asuntos públicos o cuando menos mantenerse informadas al respecto. Se dice que hasta en los países más desarrollados hay desinterés y desconfianza en la política debido a experiencias ciudadanas negativas al participar o por la corrupción, ineficacia y/o negligencia de algunos líderes políticos (^{Conde, Gutiérrez, & Chávez, 2015}), y que la gente participa de forma similar en distintas partes del mundo con independencia de factores como la edad de su democracia, el nivel de modernización o los marcos institucionales. No obstante, existen estudios que reportan que en ciertos países hay mayor actividad política que en otros (^{Teorell, Torcal, & Montero, 2007}).

En términos de participación electoral, y concretamente en elecciones presidenciales, México ha estado a la altura de democracias consolidadas, como las de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o España (^{Instituto Federal Electoral & El Colegio de México, 2014}). Prueba de ello son los comicios de 2018 donde votaron más de 56 millones de mexicanos, es decir 63.8% de la lista nominal (^{García & Jiménez, 2018}). Aunque antes se ha planteado que el fraude y la corrupción eran el sello característico de la mayoría de procesos electorales y que éstos sólo constituían un ritual para legitimar al grupo de poder (^{Duarte & Jaramillo, 2009}), es innegable que la participación electoral fue fundamental para lograr la alternancia y el cambio democrático, tal como mostraron las elecciones presidenciales de 2000 y 2018 (^{Moreno, 2003, 2018}). Además, también es un hecho que, del amplio abanico de opciones de los mexicanos y mexicanas para participar, la de tipo electoral es aquella con la que están más familiarizados.

En contraparte, la participación no electoral es mucho menos practicada. La Encuesta Nacional de Seguridad y Participación Ciudadana realizada por el ^{Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2018)}, reporta que mientras el 82 % de encuestados dijeron acudir a votar cada que hay elecciones, apenas el 15 % ha asistido a una marcha, protesta o manifestación no relacionada con partidos o elecciones. Los mexicanos y mexicanas suelen participar cívicamente con acciones altruistas como donar sangre, alimentos, ropa o dinero, y comunitariamente mediante la realización de trabajo voluntario o reuniones vecinales para resolver problemáticas de la colonia o comunidad. De hecho, hay evidencia de que incluso ciudadanos indiferentes al régimen político se involucran en asociaciones vecinales o trabajo voluntario (^{Lugo & Taguenca, 2022}). Sin embargo, la participación ciudadana es muy baja en el país. Al respecto, la última Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) reporta que sólo el 5 y 6 % de quienes conocían los mecanismos de contraloría social y presupuesto participativo los ha utilizado alguna vez, y que apenas el 15 % ha votado en una consulta ciudadana (^{Instituto Nacional Electoral & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2022}).

Un aspecto que también refleja el bajo involucramiento ciudadano en asuntos colectivos es la participación asociativa. En este sentido, la ENCUCI 2020 indicó que ni siquiera una de cada cuatro personas en México forma parte de algún grupo o asociación, pues solo el 23 % tenían experiencia al participar en una asociación de padres de familia, el 19 % en una organización deportiva o religiosa, el 16 % en algún grupo estudiantil y el 11 % en una organización cultural o vecinal. Además, quienes han participado en un partido político, asociación profesional u organización ambientalista, de derechos humanos o para exigir un mejor gobierno, representaban menos del 10 % de los encuestados (^{Instituto Nacional Electoral & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2022}).

En el mismo orden de ideas, la última Encuesta Mundial de Valores 2017-2022 halló que, a excepción de la pertenencia a organizaciones religiosas (55 %), el porcentaje de personas con membresía a alguna agrupación no llega ni al 30 %: deportivas o recreativas 29 %; artísticas o educativas 22 %; grupo de autoayuda o asistencia mutua 19 %; humanitaria o de caridad 18 %; sindicato 17 %; partido político 17 %; medioambiental 16 %; profesional 16 %; de consumo 16 %; de mujeres 16 %; otras 13 %. Enunciado de otra manera, prácticamente menos de uno de cada diez mexicanos ha experimentado la participación asociativa. Además, los porcentajes de miembros activos en tales organizaciones son todavía más bajos: deportivas o recreativas 13 %; artísticas o educativas 8 %; grupo de autoayuda o asistencia mutua 6 %; humanitaria o de caridad 6 %; sindicato 6 %; partido político 5 %; medioambiental 5 %; profesional 6 %; de consumo 5 %; de mujeres 5 %; otras 3 % (^{Institute for Comparative Survey Research, 2022}).

Otro indicador de lo poco ejercitada que está la participación no electoral es que, según datos de Latinobarómetro (2020), sólo un sector minoritario de la población estaría muy dispuesta a salir a marchar y protestar, ya sea por aumento del salario y mejores condiciones de trabajo (19 %), la mejora de la salud y la educación (23 %), defender derechos democráticos (13 %) o el cambio climático (12 %), luchar contra abusos y corrupción (22 %) o por una sociedad más igualitaria (23%). Tales cifras llevarían a pensar que la gente está conforme con su situación y no ve necesario manifestarse políticamente, pero los datos de Latinobarómetro invitan a desechar la hipótesis porque al examinar sus resultados desde 1995 y hasta el 2020, se encuentra que en un lapso de 25 años, más de la mitad de encuestados estaban insatisfechos (“no muy satisfechos” o “nada satisfechos”) con la democracia en el país (^{Corporación Latinobarómetro, 2020}).

Si esta problemática se analiza específicamente en el sector juvenil, se vuelve aún más preocupante. Sobre todo, si se piensa que, en México, las personas entre 12 y 29 años de edad representan más del 30 % del total poblacional, lo que las vuelve el principal grupo etario en el país (^{Aguilar, 2019}). Según datos del Instituto Nacional Electoral (2017, 2019), las personas entre 20 y 29 años son, junto a las de 80 o más, quienes menos votan. A su vez, los jóvenes de 18 y 19 años son quienes presentan los porcentajes más bajos en cuanto a otras formas de participación política como las reuniones con autoridades o las manifestaciones, por citar un par de casos (^{Instituto Nacional Electoral & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2022}).

En este contexto, es pertinente preguntarse sobre los factores que podrían incidir positivamente en la participación política juvenil. El objetivo de esta investigación ha sido analizar la percepción de diversas formas de participación, tanto institucionalizada como no institucionalizada, y respecto a cinco dimensiones específicas: costo, beneficio, impacto social, valoración moral y valoración social. También se buscó identificar la influencia de variables individuales como el sexo, la experiencia participativa o la pertenencia a una organización en ambos tipos de participación y la posible vinculación entre éstas y diferentes acciones participativas con el fin de comprender mejor la naturaleza de este fenómeno. En la primera sección del artículo se plasman las consideraciones teóricas que sustentan este trabajo y permiten abordar el objeto de estudio. En concreto, se explica cómo la perspectiva sociocultural y la de elección racional pueden ser complementarias para estudiar la participación política, esto a través de la teoría de la cultura cívica de ^{Almond y Verba (1989)} y la teoría amplia de la racionalidad de ^{Jon Elster (1989b, 2010)}.

Luego, en la sección metodológica se describe el diseño de investigación y su alcance, las características del instrumento utilizado y las técnicas de análisis estadístico. Después, se presentan los resultados del estudio y su discusión. El artículo cierra con un breve apartado de conclusiones donde se reflexiona sobre algunas implicaciones de los hallazgos, las limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Según ^{Lester Milbrath (1965)}, en las democracias todos los ciudadanos juegan un papel importante, catalogándose éstos en función de su grado de intervención en: gladiadores (la minoría que realmente puede dedicarse a lo público); espectadores (la mayoría limitada a votar en las elecciones); o apáticos (quienes se abstienen de participar). Cada uno de estos roles son necesarios e interdependientes porque con la ausencia de alguno no tendrían sentido los demás (^{Milbrath, 1965}). Si se acepta esta premisa, no cabe esperar que todos los ciudadanos tengan el mismo rol democrático. Además, cuando éstos se involucran políticamente, la forma, intensidad, momento y dirección en que lo hacen cambia de uno a otro (^{Merino, 2016}). Incluso la participación del mismo ciudadano puede variar según el contexto. Entonces, en las democracias no sólo hay varios roles ciudadanos sino también distintas formas de expresar la ciudadanía. Pero, ¿de qué depende tal diversidad de participantes y participaciones?

Sobre los primeros, parecería existir una especie de distribución natural respecto a los roles de participación de los integrantes de una comunidad. De este supuesto parten (aunque no siempre se haga explícito) los estudios de cultura política, que conciben a la participación política como rasgo, es decir, como una de las tantas predisposiciones humanas a realizar ciertas conductas. Quizá los máximos representantes de esta perspectiva sean ^{Almond y Verba (1989)} quienes, en su obra capital, La cultura cívica, examinan las relaciones entre sistemas democráticos y actitudes ciudadanas expresadas en cinco países (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y México). En su análisis comparativo, los autores concluyen que el grado de involucramiento ciudadano depende básicamente del sistema de actitudes que la comunidad interiorizó como consecuencia de sus experiencias históricas y sus estructuras sociales y políticas, provocando que cada colectividad desarrolle distintas pautas de comportamiento.

Tales patrones conformarían los conocimientos, creencias, sentimientos, juicios y opiniones de los miembros de esa comunidad concreta hacia sus objetos y roles políticos, así como sus actitudes hacia el sistema político en general (^{Almond & Verba, 1989}). Este conocimiento ha permitido comprender mejor el fenómeno de la heterogeneidad de participantes, lo que en parte ha sido posible por la adopción de una perspectiva más holista en el uso de conceptos ajenos a la ciencia política, tomándolos sobre todo de la psicología, la sociología o la antropología. En consecuencia, se enriqueció la visión sobre el comportamiento político humano, evidenciando al mismo tiempo que ejercicios académicos interdisciplinarios pueden dar interpretaciones más completas sobre los fenómenos.

Con todo, los estudios de cultura política no han abonado a la segunda cuestión, es decir, los factores que provocan que un individuo decida participar o no en función de determinados contextos o situaciones. Entiéndase, lo que genera las distintas participaciones. Tampoco han respondido a cabalidad qué origina la diversidad de niveles de involucramiento en lo público dentro de una misma comunidad política. Aunque la caracterización de ^{Almond y Verba (1989)} sobre diversos participantes en función de la cultura cívica predominante (parroquial, de participación, de súbdito, súbdita-participante, parroquial-súbdita, parroquial-participante) es valiosa desde el punto de vista comparativo, su perspectiva es poco útil para entender variaciones a nivel intracultural, pues al tener un atributo colectivo como concepto central (cultura cívica) no explica lo que origina la diversidad de participantes y participaciones en una misma colectividad.

Otras dos limitaciones del enfoque culturalista son que no explica la consistencia de preferencias en diferentes entornos o situaciones (^{Millán, 2010}), y que suele llevar implícito la primacía de los factores culturales sobre los individuales.

Para quien escribe, el comportamiento político no debe entenderse sólo como consecuencia de un largo proceso de socialización, pues eso implicaría que los participantes y las participaciones siempre están culturalmente predeterminadas y requieren décadas o siglos para modificarse. Aunque hay factores históricos y culturales que claramente inciden en la formación de un conjunto de actitudes concretas, no es menos cierto que las comunidades políticas nunca son completamente homogéneas y las conforman individuos con una amplia heterogeneidad de creencias, percepciones y conductas.

Al estudiar temas como la participación política, además de prestar atención a variables culturales, conviene brindar especial importancia a la agencia humana. Con ello, existe la posibilidad de que las acciones individuales y colectivas tengan relevancia en la conformación del entorno y la estructura social. Sólo así puede evitarse el determinismo y aspirarse realmente a que los miembros de cualquier sociedad se organicen y tomen decisiones sobre lo público para mejorar las condiciones de la vida colectiva. Como señala ^{Merino (2016)}, la participación está “inevitablemente ligada a una circunstancia específica y a un conjunto de voluntades humanas: los dos ingredientes indispensables para que esa palabra adquiera un sentido concreto” (p. 11). En suma, se requiere un enfoque que permita analizar tanto aspectos individuales como contextuales de la participación política, esto es, los factores de nivel micro, y complementarlos con otros como el sociocultural en los que puede recurrirse a elementos explicativos de nivel macro.

Una de las principales alternativas en ese sentido es la Teoría Amplia de la Racionalidad (TAR, en adelante) de Jon Elster. La TAR es una expansión de la Teoría de la Elección Racional (TER, en adelante), la cual postula, en términos generales, que las personas analizan las probabilidades de éxito de cada uno de sus posibles cursos de acción y se decantan por aquél que brinda los mejores resultados, es decir, que siempre buscan maximizar su bienestar o satisfacción (^{Boudon, 2007}; ^{Campos, 2017}; ^{Elster, 1989c}, ^1989b). Entonces, las personas son racionales porque “miran los resultados de lo que podrían hacer, de lo que podrían causar. Y aspiran a lo que piensan que resultará mejor para ellas” (^{Schick, 2000, p. 39}).

Dicho de otra manera, la racionalidad implica: a) intencionalidad, porque la acción surge de la voluntad individual; b) instrumentalidad, puesto que se trata de un medio para alcanzar cierto fin; y, c) optimización, debido a que la acción es el mejor de todos los medios disponibles para lograrlo (^{Abitbol & Botero, 2005}; ^{Dieterlen, 1990}). Así, puede decirse que “dados los medios de que dispone el individuo y sus fines, tratará de alcanzarlos de la mejor forma posible” (Martínez, 2004, p. 141). Además, las elecciones o acciones racionales se caracterizan por la consistencia, o sea que los agentes eligen o hacen persistentemente lo que prefieren (^{Arrow, 1986}; ^{Elster, 1989c}, ^1989b; ^{Gintis, 2009}; ^{Sánchez-Cuenca, 2009}). Dichas preferencias serían: completas (siempre pueden ordenarse), transitivas (si se prefiere A sobre B y B sobre C, entonces se preferirá A sobre C), e independientes (si se prefiere A sobre B, una combinación lineal que incluya C no alterará su orden). De este modo, decantarse por una opción implica que el conjunto de diferentes resultados posibles puede compararse y ordenarse gracias a la asignación de un valor de utilidad ordinal a cada alternativa (^{Abitbol & Botero, 2005}; ^{Campos, 2017}).

Finalmente, la TER también suele estar asociada al comportamiento egoísta, sobre todo porque en los modelos económicos, la concepción más común es que el agente sólo está motivado por su propio interés, el cual se ve reflejado en su constante búsqueda por maximizar la utilidad (^{Coleman, 1990}; ^{Houghton, 2015}; ^{Sen, 1986}). Este aspecto es uno de los más criticados de la TER. Sin embargo, constituye un elemento más vinculado a los modelos estrechos (thin) de racionalidad, o sea aquellos más apegados a los supuestos de estabilidad y transitividad de las preferencias; en cambio, los modelos amplios (thick) suelen considerar, además del egoísmo, otra clase de motivaciones para explicar el comportamiento (^{Hechter & Kanazawa, 1997}).

Otras críticas importantes hacia la TER han sido que se trata de una perspectiva reduccionista por brindar explicaciones a sociológicas a partir de fenómenos estrictamente individuales (^{Bourdieu, 1997, 2001}; ^{Bunge, 1995}), ahistórica (^{Alexander, 1997}) de aspiraciones universalistas (^{Green & Shapiro, 1994a}, ^1994b) y que atribuye al individuo capacidades mentales que en realidad no posee (^{Houghton, 2015}; ^{Pérez Martínez & Rodríguez Fernández, 2022}). Sin embargo, también hay quienes piensan que la TER constituye una de las perspectivas más importantes e influentes en ciencias sociales por su parsimonia explicativa, cierto grado de predictibilidad y su utilidad para explicar fenómenos políticos, económicos y sociales (^{Arrow, 1986}; ^{Downs, 1957}; ^{Elster, 1989b}, ^1989c; ^{Gintis, 2009}; ^{Hechter & Kanazawa, 1997}; ^{Tena-Sánchez, 2010}; ^{Vidal, 2008}). Más si se piensa que pasó de una teoría estrictamente axiomática, a una híbrida “entre la formalización matemática, y la modelación experimental (un obsequio de la psicología) y comparativa (es decir, sensible al contexto y a la historia)” (^{Vidal, 2008, p. 227}).

Una muestra de lo referido es justamente la TAR, que concibe al individuo como alguien que busca la racionalidad, pero no necesariamente la consigue (^{Elster, 1989c}). De hecho, debido a la constante incertidumbre, el agente suele equivocarse o simplemente perder oportunidades con cierta frecuencia, razón por la que aquí la racionalidad es considerada simplemente una estrategia con la que el individuo intenta adaptarse de manera óptima a las circunstancias. La elección racional sería entonces, tanto un modelo normativo (porque indica cómo proceder para alcanzar los objetivos de la mejor manera posible) como prescriptivo (porque otorga una base para predecir ciertas acciones).

Además de contener a la racionalidad como el principal factor causal de la acción individual, la propuesta de ^{Elster (1989b, 2010)} establece que los individuos pueden actuar motivados por factores emocionales o sociales. Respecto a lo primero, el autor plantea que hay diversas emociones capaces de modificar el rumbo de la acción individual, ya sea directa (como los estados anímicos que inhiben la voluntad de actuar) o indirectamente (mediante la modificación de deseos o creencias). Para ^{Elster (2010)} aunque existe una gran cantidad de emociones (alegría, pena, esperanza, amor, miedo, celos, desilusión, pesadumbre, envidia, resentimiento, simpatía o compasión), las más relevantes en la vida social serían las de tipo evaluativo, es decir aquellas que implican una valoración negativa o positiva sobre la conducta de uno mismo o alguien más (gratitud, admiración, vergüenza, odio, culpa, desprecio, altivez, ira, indignación, agrado, orgullo). Las emociones producen tendencias a la acción caracterizadas por el deseo de actuar a la brevedad debido a una sensación de impaciencia o urgencia (^{Elster, 2010}).

En cuanto lo segundo, ^{Elster (1989b)} señala que el individuo tiende adherirse a la conducta prescrita. Esto debido a efectos de las normas sociales, las cuales consisten en valores culturales interiorizados que dictan lo que debe hacerse en determinada situación. Dicho de otra forma, las normas sociales coordinan expectaciones compartidas por todos los miembros de la comunidad, generando que cada quien haga lo que los demás esperan (^{Elster, 2006}). Además, éstas tienen un notable componente emocional, pues quien las quebranta puede padecer emociones negativas e incluso provocarlas en quienes le observan. Para ^{Elster (2006)}, la eficacia de las normas sociales se debe justo a esta cuestión.

Finalmente, la TAR se aplica junto a la estrategia de explicar los fenómenos sociales a través de mecanismos. Éstos no buscan predecir todos los fenómenos y en todo momento, sino explicar su presencia cuando ocurran. Los mecanismos son “patrones causales de aparición frecuente y fáciles de reconocer, que se ponen en funcionamiento en condiciones generalmente desconocidas o con consecuencias indeterminadas” (^{Elster, 2010, p. 52}).

Al no aspirar a la predicción o explicación total, son distintos a las leyes. Mientras éstas plantean: ‘si las condiciones C1, C2,…Cn se cumplen, entonces siempre ocurrirá E’, la afirmación de un mecanismo sería: ‘si C1, C2,…Cn se cumplen, entonces algunas veces ocurrirá E’. Así, los mecanismos brindan la oportunidad de explicar cuando la generalización fracasa (^{Elster, 2005}). Además, conservan la lógica causal, pero de forma distinta a la postura determinista porque da espacio a “múltiples engranajes que operan entre causas y efectos, tanto a nivel individual como agregado, por lo que las leyes sociales invariables serían la excepción y no la regla” (^{Loza & Plancarte, 2022, p. 14}).

Otras dos ventajas de los mecanismos sobre las leyes son: I) que permiten “hilar fino” en las explicaciones, pues no se limitan al ‘si A, entonces algunas veces B’, sino que también admiten ‘si A, entonces algunas veces B, C y D’; y II) que aceptan explicaciones contradictorias (mecanismos operando en direcciones contrarias), ya que la existencia de algunos mecanismos no necesariamente anula la de otros. Ambos aspectos pueden verse en el ejemplo de ^{Elster (2005)} sobre las preferencias adaptativas y las contra-adaptativas: “algunas personas prefieren lo que pueden tener, mientras que otras tienden a desear lo que no pueden tener, aunque sería absurdo afirmar que todas las personas caben en sólo una de ambas categorías” (p. 244). Así, aunque las explicaciones basadas en mecanismos (explanans) podrían parecer poco prometedoras, su utilidad radica en que son más generales que los fenómenos que abarcan (explanandum).

Sintetizando, la TAR es una evolución del modelo estándar de la TER. Una perspectiva que, gracias a su pluralismo motivacional, derivado de considerar a las emociones y las normas sociales como elementos explicativos igual de importantes que la racionalidad, aumenta la capacidad explicativa de su antecesora. Además, atiende varias de sus críticas.

En concreto, no asumir a la racionalidad como único factor que explica la acción individual, reconocer la existencia de conductas irracionales o distintas a la búsqueda del interés propio e incorporar elementos socioculturales externos a la voluntad individual, otorgando así relevancia a aspectos contextuales. Este enfoque se complementa con la explicación social a través de mecanismos, la cual permite enriquecer la interpretación de los fenómenos sin caer en aspiraciones universalistas.

MÉTODO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La primera sección del cuestionario permitió identificar que sólo 27 % del estudiantado formaba parte de una organización civil, siendo las de labor social, partidos políticos y las deportivas, las más mencionadas, respectivamente. En contraste, el porcentaje de quienes nunca han pertenecido a alguna fue 73 % (Gráfica 1).

Gráfica 1 Tipos de organizaciones civiles a las que pertenecían los estudiantes 

En la segunda sección del cuestionario, referente a la experiencia participativa y la calidad de la misma, se encontró que las acciones más frecuentes fueron votar e informarse de los acontecimientos políticos más relevantes, indicadas ambas por el 88 % del estudiantado. En cambio, la menos realizada fue participar en una huelga, reportada sólo por el 37 % (Gráfica 2).

Gráfica 2 Acciones participativas realizadas por los estudiantes. 

Por otro lado, las acciones con mayor calidad en la experiencia fueron votar, colaborar con una organización civil y participar en un foro o consulta ciudadana; mientras que la de peor calidad fue participar en una huelga (Tabla 1).

Como puede verse en la tabla y gráfico anteriores, el voto no sólo ha sido la acción participativa más realizada, sino también la más satisfactoria. Esto es consistente con los resultados del ^{Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2018)} y otros estudios referidos al inicio del artículo que indican que la participación política en nuestro país casi siempre se limita al voto. Esto podría atribuirse a que la cultura cívica mexicana tiene una combinación de características parroquiales y de súbdito debido a gobiernos autoritarios y represivos (^{Almond & Verba, 1989}), los cuáles han provocado que la noción de ciudadanía tienda a restringirse al acto de votar.

Al realizar estos análisis sólo con quienes pertenecían a una organización se obtuvieron idénticos resultados: votar e informarse de los acontecimientos políticos más relevantes como las acciones más realizadas, y participar en una huelga como la menos referida. La única variación se dio en los porcentajes de realización de las acciones, que se elevaron a 96 % en los dos primeros casos y a 40 % en el tercero. La mayoría de este sector del estudiantado dedicaba a la organización un día (16 %) o dos (18 %) por semana, e invertía en promedio 7 horas semanales (DE = 6.9).

El hecho de que quienes pertenecían a una organización realizaran más acciones participativas sugiere que la participación es acumulativa: quienes participan de alguna forma, ya sea en la esfera cívica, comunitaria o ciudadana, poseen mayor probabilidad de hacerlo también mediante otra. Por ejemplo, estudios previos reportan que quienes participan en organizaciones comunitarias y ciudadanas reportan mayor asistencia a las urnas (^{Instituto Nacional Electoral & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2022}).

En lo que refiere a este estudio, se realizó un análisis chi-cuadrado (x ² ) para saber si pertenecer a una organización social se vinculaba con formas concretas de participación. La prueba reportó una asociación significativa con todas las acciones participativas institucionalizadas y con la de informarse de los acontecimientos políticos más relevantes (Tabla 2). Todas con efecto pequeño según el índice V de Cramer, a excepción de colaborar con una organización que resultó moderado por la lógica interrelación de las variables.

Los análisis anteriores corroboran el planteamiento de que pertenecer a una organización civil contribuye a promover el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos. De hecho, este hallazgo coincide con los resultados de otras investigaciones que han hallado una vinculación entre las variables de participación y membresía a una organización (^{Córdova, 2005}; ^{Córdova, Romo, & Peña, 2006}; ^{Instituto Federal Electoral & El Colegio de México, 2014}; ^{Instituto Nacional Electoral & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2022}; ^{Klesner, 2009}). Es decir, que la experiencia en actividades asociativas aumenta la probabilidad de que exista participación política.

Como en cualquier análisis asociativo, no puede tenerse certeza si A es la causa de B, si B genera A, o si hay una tercera variable (C) originando a ambas (A y B). La lógica lleva a pensar que la condición de formar parte de una organización es la que produce más acciones participativas, y no a la inversa. Pero no podría descartarse la posibilidad de que, por ejemplo, un fuerte deseo o actitud (predisposición) por transformar el entorno sea lo que en realidad motiva a alguien tanto a afiliarse a una organización como a realizar otro tipo de acciones participativas. Aquí es donde resulta útil la explicación mediante mecanismos planteada por ^{Elster (1989b, 2010a)}, ya que en tal perspectiva ambos escenarios son viables.

Así como hay jóvenes que participan en mayor medida por pertenecer a una organización, también puede haber otros que hagan ambas cosas debido a un interés previo de involucrarse más en los asuntos públicos. En el primer caso, las acciones serían más bien facilitadas por un contexto que cataliza sus deseos de participar (oportunidad). En el segundo, podrían deberse a la creencia de que involucrarse en mayor medida en las decisiones colectivas de su comunidad es lo mejor y, por ende, intenta maximizar su utilidad o satisfacción a través de la participación.

Regresando a los datos de todo el estudiantado, y ya entrando a los resultados de la tercer sección del instrumento, se halló que las formas de participación percibidas como más costosas fueron colaborar con un partido político u organización civil, y participar en una huelga, manifestaciones o protestas; mientras que las percibidas con menor costo fueron la firma de documentos en señal de protesta, tanto física como virtualmente, expresar en redes sociales lo que se piensa respecto a acontecimientos políticos, informarse sobre estos últimos y votar(Tabla 3). Lo de las primeras tres acciones resulta lógico, pues firmar documentos o publicar algo en redes sociales puede hacerse en minutos, al contrario de otras como colaborar con un partido u organización civil que implican mucho mayor esfuerzo y requieren participación constante.

Por otra parte, votar, informarse de los acontecimientos políticos más relevantes, participar en un foro o consulta ciudadana y colaborar con una organización civil fueron las acciones percibidas como más beneficiosas y de mayor impacto; en contraste con participar en una huelga y expresar en redes sociales lo que se piensa respecto a los acontecimientos políticos, percibidas como las de menor impacto y beneficio. Esto indica que se trata de dos valoraciones muy vinculadas en la percepción del estudiantado. De hecho, la ordenación de las acciones participativas respecto al beneficio e impacto percibidos en cada una coincide con la ordenación en cuanto a su práctica, algo que se aprecia al cotejar la Tabla 3 con la Gráfica 2. Entonces, las acciones más realizadas fueron justo aquellas donde el estudiantado percibía mayor beneficio e impacto social, lo que podría sugerir la existencia de un comportamiento político racional.

Al analizar el grado de correlación entre estas valoraciones la prueba de Spearman generó coeficientes entre .43 y .72 en los diez pares de acciones, o sea correlaciones estadísticamente significativas y todas ellas de grado fuerte según el criterio de ^{Cohen (1988)}, exceptuando a informarse de los acontecimientos políticos más relevantes que fue medio (Tabla 4).

Estos resultados confirman que los beneficios que el estudiantado identifica en las acciones participativas están asociados al impacto social percibido en ellas. O sea, que a medida que perciben mayor trascendencia en sus acciones, perciben también mayores beneficios, y viceversa. Con ello también se robustece el cúmulo de evidencia empírica sobre la importancia de la eficacia política en el involucramiento ciudadano en asuntos públicos (^{Borowski, Reed, Scholl, Webb, & Corral, 2011}; ^{Finkel, 1985, 1987}; ^{Pateman, 1970, 1971}), y se aporta a la vez información relevante en el ámbito concreto de la participación política juvenil. Si bien el impacto social percibido no es exactamente eficacia política, se trata de dos variables que probablemente estén relacionadas, pues ambas implican una vinculación entre la acción realizada y la valoración de sus resultados o efectos.

Llegados a este punto, puede afirmarse que los resultados referentes al costo, beneficio e impacto percibido en las acciones participativas muestran que las y los estudiantes han actuado según la racionalidad prescrita por la TAR. Como se dijo en el marco teórico, el comportamiento racional consiste en que las conductas sean guiadas por el resultado previsto de las acciones y la búsqueda del medio más o menos eficiente para alcanzar un fin (^{Elster, 1989a}, ^1989b, ^1989c). En este caso, aunque no hay una correspondencia perfecta, prácticamente las acciones percibidas como menos costosas, más beneficiosas y de mayor impacto han sido las más realizadas por el estudiantado, denotando cierta consistencia entre sus acciones y percepciones.

Finalmente, respecto a la percepción de las acciones en cuanto a su valoración social y moral, se encontró de nuevo que los puntajes más elevados correspondían a votar, informarse de los acontecimientos políticos más relevantes, participar en un foro o consulta ciudadana y colaborar con una organización civil; mientras que los más bajos otra vez fueron colaborar con un partido político y participar en una huelga, siendo éstas las acciones que percibían como menos valoradas en ambos aspectos.

Al igual que en el caso del beneficio e impacto percibidos, la ordenación de las acciones en ambas valoraciones resultó casi idéntica, denotando una estructura de datos similar en estas dos dimensiones.

Al analizar el grado de correlación entre ellas la prueba de Spearman arrojó coeficientes entre .27 y .55, que con el criterio de ^{Cohen (1988)} resultan estadísticamente significativas, algunas en grado fuerte y otras medio o moderado. Sólo fue de grado débil informarse de los acontecimientos políticos más relevantes (Tabla 5).

Dichos resultados sugieren que en la percepción del estudiantado no hay mucha diferencia entre realizar una acción participativa porque ésta es entendida como una obligación ciudadana o porque creen que hacerla es importante para quienes le rodean. Este dato contradice en parte a la TAR, pues se esperaría una divergencia entre actuar conforme a lo prescrito por una norma social o una moral. Mientras las normas sociales están siempre condicionadas a la presencia de otros, y éstas se respetan para evitar sanciones sociales y padecer emociones como la vergüenza, las normas morales se siguen aun cuando los demás no observan y con el fin de no experimentar emociones como la culpa (^{Elster, 2006, 2010}). Sin embargo, en el caso de los participantes de este estudio las valoraciones han sido bastante homogéneas.

Para la última parte del análisis de los datos, se elaboró un HJ-Biplot (Gráfica 3) considerando los cinco diferentes aspectos o dimensiones de las diez acciones participativas en estudio, así como algunas variables individuales del estudiantado: sexo, semestre y pertenencia a una organización. Los dos ejes de la representación gráfica absorbían hasta el 68.2 % de varianza de los datos, explicando el primero (horizontal) hasta el 45.5 % y el segundo (vertical) el 22.7 %.

Gráfica 3 HJ-Biplot de los cinco aspectos: costo, beneficio, impacto social, valoración social y valoración moral. 

Iniciando el análisis en el tercer cuadrante (inferior-izquierdo), el HJ-Biplot mostró elevadas correlaciones entre la mayoría de acciones participativas referentes al costo percibido, en concreto: votar (CP-VOT), firmar documentos en señal de protesta de forma física y virtual (CP-FDF Y CP-FDV), colaborar con una organización civil (CP-COC), informarse de los acontecimientos políticos relevantes (CP-IAPR), y participar en una huelga (CP-PH), marcha o protesta (CP-PMoP). Esta covariación entre la mayoría de acciones de una misma dimensión también se presentó en impacto social percibido con: votar (IP-VOT), participar en un foro o consulta ciudadana (IP-PFoC), colaborar con un partido político (IP-CPP) u organización civil (IP-COC), expresar en redes sociales lo que se piensa respecto a los acontecimientos políticos (IP-ERSAP) y firmar documentos o peticiones en señal de protesta de forma física (IP-FDF) o virtual (IP-FDV); y en valoración moral con: votar (VMP-VOT), participar en un foro o consulta ciudadana (VMP-PFOC), colaborar con un partido político (VMP-CPP) u organización civil (VMP-COC) e informarse de los acontecimientos políticos relevantes (VMP-IAPR). Dichas acciones se encuentran casi todas en el segundo cuadrante (superior-izquierdo), siendo además independientes a la mayoría de acciones de la dimensión de costo percibido.

Analizando los datos desde el punto de vista de la acción participativa, hubo covariación entre diversas dimensiones de la misma acción en: votar (VSP-VOT, BP-VOT, IP-VOT y VMP-VOT), participar en un foro o consulta ciudadana (VSP-PFoC, VMP-PFOC, IP-PFOC y BP-PFOC), expresar en redes sociales lo que se piensa respecto a los acontecimientos políticos (IP-ERSAP, CP-ERSAP, BP-ERSAP y VMP-ERSAP) y participar en una huelga (IP-PH, BP-PH, VSP-PH, VMP-PH y CP-PH).

En el caso de votar, se halló además una relación inversa entre tales dimensiones y la del costo percibido (CP-VOT), algo que no ocurrió en el resto de acciones. Sin embargo, el resultado más relevante en este sentido es que la mayoría de acciones que implican una participación informal o no institucionalizada (firmar documentos en señal de protesta y participar ya sean en huelgas, marchas o protestas) se agruparon en el tercer cuadrante (inferior-izquierdo); mientras que las referentes a una participación institucionalizada o formal (votar, participar en un foro o consulta y colaborar con un partido u organización) se concentraron casi todas en el segundo cuadrante (superior-izquierdo). Eso significa que tal categorización sobre las formas de participar resulta más útil para distinguir las diversas valoraciones del estudiantado. Es decir, que se trató de un elemento clave en el HJ-Biplot para representar las acciones. Además, como se dijo antes, en el tercer cuadrante se concentró también la mayoría de acciones de la dimensión de costo percibido, indicando que ésta estuvo más asociada a la participación informal.

Los resultados del HJ-Biplot también son consistentes con los datos presentados en la introducción de este trabajo respecto a la poca participación no electoral en el país (^{Corporación Latinobarómetro, 2020}; ^{Instituto Nacional Electoral & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2022}). Si bien es cierto que un factor relevante en este sentido es la ya referida cultura cívica de súbdito y parroquial existente en México (^{Almond & Verba, 1989}), los análisis aquí realizados sugieren que otro aspecto que podría estar incidiendo en la cuestión tiene que ver con cómo se percibe a la participación informal. Desde la perspectiva de la TAR, al percibir a esta clase de acciones participativas como más costosas, de menor impacto social, e incluso menos valoradas social y moralmente, los individuos prefieren inclinarse por otras alternativas como votar o participar en foros o consultas ciudadanas. Según los resultados, en general, las acciones institucionalizadas resultan más atractivas que las no institucionalizadas.

Al analizar otras variables individuales en el HJ-Biplot los resultados también mostraron diferencias en función del sexo, semestre y la pertenencia a una organización. Esta última característica en concreto fue muy para discriminar entre las diversas respuestas del estudiantado, ya que básicamente conformó los extremos del eje 1, que constituía la componente principal de la representación con el 45 % de varianza explicada. En suma, lo que HJ-Biplot indica es que quienes pertenecían a una organización percibían las acciones como más costosas y beneficiosas, con mayor impacto social y mejor valoradas social y moralmente, ello con independencia de si era participación institucionalizada o no institucionalizada.

Al realizar un análisis de contraste con la prueba U de Mann-Whitney hubo diferencias estadísticamente significativas en: I) el costo percibido al: votar (U = 3962, p =.014, n = 225) y expresar en redes sociales lo que se piensa respecto a los acontecimientos políticos (U = 3621, p = .002, n = 221); II) el beneficio percibido al: colaborar con un partido político (U = 3825.500, p = .007, n = 223) u organización (U = 3823, p = .021, n = 219); III) el impacto social percibido al: colaborar con un partido (U = 3645, p = .002, n = 224) u organización (U = 3281, p = .000, n = 221), participar en manifestaciones y protestas (U = 3645, p = .008, n = 219) o en algún foro o consulta (U = 3414, p = .000, n = 223); IV) la valoración social percibida al: expresar en redes sociales lo que se piensa respecto a los acontecimientos políticos (U = 4033, p = .026, n = 224), colaborar con un partido político (U = 3843.500, p = .006, n = 225) u organización (U = 3539.500, p = .002, n = 222) y participar en manifestaciones y protestas (U = 3902.500, p = .044, n = 219); y V) la valoración moral percibida al: colaborar con una organización (U = 3451, p = .001, n = 222), firmar documentos en señal de protesta física (U = 3571, p = .002, n = 222) o virtual (U = 3886.500, p = .018, n = 222) y participar en manifestaciones o protestas (U = 3916, p = .026, n = 221), huelgas (U = 3763.500, p = .016, n = 220) o algún foro o consulta (U = 3885, p = .007, n = 223). En todos los casos, con rangos promedio más elevados en quienes sí pertenecían a una organización.

Si se combinan estos resultados con los referentes a la asociación entre la pertenencia a una organización y la experiencia participativa, se puede comprender aún mejor la relevancia que éstas tienen para la construcción de democracia. Si quienes forman parte de una organización social suelen participar más que quienes no, y ello sucede con independencia de si se trata de acciones participativas institucionalizadas o no institucionalizadas, entonces, una manera de aumentar la participación política en nuestro país es apostar por una mayor cantidad de experiencia asociativa. O sea, promover más la pertenencia a organizaciones o colectivos sociales y, con ello la experiencia participativa. Además del presente, existen otros estudios donde se reporta que esta variable es capaz de incrementar por sí misma la participación (^{Houtzager, Lavalle, & Acharya, 2003}; ^{Martínez-Flores, Romo-Aguilar, & Córdova-Bojórquez, 2015}).

Esto podría atribuirse a que, cuando alguien forma parte de una organización, con independencia de su giro o labor, aumenta notablemente su conjunto de oportunidad para actuar en pro del bien común, o por lo menos del de algún grupo o colectivo en particular. En otras palabras, quienes pertenecen a una organización están más expuestos a este contexto o situación que quienes no.

Otra cuestión a resaltar es que quienes forman parte de una organización no necesariamente conciben a la participación como una actividad sencilla de llevar a cabo. De hecho, quienes pertenecían a una organización percibían en general a las acciones participativas como más costosas que quienes no, y a pesar de ello, participaban más. Así, habría por lo menos dos mecanismos sociales operando para que la participación política juvenil se manifieste: I) acciones individuales motivadas por una evaluación costo-beneficio y el deseo de maximizar la utilidad esperada, y II) acciones individuales motivadas por la búsqueda de satisfacciones de índole moral o social, y que se considerarían irracionales en el sentido de que aparentemente no representan un beneficio, o porque éste es menor que los recursos invertidos. Esta clase de comportamientos, que no podrían explicarse satisfactoriamente con el modelo estándar de elección racional, se entienden desde la TAR como producto de motivaciones irracionales, es decir son acciones no realizadas para maximizar la utilidad, sino por factores sociales o emocionales.

De hecho, en otros estudios se ha planteado que una forma efectiva de aumentar la participación política juvenil es haciéndola más atractiva, ya sea mediante su vinculación al alcance de determinados beneficios (motivaciones racionales) o a la oportunidad de experimentar emociones sociales y morales positivas (motivaciones irracionales) como la trascendencia, el orgullo, el sentido de pertenencia o la satisfacción de lograr metas comunes (^{Pérez-Verduzco, 2024}).

Por otro lado, cabe apuntar algunas distinciones identificadas con respecto al sexo. Primero, se hallaron ciertas diferencias en cuanto a la percepción del impacto social y la valoración moral de ciertas formas de participación institucionalizada (votar, colaborar con un partido u organización civil o participar en un foro o consulta ciudadana), aunque éstas fueron mínimas. Donde sí hubo mayores divergencias fue respecto a las formas de participación no institucionalizada (participar en una huelga, participar en una marcha o protesta, o firmar documentos en señal de protesta física o virtualmente), ya que en general, los hombres percibían a estas acciones como más costosas, beneficiosas y con mayor valoración moral y social que las mujeres.

Pero al hacer un análisis de contraste la prueba U de Mann-Whitney sólo halló diferencias significativas en el costo percibido al colaborar con una organización civil (U = 4622, p = .019, n = 215), y en el beneficio (U = 5068, p = .013, n = 221) e impacto social percibidos (U = 5157, p = .035, n = 222) al informarse de los acontecimientos políticos más relevantes, teniendo las mujeres rangos promedio más elevados en los tres casos. Según algunos estudios con perspectiva de género, las diferencias podrían deberse a características de la propia estructura social, que al ser patriarcal afecta a la forma en que mujeres y hombres construyen su ciudadanía y, por ende, en cómo la ejercen (^{Gilligan, 1993}). Estas diferencias ocasionaría que, por ejemplo, las mujeres tengan una mayor participación de corte prosocial (^{Velásquez, Martínez, & Cumsille, 2004}). Aunque no está de más recalcar que en esta investigación las diferencias han sido mínimas.

Por último, en cuanto a la variable de semestre, se apreció una preferencia del estudiantado más joven por acciones participativas no institucionalizadas, y la predilección del más avanzado por las institucionalizadas. Incluso, pareciera que conforme avanza su formación universitaria, percibieran a la participación institucionalizada cada vez más beneficiosa, con mayor impacto, y con mejor valoración social y moral. A su vez, el estudiantado de quinto y séptimo semestre percibían las acciones no institucionalizadas como menos costosas que sus pares de primero y tercero. No obstante, al hacer un análisis de contraste de medianas la prueba Kruskal-Wallis sólo identificó una diferencia estadísticamente significativa en la percepción de la valoración moral de participar en un foro o consulta ciudadana (H = 8.69, gl = 3, n = 226, p = .034), teniendo los de séptimo semestre rangos promedio más elevados (133.33) que los de primero (99.80).

CONCLUSIONES

El presente trabajo tuvo por objetivo analizar la percepción sobre diversas formas de participación institucionalizada y no institucionalizada en relación a cinco dimensiones: costo, beneficio, impacto social, valoración moral y valoración social. Además, se buscaba identificar la influencia de variables individuales en ambas formas de participación, así como la vinculación entre ellas y los diferentes tipos de acciones participativas analizadas con el fin de comprender mejor los factores que inciden en que éstas se lleven o no cabo. Uno de los hallazgos de la investigación ha sido la confirmación del voto como la acción participativa más popular, no sólo por tratarse de la más practicada y satisfactoria, sino también porque fue percibida como la más valorada social y moralmente.

Estas valoraciones se alinean con los resultados de otros estudios previamente referidos, sugiriendo que la cultura política mexicana aún conserva esa mezcla de características parroquiales y de súbdito que provocan una noción de ciudadanía limitada a la participación electoral. Lo llamativo en este caso es que se presenten resultados similares a los obtenidos en la población en general, en un estudio realizado en jóvenes universitarios y que en teoría estarían sensibilizados o concientizados sobre la relevancia del involucramiento ciudadano en los asuntos públicos.

Los resultados reflejan que de las diversas variables individuales que se estudiaron, la más importante para promover la participación política es la pertenencia a una organización, ya que ésta se encuentra bastante asociada a la experiencia participativa. Quienes forman parte de alguna perciben en general a las acciones participativas como de mayor beneficio e impacto social, y mejor valoradas social y moralmente, lo que fortalece el argumento de que pertenecer a esta clase de organizaciones contribuye a la construcción de ciudadanía.

Al parecer, la membresía a organizaciones (independientemente de su tipo) sería una vía para poner a las personas en contextos que facilitan la participación, aumentando así su experiencia participativa. Otro hallazgo relevante es que la mayoría de acciones se agruparan en el HJ-Biplot respecto al tipo de participación, es decir si éstas se expresaban de forma institucionalizada o no institucionalizada, indicando que la distinción existe no sólo en términos conceptuales, sino también a nivel perceptual. Y más importante aún, resultó identificar que estas divergencias en la percepción del estudiantado fueran hasta cierto punto irrelevantes para quienes pertenecían a una organización (si bien no en términos valorativos, sí en cuanto a la realización de las acciones), confirmando con ello la importancia de esta última en la participación política.

Los participantes del estudio se han comportado políticamente como lo prescribe la TAR, ya que mientras más beneficios, impacto social y valoración social y moral percibían en las acciones participativas, más las realizaban. Así, una de las contribuciones del artículo es que, aunque buena parte de la literatura sobre el tema asume la vinculación entre racionalidad y comportamiento político, son escasos los estudios que aporten evidencia empírica al respecto. Asimismo, se encontró que una parte de esta participación obedece más a factores de índole social o moral. Entonces, un porcentaje de las acciones participativas parecerían derivar de motivaciones racionales, y otras serían más bien atribuibles a aspectos emocionales.

Aunque la TAR es una perspectiva que, a diferencia de la TER, sí puede dar cuenta de estos fenómenos, no permite establecer en qué momentos o situaciones se presentará uno u otro. Lo único viable es explicar la existencia de estos mecanismos y cómo operan en la génesis de la participación política. La homogeneidad entre las valoraciones sociales y morales del estudiantado pareciera contradecir algunos aspectos de la TAR.

Aunque se tiene la sospecha de que este aspecto obedece a las características de su nivel de desarrollo moral (^{Kohlberg, 1992}), ni la perspectiva teórica elegida ni el diseño de investigación (y por lo tanto, sus resultados) proporcionan el sustento requerido para afirmarlo. En este sentido, futuras líneas de investigación podrían incorporar a su análisis la dimensión diacrónica para saber, por ejemplo, cómo afectan la edad o el ciclo vital a la participación. Sobre todo, porque aquí se vio que a medida que el estudiantado avanza en su formación profesional, pareciera preferir cada vez más la participación institucionalizada a la no institucionalizada.

Finalmente, otra limitación de la investigación es justamente, que se realizó en jóvenes universitarios, lo que imposibilita interpretar los resultados como datos representativos de la población en general. Aunque el estudio ha permitido identificar la influencia de algunas variables individuales en diversas acciones participativas, y abonar con ello a la comprensión de aspectos que promueven o facilitan la participación política, valdría la pena que futuros estudios incluyeran distintos grupos etarios para dotarlos de mayor representatividad y complementar los datos cuantitativos con información cualitativa derivada de entrevistas o grupos focales que permitan profundizar el análisis de este fenómeno sociopolítico.