Introducción

En las últimas décadas, en naciones latinoamericanas como Chile, Argentina, Uruguay, donde se han vivido dictaduras militares en las que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, se han erigido espacios de memoria encaminados a visibilizar y a resguardar sucesos históricos de gran relevancia para dichas sociedades. La constitución de estos lugares se ha insertado en políticas de la memoria encuadradas en un proceso de transición democrática, que ha ido de la mano también con procesos de justicia transicional. En México, el régimen político emanado de la Revolución Mexicana se distinguió por su nula capacidad de reconocimiento de la disidencia como una expresión sociopolítica legítima, de ahí que durante los años sesenta y setenta del siglo pasado se cometieran graves violaciones a los derechos humanos a través de diversas instituciones, una de las más destacadas fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947 y que fue durante décadas la policía política del régimen.

La DFS tuvo como sede -de 1972 hasta 1979- un edificio ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que fungió simultáneamente como oficina administrativa y como centro de detención ilegal de un número indeterminado de integrantes de la disidencia sociopolítica. En 2019, el Gobierno federal emanado del partido de centroizquierda, Morena, edificó ahí un sitio de memoria -es decir, un espacio en el que se desarrollaron graves violaciones a los derechos humanos y que al contar con una gran relevancia social, política, axiológica e histórica ha sido considerado como digno de ser preservado con la finalidad de enmarcar en el espacio público la memoria de dichos acontecimientos-. Esta edificación, además de ser un recinto memorístico es también sede de la Dirección General de Estrategias y Atención a los Derechos humanos (DGEADH), instancia que depende de la Secretaría de Gobernación (SG). De esta manera, Circular de Morelia 8 se convirtió en el primer espacio de memoria del país que años atrás fungió como un centro estatal de detención ilegal y clandestina. Pese a que este recinto es propiamente el primer sitio de memoria en México, otros espacios que no fueron centros de detención-desaparición han erigido una propuesta museográfica centrada en los movimientos sociales del pasado reciente y la respuesta represiva del Estado mexicano: el M68 -inaugurado en 2007- gestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Museo Casa de la Memoria Indómita, que abrió sus puertas en 2012, espacio administrado por el Comité Eureka y cuyo discurso estético, axiológico y político versa sobre el periodo de contrainsurgencia estatal, las desapariciones forzadas y a honrar la memoria de las víctimas de este delito y a las madres integrantes de esta organización (Autor, 2018).

El presente artículo tiene como objetivo analizar sociológicamente cómo se construyó Circular de Morelia 8; qué agentes sociales y políticos participaron en su constitución; qué intencionalidad axiológica y política ha perfilado su museografía; los problemas legales y políticos que han existido en su edificación y mantenimiento, así como el papel que desempeñaron algunos colectivos de familiares y sobrevivientes en este proceso. El trabajo está estructurado en cuatro apartados: en el primero, se expondrá el papel que desempeñó la DFS durante el periodo de contrainsurgencia estatal en los años setenta; en el segundo, se problematizará el nexo existente entre espacio, tiempo y memoria; en el tercero, se abordará qué ha caracterizado al proceso de rememoración sobre la violencia estatal en dichos años, además de analizar cómo se articuló el sitio de memoria Circular de Morelia 8; en la última sección se desarrollan las disputas por la memoria cristalizadas en torno a este recinto.

Lineamientos metodológicos

Se efectuaron cinco entrevistas en profundidad a agentes involucrados directamente en la construcción, mantenimiento y gestión de Circular de Morelia 8 con el fin de analizar la dinámica de articulación de este sitio, la intencionalidad y las limitantes existentes; también se llevaron a cabo ejercicios de observación participante durante varios recorridos. Finalmente, se hicieron entrevistas semiestructuradas a sobrevivientes de la violencia estatal que estuvieron ahí detenidos, así como a integrantes de organizaciones que han luchado por la aparición con vida de los desaparecidos de la fase de contrainsurgencia estatal. Este último grupo de entrevistas obedeció a la necesidad de conocer la visión de estos actores acerca de la propuesta memorística de este recinto, así como identificar las posibles disputas existentes alrededor de la construcción de la memoria de este periodo histórico.

El periodo de contrainsurgencia estatal en México y la DFS

El régimen político articulado tras la Revolución Mexi cana se caracterizó durante décadas por ser presidencialista, corporativo, clientelar y autoritario, amén de contar con un partido político que centralizó el poder político-electoral: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La falta de transparencia en las elecciones federales, estatales y locales, la ausencia de libertades políticas, así como el control corporativo de sectores sociales y productivos claves, como el obrero y el campesino, no impidieron la irrupción de numerosos movimientos sociales que buscaban democracia electoral y sindical, nuevos cauces legales de participación política, reparto de tierras, mejoras salariales y alto al autoritarismo. Frente a este gradiente de acción colectiva que desafió al régimen -que hacia la década de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado tuvo una gran efervescencia-, el sistema político mexicano desplegó diversos repertorios represivos. Me refiero al conjunto de mecanismos legales e ilegales cuyo propósito es desarticular a organizaciones y acciones colectivas de diverso calibre político cuya postura crítica y opositora al régimen le resultaban incómodos y, en ocasiones, eran vistos como una amenaza para el statu quo. Los repertorios represivos constituyen un amplio abanico de prácticas estatales que comprenden detenciones ilegales, violaciones al debido proceso, encarcelamientos, uso faccioso de la ley, golpes, tortura, violencia sexual y asesinatos. Los repertorios represivos obedecen a una racionalidad política autoritaria. El propósito de estos mecanismos desplegados por el Estado posrevolucionario era la cooptación, control y desmantelamiento de la legítima disidencia política. No sobra subrayar cómo la materialización de estos repertorios fue el sello definitorio del Estado mexicano frente a la oposición.

La cerrazón del sistema político mexicano, la crisis de legitimidad y la sistemática implementación de repertorios represivos -particularmente la coerción en contra del movimiento estudiantil de 1968- contribuyeron a que diversos militantes de izquierda optaran por tomar las armas como una vía de transformación política, social y económica. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 no sólo marcó la subjetividad y el rumbo político de la izquierda latinoamericana, sino que también representó un parteaguas en la redefinición de la política externa estadounidense en plena Guerra Fría. En enero de 1962, dentro de la administración del presidente Kennedy, se creó el Grupo Especial de Contrainsurgencia cuyo trabajo central era integrar a todas las agencias de seguridad a esta política exterior, además de desarrollar guías de acción política y militar, sobre todo en naciones subdesarrolladas donde las opciones socialistas podían tener más eco (^{Vicente, 2023}). Estos lineamientos resonaron en la política interna de México, donde el clima nacionalista y anticomunista nutrió aún más el autoritarismo del régimen, de ahí que de 1962 a 1975 fueran entrenados en Estados Unidos 738 oficiales con el objetivo de desarticular a las guerrillas (^{Klare & Stein, 1978}).

A los repertorios represivos desplegados por el Estado mexicano se sumaron nuevas modalidades, una de las más destacadas y con más potencial lesivo en términos políticos, memorísticos y emocionales fue la desaparición forzada, definida como la privación ilegal de la libertad de una o más personas, cometida por cualquier agente estatal en el que, además, la negación del paradero de las personas desaparecidas junto con la omisión de justicia profundiza la naturaleza lesiva de este delito. La ejecución de la desaparición forzada por parte del Estado mexicano implicó una nueva racionalidad política en la que ya no bastaba desarticular a los movimientos sociales, sino que el propósito era su eliminación. La desaparición forzada se convirtió en una herramienta de violencia estatal definitoria del periodo histórico de contrainsurgencia estatal en México durante los años sesenta hasta los ochenta, o sea, durante los sexenios de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid.

El despliegue de repertorios represivos exigió la organización de diversos grupos: el Ejército, grupos paramilitares -como el Batallón Olimpia que ejerció un rol notable en la matanza del 2 de octubre de 1968; los Halcones, cuya participación en la represión del 10 de junio de 1971 ha sido plenamente evidenciada; la Brigada Blanca, erigida por Miguel Nazar Haro en 1976 con la finalidad de eliminar al movimiento armado Liga Comunista 23 de septiembre (LC23S)-, policías locales y estatales. Además de golpes, amenazas, torturas, encarcelamientos ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos, el régimen implementó políticas sociales focalizadas mediante la participación militar -jornadas médicas, edificación de carreteras- en espacios de gran efervescencia sociopolítica, como en Guerrero, con el objetivo de restarle legitimidad y presencia sociopolítica a la guerrilla, así como modificaciones legales -como la tipificación del terrorismo en el Código Penal Federal, en 1970- con una clara intención de criminalizar la legítima disidencia sociopolítica (^{Vicente, 2023}). El diseño y despliegue de estos repertorios represivos requirió la coordinación y participación del Gobierno federal, los estatales y los locales, lo cual revela la participación de todo el Estado mexicano.

Entre las instituciones más prominentes en la ejecución de la violencia estatal, se encontraban la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la DFS. Ésta fue creada en 1947 durante el sexenio de Miguel Alemán y tenía como finalidad la protección del presidente de la República -de quien dependió directamente en su origen-, para posteriormente estar adscrita a la SG. La forma de reclutamiento de esta institución era por recomendación -inicialmente estuvo constituida por 10 notables egresados del Colegio Militar- y estuvo compuesta por policías de diferentes corporaciones (^{Aguayo, 2014}). La labor principal de la DFS era el espionaje político de cualquier manifestación crítica y opositora al régimen. Al interior de la DFS, el Grupo de Investigaciones Especiales C-047 se convirtió en el corazón de la lucha contrainsurgente.

Pese a su limitada capacidad analítica, este organismo creció de manera relevante: según ^{Aguayo (2014)}, para 1965 había 130 agentes, y para 1981 contaba con 3,000, dato que revela cómo para el régimen priísta el control, desmantelamiento y eliminación de la disidencia -armada o no- cobró a lo largo de las décadas una mayor relevancia. Esto es explicable en virtud del campo de confrontación erigido entre el Estado y los movimientos armados donde, al transcurrir del tiempo, ambos actores fueron radicalizando su postura, lo cual no obsta para resaltar la notable asimetría política, simbólica, económica y militar existente. A la par de la lucha contrainsurgente, los medios informativos -dado el férreo control ejercido por el Gobierno- desempeñaron un papel relevante al negar y descalificar a los movimientos armados, tildándolos de “terroristas” y con ello diluyendo su carácter sociopolítico. La lucha contrainsurgente provocó la desaparición de la guerrilla urbana y campesina hacia mediados de la década de los ochenta (^{Vicente, 2019}).

En 1985, la DFS desapareció fruto de las prácticas delictivas de sus integrantes -extorsión, secuestro y vínculos con el narcotráfico- y del desmantelamiento de la guerrilla. El ineludible papel desempeñado por la DFS en la etapa de contrainsurgencia debe ser analizado dentro de una política estatal dirigida hacia la disidencia, y no como un elemento accesorio o marginal. El despliegue de dicha política precisó de recursos institucionales, económicos, políticos, y por supuesto, espaciales. Así, el Campo Militar Número Uno, la Policía de Tránsito del Distrito Federal y la sede de la DFS fueron algunos de los más importantes centros de detención ilegal en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En el siguiente apartado se desarrollará teóricamente el vínculo íntimo entre espacio y memoria.

La corporeización de la memoria en el espacio público

La memoria es una esfera vital de reproducción social y es una fuente de sentido cuyas funciones vertebrales son la cohesión de los grupos humanos y la delimitación de fronteras entre el ellos y el nosotros, de ahí que alimente identidades y subjetividades. Junto con la historia, es una forma de vincularse con el pasado que cuenta con diferentes escalas: desde las políticas estatales -que a través de ella se busca legitimidad y el control de qué olvidar y qué recordar- hasta el ámbito intersubjetivo en la vida cotidiana. Como subrayó ^{Halbwachs (2008)}, la memoria es una construcción social que se caracteriza por su heterogeneidad, su naturaleza procesal, cambiante y, cabe agregar, por estar sellada por el conflicto y la disputa.

La rememoración es una práctica social que tiene varias dimensiones: política, axiológica, cultural, emocional y sensorial, normativa e instrumental, además de un carácter cognitivo: “las identidades y las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con las que pensamos. Como tales no existen fuera de nuestra política, nuestras relaciones sociales y nuestras historias” (^{Gillis, 1994: 5)}, es, por tanto, no sólo un dispositivo constituido sino también constituyente -de identidades, prácticas, formas de relacionalidad, significados, instituciones, estructuras- al fungir como una savia de conocimientos cuyo corazón es la experiencia interpretada. Para ^{Ricoeur (2010)}, “el dato del pasado es el recuerdo” (^{p. 56}), afirmación que trasluce cómo la memoria es una huella, un indicio de algo acontecido, y no es el pasado en sí.

^{Halbwachs (2004)} estableció que la memoria cuenta con tres constructos sociales que la articulan: tiempo, espacio y lenguaje. El primero, remite al establecimiento de calendarios y de fechas conmemorativas, donde el poder opera para valorar y determinar qué sucesos y personajes son dignos de recordar -o no-, cuándo y cómo. Así, calendarios y conmemoraciones representan hitos memorísticos. El vínculo que hay entre el recordar y el tiempo tiene que ver no sólo con que el pasado es un factor condicionante del presente, sino también con el hecho de que la memoria es, por definición, una representación del pasado efectuada desde las necesidades y deseos del presente; consecuentemente, hay una relación de mutua influencia entre ambos. El futuro constituye otro horizonte temporal ligado al pretérito en la medida que las expectativas proyectadas hacia tiempos venideros están moldeadas por la significación del pasado: “el recuerdo del pasado es también la esperanza del futuro” (^{Harvey, 2017: 206}). En suma, la memoria es una matriz de significados en la que se anudan temporalidades, lo cual muestra su maleabilidad.

La memoria precisa de la materialidad para expresarse y anclarse. Es así como edificios, museos, monumentos, libros, películas, fotografías, objetos, entre otros, constituyen actantes no humanos -entidades definibles y distin-guibles que fungen como operadores de la realidad y que, al interactuar con los agentes humanos los afectan, a la vez que son afectados, como virus, animales, lugares, cosas, ideas (^{Lussault, 2015})- que posibilitan la cristalización y preservación memorística. La relevancia de actantes no humanos en la rememoración se sintetiza en que las cosas evocan recuerdos y, a su vez, los recuerdos producen cosas, forjándose así un vínculo recursivo.

Los actantes, al ser materia en la cual se plasman significados, son objeto de percepción e interpretación, de ahí que detonen sensaciones, emociones, ideas y valores, o sea son subjetivados, hilvanándose así un proceso de subjetivación-objetivación. El espacio constituye un actante que, en imbricación con el tiempo, estructura la constitución y resguardo memorístico. El espacio es una construcción social, cultural, histórica y política que condiciona relaciones y prácticas, a la vez que es producto de ellas, tiene un plano material y otro simbólico -que están interrelacionados-. ^{Harvey (2017)} define el espacio a partir de tres dimensiones: el absoluto, el relativo y el relacional. El primero se refiere a una concepción euclidiana, al carácter fijo, medible y estable del espacio, a su ubicación, así como a la propiedad privada; el segundo remite a la movilidad que perfila al espacio, al cambio y al flujo de personas, bienes, capitales, así como a su carácter procesal; el tercero alude a las relaciones sociales, al poder y a la dominación -y se podría agregar a la resistencia-. El espacio en su expresión relacional tiene una naturaleza simbólica al englobar sueños, recuerdos, emociones y, consecuentemente, significados. Para Harvey estos tres niveles están conectados y sostienen una relación dialéctica, de ahí que afirme que el espacio no es por sí mismo ni absoluto, ni relativo, ni relacional, es la actividad humana lo que lo condiciona.

^{Halbwachs (2008)} reflexionó sobre el vínculo íntimo entre espacialidad y memoria, el cual es acorde con la concepción de Harvey sobre la dimensión relacional del espacio:

No hay memoria colectiva que no se despliegue en un marco espacial […] el espacio es una realidad que dura: nuestras impresiones se desplazan entre sí, nada permanece en nuestro espíritu, y no se comprendería que seamos capaces de reapropiarnos del pasado si no se conservara, en efecto, por el medio material que nos rodea. Es sobre el espacio, sobre nuestro espacio que debemos orientar nuestra atención; es sobre él que nuestro pensamiento debe fijarse, para que reaparezca tal o cual categoría de recuerdos (^{p. 200}).

La materialidad y relativa estabilidad del espacio contribuyen a la constitución y reproducción del rememorar. Esto es aún más claro al hablar de la memoria sobre sucesos políticos y sociales donde diferentes actores, con distintos intereses y racionalidades, buscan inscribir en el espacio público una visión del pasado. Siguiendo a Halbwachs en su noción espacial del recordar, ^{Nora (2001)} facturó el concepto de lugar de la memoria para aludir, en un principio, a los espacios donde ésta se refugia y posteriormente para referirse a toda unidad significativa -ideal o material- donde la voluntad de los agentes o el propio devenir histórico delinean el patrimonio memorístico de los grupos humanos. Este autor ya puntualizaba el carácter funcional, material y simbólico de los lugares memorísticos y señalaba que estos sitios denotan la tensión entre memoria e historia. Nora sostenía que estos lugares se erigen cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse.

En décadas recientes, el trabajo de ^{Jelin y Lagland (2003)} sobre la construcción de espacios memorísticos que versan sobre la violencia estatal perpetrada durante dictaduras militares y regímenes autoritarios en América Latina representa una referencia insoslayable. Jelin ha subrayado cómo la articulación de estos discursos espaciales está marcada por el conflicto donde intervienen diferentes agentes y ha enfatizado en que esta modalidad de sitios se distingue por su polisemia y por su naturaleza cambiante, tal como se señalará en las próximas páginas. En el siguiente apartado se expondrá una breve problematización sobre lo que ha distinguido a la construcción social y política de la memo-ria sobre la fase de contrainsurgencia estatal en México, además de analizar cómo se constituyó Circular de Morelia 8, la intencionalidad política y axiológica que la subyace y las limitantes existentes en su articulación.

La construcción del sitio de memoria Circular de Morelia 8: una política espacial contra el olvido

Las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de contrainsurgencia estatal han estado marcadas por la impunidad. En México, ha habido cinco instrumentos mediante los cuales se han investigado las graves violaciones a los derechos humanos en esa fase histórica, dos de los más relevantes son la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que operó desde 2002 hasta 2007, y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los Derechos Humanos de 1965 a 1990, formada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021. La primera se inscribe en el arribo a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2000. La falta de autonomía de la FEMOSPP -al estar adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR)- desembocó en prácticamente nulos resultados judiciales, pese al informe histórico efectuado, mismo que contó con varias versiones (^{Espinosa, 2023}). Tanto la femospp como la Comisión para el Acceso a la Verdad, se enmarcan en procesos de alternancia política en los que las necesidades de legitimidad y de desmarcarse de los gobiernos priístas han sido factores relevantes, además de ser un escenario de expectativas y reivindicaciones de memoria, verdad y justicia. Ambos instrumentos ilustran cómo los tiempos políticos del presente moldean al pasado.

La impunidad prevaleciente se acompañó de una política estatal del silencio -si bien desde los años setenta, movimientos sociales de familiares de desaparecidos, como el Comité Eureka fundado en 1977, enmarcaron a través de sus discursos y acción colectiva la violencia estatal en contra de la disidencia sociopolítica-. En las últimas décadas dicha política ha comenzado a quebrarse gracias al trabajo memorístico realizado por sobrevivientes, familiares de víctimas, periodistas, activistas de derechos humanos, escritores, cineastas y académicos. Recuperando a ^{Pollak (1989)}, se puede afirmar que la memoria del periodo de contrainsurgencia estatal ha sido una memoria subterránea que se ha opuesto al discurso oficial, rememoración que se ha configurado y reproducido mediante diversos canales de objetivación discursiva y gracias a la memoria intersubjetiva -aquélla labrada en las relaciones cara a cara-. Esto muestra cómo el despliegue de una política estatal del silencio no garantiza automáticamente el olvido, en la medida que ésta cuenta con fisuras por las cuales ciertos recuerdos van emergiendo en la esfera pública. Consecuentemente, la memoria no sólo es un dispositivo fundamental para el ejercicio del poder, sino también el olvido.

Desde su fundación, la DFS estuvo ubicada frente a la Plaza de la República, al centro de la Ciudad de México. Para 1972, la DFS comenzó a buscar una nueva sede, la cual sería un edificio ubicado en Circular de Morelia 8, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El edificio, que hasta entonces fungía como oficinas privadas, contaba con cinco pisos y su ubicación resultaba estratégica al localizarse en una zona cercana a la SG -ubicada en Abraham González- y a la Policía de Tránsito del Departamento del Distrito Federal -localizada en la zona sur del Centro Histórico, lugar donde también se realizaron graves violaciones a los derechos humanos- (véase Mapa 1). El arribo de la DFS representó un cambio en la dimensión relativa de este espacio (^{Harvey, 2017}) al generar modificaciones en las prácticas socioespaciales en esta parte de la colonia. Así, los lugares de estacionamiento vehicular destinados a los agentes de la DFS estarían localizados en calles aledañas -Guaymas y Cerrada de Guaymas- con el objetivo de que el propio aparcamiento del edificio siempre estuviera libre para la entrada y salida de autos que llevaban de forma clandestina a personas detenidas (Informante 1 de la DGEADH, entrevista personal, 14 de junio de 2023).

Fuente: elaboración propia, mapa base Open Street Maps y el marco geoestadístico de INEGI (2020).

Mapa 1 Ubicación del sitio de memoria Circular de Morelia 8 

Durante los siete años de estancia de la DFS en esta zona, esta edificación contó con un triple uso material, social y simbólico: fue sede de las oficinas de la DFS y de la Brigada Blanca, del archivo histórico de la DFS y fue un centro de detención-desaparición temporal. Así, mientras en el primer piso secretarias y mecanógrafas efectuaban sus deberes, en el quinto se tomaban fotos y datos de los detenidos, para posteriormente ser llevados a la azotea, donde los cuartos de servicio fungían como celdas provisionales. Los detenidos-desaparecidos podían permanecer durante varias semanas en espera de ser liberados o trasladados a otros centros de detención, como el Campo Militar Número Uno -en el Estado de México-, a la Cárcel de Lecumberri -al oriente de la Ciudad de México- o a la Estación de Granaderos de Tlatelolco -en la zona norte de la Ciudad- (Informante 2 de la DGEADH, entrevista personal, 28 de junio de 2023). Consecuentemente, en este edificio se realizaban prácticas socioespaciales legales, junto con otras ilegales y clandestinas -marcadas por las necesidades políticas de secrecía del régimen-. Retomando a ^{Harvey (2017)}, se puede sostener que la dimensión relacional de esta edificación remite a las relaciones de poder y de dominación entre agentes de la DFS y los militantes detenidos, así como a los significados atribuidos a este lugar por ambos actores.

De este modo, la movilidad en torno a este edificio, los usos sociales que tuvo, así como las relaciones de dominación ahí labradas revelan cómo la dimensión absoluta, relativa y relacional del espacio están entrelazadas y mantienen un vínculo de mutua influencia.

Un indicador de la intensa labor de espionaje y represión efectuados por la DFS durante esos años es el tamaño de su archivo, que ocupaba el segundo nivel de la edificación, acervo que cobró tal peso que terminó afectando la estructura del edificio, de ahí que hacia finales de los setenta esta institución se mudara a Plaza de la República, donde permaneció hasta su disolución en 1985 (Informante 3, de la DGEADH, 23 de junio de 2023).

Después de la salida de la DFS, el edificio siguió siendo propiedad gubernamental y sede de diversas instituciones públicas. Tras el triunfo electoral de Morena en 2018, la DGEADH, adscrita a la SG, allí se estableció. Para algunos funcionarios, el saber que dicha edificación había sido asiento de la DFS fue motivo para plantear la necesidad de efectuar ahí un marcaje memorístico:

La idea original era hacer como una red de marcas de la memoria tomando en cuenta Tlaxcoaque, Plaza de la República 20, obviamente Tlatelolco, y aquí. Querían hacer una suerte de mamparas o algo que estuviera de forma física, que dijera qué había pasado en dicho lugar, y aquí en este edificio, hacer un museo. Cuando me incorporo, este proyecto ya se había echado a andar, ya había algunos proveedores con los que se había comprometido, ya estaba un poco apalabrado el tema del recurso con la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas (CEAV), pero no había tanta vinculación con los colectivos de sobrevivientes y de familiares. Fue chistoso, porque una de las razones por las que me incorporo, porque yo no quería trabajar con el Gobierno, fue que estaba José Reveles y que está la posibilidad de erigir un sitio de memoria. Yo venía del Instituto Mora, ahí está Silvia Dutrénit, ahí desde hace mucho tiempo se habla de espacios de la memoria, políticas de represión, entonces cuando llegué, hablé con Reveles y dije “bueno, en realidad creo que lo que queremos hacer es un sitio de memoria, es decir, no vamos a perforar paredes, no se trata de tirar todo y de construir algo nuevo, al contrario, lo que tenemos que hacer es preservar el espacio y en tal caso montar museografía sobre el espacio que lo explique, ¿no?, pero sin alterar el espacio porque ésa es la evidencia que tenemos que mostrar y preservar (Informante 3 de la DGEADH, entrevista personal, 23 de junio de 2023).

Para la edificación de este sitio de memoria resultaba fundamental contar con la anuencia del entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien dio su aprobación. Una parte importante en este proceso fue dialogar con los actuales vecinos sobre el proyecto memorístico. Algunos de ellos mostraron su apoyo, además de expresar su miedo e incomodidad cuando el edificio era ocupado por la DFS (Informante 3 de la DGEADH, entrevista personal 23 de junio de 2023); en tanto otros manifestaron su rechazo:

[…] se tergiversó por parte de los vecinos. Se tuvieron varias reuniones con ellos para explicarles de qué se trataba; recientemente llegó un vecino a visitar el sitio y dijo “lo que nosotros no queremos es que en la marcha del 2 de octubre vengan aquí a protestar”. Y le dije: “¿qué tiene que ver el 2 de octubre con el sitio de memoria?, lo cual te da la dimensión de la ignorancia de las circunstancias (Informante de la DGEADH, entrevista personal, 12 de junio de 2023).

La construcción de este espacio implicó contar con la colaboración de historiadores especialistas en la época de contrainsurgencia estatal -Camilo Vicente y Rubén Ortiz-, quienes se encargaron de desarrollar el contenido de las mamparas. Asimismo, se entabló contacto con sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La inauguración del sitio fue el 10 de junio de 2019, fecha emblemática en la historia sociopolítica reciente de México, en la que se conmemora el aniversario de otro episodio de violencia estatal, el Halconazo. Por ende, la construcción de este sitio no se cimentó en un solo marco social de la memoria -el espacio- sino también en el encuadre temporal (véase Fotografía 1).

Fuente: elaboración propia. Al centro, el sitio de memoria Circular de Morelia 8. Fotografía tomada el 23 de junio de 2023.

Fotografía 1 Sitio de memoria Circular de Morelia 8 

Así, funcionarios de la DGEADH al liderar este proyecto, han fungido como emprendedores de memoria (^{Jelin, 2002}), o sea, agentes involucrados, mediante ideas y acciones, en la construcción y mantenimiento de un espacio memorístico y que, además, comprometen a otros actores en dicho esfuerzo, de forma tal que se gestan jerarquías, división social del trabajo y mecanismos de control por parte de los emprendedores. Para algunos de ellos la edificación de este lugar ha representado abrir una agenda pública sobre el tema de la memoria de la violencia estatal en el pasado reciente, tópico ausente en la campaña electoral y en el primer proyecto gubernamental del presidente López Obrador (Informante 5 de la DGEADH, entrevista personal, 2 de junio de 2023). Actualmente la agenda en materia memorística -relativa al periodo de contrainsurgencia estatal- se articula en la eventual aprobación de una Ley de Memoria, a nivel federal, y en el trabajo de la Comisión de la Verdad.

El proceso de edificación y conservación de Circular de Morelia ha estado sellado por varios problemas y limitantes. Si bien este recinto ha sido ya reconocido por la sg como un sitio de memoria al haber sido un centro clandestino de detención-desaparición temporal (^{Diario Oficial de la Federación, 2024}), no cuenta con recursos económicos propios, al depender directamente de la DGEADH. Otro de los problemas concierne al clima de incertidumbre que sus emprendedores viven al no saber si el sitio continuará existiendo en el futuro, al estar condicionado a los cambios en la coyuntura y a la voluntad política y administrativa de los altos funcionarios de la DGEADH (Informante 5 de la DGEADH, entrevista personal, 3 de junio de 2023; Informante 6 de la DGEADH, entrevista personal, 3 de junio de 2023). Esta situación cobra un mayor peso al considerar cómo la colonia Roma desde hace años ha estado envuelta en un intenso proceso de gentrificación. Así, la dimensión relativa del espacio (^{Harvey, 2017}) concerniente al flujo de capitales, bienes y servicios en la zona, puede representar una amenaza para este recinto. La eventual aprobación de la Ley de Memoria podría otorgar certeza legal a este espacio, en la medida en que dicha propuesta establece la responsabilidad de los diversos niveles de gobierno en la construcción y resguardo de sitios memorísticos (^{Secretaría de Gobernación, 2023}).

Por otro lado, la estructura museográfica del lugar se ha erigido a partir de dos vectores: el testimonio de algunos ex militantes de movimientos armados que estuvieron detenidos en este edificio y la investigación historiográfica. Cabe señalar que el sitio de memoria es exclusivamente el sótano, mismo que fungía como estacionamiento que, para entonces, estaba dividido en dos rampas: una de entrada y otra de salida, y por las que transitaban los autos con detenidos encapuchados. Ambas pendientes son referentes espaciales para sobrevivientes que pasaron por este edificio al recordar la bajada del automóvil, y una vez que descendían, experimentaban el cambio de temperatura en el estacionamiento (Informante 1 de colectivos, entrevista personal, 18 de julio de 2023). Además de las rampas, familiares de desaparecidos que estuvieron en la sede de la DFS buscando a los suyos, rememoran el elevador de doble puerta, rasgo no común en los edificios gubernamentales de la época (Informante 3 de la DGEADH, entrevista personal, 23 de junio de 2023). Estos dispositivos espaciales representan hitos memorísticos gracias a la experiencia corporal en el espacio, donde los sonidos, la termorrecepción, los aromas, y en algunos casos imágenes que se atisbaban tras la capucha, formaban una parte ineludible de la experiencia del encierro.

Si bien para los emprendedores de Circular de Morelia 8 toda la edificación es un sitio de memoria, solamente el sótano funge como tal. De este modo, el edificio cuenta con un doble uso material y simbólico al ser, simultáneamente, sede de oficinas gubernamentales y espacio memorístico, lo cual le imprime a este lugar varias capas de significados. Cabe puntualizar que los emprendedores de este sitio son funcionarios de la DGEADH.

La visita al sitio comienza en lo que fue la rampa de entrada al estacionamiento, en donde se encuentran lonas con contenido histórico sobre movimientos sociales emblemáticos de la lucha contra el régimen posrevolucionario, donde uno de los emprendedores de memoria inicia la visita guiada. Ya en pleno sótano, se halla un conjunto de mamparas con información histórica sobre el periodo de contrainsurgencia estatal, la DFS y un par de fotografías de personas desaparecidas (véase Fotografía 2). La primera es de Francisco Mercado -detenido en el edificio de la DFS en febrero de 1977 y militante de la LC23S- y la segunda es de Ana María Parra -quien junto con tres de sus hijos sigue desaparecida y que militó en el Movimiento de Acción Armada (MAR) y en la LC23S-. En la fotografía de Mercado se observan algunas características físicas, aún presentes, del quinto nivel del edificio -piso, zoclo, parte de las paredes-, mismas que constituyen indicios materiales de la detención ilegal de este militante en el edificio. Lo anterior ilustra cómo un sitio de memoria que fue un espacio de tortura y detención constituye un palimpsesto urbano (^{Huyssen, 2003}) en el que se encuentran capas espaciales que se sobrescriben. Así, es posible afirmar que todo palimpsesto espacial es también un palimpsesto temporal en el que se entreveran los diferentes usos materiales, sociales y simbólicos de un lugar en el transcurso del tiempo. Como apunta ^{Jelin (2002)}, la edificación de espacios de memoria supone agregar una nueva capa espacial y de sentido a un lugar de por sí cargado de historia, recuerdos, significados políticos e individuales. Cabe subrayar cómo Circular de Morelia 8 es un espacio de memoria no sólo para sobrevivientes de la violencia de Estado, sino también para perpetradores, ex trabajadores de la DFS y familiares de desaparecidos. Siguiendo a ^{Harvey (2017)}, se puede sostener que el plano absoluto de esta edificación ha cobrado nuevos relieves no sólo a partir de las relaciones sociales y políticas labradas ahí décadas atrás, sino también en virtud de la construcción del sitio de memoria.

Fuente: elaboración propia. Fotografía tomada el 23 de junio de 2023.

Fotografía 2 Sitio Circular de Morelia 8, antes sótano del edificio sede de la DFS 

Otra parte de la estructura museográfica se encuentra al fondo del sótano, donde hay dos pequeñas habitaciones, en una de ellas se encuentra la fotografía de José Ignacio Olivares -de la LC23S, asesinado por agentes estatales, cuyo cuerpo fue abandonado en Guadalajara, Jalisco-, además de actantes no humanos (^{Lussault, 2015}), específicamente charolas y credenciales de agentes pertenecientes a la DFS, además de pequeños recuadros alusivos a las diversas formas de tortura ejecutadas por la DFS. Asimismo, hay cuadros que llevan los nombres de algunas de las víctimas del periodo de contrainsurgencia estatal. En el segundo cuarto también hay fotografías de otras víctimas. La museografía fue realizada por Cinthia Bernal y Alfonso Zárate (Informante 1 de la DGEADH, entrevista personal, 14 de junio de 2023).

Como todo espacio memorístico, este sitio se articula a partir de los tres marcos sociales de la memoria analizados por ^{Halbwachs (2004)}: espacio, tiempo y lenguaje. La dimensión espacial evidentemente se refiere a la misma materialidad del edificio y a partir del uso político y social previo; el lenguaje objetivado en el sitio no sólo es de carácter escrito en mamparas, sino también verbal a partir del discurso histórico y político desarrollado por los guías del recorrido; en tanto que el plano temporal se condensa en toda la propuesta discursiva centrada en reflejar la dinámica represiva en México durante décadas.

Este tipo de recintos representan marcajes espaciales donde sus emprendedores despliegan una intencionalidad política, axiológica y emocional, la cual está condicionada por las necesidades del presente. Los espacios de memoria son interpretados por numerosos receptores que, al contar con un perfil etario, de clase, género, étnico, axiológico, político y cultural heterogéneo, son significados de forma diversa. Estas interpretaciones tampoco son estáticas, cambian a lo largo del tiempo. De este modo, sobrevivientes de la violencia estatal, victimarios, familiares de desaparecidos, activistas -y el público en general- significan estos lugares en virtud de su especificidad experiencial, lo cual permite advertir el carácter dinámico y polisémico de estos sitios.

La construcción y mantenimiento de los espacios de memoria son una expresión de la agencia desplegada por sus emprendedores, o sea, de la capacidad de ejercer un relativo margen de libertad para labrar en el espacio una visión política, moral, estética y social sobre sucesos del pasado. Así, ¿qué intencionalidad política y axiológica subyace a Circular de Morelia 8? Al respecto habla uno de sus artífices:

La idea del sitio, en estricto sentido, no era rendir homenaje a las víctimas, sino mostrarle a la sociedad cómo es que se organizó la represión en México, ¿cuál es la estructura de la represión? ¿quiénes fueron los represores? Señalarlo, con nombre y apellido, puestos, fotografías y demás. No queremos que el lugar se convierta en un mausoleo, que se osifique. De hecho, así está pensado, parte importante de la museografía la ocupa la descripción de la DFS y de las estructuras represivas, y evidentemente hay que decir a quién se reprimió y por qué se reprimió. Lo que nos interesa mucho es romper con el discurso victimal […] la categoría de víctima lo que ha posibilitado a un conjunto social muy amplio es poder articularse y poder articular demandas de justicia, pero también ha desplazado subjetividades anteriores. Tú pudiste haber sido una líder feminista muy combativa, con capacidad de organización, viene la represión y actualmente entonces no se te nombra como activista, organizadora o líder, sino como víctima, ¿por qué? Porque lo único que se reconoce es el hecho victimizante con la represión. La idea es poner en cuestión ese discurso victimal, un poco quebrarlo, para que en ese quiebre reaparezcan las subjetividades que han quedado subsumidas bajo la categoría de víctima […]. En algunas reuniones que hemos tenido con colectivos (de sobrevivientes y familiares de desaparecidos de ese periodo histórico) la voz, casi unánime, era “no somos víctimas, no nos nombren así, no nos reconocemos como víctimas, somos ex militantes y, en dado caso, pues dígannos como una especie de peticionarios de justicia o demandantes de justicia” (Informante 5 de la DGEADH, entrevista personal, 2 de junio de 2023).

Las disputas por la memoria como batallas por la legitimidad

Como se señaló, en el proceso de constitución del sitio de memoria, sus emprendedores entablaron contacto con sobrevivientes y colectivos de familiares de desaparecidos de los años setenta. Organizaciones de larga trayectoria sociopolítica, y con un notable capital político y moral, como el Comité Eureka, y ex integrantes de movimientos armados fueron buscados para dar su testimonio (Informante 3 de la DGEADH, entrevista personal, 23 de junio de 2023; Informante 6 de la DGEADH, entrevista personal, 2 de junio de 2023). La relación con esos actores resultaba fundamental en aras de acuñar un elemento medular para todo marcaje memorístico: la legitimidad política y axiológica, como señala Da Silva: “las memorias se legitiman en la experiencia, en lo sufrido, en el sentimiento de comunidad, que puede avalar un testimonio con la misma legitimidad que las letras de un libro” (^{2003: 89}).

Una fuente de desacuerdo entre los funcionarios de la DGEADH y las organizaciones tuvo que ver con un problema transversal a la construcción de espacios memorísticos: la representación. Esto remite a que toda práctica de rememoración supone un ejercicio selectivo y discriminatorio que, en el caso de los memoriales, encierran diversas interrogantes: a quién representar; qué sucesos son dignos de recordar y cuáles no; cómo hacerlo, con qué recursos estéticos; quiénes cuentan con legitimidad para hablar, ¿acaso sólo las víctimas?, ¿cómo plasmar en el espacio el dolor de familiares y de sobrevivientes?, ¿cómo materializar al ausente, al desaparecido?, ¿qué y quién deberá quedar fuera del relato memorístico? En el caso de Circular de Morelia 8, algunos ex integrantes de movimientos armados solicitaron que se plasmara el tema de la tortura (Informante 3 de la DGEADH, entrevista personal, 23 de junio de 2023); para otros, los protagonistas del sitio debían ser los militantes de la guerrilla y no otros activistas de izquierda (Informante 5 de la DGEADH, entrevista personal, 2 de junio de 2023). El siguiente testimonio de uno de los directivos de un espacio de memoria no institucional -dedicado a preservar la memoria de la violencia estatal en los años sesenta y setenta, así como de la lucha de familiares por la aparición con vida de los desaparecidos- refleja los desacuerdos existentes sobre la museografía:

La exposición se pone aparte y entonces el sitio de memoria es otro lugar. Cuando se tenga todo el estudio, entonces sí, yo te invito a que conozcas, a que hagas el recorrido: “mira, esto es lo que quedó del estacionamiento, aquí pasó esto, aquí llegaban los automóviles y las patrullas, aquí había cuartos donde se torturaba, donde se hacían interrogatorios, aquí arriba estaban las oficinas de tal y tal, aquí arriba era otro tipo de calabozo, otro tipo de encierro”. Me parece que el sitio tiene muchos detalles, por ejemplo, esto de poner las fotografías de las víctimas sin poner una vitrina adecuada y luego poner las placas de los policías, ésas sí están bien cuidadas, a mí me parece que las fotografías se pueden manchar. Esto me parece un poco una falta de respeto, ¿no? Yo quiero saber: aquí algo pasó, aquí hay algo que tenemos que saber. Una falta de respeto, porque las víctimas, nuestros desaparecidos ahí están en fotografías puestas porque ni siquiera están pegadas, ahí están, los visitantes las pueden agarrar, si quieren les pueden pintar bigotitos, o cuernitos, ¿no? Y después tienen una cantidad de mamparas que te explican perfectamente bien muchas cosas. No es posible que tú tengas las fotografías de nuestros desaparecidos, las tengas como “ah, ahí están”, expuestas como tarjetitas que la gente puede llevarse de recuerdo. Eso me parece falta de respeto (Informante 2 de colectivos, entrevista personal, 20 de agosto de 2023).

Este comentario -sobre la falta de protección a las fotografías de los desaparecidos, en comparación con las placas de los agentes de la DFS- ilustra el tema de la representación memorística: qué actantes deben ser resguardados y, con ello, qué sucesos y personajes deben ser resaltados; lo cual supone un problema de ponderación política y axiológica. El testimonio, además, contrasta con la intencionalidad subyacente a la museografía que uno de los emprendedores del sitio mencionaba: Circular de Morelia 8 no busca rendir homenaje a las víctimas, sino representar la estructura represiva del régimen priísta (Informante 5 de la DGEADH, entrevista personal, 3 de junio de 2023). Asimismo, el hecho de que este informante sea, en el ámbito no institucional, también un emprendedor de memoria sobre el mismo periodo histórico abordado en el sitio, conduce a pensar sobre una posible lucha por la legitimidad memorística: “peleas por el prestigio, envidias personales, posiciones políticas antagónicas, diversas emociones y construcción de victimización siempre estarán presentes. […] Lo local con sus memorias, no se cierra sobre sí mismo, sino que muestra diversos caminos y luchas de agentes que pretenden monopolizar la versión legítima de lo ocurrido” (^{Da Silva, 2003: 91}). Así, toda disputa por la memoria es una lucha entre diversos actores por la visión del pasado, y por tanto, es una batalla simbólica y política donde los espacios memorísticos cumplen un rol fundamental.

Además del problema de la representación, otra fuente de desacuerdo entre los gestores del sitio de memoria y algunos colectivos concierne al peritaje no efectuado en el edificio. Este punto reviste de una gran importancia en la medida en que un estudio técnico contribuye a contar con evidencia sobre los delitos cometidos en el lugar, misma que resulta vital en la consecución de justicia y en la construcción histórica y memorística. Así, el Comité Eureka ha reclamado que espacios represivos del régimen priísta -como las Islas Marías, que formaban parte de la red penitenciaria hasta 2019- y Circular de Morelia 8 hayan estado sujetos a cambios físicos sin peritaje (Informante 3 de Colectivos, comunicación personal, 29 de agosto de 2023). Cabe puntualizar que si bien el edificio ha vivido modificaciones en su dimensión absoluta (^{Harvey, 2017}), esos cambios se efectuaron antes de la construcción del sitio de memoria y en parte han obedecido a las necesidades funcionales del lugar, que a lo largo del tiempo ha seguido siendo sede de instancias gubernamentales. La ausencia del peritaje ha sido reconocida por los mismos constructores del sitio, situación frente a la cual se ha argumentado que dada la premura por inaugurar el recinto -y ante la inexistencia de una agenda política de memoria-, la prioridad era la edificación del espacio como un primer paso para impulsar una política de la memoria, la verdad y la justicia sobre el pasado reciente (Informante 3 de la DGEADH, entrevista personal, 23 de junio de 2023; Informante 5 de la DGEADH, entrevista personal 2 de junio de 2023).

Para otros sujetos, Circular de Morelia 8 y la postura gubernamental en materia memorística tiene varios matices, como lo dice esta integrante del Colectivo Híjar, organización que, antes de la edificación del sitio, erigió en el parque de enfrente una placa -que fue vandalizada- en la que se señalaba cómo este edificio fue un centro de detención clandestino:

Lo que nosotros valoramos hasta la fecha es que nos cuesta mucho identificar a ese equipo maravilloso de Circular de Morelia con el Gobierno mexicano. Nosotros les damos todo el crédito a ellos, como equipo serio, comprometido, informado, coherente. Le dijeron a mi papá: “queremos hacer esto aquí, necesitamos que venga a hacer un recorrido y nos diga de lo que se acuerde, cuando estuvo detenido”. Nosotros les dijimos: “vamos a volver a poner la placa, necesitamos que si ustedes tienen seguridad pues estén ahí a las vivas y nos ayuden con eso”. Fue una muy buena relación con el equipo. Seguimos insistiendo que ni con la Secretaría de Gobernación, ni con el Estado, confiamos, estamos llenos de evidencias, de experiencias históricas, no sólo de este caso, sino de todos los que hemos estado cerca, de la impunidad (Informante 4 de Colectivos, entrevista personal, 18 de julio de 2023).

Organizaciones como el Comité Eureka han expresado: “no queremos monumentos, queremos a nuestros familiares (Informante 5 de Colectivos, comunicación personal, 29 de agosto de 2023); integrantes del Comité del 68 han pronunciado que ”los sitios de memoria del Gobierno federal no representan a la memoria popular” (Informante 6 de Colectivos, comunicación personal, 29 de agosto de 2023); mientras que miembros de H.I.J.O.S México han apuntado que hay una “instrumentalización de la memoria”, además de subrayar que “en México nos encontramos ahora donde sí a la memoria, pero no a la justicia” (Informante 7 de colectivos, comunicación personal, 29 de agosto de 2023). Estas manifestaciones de descrédito político y axiológico tienen como trasfondo dos factores: por un lado, la impunidad prevaleciente en las graves violaciones a los derechos humanos -tanto las del pasado, como las del presente- y, por otro, el notable peso político y económico que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le otorgó al Ejército mexicano en su administración, institución que, como se mencionó, ha sido uno de los principales violadores de los derechos humanos.

Subyacente a las discrepancias sobre Circular de Morelia 8 -y en general sobre la política de memoria- está la legitimidad y la hegemonía, donde la construcción de un capital político y moral para un Gobierno que pretende desmarcarse del régimen anterior resulta medular. En su interpretación del concepto gramsciano de hegemonía, ^{Roseberry (2002)} reflexiona:

Propongo que utilicemos ese concepto no para entender el consenso sino para entender la lucha: las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. Lo que la hegemonía construye no es entonces una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos. Este marco común material y significativo es en parte discursivo: un lenguaje común o manera de hablar sobre las relaciones sociales que establece los términos centrales en torno de los cuales (y en los cuales) puede tener lugar la controversia y la lucha (^{p. 220}).

Para Roseberry, la hegemonía no es un bloque ideológico cerrado, monolítico y lineal, sino un proceso cultural y político en formación. Es un lenguaje hilvanado y compartido entre sectores dominantes y subalternos. La hegemonía, por ende, no es una ideología compartida, sino un marco común material y significativo sellado por la lucha y la disputa. Con base en esta concepción, se puede aseverar que la memoria representa un marco común material y significativo donde tanto el Estado como diversos agentes -sobrevivientes, colectivos de familiares, activistas de derechos humanos, victimarios- recurren al espacio público para inscribir en él una visión del pasado -desde las necesidades particulares del presente y las expectativas del futuro-. El carácter procesal que Roseberry hace sobre el concepto de hegemonía es acorde con la afirmación de ^{Halbwachs (2004)}: hay tantas memorias como grupos sociales, recuerdos que, además, se distinguen por su naturaleza heterogénea, viva e inconclusa.

De esta forma, Circular de Morelia 8 representa un primer ejercicio desde el Estado por grabar espacialmente la memoria del periodo de contrainsurgencia. En la actualidad sus emprendedores han logrado darle visibilidad y legitimidad internacional gracias a que el recinto forma parte de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), amén de buscar su difusión e institucionalización mediante la fundación de un consejo consultivo -compuesto por diversos sectores sociales.

Conclusiones

La DFS fue una institución clave en la violencia estatal ejercida en contra de la disidencia sociopolítica a finales de los años sesenta e inicios de los ochenta en México. Los repertorios represivos desplegados constituyen graves violaciones a los derechos humanos que hasta la fecha siguen impunes. La construcción del sitio Circular de Morelia 8 representa un lugar de gran importancia al haber fungido como sede administrativa de dicho organismo, sede de su archivo histórico y al haber sido un centro de detención-desaparición temporal. Con base en ^{Harvey (2017)} se ha planteado cómo el que fuera un lugar en el que se realizaban actividades legales, junto con ilegales, la movilidad detonada en su interior y alrededor, así como las relaciones de dominación entabladas entre agentes de la DFS y miembros de la disidencia, constituyen las tres dimensiones analíticas del espacio, las cuales están interconectas. El hecho de que actualmente este edificio sea un sitio memorístico le otorga nuevos relieves materiales, políticos y simbólicos, nuevas capas de sentido, tornándolo en un palimpsesto urbano (^{Huyssen, 2003}) articulado por lo espaciotemporal.

La construcción de este recinto estuvo condicionada por el arribo al Gobierno de un partido de centro-izquierda que ha pretendido deslindarse del autoritarismo del régimen posrevolucionario. La edificación de este sitio, junto con la discusión sobre la eventual aprobación de la Ley de Memoria, a nivel federal, y la instauración de la Comisión de la Verdad forman parte de una política estatal de la memoria y, como tal, ilustran el vínculo recursivo entre pasado y presente. Cabe destacar que en la Ciudad de México se ha aprobado una Ley de Memoria cuyo objetivo es abrir los archivos históricos de la represión a la ciudadanía en general, además reconocer institucionalmente la figura de sitios de memoria como lugares para resguardar la memoria de los sucesos marcados por la violencia estatal y para honrar a las víctimas (^{Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 2023}).

La articulación de Circular de Morelia 8 ha estado sellada por el conflicto. La impunidad reinante y el otorgamiento de facultades económicas y políticas al Ejército han detonado cuestionamientos sobre la labor de esta administración en materia de memoria-verdad-justicia por parte de colectivos y militantes de izquierda.

La memoria no sólo cuenta con un carácter expresivo - como nutriente de identidades y subjetividades sociales y políticas- sino también instrumental al ser una fuente de legitimidad y de capital político y moral. En este artículo se ha afirmado cómo la memoria se inscribe en dinámicas hegemónicas al ser un campo material y significativo hilvanado entre sectores dominantes y subalternos donde hay una disputa por el pasado, y, por tanto, por el presente -y hasta por el futuro.

Los espacios memorísticos, al materializarse en el espacio público contribuyen a su construcción, al tiempo en que forman parte de él. Su articulación está atravesada por una intencionalidad política, axiológica y pedagógica, situación que posibilita señalar que no hay neutralidad valorativa. Una pregunta pertinente es: ¿basta el espacio como terreno de inscripción para erigir un discurso sobre el pasado reciente sellado por la violencia estatal? Al respecto habla ^{Huffschmid (2012)}:

No procuro una ontología esencialista del lugar, como si éste fuera la última instancia de verdad o autenticidad. Pero sí sostengo que los lugares y su materialidad son o pueden ser soportes que implican o evocan un saber específico, generan otro tipo de ruido semiótico que irrumpe en la indiferencia flotante de nuestro espacio público, una tentativa de resistencia, inclusive ante el borramiento y la banalización. […] ello vale también para aquellos otros lugares de memoria, que no fueron escenarios del terror […] porque también los espacios simbólicos, como el Memorial del Holocausto en Berlín, tienen un poder significante que trasciende el discurso verbal. Y justamente, creo yo, porque involucran la mirada, el cuerpo, la experiencia espacial de quienes lo transitan, lo transmitamos hoy en día (^{p. 387}).

Si bien el espacio no habla por sí solo, representa un recurso de gran valor, lo cual explica el porqué es objeto de disputa -al igual que la memoria-. Cabe destacar que, pese a que los agentes pretendan transmitir un determinado relato del pasado, eso no asegura que de esa misma forma vaya a ser decodificado, ni mucho menos que no exista la posibilidad de la indiferencia. Además, la edificación de estos lugares no sustituye el hacer justicia. Así, atrás de la construcción de este tipo de sitios existe el riesgo de un proceso de fetichización del espacio en el que se enmascaren las relaciones políticas y sociales subyacentes a su labor constitutiva.

Estudiar espacios memorísticos precisa también considerar la forma en que son percibidos e interpretados: las sensaciones, emociones, ideas y valores que potencialmente pueden gatillar en los visitantes, partiendo de la premisa de que el recorrido de estos sitios es también una experiencia corporal, con lo cual estudios de percepción a los visitantes de estos lugares -empleando técnicas de investigación cualitativas y/o cuantitativas- constituyen una veta de exploración analítica pertinente.