Introducción

En México, las relaciones entre los empresarios organizados y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la pandemia de coronavirus han cobrado relevancia porque se han producido confrontaciones entre ambos actores en un momento especialmente neurálgico, con una aguda crisis sanitaria como telón de fondo que, además de los costos humanos, está teniendo graves consecuencias a causa del encierro obligado, sobre todo para la economía y el empleo, y por lo tanto, sobre la pobreza y las desigualdades.

Muchos de los grandes empresarios mexicanos no simpatizaron con AMLO desde su primera candidatura a la presidencia, incluso tuvieron fuertes enfrentamientos con él. Sin embargo, ante su incuestionable triunfo electoral, algunos de los que habían sido sus principales adversarios reconocieron el triunfo y buscaron un acercamiento con el nuevo presidente. Éste, a su vez, no sólo promovió el diálogo con los pequeños empresarios, a los que siempre consideró sus aliados, sino con los más grandes. Se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y, con más frecuencia, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el cual firmó un Acuerdo entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial para promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, el 13 de junio de 2019. Con este acuerdo:

El sector privado se compromete a colaborar con el gobierno para que las acciones que genere el sector público para dar confianza a la inversión permitan elevar de 17.5% del PIB [producto interno bruto] en 2018 a 20% del PIB la inversión privada en los siguientes dos años, así como a colaborar y participar en proyectos públicos que eleven la inversión pública de 2.8% del PIB en 2018 a 5% del PIB (^{Gobierno de México y CCE, 2019}).

Prometeo Lucero ( Antes del confinamiento, algunos negocios motivaron a la población a quedarse en casa, Ciudad de México, marzo de 2020.

Esa organización cúpula, el CCE, es la principal interlocutora del sector privado con el gobierno; agrupa a las grandes confederaciones y asociaciones de todos los sectores de la actividad económica. Aunque los encuentros iniciales entre las grandes organizaciones y el presidente denotaron un esfuerzo de entendimiento y aceptación, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, fue un duro golpe para los empresarios. Esta decisión permanece aún como uno de los principales desacuerdos (^{García, 2018}).

Durante la crisis del coronavirus han tenido lugar diversos desencuentros entre los empresarios y el gobierno, o mejor, entre ellos y el presidente, ya que aquéllos mantienen buenas relaciones con varios secretarios clave para la economía. Algunos de los desacuerdos y temas de la confrontación que marcan el periodo y serán examinados en este artículo son los siguientes: a) la cancelación de la construcción de la cervecería Constellation Brands; b) la carta del presidente López Obrador a Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, en la que le solicita ayuda para cobrar sus obligaciones a empresarios deudores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la respuesta de éste; c) la reacción a las medidas sanitarias y económicas del gobierno para enfrentar la crisis; d) el surgimiento del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena); e) el anuncio de un plan de apoyo financiero del CMN y el programa del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y f) el llamado Acuerdo de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), que frena el desarrollo de energías renovables.

La información para este análisis está basada en fuentes hemerográficas y en entrevistas realizadas entre septiembre de 2019 y junio de 2020, por vía telefónica y a través de plataformas digitales, con 40 empresarias y empresarios de varias regiones del país, que desempeñan actividades económicas de diversa índole y tamaño.

La cancelación de la construcción de la cervecería Constellation Brands

Con base en una consulta polémica, convocada por el presidente López Obrador, y con los votos de 27 973 personas -es decir, 76% de los participantes en la consulta, equivalente a 3.5% del padrón electoral de Mexicali-, el 23 de marzo de 2020 se informó que la planta que construye la cervecera estadounidense Constellation Brands en Mexicali, Baja California, con una inversión de 1 500 millones de dólares y una capacidad de 10 millones de hectolitros de cerveza, que se destinarían principalmente al mercado de California, no podrá operar porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no dará los permisos pendientes para que entre en funcionamiento (^{Expansión Política, 2020a}). Aunque la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez, anunció que el gobierno vería “las opciones para subsanar los daños causados a esta empresa” (^{Expansión Política, 2020a}), la decisión provocó un fuerte descontento entre los empresarios y se sumó a otros diferendos que se presentaron después. Por este motivo, vale la pena presentar el caso de manera sumaria.

Constellation Brands es la tercera empresa cervecera más grande de Estados Unidos y comercializa las marcas Modelo y Corona en ese país. Desde 2016 anunció sus planes de inversión en México, y un año después comenzó una disputa por el agua con agricultores y campesinos en esta región, así como con miembros de la organización de la sociedad civil Mexicali Resiste, quienes acusaron a la empresa de no contar con permisos de uso de suelo y de que consumiría 20 millones de metros cúbicos anuales de un agua que pertenecía a los agricultores locales y a la población de la ciudad y el Valle de Mexicali.

Las protestas por la construcción de la obra llevaron a la confrontación de los activistas con las fuerzas armadas, a bloqueos y otras formas de manifestación. En enero de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) convocó a una reunión con autoridades ambientales federales, estatales y municipales, legisladores, científicos y técnicos del agua en esa región, la empresa Constellation Brands y población en general. En esa reunión, la directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, señaló que el Valle de Mexicali enfrenta importantes retos para utilizar el agua de manera responsable, dado que se extrae más agua de la que se recarga. Por su parte, la empresa Constellation Brands declaró que la operación de la cervecera no afectaría los recursos hídricos disponibles para Mexicali, de 82 millones de metros cúbicos al año (^{Expansión Política, 2020a}).

En febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación por presunta “violación al derecho humano al agua, derivada de la construcción y operación de la planta cervecera” (^{Expansión Política, 2020a}; ^{CNDH, 2020a}):

La recomendación no se limita a investigar si hay o no capacidad hídrica para la instalación de una cervecera en Mexicali, sino que asume la defensa del derecho al agua prioritariamente para consumo personal y doméstico, que debe cuidarse estrictamente en una zona desértica y con decreto de veda, por lo que no puede hacerse abstracción del contexto en que una empresa privada pretende hacer uso del agua (^{CNDH, 2020b}).¹

El 3 de marzo, el presidente López Obrador informó que la Semarnat había resuelto que se hiciera una consulta para saber si esta planta cervecera debería entrar en operaciones o no. Cuando se le presentó el argumento de que con esta consulta se establecería “un mal precedente” porque se afectaría la inversión, el presidente respondió que “el mal precedente” ya se había sentado cuando, “sin tomar en cuenta a la gente”, se otorgaron los permisos. De acuerdo con la prensa:

López Obrador pidió en ese momento a los inversionistas extranjeros y empresarios que [actuaran] con ética: “¿Qué pasaba antes? Venían y veían a México como tierra de conquista, sobre todo las empresas españolas: ‘Vamos, porque ahí sí estamos bien parados; tenemos buenas influencias, hacemos y deshacemos; ahí está el negocio, ahí está el negocio lucrativo’. No, ya eso no lo podemos permitir” (^{Expansión Política, 2020a}).

Para el 20 de marzo, el presidente de México y la directora de la Conagua comunicaron que la consulta pública para decidir el futuro de esta empresa se realizaría el 21 y 22 de marzo. Ante los resultados de la consulta, en la que los pobladores votaron contra la empresa cervecera, el CCE emitió un comunicado en el que mostraba su completa inconformidad y declaraba lo siguiente:

La decisión del Gobierno Federal de negar los permisos subsecuentes de Conagua […] es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México [...]; el Gobierno Federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y [...] con ello afectará a la población más vulnerable de México, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar (^{CCE, 2020a}).

El CCE afirmó también que la democracia tiene reglas y Constellation Brands había cumplido con todos los permisos y obligaciones que el Estado le había solicitado, y por lo tanto, no existía ninguna razón que justificara la cancelación de la obra o de la inversión; aseguró que se trataba de una inversión privada y extranjera con todos sus permisos en regla, y a punto de concluirse, pues el proceso estaba ya muy avanzado, y que la decisión era también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Además, el organismo empresarial advertía que la discusión sobre el uso del agua en Mexicali había sido manipulada con datos incorrectos por los activistas y por autoridades mal intencionadas; la planta en cuestión utilizaría sólo 0.2% de los recursos hídricos de la localidad y contaría con mecanismos para tratar el agua utilizada y devolverla para uso agrícola:

La supuesta consulta no tuvo ningún sustento jurídico, ya que se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y en consecuencia no puede ser vinculante [...]; sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5% de los ciudadanos (^{CCE, 2020a}).

El CCE descalificó la consulta porque, además, se realizó en un contexto que atentaba contra la política de sana distancia, en un momento en el que se pedía que las personas no salieran de sus casas para evitar la propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19). Asimismo, insistió en que en ningún lugar del mundo un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal podía decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales, y por ello advertía que las consecuencias de esta decisión no sólo afectarían a los habitantes de Mexicali, sino al país entero. De acuerdo con este organismo cúpula de los empresarios: “la señal que México manda al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo” (^{CCE, 2020a}). Para concluir, manifestaba que en un contexto internacional de crisis, en el que México necesita más que nunca de la inversión privada, “el daño generado al futuro de nuestra economía es incalculable” (^{CCE, 2020a}).

Todos los organismos empresariales se inconformaron con la decisión del gobierno, y con ellos el descontento fluyó a la mayor parte de los empresarios de México. Sin duda, esta medida abonó al desacuerdo que mantienen los empresarios con el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador. En las entrevistas que realizamos por vía telefónica y a través de plataformas digitales en diversas regiones de México, muchos empresarios, sobre todo los más grandes y con cargos de responsabilidad gremial, aludieron al caso de Constellation Brands al hablar de los grandes problemas de México y declararon que uno de los mayores males de este país es la falta de Estado de derecho, que estaría relacionado con el problema de la justicia, y en este punto se refirieron a las repercusiones que ello tiene sobre la inseguridad en México, que no sería sólo física, sino también jurídica.

Las cartas entre el presidente de México y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial

Uno de los momentos que llevaron al mayor distanciamiento entre el CCE y el gobierno de López Obrador en la coyuntura del coronavirus comenzó a partir de la conferencia matutina del 8 de abril, cuando el presidente informó que 15 grandes empresas adeudaban al SAT al menos 50 000 millones de pesos por multas y recargos; enviaría la lista de esos grandes contribuyentes deudores al presidente del CCE, Salazar Lomelín, y le pediría ayuda para hablar con los dueños de las empresas. Si éstos pagaban al menos una parte de su adeudo, el gobierno tendría recursos para otorgar más créditos a un millón de pequeños negocios familiares (^{Animal Político, 2020}). Aunque Salazar Lomelín se había mantenido muy cercano al presidente López Obrador, su respuesta al recibir la carta es una muestra de la escalada de confrontación que tendría lugar durante la pandemia. En su carta de contestación, que se hizo pública, el líder lamenta profundamente:

Que la búsqueda honesta y decidida de soluciones a los importantes problemas económicos y sociales de México nos puedan llevar a tener diferencias profundas en las formas [...]; es una pena que en el ánimo de ayudar y proponer, se haya llegado a afectar la confianza que yo pensaba que habíamos construido, con múltiples muestras de acciones de colaboración en beneficio de México (Salazar Lomelín, citado en ^{Loret de Mola, 2020}).

El presidente del CCE se dice asombrado por la carta en la que se le pide ayuda “para cobrar supuestos adeudos de compañías” al SAT; insiste en que no tiene atribuciones para algo semejante y explica que, como eso implicaría violar la ley, “por principio personal” le resultaba imposible hacerlo, pero que, con el ánimo de no romper el diálogo y la colaboración, estaba dispuesto a ayudar, y como si el presidente no lo tuviera presente, le recuerda: “lo he apoyado en repetidas ocasiones, como con el diferendo de los gasoductos, con el plan de infraestructura, con el aumento sustantivo de los salarios de los trabajadores, con el problema de los migrantes [y] con la consecución del Tratado con Estados Unidos y Canadá” (Salazar Lomelín, citado en ^{Loret de Mola, 2020}). Para finalizar, deja la puerta abierta:

Aprovecho este medio para reiterarle nuestro llamado a que usted y yo trabajemos juntos nuevamente para lograr un gran acuerdo entre el gobierno, los trabajadores, el sector social, y los empresarios; y a que pongamos en marcha un plan de acción de 90 días, con medidas concretas que nos permitan hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia [de] Covid-19 (Salazar Lomelín, citado en ^{Loret de Mola, 2020}).

Sin embargo, como veremos, ese plan de acción propuesto por el CCE no se llevaría a cabo y las relaciones con el presidente se interrumpirían durante varios meses.

La reacción a las medidas sanitarias y económicas del gobierno para enfrentar la crisis

Sin duda, la pandemia puso a prueba el entendimiento y la cooperación entre estos actores sociales a partir de dos temas: la respuesta del gobierno en materia sanitaria, con la disposición oficial de que se suspendieran las actividades económicas no esenciales a partir del 26 de marzo, y el anuncio del presidente de las medidas económicas que adoptaría el gobierno para enfrentar el problema.

La apreciación general que tienen los empresarios de la respuesta del gobierno federal al problema sanitario es que fue tardía y contradictoria, porque no coincidían las informaciones y recomendaciones del Ejecutivo federal -quien al principio sugería salir y abrazarse, y siempre aparecía en público sin tapabocas- y las de la autoridad de salud, que recomendaba cuidarse. De acuerdo con las entrevistas que realizamos, los empresarios piensan que no se aprovechó tan rápido como era posible la experiencia y el desfase de otros países afectados por la pandemia antes que México. Sostienen que en muchos casos y regiones las reacciones de la sociedad civil, los empresarios y los gobiernos de varios Estados fueron más rápidas. No obstante, reconocen que, conforme trascurrió el tiempo, las acciones gubernamentales federales en cuanto al reforzamiento de los hospitales, camas, equipos e infraestructura cobraron importancia.

En el marco de estas disposiciones oficiales sobre salud se ubica el conflicto del presidente con su controvertido aliado Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca, uno de los empresarios más acaudalados de México, quien, por medio del conductor de televisión Javier Alatorre, hizo un llamado a la población a no hacerle caso al subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en torno a las informaciones y disposiciones oficiales sobre la pandemia, lo cual, en pocas palabras, convocaba a mantener abiertos los negocios que se dedican a actividades no esenciales. Además, sus tiendas Elektra se mantuvieron abiertas, cuando sólo estaban autorizadas por el gobierno de la Ciudad de México a mantener el servicio bancario y de recepción de remesas, por ser actividades esenciales en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. Sin embargo, este conflicto fue minimizado por el presidente de México, tanto de palabra como en los hechos, al invitar a Salinas Pliego -y ser acompañado por éste- a su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.²

Prometeo Lucero ( Tlapalería en la Ciudad de México coloca una película de plástico para evitar el contacto físico con los clientes, abril de 2020.

Sin embargo, las medidas económicas del gobierno federal, y en particular las del presidente, son las que provocaron la mayor decepción y descontento entre todos los empresarios, y no sólo de sus líderes. En vísperas del anuncio que haría el Ejecutivo federal sobre las medidas que adoptaría el gobierno para la reactivación económica, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) envió una carta firmada por su presidente, Francisco Alberto Cervantes Díaz, en la que expresa que ante la contingencia por la Covid-19 se requerían acciones prontas, en el marco de un programa integral que incluyera el apoyo a las empresas para evitar que cerraran (^{Saldaña, 2020}). Al mismo tiempo, y en igual dirección, Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, hizo un llamado al presidente de México a reconsiderar su postura para frenar la recesión y calificó de imposible el pago total de impuestos y contribuciones fiscales que las autoridades exigían en momentos en los que no había ingresos. Días después, propuso un programa directo para que el gobierno pagara los salarios por cierto tiempo, creara estímulos fiscales y emprendiera medidas contracíclicas (^{Gutiérrez, 2020}).

Para hacer frente a la pandemia de Covid-19, el CCE propuso al gobierno de México diez medidas “contundentes e inmediatas” para contrarrestar el decrecimiento vertical de la inversión, “apoyar a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos” (^{Expansión, 2020a}). Organizó su propuesta en cinco bloques principales: 1) asegurar la liquidez en el mercado interno; 2) estimular el consumo privado; 3) facilitar y estimular la inversión privada; 4) elevar el consumo y la inversión del sector público, y 5) dar señales positivas a los mercados internacionales (^{Expansión, 2020a}).

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por su parte, consideró que el presidente había dejado pasar “mucho tiempo valioso” y que éste se agotaba; le exigió “no desperdiciar más tiempo” y aplicar las medidas propuestas por los empresarios para reducir la crisis económica, con el objetivo de evitar la disminución de la inversión, promover el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y preservar el empleo. Aclaró que los empresarios y empresarias no pedían que se eliminaran impuestos: “lo que demandan del gobierno para preservar la liquidez de miles de empresas es la ampliación de los plazos de cumplimiento. Que ningún trabajador se quede sin sueldo porque se debió pagar primero los impuestos” (^{Índigo Staff, 2020}).

En las entrevistas que sostuvimos con empresarios de varias regiones y ramas de la actividad económica, cuando les preguntamos por las medidas adoptadas por el gobierno, prefirieron guardar silencio o sonreír. Casi todos contestaron que no había habido medidas económicas. Además, mostraron mucha molestia por la polarización que se fue generando a lo largo del tiempo. Los que tienen inversiones en otros países, o están informados de las respuestas de distintos gobiernos, hicieron comparaciones muy desfavorables para el gobierno de México. En relación con el anuncio de que se apoyaría con 25 000 pesos a las muy pequeñas empresas, desestimaron que esa cantidad pudiera servir de algo a cualquier empresa, por pequeña que fuera, y más bien afirmaron que ese apoyo era para la supervivencia de los sectores más pobres, pero no estaba dirigido ni siquiera a los microempresarios.

En algunos casos, contrastaron la actitud y el apoyo que les brindaron los gobernadores de algunos estados, en general no morenistas,³ como los de Guanajuato y Zacatecas, donde se invirtió una parte del impuesto estatal a la nómina de los trabajadores para respaldar a las empresas para que sostuvieran los sueldos de los trabajadores por algunos meses, o se otorgaron créditos para apoyar a las pequeñas industrias para mantener el empleo y evitar el cierre definitivo de las empresas. Aunque esos apoyos fueran insuficientes ante la magnitud del problema, para los empresarios eran una muestra de respaldo que apreciaban.

Los empresarios aspiraban a que el gobierno jerarquizara las prioridades frente a la contingencia. Incluso lo presionaron a hacerlo: 2 000 empresarios del norte del país se reunieron de manera virtual con los gobernadores de los estados fronterizos, constituidos por Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, a los que se sumaron los de Michoacán y Zacatecas, para proponer al presidente la cancelación de las inversiones destinadas a la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y destinar esos recursos para reactivar la economía puesta en crisis por la pandemia (^{Infobae, 2020}).

El Frente Nacional Anti-AMLO

Aparte de las organizaciones empresariales, y con un perfil de clara confrontación, bajo el liderazgo de Gilberto Lozano, un antiguo director del Grupo Alfa y ex director de la empresa Fomento Económico Mexicano, conocida como Grupo FEMSA, de Monterrey, en abril de 2020 surgió el autonombrado Frena, un movimiento que bien puede ubicarse en el contexto de la aparición de muchos otros movimientos de extrema derecha en el siglo XXI, tanto en Europa y Estados Unidos como en Latinoamérica. Lozano había fundado poco antes el Congreso Nacional Ciudadano, que se anunciaba como una “organización ciudadana apartidista que busca derrumbar el sistema político mexicano para ir al México nuevo” (^{Illades, 2020}). El objetivo básico del Frena es hacer dimitir al presidente López Obrador por medio de la presión social, sobre todo de las clases medias urbanas, y de la presencia en medios de comunicación y redes sociales. Ya en un video del 22 de marzo, que se hizo viral, Lozano le dijo al presidente: “te veo inepto, te veo incapaz, te veo cínico y te veo traidor [...]. Yo te pido que si todavía tienes dignidad mañana presentes resultados, no esfuerzos” (^{Durán, 2020}). Junto a Lozano, entre los integrantes e impulsores del Frena más conocidos están los comunicadores Pedro Ferriz de Con y Rafael Loret de Mola; así como Juan Bosco Abascal Carranza y Pedro Luis Martín Bringas (^{Montes de Oca, 2020}).

El 9 de mayo, el empresario Martín Bringas aceptó liderarlo. En un mensaje difundido en YouTube, este empresario afirmó que el Frenaa es un grupo...

integrado por la iniciativa pública en el que convergen personas de todos los partidos políticos, empresarios, clases sociales y sectores del país.

“Así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes, profesionistas, queremos que el Frena sea el detonante para que antes del 1 de diciembre [de 2020], el señor López Obrador se vaya a su casa y a su país” (^{Expansión Política, 2020b}).⁴

Según la prensa, Martín Bringas es uno de los accionistas minoritarios de Soriana y se encuentra distanciado, en calidad de consejero suplente, no titular, de quienes conforman el Consejo de Administración (^{Soriana, 2020}); y no toma decisiones en la empresa (^{Montes de Oca, 2020}). Desde varios años antes, Martín Bringas había hecho pronunciamientos públicos a favor o en contra de políticos. Durante las elecciones de 2018, cuando era integrante del Consejo de Administración de Soriana, apoyó públicamente a Ricardo Anaya, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, y acusó al entonces presidente Enrique Peña Nieto de difamar al abanderado de la coalición Por México al Frente (^{Vergara, 2012}).⁵ El Frena ha realizado varias marchas y protestas a bordo de vehículos en las grandes ciudades y en algunos de los lugares que son visitados por el presidente, a quien muchos de los participantes de la red consideran un dictador comunista. Una de sus fuentes de proselitismo es a través de WhatsApp, en las redes sociales, donde se pide la formación de pirámides como en las ventas multinivel.⁶ Por su parte, Soriana había sido acusada de realizar convenios millonarios -otorgados por gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Grupo Soriana- para repartir tarjetas con la finalidad de comprar votos a favor de Peña Nieto. En un video publicado en YouTube en junio de 2018, el empresario de Saltillo acusó también a los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox.⁷

Con un discurso contradictorio y poco consistente, pero contundente; sin mucho contenido ni coherencia, pero desenfrenado, el Frena recupera el anticomunismo de la vieja derecha católica y hace pensar en la emergencia de una nueva derecha, que no puede ocultar su homofobia, misoginia y xenofobia (^{Barranco, 2020}).

El anuncio de un plan de apoyo financiero del Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest

Los empresarios no sólo reclamaron que no hubiera habido ningún apoyo, sino que incluso no se aceptara su contribución. Por ejemplo, por las reacciones al anuncio público del CMN y el BID Invest sobre el lanzamiento de un plan de apoyo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a 30 000 micro, pequeñas y medianas empresas de México con créditos hasta por 12 000 millones de dólares (Expansión, 2020b). Este tema generó una fuerte controversia entre el CMN y el presidente porque, sin consultárselo a este último, el anuncio comentaba -o así fue interpretado- que el programa contaba con el respaldo de la Secretaria de Hacienda.

El presidente López Obrador señaló: “ese aval no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Y además no me gusta mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes” (^{El Financiero, 2020}). También lamentó que “los empresarios sólo vean al gobierno como un agente que palomea decisiones y no como un participante y vigilante de los acuerdos” (^{El Financiero, 2020}).

Ante lo cual, el presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena, aclaró:

Creo que es ahí donde estuvo la confusión; el presidente una vez que vea el programa completo le va a gustar, porque es complementario, adicional […]; es un esfuerzo de la iniciativa privada para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de todos los esfuerzos que se están haciendo, como el mismo Banco de México y los programas del gobierno federal (^{Redacción AN/GS, 2020}).

Del Valle Perochena explicó que no hay ningún aval de la Secretaría de Hacienda ni de ninguna institución pública en este programa, porque está basado en recursos privados para empresas privadas y no se incrementa la deuda del sector público con esta medida (^{Redacción AN/GS, 2020}). El CMN y el BID Invest aclararon que al señalar que el programa cuenta con el respaldo de Hacienda se hacía referencia a que la dependencia, como todos los países miembros, es accionista del BID, y aunque no se necesita su “aval”, previamente dio el visto bueno al considerar que el programa es un incentivo para las cadenas de valor. El presidente del CMN también indicó que es “impreciso decir que Hacienda está avalando, porque no es así, está respaldando como accionario del BID y como autoridad máxima financiera del país. No hay aval crediticio alguno porque no hay recursos del gobierno, no se incrementa la deuda del país, es una operación privada” (^{Carbajal, 2020}). Esta negativa del gobierno a respaldar una iniciativa del sector privado -es decir, que no había surgido del gobierno- generó malestar y abonó al deterioro de la confianza y la colaboración.

El Acuerdo de Confiabilidad de la Secretaría de Energía que frena el desarrollo de energías renovables

El 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en respuesta a la baja demanda de electricidad provocada por la pandemia de coronavirus. Para las empresas privadas mexicanas y extranjeras, para las embajadas de varios países con inversiones en México, para los gobiernos de 15 entidades federativas y para las agrupaciones ambientalistas, estas medidas, cuya vigencia es indefinida, tendrán un impacto negativo en la rentabilidad y la viabilidad de muchos proyectos eólicos y solares, en el medio ambiente y en la salud de los mexicanos, y por lo tanto, están actuando para revertirlas.

El 15 de mayo, la Sener dio a conocer un Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (^{Segob, 2020}), el llamado Acuerdo de Confiabilidad, con el que se busca justificar y ofrecer un fundamento legal a las medidas del ^{Cenace (2020)}. Las disposiciones establecen que, a partir del 3 de mayo de este año, “quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las centrales de generación eléctrica intermitente” -las centrales solares y eólicas- y se dará preferencia “al despacho de centrales eléctricas no intermitentes” -las que maneja la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- (^{Segob, 2020}).

Los principales efectos de estas medidas son dos: 1) las plantas de generación intermitente que aún no hayan realizado pruebas preoperativas no podrán comercializar la electricidad que generen en el SEN, y 2 el Cenace podrá limitar el comercio de todas las fuentes de generación que a su juicio pongan en riesgo la estabilidad del SEN, en cuyo caso las centrales intermitentes serán las más afectadas. Estas fuentes de energía son mayoritariamente de empresas privadas, muchas de ellas extranjeras.

Ante estas medidas, el CCE, como representante de las 12 organizaciones empresariales de México, así como la American Chamber-México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, hicieron un llamado al gobierno a revocar el Acuerdo de Confiabilidad publicado el 15 de mayo (^{Segob, 2020}), el cual, según advierten, violenta el Estado de derecho y atenta contra la legalidad y la certeza jurídica. Además, aclaran que con este acuerdo la Sener usurpa facultades e incide ilegítimamente en las reglas del sector energético de México y las condiciones de competencia. Exhorta a que el gobierno respete el marco jurídico y los instrumentos y tratados internacionales. Previene que ese acuerdo afecta los derechos de los generadores renovables, de los consumidores y de todos los participantes en el SEN. Según el CCE, esta decisión tiene graves consecuencias para México, desde la pérdida de empleos y de confianza de los inversionistas, hasta de los proyectos eléctricos de todas las tecnologías en muchos estados de la República, los cuales representan inversiones de más de 30 000 millones de dólares (^{CCE, 2020a}).

También la Concamin y la Coparmex publicaron comunicados en los que criticaron el decreto de la Sener y la CFE, porque, según su declaración, impediría en la práctica la inversión nacional y extranjera en proyectos de energías renovables y afectaría la generación de empleos “en aras de querer avanzar en el equilibrio entre la energía renovable y la no renovable”, y mandaría un mensaje negativo y contradictorio en cuanto a la certidumbre en las inversiones internas y del exterior. Para la Coparmex, el decreto constituía una acción “temeraria” que podría ahuyentar la inversión del país (^{Sin Embargo, 2020}).

Aparte del descontento de las organizaciones empresariales, miembros de la Delegación de la Unión Europea en México manifestaron su “profunda preocupación” por la decisión del gobierno federal de suspender por tiempo indefinido el arranque de las operaciones de algunas plantas de energías renovables y limitar la generación de las centrales eólicas y fotovoltaicas en operación. Para defender los intereses de los inversionistas extranjeros, 18 embajadores y un encargado de negocios de los países de la Unión Europea enviaron una carta a la Sener, en la que manifiestan que la disposición del ^{Cenace (2020)} amenaza con desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, lo que afectaría en forma negativa 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República, y pondría en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6 400 millones de dólares (^{Notimex, 2020a}). Asimismo, la Embajada de Canadá en México informó que la entrada en vigor de ese acuerdo pone en riesgo inversiones canadienses de 450 millones de dólares y la creación de más de 1 000 empleos (^{Notimex, 2020b}).

Prometeo Lucero ( Durante los primeros meses de confinamiento, establecimientos suspendieron la venta de bebidas alcohólicas, 2 de mayo de 2020.

Además de las embajadas, siete gobernadores del Noreste y Occidente de México⁸ crearon un frente común y se reunieron en Parras, Coahuila, el 22 de mayo, para exigir al presidente la cancelación definitiva del Acuerdo de Confiabilidad de la Sener, porque “restringe los proyectos de energías renovables, lastima la confianza de los empresarios y viola el Acuerdo de París, en el que México se compromete a combatir el cambio climático. Asimismo, se reservaron el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano” (^{Energía a Debate, 2020}). También la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN)⁹ difundió su rechazo a este acuerdo, que va contra la tendencia mundial de privilegiar las energías limpias.

Existen diversas críticas que coinciden en varios puntos con la posición de las organizaciones empresariales. Entre ellas destacan las de las organizaciones ambientalistas, que también rechazan las nuevas disposiciones contenidas en el Acuerdo del ^{Cenace (2020)}. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace e Iniciativa Climática de México, entre otras organizaciones, advirtieron en un comunicado que con ello se frena la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía, sin justificación técnica ni jurídica (^{La Jornada, 2020}).

Diversas iniciativas ecologistas consideran que invocar el tema de la Covid-19 y la caída de la demanda, para implementar este acuerdo, tiene un sustento endeble y es más bien un pretexto que encubre otras razones. Sostienen que, en el fondo, la caída de la demanda de energía eléctrica provocada por la suspensión de actividades y el encierro forzoso durante la pandemia colocan a las centrales de la CFE, cuyas tecnologías son antiguas, en una situación de incompetencia frente a la eficiencia y el costo más bajo de las energías renovables; de donde deducen que lo que hace el Acuerdo del ^{Cenace (2020)} es bloquear estas energías renovables y limpias, como son la solar y la eólica, en su mayoría desarrolladas y operadas por inversionistas privados, al impedir las pruebas preoperativas y la entrada en operación de nuevas centrales eólicas y solares, porque, según su razonamiento, son más baratas que las energías convencionales y sacarían de la competencia a la CFE. Para los ambientalistas, este problema proviene en gran medida del vínculo entre la electricidad y el petróleo en México. Sostienen que, como el gobierno ha apostado por las energías fósiles - es decir, por la refinación de petróleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando en todo el mundo esa actividad se está reduciendo y orientando hacia las nuevas energías limpias-, pretende refinar más combustóleo, un residual de la refinación, el más sucio y contaminante que existe por su alto contenido de azufre - más de 4%- (^{Europa Azul, 2020}). Por lo tanto, el gobierno quiere dar salida a este combustóleo, que no tiene dónde vender, hacia las centrales eléctricas que estaban a punto del retiro, para producir más energía eléctrica desde el Estado. De esta manera, el Acuerdo del ^{Cenace (2020)} favorece a Pemex, por cuanto le asegura la compra continua de su combustible por la CFE, en una coyuntura en la que los precios internacionales del petróleo y los ingresos de Pemex se han reducido de manera importante.

Para el gobierno de López Obrador, la reforma energética emprendida por el gobierno de Peña Nieto,¹⁰ que abrió el sector a la competencia, no ha cumplido con sus propósitos y expectativas: el precio de la electricidad no ha bajado y la producción petrolera no ha aumentado, a pesar de la presencia de capital privado. Pero además de las consideraciones técnicas y económicas, algunos analistas de la prensa afirman que existen factores históricos y políticos en las biografías del presidente López Obrador y de Manuel Bartlett, el director de la CFE, marcadas por la expropiación de la industria petrolera en 1938 y de la industria eléctrica en 1960, y por sus posiciones en diferentes frentes en torno a la defensa de las industrias paraestatales. Ambos, durante el proceso de reforma energética, se opusieron y acusaron al presidente Peña Nieto de “traidor a la patria” por abrir la energía a la inversión privada. Esta coalición ideológica de López Obrador y Bartlett, marcada por el nacionalismo económico y la soberanía energética, explicaría el esfuerzo de fortalecer a las grandes empresas paraestatales del sector energético (^{Cullell, 2020}).

De acuerdo con lo anterior, está claro que, “como [López Obrador] se comprometió a no derogar la reforma energética, su Gobierno ha impulsado un cambio de modelo por la puerta de atrás para reforzar a las paraestatales” (^{Cullell, 2020}), y sin cambiar la ley, ha buscado fortalecer a las dos grandes empresas energéticas paraestatales que han venido decayendo y tienen grandes pérdidas, agravadas por la paridad cambiaria: Pemex, por su grave endeudamiento, sus yacimientos cada vez más difíciles y costosos y su menguante producción, y la CFE, por tener precios fuertemente subsidiados y por ceder progresivamente una parte de su mercado a las energías renovables, mayoritariamente en manos de inversionistas privados nacionales y sobre todo extranjeros.

El problema es que, con el Acuerdo de Confiabilidad, el presidente se enfrenta al marco legal y el aumento de la desconfianza de los empresarios. Sus acciones han provocado muchas demandas judiciales de las empresas afectadas, con lo que se ha logrado la suspensión temporal o permanente de los cambios. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo, presentó un recurso de constitucionalidad bajo la consideración de que se está vulnerando el principio de competencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la nueva política por tiempo indefinido (^{Cullell, 2020}). En cualquier hipótesis, este acuerdo ha ensanchado la distancia con los inversionistas privados en un momento neurálgico, por el coronavirus y la crisis económica. En conclusión, los diversos actores que se sienten afectados por este acuerdo sostienen que es un gran golpe contra la razón económica, sanitaria, energética, ambiental y climática.¹¹

Conclusiones

Las medidas sanitarias, y sobre todo las económicas, adoptadas por el gobierno mexicano durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 pusieron a prueba y enfrentaron a los poderes económico y político, y en esta coyuntura afectaron de forma negativa a la mayor parte de las empresas, pero también a quienes trabajan por su cuenta: desde las grandes industrias exportadoras automotrices y electrónicas, que tuvieron que realizar paros técnicos o suspender actividades -en muchos casos, antes de las disposiciones gubernamentales-; los servicios turísticos, de hotelería y restaurantes, y los grandes comercios de productos no esenciales - en ese momento-, hasta los pequeños vendedores en la vía pública o los que prestan sus servicios por cuenta propia en diversos oficios y no cuentan con protección social ni ahorros para permanecer encerrados sin trabajar.

El grado de conocimiento, las opiniones y actitudes de los empresarios ante las políticas gubernamentales provienen principalmente de tres fuentes: en primer lugar, de los beneficios o costos que las políticas producen directamente en sus empresas; en segundo, de la información, las orientaciones e interpretaciones que reciben de sus instituciones de análisis de las políticas públicas - como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y sobre todo, el Instituto Mexicano para la Competitividad- o de las instancias de análisis de la banca y de varias grandes empresas; en tercero, pero no menos importante, de los medios de comunicación; las organizaciones civiles que se han creado para analizar temas específicos -como la educación, la corrupción, la violencia o la democracia-, y los discursos de las organizaciones y asociaciones empresariales en las que se agrupan por afinidad económica o ideológica -como las cámaras sectoriales, la Coparmex y el CCE-. Todos estos actores intervienen en la formación de su opinión y sus criterios.

Las posiciones de los organismos empresariales parecen estar orientadas en la misma dirección en este momento, pero con matices distintos. La mayor parte de los empresarios considera que las medidas que adoptó el gobierno federal en materia de salud para enfrentar un problema de la magnitud de la pandemia de Covid-19 fueron tardías e insuficientes; pero sobre todo, la confrontación más importante proviene de la política económica.

La Coparmex y sus 65 Centros Empresariales y Patronales, ubicados en 32 entidades, fueron clave en la toma de conciencia política de los empresarios en la década de 1980, así como para su militancia partidaria y la alternancia política de los años noventa. De algunos de esos centros emergieron candidatos, primero del PAN y después del PRI, que ganaron elecciones como alcaldes, diputados locales y federales, senadores, gobernadores, hasta llegar a la presidencia de la República en 2000. Hoy, la Coparmex es nuevamente la institución más contestataria y punta de lanza en esta confrontación entre los empresarios y el gobierno. Su presidente desde 2016, Gustavo A. de Hoyos Walther, con su propia agenda, ha planteado un Proyecto Alternativo de Nación a largo plazo. Sin embargo, hay empresarios de la Coparmex que no desean que el conflicto escale, y por ello presionaron a su presidente para que echara marcha atrás a la invitación que hizo a Javier Lozano como vocero especial de la Coparmex para el Estado de derecho, un personaje muy controvertido que juzgaron que no abonaría al diálogo y sí a la confrontación. El mismo día del nombramiento, 28 de abril de 2020, De Hoyos Walther declaró lo siguiente: “después de valorar las distintas opiniones que se han vertido […] y la retroalimentación recibida de diversos socios, he decidido dejar sin efectos la designación del vocero especial que designé esta mañana” (^{Politburó Digital, 2020}). Las fuertes críticas y la presión que recibió interpretaban ese nombramiento como una declaración de guerra contra el gobierno de López Obrador, en una coyuntura económica y política críticas.

Más allá de los intereses y las agendas políticas de algunos dirigentes empresariales, algunos de los principales reclamos de los empresarios al gobierno de López Obrador son: la cancelación de la construcción del NAIM cuando llevaba un avance de 30%; que sus acciones a favor de los más pobres no sólo tienen un interés social sino, sobre todo, político; que con el espectro del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en la memoria, no escucha las propuestas y peticiones de ayuda de los empresarios pequeños y medianos en estos momentos difíciles, como, por ejemplo, la declaración de la Coparmex, cuando propuso que se pagara una proporción del salario de los trabajadores formales por tres meses, o el plan de reactivación económica del CCE; y haber cancelado, a partir de una consulta popular cuestionada, la construcción de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, la cual tenía un avance importante y en su momento había contado con los permisos para su construcción. Como hemos visto, según el CCE, esta última decisión “es arbitraria, autoritaria y unilateral”, no respeta el Estado de derecho y envía “una pésima señal” al mundo, pues da a entender que en México se desatienden las normas de la democracia, al tiempo que se perjudican los intereses de los trabajadores, y en general, de los mexicanos (CEE, 2020a). Para el organismo cúpula de los empresarios, estas decisiones del gobierno destruyen la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (^{CCE, 2020a}).

Además, las organizaciones empresariales solicitaron sin éxito el diferimiento, no la condonación, del pago de impuestos de empresas que producen riqueza y generan empleo en la economía formal e incluso en la informal. En cambio, los créditos de 25 000 pesos para las microindustrias les parecieron ínfimos e insuficientes. Aunque el CCE estuvo de acuerdo con los grandes proyectos de la actual administración, rechazó que en medio de la contingencia por Covid-19 los proyectos de López Obrador continuaran y se autorizara que las empresas de acero, cemento y vidrio redujeran al mínimo sus operaciones para cumplir sólo con los planes para la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico (^{De la Rosa, 2020}). Incluso muchos empresarios, en alianza con gobernadores de los estados de oposición, exigieron la cancelación de estas obras para destinar los recursos para la emergencia y la reactivación económica.

El primer semestre de 2020 fue de incertidumbre sobre el alcance de la pandemia y su impacto económico, por varios hechos: el antecedente de 2019 como un año sin crecimiento; el estancamiento de proyectos de infraestructura; el fuerte impacto sobre sectores sumamente sensibles en la coyuntura presente, como el turismo, la hotelería y los restaurantes, la industria automotriz, la construcción, y muy especialmente, la economía popular o informal.

Otros elementos que complican la situación de México son su baja calificación en las notas crediticias de las agencias calificadoras, agravada por la caída récord de los precios del petróleo, y en el horizonte, una recesión mundial de grandes dimensiones para el futuro inmediato.

En este contexto de escasez y lucha por recursos para paliar la crisis, se sitúa la carta privada que el presidente de México envió al ingeniero Salazar Lomelín, presidente del CCE, en la que adjunta -y con ello exhibe- una lista de las grandes empresas que adeudan cientos de millones de pesos al SAT, cuyo pago resultaría vital en un momento de crisis, y le pide ayuda -en sentido figurado-, con lo cual la carta, en concreto, se traduce en una abierta presión para que los empresarios salden sus adeudos.

También en este marco se ubica el conflicto del presidente con su controvertido aliado Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca, uno de los empresarios más acaudalados de México, quien a través del conductor de televisión Javier Alatorre hizo un llamado a la población a no hacer caso de las recomendaciones sanitarias y disposiciones oficiales sobre la pandemia, a fin de mantener abiertos los negocios que se dedican a actividades no esenciales. Las tiendas Elektra, propiedad de Salinas Pliego, se mantuvieron abiertas, cuando sólo están autorizadas para dar servicio bancario y de recepción de remesas durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Con algunas de sus acciones, este gobierno parece querer mostrar que hay una separación clara entre el poder económico y el poder político, pero eso no significa que haya un rompimiento de las relaciones. El presidente López Obrador deja ver su inclinación por el nacionalismo económico y la soberanía energética basados en el petróleo, lo cual lo ha alejado de una parte de su electorado de clase media, que se preocupa por la protección del medio ambiente, así como de una parte de la inversión nacional y extranjera, que se interesa en el negocio del desarrollo de las energías renovables -esta última recibió con gran disgusto el Acuerdo de Confiabilidad de la Sener-. Sin embargo, su gobierno no pone en cuestión los valores supremos que defienden los empresarios: no atenta contra la propiedad privada ni va contra la libre empresa. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pudo dialogar y emprender acciones con muchos empresarios. Su gobierno no cuestiona en lo fundamental la economía de mercado, aunque actúa para fortalecer las dos grandes empresas paraestatales de energía: Pemex y la CFE.

Consuelo Pagaza ( Sanitización de mercados en la Ciudad de México.

Desde el punto de vista de los empresarios entrevistados, el principal desacuerdo entre ellos y el presidente tiene que ver con la visión de país que cada actor defiende. Consideran que hay desconfianza del presidente sobre la visión de país que tienen los empresarios y una falta de confianza en cómo construir juntos, y viceversa. Desde su perspectiva, en el fondo de la desconfianza está una disparidad de concepciones sobre cómo enfrentar el problema de la pobreza en México. Los empresarios consideran que hay una gran confusión sobre cómo México puede salir adelante. Para muchos de ellos, el presidente piensa que la pobreza se combate con dinero público, con dádivas, subsanando las carencias inmediatas y cotidianas de los que no tienen, mientras que los empresarios consideran que esas carencias se subsanan con empleo, con trabajo y con la generación de oportunidades. Sostienen que es imprescindible acordar un proyecto de nación inclusivo, en el que tenga cabida su cooperación. Muchos de ellos se refirieron a un “discurso de buenos y malos”, que manifiesta las diferencias de visión sobre el país. Comparten la idea de que combatir la pobreza y la exclusión es fundamental, pero la diferencia está en la forma de solucionar el problema: con dádivas o con trabajo y oportunidades.

Los empresarios piensan que una parte del primer círculo del presidente tiene una impresión errada de quiénes son los empresarios y del papel que les corresponde desempeñar. Consideran que se les trata como si todos fuesen poseedores de grandes fortunas y empresas que sólo persiguen sus propios intereses, pero aseguran que muchas políticas públicas podrían ser muy efectivas para combatir la pobreza y las desigualdades si se tomara en cuenta su colaboración.

La visita del presidente a Washington, con algunos de los miembros del Consejo Asesor Empresarial que lo acompañaron a la cena, fue bien recibida por las organizaciones empresariales. Aunque los más importantes no fueron invitados a esa visita, lo felicitaron por impulsar la firma del T-MEC y le ofrecieron su colaboración, y con ello descongelaron la relación (^{El Universal, 2020}).

A nadie conviene, ni al gobierno ni a los empresarios, y menos a la sociedad, que los desacuerdos persistan y el conflicto escale entre estos dos actores en torno a la divergencia de posturas ideológicas y decisiones de políticas públicas -dónde y cuanto invertir, en beneficio de quiénes- y privadas - despidos, recorte de sueldos y salarios, mantener abiertas las empresas en actividades no esenciales, etcétera-.

Tenemos en la memoria la experiencia de las crisis de 1982 y 1994-1995, y las políticas para contrarrestarlas, así como la recesión de 2008, que deterioraron y precarizaron el empleo en forma diferenciada. La recesión de 2008 afectó más a los jóvenes de 15 a 29 años de edad, a las mujeres y a las regiones del Sur de México. En estas dos últimas décadas, el aumento de la precariedad se manifestó en la caída de los niveles de ingreso, ya que el número de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó más de 50%, mientras que el porcentaje de población con acceso a la seguridad social no aumentó sino que se mantuvo estancado; los empleos sin contrato disminuyeron un poco, pero en el caso de las mujeres aumentaron, y los empleos temporales aumentaron para ambos sexos (Alba y Rodríguez, 2020).

Tendencias similares o aun peores se prevén al salir de esta crisis si se aplican las mismas políticas del pasado. Se requieren políticas económicas que incentiven la inversión pública y privada mediante el gasto, el crédito y la vía fiscal; así como políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, que ayuden a contrarrestar la ampliación de la pobreza y las desigualdades.