I. Introducción

La mayor parte de los estudiosos de la democracia en México coinciden en señalar que en 1977 inició el proceso de cambio político que, después de dos décadas de sucesivas reformas institucionales, culminó en la creación de un sistema de partidos competitivo (^{Woldenberg, 2012}; ^{Merino, 2003}). Este año, el régimen autoritario de partido hegemónico aprobó una reforma constitucional y legal para integrar a la oposición al sistema institucional. Se flexibilizaron los requisitos para la formación de nuevos partidos políticos y se estableció el primer sistema de financiamiento público directo.

Ciertamente, el sistema de financiamiento público de los partidos, en sus primeros años, careció de reglas específicas para determinar los montos y criterios de distribución. No obstante, durante las décadas de los ochenta y noventa se aprobaron cambios a la Constitución y a la ley electoral que establecieron con precisión sus condiciones. A este respecto destaca la reforma de 1996, a partir de la cual el artículo 41 constitucional dicta que en el gasto partidista los recursos de origen público deben prevalecer sobre los de origen privado, los primeros crecieron exponencialmente -cinco veces la suma de lo reportado por todos los partidos en la elección presidencial anterior-y se señaló que su repartición se realizaría en un 30 % de forma igualitaria entre todos los partidos políticos y en 70 % según los resultados de cada uno en la última elección para la Cámara de Diputados.

La reforma de 1996 definió los principios esenciales del modelo de financiamiento público de los partidos políticos preservados en sucesivas reformas (prevalencia de los recursos públicos sobre los privados, y distribución de los primeros siguiendo el criterio igualitario en un 30 % y el proporcional para el resto). Así, en 2007 se estableció una nueva fórmula para calcular el monto de financiamiento público directo, considerando desde entonces el tamaño del padrón y el salario mínimo (desde 2016 la Unidad de Medida y Actualización, UMA) y aumentó considerablemente el financiamiento indirecto al prohibir la contratación de spots en radio y televisión y otorgando espacio gratuito en estos medios. En 2014 se homogeneizó la fórmula para los estados a partir de la utilizada a nivel federal. Y finalmente, en 2022 se aprobó una reforma que permite a los partidos reintegrar de forma inmediata a la Tesorería de la Federación los recursos de origen público que ya hayan recibido, en caso de alguna emergencia nacional.

El modelo de financiamiento público de los partidos políticos ha coadyuvado a la fortaleza y capacidad competitiva de los partidos políticos en México. En parte gracias al considerable aumento de recursos a su disposición, los partidos de oposición pudieron competir con el partido oficial, arrebatándole la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones de 1997 y la Presidencia de la República en el año 2000. Y, desde entonces, en cada proceso electoral es común observar alternancias políticas en todos los niveles de gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos de este modelo, en términos de la competitividad electoral, desde hace poco más de una década se ha impulsado en diversas coyunturas la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.

En 2012 esta propuesta fue parte de una agenda amplia de reformas impulsadas por las organizaciones reunidas en la "Primera Cumbre Ciudadana"; en 2017 fue promovida en las redes sociales con el objetivo de destinar esos recursos a la reconstrucción y a la atención de las víctimas de los sismos de ese año, y a partir de 2018 es una propuesta impulsada por el partido en el poder. En esta investigación se analiza esta iniciativa en los diversos contextos en los que ha tenido relevancia a nivel nacional para explicar su origen y características.

II. La reducción del financiamiento público de los partidos políticos como demanda ciudadana y la reforma política de 2014

La reducción del financiamiento público de los partidos políticos, como demanda ciudadana impulsada en el plano federal, surgió por primera vez en 2012. Este año, los más de 350 representantes de organizaciones sociales aglutinados en la "Primera Cumbre Ciudadana" impulsaron una agenda sobre diversos temas (como seguridad, educación, empleo y desarrollo económico), entre los que destaca el relativo a la reducción de los recursos públicos de los partidos políticos.

Aprovechando las elecciones federales, con las que se renovarían los poderes federales y diversos cargos a nivel local, las propuestas de la cumbre fueron presentadas a los partidos y candidatos presidenciales. Y, después de la elección, el ganador de la contienda, Enrique Peña Nieto, acordó con las organizaciones la celebración de reuniones con el equipo de transición para conocer detalladamente su agenda de reformas (^{Azuela, 2013}).

Una vez en el poder, el presidente Peña Nieto incluyó la propuesta de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en el Pacto por México, el acuerdo para impulsar diversos cambios legislativos firmado el 2 de diciembre de 2012 por el presidente de la República y los presidentes de los principales partidos políticos (Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN; Partido de la Revolución Democrática, PRD). Con relación a la materia electoral, el resultado de este pacto fue la reforma de 2014, con la que se crearon la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

La creación de las leyes generales en materia electoral terminó con el arreglo vigente desde 1946 bajo el cual la ley electoral federal dicta las reglas a seguir para los partidos políticos en el plano federal y cada estado crea su propia legislación en el plano local. Desde entonces el mismo ordenamiento, la LGPP, dicta las normas relativas a los partidos políticos en el plano federal y estatal. En materia de financiamiento, la fórmula para calcular los montos de financiamiento público fue homogeneizada. El artículo 51 de esta norma establece desde entonces que para actividades ordinarias (financiamiento permanente) las autoridades administrativas electorales, de nivel federal o estatal según corresponda, multiplicarán el padrón electoral federal o local por el 65 % del salario mínimo (a partir de 2016 se utiliza la UMA), monto que es distribuido en un 30 % de forma igualitaria y en un 70 % según la votación de cada partido en la elección inmediata anterior de diputados federales o locales. Y para gastos de campaña los partidos recibirán un monto equivalente al 50 % del financiamiento ordinario cuando se renueven los poderes Ejecutivo y Legislativo de nivel federal o estatal, y cuando solo se renueve el legislativo recibirán un monto equivalente al 30 % del financiamiento ordinario.

Antes de 2014 existía una gran variedad en las fórmulas utilizadas en los estados. Algunos eran muy generosos (es el caso por ejemplo de Nayarit, en donde se multiplicaba el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 88 % de salario mínimo), mientras que otros lo eran mucho menos (como Veracruz, en donde se multiplicaba el padrón del estado por el 20 % del salario mínimo). Empero, la mayoría asignaba un monto menor, por lo que la homogeneización de las fórmulas trajo como consecuencia un aumento considerable de los recursos entregados a los partidos (^{Astudillo, 2014, pp. 31-34}). Así pues, si sumamos los recursos que reciben los partidos a nivel federal y estatal se observa un aumento del 28 % entre los recursos recibidos en 2009 y 2015 (años con elecciones federales intermedias) y un aumento del 15 % entre 2012 y 2018 (años de elección presidencial) (^{Casar y Ugalde, 2018, p. 46}). La propuesta ciudadana de 2012 que demandó la reducción de los recursos partidistas, por tanto, no sólo no logró los resultados esperados, sino que fue en contrasentido.

III. La reducción del financiamiento público de los partidos políticos como demanda ciudadana en el contexto de emergencia nacional provocada por los sismos de 2017

La reducción del financiamiento público de los partidos políticos volvió a plantearse en el contexto de emergencia derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Estos desastres naturales provocaron graves daños en varias entidades de la República. El primero de ellos fue especialmente desastroso en los estados de Chiapas y Oaxaca; y el segundo en Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. En total se registraron 464 fallecimientos y un daño a la infraestructura por 48,000 millones de pesos (^{Instituto Belisario Domínguez, 2017, p. 17}). Asimismo, tuvieron lugar justo en el mes en que inició formalmente el proceso electoral 2018, en donde se disputaron más de 3400 puestos públicos de elección popular a nivel federal y local (incluyendo la presidencia de la República y ambas cámaras del Congreso de la Unión) y en el cual los partidos políticos recibirían alrededor de 12,000 millones de pesos: más de 6, 000 millones de pesos de financiamiento público federal (incluyendo 42 millones para candidatos independientes) y cerca de 6,000 millones a nivel local) (^{Instituto Nacional Electoral, 2017}).

Después del primer sismo, el presidente del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, anunció mediante su cuenta de Twitter que propondría al Consejo Nacional de su partido "destinar el 20% del gasto de campaña de 2018 para los damnificados del Istmo y del Sureste del país" (^{Redacción, 2017a}). Sin embargo, después del segundo sismo fue la ciudadanía la que exigió a los partidos donar los recursos públicos que recibirían para que sean utilizados en las labores de reconstrucción y apoyo a los damnificados.

Al ser consultados sobre este asunto, algunos actores partidistas desestimaron la idea, señalando que, por una parte, se requeriría de una reforma legal, ya que el dinero público entregado a los partidos políticos está formalizado en la ley para un fin específico y utilizarlo para otro sería un delito; y por otra, el proceso electoral 2018 ya había comenzado y no sería posible modificar la ley en la materia (^{Redacción, 2017a}; ^{Notimex, 2017}). A pesar de ello, empero, la presión social los obligó a ceder.

En la plataforma change.org se registró una petición para:

Que el INE Instituto Nacional Electoral sea el mediador para que los partidos políticos de México donen los casi 7,000 millones de pesos de recursos públicos destinados a las campañas políticas del 2018 en México a los damnificados de la tragedia del sismo del 7 y 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y también a Oaxaca y Chiapas. (^{Alfredo Aguirre, 2017}).

Demanda que en pocas horas logró más de un millón de firmas de apoyo, creando junto con otras propuestas relacionadas con el sismo "el pico más alto de tráfico en la historia de esta herramienta" (^{Redacción, 2017b}).

Cuando esta propuesta alcanzó un millón y medio de firmas los partidos políticos reaccionaron. El PRI anunció que renunciaría al 25 % de su financiamiento público anual, López Obrador señaló que pediría "en el Consejo de MORENA que se destine 5 0% del gasto de campaña para 2018, en apoyo a damnificados", y Ricardo Anaya (presidente del PAN) se manifestó a favor de la idea sin especificar el monto o porcentaje a renunciar. Poco después, los partidos se pronunciaron por renunciar a la totalidad de sus recursos de origen público. En un comunicado conjunto Ricardo Anaya, Alejandra Barrales (presidenta del PRD) y Dante Delgado (coordinador de Movimiento Ciudadano) propusieron que el 100 % del dinero de los partidos se destine a ayudar a las víctimas de los sismos. Propuesta que fue aceptada por López Obrador y Enrique Ochoa (presidente del PRI) (^{Redacción, 2017b}; ^{Redacción Animal Político, 2017}; ^{Cervantes, 2017}).

Al final, sin embargo, ningún partido político renunció a la totalidad de su financiamiento público. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social (PES) solicitaron al INE la retención de una parte de sus recursos para ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y canalizados a las labores de reconstrucción y ayuda para los damnificados de los sismos, el PRD, el PT (Partido del Trabajo) y el Panal (Partido Nueva Alianza) decidieron no donar recurso alguno, y MORENA creó un fideicomiso "para apoyar a los damnificados". El PAN renunció a 200 millones de pesos; el PRI a 258,617,000 pesos; el PVEM a 10,563,000 pesos, el PMC a 50,998,000 pesos; y el PES a 10,203,000 pesos (^{Instituto Nacional Electoral, 2021}).

El fideicomiso "Por los demás", creado por MORENA el 25 de septiembre de 2017, le permitió a este partido recibir, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 1 de mayo de 2018: 78,818,566.37 pesos. De los cuales ejerció 64,481,760 pesos. Ahora bien, a raíz de una denuncia presentada por el PRI y de la consecuente investigación de la autoridad electoral, el Consejo General del INE determinó que con este fideicomiso el partido MORENA "generó un esquema de financiamiento paralelo con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el sistema que rige en México" e incurriendo, por tanto, en una "falta sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos". De acuerdo con el INE, el partido MORENA contravino "sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos", por lo que le impuso una multa de 197,046,415.92 pesos (el 250 % de la cantidad recaudada) (^{Instituto Nacional Electoral, 2018, p. 160}).

No obstante, MORENA impugnó esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y logró la revocación "lisa y llana" de la misma. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF determinó que la resolución del INE careció de "exhaustividad en la sustanciación del procedimiento que derivó en la resolución reclamada, en virtud de que no se agotó la línea de investigación, lo que resultó en su indebida fundamentación y motivación, así como en la violación a los derechos de defensa (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2018, p. 43}).²

Al final, por tanto, más allá de la renuncia a parte de sus recursos llevada a cabo de forma coyuntural por algunos partidos, la demanda ciudadana por reducir el financiamiento público de los partidos políticos no desembocó en reforma legal alguna.

IV. La reducción del financiamiento público de los partidos políticos como iniciativa impulsada por el partido morena

Hasta 2018, la propuesta de reducir el financiamiento público de los partidos políticos adquirió notoriedad a nivel nacional, en coyunturas específicas, como demanda ciudadana. Sin embargo, el partido MORENA, a partir de su arribo a la Presidencia de la República, hace suya esta propuesta y comienza a impulsarla de forma decidida.

Entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 se presentaron en el Congreso de la Unión 21 iniciativas (13 en la Cámara de Diputados y 8 en el Senado) para disminuir e incluso para eliminar el financiamiento público de los partidos políticos (^{Patiño et al., 2020, p. 36}). De éstas, 11 sirvieron de base para el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el pleno de esta cámara, en la votación del 12 de diciembre de 2019, rechazó la propuesta (^{Cámara de Diputados, 2019}).

A pesar de las declaraciones públicas realizadas por las diversas fuerzas políticas en el sentido de estar a favor de la disminución de los recursos públicos entregados a los partidos políticos, en los hechos ésta es una propuesta que en el ámbito federal sólo ha sido impulsada de forma decidida por MORENA. Los otros partidos cuyas iniciativas también sirvieron de base para el dictamen presentado en el pleno coinciden, en términos generales, en realizar una reducción cercana al 50% -cambiando de 65 a 32.5 el porcentaje de la UMA-, sin embargo, mantienen serias diferencias con MORENA en relación con la fórmula de distribución, por lo que al final votaron en contra.

Mientras que en la mayoría de las iniciativas presentadas por MORENA no se observa cambio alguno respecto a la fórmula actual (30 % distribuido de forma igualitaria y 70 % según la votación de cada partido político en la elección inmediata anterior para la Cámara de Diputados), el PT propuso que el 100 % se distribuya de forma igualitaria, el PES y el PRD propusieron revertir la fórmula actual para que sea el 70 % distribuido de forma igualitaria y el 30 % según los votos obtenidos por cada partido en la última elección, y sólo en una iniciativa de MORENA se propuso elevar al 40 % el porcentaje distribuido de forma igualitaria (^{Cámara de Diputados, 2019, pp. 116-118}).

La propuesta finalmente presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados buscaba reducir a la mitad el porcentaje de la UMA (del 65 % al 32.5 %) sin cambiar su forma de distribución. Y en la votación, tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en el pleno, solo MORENA y PES votaron a favor (con excepción de un voto disidente del PT en el pleno).³ No obstante, a pesar de este fracaso legislativo, al año siguiente esta iniciativa se volvió a retomar en medio de la crisis desatada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Debido al creciente número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos registrados a nivel mundial, el 11 de marzo de 2020 la epidemia desatada por el "coronavirus" fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En México, las consecuencias de este virus han sido desastrosas para la salud y la economía. Se han registrado cientos de miles de fallecimientos y la economía entró en una fase de recesión técnica al cierre de 2020.

Bajo este panorama, en abril de 2020 el presidente de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó al INE la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de este partido de renunciar a la mitad de su financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para los meses de mayo a diciembre de 2020 (monto que equivale a 826,972,397 pesos) para que sean utilizados en la atención de la emergencia sanitaria.

Esta solicitud fue aprobada por el Consejo General del INE, el cual determinó que el monto mensual a retener se calcularía después de aplicar las multas, sanciones y/o remanentes de financiamiento público respectivos, y después del posible registro de nuevos partidos políticos nacionales. Asimismo, se señaló que la renuncia al 50 % del financiamiento no exime al partido del cumplimiento de sus obligaciones, como lo es el destinar anualmente por lo menos el 2 % para el desarrollo de actividades específicas y el 3 % para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, además de garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado (^{Instituto Nacional Electoral, 2020}).

La renuncia a parte de sus recursos, realizada por el partido MORENA, fue destacada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al resto de los partidos seguir este ejemplo. Su propuesta, sin embargo, sólo fue aceptada por el PT y el PES.⁴

Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se negaron, señalando que se trataba de "un acto de politiquería" y que si se necesitan recursos para la pandemia se debería cancelar el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya (^{Méndez, 2020}). El PRI aceptó, pero con la condición de que se forme un fideicomiso que sea dirigido por integrantes de la sociedad civil organizada y el INE (^{Arista, 2020}). Al final, sólo MORENA y el PT donaron parte de sus recursos. El PT renunció a 14,421,710 pesos y MORENA a 826,972,392 pesos (^{Instituto Nacional Electoral, 2021}).

En septiembre de 2020 el presidente de la República volvió a insistir sobre el tema. Solicitó a los partidos que donen la mitad del financiamiento que recibirían con motivo de las campañas electorales de 2021, a fin de que estos recursos se destinen a la compra de vacunas anti-COVID-19 (^{Caso, 2020}). Asimismo, MORENA emitió un spot transmitido en televisión abierta en el que señalaba que "[...] en MORENA donaremos el 50 % de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID" (^{Aguirre, 2021}). En 2021 este partido solicitó la renuncia a una parte de su financiamiento público -correspondiente a los meses de abril, agosto y septiembre-, solicitud que fue aprobada por el INE en consideración de que este partido siguió el procedimiento establecido para la renuncia de recursos, según el cual tal solicitud debía presentarse antes de que los partidos los reciban, siendo improcedente una vez otorgados. Meses después (el 4 de noviembre del mismo año), el partido MORENA solicitó la devolución de 200 millones "para su reintegro a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19". Sin embargo, en esta ocasión el INE rechazó tal solicitud con el argumento de que el partido no siguió el procedimiento señalado y esos recursos ya se encontraban en su poder, haciendo imposible su renuncia.

Por lo anterior, el 26 de noviembre de 2021 MORENA presentó al TEPJF un recurso de apelación cuyo resultado fue la revocación de la decisión del INE. El Tribunal Electoral determinó que "el INE asevera que Morena pretende ejercer su presupuesto de forma distinta a lo que las normas electorales exigen a los partidos, cuando lo que Morena solicitó realmente fue reintegrar recursos presupuestales, lo cual implica no ejercerlos". Además, "no existe prohibición alguna para que los entes públicos puedan devolver cierto monto del presupuesto recibido". De tal suerte que el Tribunal Electoral revocó la decisión "para efectos de que el INE emita otro en donde autorice a MORENA a devolver financiamiento público que ya le fue ministrado" (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2021}).

El INE, sin embargo, de nueva cuenta determinó "la imposibilidad para devolver las prerrogativas a las que tienen derecho una vez que ya les han sido entregadas". Y manifestó que "por sentencia del propio Tribunal (Tesis XX/2018) los partidos políticos deben reintegrar sus remanentes a la Tesorería de la Federación una vez que concluya la fiscalización anual de los recursos ordinarios" (^{Instituto Nacional Electoral, 2022}).

Este conflicto llevó a los legisladores de MORENA a impulsar una reforma para "aclarar el derecho de los partidos políticos de devolver su financiamiento y dirigirlo a causas prioritarias" (^{Cámara de Diputados, 2022a, p. 7}). Así, en febrero de 2022 se aprobó una reforma a la LGPP (arts. 23 y 25) y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) (art. 19 ter) para establecer que los partidos políticos pueden renunciar y reintegrar en cualquier momento su financiamiento ordinario, siempre que cumplan con sus obligaciones y el financiamiento público continúe prevaleciendo sobre el privado. La renuncia tendrá lugar en el caso de catástrofes contempladas en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. Asimismo, se precisó que los recursos que los partidos políticos pretendan reintegrar serán devueltos a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General del INE cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos, y directamente por el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente (que represente legalmente al partido) a la Tesorería de la Federación cuando los recursos ya se encuentren en posesión de los partidos (^{Cámara de Diputados, 2022b}).

Por su parte, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022 se presentaron ante el Congreso de la Unión 20 iniciativas para reducir el financiamiento público de los partidos políticos. La mayoría han sido presentadas por el partido MORENA, aunque también hay propuestas de la oposición y una del presidente de la República.⁵

La mayor parte de las iniciativas proponen reducir los recursos públicos entregados a los partidos políticos mediante la disminución del porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para calcular el monto total a repartir entre todos los partidos políticos. El porcentaje propuesto más común es 32.5 %, lo que implicaría reducir a la mitad el financiamiento actual. También se plantea vincular el monto total al porcentaje de votación emitido en la última elección; condicionar su entrega completa al crecimiento en la recaudación fiscal, reduciéndolo en proporción a la disminución que en su caso ésta registre; y eliminar el financiamiento público ordinario para dejar sólo el destinado a la participación electoral.

Asimismo, la mayoría de las iniciativas deja intacta la fórmula de distribución (70 % según la votación obtenida por cada partido político y 30 % en términos igualitarios), sólo el PT y el PVEM proponen, cada uno por su cuenta, que la distribución siga un criterio completamente igualitario entre todos los partidos políticos, y el PRI platea una distribución en un 50 % igualitaria y en un 50 % proporcional según la votación de cada partido político.

Ahora bien, la iniciativa presidencial planteaba eliminar por completo el financiamiento permanente (ordinario), dejando sólo el electoral (^{Poder Ejecutivo Federal, 2022}). Sin embargo, a pesar del decidido impulso dado por el partido mayoritario, al igual que en 2019, la propuesta fracasó. En diciembre de 2022 se sometió al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa acorde con la propuesta presidencial, misma que fue rechazada al no obtener la mayoría calificada (dos terceras partes del Congreso) necesaria para modificar la Constitución. A favor sólo se pronunciaron MORENA (198 diputados), PVEM (40 diputados) y PT (31 diputados) (269 en total), mientras que en contra se pronunciaron MORENA (1 diputado), PAN (115 diputados), PRI (69 diputados), MC (15 diputados) y PRD (15 diputados) (225 en total) (^{Poder Ejecutivo Federal, 2022}).

V. ¿Por qué se ha impulsado la reducción del financiamiento público de los partidos políticos en México?

La demanda por reducir el financiamiento público de los partidos políticos en México surgió, en un primer momento, de la ciudadanía. Tanto en 2012 como en 2017 fueron actores apartidistas los que exigieron este cambio. Sin embargo, existen diferencias que vale la pena señalar. La demanda de 2012 surgió de la ciudadanía organizada (ONG), que ese año se articuló (en la Primera Cumbre Ciudadana) para exigir cambios en diversos temas (relacionados con seguridad, educación, empleo y desarrollo económico, participación ciudadana, etcétera), entre ellos, la reducción de los recursos públicos entregados a los partidos. Por su parte, en 2017 esta propuesta fue impulsada por una ciudadanía dispersa, sin organización previa, que logró articular esta demanda gracias a las redes sociales y fue impulsada con la idea concreta de utilizar los recursos públicos de los partidos políticos en las labores de reconstrucción y apoyo a los damnificados de los sismos registrados aquel año.

Por otra parte, en ninguno de los dos casos (2012 y 2017) se llegó al resultado buscado. La demanda de 2012 repercutió en la reforma aprobada en 2014. No obstante, como se señaló, en los hechos el financiamiento público para los partidos aumentó en vez de disminuir. Y la exigencia de 2017, si bien generó la reacción de algunos partidos, que renunciaron a una parte de su financiamiento, no propició alguna reforma legislativa para cambiar la fórmula de financiamiento público.

Ahora bien, es posible sostener que el fuerte desprestigio de los partidos políticos ha coadyuvado a que la ciudadanía demande la reducción de los recursos que el Estado les otorga. Diversas encuestas de opinión, desde hace varios años, han dado cuenta del poco aprecio ciudadano hacia los partidos.

Latinobarómetro, por ejemplo, desde los años noventa ha registrado la baja confianza de la ciudadanía en México y América Latina hacia estas organizaciones. Entre 1996 y 2020 el promedio de mexicanos que declaran tener mucha o algo de confianza en los partidos es del 19.7 %, mientras que el promedio latinoamericano es del 19.3 %. En ambos casos la confianza ha sido escasa, aunque ligeramente mayor en México. No obstante, en las tres últimas mediciones México presenta una menor confianza en los partidos que el promedio latinoamericano. En 2017 es del 15 % en la región mientras que en México es del 9 %, en 2018 es del 13 % en el primer caso y 11 % en el segundo y en 2020 es del 13.6 % y 13.1 %, respectivamente.⁶

En este contexto, financiar a los partidos políticos con recursos públicos es visto con desagrado. De ahí que la idea de reducirlo no tuviera dificultad en ser adoptada e impulsada por la ciudadanía en las dos coyunturas estudiadas: 1) la celebración de la "Primer Cumbre Ciudadana" y las elecciones federales de 2012, y 2) los sismos de 2017 y la consecuente necesidad de recursos financieros. Sin embargo, a partir de que MORENA accede al poder (2018), es este partido y no la ciudadanía el que impulsa la reducción de los recursos públicos para los partidos políticos.

MORENA es el partido que ha obtenido la mayor votación para la Cámara de Diputados (2018 y 2021). Por ello, es el que recibe más recursos públicos y el que se vería más perjudicado, en términos absolutos, con su disminución. A pesar de esto, es el único que ha impulsado de forma decidida la propuesta. Este hecho nos permite afirmar que este partido no tiene como objetivo principal la acumulación de recursos en sí mismo, sino el éxito electoral. Se comporta de forma racional, acorde con sus intereses, siguiendo los postulados de la teoría económico-electoral (^{Scarrow, 2004}).

El partido MORENA se muestra dispuesto a sacrificar buena parte de sus ingresos de origen público con tal de debilitar a los partidos de oposición, colocándose de este modo en una situación de ventaja relativa. Los partidos de oposición tendrían serias dificultades para compensar una reducción drástica de sus recursos de origen público, mientras que el partido MORENA, al tener el control del Poder Ejecutivo federal y la mayoría de los poderes ejecutivos locales, podría compensar esta disminución en su financiamiento utilizando los recursos del Estado (empleos gubernamentales, contratos de obras, prestación de servicios públicos, programas sociales, etcétera) para alimentar redes clientelistas. Acción que, a pesar de ser ilegal, continúa presentándose en el país (^{Díaz-Cayeros et al., 2016}; ^{Herrera, 2017}; ^{Freidenberg, 2017}; ^{Casar y Ugalde, 2018}).

Asimismo, vale la pena señalar que la idea de debilitar a los partidos de oposición es consecuente con el estilo populista que el partido MORENA ha desarrollado desde que ocupa el gobierno.

En esencia, los populistas dividen a la sociedad en dos grupos, homogéneos y antagónicos, "el pueblo puro" y "la élite corrupta". Se asumen como los únicos representantes legítimos del primero y pretenden hacer prevalecer su voluntad (^{Mudde, 2017}; ^{Mudde y Rovira, 2017}; ^{Rummens, 2017, p. 561}; ^{Salmorán, 2021, p. 197}). Por ello, los populistas defienden un modelo de democracia sin controles, es decir, "iliberal" y tienden a erosionar la democracia mediante la captura o ataque y descrédito de órganos del Estado independientes (poder judicial, órganos constitucionales autónomos) y de todo tipo de opositores (partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, periodistas, intelectuales, etcétera) (^{Muller, 2017, pp. 561 y 562}).

Así, apoyado en un discurso populista que divide a la sociedad en dos grupos: el "pueblo bueno y sabio", por un lado, y "la mafia del poder", "de derecha", "conservadora" y "neoliberal", por otro, el presidente de la República ha intentado someter a los órganos del Estado independientes utilizando básicamente dos estrategias: 1) el "estrangulamiento presupuestal" (para obstaculizar sus funciones) y 2) el "desprestigio público" (haciendo uso de foros como las ruedas de prensa para emitir opiniones adversas y desprestigiar a sus adversarios, sin datos que las sustenten pero avaladas con la autoridad de la figura presidencial) (^{Meyenberg y Peschard, 2021}).

En este contexto, resulta plausible asumir que las iniciativas para reducir el financiamiento público de los partidos políticos presentadas por el partido MORENA forman parte una estrategia populista implementada por el partido en el poder para debilitar a sus opositores políticos. Si bien la reducción de los recursos estatales impactaría en mayor medida a sus finanzas, dado que su mayor votación se traduce en una mayor proporción de recursos estatales, las pérdidas relativas son para la oposición, ya que tendrían mayores dificultades para compensar la reducción de recursos públicos, otorgándole a MORENA una ventaja importante sobre sus adversarios.

Por último, vale la pena señalar que los resultados finales que tendría el reducir el financiamiento público de los partidos sigue siendo objeto de debate, pues sus proponentes señalan ciertos beneficios -entre otras cosas se señala que ello obligaría a los partidos a acercarse a la ciudadanía y recuperar su confianza-. No obstante, la experiencia internacional ha mostrado claros efectos negativos cuando se reduce de forma drástica o se elimina por completo. En Bolivia la equidad de las contiendas electorales se afectó de manera grave. En Italia los grandes donantes aumentaron su influencia con cargo al erario. Y en Indonesia aumentó la oligarquización y corrupción partidista (^{Flores Díaz, 2023}). Así, una reducción radical del financiamiento público para los partidos políticos, que termine con su prevalencia frente al financiamiento privado, tendría previsiblemente efectos perjudiciales para la democracia mexicana.

VI. Conclusión

En esta investigación se estudiaron las propuestas de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en México que han tenido un impacto significativo a nivel nacional, a partir del contexto en el que tuvieron lugar. Se sostiene que las primeras propuestas surgieron como demandas ciudadanas en un contexto marcado por el desprestigio de los partidos, activismo ciudadano organizado (2012) y necesidad de recursos para atender la emergencia nacional (2017). No obstante, desde que el partido MORENA accede al poder (2018) es este partido quien promueve esta reforma, en un contexto marcado por los intentos del ejecutivo federal por debilitar a los contrapesos a su autoridad.

En 2012 la propuesta de reducir el financiamiento público de los partidos políticos fue impulsada por las organizaciones reunidas en "la Primera Cumbre Ciudadana" e introducida en el "Pacto por México". Sin embargo, la reforma resultante (2014) fue en contrasentido, ya que homogeneizó la fórmula para calcular el financiamiento en todas las entidades federativas a partir de la utilizada a nivel federal, provocando el aumento del gasto público destinado a los partidos (la mayoría de las entidades asignaban, previo a la reforma, un monto menor). Después, ante la emergencia nacional provocada por los sismos de 2017, surgió la demanda ciudadana, expresada en las redes sociales, de que los partidos destinen sus recursos para campaña a la atención de los damnificados y a las labores de reconstrucción. Algunos partidos respondieron renunciando a una parte de su financiamiento público; no obstante, esta demanda no se materializó en una reforma legal.

Por su parte, el partido MORENA, después de ganar la Presidencia de la República, comenzó a impulsar de forma decidida la reducción del financiamiento público de los partidos políticos. Ha presentado en diversas ocasiones proyectos de ley sobre la materia e incluso el presidente de la República pidió a los demás partidos donar sus recursos de origen público para que sean destinados a la compra de vacunas anti COVID-19, además de presentar un proyecto de ley para eliminar por completo el financiamiento público ordinario de los partidos. Sin embargo, sólo ha logrado (con el apoyo del PRI, el PVEM y el PT) que se permita la devolución voluntaria de los recursos partidistas, de forma inmediata, ante una emergencia nacional.

Apoyado en un discurso populista, que polariza a la sociedad dividiéndola en dos grupos antagónicos: el pueblo bueno y la élite corrupta (mafia del poder), el gobierno de la República ha pretendido neutralizar los contrapesos a su poder, mediante recortes financieros y ataques mediáticos a las instituciones autónomas. Bajo la misma lógica, la intención de reducir los recursos públicos de los partidos políticos constituye un intento por debilitarlos, pues si bien este partido también se vería afectado financieramente, la oposición tendría mayores dificultades para sobrevivir y competir en las elecciones. Y a pesar de que en el debate público haya quien defienda una reducción drástica (o incluso eliminación) de los recursos públicos alegando que tendría efectos positivos, la experiencia internacional muestra claras desventajas, por lo que previsiblemente esta reforma tendría efectos nocivos para la democracia mexicana.