En México, de acuerdo con los datos del INEGI, existen aproximadamente 1.5 millones de parejas con infertilidad, y menos de 50% de éstas acude con un especialista para buscar solución a su padecimiento.

Pocas instituciones de salud pública ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. En los últimos años se ha incrementado la atención en clínicas privadas dedicadas al estudio y tratamiento de la pareja infértil. Desafortunadamente, algunas de estas tienen prácticas éticas dudosas, pues publican cifras de éxito de los tratamientos por encima de los estándares internacionales y los médicos a cargo de esas pacientes no son especialistas en Biología de la reproducción o no cuentan con la certificación del Consejo de Ginecología y Obstetricia en esa especialidad. Estas clínicas, constantemente, se anuncian en la televisión y en redes sociales, y captan un gran volumen de pacientes. De la misma manera emplean a médicos jóvenes, recién egresados de Ginecoobstetricia, incluso algunos pocos de la especialidad de Biología de la reproducción, implicándolos más en un programa de ventas que en actividades académicas, de investigación o de beneficio social. Estos lugares aprovechan que la remuneración de los residentes es ínfima y la de los especialistas es baja en las instituciones a las que pueden acceder con poca experiencia clínica y de trabajo.

Otras de las secuelas que permanecen de estos centros es la inadecuada atención obstétrica. Muchas de las parejas que acuden a estos sitios invierten gran parte de su patrimonio en los tratamientos de alta complejidad, porque en esos lugares casi nunca ofrecen otro tipo de protocolos. Ni las pacientes, ni los médicos tratantes consideran la atención obstétrica. Y el problema aumenta cuando se trata de un embarazo gemelar y, peor, cuando es de alto orden fetal.

¿Están obligadas las instituciones de salud pública a recibir estos casos?

En el libro: “El derecho a la salud, una propuesta para México”, los autores mencionan:

“El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. El derecho a la salud (o a su protección) es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos. Así, por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”.¹ El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud, que es una obligación negativa. De la misma manera, hace nacer la obligación -positiva- de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen”.

Esta controversia sobre quién debe hacerse responsable ameritaría un análisis profundo. Sería aberrante pensar que los médicos quieran dañar la salud de una mujer que busca un embarazo; sin embargo, son riesgos inherentes al tratamiento de estas alteraciones, pero al final…