2.1. Los sistemas de partidos y su institucionalización

Como hemos mencionamos arriba, el análisis de la evolución del sistema de partidos en Colombia implica abordar primero la cuestión de su institucionalización. Pero, ¿qué entendemos por sistema de partidos? Y más aún, ¿qué entendemos por sistema de partidos institucionalizado?

Esta cuestión ha sido objeto de amplio debate en los países latinoamericanos, donde el concepto de institucionalización de los partidos políticos y de los sistemas de partidos ha sido bastante discutido. En comparación con los países democráticos e industrializados avanzados, como Estados Unidos de América o Europa Occidental, los sistemas de partidos de los países latinoamericanos generalmente se han caracterizado por un nivel de institucionalización más bajo (^{Mainwaring & Torcal, 2005}), lo cual dificulta el estudio, la clasificación y la comparación de estos sistemas.

Si bien es cierto que un sistema de partidos está definido por la interacción entre los actores políticos que lo componen, algunos estudiosos argumentan que esto no es suficiente. Según ^{Wolinetz (2006, p. 52)}, para que podamos hablar de un “sistema de partidos”, estas interacciones deben ser regulares a lo largo del tiempo, una idea también respaldada por autores como ^{Sartori (2005, pp. 293-300)}. Para que exista un sistema de partidos, es necesario que esté estructurado en torno a partidos políticos sólidos, con una organización estable, fuerte y duradera en el tiempo (^{Sartori, 2005, pp. 293-300}). Por lo tanto, debemos ser cautelosos al analizar sistemas de partidos de nueva creación o en proceso de formación, donde las organizaciones partidistas aún son volátiles y fluidas, y los partidos aún no han establecido pautas de interacción duraderas en el tiempo (^{Mair & Bardi, 2015, p. 247}).

No obstante, concordamos con ^{Mainwaring & Scully (1995)} en la viabilidad de aplicar el concepto de “sistema de partidos institucionalizado” en América Latina. Aunque en estos sistemas de partidos no encontremos organizaciones políticas tan antiguas, estables o con tanta legitimidad entre los votantes y simpatizantes como en los países de Europa Occidental, esto no impide hablar de sistemas de partidos como tales.

Por lo tanto, debemos ser más flexibles al aplicar esta noción en América Latina, ya que un sistema de partidos en el que los actores y sus pautas de interacción pueden variar a lo largo del tiempo también puede estar adecuadamente institucionalizado (^{Mainwaring & Scully, 1995}; ^{Mainwaring & Torcal, 2005}).

Según estos autores, podríamos considerar que un sistema de partidos está institucionalizado cuando: a) encontramos cierta regularidad en la competición partidista; b) existe una conexión arraigada entre los electores y los partidos políticos; c) los electores otorgan plena legitimidad al proceso electoral, y d) los partidos cuentan con organizaciones sólidas, estables y duraderas en el tiempo (^{Mainwaring & Scully, 1995}).

Sin embargo, no debemos confundir la estabilidad o regularidad del sistema con su rigidez (^{Piñeiro & Rosenblatt, 2020}). La institucionalización no debe entenderse como un fenómeno que congela el sistema de partidos; más bien, es un proceso continuo. De hecho, será la capacidad del sistema para adaptarse al cambio, ya sea la aparición de nuevos actores o la incorporación de nuevas demandas, lo que determinará su grado de institucionalización (^{Piñeiro & Rosenblatt, 2020}). Como señala ^{Levitsky (1998)}, la institucionalización de un sistema de partidos también implica su resiliencia. Un sistema de partidos capaz de integrar nuevos actores políticos y ajustarse a nuevas formas dinámicas de competencia e interacción será más sólido y tendrá un mayor grado de institucionalización. Por lo tanto, hablar de institucionalización del sistema de partidos implica hacerlo de su capacidad de adaptación al cambio (^{Levitsky, 1998}).

2.2. Mensurando la estabilidad y el cambio en los sistemas de partidos

El continuo interés por establecer una clasificación universal de los sistemas de partidos ha sido una constante entre los científicos sociales. Esto ha llevado a los autores a considerar diferentes criterios clasificatorios.

Como señala ^{Mair (2015, pp. 186-192)}, a mediados del siglo XX ^{Duverger (1957)} elaboró su propia clasificación, basada únicamente en un criterio numérico. Años después, autores como ^{Dahl (1966)} propusieron la inclusión del papel de los partidos de oposición en estos sistemas en las clasificaciones. Otros, como ^{Blondel (1968)}, centraron su atención en el tamaño de los partidos políticos que operaban en estos sistemas. Mientras tanto, ^{Rokkan (1968)} destacó la importancia de observar las posibilidades que tenían los partidos en formar mayorías de gobierno en solitario al formular su propia tipología.

Sin embargo, es importante señalar que, durante estas décadas, la clasificación propuesta por ^{Sartori (2005)} ha sido la de mayor consenso entre la comunidad científica. Esta clasificación se basa tanto en el número de partidos relevantes en un sistema dado como en la distancia ideológica o la polarización entre ellos, es decir, en criterios morfológicos y dinámicos.

Por lo tanto, no es sorprendente que autores como ^{Wolinetz (2006)} hayan señalado las dificultades que enfrentamos al intentar vislumbrar nuevas tipologías, dado el continuo uso y la utilidad de la tipología establecida por el politólogo italiano. No obstante, parece que la clasificación de ^{Sartori (2005)} muestra ya algunas deficiencias que debemos abordar. Como indica ^{Wolinetz (2006)}, esta clasificación presenta problemas especialmente en términos clasificatorios, debido a que muchos sistemas de partidos, principalmente en las democracias de Europa Occidental, han sido etiquetados durante años con el término de pluralismo moderado (^{Wolinetz, 2006}). Nos enfrentamos a sistemas democráticos en los que existe un consenso ideológico entre los principales actores políticos, donde pueden surgir partidos anti establishment o “desafiantes”, pero donde no los hay con el objetivo de derrocar el sistema político democrático.

Dicho esto, no es cierto que no existan tipologías alternativas a la de ^{Sartori (2005)}. Autores como ^{Von Beyme (1986)} elaboraron nuevas tipologías añadiendo a los criterios numérico e ideológico la cuestión de la formación del gobierno. Un factor en el que, años después, ^{Mair (1996}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰⁰⁶, ²⁰¹⁵) haría hincapié señalando la necesidad de poner el foco en las estructuras de la competencia por el gobierno como un elemento decisivo para comprender la estructura y la dinámica de los sistemas de partidos (^{Mair, 1996}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰⁰⁶, ²⁰¹⁵). Más aún, para determinar el grado de institucionalización; de fortaleza o debilidad (^{Mair & Casal Bértoa, 2015}).

Pero tal y como señalaba ^{Sartori (1994}, ²⁰¹¹⁾, la ciencia política ha de ser cada vez más universal. Debemos tratar de establecer categorías y clasificaciones de validez universal que se puedan aplicar fuera de las fronteras de las viejas democracias europeas, que sean aplicables en otros contextos del globo. En esta línea, ^{Szmolka & Del-Moral (2019)} han propuesto una clasificación de los sistemas de partidos multidimensional. Que sirva también para analizar sistemas políticos que nada tienen que ver con moldes y dinámicas típicos de las democracias liberales tradicionales.

Esta expansión de nuestros análisis, teorías e investigaciones fuera de las fronteras de Europa Occidental o de los Estados Unidos de Norteamérica puede, asimismo, acarrear dificultades metodológicas. Como lo señalaban ^{Mainwaring & Scully (1995)}, los obstáculos para establecer estudios sistematizados y comparados de los sistemas de partidos latinoamericanos no solo se relacionan con la noción de la institucionalización de estos sistemas de partidos aludida páginas arriba, sino que, en algunos contextos, también tiene que ver con la falta de datos empíricos.

En este punto, la propuesta clasificatoria de ^{Siaroff (2000}, ²⁰⁰³⁾ se vuelve en especial interesante. Esta clasificación de los sistemas de partidos se destaca por su simplicidad, ya que solo requiere el uso de datos sobre la composición de las cámaras representativas, como el número de escaños o representantes de las fuerzas políticas. Ello permite su aplicación en un mayor número de países, incluso cuando no se disponga de todos los datos de las elecciones o de información minuciosa sobre variables como la polarización ideológica de los partidos políticos y del electorado, o cuando las etiquetas ideológicas de los partidos estén en disputa.

La propuesta de ^{Siaroff (2000}, ²⁰⁰³⁾ puede ser aplicada al estudio y comparación de una amplia gama de contextos partidistas, incluyendo áreas geográficas diversas donde la historia, organización e ideología de los partidos políticos pueden ser muy variadas. Esto permite construir teorías de medio y largo alcance, así como explorar las particularidades de cada sistema de partidos, lo que facilita una comprensión más profunda y detallada de los mismos.

^{Siaroff (2000}, ²⁰⁰³⁾ propone una clasificación basada en cuatro factores o criterios relacionados con la estática y dinámica del sistema de partidos, lo que conduce a la identificación de tres tipos y siete subtipos distintos de sistemas partidistas (tabla 2):

3.1. Contextualización del sistema de partidos colombiano actual

La democracia colombiana es una de las más longevas de la región. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, en Colombia se han celebrado elecciones regulares e ininterrumpidas desde la década de 1950 (^{Botero et al., 2016}). Además, su sistema político cuenta con organizaciones políticas como el Partido Liberal (PL) y el Partido Conservador (PC) que, fundados a mediados del siglo XIX, se encuentran entre los más antiguos del mundo, y continúan desempeñando un papel destacado en el sistema político (^{Albarracín et al., 2018}; ^{Duque, 2022}).

Sin embargo, la estabilidad no ha sido precisamente una característica del sistema político y partidista colombiano hasta la aprobación de la Constitución de 1991. Antes de esta fecha, el país experimentó momentos políticos que llevaron al sistema democrático y al sistema de partidos al borde de la ruptura, si bien en este caso no hubo colapso como en sistemas políticos vecinos (^{Gutiérrez Sanín, 2002}; ^{Albarracín et al., 2018}). Por lo tanto, es necesario contextualizar lo ocurrido en el país desde mediados del siglo XX para comprender el papel desempeñado por el PL y el PC, los dos principales partidos.

A finales de la década de 1940, Colombia se vio inmersa en un conflicto civil entre el PL y el PC, el cual se prolongó hasta los años cincuenta y culminó en 1953 con el golpe de Estado liderado por el general Rojas Pinilla. Este golpe estableció un régimen militar que perduró por cinco años hasta la creación del Frente Nacional (FN). Con el objetivo de finalizar el conflicto, el PL, liderado por Alberto Llaneras, y el PC, representado por su ex presidente Laureano Gómez, pactaron una coalición y la formación del FN. Esta marcó el inicio de un nuevo régimen político consociacional, que efectivamente instituyó un sistema bipartidista en el que los dos partidos se alternaban el poder cada cuatro años (^{Duque, 2019}). Aunque este pacto entre liberales y conservadores facilitó la gobernabilidad, no logró restaurar plenamente la democracia debido a la restricción y concentración del poder en manos de los dos partidos tradicionales.

Este sistema político bipartidista perduró por más de dos décadas, hasta la disolución del FN y la celebración de elecciones verdaderamente democráticas en 1978 (^{Botero et al., 2016}). No obstante, el fin del FN trajo nuevos desafíos para una sociedad en proceso de desarrollo urbano, donde el peso del mundo rural disminuía cada vez más. Esto impulsó la necesidad de abrir los espacios políticos y de representación a nuevos actores sociales, así como la construcción de un sistema político que garantizara la libre participación de todos ellos.

A pesar de la apertura democrática del sistema político, el poder continuó concentrado principalmente en los partidos políticos tradicionales. En este contexto de cambio, surgieron diversos grupos guerrilleros que abrazaban posturas ideológicas de izquierda y buscaban un cambio sistémico. Entre estos grupos se encontraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19).

Durante la década de 1980, Colombia se vio sumida en un aumento de la violencia, marcando así el inicio de un conflicto armado entre el Estado y diversos grupos antisistema. Este panorama representó una amenaza constante para la estabilidad del sistema político colombiano, caracterizado por lo que ^{Linz (2021)} denominó “oposiciones desleales”, las cuales, lejos de legitimar el sistema político democrático y los cauces representativos institucionales, buscaban su quiebra.

En 1984, el gobierno intentó la desmovilización y desarme de los grupos armados, lo que resultó en la creación de la Unión Patriótica (UP), como un intento por canalizar el descontento social de diversos sectores colombianos (^{Marín, 2017}). La formación de la UP marcó el fin del sistema bipartidista que había predominado hasta entonces, facilitando el proceso constituyente que culminaría en 1991 (^{Marín, 2017}). A pesar de enfrentar obstáculos y ataques violentos a sus miembros, la creación de la UP evidenció la necesidad de una renovación profunda del sistema político colombiano. Este clima de violencia y conflicto llevó al país a reconocer la urgencia de un cambio radical, que se materializaría en la elaboración de una nueva constitución. Esta nueva carta magna abriría el sistema político a nuevos actores, demandas sociales y un mayor pluralismo político.

La Constitución de 1991 marcó el inicio de un nuevo sistema político en Colombia, que trajo consigo una renovación del sistema electoral, transformaciones en las instituciones políticas, una mayor descentralización del Estado y la entrada de otros actores en la arena política. Estos cambios y reformas tuvieron como objetivo principal acabar con las prácticas clientelistas del pasado y aumentar la representatividad del sistema (^{Pachón & Hoskin, 2011}). La formación de un nuevo sistema de partidos fue una consecuencia directa de estas transformaciones, y ha seguido evolucionando hasta la actualidad. Algunos autores sugieren que el cambio en el sistema de partidos fue un elemento previo a la reforma constitucional (^{Gutiérrez Sanín, 2020}).

3.2. ¿Es el colombiano un sistema de partidos institucionalizado?

Como ya se dijo arriba, la institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina ha sido objeto de numerosos estudios y debates teórico-empíricos. El caso colombiano no ha sido la excepción y ha atraído el interés académico. ^{Luna & Zechmeister (2005)}, utilizando datos del Latinobarómetro y encuestas a legisladores latinoamericanos, evaluaron el grado de representación entre la élite política y la ciudadanía en varios países de la región, incluyendo a Colombia. Concluyeron que algunos, como Chile y Uruguay, presentaban una fuerte historia de competencia interpartidista e institucionalización (^{Luna & Zechmeister, 2005}).

De hecho, investigaciones previas han sugerido que el sistema de partidos colombiano estaba institucionalizado (^{Mainwaring & Scully, 1995}; ^{Boudon, 2000}). Aunque es importante cuestionar qué ha sucedido en las últimas tres décadas.

Recientemente, ^{Mainwaring & Bizzarro (2019)} han señalado un “estancamiento” en el sistema de partidos colombiano en su estudio sobre 91 regímenes democráticos desde 1974 hasta 2012. A diferencia de los sistemas de partidos en Ecuador o Perú, que han experimentado rupturas, el sistema de partidos y la democracia colombiana han permanecido sin erosión (^{Mainwaring & Bizzarro, 2019}). Esta institucionalización se ha fortalecido en los últimos ciclos electorales (^{Montilla, 2014}). Ahora, analicemos más detenidamente lo ocurrido en las últimas dos décadas.

Si aplicamos los criterios de ^{Mainwaring & Scully (1995)} para medir la institucionalización de los sistemas de partidos, debemos considerar: a) la volatilidad electoral, b) la arraigada y fuerte organización de los partidos, y c) la legitimidad otorgada a los partidos e instituciones democráticas por parte de la ciudadanía colombiana.

En primer lugar, al analizar las tasas de volatilidad en las diferentes elecciones celebradas en Colombia desde 1991, resulta que la media ha sido del 43.42% en las presidenciales y del 28.44% en las legislativas. La volatilidad legislativa media es alta, pero no pone en duda la estabilidad del sistema. Además, desde 2006 se ha observado un descenso en la volatilidad, con la de 2018 como la más baja registrada, con un 19.49%.

En segundo lugar, es importante destacar la arraigada presencia de los partidos políticos en la sociedad colombiana, así como su antigüedad y la estabilidad de sus estructuras organizativas. Si consideramos el año de fundación de los principales partidos, se advierte que los dos más antiguos siguen siendo el PL y el PC. Y aunque ya no ostentan la hegemonía en la escena política colombiana son fundamentales para comprender la historia política del país, en particular el Partido Liberal (véase especialmente ^{Roll, 2003}).

Los demás partidos apenas tienen algunas décadas de existencia en el sistema político colombiano. Tanto el Partido Cambio Radical como el Partido de la U fueron creados a principios del siglo XXI, coincidiendo con cambios en el sistema electoral colombiano. Cabe decir que el primero ya funcionaba como movimiento político a finales de la década de 1990. Ahora bien, todos estos partidos surgieron como escisiones o ramificaciones del PL y el PC. El Partido de la U surgió en torno a la figura de Álvaro Uribe, quien tras las elecciones de 2002 logró agrupar a los sectores de la nueva derecha, separándose de la vieja derecha conservadora tradicional. A pesar de su pasado en el PL, Uribe logró reunir un considerable número de seguidores (^{Barrero & Meléndez, 2011}). Gutiérrez Sanín explica la versatilidad que lo mantuvo en la cima durante muchos años, considerando al uribismo como un movimiento firmemente arraigado en la democracia, pero con características no convencionales, como una fuerte postura antiliberal y una activa militancia en contra de la defensa de los derechos humanos (^{Gutiérrez Sanín, 2020}).

Finalmente, en las elecciones de 2022 surgió la Coalición Pacto Histórico Colombia Puede conformada por diversos partidos, principalmente de izquierda.

Un caso relevante y bastante significativo de la mutación de los partidos políticos latinoamericanos es el de la Alianza Verde, que ha cambiado de denominación en varias ocasiones a lo largo de las décadas. Fundado a principios de los noventa con el nombre de Partido Alianza Democrática M-19, desempeñó un papel relevante en el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente de esa época. Más tarde cambió su nombre a Opción Centro, denominación que evolucionó a la actual Alianza Verde.

Por otro lado, el Centro Democrático surgió en 2013 como resultado del transfuguismo de algunos líderes del PC, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe. Aunque inicialmente fue percibido por los electores como una opción de voto de castigo contra la derecha conservadora tradicional representada por el PC, en los últimos años, su apoyo ha experimentado una disminución. Aun así, el PC ha resistido esta situación y sigue siendo el referente para los sectores de la derecha conservadora tradicional.

En cuanto a la Coalición Pacto Histórico Colombia Puede recién formada en 2021, tiene por objetivo agrupar a diferentes corrientes y partidos de izquierda. Entre estos se encuentran la organización política Colombia Humana, la Unión Patriótica-Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), el Partido del Trabajo de Colombia, la Unidad Democrática y Todos Somos Colombia. Aunque su irrupción en el sistema tiene poco tiempo, algunas de estas agrupaciones han participado en el sistema desde la década de los ochenta (UP), mientras que otras lo han hecho desde los años dos mil, aunque con un muy limitado porcentaje de escaños, y sin ser fuerzas en especial relevantes en el parlamento colombiano.

El tercer aspecto clave a considerar es la legitimidad que disfrutan los partidos políticos colombianos y las instituciones democráticas del país. La alta legitimidad otorgada por la ciudadanía a estas instituciones sugiere la salud del sistema de partidos colombiano y la estabilidad de sus instituciones democráticas. Para evaluar esto, podemos recurrir a los datos recopilados por el Latinobarómetro en varios años. En el gráfico 1 se observa el porcentaje de personas que respondieron afirmativamente a la frase: “No puede haber democracia sin partidos políticos”.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la web del Latinobarómetro.

Gráfico 1 Evolución porcentual de la creencia sobre la imposibilidad de que exista de democracia sin partidos políticos (1997-2013) 

Se advierte que, en la década de los noventa, cuando se estableció el nuevo sistema político en Colombia, más del 50% de las personas respondían afirmativamente a la pregunta sobre la necesidad de contar con partidos políticos en un sistema democrático. Este periodo estuvo marcado por la presencia de organizaciones políticas que enfatizaban los vínculos comunitarios, étnicos o religiosos, lo que refleja la heterogeneidad y diversidad social y cultural en la sociedad colombiana (^{Duque, 2022}). Sin embargo, a principios del siglo XXI, la confianza en los partidos políticos como actores legítimos y fundamentales de la práctica democrática descendió hasta alrededor del 30%. Este declive podría atribuirse al desgaste de los dos partidos tradicionales que aún mantenían hegemonía en las instituciones políticas colombianas.

Resulta notable que, a partir de 2005, los niveles de confianza en los partidos políticos volvieran a alcanzar el 50%. El repunte coincidió con la aparición de nuevas formaciones políticas. Estos niveles de legitimidad se mantuvieron más o menos estables hasta 2013, el último año con estos datos a disposición.

El último indicador que se incorpora para medir la institucionalización del sistema político colombiano viene de la mano de ^{Levitsky (1998)}, específicamente, la capacidad de adaptación del sistema. La alta volatilidad se debe a los cambios en las denominaciones de las fuerzas políticas y las coaliciones preelectorales que han dado lugar a nuevas fuerzas políticas basadas en las preexistentes. Se han observado procesos de escisión y reagrupación en contextos determinados. Estas transformaciones muestran la capacidad de adaptación del sistema colombiano a las nuevas demandas sociales, aunque manteniendo un alineamiento tradicional.

En algunos casos, las escisiones en un contexto específico han generado posteriormente reagrupamientos, como ha ocurrido en la derecha con el partido de la U. Además, la percepción de los partidos políticos como elementos relevantes del sistema político se ha mantenido estable en torno al 50% desde 2005, superando periodos de menor legitimación en el transcurso de un año.

3.3. Evolución del sistema de partidos colombiano: un intento clasificatorio

Respecto a la naturaleza y clasificación del sistema de partidos colombiano, varios estudios lo han intentado esclarecer utilizando diferentes parámetros. Entre ellos se encuentran las investigaciones de ^{Coppedge (1998)}, ^{Gutiérrez Sanín (2007)}, Pizzarro (2002), ^{Rodríguez-Raga & Botero (2006)}, ^{Batlle & Puyana (2011)}, ^{Pachón & Hoskin (2011)}, ^{Pérez (2011)}, ^{Holmes & Gutiérrez de Piñeres (2012)}, ^{Montilla (2014)}, ^{Botero et al. (2016)}, ^{Basset (2018a}, ^2018b), ^{Sandoval (2018)}, ^{Gamboa (2019)} y ^{Duque (2022)}. En general, estos estudios coinciden en que el sistema de partidos colombiano es multipartidista.

Pero es necesario ir más allá. Se requiere un esquema metodológico que clasifique el sistema de partidos colombiano en un periodo histórico determinado que permita comprender su evolución. Asimismo, se necesita una herramienta analítica que facilite el estudio y establezca comparaciones con otros sistemas de partidos latinoamericanos y globales.

Dicha herramienta analítica y clasificatoria la proporciona ^{Siaroff (2000}, ²⁰⁰³⁾. Con sus cuatro criterios clasificatorios que abordan aspectos estructurales y dinámicos de la competencia política, Siaroff nos lleva a señalar que el sistema de partidos colombiano instaurado a partir de 1991 se ha caracterizado claramente por el multipartidismo, si bien ha atravesado distintas etapas: una inicial de multipartidismo extremo con un partido predominante, seguida por otra de multipartidismo moderado con un partido predominante. La última etapa, que llega hasta nuestros días, caracterizada por el multipartidismo con un equilibrio entre los partidos.

La primera etapa (1991-1994) se puede considerar de multipartidismo extremo con un partido predominante. Con la aprobación de la nueva Constitución en 1991, se buscaba abrir el sistema político colombiano a nuevas fuerzas, sensibilidades y demandas, con el propósito de construir un sistema democrático más pluralista. La inauguración del nuevo sistema político y electoral tuvo un impacto directo en el sistema de partidos colombiano.

Antes de la aprobación de la Constitución, el PL y el PC concentraban el 91% de los escaños parlamentarios en las elecciones. Pero tras las elecciones de 1991 perdieron casi un 30% de esos escaños, mientras que seis partidos obtuvieron al menos un 3%, lo que les permitió desempeñar un papel más relevante en las instituciones políticas del país.

A pesar de esta apertura multipartidista, el sistema aún mostraba tendencias del pasado. Pese a que aumentó considerablemente el número de actores relevantes, el PL seguía concentrando más de la mitad de los representantes parlamentarios en esa primera legislatura. En tanto que la diferencia entre el primer partido, el PL, y el segundo, el PC, era significativa con una ratio de 5.8 entre ellos. Por lo tanto, en esta etapa, el sistema carecía de competitividad dada la hegemonía continuada del PL.

La hegemonía del PL, según ^{Pizarro (2002)} y ^{Botero et al. (2016)}, podría haber sido resultado de la proliferación excesiva de pequeñas y nuevas fuerzas políticas, lo que generó una fragmentación excesiva en el sistema de partidos. Paradójicamente, esto benefició a los viejos partidos, aunque con matices (^{Gutiérrez Sanín, 2002}). Después de este momento inaugural del sistema político y de partidos en Colombia, comenzaron los cambios. Aunque el sistema siguió caracterizándose por la presencia de múltiples partidos y mantuvo su naturaleza multipartidista, esta fragmentación disminuyó. El sistema pasó a ser de multipartidismo moderado, pero con un partido predominante.

La elección de 1991 se considera atípica porque inicialmente significó una apertura del sistema, pero en la legislatura que comenzaría en 1994, el PL y el PC retomaron su papel protagónico. Tras las segundas elecciones legislativas, fueron tres los partidos relevantes, mientras que su número se redujo a la mitad. Los dos tradicionales llegaron a contar con el 79.5% de los representantes parlamentarios y la distancia entre ellos se acortó, lo que generó un sistema más competitivo. Al mismo tiempo aumentaba la distancia entre el segundo y el tercer partido, situándose en una ratio de 6.7 puntos. Esta situación se repitió en la tercera legislatura, tras las elecciones de 1998, y continuó tras las de 2002.

No obstante, en esta legislatura comenzaron a vislumbrarse pequeños cambios que tendrían mayor repercusión en el futuro. El sistema daba atisbos de una evolución. La cantidad de partidos relevantes subió a cuatro. Los dos primeros llegaron a concentrar el 46.6% de los escaños. Mientras que la competitividad entre la primera, segunda y tercera fuerzas políticas aumentó considerablemente, reduciéndose las ratios que los separaban. Además del contexto político y el reforzamiento de nuevas alternativas, hay que resaltar la dificultad de la élite de los partidos tradicionales para mantener el control de la élite subnacional (^{Gutiérrez Sanín, 2002}; ^{Duque, 2006}; ^{Batlle & Duncan, 2013}; ^{Duque, 2022}).

Por primera vez, ni el Partido Liberal ni el Conservador tenían mayoría en el parlamento, lo que los obligó a cooperar. Según ^{Botero et al. (2016)}, la dinámica de la competición electoral comenzó a cambiar, y surgieron nuevos movimientos y partidos políticos con una representación significativa en las instituciones representativas (^{Batlle & Duncan, 2013}), lo que llevó a la atomización de los partidos (^{Montilla, 2014}). El PL y el PC ya no podrían gobernar solos. Además, como señalan ^{Pachón & Hoskin (2011)}, la victoria de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales de 2002, y su reelección en 2006, representaron un cambio significativo. Uribe, que provenía de las filas del PL, logró agrupar a un número significativo de electores en torno a la idea de un líder capaz de favorecer la gobernabilidad del país (^{Barrero & Meléndez, 2011}). Esto situó a su recién creado partido en condiciones de competir directamente con los dos partidos tradicionales en las segundas elecciones de 2006.

No es insignificante que en ese periodo se llevaron a cabo reformas en el sistema electoral. Para superar de una vez por todas el bipartidismo arraigado desde el FN, en 2003 se aprobó una reforma electoral que reducía la fragmentación excesiva de los partidos y aumentaba la cohesión interna (^{Rodríguez-Raga & Botero, 2006}; ^{Pérez, 2011}; ^{Botero et al., 2016}). Se modificó la fórmula de conversión de votos en escaños. Sin embargo, el cambio más significativo se produjo en relación con la modalidad de candidaturas, limitando la posibilidad de presentar una sola lista por partido en cada circunscripción electoral. Los resultados fueron parcialmente exitosos en la Cámara de Representantes, dependiendo del tamaño del distrito electoral. En algunas circunscripciones pequeñas, la fragmentación, lejos de reducirse, aumentó (^{Milanese & Jaramillo, 2015}).

Los cambios electorales llevaron al sistema de partidos colombiano a una tercera etapa que perdura hasta la actualidad. Esta se caracteriza por un multipartidismo extremo con un equilibrio entre los partidos políticos. Desde las elecciones de 2006, el sistema de partidos colombiano ha estado conformado por entre seis y ocho partidos. Tras la reforma, surgieron nuevas fuerzas relevantes en el sistema político colombiano, como el Partido de la U o la Alianza Verde. Estas fuerzas se han consolidado en la sociedad y en la arena política colombiana.

Al mismo tiempo, se ha observado una disminución en la concentración de las dos principales fuerzas políticas, que solo en una ocasión han superado el 50% de los escaños. Basset introduce una matización al introducir el clivaje de competición electoral como un elemento explicativo. Según él, a pesar del declive del apoyo a los dos principales partidos, el eje orientador fundamental sigue siendo liberal/conservador. Sin embargo, sostiene que, en las elecciones de 2014, con una marcada incorporación del clivaje centro/periferia, es cuando se rompe verdaderamente con el sistema anterior (^{Basset, 2018b}).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos y resultados electorales disponibles en la web de la Misión Observadora Electoral (MOE), del histórico de resultados electorales de la web de Registraduría Nacional del Estado Civil y de los datos disponibles en la web Inter-Parliamentary Union.

Gráfico 2 Porcentaje de escaños de los partidos relevantes en las elecciones legislativas colombianas (1991-2022) 

En cuanto a la dinámica del sistema partidista, se identifica el aumento considerable de la competitividad entre las principales fuerzas políticas que lo componen. Las distancias entre la primera, segunda y tercera fuerza política han sido de aproximadamente 1 punto en estos años, lo que indica la existencia de una competencia significativa en el sistema y una fuerte expectativa de cambio en la correlación de fuerzas de una elección a otra.

El cambio en la estructura y dinámica del sistema ha propiciado modificaciones en la interacción entre partidos. Por unos años se formaron grandes coaliciones parlamentarias de manera informal, y desde 2006 se ha configurado un esquema de mayoría-oposición fuertemente polarizado (^{Basset, 2018a}). Es destacable que en la última década ningún partido ha conseguido una mayoría holgada en el parlamento para gobernar en solitario, lo que ha obligado a la cooperación y a coaligarse para gobernar. El número de partidos en el Congreso ha oscilado entre los ocho y trece en la última década (^{Duque, 2022}).

Sin duda, las últimas elecciones de 2022 muestran que el sistema de partidos colombiano sigue caracterizándose por el multipartidismo extremo con equilibrio entre las distintas fuerzas políticas. Por el momento, no hay signos de evolución hacia otra estructura y dinámica. Los actores que lo conforman y sus interacciones de competición-cooperación parecen estables.

Este multipartidismo refleja el pluralismo que define a la sociedad colombiana, aunque complica el proceso de formación de gobiernos (^{Duque, 2022}). La creación de un amplio y diverso gobierno de coalición en 2022 ilustra el constante equilibrio entre los partidos políticos más tradicionales y los movimientos y partidos políticos más novedosos que buscan cambios significativos en la dirección del país (^{Botero et al., 2023}).