En clave histórica

La generación de conocimiento en las ciencias sociales involucra un número considerable de personas, quienes participan relatando sus historias de vida, respondiendo entrevistas o encuestas (^{Santi, 2016}). Históricamente esta interacción entre participantes e investigadoras/es sociales no estaba mediada por lineamientos éticos más que por aquellos que podía acarrear consigo el investigador/a (^{Schrag, 2010}). Luego de la Segunda Guerra Mundial, la investigación con seres humanos se transformó en una relación mediada por guías (códigos de ética profesional, regulaciones y declaraciones éticas), instituciones (comités de ética, de docencia e investigación), y organismos (agencias financiadoras y reguladoras), entre otros (^{Santi, 2015}).

Como consecuencia de este avance de la ética se estableció una serie de requerimientos que quedaron plasmados en las guías éticas: el consentimiento informado; el respeto a la privacidad de la persona; el resguardo de la confidencialidad de la información; el balance positivo de riesgos y beneficios; el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad, y la evaluación de los proyectos de investigación por parte de un comité de ética (^{AMM, 2013}; ^{CIOMS-OMS, 2016}). Si bien el objetivo primordial de estos requerimientos fue guiar la investigación biomédica, las investigaciones sociales no quedaron ajenas a este proceso (^{Beauchamp, et al., 1982}; ^{Israel & Hay, 2006}; ^{Santi, 2016}; ^{FLACSO, 2022}).

El problema que surge es que tales requerimientos fueron concebidos a la luz de la investigación biomédica de manera que no resultan completamente apropiados para la investigación social ni logran dar respuesta a los desafíos éticos que allí emergen (^{Bernuz et al., 2019}; ^{Wynn & Israel, 2018}; ^{Hearn et al., 2007}; ^{Roberts & Indermaur, 2008}). En la práctica, el seguimiento de estos requisitos ha tendido a ser percibido como una instancia meramente formal y procedimental (^{Emmerich, 2016}; ^{Guillemin & Gillam, 2004}; ^{Sieber et al., 2002}).

Este desfasaje es claro en el caso de la investigación sobre violencias y otras áreas que indagan en temas sensibles. Tales campos de investigación imprimen particularidades a los dilemas éticos que emergen, los cuales quedan fuera de los enfoques clásicos de ética de la investigación (^{Santi, 2016}). Estas particularidades son manifiestas al investigar actividades ilegales (^{Israel & Hay, 2006}), prácticas controvertidas moralmente (como el trabajo sexual) (^{Liamputtong, 2007}) o experiencias traumáticas (como violencia y abuso sexual) (^{Lindsey, 2010}). El abordaje de estos temas ha dejado al descubierto cómo la investigación social puede vincularse con la revictimización de las personas (^{Fontes, 2004}) y, a su vez, con la producción de una “pornografía de la violencia” (^{Bourgois, 2005}; ^{Lindsey, 2010}).

En lo que sigue, y en diálogo crítico con la literatura sobre ética de la investigación, abordaremos antecedentes específicos que articulan la ética con la investigación de violencia de género.

Problemas éticos y metodológicos en investigación sobre violencia íntima

Los problemas éticos y metodológicos han sido escasamente abordados cuando la investigación indaga sobre el relato de quienes han ejercido violencia de género (^{Hearn et al., 2007}; ^{Oddone, 2020}). La falta de reflexión sobre el trabajo de campo es aún más notoria en el estudio de quienes forman parte de programas para varones autores de violencia hacia sus parejas (^{Boira, 2010}; ^{Boira et al., 2014}).

El estudio de agresores de violencia está marcado por algunas particularidades. Entre ellas, la sensibilidad de la temática y los discursos que interpelan el tema (^{Binik, 2020}), la vulnerabilidad de los participantes (en penales, miembros de grupos marginalizados, etc.) (^{Israel, 2004}) y el contacto y acceso a las instituciones involucradas (^{Patenaude, 2004}). A esto se le suma la reticencia general de los organismos encargados de producir o monitorear información de violencia de tener políticas abiertas de los datos (^{Auyero & Berti, 2013}). En este contexto, la literatura ética y socioantropológica se ha orientado a ciertos nudos problemáticos.

Los contextos institucionales de trabajo de campo imponen lógicas sobre el proceso de investigación. El hecho de que las instituciones penales y terapéuticas detenten posiciones de poder, hace particularmente difícil investigar sus actividades (^{Israel, 2004}). En el caso de las instituciones mencionadas, la presencia de gatekeepers -o actores mediadores durante el proceso de trabajo de campo (^{Patenaude, 2004})- marca una particular forma de realizar la investigación.

El “ingreso al campo” ―es decir, el contacto inicial con los participantes― constituye un reto ético en tanto que las instituciones y sus profesionales necesariamente median el vínculo entre entrevistadores y entrevistados. En la investigación en dispositivos penales es habitual la “desconfianza” hacia los investigadores externos, tanto por parte de los detenidos como de las autoridades penitenciarias y el personal administrativo (^{Patenaude, 2004}). En el caso de programas para varones con conductas violentas, esto ha implicado el desarrollo de estrategias de vinculación (^{Beiras et al., 2017}), como el establecimiento de acuerdos institucionales y la elaboración conjunta de objetivos de investigación. Esto también ha implicado la propuesta de nuevas formas de transferencia de conocimientos, por ejemplo, la discusión explícita de los procesos de trabajo de campo (^{Michailova et al., 2014}).

El resguardo de la confidencialidad y establecimiento de acuerdo mutuo entre participantes e investigadores -viabilizado a partir de un consentimiento informado- ha ameritado otro conjunto de discusiones (^{Lowman & Palys, 2001}; ^{SEIC, 2021}). Como plantean ^{Roberts & Indermaur (2008)}, en la investigación sobre violencia frecuentemente se constituye un potencial riesgo para los participantes al dejar constancia escrita de su colaboración. La desconfianza, el impacto en las dinámicas de las instituciones y el efecto simbólico de estos documentos moldean el proceso de trabajo de campo (^{Copes et al., 2012}). La implementación de una lógica burocratizada y formalista del consentimiento informado y de la reflexión ética han ido en desmedro de una aplicación pragmática que tome en cuenta las particularidades de los casos de estudio (^{Emmerich, 2016}; ^{Guillemin & Gillam, 2004}; ^{Sieber et al., 2002}).

A este aspecto se le suma el hecho de abordar en forma directa los relatos sobre el ejercicio de violencia. Tal como plantean ^{Bourgois (2003)} y ^{Noel (2011)}, existe una tensión entre los requisitos legales de informar sobre delitos no reportados y los acuerdos sobre confidencialidad.

Identificar las motivaciones que llevan a personas que cometieron delitos violentos a hablar ha sido otro aspecto indagado, relevante tanto para la evaluación ética como metodológica de un estudio (^{Bosworth et al., 2005}; ^{Copes et al., 2012}). Contar la “historia real” es una motivación común que tiene incidencia en las consideraciones éticas y en la lógica general del trabajo de campo (^{Bredal et al., 2022}).

El balance positivo de riesgos y beneficios es considerado como un requerimiento ético primordial (^{Sieber & Tolich, 2013}; ^{Santi, 2016}). No obstante, esto es difícil de evaluar en las investigaciones sociales dado que los beneficios de participar son usualmente indirectos. Esto significa que la investigación potencialmente beneficia a otras personas, pero no siempre a las personas participantes (^{Santi, 2015}). En contraposición, los riesgos para los entrevistados no son desdeñables, especialmente en contextos penitenciarios. En la investigación de determinados grupos resulta ambivalente la provisión de beneficios. La literatura ha ofrecido escasa atención a las obligaciones de las/los investigadores que entrevistan a estas personas o grupos cuando se indagan los daños hacia terceras personas, por ejemplo, mediante violencia sexual u homicidio (^{Israel, 2004}).

La investigación con personas que han cometido violencia plantea necesariamente la pregunta acerca de la seguridad y resguardo de la persona que lleva adelante la investigación (^{Umaña, 2018}). Este es un punto que genera controversias entre los mismos investigadores quienes frecuentemente no se sienten “en riesgo”, o al menos saben cómo minimizarlo ―por ejemplo, realizando entrevistas en lugares públicos o con afluencia de gente o ante la cercanía de guardias en el caso de la investigación en prisión―. Es un punto sobre el que suelen alertar los comités de ética al evaluar los proyectos de investigación.

Teniendo en cuenta la sensibilidad de los temas y los contextos de investigación, los riesgos para las personas participantes pueden ser significativos si se revelara su identidad o el de las instituciones. Incluso la terminología utilizada ha ameritado discusiones sobre su potencial impacto. Como plantea ^{Patenaude (2004)}, no existen términos inocuos, ya que estos deben interpretarse a la luz de las racionalidades de los actores involucrados. El término “informante” usualmente utilizado en investigación cualitativa puede poner en riesgo de vida a un participante si es interpretado fuera de contexto e igualado a soplón o rata, en jerga carcelaria (^{Patenaude, 2004}). Este dilema es de incumbencia ética en la medida que, durante el proceso de hacer entrevistas o al presentar los resultados en la investigación, se pudieran reproducir o reforzar estereotipos, ignorando los procesos subjetivos que traen a colación los participantes (^{Andreassen et al., 2017}; ^{Ulrich, 2017}).

El extractivismo académico ha despertado otra línea de debates, incluyendo estudios sobre violencia de género (^{Thomas et al., 2022}). El desarrollo de guías de recomendaciones, tales como la de ^{Engage Project (2020)}, ha sido una de las respuestas al avance de prácticas académicas que no contemplan la dimensión ética de la investigación (por ejemplo, el bienestar de los/as participantes, los beneficios, la geopolítica de la información) y que, en el caso de la violencia de género, es aún más relevante (^{Weber et al., 2021}).

Las discusiones presentadas en esta sección dan cuenta de qué temas se han abordado en este campo y los enfoques para pensar la ética de la investigación sobre violencia de género. Como resultado de esta focalización en la literatura, la discusión y reflexión sobre el proceso concreto de trabajo de campo ―en el que intervienen actores con diferentes racionalidades, e instituciones con lógicas propias, por ejemplo―, ha sido poco explorada. Este artículo propone una indagación empírica de este proceso.

Comité de ética

El proceso de evaluación y acreditación de los estudios por comités de ética implicó un primer proceso de reflexión sobre el campo de estudio. Dos eventos iniciales fueron indicativos de la complejidad que representa para estos comités evaluar proyectos sobre agresores. Primero, en una instancia inicial de evaluación, el equipo miembro de un comité cuestionó la relevancia del estudio. Se planteó que un proyecto sobre varones conllevaría a que ellos “den excusas” y argumentaron la irrelevancia de hablar con “asesinos”. A su vez, sugirió ―a modo de comentario metodológico― la inclusión de “varones no violentos” como grupo de comparación del estudio cualitativo.

Segundo, tras las instancias de modificación de los protocolos, tres comités solicitaron que, como parte de los procesos para cumplimentar la vigilancia ética en los estudios, se diera aviso a las autoridades judiciales si los entrevistados hablaran de volver a cometer prácticas de violencia. Tal condición fue sine qua non para la aprobación del proyecto en uno de los comités. Sin embargo, como plantea ^{Noel (2011)}, el conocimiento de delitos que no han sido reportados a las autoridades policiales ―o, en este caso, potenciales acciones futuras― implica infringir tanto códigos de confidencialidad como desconocer la incertidumbre de las acciones y el carácter discursivo de las entrevistas.

La interacción con los comités de ética lleva a plantear algunos aspectos recurrentes en los estudios sociales de la violencia. Por un lado, la falta de conformación interdisciplinaria tuvo como desenlace la dificultad para interpretar los objetivos y perspectiva metodológica de los estudios. La estrategia metodológica ―usual dentro de las ciencias sociales, pero poco utilizada dentro de la biomedicina― no fue comprendida cabalmente por los equipos. Esto implicó un mayor desafío en la clarificación del proyecto y, por lo tanto, una carga mayor de procesos vinculados con su aprobación. Por otro lado, las devoluciones dieron cuenta de los propios prejuicios sobre la población de estudio por quienes integran los comités. En relación con el resguardo de la confidencialidad, las devoluciones de los comités llevaron a un verdadero dilema ético, complejo de resolver sin atentar contra la relación investigador/a-participante. Generalmente se simplifica este dilema exigiendo a los equipos de investigación que quiebren sin más con la confidencialidad que estaríamos garantizando como investigadoras/es.

La tensión que puede existir entre un equipo de investigación y un comité de ética está, en parte, vinculada con la posición de autoridad del equipo evaluador. Frente a las prerrogativas existentes, los grupos de investigación pueden verse forzados a seguir una lógica y un procedimiento impuesto desde otro encuadre disciplinar. Así, tanto un equipo de investigación como los participantes estarían sujetos al arbitrio del grupo de expertos. Este debate está lejos de estar saldado en la literatura sobre el tema. Y cada caso debe ser evaluado a la luz de las guías éticas y legislación vigente, por ejemplo, es mandatorio informar a las autoridades cuando existe evidencia de maltrato o abuso hacia niñas/os o jóvenes.

Estas “anécdotas de campo” no solo dan cuenta de los estereotipos sobre esta población, sino que son indicadores iniciales de la complejidad que implica poner en diálogo la lógica de un comité de ética con la de investigación social (^{Briggs, 2011}). A su vez, esto abre la pregunta sobre cómo son las lógicas (no solo formales) de evaluación, monitoreo y puesta en práctica de la ética en el marco de las ciencias sociales, aspecto que ha sido obviado tradicionalmente y reducido, en forma casi exclusiva, a las lógicas de las disciplinas biomédicas (^{Santi, 2016}; ^{Emmerich, 2016}).

Pedidos institucionales

Los pedidos y condiciones planteadas por representantes de las instituciones en las que se realizó trabajo de campo son otra dimensión relevante del análisis atada a los problemas éticos. Al ser el estudio de varones que ejercieron violencia comúnmente abordado a partir de programas terapéuticos -dado en un andamiaje jurídico e institucional-, esto implica un diálogo con quienes coordinan las instituciones. El intercambio y las lógicas de reciprocidad en el “ingreso al campo” es una dimensión explorada cabalmente por la antropología (^{Brettel, 1993}; ^{Guber, 2005}). No obstante, la particularidad en este campo se da por el tipo de vínculo judicializado con la población, la hegemonía de los discursos psi en estas instituciones y los modos de clausura institucional.

El pedido de reciprocidad fue ilustrado en el contexto de una primera entrevista con un referente de un programa.

A mí lo que me pasa es que no estoy de acuerdo con que sea simplemente un tema de promover el conocimiento general de las ciencias sociales como dicen los de CONICET [Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas]. ¿Por qué tendríamos que dar acceso a que vengan ustedes, o cualquier otro grupo, digo, y no pedir nada a cambio? ¿Qué gana la institución? Porque si no es solo extractivista. Vienen, hacen entrevistas, se llevan datos y se van. No estoy de acuerdo con eso. […]. Otro tema es si dan acceso a los datos, o nos permiten participar a nosotros también, o hay una retribución económica.

Este fragmento de entrevista da cuenta de dos aspectos salientes en el vínculo entre investigadores e instituciones: 1) ilustra las múltiples racionalidades que coexisten para pensar el abordaje de los varones ―académico-científico, profesional de intervención, proveedor de datos― y cómo se interpretan en forma cruzada. La investigación puede ser leída en clave de producción de conocimiento, y como una práctica unilateral de concentración de datos. Y 2) este caso destaca cómo es disputada una relación de extractivismo. Esto es pensado solo en la medida en que “la institución” reciba algún rédito, independientemente de cómo esto se vincule con el proceso de trabajo llevado a cabo. La aceptación y rechazo del trabajo de campo depende de la negociación de estas visiones (^{Brettel, 1993}).

Los pedidos institucionales para habilitar el ingreso de los/as investigadores/as se relacionaron principalmente con tres tipos: a) entrega de datos relevados, b) pago o remuneración monetaria o material, y c) de informes y retribución de conocimiento.

Primero, pedir los datos recolectados fue común en los diferentes espacios institucionales. Ya fuera a partir de datos en bruto o procesados, “retener lo propio de la institución” fue recurrente en los dispositivos. Este pedido no solo entró en conflicto con el resguardo de la confidencialidad, sino que marcó un vínculo entre los/as representantes institucionales y los equipos de investigación. La directora de un dispositivo de abordaje planteó este pedido en clave de “retroalimentación a la institución”: suministrarle entrevistas permitiría conocer más a quienes asisten regularmente y asistieron en el pasado a los espacios de abordaje:

Lo que podemos ver es que nos den las entrevistas, las transcripciones. Porque eso sería muy útil para nosotras. Es una forma de conocerlos desde otro lado, sin que medie nuestra palabra, como ustedes son externos. Además, sería una forma de retroalimentar al trabajo que hacemos desde acá.

La posibilidad de que investigadores externos produzcan datos diferentes a los logrados internamente no fue un pedido recurrente en la negociación con profesionales. No obstante, podemos hipotetizar que la singularidad de ese pedido responde a una lógica más general y, asimismo, da cuenta de que está legitimado.

Segundo, la solicitud de “apoyo” monetario o material también fue recurrente. Por ejemplo, la directora de un programa privado de abordaje de varones con conductas violentas explicitó la solicitud de intercambio material:

Nosotros acá necesitamos impresoras, por ejemplo. Dos impresoras. Y no sé si ustedes tienen financiamiento para eso, pero no me parece mal que a cambio de dejarlos hacer sus encuestas nos dejen equipo, ¿no?

En el contexto de otras entrevistas con directivos y docentes, el pedido monetario o material se expresó en términos de una negociación. El vínculo entre el permitir el ingreso al espacio institucional, las necesidades de los dispositivos, los recursos del equipo y los objetivos de los actores fue un aspecto puesto en la escena de las entrevistas. En este sentido, se disputaron los permisos:

Decime concretamente qué necesitan hacer ustedes y si nos dejarían ser parte del proyecto. Porque si es simplemente pedirnos encuestar a los varones, no estamos de acuerdo. […]. Pero si la institución saca algo de esto, ahí sí. Nosotras creemos que tiene que haber un ida y vuelta.

Es que yo diría que esto requiere un overhead. Porque acá casi no hay recursos de nada. Nosotros ponemos mucho y si ustedes vienen desde afuera con un subsidio, no me parece mal que se le pague un porcentaje a la institución.

El ingreso a los espacios estuvo, en estos casos, marcado por disputar qué recursos son válidos de intercambiar con el fin de desarrollar las investigaciones. Por un lado, esto mostró las diferentes lógicas que entraron en contacto en torno a los temas de estudio: qué es legítimo solicitar, qué intercambios se pueden lograr, qué capitales de los actores se pueden negociar. Por otro lado, esto evidenció la relación de poder que se gesta en estos espacios y que es infranqueable en un proceso de investigación. El trabajo de campo “se paga” (^{Guber, 2005}) en función de diferentes recursos e interacciones, lo que moldea los contextos en los que se producen esas investigaciones. Asimismo, el tenor de estos pedidos dejó entrever las desafiantes condiciones de trabajo donde los recursos son escasos y particularmente difíciles de obtener. Sostener profesional y económicamente un espacio institucional para varones que ejercieron violencia resulta más arduo que sostener un espacio para las personas que fueron víctimas de violencia.

Por último, los pedidos de retribución de conocimiento fueron comunes en los programas que tenían un mayor contacto con instituciones académicas. El hecho de tener vínculos previos con centros de investigación o universidades fue una base para comprender el objetivo de los estudios desarrollados y también fue un facilitador para compartir una misma lógica sobre el “por qué” de los estudios (^{Becker, 2016}). Los dispositivos y profesionales con mayor contacto y trayectoria en instituciones educativas fueron quienes tendieron a expresar este pedido.

Si bien la retribución de conocimiento específicamente a los espacios institucionales en donde se realizó trabajo de campo es una práctica frecuente en las ciencias sociales y humanas, también tuvo implicancias éticas concretas. En el caso de una institución especializada tanto en el abordaje de conductas violentas como de consumo problemático de sustancias, el pedido de informes de investigación se enlazó con un interés por reorientar sus propias políticas de trabajo:

Creo que nos vendría bien el trabajo que están haciendo […], porque sabiendo o teniendo una mirada externa podríamos nosotros reorientar algunas de las actividades y proyectos que tenemos acá. […] Estamos viendo si sirve el esquema de visitas que tienen ellos ahora, que es muy delicado cuando están al principio del tratamiento.

La situación descrita en el verbatim ilustra cómo el trabajo de campo en instituciones puede tener implicancias en sus políticas de abordaje. La inserción en espacios terapéuticos no es inocua. Por un lado, esta situación ilustra la incidencia que pueden tener las investigaciones en los propios contextos de trabajo. Los modos de dar sentido a los/as investigadores/as moldean los vínculos que se establecen. Por otro lado, pone de relieve la dimensión que debe tenerse en cuenta y sopesar al considerar los lazos que se construyen con las instituciones. Los riesgos y beneficios para la población son evidenciados. Como se ha discutido en torno a instituciones de salud mental, hospitales y cárceles, los efectos interpersonales e institucionales del trabajo de campo son rara vez considerados como un problema ético y, mayoritariamente, se les reduce a un análisis metodológico o “reflexivo” del proceso de investigación (^{Briggs, 2011}; ^{Liebling, 1999}, ²⁰⁰¹).

Los pedidos institucionales fueron tanto instancias de negociación en las que se disputaron recursos y posiciones simbólicas (^{Guber, 2005}), como momentos relevantes en términos éticos. Velar por la confidencialidad de los datos, resguardar el anonimato de los participantes y responder a las lógicas de gestión de capitales fueron instancias que, en los diferentes trabajos de campo, se repitieron. Creemos que esto marca patrones más generales del campo.

A su vez, estas instancias dan cuenta de los legítimos pedidos de parte de los actores involucrados con el trabajo de campo por tener una participación mayor y apostar a proyectos colaborativos. El diseño de proyectos con articulación directa con las poblaciones es así un modo de abordar este reclamo, reconocer la escasez de recursos de las instituciones y legitimar los pedidos. No obstante, cómo establecer la colaboración es aún un tema con consecuencias éticas importantes.

Selecciones y coacciones

En el caso de los programas de abordaje de la violencia, el contacto con los varones está mediado por quienes trabajan allí. El acceso a los participantes está atravesado por las lógicas formales e informales de cada institución: sus políticas de apertura a investigadores/as, sus portales web de información, las estrategias de difusión de actividades educativas y académicas. En esta sección describimos dos situaciones problemáticas identificadas en el contacto inicial con los varones: primero, la selección de los participantes y, segundo, las formas de coerción para participar.

En primer lugar, el contacto inicial con los participantes fue un proceso atravesado por actores que gestionaron los vínculos. “Seleccionar” y “bajar” varones fueron referencias que se utilizaron para describir el establecimiento del contacto entre entrevistadores y entrevistados. Este modo de nombrar y tematizar la acción conlleva, asimismo, un sentido sobre la autonomía de los participantes: ellos son “bajados” para hablar. Al consultarle a un entrevistado por su participación, él indicó:

Es parte del mismo proceso. Al principio uno no quiere hablar de nada y es la resistencia de quien niega todo. Pero después uno aprende, se deconstruye (acentúa) y lo hace por uno y por la institución, claro.

Seleccionar, solicitar y habilitar contactos y entrevistas fueron funciones que regularon los modos de contacto con los varones. “Hacerlo por la institución” fue una expresión explícita e implícita que dio cuenta de cómo se gestionan los relacionamientos de estos espacios. En este sentido, fue una referencia que dio cuenta de la lógica de deberes y favores (^{Hovland, 2009}; ^{Roberts & Indermaur, 2008}). Una profesional de una institución señalaba: “Yo puedo bajarte a algunos de los varones que están en etapas más avanzadas del taller […]. Seleccionaría a dos o tres, porque tampoco hay tantos. Y esos van a decirme que sí”.

El peso de las jerarquías institucionales, de los pedidos informales y de las diferentes lógicas que se atraviesan en las decisiones de los actores se imbrican en los procesos de trabajo de campo. “Hacerlo por” y “van a decirme que sí” son marcas narrativas en las conversaciones que indican cómo ciertas dinámicas de poder moldean la factibilidad de participar o no de un estudio.

De la misma forma que los/as profesionales en los dispositivos pueden habilitar el trabajo de campo, también pueden bloquearlo. La clausura institucional, como plantea ^{Joniak-Lüthi (2016)}, es parte de una estrategia más general de ciertos dispositivos para regular el vínculo y apertura a ciertos actores, y viabilizar sus modos de control. Tras una visita a un dispositivo municipal, se registró la siguiente nota de campo:

La directora del dispositivo nos invitó a participar de uno de los talleres grupales semanales en calidad de oyentes, que era llevado a cabo por otra profesional. Luego de participar del taller, la psicóloga que lo coordinaba nos pidió que contemos los objetivos del proyecto y que invitemos a los varones que estén interesados a participar. Cuatro varones comentaron su interés e intercambiamos teléfonos con ellos para coordinar entrevistas. Con dos decidimos realizar entrevistas en ese mismo lugar, tras el taller. Pasaron unos veinte minutos y al enterarse la directora del intercambio de teléfonos, interrumpió abruptamente las entrevistas y nos pidió que nos retiráramos. Señaló que los varones no tenían la libertad de dar sus teléfonos y que iba en contra del proceso terapéutico [Nota de campo].

Clausurar o, como en este caso, moldear los modos de comunicación fue una práctica y un proceso constante en algunas instituciones. La regulación de los temas, los modos, los lugares y los tiempos fueron procesos recurrentes. A la luz de discursos de protección de los varones ―de resguardo de su salud mental y de los procesos terapéuticos, principalmente―, estos fueron o no habilitados a hablar. En el fragmento de nota de campo previo se ilustra este modo de clausura y, en este proceso, de limitación del discurso.

En segundo lugar, la coerción a participar y dejar de hacerlo fue un segundo eje que emergió. Este tema ―profusamente abordado por la literatura ética y antropológica― está vinculado con los derechos de las personas a participar libremente de una investigación, y al entramado de relaciones que moldean este interés y las perspectivas que hay sobre participar.

Los referentes o gatekeepers son una figura central en la inserción en el trabajo de campo (^{Zhang, 2019}). En el caso de un entrevistado, la referencia a la directora fue clave al preguntarle por su interés en el estudio.

Entrevistador: ¿Y por qué aceptaste participar? Me genera curiosidad.

Entrevistado: Y creo que hay algo que tal vez pueda servir de mi experiencia, en la vida, con lo que pasó, y también por el tránsito de este lugar. Eso siempre puede ayudar a alguien que lea esto (señala grabador). Además, me pidió Marta (directora del taller) (ríe) y si me lo pide Marta, bueno, hay que hacerlo.

El humor es un recurso interaccional frecuente en entrevistas sobre violencia: desvía la tensión y funciona como una estrategia para gestionar posibles imágenes negativas y estigmatizantes del yo (^{Sandberg & Tutenges, 2019}). En el fragmento de entrevista previo, la risa ocupa un lugar relevante para realizar una crítica y, simultáneamente, suavizarla: el pedido de una directiva puede ser interpretado como una obligación. La lógica de deberes y favores contornea las decisiones de participar, el tiempo a dedicar, la aceptación de entrevistas múltiples y los temas prevalentes en las conversaciones.

De la misma forma en que ciertos varones fueron llevados a dar las entrevistas, otros fueron bloqueados para ser entrevistados y otros fueron reticentes a participar o continuar participando a raíz de las situaciones institucionales. Mariano, quien había comenzado a acudir a un taller de violencia y masculinidad, señaló que, a raíz de una discusión con un directivo, “no sería conveniente” que fuera parte de las entrevistas. Su infracción de normas de convivencia había llevado a una limitación de las actividades habilitadas:

Lo que pasa es que te cortan actividades extra, algunos talleres, por ejemplo, después de algo así (discusión con un directivo). Y a ellos no les agrada nada, para ser sincero eh, que hable con vos, los pone intranquilos. Y me doy cuenta. Así que prefiero dejarlo acá.

Las situaciones descritas ilustran dos aspectos centrales de la investigación cualitativa en este campo. Primero, la complejidad de delimitar la voluntad de participar de entrevistas cuando se considera el entramado de relaciones en el que los actores están inmersos. Cómo es el contacto inicial con los participantes, qué actores viabilizan este acceso y qué intereses y capitales se ponen en juego en este espacio, son temas centrales que desdibujan una concepción ingenua de “voluntad”. Así, se explicita que la falta de condicionamiento de la decisión a participar es mítica. La participación está sustentada en relaciones de poder en el marco de las instituciones, de la mano de las etiquetas que se disputan internamente, de las lógicas de sumisión y de dominación. A su vez, como plantean otros estudios (^{Copes et al., 2012}; ^{Dugosh et al., 2010}; ^{Mobley et al., 2008}), sin tomar medidas precautorias, los participantes pueden ser expuestos a posiciones de coerción.

Segundo, esto da cuenta de un aspecto micropolítico que regula con quiénes y cómo se habla. La mediación, selección y gestión de los dispositivos funciona, de este modo, como un sesgo de selección que moldea los relatos a los que se tienen acceso. Como planteó un entrevistado, nuestra investigación tuvo acceso a los casos “vip” que incorporan los discursos hegemónicos en las instituciones y que, por ello, tiene un comportamiento destacado y ejemplar. Quienes no deben ser escuchados ―los relatos “iniciales” e “incipientes”― son apartados de ese lugar.

Ambos puntos llevan a preguntarse sobre por qué aceptan o rechazan participar quienes están en el marco de estas instituciones. A su vez, los reparos y lógicas expresadas por los equipos profesionales y coordinadores tienen sentido como estrategia de defensa de los usuarios de los dispositivos. Las entrevistas pueden fragilizar, revictimizar y vulnerar a las personas (^{Copes et al., 2012}). No obstante, también puede interpretarse esta estrategia como defensiva de los propios equipos profesionales y como una forma de infantilización de la población. Como corolario, los principales problemas éticos son inseparables de las lógicas de las instituciones. Desconocer las dinámicas implica realizar el trabajo de campo “a ciegas” de los procesos relacionales que se gestan a su alrededor.

Protección de los entrevistados

El cuidado de las personas entrevistadas es un eje nodal de las discusiones éticas en diversos campos. No obstante, los riesgos por participar de una investigación han sido tematizados principalmente en el campo biomédico y, en forma minoritaria, en las ciencias sociales y la criminología (^{Santi, 2015}; ^{Bernuz et al., 2019}). En estudios de violencia de género, los resguardos para proteger a los participantes varones que ejercieron violencia han sido poco discutidos (^{Hearn et al., 2007}).

En los trabajos de campo que aquí analizamos la protección ante riesgos emergió en una situación emblemática: ante las ramificaciones de que un varón sea visto dando una entrevista. Previo a tener una denuncia por violencia de género, Adán había tenido una causa judicial por agresión física a sus hijos menores de edad. Realizamos dos entrevistas con él previo a que circulase el rumor con otros varones del programa de que “estaba dando reportajes”. Esto implicó una serie de complicaciones que él trajo a colación en una entrevista.

Una vez que te tildan de violín (violador), de causa especial,² ya no tenés derecho a nada. En un penal es peor, porque no tenés ni voz ni voto, y todo se usa en tu contra. Y creo que me vieron en la primera entrevista y no quiero problemas. Porque acá también corren rumores y se pica la cosa. Quiero evitarme el problema y quedarme en mi lugar.

Las propias etiquetas que se utilizan en las instituciones tienen un rol central en moldear y regular las interacciones y las jerarquías. En el caso de Adán, su etiqueta de “caso especial” lo posicionó en un lugar de desprestigio. La entrevista, según narra él, fue vista como una infracción de su lugar dentro de ese espacio social, un quiebre del statu quo institucional (^{Drybread, 2020}). Tras esta última entrevista, dejó de participar.

Ser visto “fuera de lugar” en este contexto tiene implicancias concretas: el inicio de comentarios, referencias acusatorias, disputas morales sobre quién puede y quién no puede hablar. De forma similar, Mario se sintió “perseguido” tras dar una primera entrevista:

Hay gente mala acá (baja la voz). Hay gente que no quiere que uno haga nada, que cambie, que hable. Porque las cosas se manejan así cuando están acá. […]. Después me sentí mal, como perseguido.

Tras esa conversación con Mario, decidimos dejar de realizar entrevistas. En este caso, el modo de transitar las conversaciones y la ruptura con una aparente dinámica previa en la institución implicaron adoptar una estrategia de protección del entrevistado.

En los casos presentados, la dimensión ética cobra relevancia en relación con el conocer las dinámicas de los lugares de trabajo de campo y así poder dar cuenta de qué puede exponer a los actores a perjuicios sociales. A pesar de que los programas funcionan agrupando a los varones bajo clasificaciones aparentemente homogéneas ―y, en el caso de los penales, “carátulas”―, internamente estas clasificaciones entran en disputa. La inserción en estos espacios es dotada de sentido por quienes lo habitan regularmente y generan rupturas, reacomodaciones y contiendas morales. La explicitación de un riesgo (“perseguido”, “etiquetado”, “problemas”, “pica”) fue el indicador que tomamos de referencia. A su vez, a la luz de los temas discutidos en apartados previos, nos preguntamos cómo se gestionan los riesgos de los varones en estos espacios y qué niveles de reflexión existe en torno a ellos.