Tras una compleja historia y varios cambios de fronteras, la migración humana entre México y Estados Unidos ha existido por más de cien años. Por muchas décadas después del término del Programa Bracero (1942-1964), alrededor de la mitad de la población indocumentada en Estados Unidos procedía de México. A pesar de haber personas de muchos otros países en esta condición legal precaria, el estereotipo del “ilegal” estaba ligado al del trabajador mexicano. Sin embargo, a partir de 2008, la migración neta desde México hacia Estados Unidos ha estado cerca de cero. Es decir, un poco más de gente regresa a México que la que se va. Esto se debe a una mezcla de factores; entre ellos, la recesión económica que empezó en ese año creó una disminución de empleos en Estados Unidos. La administración de Barack Obama llevó a cabo más de 2 millones de deportaciones hacia México, tratando de mostrar a los republicanos que la situación estaba bajo control, para después buscar una reforma migratoria (este arreglo bajo falsas premisas nunca se dio). Mientras tanto, en México, la tasa de natalidad y la población rural disminuyeron, a la vez que la proporción de la población de clase media aumentó. El número de visas temporales para gente con educación alta (H-1B) creció en gran medida específicamente, así como visas para mexicanos que trabajan en ciertas actividades, sobre todo la agricultura (H-2A). A pesar del desplazamiento de personas a partir del comienzo de la guerra contra el narcotráfico que el expresidente Felipe Calderón comenzó, es muy difícil para un mexicano que escapa de la violencia por la guerra contra las drogas y el crimen organizado conseguir asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, el tamaño de la población indocumentada mexicana disminuyó y la mano de obra mexicana dejó de ser el principal motor del sector de servicios.

Algunos años después de la disminución en mano de obra mexicana, la inmigración de varios grupos aumentó; tal vez la más visible y discutida en los medios ha sido la migración centroamericana, sobre todo de El Salvador, Guatemala y Honduras. La controversia no ha sido que hombres y mujeres trabajan en las industrias de construcción, mantenimiento, limpieza y otros servicios, sino que, viniendo de países que no comparten fronteras con Estados Unidos, aquellos que escapan a la violencia, el crimen organizado y la persecución política o amenazas por identidad o preferencias sexuales o pertenencia a un grupo social víctima de ataques, se entregan a autoridades migratorias en los puertos de entrada a lo largo de la frontera con México para pedir asilo de acuerdo con la ley estadounidense y convenios internacionales sobre el derecho a pedir asilo al llegar a un país seguro.

La población de estos países lleva desde por lo menos la década de los años ochenta llegando a ciertas ciudades (Washington, Long Island, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, entre otros destinos) debido a problemas políticos y guerras civiles impactadas por la política de la guerra fría. Al haber comunidades ya establecidas, era relativamente fácil en los años noventa y los 2000 llegar de manera informal, encontrar trabajo en Estados Unidos y mandar dinero a los hijos y parientes en Centroamérica, como lo hicieron millones de mexicanos por décadas y muchos lo siguen haciendo. Sin embargo, hubo un efecto generacional o de grupo (cohorte) que se hizo más evidente a partir de 2014, cuando vino el aumento de la cantidad de padres con niños, así como menores no acompañados que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos, buscando y a menudo pidiendo reunirse con sus padres en el interior del país. Muchos de ellos eran bebés o muy pequeños cuando sus papas salieron a trabajar al norte. A pesar de años de recibir remesas, la mayoría no veía la educación superior como una estrategia probable para salir de la pobreza; en cambio, querían volver a vivir con sus padres. La tendencia continúa. Al ser menores, tienen una mayor protección por la ley estadounidense e internacional y es poco probable que México acepte deportaciones de menores centroamericanos. La necesidad de buscar camas en albergues y lo dramático de las imágenes en fotografías y videos hicieron que de nuevo los republicanos y las personas antiinmigrantes acusaran a Obama de tener la frontera fuera de control. Este discurso no ha disminuido.

Al aumentar la migración de centroamericanos vía México, así como de venezolanos, cubanos y haitianos, entre muchos otros, se volvió más rentable para el crimen organizado pedir pagos por secuestros, pedir cuotas para pasar por “su” territorio u ofrecer protección como “coyotes” y guías (a veces en contubernio con autoridades locales y federales). Por lo tanto, el peligro y el costo del paso por México se incrementaron fuertemente. Una respuesta fue la organización de caravanas en las que un número considerable de migrantes viajan juntos, lo cual les facilita protegerse de pandillas o autoridades corruptas. Al movilizarse caminando, se ahorran costos de transporte y no es necesario pagarle a un “coyote”. Estos grupos tenían planeado, en su mayoría, entregarse a autoridades en los puertos de entrada en Estados Unidos y pedir asilo como grupo, como unidades familiares o como familiares de gente viviendo en Estados Unidos. Desafortunadamente, la ley migratoria de Estados Unidos, fuera de las peticiones de reunificación familiar y algunas visas para novios, trata a los aplicantes como individuos y no como parte de familias.

Al ir en grupo y ser más económico, personas que no habían planeado migrar o que no podrían pagar el viaje o a un “coyote” se unieron a las caravanas. Aunque esto es bueno para los migrantes en corto plazo, el problema de las caravanas es que son muy visibles. A diferencia de la migración hormiga o subrepticia, las caravanas llaman la atención de los medios, organizaciones no gubernamentales y grupos humanitarios. Demandan protección del gobierno en forma de comida, ayuda médica y hospedaje temporal, pero también que supervise y facilite su continua movilidad al norte, frecuentemente pagando por autobuses que los lleven a ciudades fronterizas en el norte de México. Estas caravanas también eran visibles en los medios estadounidenses y Donald Trump trató de usarlas -sin mucho éxito- para generar miedo y como argumento para votar por candidatos republicanos en las elecciones de 2018. Periodistas y público en general veían a estas caravanas llenas de padres, jóvenes y niños, como bárbaros en la puerta que -como supuestamente pasó con el Imperio Romano- presagiaban la caída de Estados Unidos como democracia y potencia mundial.

La respuesta anti-centroamericana no se limita a Estados Unidos. Canadá y México han aplicado prácticas políticas migratorias y discursos para disminuir la inmigración y el asilo de familias centroamericanas. Es muy caro viajar en avión a Canadá y para muchos centroamericanos no es fácil conseguir una visa. Relativamente pocos de ellos han recibido asilo político en Canadá. Los tres países de Norteamérica tienen el objetivo de rechazar inmigrantes centroamericanos por xenofobia, nativismo, nacionalismo, anti-indigenismo, a veces racismo y comúnmente aporofobia (miedo al pobre), la falsa creencia de que estas personas tienen poca educación, poco que ofrecer, que se dedicarán al crimen y que serán una carga para el Estado. Los gobiernos mexicanos estaban interesados en que los centro-americanos fueran aceptados en Estados Unidos y veían como problema su deportación a México.

En décadas previas, decenas de miles de centroamericanos pasaron por México camino a Estados Unidos; el viaje no era fácil y siempre ha habido extorsiones y abusos de poder por parte de policías locales y pequeñas pandillas criminales, pero el gobierno federal mexicano ha dificultado mucho la migración de tránsito a raíz de que la administración de Enrique Peña Nieto cedió ante las amenazas de Trump de cerrar las fronteras, frenar o encarecer el comercio entre México y Estados Unidos, si el Estado mexicano no hacía más para detener la inmigración desde el sur.

Este doble rechazo se institucionalizó en enero de 2019, con el programa binacional “Quédate en México” (Migrant Protection Protocols), que no está diseñado para que los mexicanos se queden en su país sino para que gente que pide asilo espere su turno para hablar con autoridades migratorias estadounidenses en México poniendo su nombre en listas oficiales e informales. Alguna gente espera en albergues del gobierno o del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU (ACNUR), pero la mayoría espera en tiendas de campaña o bajo lonas en campos de refugiados improvisados. Estos crean condiciones de vidas insalubres e inhumanas, sobre todo durante una pandemia, y generan imágenes para los medios que hacen parecer que hay un número sin fin de personas que quieren entrar a Estados Unidos. Estamos hablando de un cuello de botella creado artificialmente por la administración Trump para disuadir la petición de asilo. Joseph Biden intentó terminar el programa al principio de su gobierno, pero tras ser bloqueada su iniciativa por las cortes, el programa no sólo continuó, sino que se expandió -con el apoyo de México- para incluir a ciudadanos de todo el hemisferio, particularmente haitianos. En el verano de 2022 se anunció que este programa llegaría a su fin.

Con el inicio de la pandemia, Trump impuso un viejo reglamento de salud pública, el Titulo 42,¹ que cerró las fronteras al turismo y a las personas sin papeles vigentes de inmigración. Esto creó un incremento de personas retenidas en la zona fronteriza aun mayor al del programa “Quédate en México”, causó un impacto negativo en las ciudades fronterizas estadounidenses que dependen mucho de los visitantes y trabajadores mexicanos, y ha provocado que la migración a Estados Unidos sea de las más bajas en la historia del país.

Los ucranianos han sido excluidos de este programa. México no acepta deportaciones de cubanos, entre otras nacionalidades, pero sí acepta deportaciones de mexicanos, centroamericanos, venezolanos y otros, los cuales corren peligro en México. Al principio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, apoyó los permisos de trabajo ocasionales para laborar en ciertas partes del país (frontera sur o norte), algunas veces visas humanitarias, otras de tránsito, pero la gente que escapa de la violencia es desalentada, desinformada o bloqueada de manera administrativa para pedir asilo en México, no logra establecerse ni puede trabajar de manera legal en el país. Esto refuerza los planes de cruzar a Estados Unidos, criminaliza la migración en México y provoca que los migrantes sean presa fácil de traficantes, pandillas, autoridades y crimen organizado.

En su libro Caravanas (publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2020), Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan Carlos Narváez Gutiérrez documentan el paso de las caravanas en 2018 y 2019 en puntos clave. Basándose en entrevistas con inmigrantes y agentes de inmigración, documentos oficiales, reportes mediáticos, y sobre todo en el trabajo de campo etnográfico en albergues, oficinas de migración y en la frontera México/Guatemala, los autores documentan varios ejemplos de la externalización cada vez más al sur de la militarización de la frontera México-Estados Unidos, dado que México y Guatemala cada vez patrullan más sus países, atrapando y deportando migrantes, haciendo el trabajo sucio de los grupos antiinmigrantes y la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Escriben: “De acuerdo con los datos de los Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, entre 2015 y 2019 el Instituto Nacional de Migración ha devuelto a 635 761 personas centroamericanas” (p. 31). De hecho, en los últimos años, México ha deportado más centroamericanos que Estados Unidos.

En algunas de las opiniones de autoridades de migración mexicanos y personas que interactúan con estos migrantes vemos el nivel de discreción que existe en cualquier burocracia, y sobre todo dentro de una política migratoria mexicana tan cambiante, a la que los autores del libro califican como esquizofrénica: dando permisos de paso e incluso de inmigración, luego quitándolos; dando asilo a algunos y disuadiendo a otros de aplicar. En resumen, la imagen que aparece no es agradable.

Corrigiendo relatos mediáticos incluidos en Estados Unidos y utilizados por Trump en las elecciones intermedias de 2018, Gandini y coautores ponen las llamativas caravanas en contexto. La mayoría de los miembros de las caravanas y otros migrantes no son criminales, por el contrario, muchas veces son víctimas:

De acuerdo a la Encuesta sobre Agresión y Abuso a Migrantes (eaam 2012), que condujo la Secretaría de Gobernación, los migrantes centroamericanos en el periodo de octubre de 2011 a septiembre de 2012 se comportaban de la siguiente manera: en el caso de los devueltos por Estados Unidos, la agresión más frecuente es el robo (42%), seguido de la extorsión (33%); mientras que, para los deportados por México, también el robo fue el tipo de delito más frecuente (59%), seguido de la amenaza (22%) (Gandini et al., 62-63).

Citando a María Teresa Rodríguez:

La movilidad por el territorio mexicano en contingentes organizados es una práctica novedosa que brinda mayor seguridad, visibilidad, protección y apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Los migrantes de este modo ejercen su derecho a salir de su lugar de origen en su calidad de víctimas de la pobreza, la violencia, la inseguridad, el desempleo y la flexibilización laboral. Sin embargo, como han señalado diversos analistas, el flujo de personas no es mucho mayor que en el pasado y no constituye ninguna amenaza ni debe interpretarse como “invasión”, ya que en términos cuantitativos representa un mínimo porcentaje de la población nacional y no influye en la densidad poblacional. (Rodríguez, 2018,² citado en Gandini et al., 40-41).

La migración de centroamericanos, sudamericanos y caribeños por México no es un problema de seguridad nacional. Sin embargo, a pesar de los acuerdos de la pasada y la actual administración con el ex presidente Trump, se ha involucrado más al ejército mexicano en atrapar y deportar migrantes a través de la República Mexicana.

Se realizó un acuerdo, por lo menos tácito, entre el expresidente Trump y el actual presidente mexicano, y después entre el embajador de Estados Unidos en México, en el que el gobierno mexicano se convirtió en un enorme muro horizontal que frena la migración hacia Estados Unidos, y el gobierno estadounidense baja la presión hacia México en términos de libertad de prensa, derechos humanos y des-democratización.

El gobierno de México recibió ceremonialmente a la vicepresidenta Kamala Harris en 2021 y ofreció trabajar en temas de cooperación y desarrollo con Estados Unidos y Centroamérica. Sin embargo, para una llamada en preparación a camino a la Cumbre de las Américas de 2022, el presidente mexicano se rehusó a hablar por videoconferencia con Biden y sólo hablaron por teléfono. Después, López Obrador se negó a participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde uno de los temas a tratar sería el de migración, con el pretexto de que no invitaron a los líderes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, la razón era probablemente la intención de mostrar independencia y distancia de Washington. Con todo, el canciller mexicano estuvo presente. En la Cumbre se llegó a importantes acuerdos sobre cambio climático, economía y migración; hubo frases en los discursos de Biden en las que se reconoce que la migración como responsabilidad compartida y tema regional, algo que recuerda la frase del excanciller Jorge G. Castañeda, el equipo del Migration Policy Institute en Washington y apoyada por Vicente Fox. Biden dijo que el modelo neoliberal “trickle down economics” no funciona, que crear trabajos ecológicos no es sólo una solución para Estados Unidos sino para toda la región. Dijo que la ciudad de Los Ángeles, con su alta proporción de ciudadanos de origen latinoamericano, es un testimonio de las relaciones que nos unen. Estuvo de acuerdo en crear más visas para gente de América Latina y pidió que países de la región hicieran lo mismo. Todos estos son pasos en la dirección adecuada para gestionar mejor la migración humana.

En una visita del presidente de México a Washington poco después de la Cumbre, se hizo la petición de reiniciar un nuevo Programa Bracero, con más de medio millón de mexicanos. Biden escuchó atentamente la propuesta presentada en la Casa Blanca, pero aún no ha dado indicios de cuántas visas se podrían presentar para trabajadores mexicanos. Como argumento, los flujos migratorios contemporáneos no se limitan a acuerdos y dinámicas bilaterales. El tema es regional, por lo cual el nuevo programa de trabajo temporal o de inmigración legal más laxa tendría que abrirse a todo el hemisferio para ser exitoso y quitar la responsabilidad de asegurar la frontera sur de Estados Unidos a México. Por otro lado, Estados Unidos no puede depender de México para intentar frenar la migración. El modelo Turquía-Unión Europea es un modelo que evitar, no emular. Por otro lado, México haría bien en convertirse abiertamente y de facto en un país de mayor inmigración, lo cual lo fortalecería mucho en el largo plazo. En este sentido, es congruente con los derechos individuales que la Suprema Corte de Justicia de México haya declarado que no es constitucional pedir documentos de identidad a personas a través de la República. Lo mismo concluyó la Suprema Corte de Estados Unidos cuando Arizona quería aplicar una ley similar a gente que parecía mexicana o latina en ese estado, y contra la que se pronunciaron autoridades consulares mexicanas. No pedir documentos durante el libre tránsito en vías públicas en el interior de la República es congruente; sin embargo, al final la aplicación de esta resolución depende de la discreción de agentes policiacos y de migración.