Introducción

La ciudad parecía no terminar. A diestra y siniestra se extendían los mismos paseos magníficos, resaltaban casitas de una planta, a veces grupos arquitectónicos, sólo que entre las cortinas de manzanas y de moras, en lugar de flores se extendían huertas, fértiles pasturas y campos de trigo ya cosechados. Alexander ^Chayanov Viaje de mi hermano Alexei al país de la utopía campesina

Un territorio con las condiciones históricas, culturales y ambientales como las que caracterizan al Valle de Cholula difícilmente no puede poner en contradicción intereses que van desde los industriales y mercantiles hasta los productivos, residenciales, edu-cativos, turísticos y recreativos (^{Mançano 2009}:38-39; ^{Rodríguez, 2015}:29-30). No obstante, y ello parece ser la constante, las formas de vida de los legítimos poseedores pertenecientes a diferentes pueblos,¹ cuya vitalidad es fehaciente, son las que han sido siempre objeto de agravios que despliegan diversas formas de violencia.

En este contexto, el objetivo del documento es presentar, en un marco de constante tensión y despojo territorial, el proceso por el cual hoy día aparece un conflicto entre diversos pobladores y el gobierno municipal de San Andrés Cholula, produciendo un campo antagónico en el que se muestran formas de violencia que, si bien no son exclusivas de dicha disputa, configuran un complejo que podríamos caracterizar como violencia inmobiliaria.² La metodología privilegiada se vale de la reflexividad de algunos pobladores en torno al propio proceso, a manera de teoría local o teoría etnográfica (^{Goldman, 2006}:171), donde la agencia epistemológica de nuestros interlocutores configura las ideas fuerza del argumento en su conjunto. En ese sentido, el artículo inicia con el contexto histórico y territorial de San Andrés Cholula, para más tarde presentar los testimonios que ofrecen la comprensión del proceso desde quienes lo han padecido y, en un último apartado, explicar la coyuntura en que dicho proceso se encuentra.

Históricamente hablando, la urbanización reciente de Cholula está estrechamente-te imbricada con la expansión de la ciudad de Puebla (^{Bonfil, 1988} 1973; ^{Paleta, 2008}). En la década de 1970 esta dinámica tomó mayor fuerza: San Andrés y San Pedro Cholula tuvieron un acceso franco a partir de la construcción, en 1976, de la Ruta Quetzalcóatl o Recta a Cholula, consolidando su posterior integración conurbada (^{Sosa, 2022}:355).³

Lo anterior ocasionó, entre otras cosas, el desplazamiento de los habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula, rasgo distintivo de aquello agrupado bajo el concepto de gentrificación, que de forma clásica puede entenderse como la reestructuración urbana que desplaza de forma paulatina viviendas y espacios de reproducción de las clases desfavorecidas por medio de construcciones, remodelaciones y servicios destinados a clases privilegiadas, siendo un proceso que comienza en un barrio o sector específico y avanza rápidamente hasta que la gran mayoría de los ocupantes iniciales son desplazados, modificando el carácter social previo (^{Smith, 2012}:77; ^{Hernández, 2023}:718-723).

Restaurantes, bares, hoteles, tiendas especializadas y centros comerciales son el correlato de departamentos y conjuntos habitacionales destinados al turismo y a los nuevos inquilinos, régimen de urbanización voraz y desordenada que disputa con el histórico paisaje cholulteca que mezcla, además de iglesias y uno de los basamentos arqueológicos más importantes de América (^{Suárez y Martínez, 2005}), espacios habitacionales que aún sostienen las formas vernáculas de existencia. Dicha gentrificación se vio reforzada, ya en este siglo, con la estrategia de mercado denominada Programa Pueblos Mágicos, marca (branding) urbana que buscó colocar a diferentes ciudades del país dentro del circuito internacional de turismo (city marketing) propio del acervo neoliberal que abanderó la estrategia gubernamental desde 2001 y que, para el caso de San Pedro y San Andrés Cholula, se adoptó hasta 2011 (Hernández, 2023:728), cuando el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, “impulsa un ‘proyecto’⁴ que pretendía transformar a la ciudad de Puebla en un modelo de ciudad latinoamericana y en un nodo para los negocios, proyectando su visión hacia las tierras cholultecas” (^{Guízar, 2023}:7)

Dicho proceso de ocupación de los pueblos colindantes tuvo en la construcción de complejos inmobiliarios destinados a las élites -como el de Lomas de Angelópolis- una de sus venas más violentas, pues, para la concreción de éstos, se requirió ocupar más y más porciones territoriales en aras de posibilitar la construcción de infraestructura que conectara a la región, generando a su vez nuevos conflictos (^{Sosa, 2022}:352).

Así, los vectores territoriales que ejercen presión en el corazón de estos municipios no son la amenaza mayor, pues se presentan, por regla, acompañados de otros también en rededor, configurando un campo de fuerzas centrífugas y centrípetas de desplazamiento de la población originaria, tal como lo expuso Neil Smith, “las mismas fuerzas de la reestructuración urbana que han dado paso a los nuevos paisajes de la gentrificación en los centros urbanos han transformado también los suburbios” (2012:87). Ello es fehaciente, por ejemplo, en el actual conflicto sobre el Basurero Intermunicipal de Cholula, en San Juan Tlautla, donde por lo menos 17 pueblos conminan al gobierno del estado a la clausura definitiva de éste a causa de los graves problemas de contaminación de agua, aire y suelo que conlleva.⁵

Punto neurálgico para el presente escrito es el año de 2018, cuando se elaboró y promovió por medio de la administración municipal de Leoncio Paisano Arias, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (PMDUS), en el cual se orquestaban premisas favorables al desplazamiento de la población originaria, negando así formas de vida e instituciones sociopolíticas y religiosas de larga data, que funcionan como poderosísimos instrumentos de organización, innovación y continuidad cultural.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable planteaba que para 2050 habría en el municipio 277,000 habitantes (contra los 137,290 de 2015), por lo cual sería necesario construir 22,735 viviendas que requerirían entre 500 y 610 hectáreas. Dichos terrenos ya no sólo estarían en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, cuya expropiación, como vimos líneas arriba, sucedió a finales del siglo pasado, sino que se expropiarían nuevas tierras en Tlaxcalancingo y Cacalotepec (véase Guízar, 2023).

La alerta de un nuevo despojo convocó a numerosos habitantes de Tlaxcalancingo, Cacalotepec y la cabecera de San Andrés Cholula, quienes, contando con el antecedente de lo sucedido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, se reorganizaron frente a un nuevo agravio. Esta nueva ola organizativa agrupó también, en 2019, a los pueblos de Comac, Tonantzintla, Acatepec y Tehuiloyocan (^Formacio y Pérez, 2023:13), haciendo ebullición en los colectivos Cholula Viva y Digna y el Frente Unido Todos Somos Cacalotepec.

En ese contexto se promovieron seis amparos, de los cuales sólo uno logró detener la puesta en marcha del PMDUS, sentando el antecedente que derivó en la aprobación y realización de una Consulta Indígena que no sólo se restringió a valorar el programa mencionado, sino que abarcó también la valoración y diseño de componentes del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) y del Programa Integral de Movilidad Municipal (PIMM),⁶ a partir de la construcción de un protocolo que enfrento no sólo dificultades administrativas, sino las contingencias y pérdidas personales y comunitarias causadas por la pandemia del COVID-19 (^{Formacio y Pérez, 2023}:21-22).

Fue hasta septiembre de 2022 que se logró contar con un resultado muy concreto: las Estrategias de planeación territorial, protección y conservación de los pueblos originarios para ser incluidas en el PMDU de San Andrés Cholula,⁷elaborado por medio de diferentes comités de trabajo de los siete pueblos originarios y un equipo de asesores urbanistas y antropólogos que, de forma participativa y con avales asamblearios, diseñaron una propuesta de desarrollo urbano que toma por fundamento y punto de partida los intereses de los pobladores, las voces silenciadas históricamente. Destaca en este documento la visión que del territorio tienen los pueblos originarios de San Andrés Cholula, vivencial, lo que les permitió generar propuestas sustentadas en reflexiones conjuntas con habitantes de las diferentes juntas auxiliares y la cabecera municipal. Esta propuesta se construyó desde los significados y la necesidad de espacios que, como pueblo, requieren para la reproducción de su vida cultural (^{López Bárcenas, 2002}:126). A diferencia de la propuesta municipal construida desde “arriba”, con resultados que denotan la ausencia de metodologías que permitan observar que el punto de disputa va más allá de la mera tierra, es decir, que abarca el “espacio geográfico con determinadas medidas, que pertenece a alguien, sea particular o colectivamente y que sirve para cultivarla y producir alimentos, para habitar o para construir una zona urbana que dé beneficios comunes a quienes en ella habitan” (^{López Bárcenas, 2002}:126).

La propuesta de los pueblos se construyó caminando, recordando, conversando, añorando incluso con tristeza los alimentos y las hierbas medicinales perdidas, pero que sirven, aun en su ausencia, como vínculo para narrar intergeneracional mente la distancia entre lo presente y lo que pervive en la memoria

No obstante, pese a este importante esfuerzo, durante el segundo semestre de 2023 la relación con la nueva administración municipal volvió a enrarecerse, esta vez con motivo de la presentación de un nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) que no sólo recargó la estrategia inmobiliaria y la creación de infraestructura urbana acorde con intereses de grandes inmobiliarias, sino que operó una abierta omisión de las propuestas realizadas en las Estrategias de los pueblos, ninguneando acuerdos previos y el largo proceso de construcción colectiva. Las protestas no se dejaron esperar y, tal como relataremos más adelante, lograron establecer una mesa de diálogo entre el gobierno municipal y los opositores al PMDU, agrupados hoy en el colectivo Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR), quienes, bajo mediación del gobierno del estado, reiteraron sus propuestas, un escenario del que nos valdremos para mostrar las diferentes formas de violencia dirigidas contra las pobladoras y los pobladores que exigen respeto a sus derechos colectivos.

El proceso de despojo: largo y contundente

Los territorios están configurados por diferentes escalas y dimensiones cuya historicidad no siempre es legible. Si las contradicciones son propias a toda territorialidad, es oficio entonces ejercer una aproximación sensible a la acción permanente que configura y reconfigura incesantemente los territorios:

las diferencias geográficas son mucho más que meros legados históricos y geográficos. Son perpetuamente reproducidas, sostenidas, socavadas por los procesos político económicos y socio ecológicos que tienen lugar en el presente. Es igual de importante considerar cómo se producen las diferencias geográficas aquí y ahora que contemplar las materias primas histórico geográficas que nos han legado anteriores rondas de actividad (...) La búsqueda más generalizada de renta diferencial crea diferencias geográficas en la intensidad de la inversión de capital, a menudo garantizando que las regiones ricas en capital aumenten su riqueza, mientras las regiones pobres en capital se vuelven relativamente más pobres (^{Harvey, 2003}:98-99).

Renta diferencial que, si bien depende de las condiciones biofísicas de cada territorio, es intervenida por políticas e infraestructura que incrementan o deterioran dicha forma de valoración. Desde esta perspectiva, acerquémonos a una aproximación procesual que hace del municipio de San Andrés Cholula un objeto de despojos que, tal como se refiere aquí, no es producto de inferencias ajenas a dicho proceso, sino de la reflexión local, es decir, de la teorización producto de un encuentro dialógico, reflexivo, que implica al menos tres generaciones:

Ay, la pérdida, la pérdida... es que nos arrancaron, nos quitaron parte de nosotros. Decía yo, mi abuela tenía un terreno en el río y lo trabajaba y a veces, desafortunadamente, ya era grande, ya no lo podía trabajar y lo vendió; hoy son casas. Entonces, lo que duele es la pérdida de saber (que) éste era parte de nosotros, nuestra forma de vida. Nosotros jugábamos (...) andábamos tranquilos hasta allá, era nuestro patio de juegos porque vivimos en el pueblo. Entonces los niños éramos muy libres, jugábamos, andábamos o caminando o en bicicleta, pero podíamos ir hasta allá tranquilamente, lejos del pueblo. Hoy ya no hay forma. Cuando mija estaba creciendo me daba miedo que saliera, porque (...) estaba(n) pasando todos los camiones pesados que estaban llevando el material a Lomas (de Angelópolis) porque éste era su paso; entonces da miedo... y duele de ver la pérdida (Silvia,⁸ San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023)

No pocas investigaciones presentan al menos cuatro antecedentes que han de considerarse en el auge urbanístico de la región: el primero sería la expansión de la mancha urbana de Puebla durante la década de 1980; el segundo, la contrarreforma agraria de 1992 que impulsó el mercado de tierras con la propiedad social de ejidos y comunidades; en tercer lugar, la expropiación ese mismo año de poco más de 1,081 hectáreas de terrenos ejidales de los municipios de Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cho-lula, destinados a lo que entonces se presentó como reservas territoriales Atlixcáyotl y Solidaridad, siendo el municipio de San Andrés el más afectado con alrededor de 840 hectáreas ejidales y, por último, la instrumentación en la década de 1990 del Pro- grama de Desarrollo Regional Angelópolis, el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Centro-Poniente del estado de Puebla, y el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula (Guízar, 2023:6). Y si bien las políticas neoliberales promovieron una urbanización basada en la explotación de tierras con alto valor especulativo y su reestructuración a partir de la privatización (^{Gutiérrez et al., 2022}:5; ^{Velasco, 2005}), desde la reflexión local, la intervención sobre la vida rural de esta región ha de considerarse de larga duración:

un compañero (...) lo dice muy bien (...) cuando la escuela llegó al pueblo, la educación, les empezaron a quitar la lengua, les empezaron a quitar las costumbres, las buenas costumbres y entonces fue... en el pueblo no nos dábamos cuenta que éramos indios, porque estábamos contentos con eso, éramos eso, y cuando llegaron maestros de fuera, les hicieron ver que era malo ser indio y entonces se empezaron a avergonzar y también la gente empezó a salir a la ciudad y empezaron a ver que era diferente allá que acá y ya no les gustó tanto. Entonces empezaron a perder eso (...) fue cuando cambió su idea de progreso, su concepto de progre-so porque (para) ellos era la tierra, el agua y todo esto, cuando van a la ciudad dice, ah, pues, no creo que lo hayan pensado así, pero mi progreso no es éste, es ése, y empezaron a querer (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

Esta reflexión hace eco y tiene aires de familia con aquello descrito por uno de los referentes del pensamiento anticolonial, Frantz Fanon, quien al llegar a la metrópoli como estudiante experimentó algo similar: “‘¡Sucio negro!’ o, simplemente, ‘¡Mira, un ne-gro!’. Yo llegaba al mundo deseoso de desvelar un sentido a las cosas, mi alma plena del deseo de comprender el origen del mundo y he aquí que me descubro objeto en medio de otros objetos (^{Fanon, 2009} (1952):111)

La clasificación social que impone racializar al otro no es sino ejercicio de poder. En el caso de los pueblos originarios de nuestro país, esto implicó subalternizar bajo menosprecio aquello que nos constituye, siendo a su vez un poder productivo que generó blanqueamiento

La educación posrevolucionaria legó al país la configuración de una nación “mestiza” a la cual gustan los indios muertos, ancestrales, los de la gran historia del Anáhuac, no los que han cocreado territorios fértiles y productivos, ricos en economías vincula-res. Cultivar la idea de que el futuro está cancelado para formas de vida vernáculas es la gran conquista que antecede en mucho al despojo material de los pueblos. Berta Cceres lo planteaba del siguiente modo: “Yo creo que el peor enemigo que tenemos es la dominación del pensamiento, es la colonización de nuestros pensamientos que frenan nuestras luchas, nuestros procesos emancipatorios, liberadores” (^{Cáceres y Miranda, 2021}:29). La generación de los hoy abuelos cambió el modo de producción subjetiva de sus hijos, entregándolos a dispositivos de descampesinización:

en mi caso le apostaron a la educación, a los estudios, en mi casa nos decían: “Estudia, estudia”. Es algo que dicen mucho: “Estudia para que seas alguien” y pues ya está, ahí se empezó a perder. Entonces, por ejemplo, a nosotros, mi abuela sembraba, a mi mamá ya no le tocó tanto trabajar el campo, pero cuando mi abuela sembraba sus terrenos y luego iba a trabajar el campo, a nosotros nos llevaba, pero ya no nos enseñaron, porque (...) nosotros teníamos que estudiar, no trabajar el campo y se perdió, mi mamá lo perdió, mis tíos lo perdieron y a nosotros ya no nos lo enseñaron (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

Esa pérdida golpeó al conjunto de prácticas de conocimiento y, dentro de éstas, a las que incluso nombran el mundo: “y la lengua se fue. Mi abuela hablaba mexicano muy bien, mi mamá ya no, mi mamá ya no, mi mamá lo entiende, si lo escucha, lo entiende” (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023). Los cuidados que de alguna y varias maneras se procuraban al interior de las familias tendieron a proteger a los suyos, ocultando o negando aquello que evidenciaba una pertenencia a esos modos de vida discriminados por los imaginarios hegemónicos. No hablar la lengua, hablar la lengua del otro jerárquicamente favorecido, era también protegerse, posibilitar alguna forma de inclusión dentro de ese orden extraño a nuestros padres:

mi abuela y todavía para atrás hablaba muy bien, pero ahí se quedó, en mi abuela, porque ya a sus hijos ya no se los enseñaron. Tenía yo una vecina, ya muy grande, ya murió, que le decía, hablaba mexicano muy bien y ella dice que a sus hijos le hablaba en mexicano y su suegro le decía: “No le hables en mexicano, háblale en castellano”, y le regañaba mucho a la nuera porque no les hablaba castellano a los hijos y entonces se perdió, se perdió la lengua, se perdió el vínculo con la tierra, se perdió todo y hoy estamos así (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

No es en nada excepcional que la historia colonial junto a la discriminación socio racial vigente sean transferidos al manejo territorial urbano. Los planes de desarrollo en la última década han buscado un paisaje urbano global que sea propicio para las clases altas, detonando el desplazamiento forzado por expropiación o, de forma menos perceptible, a través de altos impuestos y costos de medios de subsistencia. El negocio inmobiliario promueve la separación de los nuevos inquilinos de los pueblos y otros sectores sociales a partir de barreras urbanas, bardas que caracterizan a los nuevos desarrollos, controlando entradas y circuitos que priorizan el uso de automóviles (^{Kurjenoja, 2023}:19):

Estábamos haciendo un recorrido el martes con las compañeras de Tlaxcalancingo, de su territorio y de veras ver (...) cómo ya no tenemos lo que tanto queríamos. A mí me gusta el pueblo, soy de acá, me gusta vivir acá, pero sí duele un montón ver cómo perdemos, cómo estamos perdiendo todo y no me entra en la cabeza porque yo veo, yo veo por ejemplo, mi trabajo, voy en la (calle) 14 y todavía se ve, más o menos desde (la Torre) Helea, todavía se ve hacia acá todo el pueblo, se ve verde, y se ven las casas, ahí se ven unos pocos árboles, pero todavía se ve la vida del pueblo, o ya específicamente en Cacalotepec, en el cerro se ve y volteas hacia allá y ya es pura ciudad y ves hacia acá y es el pueblo y son los campos y es el pasto y todo (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

Vivir en la frontera no es buena metáfora para quienes, de varias maneras, sufren ya la presencia de aquellos que han valorizado el territorio bajo la poderosa lógica lucrativa de la industria inmobiliaria. Las vías consuetudinarias en que las nuevas generaciones se insertaban en la vida productiva se ven intervenidas por la cancelación que impone la renta diferencial creada por la inversión inmobiliaria que se vale de planeación urbana ad hoc para tal fin:

trabajo (en Lomas de Angelópolis) y, por ejemplo, cuelgan sus letreros y veo casas, departamentos, dos millones, ¡sí!, así está, entonces, y no sólo, ya imposible que nosotros compremos allá, pero también nos afecta a nosotros porque sube también el valor de nuestros terrenos acá, en el pueblo, entonces, yo, por ejemplo, que soy empleada, yo no puedo comprar terreno aquí. Yo tengo un terrenito, un pedacito que mi mamá me dio que es herencia, que es herencia de mi abuela y que viene de ¡uy!, entonces yo tengo un pedacito, pero si yo quisiera comprar más aquí ya no puedo porque los vecinos, porque el terreno subió. Si antes era posible comprarte un terreno, mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, nosotros ya no, ya no podemos. Si trabajamos, si nos dedicamos al campo, si somos empleados, ya no podemos comprar, es muy difícil (...) las inmobiliarias que vienen y compran así y pagan, (si) se los venden en cinco mil pesos, a ellos no les cuesta nada pagarlos (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023)

Desplazamiento paulatino pero contundente que, incluso, puede tener una relocalización bajo las condiciones en que la ciudad va aislando y configurando su consistencia contemporánea, pues existe una paradoja que no puede obviarse y “es que las ciudades crezcan robando los territorios aledaños y que, en el círculo vicioso, los desplazados empujen con cinturones de miseria, más expansión urbana” (^{Vera, 2005}:181).

La violencia inmobiliaria reproduce la violencia como forma legítima de subsistencia, avanzada que transforma a los despojados en piezas de otros procesos de despojo urbano, “la fiebre inmobiliaria que rodea la metrópoli estimula que se levanten ciudades dormitorios, verdaderos guetos organizados alrededor de viviendas, pozos de agua y tiendas de ocasión del estilo Oxxo” (^{Hernández Navarro, 2011}:77): “lo que pasa es que no lo vimos venir, no vimos venir cuando la gente empezó a vender, que a muchos les expropiaron, como la pista, no lo veíamos venir nunca, yo cuando, cuando empecé a ver Lomas (de Angelópolis), o cuando me enteré de Lomas hace 15 años, yo no sabía cómo nos iba a afectar” (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

Lo cierto es que, y en ello nuevamente hay una paradoja, comparten la complejidad de un mismo territorio, del cual no pueden ser excluidos, aunque hayan puesto bardas. Si las cuencas son fértiles no es sin la intervención de los pueblos que las manejan, que las fertilizan y recrean bajo principios que, al perderse, cancelan también futuros irremediablemente compartidos, tiempos por llegar atravesados por márgenes de escasez:

por llenar su cisterna a lo mejor dos casas o dos pozos en el pueblo se están secando. Entonces, ése no es un progreso sustentable, y lo he leído por ahí, que tanta extracción, finalmente, no funciona, no va a resultar si no regresamos a la tierra, pus ¿de dónde? Los recursos naturales, es una realidad, lo veíamos tan lejos cuando yo era niña y pues no han pasado tantos años. Mi abuela decía cuando llovía, hay que juntar el agua, entonces ponía sus tinas y toda el agua que caía del techo y toda se recogía, toda se recogía en las tinas y nos duraba semanas y tenía su pozo, entonces usábamos el agua del pozo también y decía: “Un día se va a acabar el agua” y no le creíamos y hoy llegó. Yo tenía 10 años, hoy tengo 40 y el agua se está acabando. Pero mi abuela, yo hablo mucho de nuestros viejos, ellos tenían conciencia de todo eso y del cuidado de la tierra, del agua, del consumo de todo, mi abuela decía: “Usa el agua, la que necesites, con cuidado” (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

La exigencia hídrica que imponen los desarrollos urbanos no puede sino tener consecuencias. Pero las afectaciones no son experimentadas de la misma forma por toda la población, ello no escapa a la estratificación social: son los más vulnerables, los históricamente desposeídos, quienes pagan las primeras facturas.

Más aún, como ya mencionamos arriba, el territorio no es sólo el espacio o lugar de arraigo y actividades productivas, es también la subjetividad que se produce con y sobre él. Silvia, con lágrimas en el rostro, lo dice sin reparo:

Es bien doloroso, es bien doloroso, yo trabajo por Santa Clara y hay una parte, la última parte que vendieron era todavía terrenos que pastoreaban, entonces, yo trabajaba de ese lado, hay un río. No, no me acuerdo cómo se llama y ése era el límite. Entonces era Lomas, el río y San Antonio y yo trabajo justo enfrente, en la orillita y entonces me paraba en la casa de mi patrón y yo veía ahí todos los terrenos de la UPAEP para acá arriba y todos eran de pastoreo y todavía veía yo a los niños, en el pueblo es así, veía yo a los niños que andaban ahí con sus vaquitas y sus borregos y así. Hoy todo es fraccionamiento y duele un montón, duele mucho mucho, cómo era, cómo eran nuestros terrenos, los niños jugando y todo eso y hoy ya no podemos pasar sin permiso (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

La generación de Silvia es la que hoy trabaja en aquellos espacios otrora comunitarios, destinados a la reproducción campesina, vernácula, indiana. Tres generaciones bajo permanente acoso, uno que no ha cedido, tomando variantes que actualmente son de escala inmobiliaria. Despojo sobre el despojo. No obstante, y ello no deja de ser aleccionador, otro mundo es posible: ahí donde se ejercen los diferentes órdenes de opresión también florecen lazos, vínculos, utopías encarnadas en rostros campesino-indígenas. En tiempos del calentamiento climático y la pérdida masiva de biodiversidad es de lo más valioso, resulta apremiante. La utopía que brota de los pueblos actualmente tiene la contundencia de prefigurar novedosos espacios urbanos viables para futuros inciertos en un planeta herido:

Otro progreso, ¿no? Nosotros queremos rescatar el campo porque no hemos podido rescatar el campo y el progreso sí lo vemos en el campo. Finalmente, de la tierra comemos. Entonces no sé, no sé de todos, pero puedo hablar por mí, por mis compañeros más cercanos (...) rescatar el campo, volver a tener esa cercanía que tenían los abuelos, porque yo siento que, de mi abuela a mí, la generación de mi mamá lo perdió, entonces por eso vendieron, porque, porque mi abuela tendría ahorita 80 años, y mi mamá tiene 60, pero esa generación lo perdió. Entonces por eso, por eso perdieron tanto terreno. Entonces, ahora que lo vemos, que lo veo ya ahorita, pienso que nuestro progreso, que progrese el pueblo, lo hemos hablado mucho en el Frente, rescatar el campo, volver a sembrar, volver a ser autosustentable, ése es el progreso que queremos, ser autosustentable, salvar nuestros mantos freáticos (...) la cuestión de la comida, de las verduras y de todo esto es complicado. Entonces, si nosotros pudiéramos lograr volver al campo, volver a sembrarlo, rescatarlo, volver a apropiarnos del vínculo que nuestros abuelos tenían con la tierra, ése es el progreso, porque finalmente de ahí venimos. O sea, eso fue lo que les dio sustento a nuestros abuelos toda la vida y ya lo estamos perdiendo y si nos quedamos sin terrenos y lo fraccionan todo, ya no va a haber. Los fraccionamientos no es progreso, es exterminio de las comunidades (Silvia, San Antonio Cacalotepec, 21 de diciembre de 2023).

Las tres generaciones para quienes su vida ha sido tocada por el despojo territorial, han encontrado en su sinergia la fuerza para construir una posibilidad de futuro que pueda llevar a la cuarta generación a un reencuentro con el pasado campesino de sus abuelos y del cual, actualmente, nace la estrategia para “postergar el fin”, en el sentido que a esto otorga Ailton ^{Krenak (2021}:22), contar otra historia. Ante tal provocación, la intolerancia hacia los pueblos que son aún capaces de experimentar el sentido de vivir en comunidad, se torna en nuevas formas de violencia, entre las que podemos mencionar el racismo institucionalizado mediante el cual se impugna a los pueblos como sujetos de derecho y actores contemporáneos. Este racismo, de profundas raíces coloniales, se perpetúa en el presente y se manifiesta por medio de leyes, políticas y prácticas que tienen un impacto desproporcionado en grupos específicos, contribuyen-do así a la marginación y negación de estas comunidades.

Racismo a cielo abierto: “consulta”, violencia y simulación

En el imaginario de la población del municipio de San Andrés, el desarrollo inmobiliario había sido el efecto más evidente de todo un proceso de origen colonial que implicó, como vimos líneas arriba, otras acciones, como la castellanización y la captura de mano de obra para las fábricas y servicios, pero con un importantísimo potencial para aniquilar silenciosamente el autorreconocimiento de los sanandreseños como pueblo nahua:

Por los problemas de acá, la misma gente de acá es muy apática. Incluso aquí, no sé si ya les han comentado que la gente que tiene rasgos -bien marcados- indígenas dice: “Nosotros no somos indígenas, no somos. No nos digan así. No somos indios”. Oye, pues nos tenemos que decir que somos indígenas, porque tenemos derecho para defender el territorio, reclamar nuestros derechos porque, pues, las autoridades nunca nos han dicho eso y no nos dicen: “Ah, pues ustedes tienen derecho a la asamblea, a la autodeterminación”. Nunca nos van a decir eso. Nosotros tenemos que estarle buscando, enterándonos por otras partes, por otros medios. Las mismas personas, otros, como arqueólogos, o que se acercan o conocedores (...) nos han abierto los ojos (Octavio, San Andrés Cholula, 21 de diciembre de 2023).

Y así, mientras la “des indianización” hacía lo propio, el proceso de despojo parecía poseer una frontera clara y aparentemente infranqueable que hacía obvio lo evidente, la separación entre unos y otros por medio de la Vía Atlixcáyotl. Un acceso rápido, tipo autopista, que comunica a la zona de más alta plusvalía del estado con el centro de la ciudad de Puebla y, por otro lado, con el vecino municipio de Atlixco, además de ruta franca hacia Cuernavaca y Acapulco, ciudades donde cierto sector de la sociedad poblana cuenta con casas de descanso. A finales de 2023, el gobierno del estado inició un proyecto de movilidad de la Vía Atlixcáyotl que buscó resarcir los conflictos que en 5.22 de sus kilómetros tiene el tránsito de más de cien mil autos al día, mejorando las condiciones de movilidad acorde a la proyección demográfica. Esta frontera tan distante para la población de San Andrés era, irónicamente, el resguardo del remanente de su territorio.

No obstante, en el ya mencionado PMDUS propuesto por administraciones anteriores, la proyección de la zona habitacional de alta plusvalía impulsaba su presencia hacia las zonas de cultivo de la población originaria, principalmente de San Antonio Cacalotepec, pueblo nahua que se encuentra en el ojo del huracán, al considerarse el espacio geográfico que “sostendrá” la presión demográfica que requerirá de suelo nuevo para dar cabida a las 22,735 viviendas que, como mencionamos arriba, se proyectan “necesarias” para 2050. La frontera había sido vulnerada, los fraccionamientos cerrados estaban ahora “del lado del pueblo”. Nubia Residencial, del mismo grupo de desarrolla-dores de Lomas de Angelópolis, impulsa una nueva comunidad ubicada, según su propia página de internet, en la “zona más exclusiva de Puebla”: la zona de cultivo de Cacalotepec.

La suma de todo esto es lo que ocasionó el complejo proceso de defensa que incluyó la formulación de un Protocolo de Consulta Indígena que fue firmado con el gobierno de la entonces presidenta municipal Karina Popoca (2018-2021). Interrumpido por la pandemia, los representantes de los pueblos originarios solicitaron al nuevo gobierno de Edmundo Tlatehui reanudar las acciones para realizar la consulta. Así, el gobierno entrante, con un programa municipal de desarrollo urbano suspendido por el amparo arriba mencionado, inició la elaboración de una “nueva” propuesta que tenía como mandato tomar en cuenta, mediante consulta indígena, las Estrategias presenta-das por los pueblos.

Los pueblos originarios de San Andrés encontraron en la consulta indígena un mecanismo para que sus demandas fueran integradas en el PMDU y emplearon el Protocolo de Consulta Indígena para hacer frente a la falta de regulación e “instrumentación de las medidas legislativas o administrativas para que se realice la consulta previa, considerando los estándares internacionales” (CNDH, ²⁰¹⁶:25). No obstante, pasada la consulta, el proceso queda en manos de las dependencias, perdiendo no sólo legitimidad, sino volviéndose un instrumento discrecional que genera más violencia al no asumir sus aspectos centrales: ser libre, previa e informada, de buena fe y culturalmente apropiada.

Pese al compromiso del gobierno municipal, las asambleas generales comunitarias de los siete pueblos, mediante sus comités de consulta indígena, consideraron que el gobierno municipal había violentado el protocolo al presentar públicamente, el 5 de septiembre de 2023, lo que denominó “Avances en la Construcción del Nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano” (^{San Andrés Cholula, 2023}), afirmando que, de 40 propuestas de los pueblos originarios, “solamente” no habían sido integradas tres debido a su inviabilidad legal o técnica. A su decir, 92.5 % de los temas y estrategias de dichos comités ya estaban integrados, por lo que correspondía iniciar con la fase informativa, la cual entraría en vigor el 18 de septiembre en Tlaxcalancingo. El presi-dente municipal “olvidó” mencionar que las tres propuestas que no fueron consideradas rechazaban el reconocimiento al territorio indígena, a la libre determinación y a la asamblea comunitaria.⁹

Derivado de lo anterior, al inicio de lo que el ayuntamiento consideró la fase informativa, el 18 de septiembre de 2023, las comisiones representantes de los siete pueblos originarios de San Andrés cerraron, en ambos sentidos, la carretera federal a Atlixco, propiciando que la Secretaría de Gobernación interviniera para el establecimiento de mesas de diálogo entre el municipio y los pueblos originarios.

El rancio olor a desprecio emana sin más, del racismo institucionalizado con el que el Estado instrumentaliza, mediante sus burocracias, la violencia que ha estructurado de larga duración -y para servicio suyo- “un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante las estrategias ideológicas de la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la omisión y la estereotipia” (^{Maya, 2009}:2022). Esta violencia, que incluso llevó a los representantes de los pueblos a interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, hizo de las mesas una réplica en miniatura de todo lo señalado en este documento.

Las relaciones de poder, enfundadas en la investidura de funcionarios públicos o títulos universitarios en derecho y arquitectura, intentaron poner sobre las cuerdas a esos hombres y mujeres que, para hacerse presentes en un espacio lejano en todos los sentidos, tuvieron que viajar en el imposible transporte público que une a “la zona de mayor plusvalía”, es decir, a sus tierras expropiadas, con el centro de Puebla. Fueron evidentes las miradas de desaprobación, las sutiles risas dibujadas a manera de muecas, las ausencias explícitas para contestar teléfonos inteligentes mientras los asesores presentaban sus argumentos o las voces de los hombres y mujeres reclamaban sus derechos.

Las lágrimas de las mujeres que conocimos en el cerro de Cacalotepec, cuando con los dedos endurecidos por el trabajo doméstico señalaban la presencia de los fraccionamientos en el borde de sus campos de cultivo, eran el trasfondo de tan violento “diálogo”. La memoria de los presentes, el recuerdo del pasado campesino, de los alimentos, las medicinas y las zanjas llenas de agua, se encontraban de frente con un discurso soberbio que apuntaba a “proyecciones” demográficas y a derechos de una población que se espera arribe en 2050, para quienes urge garantizar su supuesto derecho a la vivienda. El presente de los sanandreseños y, sobre todo, su pasado, provocaban ceños fruncidos y risas que no por esbozadas no eran sostenidas por la creencia de que el futuro está en las casas club con amenidades, los acabados de lujo, el acceso controlado y la seguridad privada. A diferencia de ello, hoy, quienes defienden su tierra siguen pensando que el futuro es ancestral y que el desarrollo, como dice Octavio, “nos hace volver hacia atrás, a todo ese conocimiento ancestral (que) muchas veces ni lo valoramos, pues (nos decían que) ‘ésas son cosas de indios’” (San Andrés Cholula, 21 de diciembre de 2023).

Esta consulta se ha vuelto entonces un mecanismo para generar narrativas que violentan, mediante la negación y el ocultamiento, el proyecto de vida de los pueblos, a quienes siguen coaccionando con la “promesa” de desarrollo. Sin embargo, en estas narrativas encontramos un mecanismo que Krenak reconoce como estrategia para que los pueblos desistan de sus sueños, dentro de los cuales “están los recuerdos de la Tierra y de (sus) antepasados” (²⁰²²:20).

Al terminar de escribir este artículo, siguen en proceso los dictámenes solicitados a tres de las universidades más grandes asentadas en el territorio cholulteca: la Bene-mérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla. Las confrontaciones entre el municipio y los pueblos originarios continúan vigentes, los desacuerdos presentes y las expropiaciones no se han detenido. La Virgen de los Remedios, cuyo santuario se ubica en la cima del Tlachihualtépetl, el “cerro hecho a mano”, sigue recorriendo caminos otrora reales, hoy llamados “radiales”. En su andar, acompaña a mayordomos y al pueblo, quienes siguen caminando sobre las huellas de sus ancestros nahuas, al mismo tiempo que redactan propuestas de amparo, notas periodísticas y hacen transmisiones “en vivo” para mostrar su desacuerdo, hacerlo público. Para ellos no hay contradicción en esto, no hay cuestionamiento ante ello. Al contrario de lo que sucede con algunos funcionarios que osan cuestionar su derecho a la auto adscripción y libre determinación, preguntando con cinismo: “Doctora, ¿sí ha visto a los que dicen que son indígenas? ¡Cómo van a serlo si ya son universitarios!”.

Conclusiones

La violencia del desplazamiento es manifiesta en la reconfiguración del territorio, la expropiación de tierras y la imposición de modelos urbanos que benefician a las clases al-tas, afrenta contemporánea para pueblos que hacen frente a múltiples vectores de fuerza con diferenciales de poder que no prescinden de la racialización, configurando en su conjunto un tipo de violencia que podemos llamar inmobiliaria, en la que el agente de ésta no puede sólo reducirse a los inversionistas inmobiliarios, sino también a la pinza legal que posibilita su acción y la suma de agravios históricos que desarraigaron, incluso subjetivamente, a los pobladores originarios. Ante esto, la resistencia de los habitantes de San Andrés Cholula, manifestada por medio de movilizaciones, amparos y consultas indígenas, ha logrado detener temporalmente los programas de desarrollo urbano que los ignoran y ningunean. Sin embargo, la lucha continúa, nuevos intentos buscan y buscarán imponer formas de vida que los expulsen y perpetúen la subalternización a las que se les ha destinado por largo tiempo. En este contexto, la importancia de preservar las formas de vida de los pueblos originarios se hace evidente, son motor y fuerza de lucha.

En este desafiante escenario, es crucial reconocer y cuestionar las dinámicas de poder, la discriminación socio racial y el racismo institucionalizado que perpetúan la marginalización de los pueblos originarios, la violencia sobre ellos. La resistencia de estos pueblos no sólo es una lucha por el territorio, sino también por la preservación de su identidad, su cultura, su vida.

La defensa de los derechos de los pueblos originarios en San Andrés Cholula es una batalla no sólo por la tierra, sino por la dignidad, la justicia y la construcción de un futuro menos moderno, más cercano a la imperiosa necesidad de un territorio que, en diferentes escalas, mantenga las condiciones propicias para la vida humana. Esta lucha nos desafía, replantea nuestras concepciones sobre el desarrollo urbano, la propiedad de la tierra y la justicia social, recordándonos que el territorio es mucho más que un espacio geográfico con medidas específicas, es el hogar de comunidades que han cocreado y cuidado sus entornos durante muchas generaciones, creado y recreado bienes comunes, acervos invaluables. La resistencia de los habitantes de San Andrés Cholula es un poderoso recordatorio de la importancia de preservar y respetar las diversas formas de vida que nos recuerdan que otros mundos no sólo son posibles, ya existen. Esta lucha va más allá de la preservación de tierras, es una batalla por la memoria, la identidad y el derecho a un futuro que respete las raíces ancestrales. A pesar de los obstáculos, la determinación de estos pueblos insiste, desafiando las narrativas del desarrollo y el progreso que amenazan con borrar su historia y, con ello, la nuestra.