Desapariciones

En el periodo considerado en este estudio se han publicado cincuenta y seis artículos centrados en el tema de las desapariciones. La mayor parte se concentran en el período 2011-2023, lo cual refleja el incremento de la atención académica en este fenómeno y su posicionamiento como agenda de investigación. Se identificó un punto de aceleración de las publicaciones a partir de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Al parecer, este hecho desató el interés por el tema de las desapariciones en las revistas especializadas publicadas en México. Las investigaciones respecto de las desapariciones forzadas se centran en dos líneas de trabajo: por un lado, la interesada por aquellas ocurridas en el período de la “guerra sucia” o “terrorismo de Estado” de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX; por otro, las desapariciones ocurridas a partir del inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006.

En los trabajos concernientes a desapariciones forzadas prevalecen las perspectivas que las explican como resultado de decisiones orientadas por un criterio de costo-beneficio que permite aumentar los rendimientos de las organizaciones ilegales o ampliar el control político por parte de ciertos grupos. Se les considera como parte de un negocio ligado a empresas criminales que mercantilizan el cuerpo humano y lo insertan en las lógicas del mercado global; a la vez que ejercen control sobre diversos sectores de la población como líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y periodistas (^{Morales, 2018}; ^{Santiago e Illades, 2019}). Esta perspectiva incorpora otros elementos explicativos. Algunos autores aportan matices culturalistas, apelando a las emociones asociadas a la desaparición que favorecen la construcción de comunidades emocionales entre sus familiares y los colectivos de búsqueda que entretejen relaciones de solidaridad, apoyo mutuo, compromisos éticos y políticos a partir del dolor (^{Macleod, 2023}; ^{Querales, 2019}). Lo anterior permite resignificar el mundo que habitan y dotar de sentido sus trayectorias de vida.

La explicación de la desaparición forzada como resultado de procesos estructurales que propician la mercantilización de los cuerpos, enfatiza las condiciones de crisis institucional y profundización de las desigualdades que favorecen el crecimiento de la economía criminal e ilegal en las zonas grises del Estado (^{Castro, 2021}; ^{Salazar, 2023}). Desde esta perspectiva, los jóvenes con carencias económicas e insertos en una lógica de hiperconsumo, ocupan una posición precaria dentro de un marco relacional que jerarquiza en función de criterios de raza, etnia y género creando las condiciones para su participación en grupos criminales (^{Salazar, 2023}), así como también inscribe los escenarios propicios para su victimización (^{Ávalos, 2017}).

En este marco, las desapariciones forzadas constituyen parte central del modelo neoliberal, pues favorecen la concentración del poder mediante el despojo y la eliminación de poblaciones gracias a la colusión entre instituciones del Estado y actores privados que administran el sufrimiento social y gestionan la muerte (^{Robledo, 2019}; ^{Reveles, 2015}). Lo anterior manifiesta la supuesta crisis institucional que impide a las víctimas y sus familiares el cumplimiento de sus derechos, así como también la debilidad del marco jurídico en la materia (^{Villarreal, 2017}; ^{Pérez y Castillo, 2019}). Esta aproximación se condensa en el término “narcomáquina”, que refiere a una diversidad de violencias de impronta estructural, histórica, disciplinante, difusa, utilitaria y expresiva (^{Ávalos, 2017: 250-251}).

Las desapariciones forzadas se explican también como el resultado de procesos de interacción entre distintos actores, esbozadas por pautas estructuradas desde marcos sociales e institucionales, situados contextualmente (^{Pereyra, 2012}; ²⁰¹⁵). Esta perspectiva aborda las relaciones de cooperación y enfrentamiento entre actores públicos -fuerzas de seguridad, autoridades- y privados -grupos delincuenciales- que implican complejas negociaciones (^{Cervantes, 2015}; ^{Hernández, 2022}) y derivan en “mecanismos sanguinarios de comportamiento” (^{Rivera, 2021}). Sin soslayar los elementos estructurales, esta interpretación interaccionista recupera el concepto de gubernamentalidad para explorar los mecanismos y dispositivos que las generan (^{Calveiro, 2021}). Territorialmente, las desapariciones forzadas ocurren en “zonas de excepción fragmentarias”, “territorios de muerte” (^{Calveiro, 2021}) o en espacios en disputa (^{Hernández et al., 2023}), donde suceden de manera sistemática, dañando el entramado relacional al provocar incertidumbre y afectaciones emocionales alrededor de la ausencia (^{Niño, 2022}).

La lectura que enfatiza como causa de la violencia la estructura normativa, de valores, principios e ideologías hace depender éstas de las lógicas de poder económico y social. Esto destaca en la literatura que aborda las desapariciones en el marco de la guerra sucia o terrorismo de Estado (^{Mendoza, 2011}; ^{Galaviz, 2023}), donde se les entiende como una manifestación de la violencia institucional. Las desapariciones actuales, en el marco de la violencia delincuencial y de género, refieren a una “guerra necropolítica” que asegura la impunidad y deshumaniza los cuerpos mercantilizados, favoreciendo la acumulación de capital, la desigualdad y la opresión (^{Estévez, 2017}). Adicionalmente, la política de muerte se concatena con la política de raza que marca las experiencias de las mujeres indígenas en relación con las desapariciones forzadas, sus procesos de duelo y melancolía (^{Godínez, 2017}).

La perspectiva que interpreta las representaciones asociadas a las desapariciones forzadas se apuntala en las relaciones de poder, las estructuras objetivas o materiales que las producen y exploran en sectores específicos, como las mujeres y los varones jóvenes o migrantes ilegales (^{De la O y Flores, 2012}). Desde esta mirada, las desapariciones forzadas están ligadas a contextos de desigualdad, explotación humana y de la naturaleza, la lucha contra las disidencias y la presencia de grupos del crimen organizado. Por sus características disruptivas, las representaciones de las desapariciones forzadas las vuelve inteligibles al mostrar aquello que “ha sido desaparecido” y “hecho desaparecer” (^{Ramos, 2017}), y expresan el quiebre del conjunto de las relaciones sociales (^{Franco, 2019}).

Ejecuciones

La literatura recuperada en el período de análisis relativa al tema de ejecuciones comprende un total de cuarenta y un artículos en revistas científicas mexicanas, algunos capítulos de libro e informes. Este tipo de violencia se ha posicionado recientemente como tema de investigación. Se identificó que esta producción carece de un referente conceptual que defina los contenidos de la ejecución o ejecución arbitraria por lo que se utiliza de manera análoga al asesinato o narcoejecución, y usualmente es considerada dentro del marco del homicidio u homicidio doloso. Esta polisemia refleja el tránsito de un término de lenguaje común, utilizado en el discurso institucional y los medios de comunicación, al ámbito académico que, salvo contadas excepciones (^{Cruz, 2011}; ^{Rivera, 2021}), no cuenta con un esfuerzo sistemático para precisar sus contenidos.

La interpretación predominante en esta literatura explica la ejecución como resultado de un conjunto de decisiones orientadas por un criterio de costo-beneficio de actores ligados a empresas criminales o al Estado. Esta racionalidad favorece el ejercicio de estas formas de la violencia como un medio para infundir terror entre la población, ampliar su rango de influencia y controlar territorios (^{Cruz, 2011}; ^{Hernández Bringas y Narro Robles, 2010}). Hay trabajos que entienden las ejecuciones como una estrategia para resolver conflictos en la esfera política, en contextos de competencia electoral y confrontación partidista a nivel estatal y municipal que las distribuye de manera desigual en el territorio nacional y fomenta la construcción de narrativas con el fin de ganar el voto popular en las urnas (^{Trejo y Ley, 2016}; ^{Bejarano, 2021}). Estas investigaciones recuperan estadísticas de homicidio, de ejecuciones y de resultados electorales, así como notas periodísticas para demostrar que los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular consolidan la influencia de las organizaciones criminales en los gobiernos municipales y locales para mantener sus actividades ilegales en curso. Esta misma lectura explica la victimización de periodistas independientes que son silenciados por grupos criminales como parte de una estrategia de control del gobierno y políticos locales (^{Palacio y Olvera, 2017}).

Existen trabajos que tratan de comprender las ejecuciones extrajudiciales históricamente practicadas desde el Estado, ya sea por miembros del ejército o grupos armados ilegales que promueve, tolera o protege (^{Silva, Pérez y Gutiérrez, 2012}; ^{Rivera, 2021}). Aquí se resalta la estrategia orquestada para aniquilar a grupos organizados y beligerantes como los pueblos originarios, el campesinado o los estudiantes, pues el Estado busca detener el avance de la organización colectiva en espacios urbanos o rurales por medio de las masacres o matanzas ocurridas principalmente en estados del sur del país (^{Gutiérrez, 2004}; ^{Rangel y Sánchez, 2021}). A estas ejecuciones sumarias subyace la deshumanización de las víctimas, entendidas como la otredad u alteridad devaluada por su origen étnico, de raza, género y clase. Adicionalmente, se señala la colaboración de actores gubernamentales a nivel estatal y municipal, partidos políticos, policías y actores intermedios, como caciques regionales, cuya estrategia configura un entramado necropolítico (^{Rangel y Sánchez, 2021}). Finalmente, algunas obras definen las ejecuciones extrajudiciales y las masacres en estrecho vínculo con el discurso normativo propio del marco jurídico y del derecho internacional de los derechos humanos.

La literatura publicada en revistas mexicanas indexadas sobre este tema es escaza y declina a partir del año 2013 frente a la centralidad que adquiere la violencia criminal en los debates académicos. Los artículos publicados subrayan su importancia histórica para señalar críticamente los riesgos que implica la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública como parte de la estrategia del gobierno federal, aunque este proceso iniciara en la última década del siglo XX (^Valdez,1999). La literatura que aborda las ejecuciones sumarias o masacres ejecutadas por los grupos del crimen organizado ofrece también una explicación instrumental al considerarlas como resultado de una estrategia utilizada para sembrar terror entre la población o combatir adversarios dentro del contexto de la “guerra”.

Algunos análisis refieren a un conjunto de violencias concatenadas que derivan en la existencia de fosas o zonas de exterminio y trazan el vínculo entre desaparición forzada, ejecución o masacre y destrucción de restos (^{Durin, 2018}; ^{Rangel y Sánchez, 2021}). Se subraya la relación de complicidad entre los grupos del crimen organizado, el Estado y sus instituciones, en particular el Ejército, así como los gobiernos locales (^{Aguayo, 2016}; ^{Rivera, 2021}) que operan a favor de la economía criminal y funcionan como un necropoder (^{Estévez, 2018}). Un resultado de esta estrategia que persigue el disciplinamiento de las poblaciones ha sido el desplazamiento forzado, especialmente en los estados fronterizos donde las violencias vividas pueden ser calificadas como masacres genocidas (^{Morales, 2018}).

Otro enfoque las entiende como resultado de grandes procesos macrosociales de orden económico, social y político que conducen a la mercantilización de los cuerpos. Se destaca cómo el entorno de crisis e inseguridad, alimentado por el papel disfuncional del Estado y sus instituciones, el mercado global y el capitalismo neoliberal, se cruza con dinámicas históricas de legalidad e ilegalidad en regiones específicas que contribuyen a la emergencia de grupos criminales que hacen un uso instrumental de las violencias extremas (^{Cruz, 2011}; ^{Bartra, 2015}). En este marco interpretativo emerge la pregunta por las víctimas de estas violencias: hombres jóvenes, sin ingresos o con bajos ingresos y de bajo nivel educativo, que viven en entornos sociales marcados por la precariedad con presencia de grupos criminales y una violencia histórica (^{Martínez y Garza, 2013}; ^{Zepeda, 2018}).

Hay textos que entienden estas violencias extremas como resultado de un conjunto de estructuras o patrones normativos que cristalizan valores, principios, ideologías y patrones culturales. Recurriendo a metodologías de corte cualitativo, se exploran los códigos discursivos, narrativos e ideológicos que subyacen a estas violencias y sus significaciones sociales. Interesadas por descifrar a los perpetradores, mayormente varones precarizados guiados por la masculinidad hegemónica, estas obras aspiran a desentrañar los mundos de sentido y las subjetividades apelando también a los elementos contextuales de corte estructural sistémico que las configura (^{Cruz, 2011}).

Las violencias extremas se consideran como una práctica que concreta los valores del “capitalismo gore” que permiten el ejercicio del poder sobre la vida y la muerte, transformando los cuerpos en una “mercancía encarnada”. Los perpetradores confirman por este medio el poder de una masculinidad agonizante que, ante un cambio en las políticas de género, pone en crisis a la masculinidad hegemónica del macho proveedor (^{Valencia, 2012}). En este tenor, el horror se utiliza como categoría de análisis para referir a la gramática de la “narcomáquina” que, inscrita en los cuerpos de las víctimas, establece códigos y pautas de comportamiento violento con el objetivo disciplinar (^{Reguillo, 2012}). En estos estudios, la crueldad desplegada en el manejo del cuerpo de las víctimas responde a una lógica ritualista de la construcción de subjetividad que niega la de la víctima afirmando la del perpetrador (^{Guerra, 2019}), con una intención pedagógica que se impone sobre el resto de la sociedad como parte de un orden violento (^{Ramírez, 2022}). En contraste, el análisis de los narcomensajes que acompañan a los cuerpos de personas ejecutadas demuestra que también se busca generar respaldo social, pues reivindican las ejecuciones como actos de justicia popular (^{Atuesta, 2016}).

Feminicidios

A diferencia de las expresiones de la violencia extrema como las desapariciones y las ejecuciones, los estudios acerca de los feminicidios tienen una amplia presencia en la vida académica mexicana, impulsados en parte por los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, a mediados de la década de 1990. Desde la tipificación del delito de feminicidio en 2012, se registra un creciente interés por examinarlos. Entre 1999 y 2023 se encontraron setenta y tres artículos en revistas indexadas mexicanas relacionadas con violencia de género y feminicidios. Los picos más altos de producción académica se hallaron en 2007, 2018 y 2020, años en los que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) registró los más altos índices de violencia en contra de las mujeres.

Algunos de los estudios destacan como causas las dinámicas económicas en los centros urbanos, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la pobreza (^{Kumar, 2009}). Estas violencias estructurales que pesan sobre las mujeres convierten al feminicidio en el último eslabón de la violencia contra ellas. El mercado de trata y la explotación de las mujeres son puestos en marcha por actores ilegales que establecen vínculos con instituciones estatales. Esta visión que enfatiza los procesos estructurales de orden económico, social y político considera los feminicidios como resultado de un entramado de construcciones establecidas por el mercado, el poder estatal, las redes de criminalidad y la gestión heteropatriarcal de las relaciones sexogenéricas.

Desde esta perspectiva, el Estado y las instituciones contribuyen a generar las condiciones propicias para ejercer y reproducir las violencias en contra de las mujeres, así como una deficiente atención a las víctimas (^{Fernández, 2008}). Algunos textos definen los perfiles de las víctimas de feminicidio y sus victimarios, su distribución geográfica y su relación con los procesos migratorios, las dinámicas urbanas y fronterizas, el mercado laboral y la precarización de la vida (^{Fuentes, Barajas y Figueroa, 2007}; ^{Monárrez, 2012}). Otros subrayan el vínculo entre las condiciones estructurales de la economía, el trabajo y las estructuras de género en el campo mexicano que afectan a las mujeres rurales cuya creciente participación en la esfera pública, su autonomía y acceso a recursos incrementan las tensiones al interior del entorno familiar y con los varones (^{González, 2012}). Esto aparece en distintos contextos, pues la autonomía económica de las mujeres se considera un desafío a las formas tradicionales de poder en las relaciones sexogenéricas, y en este sentido al orden heteropatriarcal, ya que cuestiona el papel del hombre proveedor (^{González, 2012}). Ello, a decir de la literatura consultada, genera las condiciones que desatan la escalada de violencia contra las mujeres que puede terminar en feminicidio.

Una deriva de estos análisis está en los estudios fronterizos, especialmente en aquellos interesados en las dinámicas de violencia en Ciudad Juárez. Estos trabajos enfatizan las condiciones estructurales que atraviesa este espacio marcado por la presencia del crimen organizado y la delincuencia común, dinámicas asociadas a la economía global e ilegal (^{Monárrez, 2012}) que configuran la vida cotidiana de las mujeres precarizadas que experimentan violencias múltiples (^{Ravelo y Sánchez, 2006}). Las lógicas de desigualdad de oportunidades, de marginación y la estructura heteropatriarcal también concurren en contextos universitarios donde expresadas a nivel microsocial desempañan un papel central en el desenvolvimiento de las violencias y el feminicidio (^{Huerta, 2021}).

Los feminicidios también se han analizado como el resultado de estructuras normativas que condensan valores, principios, ideologías y patrones culturales originadas por la cultura sexogenérica heteropatriarcal. El conjunto de estas estructuras justifica, produce y reproduce la violencia contra las mujeres. Desde esta perspectiva, los mundos simbólicos responden en “última instancia” a lógicas estructuradas de poder económico y social. Una parte importante de estos estudios destaca que las víctimas fueron objeto de violencia o testigos de esta última desde muy temprana edad en el entorno familiar (^{González y Fernández, 2010}; ^{Fernández de Juan, 2014}). Desde tal visión, esta esfera donde se socializan los roles y estereotipos tradicionales de género y desigualdad entre hombres y mujeres, hace a las mujeres susceptibles a reproducir o soportar violencias en la edad adulta.

En cuanto a los análisis respecto a los perpetradores de la violencia feminicida, se ha identificado que la construcción de la masculinidad violenta se forja en la socialización, la educación y las experiencias de vida (^{Castro, 2020}). También se identifica en cómo las representaciones culturales y sociales influyen en la subjetividad de los varones que ejercen violencia en contra de personas de la diversidad sexual (^{Granados y Ortiz, 2003}). Igualmente, se ha abordado cómo la cobertura de los medios de comunicación relativa a feminicidios influye en la percepción pública de los problemas de género, en tanto que algunos medios representan y perpetúan ideologías, estereotipos de género y prácticas culturales (^{Salazar y De la Garza, 2020}).

Sociedad, solidaridad y la interpretación de la violencia

Las sociedades construyen la idea de lo que es la violencia a partir de narrativas y discursos donde se definen quiénes son víctimas, perpetradores, las condiciones de emergencia e instituciones que deben ponerse en marcha para confrontarla o evitarla. En las sociedades contemporáneas, dichas narrativas y discursos están apuntalados en un discurso civil que asigna atributos de pureza e impureza civil a, en primer lugar, un hecho considerado como violento y, en segundo lugar, a víctimas, victimarios y las supuestas situaciones e instituciones que la han causado. Este discurso forma parte de lo que siguiendo al programa fuerte de sociología cultural se ha llamado la esfera civil: una activa estructura simbólica de significados y emociones (^{Alexander, 2019}) que define un mundo de valores e instituciones que producen al mismo tiempo capacidad de crítica e integración social (^{Alexander, 2006}). La esfera civil está sustentada en la solidaridad y sentimientos hacia otros a quienes no conocemos pero respetamos porque compartimos una fe secular común. Esta última basada en principios de solidaridad universalizante e inclusión social democrática distintos a los que se producen en el mercado, la familia, la religión o el Estado (^{Alexander y Tognato, 2018}). Al ser una arena cultural-institucional, entrelaza de forma tensa los derechos individuales y las obligaciones colectivas (^{Alexander, 2006}; ^{Farge, 1994}; ^{Jacobs, 1996}), así como los significados universales de inclusión y solidaridad democrática.

La esfera civil es una comunidad idealizada donde se imagina que los individuos son aparentemente libres, autónomos, pero mutuamente obligados (^{Kivisto y Sciortino, 2015}). Esto garantiza un lenguaje común que determina quién merece ser considerado en las membresías de la inclusión social democrática y quién debe ser excluido (^{Mast, 2019}). Como señala Alexander, “así como no hay religión que no divida al mundo entre salvados y condenados, no existe discurso civil que no conceptualice el mundo entre aquellos que merecen la inclusión y aquellos que no” (2006, 55). De hecho, los actores políticos y sociales sólo pueden confrontarse porque pueden imponerse relacionalmente las mismas atribuciones de pureza e impureza civil.

El discurso binario que asigna el carácter puro e impuro a los actores, que pauta las membresías de inclusión y solidaridad, exclusión e insolidaridad, se despliega en tres niveles. Los motivos que se atribuyen entre sí los actores de una sociedad, el tipo de relaciones que se cree tienen, así como a las instituciones a las que aparentemente pertenecen. En el nivel de los motivos se considera que alguien posee los atributos civiles si se juzga que sus motivos carecen de autonomía, son irracionales y no realistas. En el nivel de las relaciones, se evalúan los vínculos de los actores en términos civiles si se estima que son abiertas, confiables, susceptibles a la crítica y honorables; o se califican como anticiviles si se evalúa que son cerradas, sospechosas, deferenciales, egoístas o tramposas. Por último, las instituciones se categorizan como civiles si se juzga que están reguladas por la ley, son equitativas, inclusivas e impersonales; o se tipifican como anticiviles si funcionan de manera arbitraria, jerárquica, excluyente y para beneficio de una persona o grupo.

El andamiaje institucional y legal de una sociedad traduce las membresías civiles y de solidaridad en sanciones, como en mecanismos de inclusión y exclusión, así como en recompensas y castigos definidos (^{Enroth y Henriksson, 2019}). Las instituciones de la esfera civil son de dos tipos: comunicativas y regulativas (^{Alexander, 2006}). Las primeras estructuran los sentimientos en discursos y mensajes que traducen los códigos binarios con los que se juzgan los motivos, las relaciones y las instituciones en descripciones y evaluaciones específicas (^{Luengo e Ihlebaek, 2019}). Las instituciones comunicativas están compuestas por la opinión pública, los medios, las encuestas y las asociaciones civiles. Por su parte, las instituciones regulativas articulan en términos organizacionales los mecanismos de membresía y solidaridad definidos en las instituciones comunicativas con el fin de establecer objetivos, normas y regulaciones operativamente viables para desarrollar la vida social. Las instituciones regulativas están conformadas por el voto, los partidos políticos, las campañas electorales, los cargos de la función pública y la ley. Estas instituciones materializan las disputas comunicativas en términos de normas y regulaciones sociales (^{Shimizu, 2019}). Ambos tipos de instituciones movilizan los ideales de solidaridad en normas y reglas con el fin de premiar y sancionar aquello que se juzga en una sociedad como civil y anticivil.

Desde esta perspectiva, asesinatos, ejecuciones, violaciones, feminicidios, desapariciones forzadas, mutilaciones o agresiones físicas organizadas colectivamente, producen daños a las personas por el uso de la fuerza física. Sin embargo, para la sociología cultural esto no significa que exista un acuerdo o consenso social de antemano respecto al carácter ilegítimo, incorrecto o inapropiado de la violencia. Las interpretaciones sobre la violencia expresan distintas ideas de solidaridad, identidad y sentidos de pertenencia colectiva (^{Wagner Pacifici, 1986}; ^{Wagner Pacifici y Tavori, 2019}; ^{Cooke, 2019}). Para la teoría de la esfera civil, la violencia permite observar cómo la sociedad traduce las disputas sobre la inclusión, la solidaridad social y la reparación civil (^{Alexander, 2006}). Las violencias pueden recibir muestras de apoyo, así como respuestas en contra, apelando al sostenimiento de formas de solidaridad extendidas o acotadas que se cristalizan en instituciones. Estas diferencias se traducen en disputas simbólicas que se dirimen en la esfera civil a través de discursos donde las personas y grupos clasifican a los actores que participan en la violencia, ya sea como actores civiles o anticiviles, como moralmente puros o impuros, legítimos o ilegítimos, que merecen ser incluidos o excluidos, reivindicados o severamente castigados.

Aproximación metodológica

Para comprender la competencia por el sentido de la violencia se propone una metodología para entender los códigos y narrativas del debate y la disputa en las instituciones tanto comunicativas como regulativas de la esfera civil. El carácter civil o anticivil que se imputan entre sí los actores respecto a la violencia debe evaluarse a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué motivos se atribuyen entre sí para desplegar la violencia? ¿Son los actores violentos tipificados como racionales, razonables, realistas y objetivos o, por el contrario, como irracionales, prejuiciosos, irrealistas y subjetivos? ¿Qué relaciones se atribuyen? ¿Se considera que los actores que llevan a cabo la violencia están insertos en relaciones abiertas, críticas y francas -es decir, plenas de virtudes civiles- o cerradas y discrecionales, orientadas a beneficiar a un sector particular de la sociedad? Por último, ¿a qué tipo de instituciones se acusan de pertenecer? ¿Son instituciones consideradas como reguladas por la ley, equitativas e inclusivas o, por el contrario, arbitrarias, discrecionales, jerárquicas y excluyentes? Estas preguntas sirven de orientación para adentrarse en los discursos y las narrativas producidos en la competencia por el control del sentido de la violencia en la esfera civil. Como sugiere ^{Smith (2005}), en una dimensión paradigmática los códigos binarios se encargan de clasificar la violencia y hacerla según criterios morales, enfatizando sus cualidades y atributos sagrados y profanos, contaminados y puros. Dichas narraciones se dan en los distintos ámbitos de las instituciones comunicativas y regulativas de la esfera civil.

La hermenéutica estructural permite interpretar las narrativas en torno a la violencia como comentarios significativos de carácter metasocial estructurados a partir de guiones y códigos culturales profundos. Se busca comprender cómo esas narrativas que a primera vista se presentan como posicionamientos aislados, cuando son alineados, revelan estructuras culturales profundas. Esto permite construir una descripción profunda acerca de la violencia que involucra la ordenación de múltiples hilos de datos en un orden cultural estructurado y modelado. Así se puede dar cuenta de cómo los actores, las instituciones comunicativas y regulativas de la esfera civil compiten por el control del sentido de la violencia.

Una reconstrucción densa de dicha competencia permite una exploración hermenéutica capaz de inferir estructuras culturales visibles e invisibles a partir de sus diferentes partes, uniéndolas en un proceso más amplio y coherente de exposición. Esta forma de reconstrucción del sentido de la violencia es denominada en la sociología cultural como una etnografía de las narrativas en la que los artículos de opinión, los debates parlamentarios, los reportajes, los discursos presidenciales y las movilizaciones en las calles expresan la activación de los códigos y las narrativas civiles de forma tensa y entrelazada. Por eso resulta relevante documentar con profundidad los hechos de violencia, especialmente la forma como han sido significados, priorizando la manera en que los distintos actores definen las estructuras institucionales y los actores involucrados.

La intención no es revelar los componentes de una supuesta cultura de la violencia en el fondo de la vida nacional. La cultural es en sí misma siempre plural, diversa e híbrida. Por tanto, no hay una cultura única que enmarque el conjunto de la vida social, como no predomina una visión única respecto a la violencia al interior de una sociedad. En términos metodológicos, la apuesta por una interpretación de la violencia implica indagar cómo se interpreta y significa en cristalizaciones repetidas que responden a estructuras culturales profundas. Como sugiere ^{Smith (2005}), dichas cristalizaciones no son conjunciones únicas, ni significados localmente situados e irrepetibles, sino expresiones de representaciones colectivas ancladas en lo profundo de una estructura cultural.

Temporalidad y espacialidad

Para rastrear la mutabilidad de la violencia en un futuro trabajo empírico se requiere considerar la temporalidad y la espacialidad como ejes estructurantes de los fenómenos de la violencia. Este señalamiento sugiere que no es suficiente dar cuenta de la manera en que se construye la competencia por el sentido de la violencia que cristaliza feminicidios, ejecuciones y desapariciones, sino que se requiere rastrear los cambios y continuidades que les dan cuerpo. Esto posibilitaría entender cómo los actores han interpretado y disputado a través de la historia reciente el significado de los feminicidios, las ejecuciones y las desapariciones, arrojando luz sobre cuáles son los códigos binarios que se han movilizado en el tiempo en la esfera civil mexicana. Con ello se da cuenta de las variaciones en la sensibilidad social ante ciertas formas de la violencia que pudieran adquirir mayor significatividad en momentos específicos, y en otros, disiparse.

La historización de las violencias facilitaría reconocer en qué medida el pasado colonial del país constituye una sedimentación que configura un sistema simbólico que opera aún en la violencia. De esta forma, los esfuerzos colectivos para democratizar el país pueden verse a la luz de procesos de larga duración y develar su peso en las discusiones públicas actuales sobre la violencia. Principalmente, pensando que una parte importante de la violencia recae en la población originaria o cuando las demandas sugieren medidas de reparación civil, tales como la memoria y la verdad. Introducir el eje analítico del tiempo obliga a considerar también el tema del espacio. Este es un elemento rector de las manifestaciones de la violencia vigentes, ya que influye en los patrones, las experiencias y significaciones heterogéneas que le son atribuidas.

En el caso de México, la distribución territorial de ciertas manifestaciones de la violencia, por ejemplo, en la franja fronteriza o los estados del sur del país, responde a dinámicas y procesos multinivel. En estos escenarios la presencia de actores, ya sean privados o institucionales, en pugna por la apropiación de territorios urbanos y rurales, imprime sentidos y significaciones diversos a las violencias concomitantes. La configuración de estos territorios sugiere la presencia diferencial del Estado y sus instituciones, lo que incide en la competencia por el sentido de los feminicidios, las desapariciones y las ejecuciones.

La voz de las víctimas y los victimarios

Una serie de comentarios realizados a la propuesta se orientaron a subrayar la necesidad de preguntarse no sólo por la competencia por el control del sentido de la violencia, sino por la exploración de las narrativas y significados atribuidos a las violencias por parte de las víctimas. El objetivo sería develar los códigos que materializan estas últimas y permiten mostrar la estructura cultural del dolor. La pregunta que es necesario plantear a la sociología cultural de la violencia es cómo se construyen dinámicas de solidaridad e inclusión civil desde grupos que centran sus demandas en violencias tan dispares, aunque aparentemente cercanas, entre el feminicidio, las desapariciones y las ejecuciones. ¿Cómo y de qué manera la capacidad performativa o dramatúrgica de acompañantes y mediadores en la traducción del dolor vivido contribuye o no a detonar solidaridad civil?; es decir, a convertir un dolor específico y particular, en un dolor universal, que identifica al resto de la sociedad con sus causas y reivindicaciones.

La voz a los perpetradores también es relevante. La consolidación de los grupos de crimen organizado como actores no civiles, es analíticamente significativa para entender cómo se articulan con otras esferas no civiles como el mercado y el Estado. Considerar esto en la construcción de una sociología que busca encontrar las interpretaciones de la violencia por sus actores -incluyendo sus victimarios- arrojaría luz sobre cómo se establece la red de significados entre lo legal e ilegal en las esferas no civiles. De igual forma, permitiría tener un horizonte comprensivo para entender cómo las solidaridades restringidas de esferas no civiles adquieren una funcionalidad entre el derecho, la ley y los órdenes criminales. También valorar qué tanto peso tiene en la configuración del Estado y sus instituciones y en el recrudecimiento de las violencias.

Para la sociología cultural es de suma importancia comprender cómo se interpreta la acción del mercado y el Estado, la forma en cómo se lee la violencia de los grupos criminales permitiría tener un mapa de la red de sentidos acerca de lo que se considera legal e ilegal, puro e impuro, en el contexto de violencia que vive el país. En relación con el Estado, un componente que se sugirió abordar en el marco del proyecto propuesto fue el peso de las fuerzas armadas, como esfera no civil, en la construcción de la violencia. Esto es importante porque las fuerzas armadas en México han perpetrado históricamente formas de la violencia en contra de la población civil incluso en el marco del régimen democrático. Se requiere reforzar los elementos analíticos para considerar al Ejército en la configuración de la competencia por el sentido de la violencia en el país.

Género y feminismos

Una crítica se orientó a considerar la necesaria incorporación de las contribuciones realizadas desde las teorías feministas y el enfoque de género para el estudio de las violencias. Si bien el libro concentra en uno de sus apartados el caso de los feminicidios, se extrañó la falta de elementos analíticos para abordar la dimensión de género que atraviesa todos los fenómenos de la violencia, y que opera como estructura cultural profunda. Se afirmó que el pensamiento feminista -en sus diversas vertientes- cuenta con avances teórico-metodológicos y analíticos que permiten profundizar las maneras en que el patriarcado construye “experiencias límite”, como las violencias, beneficiándose de ellas. Desde esta mira es posible enfatizar los matices del sadismo patriarcal que destruye vidas y cuerpos en función de una serie de marcadores de clase, raza, etnia, género y grupo etario.

Incorporar las herramientas de la perspectiva de género y el feminismo reforzaría la propuesta de la sociología cultural de la violencia para identificar cómo esos marcadores se intersectan en los juegos de sentido que es posible encontrar en las narrativas, relatos y controversias por el sentido de las violencias. Ello plantea el reto de no perder la dimensión estructural que distingue y posiciona a sus víctimas y perpetradores. Adicionalmente, permitiría profundizar en los elementos analíticos para abordar el marco relacional que trazan los actores asociados a las violencias actuales en México, entendidos como terceros beneficiarios y patriarcados complementarios: el Estado y sus instituciones, el Ejército y los grupos del crimen organizado. En este sentido, es conveniente explorar cómo se están reconfigurando los sentidos de las masculinidades asociadas al mundo de las violencias.

Estructuras de poder y económicas

Una de las críticas a la sociología cultural es el problema de considerar la existencia de una estructura cultural autónoma, pues se dice que no es posible considerar tal autonomía. Sin embargo, esta autonomía subraya su no determinación o subordinación a otras estructuras -como las de orden político y económico-. Asumir lo contrario significaría que lo simbólico y la construcción de sentido se explica por lógicas fuera del mundo cultural. La creación de las disputas y la competencia por el sentido de la violencia sería, desde esta perspectiva, explicada por otras variables: posición de clase, intereses particulares, lógicas del mercado. Cuando se dice que la cultura es una estructura, se está diciendo que es autónoma pero no independiente del resto del sistema social. En este sentido, será necesario enfatizar la distinción entre autonomía analítica y concreta de la cultura.

La primera refiere a poner entre paréntesis la contingencia de las expresiones culturales y abordarlas como si fueran un texto escrito, resaltando los elementos simbólicos y su propia lógica relacional, localizando patrones, procesos, rituales y creencias. Estos elementos dan pauta para develar la estructura de la cultura. La autonomía concreta, por su parte, alude a la especificidad temporal y espacial que permite comprender la interconexión entre la cultura y el resto de la vida social, para establecer cómo forma parte y se relaciona con las estructuras económicas y de poder. Tomando esto en consideración, la apuesta por una sociología cultural de la violencia no sólo deberá garantizar la autonomía analítica -algo en que se ha enfatizado constantemente en el proyecto-, sino también la estrategia analítica para conectar la creación de sentido y de mundo simbólicos con las otras esferas de la vida social.

El problema de la agencia

Finalmente, las aportaciones críticas al proyecto cuestionaron el peso o el lugar que tiene la agencia en la propuesta. La preocupación giró en torno a un presunto desdibujamiento de la agencia de los actores asociados a la interpretación de la violencia, al igual que a víctimas y victimarios, al considerar que pudieran quedar atrapados en las lógicas de las estructuras culturales. Se enfatizó en la necesidad de consolidar la definición de la violencia como acción simbólica, que expresa estructuras y códigos culturales profundos, no sólo para asegurar el poder explicativo de la agencia, sino también para que los actores no queden sujetos a un nuevo determinismo estructural: el de la cultura. Por eso se subrayó precisar en la propuesta teórico-metodológica el análisis del performance y del trauma cultural, entendidos desde la sociología cultural, como procesos relacionales que elaboran relatos y narrativas sobre las violencias en las discusiones públicas donde el papel de la agencia es central.