Durante los últimos 25 años, hemos tenido elecciones libres, competidas y confiables, con una autoridad constitucionalmente autónoma que ha realizado las distintas tareas que se requieren para tener resultados electorales ciertos que otorguen legitimidad a los gobernantes y representantes políticos. Nos hemos acostumbrado a que tenemos un sistema electoral que funciona muy bien, que nos permite tener elecciones periódicas, como sucede en cualquier país democrático y que nos ofrece garantías de que nuestro voto cuenta y se cuenta bien para decidir quiénes son nuestras autoridades electas.

Nos hemos acostumbrado a contar con una credencial para votar que tiene 25 candados de seguridad para hacerla infalsificable y que, además, nos sirve de documento de identidad y que todo el proceso para recabar los votos y contabilizarlos durante la jornada electoral está en manos de funcionarios de casilla que son nuestros vecinos y que son sorteados del padrón electoral, para evitar posibles correas de transmisión con los gobiernos o los partidos políticos, es decir, para asegurar su imparcialidad.

Ya no vemos con sorpresa que hoy gane la elección un partido y que dentro de tres o seis años gane otro, es decir, que constantemente haya alternancia en el poder tanto federal como local, lo cual es una muestra de competitividad política y tampoco nos extraña que se sancione a los partidos políticos, incluido el que está en el poder, porque no cumplieron con rendir adecuadamente sus informes de ingresos y gastos ordinarios y de campaña. Se suma a esta lista que nos es muy familiar que todas las decisiones del INE puedan ser impugnadas ante el Tribunal Electoral.

El hecho de que la organización de los comicios se haya convertido en una rutina democrática en nuestro país y que, sobre todo los jóvenes, menores de 30 años no hayan conocido el régimen no competitivo y de partido hegemónico que existió en el país durante siete décadas, explica por qué se ve con tanta naturalidad que tengamos elecciones auténticas, sin detenernos a considerar lo que ello implica en términos de organización y logística. Vinculado a ello, nos resulta difícil de explicar que se requieran tantos servidores públicos y recursos para organizar las elecciones y para asegurar que funcionen todos los candados y controles que existen.

Sin embargo, la normalidad democrático-electoral que hoy vivimos no significa que siempre fuera así, sino que implicó que se realizaran cambios importantes en el sistema electoral que fueron producto de largos procesos de negociación entre las fuerzas políticas y los gobiernos. Se aprobaron sendas reformas electorales que fueron modificando las reglas del sistema autoritario de elecciones no competitivas y sin partidos políticos que tuvieran la capacidad de verdaderamente disputarle el poder al partido gobernante.

Para llegar a donde estamos, fue necesario abrir el sistema de partidos y la representación política para alimentar la pluralidad; conformar una autoridad electoral autónoma para garantizar elecciones sin sesgos a favor de un partido, o del gobierno en turno; diseñar fórmulas de financiamiento y de acceso a medios de comunicación para lograr condiciones de equidad en la competencia. Además, se creó una autoridad jurisdiccional para dirimir las controversias que surgieran en el curso de las contiendas y para resolver en última instancia si se apegaban a la norma las decisiones de la autoridad electoral administrativa.

Recordarnos de dónde venimos y todo lo que dejamos atrás en materia de elecciones, así como los enormes esfuerzos que se requirieron para llegar a los acuerdos políticos necesarios para ir remontando las trampas electorales del régimen autoritario, es uno de los propósitos centrales del libro de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama , “La democracia no se toca”. En este sentido, es más que un texto de coyuntura, porque busca ayudar a recrear nuestra memoria de lo que significó el largo, pero pacífico, trayecto de la transición a la democracia, para aquilatar lo que hemos logrado construir y valorar lo que significaría la quiebra de nuestro sistema electoral, el destazamiento del INE, y el eventual el retorno al pasado autoritario.

Córdova y Murayama han insistido que este libro es un manual ciudadano, pero también un alegato en defensa de la democracia que gozamos hoy en nuestro país. Es decir, es un libro con un doble propósito, uno didáctico y uno político. La prueba de que hoy contamos con un sistema electoral democrático es que de las 56 elecciones de gobernadores que ha organizado el INE, desde 2014 cuando se transformó en instituto nacional, 39 han tenido alternancia, es decir, han sido ganadas por un partido que no estaba en el poder, demostrando que existe abierta competencia política. Otra prueba de su carácter democrático es que han sido elecciones que se han realizado en paz y en las que las controversias sobre los resultados se han resuelto por las vías jurisdiccionales establecidas.

Se trata de un libro ágil que permite una lectura fluida que se apoya en gráficas, cuestionarios, infografías y ejercicios prácticos para hacer comprensibles todos los eslabones que conforman la compleja y hasta abigarrada organización de elecciones en nuestro país, la cual se explica por la enorme desconfianza que generaban los comicios durante los gobiernos del PRI hegemónico.

El sólido andamiaje electoral con el que hoy contamos ha permitido que el INE sea actualmente la institución del Estado mexicano que mayor confianza despierta entre los mexicanos, así lo demuestra, entre otras, la encuesta de cultura cívica (ENCUCI) que publicó el INEGI en 2021. Sin embargo, la desconfianza ha formado parte de nuestro imaginario colectivo y así como vemos con normalidad que tengamos elecciones competitivas con múltiples candados y controles, somos capaces de creer que persiste el robo de urnas y la manipulación del sufragio, sobre todo si lo afirma el presidente de la República. Es como si se desconociera que hayan ocurrido la cantidad de cambios que se han sumado para hacer de nuestro sistema electoral uno democrático.

Después de plantear cuáles son los rasgos distintivos de una democracia, los autores hacen una revisión histórica de cómo se fueron remontando los obstáculos del edificio autoritario mexicano para conquistar elecciones auténticas.

El libro muestra gráficamente lo que hemos logrado construir a lo largo de los últimos 40 años, en los que se sucedieron 8 grandes reformas electorales que fueron el producto de importantes acuerdos entre los partidos políticos y el gobierno. Dichos acuerdos permitieron que se establecieran candados de seguridad suficientes para garantizar certidumbre en las reglas y los procesos, e incertidumbre en los resultados; para que existieran condiciones equitativas de competencia y adecuados mecanismos de vigilancia para asegurar la integridad del voto y que los actores políticos se ciñeran a las reglas establecidas.

El libro hace un recuento de las distintas y complejas tareas que, en la actualidad, implica la organización de las elecciones y narra brevemente la historia de lo qué sucedía con anterioridad cuando el gobierno controlaba todo el sistema electoral, para después describir cómo se fue armando el equipo de profesionales en las diferentes áreas electorales, que son nombrados a partir de exámenes de habilidades y conocimientos y que anualmente son evaluados. Es lo que conocemos como el Servicio Profesional Electoral en el que descansa la conducción técnica y operativa del INE, indispensable para tener elecciones que ofrezcan resultados confiables.

Me voy a referir a algunas de dichas tareas para ilustrar lo que se ha construido a lo largo de los últimos 40 años para hacer posible que contemos con una autoridad electoral que, gracias a su autonomía y a su profesionalismo, no está subordinada al gobierno y su único propósito es cumplir con las disposiciones legales para lograr elecciones auténticas.

Una elección democrática parte necesariamente de contar con un listado electoral que contenga a todos los ciudadanos con derecho a votar y la integridad de dicho registro es clave para asegurar que cada elector sólo vote una vez.

Antes de los años noventa, el padrón electoral estaba en manos de la SEGOB que controlaba unilateralmente quiénes estaban inscritos en dicho registro y ello abría la posibilidad de dejar fuera a algunas personas opositoras (eran los famosos “rasurados” del padrón), o de incorporar a personas sin derecho a votar. También sucedía que votaban los muertos, porque no había una adecuada actualización del padrón, o al menos no se sabía cómo operaba y ello se aprovechaba para que el partido del gobierno simulara que votaban y rellenar urnas con sus adeptos. Lo único con lo que contaban los ciudadanos era con un comprobante de inscripción al padrón, sin elemento de seguridad alguno para evitar falsificaciones, ni existía tinta indeleble para impedir que alguien votara más de una vez. Desde luego que lo más grave era que quien controlaba el padrón electoral era juez y parte, pues era el mismo gobierno, sin ninguna vigilancia de parte de otros partidos, o de la ciudadanía.

Respecto de la organización de las elecciones, durante el régimen autoritario, los funcionarios de casillas eran los mismos empleados del gobierno que no eran imparciales porque servían a sus superiores y recababan las votaciones sin ningún tipo de supervisión. El control gubernamental sobre los procesos electorales hacía que no se tuviera certeza sobre las reglas y criterios que los guiaban. Las elecciones eran una suerte de caja negra cuya operación sólo conocía el propio gobierno y su partido. Tampoco existían condiciones de equidad entre los candidatos y partidos, puesto que el PRI ocupaba de manera dominante los espacios de los medios de comunicación. Hay que recordar que, en 1988, el candidato presidencial del PRI recibió el 92% del tiempo total en los medios, mientras que toda la oposición junta apenas dispuso del 8%. La franca inequidad llevó a que posteriormente se reformaran los esquemas de financiamiento público de los partidos y de acceso a los medios masivos de comunicación para hacerlos equitativos.

Finalmente, el libro de Córdova y Murayama hace una mención a los retos que enfrenta la democracia electoral actual, en particular de cara al llamado Plan “B” de reforma electoral que está en proceso de ser aprobado en el Senado. El primer gran reto es evitar que el padrón electoral vuelva a quedar en manos de una dependencia gubernamental como la SEGOB sin vigilancia permanente de los partidos políticos, lo que significaría una regresión clara porque devolvería al control del gobierno el registro de electores que es un instrumento indispensable de confianza en los comicios.

Un segundo gran reto es que se pierda la estructura de operación electoral profesional y permanente que es clave tanto para dar certeza de adecuada operación de cada uno de los eslabones de la cadena de los procesos electorales, como para tener resultados creíbles.

El tercer gran reto es conservar árbitros y jueces electorales independientes y autónomos porque es la manera de asegurar que no estén alineados a alguna fuerza política en particular.

No podría ser más pertinente el libro de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama , en el contexto de la fuerte polarización que ha incitado el gobierno de la República y de la aprobación de una serie de reformas electorales encaminadas a destruir la operación profesional y autónoma del INE. El Instituto ha hecho una evaluación precisa de las distintas partes del proceso electoral que se verían afectadas severamente por dichas reformas que, entre otras cosas, pondrían en riesgo la operación territorial de la autoridad electoral y permitirían la intervención de las autoridades gubernamentales en las campañas políticas, afectando la imparcialidad y equidad de los comicios. La aprobación de las reformas que transitará seguramente por un periodo de impugnaciones ante la SCJN, pondrá en riesgo de entrada la certeza sobre las normas que regularán los comicios del 2024, así como la realización de elecciones generales auténticas, abriendo las puertas a serios conflictos políticos y a la inestabilidad. Este libro no abona a la polarización, sino que es un llamado a la responsabilidad de los actores políticos para que no prosperen las reformas en curso.