Introducción

Uno de los temas que menos se ha discutido sobre las últimas reformas electorales que se han llevado a cabo en México es el de los calendarios electorales. Sin embargo, es un elemento que puede influir de forma directa en la repartición de poder entre los partidos y el desempeño de los gobiernos que se conforman a través de las urnas.

En este artículo, se busca evaluar los efectos que los cambios hacia una mayor homologación de los calendarios tuvieron para la realidad política mexicana en dos aspectos: calidad democrática y la gobernabilidad. El primer aspecto, es medido a través de la representación, siendo esta una de las características esenciales para la democracia, es decir, el hecho de que los ciudadanos puedan votar y ver su voluntad representada por más de una opción política no sólo de manera formal al emitir su voto, sino tras el proceso de conversión de dichos sufragios en escaños dentro de los congresos, por lo que es medida aquí a partir del número efectivo de partidos parlamentarios, buscando identificar si nos encontramos ante congresos plurales o dominados por un partido político. El segundo, la gobernabilidad, es entendida aquí como la relación entre poder ejecutivo y legislativo, ya que ambos se constituyen a partir de los resultados electorales, y es medida aquí en términos del partido que predomina dentro del segundo, por tanto, un gobierno donde el partido del ejecutivo tiene mayoría absoluta es considerado como que mayor gobernabilidad genera, correspondiendo con el tipo unificado; uno donde dicho partido tenga solo una mayoría simple será semi unificado; aquel donde un partido distinto sea el mayoritario uno semi dividido y por último, cuando dicha mayoría sea absoluta será del tipo dividido, lo que corresponde con aquel en el que menor gobernabilidad existe.

En la primera sección, se presenta el contexto en el que comenzaron a darse los cambios en los calendarios electorales hacia la homologación, comenzando con la reforma al artículo 116 constitucional en 2007 y dando un recorrido sobre cómo fue aumentando la concurrencia. En la segunda sección, se retoman los aportes teóricos sobre los efectos que puede tener la concurrencia en los resultados electorales y se puntualizan las decisiones metodológicas para abordar el tema. La tercera sección, incluye todos los datos construidos: la escisión, las diferencias y el rango de las votaciones, el número efectivo de partidos parlamentarios y los tipos de gobiernos producto de los procesos electorales en 2009 y 2021¹, primero de forma general, promediando las 32 entidades del país y posteriormente en cuatro grupos, de acuerdo con el estatus que sus calendarios locales tenían respecto al federal antes de la reforma al artículo 116 constitucional. Por último, se presentan las conclusiones tras la revisión de los datos.

Con esto, buscamos resaltar el tema del impacto que los cambios en los calendarios tuvieron en las entidades mexicanas, dado que consideramos que no ha sido considerado a profundidad, e invitar a la reflexión y discusión sobre las bondades o perjuicios que trajeron consigo para la calidad democrática y gobernabilidad.

1. Sobre los calendarios

Durante las últimas décadas, se han llevado a cabo cambios en el sistema electoral mexicano que han buscado atender las problemáticas que se hacen patentes tras cada proceso electoral: la pluralidad política, la representatividad, el acceso equitativo a medios, el funcionamiento de los institutos electorales, entre otros. Uno de los cambios que consideramos ha sido menos estudiado, es la homologación de los calendarios, que ha logrado que en el proceso electoral de 2021 ocurriera la mayor concurrencia en la historia del país.

Debido a la conformación política y administrativa de México, los procesos electorales en los distintos niveles no ocurrían de forma simultáneas. En lo federal, se desarrollan elecciones presidenciales cada seis años, al igual que la renovación del Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, la de diputados y senadores. Además, tres años después, se celebran elecciones intermedias, en la que únicamente se eligen diputaciones federales. Los poderes ejecutivos y legislativos de cada entidad que componen la República mexicana se constituyen a través de procesos electorales locales, que cada estado desarrolla siguiendo las pautas federales, es decir, elección de la gubernatura de forma sexenal, y la renovación de su congreso de forma trianual, en este caso, incluyendo la elección de presidencias municipales con una periodicidad igual.

En los inicios de los procesos electorales, durante el siglo XIX, la lógica de su funcionamiento, al igual que otros aspectos del país, tenía una idea descentralizada, en la medida que a partir de las presidencias municipales cada estado tenía competencia para organizar las elecciones tanto para cargos locales como federales (^{Medina, 2005}). Esta dinámica continúo hasta las primeras décadas del siglo XX. Tras la Revolución, las autoridades locales mantuvieron las competencias legales para elaborar padrones de electores, registrar candidaturas, decidir la ubicación de casillas y realizar los cómputos. Este conllevaba que anualmente se llevaban a cabo distintos procesos electorales, en fechas distintas, lo que además de generar tensiones políticas reiteradas, que impactaba en las negociaciones y acuerdos entre partidos, algo necesario en un contexto de gobiernos divididos (^{Peschard, 2008}), cada vez más presentes desde finales del siglo XX, así como un llamado constantes de las autoridades a los ciudadanos para acudir a las urnas que, podría argumentarse, desgastaban la capacidad de convocatoria e impactaba en la participación de estos. Bajo esta lógica, comenzaron los cambios en los calendarios con el fin de homologarlos.

Esta dinámica tuvo un impulso importante en la reforma del artículo 116 constitucional, que habla sobre la conformación de los poderes locales en el país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 como parte de la reforma electoral de dicho año, en particular de la fracción IV inciso a, para incluir: “y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición” (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 116, 2022). La justificación entonces refería a los citados problemas que pueden generarse con la no concurrencia electoral: alejamiento de los ciudadanos de las urnas, gastos innecesarios de recursos públicos, permanente actividad electoral de los partidos, que los aleja de otras actividades y genera una tensión que perjudica el dialogo y la negociación (^{Cámara de Diputados, 2007}).

Para este momento, existían cuatro grupos de estados en México, de acuerdo con la fecha de sus procesos electorales locales: a) los concurrentes con los federales en día, mes y año; b) los coincidentes en año, pero no en mes y día con los procesos federales; c) los coincidentes en día y mes, pero no en año con lo federal y; d) los no concurrentes, ni en día, mes ni año respecto a lo federal. En primera instancia, el alcance de esta reforma buscaba que todos los calendarios electorales se realizaran el primer domingo de julio, salvo en los casos se encontraban en el grupo a), que eran el caso del estado de México para sus diputaciones y ayuntamientos, Chiapas para la gubernatura y Tabasco para los tres cargos. El entonces Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se desarrollaban ya el mismo día, mes y año que las elecciones federales.

Si bien sólo se trató en ese momento de equiparar el mes y el día de los procesos federales y estatales que coincidieran en un mismo año, este proceso de transformaciones en los calendarios continuaría en los años venideros al calor de más cambios en el marco legal.

Otro impulso fue la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la reforma electoral de 2014. En efecto, dada su atribución para coordinar y vincular su labor con los Organismos Públicos Locales Electorales, el organismo promovió una mayor estandarización de los procesos federales y estatales, y la concurrencia de estos, buscando atender algunas de las críticas iniciales producto de la no concurrencia: un mayor gasto de recursos públicos, duplicación de tareas con los institutos electorales locales, desgaste de los ciudadanos y un consecuente alejamiento de las urnas traducido en una menor participación. Esta dinámica conllevo ir más allá en la homologación de los calendarios, logrando que las entidades ajustaran sus elecciones de ayuntamientos, diputaciones y gubernaturas para coincidir con los años de procesos federales cada vez más. Si bien estos cambios no fueron aplicados a todo el territorio de forma obligatoria, como el cambio en 2007 a través de la reforma constitucional al artículo 116, si fue seguida por muchas entidades ajustando incluso los periodos de algunas legislaturas y gubernaturas para homologarse con los federales, si bien otras mantuvieron algunas elecciones fuera de esta dinámica, manteniendo su autonomía para determinar dichas fechas.

Este estudio da un seguimiento a los procesos electorales de 2009 y 2021, periodo en el que la concurrencia electoral ha ido en aumento acompañando los cambios previamente mencionados. Como se aprecia en la Gráfica 1, el número de estados con elecciones locales y federales celebradas en el mismo año se mantenía en once hasta 2009. En los años sin procesos federales, la cifra era similar, con catorce entidades el año inmediato posterior a un proceso electoral federal y reduciéndose los años previos a los mismos.

Fuente: elaboración propia. Se destacan con un color más oscuro los años donde existe concurrencia con elección federal.

Gráfica 1 Estados con al menos una elección local 

En 2010 se observó el primer pico de estados con elecciones simultáneas, sumándose Hidalgo y Quintana Roo con respecto a 2007, al acortar el periodo de sus legislaturas y presidencias municipales electas en 2008, pero saliendo Michoacán que ajustó el periodo de las autoridades electas en 2007 a los cuatro años.

El siguiente cambio significativo ocurrió en 2014, año en que solo Nayarit y Coahuila tuvieron elecciones locales, siendo este el primero con un número tan bajo de entidades, reduciéndose con respecto a las seis de 2011 y 2008. La mayor parte de los ajustes en los calendarios ocurrieron entre los años siguientes, lo que generó que en 2018 27 de las 32 entidades del país tuvieran su proceso electoral concurrente con las elecciones federales. El culmen de la homologación ocurrió en 2021, cuando todas las entidades del país celebraron al menos una elección local simultáneamente con la elección de las diputaciones federales.

Tras la referencia a la justificación y al proceso que condujo a la magnitud de la jornada electoral del 6 de junio de 2021, con elecciones locales en todo el país, se pasa al estudio de su efecto en la definición de preferencias electorales en los términos teóricos y metodológicos que previamente se definirán y explicarán, a partir de la revisión de la investigación en política comparada en materia de ingenierías institucionales, en particular de la concurrencia electoral y del voto diferenciado.

2. Elementos teóricos y metodológicos

El impacto que estos cambios tuvieron en la realidad política de México puede abordarse en dos vías: uno, en términos de sus efectos en la calidad democrática, asociada con la pluralidad entendida ésta ya sea como la diversidad política expresada en la votación, o como la representación política que logran los distintos intereses expresados en las urnas y, dos, en términos de la gobernabilidad, la eficiencia y la eficacia que la construcción del gobierno puede generar tras los procesos electorales.

Explorar estas vías deriva de los aportes que la teoría, desde hace décadas, indica en la materia. Cabe recordar a Shugart y Carey quienes en 1992 ya señalaban que las elecciones separadas están asociadas a mayor diversidad política, pero no conducen a mayorías parlamentarias estables, mientras que en las elecciones concurrentes sucede lo inverso en la medida que producen menor representación, pero más gobernabilidad. En la misma línea, en 2001 Colomer prefería las elecciones separadas para distintos cargos y las identificaba como propias de regímenes compuestos, porque producen más utilidad social, derivada del mayor número de ganadores en las contiendas. Para estos autores, la explicación de ello radica en el arrastre del voto en las elecciones concurrentes por las contiendas más importantes, las cuales reorganizan los intereses y los grupos de apoyo, de suerte que se produce una mayor propensión a la unificación de los gobiernos, tanto horizontal como verticalmente. Sobre este punto en particular, y en el mismo sentido, ^{Molina (2001)} indica cuatro consecuencias que las elecciones simultaneas con las presidenciales por mayoría relativa generan: a) la concentración del voto en los candidatos con opciones de ganar; b) la presencia de pocos partidos importantes en los sistemas uninominales; c) el arrastre del voto con respecto a la contienda presidencial y; d) mayor posibilidad de que el presidente tenga una mayoría legislativa.

Sobre esta base conceptual, en un trabajo anterior (^{Bravo, 2021}), sobre el que se monta este, comprobamos la primera parte del supuesto de que las elecciones cada vez más concurrentes en México debían haber disminuido la diversidad política expresada por las orientaciones de los votantes y su capacidad de diferenciar sus preferencias según el tipo de elección. En aquella ocasión se operacionalizaron los cálculos en función de la variación de porcentajes de votos por partido en los distintos tipos de elección, de las diferencias absolutas de promedios de votación por partidos entre los distintos tipos de elección y de la escisión del voto, en 2015, 2018 y 2021 en los estados en los que hubieron elecciones concurrentes federales y locales en 2021, tomando para 2015 y 2018 las cifras de las elecciones locales más cercanas a la federales de aquellos años, que en 2018 además que para diputados federales como en 2015 y 2021, fueron para presidente también, por lo que se esperaba como ocurrió una deformación de los resultados².

En esta ocasión el propósito es avanzar en corroborar si la teoría igualmente se aplica recorriendo la investigación más en el tiempo, al inicio de la tendencia a homologar los calendarios, además de abarcando todos los estados del país, en los mismos términos en que se hizo en el trabajo citado de 2021. A ello en este nuevo documento le sumamos por un lado el pasar a entender también la calidad democrática, relativa a la primera parte de las consideraciones sobre la diferencia de las elecciones no simultáneas y sí simultáneas, como representación política puntualizándola ahora como número de partidos parlamentarios por entidad, siguiendo la fórmula de ^{Laakso y Taagepera (1979)}, en el entendido que con la mayor concurrencia deberían disminuir. Por otro lado, pasamos igualmente a estudiar la gobernabilidad relativa a la segunda parte de tal aseveración, puntualizándola como número de gobiernos unificados y divididos, en el entendido que con la mayor concurrencia se esperaría una disminución de los gobiernos divididos.

Cabe señalar que la complejidad de la información requerida y el trabajo estadístico, diseñado de esta manera, lleva a la decisión de sólo contrastar años de elecciones federales intermedias, lo cual limitamos a 2009 y 2021. Con ello queremos evitar la deformación sobre los cálculos derivada de las elecciones presidenciales (en este caso las de 2006, 2012 y 2018), cuyas contiendas tienden a desviar las preferencias electorales en otros niveles, en la medida que tienden a suprimir los juegos políticos locales al verse subsumidos a los clivajes nacionales. De tal manera, con la inclusión de 2009 podemos considerar la elección en que termina un ciclo que comenzó en las últimas décadas del siglo XX, con las elecciones de 1988 como referencia, y que corresponde a los procesos electorales previos a la homologación. Asimismo, con la comparación con 2021, cuando en México comenzó a asentarse una realidad política distinta que transformó al sistema de partidos desde 2015, con cambios en equilibrios en las dinámicas de poder, así como en los proyectos políticos, derivados del triunfo de Morena como partido y de Andrés Manuel López Obrador como presidente en las elecciones de 2018 de realineamiento del voto, podemos dimensionar el efecto de la concurrencia electoral con alcance nacional.

En suma, nuestras mediciones uno, descartan las elecciones presidenciales, así como las elecciones intermedias de 2015 por estar inmersas en una dinámica de transformación, dos, se concentran en 2009 y 2021 y, tres, incluyen las elecciones para diputados federales, así como las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos en lo local. Es necesario señalar que, para conseguir agrupar las elecciones locales en torno a las elecciones federales, se consideran como en el trabajo anterior de 2021 las elecciones más cercanas a los años con tales procesos electorales, es decir, las de los años inmediatamente previos y posteriores. Eso significa que para 2009 se consideran las elecciones locales concurrentes o más cercanas a dicho año, consistiendo en el período 2008-2010.

Son cálculos múltiples, los cuales adicionalmente agrupamos por tipos de modificaciones que en las entidades se tuvieron que llevar a cabo para la homologación de los calendarios, en el sentido correspondiente a la teoría, para poder inferir con mayor justificación sobre sus bondades y costos.

Por último, es importante reconocer una limitante de este trabajo la cual señalan ^{Burden y Helmke (2009)} a saber el que desgraciadamente, como muchas otras investigaciones al manejar resultados estatales, puede caer en un problema de falacia ecológica.

3. El impacto de la homologación

Como se mencionó previamente, uno de los intereses de este trabajo radica en conocer cómo se afectó la votación en las entidades del país tras la homologación. En este sentido, en el Cuadro 1 se observa el promedio del rango de votación por entidad, es decir, la diferencia entre la votación máxima y la votación mínima de cada partido en las distintas elecciones (diputaciones locales y federales, ayuntamientos o gubernatura, según corresponda).

Algo que podemos observar de forma clara es que existe una disminución en la mayoría de los estados respecto a la variación del voto, lo que implica una menor diferenciación de este por parte de los electores, y se corresponde con la disminución en la fragmentación que se señala en la teoría. El promedio nacional pasó de 4.45 a 3.29. Si bien hay estados, a saber, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Tabasco donde la diferencia aumentó. Más adelante se verá el comportamiento de forma agrupada.

Otra medida que se puede realizar para mostrar los efectos en la votación es el promedio de las diferencias por estado, es decir, la diferencia de todas las combinaciones posibles entre diputaciones locales, ayuntamientos, gubernaturas y diputaciones federales, acorde al año en cuestión, como se muestra en el Cuadro 2.

En este caso la disminución también es notoria en el promedio nacional, pasando de 3.93% de la votación al 2.41%. En esta medición, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, siendo los mismos que en el caso anterior salvo Baja California.

Por último, dentro del panorama general, el cálculo de la escisión, entendida como la diferencia entre todas las combinaciones posibles entre diputaciones locales, ayuntamientos, gubernatura y diputaciones federales, acorde al año en cuestión dividida entre dos, se presenta en el Cuadro 3.

El promedio nacional nuevamente refleja una menor fragmentación del sistema de partidos debido a un voto menos diferenciado. La media pasa de 9.26% a 6.83% de la votación.

No obstante, cuando se mide el número efectivo de partidos parlamentarios, un indicador que puede halarnos de la representatividad y fragmentación del sistema de partidos, el comportamiento es distinto al esperado cuando se hace la medición de forma nacional. La media nacional pasó de 3.01 a 3.66, ya que en la mayoría de las entidades se dio un aumento. Es llamativo como, pese a que se disminuyó el voto diferenciado entre 2009 y 2021, el número de partidos parlamentarios, que son el número efectivo de partidos dentro de las legislaturas, aumentó, seguramente por la forma en que se reparten las diputaciones, ya que todas las cámaras locales tienen integrantes mixtos, algunos entrando por representación proporcional y otros por mayoría relativa. También, se hace patente el papel que los partidos minoritarios y locales han ido ganando en detrimento de PAN, PRI y PRD, a través de las coaliciones cada vez más constantes que se han presentado.

Por otro lado, en lo que respecta a la eficiencia/eficacia de gobierno, el argumento que motivó las reformas para homologar los calendarios apuntaba a la construcción de cada vez más gobiernos unificados, lo que generaría gobiernos con mayor fuerza, para evitar los posibles riesgos de gobiernos divididos, como una posible parálisis legislativa o bien un ambiente tenso que inhibiera acuerdos entre los partidos por las constantes confrontaciones electorales.

En este sentido, el Cuadro 5 presenta los tipos de gobiernos, en el que gobierno unificado es aquel donde el partido que ostenta la gubernatura tiene la mayoría absoluta, semi unificado en el que este es la bancada más grande pero no supera el 50%, semi unificado donde un partido distinto al que ostenta la gubernatura no es la bancada mayoritaria y dividido donde un partido distinto al de la gubernatura es mayoría absoluta.

Es notable como han disminuido los gobiernos unificados, reduciéndose en más de la mitad, mientras solo aumentan en 3% los semi unificados. Por otro lado, si bien los gobiernos divididos se mantienen iguales, siendo los menos frecuentes, los semi divididos se han triplicado. El argumento que en la teoría apunta a gobiernos más fuertes, en términos de unidad o división, no se sostiene comparando 2009 con 2021.

Si bien los cuadros anteriores nos dan una muestra de cómo se ha modificado la representatividad, la eficiencia del gobierno y el reparto de los votos antes y después de la homologación, lo cierto es que el punto de partida de todas las entidades no es el mismo. En el Cuadro 6 se da muestra del grupo de entidades que, tomando como referencia 2006, cuando comenzó a impulsarse la homologación, existían.

En el grupo 1, aquellos que en 2006 tenían procesos electorales que ya eran concurrentes con las federales tenemos diez entidades, casi un tercio del total. Por otro lado, en el grupo 2, el más pequeño, tenemos tres estados que tenían elecciones ese mismo año, pero en una fecha distinta. El grupo más grande, el 3, tenemos trece estados, que tenían elecciones al año siguiente, en este caso, 2007. Por último, el grupo 4 está conformado por seis entidades que tenían elecciones en 2008, un año antes del siguiente proceso federal.

Teniendo esta agrupación de entidades se puede seguir de forma más detallada la evolución de los mismos cambios que presentamos de forma general con anterioridad. El Cuadro 7 muestra el promedio de diferencias, destacando como en todas ellas se disminuyó, aunque en mayor medida en los grupos 3 y 4, lo que es esperable, ya que las entidades de los grupos del grupo 2 no tuvieron un ajuste tan relevante, salvo por el mes, y las del grupo 1 ninguno.

Por otra parte, en cuanto a la escisión, el comportamiento es el mismo que el anterior, como puede apreciarse en el Cuadro 8. Los primeros grupos tuvieron una reducción menos a un punto, mientras que los últimos dos lo tuvieron en más de tres.

En cuanto al número efectivo de partidos parlamentarios, es patente que este aumentó en todos los grupos, a diferencia de las otras mediciones. Esto puede indicarnos que la fragmentación que se propició tras los cambios descritos previamente en el sistema de partidos, con la perdida de votos de PAN, PRI y PRD, el crecimiento de los minoritarios y locales, junto al surgimiento de Morena, aunado a la conformación mixta que incluye integrantes por representación proporcional, propició una mayor pluralidad en los congresos locales, que no fue subvertida por la homologación de los calendarios, como la teoría apunta.

El último grupo de datos que se presentan, en el Cuadro 10, nos muestran cómo se comportó la conformación de gobiernos desagregada en estas agrupaciones. En cada división, se presenta el porcentaje que representan dentro del total de gobiernos en cada año.

En estos casos, el comportamiento presenta diferencias más intensas. En las entidades que no ajustaron sus calendarios ya que se encontraban desde 2006 homologados, si bien se redujeron los gobiernos unificados, aumentaron los semi unificados; mientras los semi divididos se mantuvieron igual y los divididos se redujeron. Por otro lado, los estados que ajustaron su mes de elecciones para ser concurrentes tuvieron una disminución de los gobiernos unificados, un aumento de los semi unificados y se mantuvieron estables en el resto. Las entidades del grupo tres, que se llevaban a cabo un año posterior a las federales, aumentaron sus gobiernos semi divididos, mientras disminuyeron los unificados, semi unificados y los divididos se mantuvieron estables. Por último, en el grupo cuatro disminuyeron los semi unificados, los unificados y aumentaron los semi divididos y los divididos.

En suma, el comportamiento esperado en cuanto a la conformación de gobiernos es el aumento de los unificados y semi unificados, mientras disminuían los semi divididos y divididos. No obstante, los unificados no aumentaron en ninguno de los grupos, aunque los semi unificados lo hicieron en las entidades de los primeros grupos, los que ya compartían año con las elecciones federales, mientras que en los que se ajustaron para ser concurrentes disminuyeron, contrario a lo esperado.

En cuanto a los divididos, estos se mantuvieron iguales en los grupos dos y tres, mientras aumentaron en el grupo cuatro y disminuyeron en el grupo uno, nuevamente, contrario a lo esperado. En lo que respecta a los semi divididos, estos se mantuvieron iguales en los dos primeros grupos, mientras aumentaron en los dos últimos, siendo un comportamiento, de nuevo, contrario a lo esperado en la teoría.

4. Conclusiones

Como era previsible, de acuerdo con la teoría, existe una disminución en la pluralidad, que se refleja en una mayor concentración de votos en menos partidos. Esto va en el mismo sentido del trabajo previo (^{Bravo, 2021}) donde se estudiaban las elecciones de 2015, 2018 y 2021. Como se mencionó previamente, entonces solo se estudiaron las entidades que tuvieron elección para gubernatura en 2021, siendo en concreto quince entidades, mientras ahora se estudian la totalidad de estados mexicanos y tomando como referencia 2009, cuando comenzó la homologación.

Sin embargo, al comparar los otros indicadores incorporados, a saber, el número efectivo de partidos parlamentarios y el tipo de gobierno, el comportamiento es distinto: el primero, aumentó de 3.04 a 3.66 en el promedio nacional, mientras el tipo de gobierno que tuvo el mayor aumento fue el semi dividido pasando del 12% al 37%, por delante de los semi divididos, que solo aumentaron un 3% y al reducirse los unificados del 50% al 22%. Por tanto, el comportamiento en la representatividad y en la gobernabilidad, fue opuesto al que se esperaba, lo que no ayuda a reducir los problemas asociados a las dinámicas de poder en los años sin elecciones federales que se señalaban.

Al desagregar los datos en los cuatro grupos de estados que se podían identificar en 2006, cuando este impulso por homologar calendarios comenzó, se aprecia que ni siquiera en los estados que hicieron los ajustes la tendencia varía en favor de lo esperado teóricamente, ya que los indicadores de los grupos tres y cuatro no son significativamente distintos a los grupos uno y dos.

Podemos atribuir el aumento en el número de partidos parlamentarios a la tendencia que ya podría observarse en 2009, con una menor cantidad de votos entre PAN, PRI y PRD, y un aumento en los demás partidos, tanto federales como locales. El año 2015 con el surgimiento de Morena, trastocó aún más esto, y la fragmentación de la representación no pudo ser detenida por la concurrencia electoral. Un factor que puede ser relevante son las reglas para la integración de las legislaturas, que incluyen integrantes por representación proporcional.

Lo anterior también impacta en la conformación de gobiernos, ya que la presencia de más partidos en las legislaturas ha hecho que la mayor parte de gobiernos sean semi divididos o semi unificados, tendiendo más a la división. Los gobiernos unificados son los que han decrecido en mayor medida, mientras los divididos siguen siendo los menos frecuentes.

La homologación se llevó a cabo sin mucha discusión sobre sus posibles efectos. Si bien el comportamiento electoral tiene explicaciones multicausales, y en el que pueden influir: la evaluación de los votantes al desempeño del gobierno en turno, aspectos socioeconómicos, cambios en el sistema de partidos, acuerdos y coaliciones entre estos, la coyuntura, el contexto nacional e internacional, entre otros, lo cierto es que los cambios institucionales, como el que supone esta búsqueda de una mayor concurrencia, contribuyó a que se produjeran estos efectos en la representación y gobernabilidad.

Este artículo continúa buscando demostrar algunas de las consecuencias, que están lejos de ser las que teóricamente se esperarían y que resolverían problemas asociados con los gobiernos divididos en sistemas como el mexicano.