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Introducción
La noche del 1 de julio de 2018, a pocas horas de haber sido declarado ganador de la primera elección presidencial en México en la que un partido de izquierda llegara al poder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un discurso ante un Zócalo de la Ciudad de México, repleto de personas celebrando un momento histórico. Sus palabras esa noche reafirmaron los pilares de lo que él y su partido, Morena, llaman la “cuarta transformación” del país, enfocada en el combate a la pobreza, la desigualdad y la corrupción, y en la construcción de políticas sociales y económicas a favor del bienestar de la mayoría de la población del país, históricamente marginada. En ese contexto, y a diferencia de sus predecesores, desde su campaña, AMLO puso el acento en el tema migratorio con un enfoque en sus causas estructurales y la necesidad de crear oportunidades para que las personas pudieran permanecer en su país de origen. Esa noche en el Zócalo, reiteró: “Bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas; quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por ne ce si dad”.1 Esta promesa de crear empleo y oportunidades para permanecer en México se extendía no sólo a los mexicanos, también a personas migrantes de Centroamérica, cuyos flujos hacia México y Estados Unidos (EE.UU.) habían aumentado significativamente en los últimos años.
A unos meses de iniciar su cargo como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que el país adoptaría un carácter de asilo y refugio, retomando su tradición de acogida a los exiliados durante los fascismos europeos, las dictaduras militares en Sudamérica y las guerras civiles en Centroamérica en el siglo XX. Marcelo Ebrard, quien semanas después sería nombrado secretario de Relaciones Exteriores, enfatizó el enfoque en políticas de desarrollo regionales que crearían oportunidades de empleo en México y en Centroa mé ri ca. Asimismo, el nombramiento de Tonatiuh Guillén, reco no ci do académico de El Colegio de la Frontera Norte, co mo comi sio nado del Instituto Nacional de Migración (INM), prometía un nuevo rumbo y una muy necesaria reforma al instituto acorde con la protección de los derechos humanos.2
A la par de este cambio en la narrativa en torno a la migración, el Proyecto de Nación (PDN) 2018-2024 hizo un diagnóstico de los posibles retos para la gestión del gobierno entrante, así como una propuesta para iniciar una “nueva época en la política migratoria”,3 concentrada en promover el desarrollo integral de las zonas de expulsión de población migrante, la redirección de la política consular a la protección y defensa de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos, una nueva política migratoria con integridad, transparencia y eficiencia, la incorporación de la sociedad civil, y la reducción de la porosidad y vulnerabilidad de la frontera sur del país.4
No obstante este discurso, sólidamente anclado a los principios de la izquierda y de la “cuarta transformación”, a unos días de haber tomado posesión de su cargo en diciembre de 2018, ante el reto de las crecientes caravanas migrantes provenientes de Centroamérica y las presiones del primer gobierno de Donald Trump, las acciones del gobierno de AMLO orientaron la política migratoria hacia la militarización y la expansión de los controles migratorios, a costa de un proyecto humanitario y de integración.5 Durante su sexenio, el enfoque en la integración de personas migrantes extranjeras y mexicanas retornadas al país fue perdiendo fuerza ante la militarización, criminalización e imposición de esperas a la que estuvieron sujetas miles de personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad. A la par, la invitación del PDN a la sociedad civil a formar parte en la elaboración, implementación, cooperación, evaluación y monitoreo de la política migratoria se transformó en el cierre de espacios de diálogo y, en ocasiones, en la abierta confrontación entre sociedad civil y gobierno en materia migratoria.
En este artículo exploramos tres contradicciones, así como tres grandes ausencias que consideramos vale la pena visibilizar entre la propuesta de este “nuevo enfoque” en política migratoria, y las acciones y hechos que tuvieron lugar durante la administración del presidente AMLO.
Comenzamos con un análisis sobre la agenda migratoria y la relación bilateral entre México y EE.UU. Consideramos que es importante poner en contexto la forma en que la política exterior y la política migratoria en México están fuertemente condicionadas por la relación bilateral con EE.UU. Sin embargo, el argumento principal de este texto no se centra solamente en esta imposición o coerción diplomática, sino en las contradicciones que identificamos entre el discurso, las acciones y los silencios del gobierno mexicano en los distintos aspectos de la política migratoria entre 2018 y 2024. Esto da cuenta, por un lado, de los límites de la infraestructura en México para atender las necesidades de distintas poblaciones migrantes y, por otro lado, de la prioridad que se ha dado a unas áreas de la política migratoria sobre otras, a pesar de los costos que esto supone para las personas migrantes y la falta de congruencia con los objetivos planteados por el gobierno.
En primer lugar, exploramos la contradicción y tensión entre la visión a largo plazo del combate a las causas estructurales de la migración (pobreza, desigualdad y falta de desarrollo) con las acciones inmediatas que tomó el gobierno, en las que se priorizó la contención, la militarización de las fronteras y se participó -de manera más o menos activa- en estrategias regionales de externalización de fronteras y neo-refoulement6 de solicitantes de protección internacional. En segundo lugar, problematizamos la respuesta limitada del gobierno de México ante las y los mexicanos migrantes en EE.UU., y las personas deportadas y retornadas desde ese país. Por último, analizamos la transformación en el discurso y la interacción con la sociedad civil organizada, y cómo ésta se presentó al inicio del gobierno de AMLO como un actor fundamental en el diseño, la implementación y supervisión de la política migratoria, y fue perdiendo protagonismo y espacio a lo largo del sexenio. En lo que atañe a las ausencias, hablamos de tres realidades migratorias importantes del México contemporáneo y la falta de atención a éstas en los discursos y políticas públicas del sexenio: el refugio y las personas refugiadas; el desplazamiento interno por violencia e inseguridad, y las políticas de integración en México.
I. La agenda migratoria y la relación bilateral con EE.UU.
Históricamente, México ha lidiado con la asimetría de poder en la relación con EE.UU. desde una postura de “compartimentalización” de la agenda bilateral, manteniendo el tema migratorio separado de otras agendas para proteger los intereses prioritarios del país en otras cuestiones económicas y políticas, e impedir o minimizar el tipo de presiones que surgieron en los últimos años: las amenazas de Donald Trump respecto a la renegociación del TLCAN, la imposición de aranceles o el cierre de la frontera si México no aceptaba condiciones impuestas por EE.UU. respecto al control de la migración.7
La diversificación de los flujos de personas migrantes en la región, la llegada de Donald Trump al poder y la implementación de nuevas políticas migratorias de control en EE.UU. contribuyeron al cambio en la estrategia de compartimentalización de temas. Éste era un cambio que gobiernos anteriores habían intentado, como el de Vicente Fox (2000-2006), en circunstancias muy distintas, con la apuesta de lograr una agenda compartida que resultara favorable para los derechos de las personas migrantes. En el caso de AMLO, el enfoque principal era en la política interna. México aceptó la centralidad del tema en la agenda bilateral y la colaboración con EE.UU. de acuerdo con los intereses de ese país como una condición necesaria para mantener el equilibrio en la relación bilateral, aunque esto resultara en una política migratoria contraria a la agenda pública planteada por Morena.
A pesar de que EE.UU. exigió cada vez más apoyo y cooperación de México para el control de la frontera y la recepción temporal de miles de solicitantes de asilo a aquel país en territorio mexicano por medio del programa Quédate en México y, más tarde, con la aplicación móvil CBP One, éstas no fueron negociaciones en las que el gobierno de AMLO lograra algo públicamente a cambio de la colaboración, más allá de reducir las presiones en temas comerciales y un compromiso de EE.UU. de participar en un proyecto de desarrollo para Centroamérica. Éste llevaría más adelante a la creación de la Asociación para Centroamérica, por la vicepresidenta Kamala Harris.8
Se ha especulado sobre lo que podría haber negociado México en otros temas económicos o políticos sin comunicar esto abiertamente al público, pero en términos de una cooperación directa en el tema migratorio, se dejó de lado el discurso de “responsabilidad compartida” de los últimos veinte años y la posibilidad de avanzar conjuntamente en la mejora de condiciones para las personas migrantes mexicanas en EE.UU. Tampoco se negoció un apoyo directo con recursos para responder a lo que implicaría el aumento de personas migrantes en México bajo el esquema de cooperación en el control de la frontera.
Mientras se negociaban estos acuerdos y se invertía en la militarización y el control de las fronteras norte y sur de México para responder a las demandas de Trump y después de Joe Biden (2020-2024), el enfoque del discurso de AMLO siguió siendo el desarrollo económico en México y el interés de crear una agenda en común con países centroamericanos en este tema. Aceptar esta nueva forma de colaboración con EE.UU. enfocada casi completamente en los controles migratorios y la seguridad ha significado una ampliación de la externalización de la política de contención de ese país hasta la frontera sur de México (lo que se había conceptualizado desde sexenios anteriores como una “frontera vertical” y que durante el gobierno de AMLO se extendió a crear condiciones de “atrapamiento migratorio” o “país tapón”).9
La centralidad de las negociaciones con EE.UU. como determinantes de la política migratoria durante este sexenio también implicó una reorganización institucional en el gobierno mexicano, aunque no de la manera en que la sociedad civil y los expertos habían sugerido durante años en cuanto a la estructura institucional necesaria para una política migratoria integral y congruente con el marco legal nacional e internacional. Distintas propuestas han planteado, por ejemplo, que debería existir una sola secretaría o una instancia de coordinación de las diferentes instituciones, secretarías y subsecretarías que tocan distintas áreas del tema migratorio y que carecen de coordinación, intercambio de información y recursos que las harían más eficientes, mejor capacitadas y coherentes.10 La respuesta de AMLO fue dar más poder a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como eje de la política migratoria,11 asignando al secretario como coordinador de una simbólica Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, muestra de la prioridad de la relación bilateral en las decisiones que se tomaran en el tema, a costa de otros aspectos de esta agenda, ante un contexto de cambios significativos en los flujos migratorios y las necesidades de las personas migrantes en México.
II. Contradicciones y ausencias
Causas estructurales versus militarización y contención migratoria
En el PDN 2018-2024, presentado por el gobierno de AMLO al inicio de su gestión, se habla de la migración como un tema fundamental de la política exterior mexicana, parte del eje de política y gobierno. En este documento, se vincula la migración explícitamente con la pobreza o “precariedad material” que causa “la migración forzada por las circunstancias, la descomposición política e institucional y la mediocridad del de sem pe ño económico en general”.12 Con esta visión de fondo se afirma que “La migración no puede ni debe ser criminalizada. Para encararla de manera adecuada, se deben abordar sus causas profundas como la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad, el cambio climático y los conflictos”.13 A lo largo de todo el PDN, se hacen diversas alusiones a la migración como una respuesta inevitable a las políticas implementadas en diferentes sectores en las décadas anteriores. Se habla, por ejemplo, del abandono del campo, de las desigualdades, de la violencia en las comunidades como factores que han causado la migración de los y las mexicanas, ya sea internamente o cruzando fronteras internacionales.
La importancia de la migración y la atención a sus causas estructurales para la administración de AMLO queda clara cuando el primer día de su mandato (1 de diciembre de 2018) firmó un acuerdo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para crear un plan de desarrollo para la región que permitiera atender las causas de raíz de las migraciones. De este acuerdo se desprende el Plan de Desarrollo Integral (PDI) El Salvador-Guatemala-Honduras-México,14 presentado en mayo de 2019 por la SRE, los embajadores de los países centroamericanos y la Cepal. El PDI propone cuatro áreas de trabajo: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y la gestión integral del ciclo migratorio. Esto último se propone como un “cambio de paradigma” de la seguridad nacional a la seguridad humana.15
La prioridad inicial que se le dio a esta iniciativa no tuvo continuidad durante el sexenio más allá del discurso y se mantuvo sólo como un marco de trabajo para el desarrollo regional. La única iniciativa que destaca en cuanto a su implementación y seguimiento fue el programa “Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba”. Fuera de ese proyecto, México no impulsó otras agendas regionales o multilaterales como contrapeso a la presión estadounidense, una estrategia de liderazgo que la SRE había ido construyendo en este tema en las últimas décadas y que en ese sexenio dejó de ser prioridad.16
Durante el sexenio de AMLO hubo también otras políticas pensadas desde la óptica de combatir la pobreza, disminuir la desigualdad y promover el desarrollo, que buscaban tener un impacto en las causas que obligan a las personas a dejar sus hogares en busca de oportunidades. Entre éstas pueden mencionarse desde el aumento del salario mínimo en México hasta los programas de creación de empleo.
Aunque el enfoque en las causas económicas estructurales es fundamental -y es un avance importante que el gobierno haya reconocido ampliamente cómo la desigualdad y la pobreza son condiciones que a lo largo de la historia han determinado la emigración mexicana y en la región- es una visión de largo plazo que necesariamente tendría que ir de la mano con políticas migratorias para responder a las necesidades de inclusión y protección integral a las personas migrantes en el corto y mediano plazo.
En lo inmediato, la narrativa de México como un país humanitario donde los “hermanos migrantes centroamericanos” encontrarían trabajo y protección en su camino a EE.UU. y que en México “donde come uno comen dos”17 se tradujo en el otorgamiento de miles de visas humanitarias para personas migrantes en tránsito entre finales de 2018 y principios de 2019. Sin embargo, ante las presiones del gobierno de Donald Trump y el visible aumento de grupos de personas migrando en conjunto a través del territorio mexicano, rápidamente se endureció la postura de México con el despliegue de la policía para controlar la frontera. La declaración de Tonatiuh Guillén de que México “no será un país de puertas abiertas ni un país santuario” fue sorprendente en tanto reflejaba la distancia que se abría entre los principios guía que había establecido el gobierno y sus acciones.18
A finales de diciembre de 2018, después de una serie de negociaciones en torno a la imposición de aranceles y presiones sobre acuerdos comerciales entre los dos países, EE.UU. anunció la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), también conocido como el programa “Quédate en México”.19 Este programa implicaba el retorno inmediato de solicitantes de asilo en EE.UU. a ciudades fronterizas mexicanas para esperar del lado mexicano de la frontera sus fechas en las cortes de inmigración. El mismo día del anuncio, México emitió una respuesta en la que indicaba que “por razones humanitarias” autorizaría la implementación del programa en el país. Tonatiuh Guillén renunció a su cargo.20 En su lugar, AMLO nombró a Francisco Garduño, hasta entonces encargado de los penales federales y miembro del gabinete de seguridad. El programa MPP se puso en práctica formalmente el 25 de enero de 2019.21
A partir de ese momento, la política migratoria mexicana se alineó claramente con un enfoque de militarización y restricciones al tránsito por el país, no sólo dando continuidad al Programa Frontera Sur del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que, apoyado por EE.UU., había ya aumentado los controles migratorios en el país. Con AMLO se ampliaron estas políticas y la autoridad de la recién creada Guardia Nacional en la contención de los flujos migratorios en la frontera y en retenes a lo largo del país. En 2019, 8715 elementos de las Fuerzas Armadas fueron enviados a las fronteras norte y sur; para abril de 2024 eran 32,690.22 Las detenciones en la frontera y en el territorio nacional aumentaron de 86,298 en 2013 a 444,439 en 2022, y de las 32 delegaciones del INM, 19 estaban a cargo de personal con formación especializada en tareas militares, labores penitenciarias y seguridad pública.23
Como lo han documentado distintas organizaciones de derechos humanos, la militarización de las fronteras norte y sur de México ha profundizado los contextos de vulnerabilidad para las personas migrantes.24 Creada durante el gobier-no de AMLO, la Guardia Nacional (una institución descrita como de carácter civil pero integrada en su mayoría por agentes con formación militar y subordinada al ejército) ha expandido cada vez más sus funciones, incluyendo la participación en el control de la migración. La vigilancia de las fronteras por medio de la presencia de las fuerzas armadas es parte de la estrategia de militarización de la seguridad pública a la que AMLO dio continuidad respecto a gobiernos anteriores y extendió en varias áreas, incluyendo la migración.
Esto tiene implicaciones graves, sobre todo para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, que se enfrentan con el ejército en retenes y cruces fronterizos sin que su personal esté capacitado en la protección internacional. Aunque el Amparo de Revisión 275/2019 de la Suprema Corte (SCJN) establece que las revisiones migratorias son inconstitucionales fuera de las zonas de ingreso y salida del país, la Guardia Nacional mantiene su presencia en retenes a lo largo de todo el territorio.25 Informes académicos y de organizaciones de derechos humanos han documentado que la Guardia Nacional ha hecho un uso excesivo de la fuerza y ha realizado detenciones arbitrarias a partir de perfiles raciales, lo cual ha afectado desproporcionadamente a personas indígenas y afrodescendientes.26 Su presencia criminaliza a quienes cruzan las fronteras y aumenta los riesgos que corren las personas al buscar rutas de tránsito menos visibles y, por lo tanto, más peligrosas. Cada año mueren cerca de 500 personas en la frontera México-EE.UU., y cientos más son víctimas de desaparición forzada, secuestros, extorsión, tortura y trata por el crimen organizado y las autoridades del gobierno, así como violaciones de derechos, abusos y trato degradante por la policía estatal y municipal, el ejército, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias.27
Al menos desde 2005, pero sobre todo en los últimos años, organizaciones regionales e internacionales, expertos de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han denunciado, por ejemplo, las circunstancias dentro de las 57 instalaciones del INM para las detenciones28 (incluyendo estancias provisionales y estaciones migratorias).29 En estos centros de detención prevalecen condiciones de hacinamiento, maltrato físico y verbal de agentes del INM o del personal de seguridad, amenazas de muerte y extorsión, además de falta de comida, agua potable, productos de higiene, falta de regulación, supervisión, transparencia y rendición de cuentas.30 Las privaciones a la libertad en estas instalaciones superan los plazos fijados por la ley.
El 15 de marzo de 2023 la SCJN resolvió que “los periodos de quince y hasta sesenta días hábiles de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, son inconstitucionales”. En general, las personas migrantes no tienen información sobre sus opciones legales, y los grupos independientes de monitoreo y representación legal tienen acceso limitado a los centros de detención. El caso más visible de esta negligencia fue el incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez en 2023, en el que murieron 40 personas porque los guardias de seguridad no abrieron la celda cuando adentro se quemaba un colchón.31
Ante graves violaciones de derechos documentadas por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organismos internacionales, incluyendo muertes dentro de las estaciones migratorias, ha imperado la impunidad y la falta de rendición de cuentas del comisionado Francisco Garduño y el INM. Fue hasta el 26 de septiembre de 2025 que el comisionado ofreció una disculpa pública a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las personas fallecidas por el incendio, de acuerdo con la resolución del juez del proceso penal correspondiente.32
Centrar la atención en las causas estructurales de la migración permite enfocarse en una parte del proceso migratorio -las razones o condiciones que llevan a miles de personas a salir de sus comunidades y países- pero ignora la movilidad como un proceso motivado por distintas razones políticas, económicas, sociales y culturales, que no sólo impacta a las comunidades de origen, sino que implica espacios de tránsito de asentamiento temporal y de integración.
En el caso de México, un enfoque estructural integral también debería poner sobre la mesa estrategias para fortalecer las instituciones que consoliden al país como un espacio de asentamiento, un territorio de respeto a los derechos humanos y de acceso a la justicia para todos y todas. Esta parte de la historia, que va más allá de buscar la disminución de los movimientos migratorios, ha quedado fuera de la política migratoria mexicana actual.
En los años de gestión de la administración de AMLO se hizo evidente la contradicción entre una visión a largo plazo que reconoce las movilidades como resultado de dinámicas estructurales y busca atenderlas para mitigar los procesos de desplazamiento forzado y una visión de acción inmediata o a corto plazo prevaleciente en la mayoría de los países del norte global, que considera la migración como un problema que debe atenderse a través de la contención y que las fronteras han de vigilarse y ser menos porosas.
Los “héroes” olvidados: mexicanas y mexicanos en el extranjero
Desde el gobierno de Vicente Fox ha prevalecido el discurso de las personas migrantes mexicanas como héroes o heroínas del país, principalmente por sus contribuciones económicas a través de las remesas, que para 2024 se estimaban en 65,000 millones de dólares anuales. AMLO celebró en varios discursos a estos “héroes y heroínas vivientes” por sus contribuciones económicas y su apoyo a familias mexicanas, en especial durante la pandemia de COVID-19.
Desde mediados de los años noventa, este reconocimiento ha correspondido con un desarrollo gradual de políticas e instituciones para hacer valer los derechos de las personas migrantes en México y EE.UU., y responder a las demandas de las comunidades organizadas en ese país -desde la política consular, hasta la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el derecho al voto desde el exterior, por ejemplo-. Hasta 2022, según estimaciones del Migration Policy Institute, la diáspora mexicana estaba compuesta por aproximadamente 38.8 millones de personas nacidas en México o de ascendencia mexicana residentes en EE.UU., de las cuales 5.1 millones eran indocumentadas.33 A pesar de que la emigración mexicana continúa -incluyendo un aumento en las personas que solicitan refugio en aquel país-, la población mexicana de primera y segunda generación se ha mantenido relativamente estable y sus contribuciones económicas, políticas y culturales a ambos países son reconocidas y celebradas por diversos actores en los dos lados de la frontera.34
Desde el año 2000, cuando el presidente Vicente Fox declaró que gobernaría para los mexicanos en México y en el exterior, se amplió el aparato institucional para abrir el diálogo con estas comunidades, incluyendo el IME y la extensión de los servicios comunitarios en los consulados como un pilar de la política consular. Como parte de su política de austeridad, AMLO redujo el presupuesto para embajadas, consulados (de 186 millones en el último año de Enrique Peña Nieto, a 46 millones en 2024)35 y del IME -renombrado en agosto de 2024 como el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME). Ya desde gobiernos anteriores se habían modificado los mecanismos de diálogo directo con las comunidades mexicanas en el exterior, como los cambios en la operación y posteriormente la disolución del Consejo Consultivo del IME. En el sexenio de AMLO no se crearon espacios alternativos para que representantes de las comunidades mexicanas en EE.UU. y Canadá entablaran un diálogo y desarrollaran propuestas conjuntas con el gobierno, ni se eligió a representantes de la comunidad migrante para dirigir o asumir algún cargo en el IME, como se había hecho anteriormente.
Al inicio del gobierno de AMLO se organizaron foros abiertos en EE.UU. para presentar propuestas comunitarias al director del IME, sin que hubiera seguimiento ni procesos de rendición de cuentas. La mayor parte del trabajo comunitario se hizo en el ámbito de cada consulado, sin una conexión más directa o centralizada desde el IME, más allá de los programas de atención ya establecidos en áreas de salud, educación, derechos laborales, atención financiera y derechos de la mujer, muchos de los cuales trabajaron con presupuestos reducidos. Un hecho simbólico y representativo de la limitada relación entre el gobierno federal y las comunidades migrantes fue que, a unos meses de terminar su administración, una de las últimas conferencias mañaneras de AMLO estuvo dedicada especialmente a celebrar a los “héroes y heroínas” migrantes, pero ningún representante de esta comunidad asistió.
Además de la reducción de espacios de diálogo y los recortes del presupuesto a consulados y embajadas, bajo la administración de Marcelo Ebrard y, posteriormente, de Alicia Bárcena en la SRE, se dio menor prioridad a la diplomacia consular como un espacio de innovación en cuanto a políticas sociales y de inclusión a personas migrantes. El enfoque de la política social se concentró en el territorio mexicano. Como complemento a la protección consular, el desarrollo de programas de política social en los consulados era un área de protección preventiva y desarrollo comunitario que en los sexenios anteriores al gobierno de AMLO se había planteado como un espacio estratégico de colaboración entre los gobiernos de EE.UU. y México. Esta colaboración se extendía a una diversidad de actores privados y públicos a nivel local para ofrecer servicios sociales a la población migrante mexica na -en especial las personas indocumentadas- y en algunos casos incluso a poblaciones de otros países de Centro y Sudamérica con apoyo de los consulados y embajadas de esos países.36
Los programas sociales para mexicanos en el exterior han continuado operando en los consulados con menor presupuesto y apoyos gracias a la estructura institucional establecida y a los apoyos de distintas instituciones, empresas, bancos, escuelas, hospitales y clínicas de EE.UU. que colaboran con ellos. Ésta es un área clave en la que se han perdido oportunidades para desarrollar políticas sociales para las personas migrantes, y modelos de cooperación transnacional respecto a la integración y el acceso a derechos sociales, no sólo de la población mexicana migrante en EE.UU., sino en la posibilidad de adaptarlos para atender las necesidades de personas retornadas y deportadas, y otras poblaciones migrantes en México, con una visión integral de los procesos de movilidad humana.37
No obstante estos cambios en la prioridad de algunas áreas del trabajo de los consulados, el pilar de la política consular ha seguido siendo la protección a mexicanos y a mexicanas. Ante los cambios de la política migratoria estadounidense, y el aumento de casos de deportaciones y detenciones de personas migrantes, la política de protección consular mantuvo la continuidad y la profesionalización de iniciativas y mecanismos de defensa y asesoría legal diseñadas en los gobiernos previos, como la estrategia denominada Fortalecimiento para la atención de mexicanos en EE.UU. (FAMEU) iniciada en 2017 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo centros de defensoría y una ampliación del apoyo legal para las personas afectadas. Durante la pandemia, una iniciativa destacada fue el apoyo para cubrir los gastos de repatriación de restos y cenizas de personas fallecidas como consecuencia de la COVID-19.
Una de las preocupaciones expresadas por el personal consular y del servicio exterior mexicano en este periodo es que muchos cargos importantes en consulados y embajadas fueron ocupados por personas que no eran del servicio exterior ni tenían experiencia en estas áreas de trabajo; por otro lado, la carga laboral para los empleados en consulados aumentó considerablemente con las políticas de Trump, pero sus sueldos se mantuvieron congelados, muchas plazas vacantes no se renovaron, y se burocratizaron procesos de atención consular que dificultaron algunas labores de apoyos de emergencia y otras iniciativas ad hoc a nivel local.
Por último, aunque los espacios institucionales para el diálogo y la colaboración entre la presidencia, la SRE y la sociedad civil mexicana organizada en EE.UU. se cerraron o limitaron durante este sexenio, un aspecto destacado respecto a la participación política de las comunidades mexicanas en el exterior fue la continua ampliación de las modalidades para el voto fuera del país por el Instituto Nacional Electoral (INE). La elección de 2024 fue la primera en la que los ciudadanos mexicanos pudieron votar presencialmente con boletas especiales en algunos consulados en EE.UU. y Canadá, y en las embajadas de París y Madrid. Aunque el número de boletas era relativamente pequeño (1500), el anuncio de esta posibilidad llevó a que miles de personas se formaran fuera de los consulados durante horas para poder emitir su voto. Ello reflejó un interés mucho mayor por ejercer el derecho al voto en el exterior de lo que históricamente habían indicado los datos sobre el número total de votos.
La tendencia que se ha visto desde la primera vez en que se permitió el voto en el exterior en 2006 ha continuado, con un aumento considerable en la participación electoral en cada elección. En 2024 se emitieron 184,326 votos, en comparación con 98,470 en 2018. Aunque Morena tuvo la mayoría de los votos (91,510) el margen de diferencia con la coalición Frente Amplio por México (con 86,518) fue mucho menor que el resultado de la elección a nivel nacional.38 Esto da cuenta de la importancia política creciente que tiene la población mexicana en el exterior, algo que Morena reconoció claramente en su organización y acercamiento a las comunidades mexicanas durante el periodo preelectoral, pero que no derivó en cambios significativos en cuanto a la cercanía de la relación del gobierno con las comunidades, ni la atención prioritaria a las demandas de estas poblaciones por el gobierno de México. Una de ellas respecto a la política de retorno, que retomaremos más adelante.
La sociedad civil organizada ¿aliada o enemiga?
La sociedad civil organizada en México ha tenido un papel fundamental en la respuesta a las necesidades de la población migrante en el país, incluyendo una red cada vez más amplia y profesionalizada de más de 100 albergues, comedores y casas del migrante, además de organizaciones no gubernamentales reconocidas a nivel internacional por su trabajo en este tema. Estos grupos han contribuido de manera importante en la actualización de leyes, programas y estructuras institucionales, incluyendo espacios de diálogo y diseño de políticas entre gobierno y sociedad civil. Quizás en reconocimiento a esta labor, en el PDN propuesto por el gobierno entrante de AMLO se planteó la incorporación de la sociedad civil organizada en la evaluación y el desempeño de un nuevo trato hacia los migrantes como uno de los cinco grandes objetivos de la “nueva época en la política migratoria”.39 Desde su génesis, la sociedad civil organizada fue invitada a los foros de elaboración de diagnóstico y propuestas, que constituyeron la base de la elaboración de estas estrategias, donde se plantearon objetivos concretos como la participación de OSC nacionales e internacionales en la evaluación y monitoreo de la política migratoria así como la implementación de “caravanas de traslado seguro a cargo de OSC, sin participación del gobierno, para garantizar y dignificar el tránsito de migrantes de la frontera sur a la frontera norte”.40 En otras palabras, la sociedad civil organizada fue parte de la planeación de la visión, estrategias y objetivos de este nuevo paradigma en la gestión migratoria en México.
A inicios de la gestión de AMLO, la inclusión del padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, como parte del grupo de consejeros del presidente sobre migración -e incluso su consideración para un cargo público oficial, incluyendo la dirección del INM-, se interpretó como un buen augurio, pues Solalinde había sido uno de los grandes críticos de la política migratoria de control y seguridad del gobierno anterior, y se le reconocía como un gran defensor de las personas migrantes. Sin embargo, al poco tiempo, la esperanza de una voz crítica y defensora se tornó en una gran decepción para sus aliados y colegas en la sociedad civil. Defendiendo la política de control migratorio de AMLO, Solalinde hizo declaraciones de apoyo irrestricto al presidente (al que ha calificado de profeta), incluyendo su respaldo a las restricciones a la entrada por la frontera sur con mayor presencia policiaca y militar, con el argumento nacionalista de que “México es primero”, y sumándose a los argumentos de AMLO y de Trump sobre que las caravanas eran “propaganda”, resultado de una manipulación mediática y política de otros actores externos, y no una movilización directa de personas migrantes.41 Más allá del padre Solalinde, no hubo un diálogo sostenido con representantes de la sociedad civil en el tema.
Durante el gobierno de AMLO se cerraron algunos de los espacios previamente abiertos, se disminuyó el presupuesto para apoyar a algunas organizaciones e incluso desde sus conferencias de prensa “mañaneras” y otros foros, el presidente acusó a individuos y organizaciones de estar cooptadas por intereses externos e, incluso, se criminalizó a personas y organizaciones que por décadas han realizado trabajo humanitario para proteger los derechos de las personas migrantes.
No obstante, la falta de apoyo y recursos gubernamentales para fortalecer la infraestructura de acogimiento a personas deportadas, así como migrantes y refugiados en México ante el aumento de estas poblaciones y la diversificación de sus perfiles sociodemográficos e identitarios,42 albergues, casas del migrante y comedores comunitarios cumplieron y han cumplido una función fundamental en la provisión de espacios seguros, alimento, atención médica y de salud mental, así como asistencia legal a las personas migrantes. Con apoyo de organizaciones internacionales, fundaciones y donativos individuales, han crecido las redes y espacios de apoyo, pero no se dan abasto para atender a toda la población que lo requiere, ni en todos los aspectos que se necesitan. Muchos de estos espacios, y los individuos que trabajan en ellos, han recibido amenazas del crimen organizado y de vecinos para que cierren sus instalaciones.
III. Los temas ausentes de la política migratoria
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
Una de las más notables transformaciones en los flujos de movilidad en México en los últimos años es su consolidación como un país de llegada de personas refugiadas. En una década (2014-2023), México recibió más de 600,000 solicitudes de refugio de personas de más de 100 nacionalidades distintas. Además, estas solicitudes han crecido de manera exponencial. En el mismo periodo (2013-2024) las solicitudes de la condición de refugiado recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) aumentaron en 6000%, pasando de 2137 en 2014 a 140,783 en 2023.43 En 2021, México alcanzó el tercer lugar a nivel mundial en el número de solicitudes recibidas de protección internacional, sólo por debajo de EE.UU. y Alemania.44 Desde ese año, ha ocupado un lugar entre los cinco países del mundo que más solicitudes reciben.
El aumento en el número de personas refugiadas en el país refleja una tendencia regional y mundial de crecimiento en los desplazamientos forzados. En este caso, el crecimiento se explica en parte por las condiciones de vida en diversos países de la región, materializándose no sólo en deterioro de la situación económica, sino también en el aumento de la violencia criminal, violencia de género, conflictos políticos e inseguridad, y los impactos del cambio climático, entre otros.
Sin embargo, en México este aumento también responde a la particularidad de su localización geográfica al sur de EE.UU. En otras palabras, los límites que, desde 2016, ha puesto aquel país para entrar a su territorio, el endurecimiento de su política de detenciones y deportaciones, y la externalización de esos controles migratorios al territorio mexicano también han obligado a muchas personas a reformular sus trayectorias migratorias -que tenían a EE.UU. como destino original- y solicitar protección internacional en México. El programa Quédate en México, la implementación del Título 42 -ambas políticas iniciadas durante el gobierno de Donald Trump y continuadas hasta los primeros años del gobierno de Joe Biden- así como las políticas del gobierno demócrata que exigían que las personas solicitaran citas para evaluar sus peticiones de asilo a través de la aplicación telefónica CBP One, han hecho del tránsito temporal por México un territorio de espera o atrapamiento migratorio, como lo han descrito académicos, investigadores y organizaciones que trabajan con personas en contextos de movilidad.45
En cuanto a lugares de origen, México recibe solicitudes de personas de más de 100 nacionalidades, con una clara concentración entre países de Centroamérica y el Caribe. Durante el sexenio 2018-2024 hubo algunas transformaciones importantes en la composición por nacionalidad de quienes solicitaron protección internacional. En particular, aumentaron las solicitudes de personas haitianas, que en 2021 se convirtieron en el grupo más numeroso de solicitantes de refugio. De acuerdo con estadísticas de la Comar publicadas en 2023, durante ese año solicitaron refugio en México casi 30,000 niños, niñas y adolescentes, la mayoría acompañados (95%). De estos solicitantes de refugio menores de 18 años, casi 40% eran de nacionalidad haitiana, brasileña o chilena, y de estos dos últimos grupos, se trataba de hijos e hijas de haitianos soli ci tan tes,46 lo cual evidenció la complejidad de la trayectoria del éxodo haitiano desde hace más de una década.
Para 2018, el crecimiento en las poblaciones solicitantes de protección internacional ya era evidente, así como la necesidad de fortalecer a la Comar para atender las solicitudes, expedir resoluciones y fomentar estrategias de integración de las y los refugiados. Sin embargo, en el PDN 2018-2024, el sistema de refugio y las políticas específicas para atender a estas poblaciones no se mencionaron.
Durante el sexenio de AMLO se observó un incremento en los recursos asignados a la Comar con respecto a años anteriores: si se compara el total de recursos asignados a esta comisión entre 2012-2017 y 2018-2024, se observa un incremento de 43%, en precios reales (tomando 2024 como año base).47 Sin embargo, el incremento en el número de solicitudes en el mismo periodo fue de alrededor de 6500%, lo que refleja la insuficiencia en cuanto a recursos para hacer frente a los retos y necesidades de la institución. En pocas palabras el incremento presupuestal no ha respondido a los retos y las necesidades de la institución, ni a las recomendaciones del titular de la Comar y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) de incrementar el presupuesto en más del doble para atender el rezago de miles de solicitudes.48
Una de las consecuencias de esta insuficiencia presupuestal se ha reflejado en el número de solicitudes pendientes de resolución. A pesar de que el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria (LRAPCP)49 establece un plazo de 45 días hábiles para la resolución de las solicitudes, desde 2016 se ha integrado la categoría de “solicitudes pendientes” en las estadísticas oficiales y, en últimos años, esta cifra ha crecido de manera constante. Según datos de la Comar, entre 2018 y 2022, 30% de las solicitudes presentadas recibieron una resolución. Es decir, siete de cada 10 solicitudes recibidas en México no han recibido resolución, se encuentran abandonadas o han sido desistidas.50
Este rezago tiene implicaciones significativas para las personas que esperan la resolución de su caso y para las comunidades en las que se asientan temporalmente. Para muchos, los tiempos y las condiciones de espera son insostenibles: las personas solicitantes no pueden salir del estado de la República en el que comenzaron su solicitud, tienen acceso limitado a la información que necesitan para dar seguimiento a sus casos y viven con incertidumbre sobre el tiempo que les tomará obtener una respuesta.51 Como lo documenta la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), los procesos de regularización del estatus migratorio en México son costosos, lentos, discrecionales, poco claros y las personas migrantes enfrentan corrupción de agentes públicos y privados, maltratos, detenciones y deportaciones.52 Adicionalmente, la espera es prolongada y se convierte en un atrapamiento de grupos grandes de personas, sobre todo en algunos lugares del territorio. De acuerdo con el reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP), las personas solicitantes no pueden abandonar el estado en que comenzaron su solicitud hasta que dicho proceso finalice. Dado que siete de cada 10 solicitudes de refugio se inician en Chiapas y Tabasco, esta restricción legal obliga a miles de personas a permanecer durante meses en dichos estados en espera de una respuesta de la Comar. Las estancias prolongadas han generado tensiones entre personas en espera, comunidades locales, y entre el gobierno federal y las autoridades locales, que reclaman una distribución de las responsabilidades de protección internacional más equitativa en el país.
Frente a la insuficiencia presupuestal, que se traduce en poca capacidad operativa, la Comar estableció un convenio con el ACNUR que le ha permitido fortalecerse, al menos temporalmente. Entre 2018 y 2022, el ACNUR entregó poco más de 453 millones de pesos a la Comar, lo que representa más del doble del presupuesto federal asignado en el mismo periodo. Es decir, por cada peso asignado a la Comar, el ACNUR pone más de dos pesos.53 Este apoyo es resultado de un acuerdo firmado en 2019 entre el ACNUR y la Secretaría de Gobernación, y ha sido fundamental para el fortalecimiento del personal y las capacidades institucionales de la Comar. Entre otras cosas, en este sexenio, la Comar amplió su presencia en el país y ahora hay oficinas o representaciones oficiales de la comisión en 11 estados de la República. Sin embargo, la fuerte dependencia del sistema de protección internacional mexicano de esta agencia puede representar un obstáculo a su estabilidad y fortaleza institucional en el futuro, en caso de que el apoyo disminuya o desaparezca.
Las y los solicitantes de refugio en México no son la única población en situaciones de desplazamiento prolongado54 o atrapamiento en el país. A diferencia de lo que antes se identificaba como un tránsito temporal de personas migrantes por territorio nacional, con estancias cortas en diferentes etapas de la ruta hacia EE.UU., desde hace más de una década, cambios en las políticas migratorias y de asilo en EE.UU. empezaron a generar un estancamiento de la movilidad en la frontera norte de México.55 Además de las miles de personas que se encontraban en espera de la resolución de su caso en México, más de 75,000 fueron retornadas al país como parte del programa Quédate en México entre 2019 y 2022: 35% se quedó en Ciudad Juárez, con la idea de que ahí tendrían mayores posibilidades de cruzar.56 Sin embargo, los límites de la infraestructura de las ciudades fronterizas, tanto en el norte como en el sur, para albergar y dar empleo a esta población quedaron expuestos, sobre todo en la pandemia. A esta situación de atrapamiento se sumó la implementación de la política del Título 42, bajo la cual se estima que ocurrieron alrededor de 2.5 millones de expulsiones. De acuerdo con algunos estudios, una de cada tres expulsiones correspondió a personas que se encontraban al menos en su segundo intento de cruzar la frontera.57 Ello refleja que una parte importante de la población estaba atrapada cerca de la frontera, intentando cruzar.
A partir de la implementación de la aplicación CBP One, también aumentó la población que permanecía en la Ciudad de México en espera de una cita pues, hasta finales de agosto de 2024, éste era el punto más meridional desde el cual se podía utilizar la aplicación. En la Ciudad de México también se ha visto este mismo reto de falta de infraestructura en los albergues y presiones de algunas poblaciones locales para desalojar a las personas migrantes que establecen campamentos en parques u otras zonas. Asimismo, grupos locales de vecinos han rechazado el establecimiento de oficinas de la Comar en algunos barrios por la preocupación de que lleguen más personas migrantes a establecerse en las zonas aledañas.58
Políticas de integración y reintegración
Ante este aumento de personas en situación de inmovilidad, espera, atrapamiento o en proceso de asentamiento en México, una ausencia clara de la gestión migratoria son las políticas y estrategias de integración en sus diferentes dimensiones. La incapacidad de reconocer México como un destino -temporal o permanente- para muchas poblaciones ha dejado de lado el desarrollo de una política de inclusión que ofrezca condiciones dignas para que las personas migrantes, así como las y los mexicanos que retornan al país tengan acceso pleno a los servicios públicos de salud y educación, y a oportunidades para trabajar y vivir en el país, temporal o permanentemente.59 En lo que atañe a proyectos o programas enfocados en la integración o inclusión de personas en situación de movilidad en México, pueden destacarse dos iniciativas durante el sexenio.
La primera, los Centros Integradores para el Migrante (CIM), surgida en 2019 tras la implementación del programa PPM o “Quédate en México”. El principal objetivo de los CIM fue buscar la integración de las personas migrantes a través de su incorporación al mercado laboral de la frontera norte60 y “direccionar esos crecientes flujos de población en tránsito, a los cauces legales abiertos para ser admitidos por nuestros vecinos del norte, mientras les aseguramos condiciones dignas de alojamiento o de trabajo temporal en nuestro territorio”.61 Hasta hoy, el gobierno ha inaugurado tres centros que ofrecen alojamiento temporal, alimentos, vinculación laboral, atención de la salud, entre otros servicios.
El primero de éstos, el CIM Leona Vicario, abrió sus puertas en Ciudad Juárez en junio de 2019. Le siguió el CIM Carmen Serdán, en Tijuana, inaugurado a finales del mismo año, y en 2022 abrió el CIM Valentina Ramírez Avitia, en Matamoros, Tamaulipas.62 Su localización en ciudades de la frontera norte refleja que su prioridad, al menos en el momento de su creación, fue dar alojamiento e integración laboral temporal a quienes fueron retornados bajo MPP a ciudades en la frontera con EE.UU., aunque también hay miles de personas en espera en el sur del país. A esta población en la frontera norte se sumaron los miles de personas retornadas bajo T42 desde 2020 hasta 2023. También miles de mexicanos y mexicanas desplazados internamente por violencia e inseguridad que buscan cruzar la frontera con EE.UU. y, ante las crecientes restricciones migratorias impuestas por dicho país, permanecen atrapadas durante meses en ciudades fronterizas.63
Aunque el gobierno reporta que los CIM atienden a cerca de 5000 personas cada año, éstos no han sido suficientes para responder a las necesidades de los diferentes grupos que han llegado a la frontera y a otras áreas del país. El número contrasta con las más de 75,000 personas que permanecieron en México con el programa Quédate en México, los cientos de miles de solicitudes de refugio y asilo que se reciben anualmente y las 1450 citas que se programan diariamente con la aplicación CBP One. Los CIM tampoco han bastado para atender las condiciones cambiantes de espera de las personas migrantes ante cada una de las nuevas regulaciones de EE.UU., que han limitado cada vez más el acceso (por ejemplo, el tiempo de espera para una cita obtenida por medio de CBP One puede variar entre algunas semanas y hasta más de cinco meses). Con nuevos flujos constantes de migrantes de diferentes países y tiempos de espera cada vez más largos, la capacidad de los albergues queda rebasada y muchas personas viven en la calle, en campamentos en plazas públicas o en edificios abandonados, lo cual los pone en una alta situación de riesgo y genera resentimiento y reacciones antinmigrantes entre algunas comunidades locales.
No obstante, la disponibilidad de empleos en varias ciudades del norte del país es reducida. Un estudio del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez y Tijuana menciona varios factores como barreras para la inserción laboral de las personas migrantes, deportadas y solicitantes de asilo en el norte de México. Entre los obstáculos más mencionados se incluyen: la incertidumbre ante los procesos de asilo en EE.UU., la falta de documentación migratoria, la incapacidad de abrir una cuenta bancaria y la discriminación en el ámbito laboral.64 Todo esto ha sido parte de las demandas de organizaciones de la sociedad civil respecto a la necesidad de políticas de inclusión e integración a nivel local y nacional.
Grupos de personas retornadas y deportadas después de muchos años también han documentado la falta de acceso a derechos que enfrentan, aun siendo mexicanas, por la discriminación y las dificultades para obtener documentos, incluyendo el requisito de la apostilla de documentos.65 Durante el gobierno de AMLO se creó Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias en Retorno presidida por el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Gobernación, con el fin de atender la brecha en la respuesta gubernamental al tema del retorno. La idea fue construir sobre el ya existente programa Somos Mexicanos, cuyo apoyo a las personas retornadas se reconocía como limitado. La Mesa trabajó en varios temas que las organizaciones de personas deportadas y otras organizaciones aliadas han planteado como prioritarias: desde el derecho a la identidad hasta el acceso a servicios de educación, salud y vinculación laboral. Sin embargo, tampoco integró a la sociedad civil en esta Mesa o en el diseño e implementación de estos programas de manera clara o constante.
Un logro importante del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema fue que, en 2024, finalmente se eliminó el requisito de la apostilla para facilitar el acceso al derecho del reconocimiento de la nacionalidad mexicana de personas nacidas en el extranjero, una demanda prioritaria para las comunidades de personas retornadas y deportadas.66
Una segunda iniciativa ha sido el Programa de Integración Local para personas refugiadas y solicitantes de asilo en México. Este programa, liderado por el ACNUR, “apoya a las personas desde su llegada hasta su naturalización”, que se traduce en apoyo en efectivo, acceso a vivienda, revalidación y certificación de estudios, capacitación y vinculación laboral, apoyo para guarderías, apoyo en el proceso de naturalización y atención psicosocial. Para septiembre de 2024, según la página web de ACNUR, el programa está activo en 21 ciudades y más de 500 empresas del sector privado colaboran en la contratación de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Según sus datos, desde 2019 más de 30,000 personas han participado en la opción de reubicación y más de 80,000 han recibido apoyo de integración.67
Estos programas e iniciativas representan avances en este tema, aunque su alcance es muy limitado y queda mucho más por hacer. El papel de la sociedad civil y las instituciones internacionales ha sido clave para llenar algunas brechas en la protección e inclusión de las personas en contextos de movilidad en México al ofrecer información, programas de capacitación, aprendizaje del español y asistencia legal. Asimismo, el sector privado ha desarrollado programas como la Iniciativa Juárez y la colaboración con ACNUR para reunir a distintos actores e instituciones y promover la inserción laboral, la inclusión de las personas migrantes en sus comunidades y el reconocimiento de estos programas como parte de un esfuerzo para mejorar la calidad de vida, tanto para las personas migrantes (incluyendo a personas mexicanas retornadas) como de las comunidades en las que se asientan.
Desplazamiento interno
Por último, en los últimos años ha habido también un incremento en el desplazamiento interno por violencia e inseguridad en el país. De acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), el número de personas desplazadas internamente por violencia y conflictos ha aumentado en los últimos años, pasando de 341,000 en 2018 a 392,000 a finales de 2023.68 En 2020, por primera vez, el Censo incorporó la medición del desplazamiento interno por inseguridad y violencia. Los datos reflejan que entre 2015 y 2020, más de 250,000 personas dijeron haber cambiado de residencia por estas razones. Algunas se desplazaron a un municipio cercano en el mismo estado, otras salieron del estado de residencia para ir a otro y algunas más buscaron cruzar la frontera con EE.UU. en búsqueda de condiciones de mayor seguridad. Los patrones de desplazamiento en el país presentan variaciones regionales, mientras que en el norte se deben más al impacto del crimen organizado, los estados del sur presentan más incidentes de conflictos sociales, territoriales y violencia política.69
En los seis años de la administración de AMLO, el gobierno mexicano no ha invertido en una infraestructura que permita hacer frente a la realidad de los cambios en los flujos migratorios y lo que implica colaborar con EE.UU. en la externalización de los controles migratorios en cuanto al aumento de personas migrantes en el país. Algunas requieren albergue, atención humanitaria y trabajo temporal; otras, resolución de la Comar; otras personas necesitan permisos humanitarios para cruzar por el territorio, oportunidades laborales y acceso a servicios de educación y salud de largo plazo. Por otro lado, tampoco se concretaron los esfuerzos para aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, proyecto que se encuentra detenido desde hace años.
Todas estas poblaciones -solicitantes de asilo y refugio, personas deportadas y retornadas, personas que enfrentan desplazamientos internos, y personas migrantes por causas económicas- están en los albergues del país o en los campamentos que establecen en la vía pública ante la insuficiencia de infraestructura. En contraste con esta falta de recursos para la atención integral y la inclusión de las necesidades de las personas en contextos de movilidad, gran parte de la atención y los recursos del gobierno se ha enfocado en el control migratorio y la estrategia de militarización.
Conclusión
Desde principios de este siglo, México se ha redefinido como un país de emigración, tránsito, retorno e inmigración, y no solo un país de emigrantes a EE.UU. El escenario al que respondía hace 20 años la propuesta de una política migratoria integral, que trascendiera el enfoque prioritario en la emigración,70 se ha vuelto cada vez más complejo y cada uno de estos procesos de movilidad humana en México ha cambiado significativamente en los últimos 15 años.
Durante el sexenio de AMLO (2018-2024), la política migratoria mexicana se caracterizó por un discurso que puso en el centro la vinculación de la movilidad humana con el desarrollo económico del país y la región como la solución a las presiones migratorias. A su vez, en este periodo se ampliaron las políticas de control para contener los crecientes flujos migratorios a través del territorio mexicano.
Aunque el discurso gubernamental y la inversión en el desarrollo en México y Centroamérica se mantuvieron durante la gestión, el principal enfoque de la política migratoria fue demostrar la capacidad de controlar los flujos migratorios y la disposición a colaborar con EE.UU. en este tema para evitar presiones en otras áreas. Esto implicó que, por primera vez en la historia, el gobierno de México aceptara, por medio del programa Quédate en México (oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes), que solicitantes de asilo a EE.UU. permanecieran en México mientras esperaban la resolución de su caso o se les otorgara una cita para evaluar su petición de asilo en ese país. Las políticas de externalización y contención a las que accedió México para evitar presiones económicas y comerciales de EE.UU. implicaron un aumento en las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas, dada la falta de infraestructura para asegurar la protección de sus derechos y la ausencia de políticas de integración, lo cual tampoco se contempló en una política migratoria centrada solamente en el desarrollo económico.
En este contexto, la mayor parte de la responsabilidad de atender las necesidades de la población migrante, cuya estancia en México se prolongó en lo que se ha llamado “atrapamiento migratorio”, recayó en organizaciones de la sociedad civil y en organizaciones internacionales que aumentaron su presencia en el país, sin que se desarrollara una infraestructura institucional de largo plazo.
En este artículo analizamos una serie de contradicciones entre los objetivos que inicialmente planteó la política migratoria de AMLO y la gestión que tuvo lugar durante su administración. Entre otras cosas, resaltamos que la visión a largo plazo sobre la necesidad de promover el desarrollo económico para prevenir o mitigar la migración no sólo no considera otras causas de la emigración desde México y otros países -el cambio climático, la violencia política y criminal, la violencia doméstica, la violencia de género y el desplazamiento interno forzado-, sino que además deja de lado la importancia de una gestión inmediata de la migración orientada por el respeto a los derechos humanos, el respeto a los procesos de asilo y regularización, y la protección de las personas migrantes de abusos y riesgos en sus tránsitos y esperas.
Además, aunque las políticas de desarrollo puedan tener resultados en el largo plazo para reducir algunas de las causas de la emigración, es una visión limitada sobre los procesos migratorios en la región y sobre los recursos, infraestructura, instrumentos legales e instituciones necesarios para proteger los derechos y la seguridad de las personas migrantes en el contexto inmediato y con una visión a futuro.
A lo largo de este análisis buscamos asimismo resaltar la importancia de la (re)incorporación y el reconocimiento de la sociedad civil organizada en la documentación de la realidad migratoria, la atención a personas migrantes y desplazadas, y su supervisión del cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad en México.
Por último, consideramos que la política migratoria del periodo de 2018-2024 tiene omisiones claras -a pesar de las amplias propuestas que se han hecho al respecto desde espacios académicos y de sociedad civil- que tendrían que atenderse para desarrollar políticas y estrategias que respondan a la complejidad de los flujos de movilidad en el país y sus cambios en los últimos años.
Aunque la migración aún no es un tema que divida o movilice a la sociedad mexicana tan ampliamente como en EE.UU. u otros países, en estos años se han visto reacciones antiinmigrantes, desde el llamado a “Make Tijuana Great Again”, copiando la campaña de Donald Trump en el contexto de las caravanas que llegaron a esa ciudad en 2018 y 2019, hasta declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez diciendo que la llegada de personas migrantes a la ciudad era insostenible para la población local, o las peticiones de vecinos de desalojar los campamentos de personas migrantes en la Ciudad de México con argumentos sobre el aumento de la inseguridad en sus colonias.
El gobierno mexicano ha combatido durante años discursos de esta índole en relación con su población migrante en EE.UU. Sin embargo, en este sexenio ni el presidente AMLO ni su equipo ofrecieron una narrativa alternativa frente a estas reacciones públicas y las preocupaciones sobre la necesidad de infraestructura y recursos para dar atención y protección a las poblaciones en situación de movilidad, sin que ello implique un costo para la población local. La falta de congruencia entre lo que ha pedido México para los mexicanos en el exterior, el discurso que ha defendido a nivel regional y multilateral, y la realidad de sus políticas migratorias ha sido denunciada ampliamente por la sociedad civil mexicana en México y en EE.UU.
El reconocimiento de estas críticas y de la posibilidad de desarrollar una política migratoria acorde con los marcos normativos que México ha suscrito a nivel nacional y multilateral, así como con el proyecto humanista y de justicia social que plantea Morena, se refleja en buena parte del discurso y el Proyecto de Nación de AMLO, pero aún dista mucho de la gestión de la política migratoria.
En un contexto global en el que se han fortalecido cada vez más el nacionalismo y la xenofobia, cuya visión de la migración es de crisis y un problema a resolver mediante políticas de disuasión y endurecimiento de los controles migratorios, es bienvenida una visión alternativa que pone en el centro la dignidad humana y el bienestar común, como la que propusieron AMLO y Morena, y a la que le ha dado continuidad su sucesora Claudia Sheinbaum.
Como documentamos aquí, queda mucho por hacer para lograr que esa visión sea congruente con la práctica, pero también es claro que existen fundamentos para avanzar en esa dirección si existe voluntad política para priorizar ciertas áreas y colaborar con la sociedad civil mexicana (en México y en el exterior), que tiene profundo conocimiento y propuestas de trabajo concretas en el tema migratorio.
