En relación con el artículo titulado “Uso de animales con fines científicos y de docencia por instituciones mexicanas”, de Frías-Álvarez y Ortiz-Millán,¹ nos permitimos compartir las siguientes observaciones:

El trabajo estuvo mal diseñado y de ninguna manera resuelve el cuestionamiento hecho por los autores. En la introducción aparece explícito lo que pretendían alcanzar: “En el presente estudio se registra el número y tipos de instituciones mexicanas que realizan investigación científica y/o enseñanza con animales, se indica cuántas tienen comités de ética, así como el número y especies utilizadas, con el fin de hacer énfasis en la importancia y beneficios de contar con datos públicos y disponibles sobre experimentación animal en el país”.

Dado que la metodología para obtención de datos fue a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en realidad lo que hicieron en este trabajo fue reportar lo que pudieron obtener de algunas instituciones que realizan investigación científica y/o de enseñanza con animales y que por razones de mandato gubernamental están obligadas a dar información. De tal forma, los autores no tienen forma de saber, además, qué tan veraz es la información proporcionada por cada institución, ya que al parecer no contactaron en forma directa a cada una.

Es altamente factible que todas las instituciones que no tenían la obligación de responder las solicitudes de transparencia no lo hicieron, por lo que los datos presentados en este trabajo con seguridad distan mucho de la realidad. De la posible muestra por estudiar, tan solo obtuvieron información de 24.4 % de las instituciones, sin analizar qué tan representativa es esa muestra para conseguir el objetivo del estudio. De hecho, al leer el artículo se confirma que no llegaron a ninguna conclusión de utilidad, pero se tomaron la libertad de, sin contar con datos claros, concluir que no existen sistemas de vigilancia y cumplimiento externo, lo que, además, es una recriminación seria.

Además, surge la preocupación sobre la ética del estudio. Los autores utilizaron un sistema generado por el gobierno mexicano, cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas. Este sistema no está creado para que los investigadores utilicen el tiempo de los servidores públicos para la obtención de datos, para posteriormente analizarlos desde la comodidad de su computadora con el fin de crear artículos académicos.

Los servidores públicos estamos obligados a dar la información que se solicita, sin conocer quién formula las solicitudes, cuyas resoluciones en ocasiones implican varias horas de trabajo para proporcionar respuestas con datos correctos. Por lo tanto, los autores se aprovecharon de la obligatoriedad de los servidores públicos para hacerse de datos para su investigación de una manera gratuita y con el mínimo esfuerzo. ¿Es ético aprovecharse de la obligación que impone el INAI a los servidores públicos para obtener datos crudos para una investigación?