Introducción

Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) se puso en marcha un dispositivo de violencia política de gran envergadura, cuyo objetivo era el aniquilamiento de las guerrillas y de las personas consideradas subversivas. Como parte del aparato represivo que se desplegó en estos años, se dio la detención ilegal de miles de personas, quienes fueron trasladadas a centros clandestinos de detención y sometidas a torturas, vejaciones, abusos sexuales, entre otros crímenes de lesa humanidad. Si bien algunas personas lograron sobrevivir a este infierno, la mayoría fue aniquilada, fingiendo falsos enfrentamientos u ocultando los rastros de sus cuerpos. Se estima que al menos 30 000 personas fueron desaparecidas en estos años.

Este período ha dejado huellas imborrables en la sociedad argentina, por lo que desde el comienzo de la transición a la democracia se abrió un importante debate en torno a qué hacer con estas memorias, si denunciarlas, acallarlas o mantenerlas subrepticias. Al respecto, cada uno de los gobiernos posteriores diseñaron políticas de memoria más o menos abiertas, que se acomodaban en función de sus propios proyectos políticos. En el 2003, con la llegada al poder de Néstor Kirchner, hubo un parteaguas en este sentido, pues se establecieron directrices que dejaron consolidado el proceso mnemónico en las instituciones estatales, más allá de los cambios de gobierno.

Sin lugar a duda, este paso a la institucionalización marcó un cambio en materia de derechos humanos, ya que permitió la reapertura de importantes juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Hasta el momento se han llevado a cabo 324 juicios con sentencia dictada y 17 continúan abiertos; además, existen alrededor de 300 causas aún en proceso de instrucción. El resultado en términos legales ha sido la condena a 1181 personas como responsables de estos delitos, implicando tanto a civiles como a representantes de las fuerzas de seguridad y armadas de distintos rangos¹.

A partir de 2003 también se impulsó el establecimiento de sitios de memoria en muchos de los lugares donde estuvieron los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), e instalaron una serie de señalizaciones en los sitios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Estos lugares han permitido visibilizar lo ocurrido y trasmitirlo a las nuevas generaciones, pues en muchos de ellos se realizan visitas guiadas, poniendo un especial énfasis en la trasmisión de la memoria histórica transgeneracional a través de las visitas con grupos escolares. Las recorridas varias veces son llevadas a cabo porsobrevivientes o familiares, lo que genera un fuerte impacto en los y las visitantes. En estos espacios se organizan, además, otras actividades culturales, artísticas y académicas que buscan difundir lo ocurrido. Para 2021 existían en toda la Argentina 46 espacios de memoria y 200 señalizaciones². Aun así, la creación de sitios de memoria es un proceso que continúa abierto, pues se han logrado identificar 800 lugares que fueron utilizados como centros clandestinos.

Si bien estas dos políticas de la memoria, los juicios y los sitios han permitido que se dé a conocer el horror cometido durante la dictadura y en muchos casos ha posibilitado que los sobrevivientes puedan hablar de lo vivido y comenzar con ello a sanar; también han generado una tensión entre quienes se acercaron a colaborar con las instituciones estatales y quienes se han mantenido al margen, desde una postura más autonómica. Derivado de ello, está el debate de quién o quiénes están autorizados para hablar de lo ocurrido y cuál es el discurso legitimo al respecto.

Sobre este tema encontramos interesantes trabajos académicos que se han dedicado al análisis historiográfico de las narrativas sobre la dictadura. Entre ellos, vale la pena mencionar el de Lucía Brienza³, quien hace un recorrido desde 1983 hasta el 2003 a través del análisis del discurso, las notas periodísticas, el proceso de los primeros juicios e, incluso, de los productos culturales. En su trabajo se revelan con claridad las disputas de la memoria, así como los consensos a los que se llegan desde las distintas vertientes, como la reivindicación de la democracia y la condena a la violencia, generando lo que ella nombra imágenes hegemónicas del pasado.

Ludmila da Silva⁴ revela que estas narrativas hegemónicas forman parte de una memoria dominante que ha atravesado un proceso de estatización. En este sentido, plantea que, en el caso argentino, existen al menos tres tipos de memorias: dominantes y cortas, subterráneas y largas, y memorias denegadas. Las primeras son memorias institucionalizadas que, si bien estuvieron durante muchos años subrepticias, han sido reivindicadas e institucionalizadas por los gobiernos kirchneristas; su contenido se centra en el rechazo a la violencia de Estado que se ubica específicamente en el tiempo de la dictadura, sin extenderse más allá. Estas se han convertido en las oficiales y se les fija en placas, rituales y conmemoraciones.

Las memorias subterráneas y largas atienden a las continuidades de la violencia que antecedieron y sucedieron a la dictadura, se anidan, por un lado, en los colectivos de familiares y sobrevivientes a ella y, por el otro, en los procesos de lucha y resistencia que se mantienen vigentes. Estas tienen vehículo de expresión en la oralidad y algunas se han entremezclado con las memorias institucionalizadas, convirtiéndose gradualmente en memorias dominantes, en la medida en que solo enuncian la violencia política del tiempo de la dictadura.

Finalmente, están las memorias denegadas, marginalizadas, externas al ámbito oficial, porque no sirven al relato hegemónico del pasado. En este rubro se sitúan las que quedan fuera de la figura consensuada de la víctima. Quien ha reflexionado ampliamente sobre esto es Emilio Crenzel⁵, en su trabajo sobre la representación de los y las desaparecidas, donde argumenta que desde la elaboración del “Nunca más”, existe una construcción de un tipo de víctima inocente, que se va estableciendo como un canon con el paso del tiempo.

Por otro lado, autores como Hugo Vezzeti, Cinthia Balé y Ana Guglielmucci se han dedicado con sumo cuidado a indagar en los debates existentes en torno a las políticas de la memoria surgidas en el marco de los gobiernos kirchneristas. Estas discusiones están muy presentes y suelen estar condicionadas por filiaciones políticas.

Con este texto no pretendo llegar a concluir estas discusiones, sino contribuir al debate en cuanto a las implicaciones de los procesos de institucionalización de la memoria, tomando el caso argentino como un ejemplo que puede ayudar a pensar en otros procesos similares. Para ello, me he valido del análisis de los autores citados, de la revisión de los decretos y discursos de gobierno, y del diálogo establecido con actores involucrados en el proceso de institucionalización y con quienes han decidido mantener su militancia por fuera de los marcos estatales.

Los tiempos de las memorias (JELIN DIXIT)

Hay tres conceptualizaciones de las memorias que resulta pertinente traer a la luz para los fines de esta exposición y para comprender la experiencia argentina: su multiplicidad, uso político y dinamismo.

La memoria no es singular, sino plural, porque son múltiples, diversas y no rara vez contrapuestas; son tantas como los individuos o las colectividades, pues cada uno se remonta a su pasado en función de las necesidades presentes. Y esta diversidad se intensifica sobre todo cuando se refieren a un proceso de conflicto o violencia política, como en este caso.

En este sentido, es posible decir que las memorias son un territorio en disputa, pues no se juega en ellas, no son solo una narrativa del pasado, sino una afirmación del presente y, en particular, una perspectiva del futuro. Las distintas vertientes políticas escogen la forma de relacionarse con su pasado, poniéndolo al servicio de su proyecto de país, de ahí que podamos hablar de los usos políticos de las memorias.

En consecuencia, las memorias están en movimiento constante, son dinámicas, pues son memorias vivas. Están inmersas en un continuo y natural proceso de construcción y reconstrucción; pero ¿qué ocurre cuando se pretende institucionalizarlas? ¿Qué sucede cuando pasan a la categoría de política de Estado y se las subsume en un discurso oficial?

Se ha señalado que los distintos proyectos de país marcan la disputa por las memorias, por tanto, es fundamental determinar cómo inciden en la vida política, qué memorias se vuelven dominantes, cuáles son las voces autorizadas para hablar de lo sucedido y, en contrapartida, cuáles son acalladas, borradas, olvidadas.

Los procesos mnemónicos de la dictadura comenzaron a gestarse en el mismo momento en que las fuerzas armadas desplegaron el aparato represivo en contra de las organizaciones revolucionarias, cuando la violencia arreció los familiares y, sobre todo, las madres de los y las desaparecidas salieron a las calles para buscar a sus seres queridos, a nombrarles y a exigir su presentación.

Sin embargo, debido a la represión, los familiares comenzaron a rememorarles, construyendo un relato parcial de ellos que, como bien señala Emilio Crenzel⁶, ocultaba o dejaba en un segundo plano su participación política para concentrarse en el crimen que se había cometido en su contra. Este tipo de relatos se plasmó con mayor énfasis en el informe Nunca más, elaborado una vez que terminó la dictadura en 1983, gracias al esfuerzo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP), impulsada por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Este informe implicó una enorme recopilación de testimonios que estuvieron centrados en los crímenes sucedidos durante la dictadura, dejando en un silencio vedado la participación política y la agencia de los y las detenidas y desparecidas.

Si bien este documento no tenía por objetivo la realización de los juicios contra militares, sí se constituyó en una prueba fehaciente de la violencia política, lo que causó una fuerte condena social y permitió que se iniciara el juicio de las Juntas Militares (1985), que culminó con varias condenas, como las de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, quienes fueron destituidos de sus cargos y sentenciados a reclusión perpetua⁷.

Tanto en el proceso de los juicios como en la elaboración del informe se configuró un discurso en el que se ponía a los militares y perpetradores como los únicos responsables de lo acontecido, como una especie de demonios, en palabras de Vezzetti "una proyección de todo el mal sobre los responsables criminales que devolvía un halo de inocencia a la propia sociedad"⁸.

El dejar toda la responsabilidad en ellos, de alguna manera, exculpa al común de la sociedad del horror vivido: "Se relegaba de ese modo las preguntas dirigidas a explorar la relación de la dictadura con la sociedad, incluyendo lo que esa etapa límite y desquiciada podía revelar de sus instituciones y sus dirigencias"⁹. Simplificaba lo ocurrido durante la dictadura, dejando todo en manos de los responsables de la violencia, por lo que se asumía que su condena podría permitir pasar la página, abrir el marco de posibilidad para una buscada reconciliación, dejar atrás el horror y mirar de cara al futuro.

Pese a ello, con el gobierno de Alfonsín parecía haberse abierto un proceso de verdadera transición a la democracia, donde se generaron expectativas importantes y, sobre todo, en los familiares y sobrevivientes de la dictadura, quienes vivieron el inicio de este gobierno con una profunda esperanza en el ejercicio de la justicia y esclarecimiento de los hechos. Les duró poco, pues, apenas un año después del juicio, fueron emitidas las llamadas “Leyes de impunidad” -la Ley de Punto Final, en diciembre de 1986 y la de Obediencia Debida, junio 1987- que dictaron que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que hubiera cometido un delito y cuyo rango fuera inferior al de coronel no podía ser imputado, toda vez que había actuado por la “obediencia debida” que les señalaba su adscripción institucional. Esto le causó duras críticas al gobierno de Alfonsín, ya que se evidenció que, si bien existía una política de transición, había estructuras anquilosadas intocables, por lo que no sería sencillo llevar a cabo el proceso de justicia. Con estas leyes se abrió el marco de posibilidad para las políticas de olvido promovidas durante el largo gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

El gobierno de Menem y las políticas de la desmemoria

La bandera que guio el discurso de Carlos Menem frente a la dictadura fue la figura de la reconciliación, entendiéndola como una manera de dejar atrás lo vivido, no remover más los recuerdos del horror, cerrar con esa parte de la historia y apuntar el desarrollo de Argentina. El centro de su gobierno fue el impulso de las políticas neoliberales de privatización del sector público, respondiendo al contexto global. Estas medidas estuvieron dirigidas durante los primeros años por su ministro de economía, Domingo Cavallo, quien llevo a cabo el famoso “uno a uno”.

Además de darle continuidad a las políticas económicas que habían comenzado en los años de la dictadura, el gobierno de Menem abrió la puerta de su gobierno a la fuerzas armadas, destacando su importante papel para mantener la estabilidad y la democracia, impulsando una política de negacionismo sobre el horror cometido por los militares, minimizando la responsabilidad y cubriéndola con el manto del progreso; en palabras de Calveiro: "El desconocimiento de esa responsabilidad fue un signo particularmente visible durante todo el periodo menemista que, por lo mismo, replicó y consumó, a su manera, algunos rasgos del proceso"¹⁰.

Menem promovió que se indultara a los militares que habían sido procesados en los juicios a través de una serie de decretos de 1989 en los que contemplo desde los altos jefes militares (Decreto 1002/89)¹¹, así como a todo el personal militar, miembros de la marina y personal de inteligencia e, incluso, a algunos guerrilleros procesados (Decreto 1003/89)¹². Tras las presiones de los militares, en diciembre de 1990, se firmaron otras disposiciones que beneficiarían a un mayor número de gente, entre ellos el decreto 2741/90¹³, que concede el indulto a los miembros de la junta militar y el decreto 2742/90¹⁴ en favor de Mario Firmenich, alto dirigente de la agrupación Montoneros, quien actualmente colabora de manera estrecha con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

Esta legislación estaba amparada en la premisa de la reconciliación, afirmando que solo superando lo que habían vivido y apostando por la unión podrían lograr un mejor desarrollo como país: “Jamás la obtendremos si nos aferramos a los hechos trágicos del ayer cuyo sólo recuerdo nos desgasta y nos enfrenta”¹⁵. Incluso nombra a las víctimas y la sangre derramada como un aliciente para alcanzar la pretendida paz.

Esta política de reconciliación implicó también un despliegue de recursos: se llevaron a cabo 14 medidas de reparación material a las víctimas; la cifra más alta desde el inicio de la democracia, según asevera Juan Mario Solís¹⁶.

Según este autor: “la propensión hacia las políticas de reparación se explicaría como una forma de clausura del pasado, para dar vuelta a la página (…) Otorgó indultos a diestra y siniestra, aun incluso a quienes jurídicamente no podían beneficiar con esta medida, y compensó a las víctimas a través de indemnizaciones cuantiosas, que en buena medida habían sido una recomendación insistente de los organismos internacionales"¹⁷. Menem buscaba que, con esta política reparatoria, el tema quedara zanjando. Decretó la Ley 24.043, donde estableció la reparación económica para los damnificados de la dictadura, contemplando como tales a:

Las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de esta ley, siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial, con motivo de los hechos contemplados en la presente¹⁸

A finales de 1994, esta medida se vio complementada con la Ley 24.411¹⁹, en la que se hablaba de manera expresa sobre las personas desaparecidas o “en situación de desaparición forzada”, estableciendo una compensación económica para sus familiares o causahabientes. Pese al halo de impunidad, esta medida implicó la visibilización y definición del crimen de la desaparición forzada, pues antes de ella, se hablaba de ausencia prolongada y presunción de muerte.

Esta serie de medidas reparatorias generaron importantes quiebres en el movimiento de derechos humanos, se comenzaron a agrietar las divisiones entre quienes estuvieron dispuestos a recibir el apoyo y quienes no. Mientras un sector consideraba que sin justicia no había reparación posible y que por tanto no se debía establecer ninguna relación con un Estado que estaba indultando a los represores, otro concebía que se debía utilizar este marco para visibilizar la causa y que aceptar el apoyo no implicaba de ningún modo renunciar a la búsqueda de justicia. Como señala Mirta Israel, hermana de una detenida desaparecida que continúa en la lucha: "el tema es como eso no rompía las posibilidades de seguir luchando, como decir acéptalo pero eso no te tiene porque hacer cerrar la boca, el tema es hasta donde hay red que nos permita seguir"²⁰.

Incluso, la propia Hebe de Bonafini, quien años más tarde se volvería la principal aliada del gobierno kirchnerista, lanzó una proclama frente a estas políticas diciendo:

No queremos monumentos póstumos de la mano de los mismos de aquellos que someten al pueblo al hambre y la desocupación. No queremos gusanos de la muerte, queremos vida y la vida sólo viene con la revolución. La solidaridad es revolución, la alegría es revolución, el amor y la solidaridad es el camino combativo que no hemos dejado nunca. Nadie nos va a poder comprar. Nadie nos va a poder convencer, porque este es el único camino de los pueblos²¹

Aun así, hubo una importante cantidad de gente que optó por beneficiarse de estas medidas reparatorias, sin que esto significara que pararan en la búsqueda de justicia.

Además de promover los indultos y lanzar las medidas de compensación económica, Menem expidió el decreto 8/1998 que buscaba convertir el Centro de Mecánica de la Armada (ESMA) en un parque y “erigir en dicho aspecto libre un símbolo de la unión nacional como único propósito, representa un compromiso ético de convivencia democrática y respeto a la ley”²². Con el argumento de reconciliar, se pretendió construir un monumento que fuera un llamado a la “nueva sociedad argentina”. Esta propuesta resulta una buena analogía de su política de gobierno que no implicó un total negacionismo de lo ocurrido durante la dictadura, pero sí un borramiento encubierto en la idea de un futuro de progreso basado en la superación del pasado. Es decir, que bajo la idea de construir “un monumento como símbolo de la convivencia democrática y la voluntad de la conciliación de los argentinos”²³, buscaba destruir toda la evidencia del horror que estaba presente en el predio, otorgando una medida más de protección a los militares responsables.

Los familiares de las víctimas se opusieron drásticamente a la demolición de la ESMA, ya que implicaba perder todas las huellas que llevarían a encontrar a los desaparecidos. Afirmando que esta destrucción sería un atentado contra la sociedad y una limitación para esclarecer lo sucedido, lograron generar un amparo en 1998 y mantener el predio, lanzando una contrapropuesta para convertirlo en un centro de memoria, lo cual no sucedería sino años más tarde y tras una larga batalla de las organizaciones de derechos humanos.

El movimiento de derechos humanos

Al término de la dictadura, el movimiento de derechos humanos²⁴, formado por organizaciones sociales, agrupaciones autónomas, colectivos e individuos, se fue consolidando como un sector fundamental en el desarrollo político de Argentina, siendo la memoria uno de sus principales ejes, enfrentándose a las distintas políticas de gobierno, buscando, por un lado, generar incidencia y, por otra parte, estar vigilantes de las determinaciones tomadas, siendo críticos y confrontativos frente a las políticas negacionistas y a la apuesta por la desmemoria de algunos gobiernos.

Ante las numerosas trabas impuestas en el sistema de justicia, las organizaciones de familiares y colectivos continuaron buscando la verdad y en muchos casos alcanzaron a esclarecer casi por completo lo sucedido. Por poner un ejemplo, el caso de los Surgentes, la masacre sucedida contra siete militantes de Montoneros que fue reconstruida en su totalidad gracias al trabajo de investigación y búsqueda de los familiares y, en específico, de las Madres de Plaza de Mayo de Rosario, quienes no pararon en ningún momento de preguntarse por sus hijos e hijas: “ellas fueron visitando, averiguando, preguntando, investigando hasta que llegaron a saber lo que les pasó y llegaron a saber todo”²⁵. Pese a la ausencia de un sistema jurídico capaz de esclarecer lo sucedido, juntaron pruebas, indicios, visitaron lugares, entrevistaron gente, hasta alcanzar a vislumbrar lo que había ocurrido. Gracias a la información obtenida, pudieron emprender un proceso jurídico cuando las condiciones sociopolíticas fueron más favorables, en lo que se conoció como la causa Feced II, aunque, como bien señala Marcelo, hermano de uno de los militantes asesinados en este caso, esto no fue suficiente para alcanzar a cubrir la necesidad de justicia:

Memoria, verdad y justicia es una de las consignas que usan las madres y bueno la memoria está, la verdad no se sabe todavía y justicia se hizo a medias porque la justicia es cuando se repara un hecho y acá no se reparó nada porque no se sabe nada, nadie, los culpables nunca admitieron que fueron culpables, ni dieron una pista de nada²⁶

Como este caso podemos encontrar muchos en lo que fueron las organizaciones de derechos humanos y los familiares quienes se sobrepusieron al entorno de impunidad, buscando por sus propios medios esclarecer lo que había sucedido y establecer incluso las cadenas de responsabilidad, llevando los juicios en el terreno internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias, o bien, manteniendo estas investigaciones en una especie de memoria subterránea²⁷, en espera de un tiempo propicio para su emergencia, que va a surgir con la reapertura de los juicios, aunque varios de los perpetradores habrían muerto ya para ese momento.

Además de abocarse al terreno judicial, las organizaciones y colectivos emprendieron otras formas de hacer memoria, como tomando las calles. Desde el colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), fundado en 1995, se realizaron los famosos escraches en las casas de los militares, acompañados de marchas y otras acciones de denuncia pública que tuvieron una importante repercusión en la sociedad civil. Estas acciones estaban más enfocadas en la reivindicación identitaria y en el derecho a la memoria, como señala Raúl Zibechi: “la recuperación de la identidad juega aquí el papel de iluminar la realidad política y social y los lleva a plantear la memoria como arma política”²⁸.

Frente a las políticas de olvido que caracterizaron los años 90, el movimiento de los derechos humanos había logrado mantener en el terreno público el tema de los y las desaparecidas de la dictadura a través de acciones, debates públicos, teatro, programas educativos, documentales, investigaciones y distintos proyectos.

Aunque la salida de la presidencia de Carlos Menem y la llegada de Fernando de la Rúa no trajeron grandes cambios en las políticas de impunidad, su indiferencia frente a los temas de la memoria permitió que por los intersticios de las instituciones comenzaran a articularse algunos proyectos, provenientes de la sociedad civil organizada.

Un importante ejemplo de los resultados obtenidos por el movimiento de derechos humanos fue la creación en 1999 de la Comisión Provincial de la Memoria que, pese a obedecer a un decreto estatal, logró mantener la autonomía y autarquía, lo que les ha permitido estar en constante reconstrucción, haciendo una interesante articulación entre la institucionalidad y los proyectos de la sociedad civil.

Otro ejemplo de los grandes alcances del movimiento de derechos humanos fue la creación del Archivo Oral Memoria Abierta, iniciativa surgida en el año 2000, que buscó generar un acervo tanto documental como testimonial en torno a la última dictadura militar. Este respaldo archivístico les permitió fungir como peritos en los procesos judiciales que se iniciaron años después. En este acervo es posible acercarse a distintos sectores participantes del proceso, los testimonios permiten, además, ubicar las historias de los militantes en un contexto ampliado, más allá del momento de la represión, entendiendo todo el proceso que le antecedió y lo que siguió después.

En 2001, Argentina atravesó una fuerte crisis política derivada de una de las más graves crisis económicas del país, producida por las continuidades de las condiciones de desigualdad, corrupción, empobrecimiento e injusticia que hacía 30 años habían llevado a la conformación de las organizaciones revolucionarias; y por el mal manejo económico. El incremento del déficit fiscal llevo a De la Rúa y a sus ministros de Economía -José Luis Machinea y Domingo Cavallo- a tomar una serie de medidas emergentes que afectaron directamente la economía cotidiana de las personas y causaron un gran descontento social, generando un nuevo ciclo de movilizaciones sociales.

Este período también puso en evidencia la continuidad de las fuerzas represivas, volviendo a aplicar medidas como el toque de queda y el estado de sitio, que sin duda activaron la memoria colectiva de la dictadura. También, se desató una fuerte criminalización hacia los manifestantes, lo que incluyó el asesinato de al menos 39 personas, la mayoría jóvenes, y miles de heridos, provocando, como nos dice Ludmila da Silva²⁹, una nueva generación de madres de plaza de mayo.

Durante el cacerolazo del 2001, la represión policial regresó al terreno de la discusión política y social el tema de la memoria, pues se evidenció que había problemas estructurales en los cuerpos de seguridad del Estado que aún estaban envueltos en una lógica de profunda impunidad, por lo que llevaron a cabo la práctica del gatillo fácil, sin temer ninguna repercusión.

En estas movilizaciones se hizo expresa la desconfianza existente hacia los gobernantes, bajo el lema “¡Que se vayan todos!”. Por lo que una de las principales preocupaciones de Néstor Kirchner fue recobrar esta confianza y mostrarse como un gobierno aliado al pueblo, haciendo gala de la bandera peronista y utilizando el discurso del deber de la memoria y la condena a los crímenes de la dictadura como una estrategia para reivindicar su posicionamiento como gobierno progresista.

El proceso de institucionalización de la memoria durante el kirchnerismo

La llegada al poder de Néstor Kirchner estuvo desde el inicio acompañada de un discurso basado en el deber de memoria, como puede verse en su proclama del 25 de mayo de 2003 al asumir la presidencia:

Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso

dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que éste, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión³⁰.

Con estas palabras hizo un llamado a la reflexión y a la unión de la sociedad, a trabajar juntos y juntas en construir una Argentina distinta y, por otra parte, lanzó un guiño a las organizaciones de derechos humanos, haciéndose parte de su lucha e instándoles a sumar esfuerzos. Se asumió como miembro de la generación perseguida, lo que a nivel simbólico le permitía situarse del lado de las víctimas y argumentar que su gestión sería una transición hacia la justicia.

Recién comenzando su gobierno, Néstor Kirchner lanzó una serie de cambios que no habían tenido precedentes, hizo una llamada pública y con participación ciudadana para renovar la Corte Suprema y, derivado de ello, comenzó un proceso de reformas que llevaron a la derogación definitiva de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían enjuiciar a los represores. La Corte Suprema de Justicia había declarado ya en 2002 la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero fue en 2003 que se le otorgó rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas. Además, a través del Decreto 420/2003³¹ se terminó con el impedimento de extradición de los militares.

Con la reapertura de los juicios, se dio curso a las causas judiciales que se encontraban detenidas y se visibilizó la existencia de un plan sistemático. Se comenzó a juzgar a los represores de las distintas fuerzas por los delitos cometidos en el marco de la dictadura. En agosto de 2006, se dictó la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en contra del expolicía federal Julio Simón, seguido por el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz.

La implementación de las políticas de memoria dio un impulso a objetos culturales sobre la dictadura: películas, exposiciones, obras de teatro y se instauró como feriado el 24 de marzo como el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia. En el aniversario 30 se presentó una nueva edición del informe Nunca Más, actualizando el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado y se realizó un prólogo en el que se reivindica la cifra de 30 000 desaparecidos, contraponiéndolos a las 8 960 personas que señalaba el informe original.

Por otro lado, se dio un impulso a los espacios para la memoria apoyando los proyectos que estaban en manos de organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes. Se crearon centros culturales, memoriales, archivos, placas y comenzó a trabajarse en la transformación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, como el Club Atlético y Mansión Serré, para convertirlos en espacios de memoria, donde se pudiera dar cuenta del terrorismo de Estado. En 2004, se expropiaron la casa del Virrey Ceballos y el Olimpo, donde habían funcionado otros centros.

El predio de la ESMA que había atravesado todo un litigio durante el gobierno de Menem, comenzó un proceso de transformación. En marzo de 2004 se firmó un convenio entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en donde se decretó el predio como espacio de memoria, y fue en este contexto que Néstor Kirchner hizo un pedido de perdón por los crímenes cometidos: "Como presidente de Argentina, vengo a pedir perdón en nombre del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades"³². Además, ordenó al entonces jefe del ejército, Roberto Bendini, que retirara los cuadros del Colegio Militar de los expresidentes Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, dos de los principales responsables. Con esta acción, Kirchner afirmó simbólicamente su compromiso por desterrar el terrorismo de Estado.

Estos procesos se vieron fortalecidos años después, durante los gobiernos de Cristina Kirchner (2007-2015), a través de la ley 26.691³³, que fue sancionada en 2011, donde se establecía que la entonces Dirección Nacional de Sitios de Memoria ―creada por el Decreto Reglamentario 1986/2014― se convertiría en la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria (DNSEM), que se ocupa de la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria del terrorismo de Estado. La DNSEM define estos lugares de la memoria acorde con la Resolución N°3/2019, que establece:

Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas³⁴

Como resultado de este decreto, otros inmuebles fueron desafectados de su uso y se reconvirtieron en espacios para la memoria. Hasta el momento, existen en todo el país 46 de estos espacios que, si bien tienen sus particularidades, comparten un discurso común. El núcleo narrativo es la violencia ejercida en contra de las personas detenidas-desaparecidas, llegando incluso a presentar una extenuante repetición, lo que nos lleva a preguntarnos si no se está cometiendo lo que Tzvetan Todorov³⁵ advierte como un abuso de la memoria, en tanto que se puede volver una acumulación del horror que pierde el sentido con el tiempo presente.

Sobre este debate, vale detenerse en las discusiones planteadas por Ana ^{Guglielmucci, quien en su texto La consagración de la memoria (2013}) hace un análisis etnográfico sobre este proceso de institucionalización, comparando las experiencias y los procesos de construcción de dos sitios de memoria: la CCDTyE Ex ESMA y el Olimpo, reflexionando sobre los dilemas que han implicado para el movimiento de derechos humanos, y haciendo un análisis crítico sobre el papel de los gobiernos nacionales y estatales que han ido “configurando una red institucional que procura integrarlos y homogenizar ciertas representaciones en torno a cómo dar cuenta de los profundos enfrentamientos que atravesaron a la sociedad argentina entre las décadas del sesenta y ochenta”³⁶. La autora advierte que con el proceso de institucionalización se corre el riesgo de llegar a una homogenización del discurso. Sin lugar a duda, estos espacios permiten visibilizar lo ocurrido, pero consideró que en la forma de narrar esta uno de los retos principales para hacer una memoria activa que interpele a la sociedad.

La reivindicación del compromiso con la memoria fue utilizada estratégicamente por los gobiernos kirchneristas para enfatizar su postura progresista, según señalan varios críticos y académicos, como Perochena, quien plantea que la “actualización fue un instrumento para trazar la distinción entre un «nosotros» y un «ellos» en el proceso de construcción identitaria del kirchnerismo y para polarizar el campo político con los actores que se oponían a las políticas gubernamentales”³⁷. Se remueven los ecos del pasado trazando una línea invisible, pero evidente entre la derecha actual argentina y los perpetradores de la violencia de Estado.

Al respecto, reflexiona Guglielmucci: “Paralelamente a la apropiación e institucionalización de la categoría memoria a través de agencias gubernamentales, la noción pasó a ser sobreentendida y publicitada en los principales medios de comunicación como un recurso de poder e instrumento de manipulación política del pasado para legitimarse en el presente”³⁸. En contraposición con el tiempo de la dictadura, se enarboló un discurso democrático en el que se respetaban los derechos humanos, guiado por los principios del peronismo, haciendo un continuum entre los que lucharon en los años 70 y los gobiernos kirchneristas como representantes del pueblo.

En ese marco es que podemos decir que el kirchnerismo construyó una imagen de la víctima ideal, donde se enfatizaba la figura casi heroica de los y las desaparecidas, depositando en ellos los ideales que ahora formaban parte de su gobierno, como señala Andriotti: “Kirchner se presenta como la voz de los silenciados: él es la voz del pueblo”³⁹.

Tzvetan Todorov señala acertadamente como esta reivindicación de las víctimas genera una justificación del actuar político del presente: “Si se consigue establecer convincentemente que un grupo fue víctima de la injusticia del pasado, esto le abre en el presente una línea de crédito inagotable (…) cuanto mayor fuese el daño en el pasado, mayores serán los derechos en el presente”⁴⁰. Y el kirchnerismo supo capitalizar este crédito en su beneficio, posicionando su gobierno como el paladín de la justicia, presentando la lucha de los desaparecidos como su propia lucha: “No estamos predicando venganza, sino estamos demandando esa justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros, no tuvieron”⁴¹.

Sobre este punto hay una gran discusión en Argentina, entre quienes afirman que el kirchnerismo hizo una apropiación del discurso del movimiento de derechos humanos que vulneró su autonomía y mermó su capacidad organizativa, poniéndolo al servicio de los intereses del Estado. Mientras que otros autores y actores consideran que fue al revés, que el discurso de los Kirchner interpeló a las organizaciones, porque se compartían luchas comunes, como la búsqueda de justicia respecto a los crímenes cometidos por la dictadura, generando una ventana de oportunidad para posicionar los intereses del movimiento.

Coincido con Enrique Andriotti⁴² en que el hecho de plantear que el kirchnerismo cooptó al movimiento de derechos humanos puede resultar excesivo e implicaría dudar de la subjetividad política de las organizaciones. Sin embargo, considero que esta alianza limitó, en cierta medida, el proceso plural de construcción de las memorias, pues comenzaron a situarse solo en los marcos políticos que dictaba el discurso hegemónico, lo que restó fuerza a los relatos que no entraban dentro de esta lógica.

Ludmila da Silva habla del proceso desatado durante el kirchnerismo como estatización de la memoria, entendiendo por este “al papel central que ocupa el Estado como agente de memoria y su pretensión de generar una política centralizada de memoria, negando implícitamente la pluralidad de memorias que circulan y son defendidas por distintos grupos e instituciones”⁴³; pues el acto mismo de institucionalizar y ponderar el papel del Estado en las decisiones sobre las políticas de memoria que van a llevarse a cabo implica sin duda el ejercicio de un control del tipo de contenidos.

Se priorizaron unas voces sobre otras, es decir, que se otorgó el micrófono pleno y los altavoces a unos cuantos y se proyectó la voz con tanta fuerza que el resto se convirtieron en murmullos. Como señala Da Silva: “una posible cristalización de ciertas formas de memorias, que legitimadas por el Estado y autorizadas por los familiares de las víctimas, puedan opacar otros relatos débiles, menos visibles, periféricos, subterráneos y críticos”⁴⁴; generando así una especie de memoria hegemónica que coloca en la subalternidad a todo lo que escapa del relato oficial.

Ludmila da Silva nos hablaba también de las memorias denegadas, aquellas que no solo son ausentes, sino que son negadas, porque rompen de manera frontal con el discurso que se quiere, como “las víctimas de acciones subversivas”, ante ellas se preguntan: “¿hay lugar allí para los asesinados? ¿Los ajusticiados dentro de las filas guerrilleras también pueden tener su espacio?”⁴⁵.

Es en este sentido que hablamos de la construcción de una memoria hegemónica, en tanto se genera un discurso enmarcado en lo jurídico, que centra su vista en la violencia vivida por las personas detenidas y desaparecidas. Desdibujando, o cuando menos dejando en un según plano, la agencia política de estas personas, su subjetividad, sus complejidades y sus contradicciones. Considero que para llegar a entender el proceso histórico de la dictadura es preciso mantener la pluralidad de las voces, aun cuando existan memorias que resulten incómodas.

Para cerrar este artículo me interesa dejar constancia de otro de los riesgos encontrados en torno al proceso de institucionalización de la memoria: la ruptura y tensión existente al interior del movimiento de derechos humanos en la Argentina.

Un ejemplo palpable es lo que ocurre al interior del grupo Madres de Plaza de Mayo, la ruptura se remonta a 1986 cuando por diferencias políticas se fraccionaron en dos grupos: Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo (AMDPM), hasta cierto punto coincidían en su crítica con los gobiernos y las instituciones.

No obstante, tras los primeros años del gobierno kirchnerista y la implementación de las políticas antes señaladas, la AMDPM, no solo se pronunció a favor del presidente, sino que tomó la decisión de terminar con la marcha de la resistencia⁴⁶, es decir, la movilización realizada por las madres desde 1981, pues según afirmó Hebe de Bonafini “a este gobierno ya no hay que resistirle sino acompañarlo”⁴⁷. Bajo esa premisa se decidieron a formar parte de las iniciativas estatales y caminar de la mano con los gobiernos kirchneristas.

Por su parte, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora se mantuvieron siempre al margen de la participación partidaria y no cesaron en la realización de la ronda de cada jueves para exigir justicia por sus desaparecidos. Esa tensión sigue siendo evidente hasta el momento actual, en la disputa simbólica de la plaza que ocurre cada jueves, donde se dan cita las madres de ambas agrupaciones: en la carpa de la AMPDM hondean las banderas de la coalición política Frente de Todos, las imágenes Cristina Fernández de Kirchner y se pronuncian discursos partidistas. Las madres de plaza de mayo línea fundadora, junto con otros familiares, hermanos, hijos y ahora Nietes⁴⁸, siguen dando la ronda mientras nombran a los y las desaparecidas y finalizan el acto dando lectura a noticias, denuncias y comunicados de distintas luchas de Argentina y del mundo.

Este ejemplo nos pone en evidencia que la disputa por la memoria es de fondo una disputa política, pues implica una manera de posicionarse frente al momento presente, como señala Nora Cortinas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora: “Los derechos humanos los violan los Estados y la razón de ser de un organismo es justamente poder controlar que el Estado no los viole. Si pierde esa capacidad, pierde su esencia. (…) Entonces un organismo no debe ser nunca oficialista y aplaudir todo”⁴⁹. Su papel, considera ella, es estar vigilantes y críticos frente a los políticos de cualquier gobierno y no perder de vista que el compromiso es con la justicia y con los sectores oprimidos, no con los gobiernos.

Así como las madres, otros sectores del movimiento de derechos humanos se vieron en la encrucijada de si sumarse a la construcción de las políticas de estado o a los organismos institucionales, o mantenerse denunciando y actuando desde los bordes, señalando la continuidad de las violencias, más allá de los límites impuestos por la política institucional. Esto trajo como consecuencia una fragmentación que dejó al movimiento social debilitado, permitiendo que la derecha argentina cobrara fuerza en los últimos años.

Conclusiones

Tras un largo período de impunidad, las políticas de la memoria implementadas por los gobiernos kirchneristas permitieron a algunos colectivos, familiares y sobrevivientes fortalecer sus procesos de búsqueda de justicia y visibilizar a nivel nacional e internacional lo sucedido en Argentina a través de los juicios de las mega causas y de la declaración de sitios de memoria en los lugares donde estuvieron los centros clandestinos de detención.

Sin embargo, como se señaló a lo largo del artículo, este proceso de institucionalización trajo consigo algunos riesgos para el proceso de construcción de la memoria de la dictadura, por un lado, la tendencia a una homogenización del discurso, centrado en la violencia política, que desdibuja la agencia de los y las sujetas y limita la pluralidad de experiencias de vida. Esta memoria hegemónica tiene como consecuencia la marginalización de algunas voces que también merecen ser escuchadas. Por otra parte, implica la utilización del discurso de memoria para legitimar al gobierno y justificar las acciones estatales. Y derivado de ello, genera una ruptura en el movimiento social argentino, cuyas consecuencias pueden aún sentirse en el país.

La memoria es, como dijimos, un territorio de disputa. Este artículo es una invitación para dar la batalla en pos de construir una memoria ampliada, donde tengan cabida todas las pluralidades y apunten a la construcción de una sociedad más justa.