Introducción

La educación es un aspecto fundamental para el desarrollo social, dado que a través de ella se transmiten conocimientos, valores y normas que inciden en la formación de las identidades y trayectorias públicas y privadas de las personas. Por ello, la educación y la escuela -como el espacio educativo por excelencia- se constituyen en agentes determinantes para la reproducción social, debido a las diferencias estructurales, los enfoques pedagógicos, los contenidos específicos, así como por la inculcación de interpretaciones hegemónicas de la realidad, que responden a los intereses y perspectivas del sector que los imparte.

Desde la perspectiva teórica de Pierre ^{Bourdieu y Jean Claude Passeron (1977)}, la escuela ha sido identificada como un agente que reproduce y legitima las desigualdades sociales, económicas y culturales preexistentes en la sociedad. De acuerdo con sus reflexiones, la escuela es un espacio donde se establecen y mantienen -e incluso se refuerzan- las jerarquías socioeconómicas y culturales. Si bien en términos normativos la escuela es una institución que debe contribuir a la reducción de la brecha entre las personas de diferentes clases sociales, en los hechos refuerza las desigualdades existentes.

Cabe advertir que con el ensanchamiento y la creciente complejidad de las sociedades contemporáneas, los mecanismos de reproducción social se han multiplicado, incorporando nuevos factores y agentes que varían significativamente en cada contexto y cultura. En México, la educación ha sido un tema recurrente en la agenda política, perfilando entre sus objetivos mejorar la calidad, ampliar la cobertura y fortalecer la equidad en el sistema oficial; sin embargo, los indicadores señalan que en el siglo XXI éste sigue siendo altamente desigual. Y es que, pese a que la educación es un bien público y social, un derecho humano universal y su impartición un deber del Estado, la ideología neoliberal predominante en las últimas décadas en el sector ha favorecido la expansión del mercado y la concepción de la educación como un servicio, más que como un derecho. Es decir, simbólica y materialmente se ha colocado al mercado en el centro, no sólo de la esfera económica sino también en las políticas públicas, particularmente en las educativas (^{Saforcada, Atairo, Trotta, 2022}).

Las políticas educativas en México también han sido parte de esta neoliberalización, en las que el incremento de la matrícula ha ido de la mano con el crecimiento de la educación privada. En el caso de la educación superior, durante el periodo de 2011 a 2020, la población que ingresó a la educación superior de sostenimiento privado pasó de 32 a 39% (Red IndicES, 2020), en su mayoría perteneciente a los deciles de ingresos más altos (^{INEGI, 2019}). En este sentido, cabe reflexionar sobre las implicaciones que está generando el hecho de que la mayor parte de profesionistas e intelectuales egresen de instituciones privadas, en las que la formación técnica y humanística responde a un arbitrario cultural afín a intereses privados, lo cual viene incidiendo en los procesos de privatización y mercantilización del sector educativo público, ya sea a través de la introducción de prácticas y lógicas propias del mercado, o a través del desarrollo de políticas públicas que responden, en mayor o menor medida, a intereses del sector privado (^{Saforcada, Atairo, Trotta, 2022}).

En este sentido, es pertinente recuperar la afirmación de ^{Estévez (2004: 36)} respecto a que “las élites políticas en México se caracterizan por tener un perfil educativo homogéneo, con altos niveles de educación superior y una fuerte presencia de universidades privadas y extranjeras en su formación”. Esto se debe en gran medida a que se ha posicionado en el imaginario colectivo la narrativa de que las universidades privadas y extranjeras poseen un alto prestigio, lo que las convierte en una opción altamente deseable para el común, pero accesible sólo para las elites.

La formación educativa de las elites políticas en México es un asunto relevante dada la elevada cuota de poder que ostentan para la toma de decisiones fundamentales. En este marco, el objetivo del presente estudio es analizar la formación educativa de dichas elites, en tanto se infiere la estrecha relación entre privatización educativa y formación de elites, sugiriendo que el poder legitimador del sistema escolar contribuye a multiplicar las desigualdades sociales.

Partiendo de la teoría sobre la reproducción y del capital social como motor de la formación de elites, en este artículo se analiza empírica y estadísticamente la formación profesional de los gobernadores de México en funciones en 2022 y de seis congresos estatales electos durante 2021. Asimismo, y como antecedente para este análisis, se contrastan datos sobre el logro educativo entre los sectores público y privado de educación básica. La interpretación cualitativa de los datos permite destacar constantes históricas en la formación y consolidación de las elites gobernantes, en su mayoría formadas en instituciones privadas e incluso extranjeras, lo que refuerza la tesis en el sentido de la imposición de un arbitrario educativo que fortalece y legitima la desigualdad social.

Metodología

Con base en la fundamentación teórica en torno a los conceptos de reproducción y de capital social, así como en el planteamiento sobre la formación de elites para el ejercicio del poder, sustentadas en un arbitrario cultural afín e impuesto desde la escuela, en este artículo se realiza un análisis sobre la desigualdad educativa en México (^{Latapí, 2004}), enfocado al tipo de escuela en la que preferentemente se forman las actuales elites políticas del país. El estudio empírico fue construido con base en una metodología mixta, con el propósito de confrontar la evidencia mensurable con las significaciones que se construyen alrededor del problema de estudio (^{Hernández, et al., 2003}; ^{Della, Keating, 2013}). En lo referente al trabajo cuantitativo, longitudinalmente se contrastan datos sobre el logro educativo a nivel básico entre la educación pública y la privada; transversalmente, y en aras de disponer de información actual, se compara la matrícula a nivel superior en ambos sistemas en relación con la clase gobernante, tomando como unidades de análisis a los 32 ejecutivos estatales en funciones y a los legislativos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, electos en 2021 y que, por ende, estaban en funciones en octubre de 2022. Posteriormente, y con base en el paradigma sobre la reproducción, se efectúa una interpretación cualitativa de las constantes identificadas.

De modo que, con el objetivo de analizar a la escuela como formadora y reproductora de elites, se comienza por estudiar el logro educativo al concluir el nivel básico comparando a la escuela pública con la privada, con base en la estadística oficial; asimismo, se muestra el estrechamiento de la inscripción estudiantil conforme avanzan los grados escolares. Después se analiza la matriculación a nivel superior en los dos tipos de instituciones educativas, de las elites políticas que actualmente gobiernan en el país.

Cabe destacar que dichos gobernantes son militantes o simpatizantes de diferentes partidos políticos, que gobiernan en estados ubicados en distintas regiones del país y con diversos índices de desarrollo humano. La diversidad de estos factores permite derivar constantes nacionales en cuanto a las categorías de análisis. De modo que el trabajo empírico permite registrar tanto el mayor logro educativo en las escuelas privadas frente a las públicas, de acuerdo con las pruebas estandarizadas, así como la inclinación de dichas elites por las escuelas privadas, preferentemente extranjeras, para su formación profesional. La interpretación cualitativa de estos datos aporta a las constantes históricas en México sobre el enquistamiento de las elites gobernantes, en las últimas décadas formadas mayoritariamente en instituciones privadas, desde donde se inculca un arbitrario simbólico mediante el cual se normaliza la desigualdad educativa y social.

Algunos antecedentes sobre la desigualdad educativa en clave de elites

Una de las herencias del pensamiento ilustrado francés fue la idea del progreso inexorable, que derivaría en desarrollo y bienestar al menos para Occidente; aforismo que fue y sigue siendo ininteligible sin la educación, de modo que sin ésta no habría posibilidad de progreso. En alguna medida influenciado por este planteamiento eurocentrista, Horace ^{Mann (1848}, como se citó en ^{Martínez, 2019)}, precursor de la educación pública en Estados Unidos, planteó que, por encima de cualquier otro instrumento, la educación era el gran igualador de las condiciones de los hombres.

La visión sobre esta dicotomía permeó hacia Latinoamérica con el carácter de ideología, es decir, sin la necesidad de un discurso de justificación, y ha sido asumida en México por autoridades y educadores, prácticamente desde que fue instituida la Secretaría de Educación Pública en 1921. A partir de ese momento se han diseñado numerosas políticas sectoriales con el objetivo de garantizar tanto la equidad en el acceso a la educación, materializada con el criterio de la más amplia cobertura, como en la igualdad de oportunidades que la educación debe brindar para el desarrollo personal y colectivo.

Para cumplir el precepto igualador de la educación, se le ha colocado como un derecho fundamental; en el caso mexicano, previsto constitucionalmente en el artículo tercero de la ^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917}. Sin embargo, a partir de datos empíricos obtenidos de geografías específicas, se ha podido registrar que en la práctica la escuela aporta un componente de desigualdad que abona a la polarización social, de modo que no necesariamente acorta la brecha entre los extremos del progreso.

Al respecto, se pueden referir investigaciones pioneras de inicios de la segunda mitad del siglo XX que, si bien parten de posiciones ideológicas y objetivos diferentes, se convertirían en pilares para los estudios sobre la desigualdad educativa. Una de ellas es conocida como el Informe Coleman, que el estadunidense elaboró con otros colegas desde una sociología interesada en la comprobación empírica y la prueba estadística, cuyo hallazgo más importante fue que el rendimiento escolar mostraba una limitada relación con las características de las escuelas, tanto en lo que se refiere a la infraestructura como en lo relativo al profesorado, mientras se observaba una estrecha relación del rendimiento con las características étnicas y socioeconómicas de las familias de los estudiantes, así como con el capital social alrededor de ellos (^{Coleman et al., 1966}).

Otro estudio es el elaborado por Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron, quienes, con base en una posición teórica estructural, destacaron la influencia del origen social en la trayectoria de los estudiantes, particularmente en lo que se refiere a las prácticas culturales según el origen social y el nivel de escolaridad de las familias. No obstante, al igual que Coleman, a través del análisis de datos empíricos pusieron en evidencia la brecha existente entre los hijos de familias de clases populares o medias, con los provenientes de familias de clases acaudaladas y de elites, quienes asimismo disponían de un capital social más amplio (^{Bourdieu, Passeron, 2003}).

Posteriormente, el análisis de los citados autores, en su libro La reproducción (1995), sustentaría su teoría en torno a tal concepto, a la cual ^{Bernstein (1990)} abonó de manera significativa. En esta teoría se resalta que a partir del sistema educativo formal se ejerce una violencia simbólica, inculcando un arbitrario cultural dominante propio de las elites colocadas en la cúspide social. En la objetivación y legitimación de las desigualdades desempeñan un papel decisivo la posición económica y social, el lugar de residencia, el género, el capital cultural y social, y el habitus como mediador entre estructuras y prácticas sociales.

De igual forma, partiendo desde una posición eminentemente teórica, el filósofo Louis Althusser publicó el conciso texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado (¹⁹⁷⁴), con cuya tesis también cuestionó la idea de considerar a la educación como un inexorable igualador social colocando a la escuela como uno de los aparatos de dominio ideológico del Estado, en tanto hace posible la inculcación y reproducción de un sistema de valores que normaliza el statu quo.

Aun con lo discutible que pueden resultar estas concepciones teóricas en cuanto a la posibilidad de operacionalizar sus categorías para evaluar escenarios específicos, interesa recuperarlos para establecer como hipótesis de trabajo que el sistema educativo en México ha contribuido a la reproducción de las condiciones estructurales que favorecen a las elites gobernantes al privilegiar una pedagogía que ensalza la producción simbólica afín, como lo propusieron Bourdieu, Passeron y, enfáticamente, Bernstein.

Asimismo, cabe advertir que desde finales del siglo XX, y al amparo de la hegemonía ideológica del paradigma neoliberal, en términos epistemológicos se ha impulsado un viraje tendente a delimitar el objeto de estudio, enfocando factores que contribuyan a la normalización de la condición de privilegio de las elites, de tal manera que en México se han venido multiplicando los análisis sobre la escuela a partir del criterio de eficacia (Cfr. ^{Carvallo, 2005}; ^{Blanco, 2009}).

En dichos estudios sobre el logro educativo en México, se han analizado variables como la infraestructura y los insumos en las escuelas de manera comparada y a fin de estandarizar las variables de estudio, ponderando factores como el contexto y el efecto de la escuela, los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes, su motivación, aptitud y desempeño previo, la influencia del docente y el liderazgo del director, así como el ambiente escolar, entre otros. Los resultados, eminentemente cuantitativos, han servido para impulsar la homogeneización de modelos, normativas y procesos, así como la lógica de la evaluación por organismos privados.

Este bagaje analítico intenta ser enriquecido con el presente artículo, mediante el estudio de la incidencia que tiene el tipo de institución educativa en la formación y reproducción de las elites gobernantes en México. En tal sentido, desde la ciencia política ha venido cobrando interés el escrutinio de las biografías de los gobernantes, con base en el presupuesto que tienen las instituciones educativas de educación superior y en el hecho de que se han convertido en filtros para enquistar a una elite en los más altos cargos de gobierno, quienes desde esas posiciones garantizan la reproducción del modelo de organización social imperante.

Cabría precisar que por elite se entiende a una minoría que ejerce dominio político sobre las diversas mayorías, en razón de poseer organización, cualidades personales, recursos materiales y -cabría agregar aquí- pertenencia y acceso a un gran capital social, que la posicionan en calidad de privilegiada frente al resto de la sociedad; concepción que desde inicios del siglo XX habrían de desarrollar autores como Mosca, con la categoría de clase política; Pareto, a la luz del concepto de elites gobernantes; y Michels, al amparo de la premisa de oligarquías dominantes (^{Morán, 2002}).

De tal manera que tanto en Europa como en América se han venido analizando los incentivos institucionales de cada sistema político para la formación de su clase gobernante, así como los patrones de reclutamiento para los poderes ejecutivos y legislativos (^{Cotta, Best, 2000}; ^{Norris, 1997}; ^{Valencia, 2014}).

Retomando la idea sobre el predominio del modelo neoliberal sustentado en la racionalidad y la eficiencia económica, vigente durante las últimas cuatro décadas, incluida la actual, cabe registrar la repercusión de este modelo en torno a que el funcionamiento del aparato de gobierno debería ser tutelado por perfiles técnicos, es decir, por tecnócratas (^{Fischer, 1989}; ^{Putnam, 1977}).

Al inicio de la década de 1980, en América Latina los tecnócratas se erigieron en la única opción para hacer frente a la crisis fiscal con repercusiones políticas que cimbró el paradigma del Estado benefactor. El arribo de tecnócratas a la cúspide del poder político en los gobiernos locales, con una formación educativa en universidades anglosajonas y ligados al ámbito monetario, fue favorecido por el predominio del sector financiero transnacional sobre las economías de la región, a la luz de los altos niveles de endeudamiento público, contexto que facilitó la imposición de la ortodoxia económica alrededor del denominado Consenso de Washington, que los tecnócratas reprodujeron con el carácter de dogma económico.

Situando el análisis en México, desde el paradigma de la Nueva Gestión Pública se estableció a la eficacia y la eficiencia como los principios supremos para la administración de lo público, constituyendo los referentes fundamentales para la toma de decisiones de los ejecutivos (^{Aguilar, 2013: 29}). Esta lógica de racionalización, eficacia y eficiencia sería asumida de manera acrítica por la elite tecnócrata, en demérito del criterio del bienestar social.

De modo que los altos mandos de los sucesivos gobiernos comenzaron a ser cubiertos por tecnócratas, caracterizados por su formación educativa en exclusivas universidades privadas, particularmente extranjeras, en las disciplinas económica, financiera y administrativa, así como por ejercer su profesión en entidades privadas y en los sectores financieros. Ejemplo de ello fue que, en los gobiernos priistas precursores del modelo neoliberal, el porcentaje de economistas en el gabinete se incrementó sustancialmente: en el de Miguel de la Madrid (1982-1988) representó 27%, con Carlos Salinas (1988-1994) 39% y, en el gabinete de Ernesto Zedillo (1994-2000) se elevó a 45% de los integrantes (^{Adler-Lomnitz, Gil-Mendieta, 2002}).

La derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del año 2000 y el arribo de Vicente Fox (2000-2006), surgido de las filas de la oposición panista, significó la profundización de dicha tendencia para la integración del gabinete con la incorporación de personas ligadas al sector empresarial, en su mayoría vinculados al propio presidente en su trayectoria por ese ámbito. Fox configuró una red de colaboradores afines a su figura con valores empresariales, quienes propugnaban por el fortalecimiento del paradigma gerencial en la administración pública.

En lo que se refiere a Felipe Calderón (2006-2012), si bien en un inicio integró su gabinete con aliados políticos provenientes de distintos partidos con el objetivo de enfrentar la crisis de legitimidad que caracterizó su arribo al poder, también integró a secretarios con perfil técnico y de origen apartidista en las áreas económico-financieras; con el paso del sexenio, fue sumando a jóvenes panistas a fin de intentar afianzar su autoridad en el gobierno, lo cual finalmente no logró y tuvo que ceder el mando nuevamente al PRI.

En el mismo sentido, los cambios en el gabinete de Enrique Peña (2012-2018) en la etapa intermedia de su sexenio respondieron a dos criterios: por un lado, al cambio generacional entre los secretarios de larga trayectoria que iniciaron en el cargo y fueron sustituidos por gente más joven, pues los entrantes contaban con veinte años menos en promedio; por otra parte, un reemplazo del perfil eminentemente político por uno que combinara experiencia técnica, es decir, se trató de una reorientación tecnopolítica en el gabinete (^{Cuevas, 2019}).

En cuanto al poder legislativo en México, en clave de consolidación y enquistamiento de elites, resulta por demás ilustrativo registrar sus principales características durante el siglo XX. En 1946 entró en vigor un sistema electoral uninominal como regla de acceso a la Cámara de Diputados. La conjunción de un sistema electoral de mayoría relativa con el corporativismo impuesto por el PRI en calidad de partido oficial, se tradujo en congresos mayoritariamente afines al presidente de la república en turno, quien además de tener a su disposición el aparato burocrático nacional, era el líder del partido, pudiendo intervenir de manera decisiva en el reparto de candidaturas y en la administración de empresas paraestatales, entre otras atribuciones no previstas en la Constitución (^{Lujambio, 1995}; ^{Weldon, 1999}; ^{Ballinas, 2001}).

En abono a lo anterior, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 1934 reservaba los cargos legislativos de gobierno para los miembros más antiguos del partido y para quienes hubieran desempeñado una encomienda o directiva en el congreso. En este reglamento se preveía que la asignación de diputados al sistema de comisiones quedara en manos de una elite legislativa afín al partido oficial, agrupada en un órgano de gobierno denominado la Gran Comisión. De modo que tanto las reglas electorales como las internas del congreso evitaron que, en general, los legisladores de oposición reunieran ambos atributos.

Entre 1958 y 1997 se vivió un periodo de apertura limitada en cuanto al arribo de diputados de oposición, impulsado desde el gobierno con el objetivo de legitimar dicho sistema, particularmente mediante la figura de los diputados de partido, instituida en 1963. Esta etapa de apertura hacia la oposición llegó a un punto de inflexión en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la cámara tras las elecciones intermedias.

No obstante, la disponibilidad de diputados que cumplieran con los citados atributos por parte de la oposición siguió siendo limitada, ya que el PRI habilitó espacios de negociación exclusivos para los altos mandos de los partidos opositores al ejecutivo, en tanto las reglas y las prácticas internas de la cámara mantuvieron al resto de los diputados al margen de las áreas para la toma de decisiones.

Para los objetivos de este artículo, es menester destacar que a pesar del escenario de creciente competitividad partidista y de acceso al poder de legisladores de otros institutos políticos, desde finales del siglo XX y hasta la fecha -al menos de manera formal-, los liderazgos locales y nacionales de los partidos han seguido controlando el acceso a las candidaturas; lo que aunado a la facultad de estas elites para manejar amplios recursos financieros provenientes de sus prerrogativas, y ahora de decidir la reelección de representantes populares, ha posibilitado que sigan siendo decisivas para la continuidad de las carreras políticas individuales, no obstante la figura de las candidaturas independientes, que ha resultado de poca trascendencia para el acceso del común a los cargos de representación política.

A propósito de la relevancia de la escuela para la formación de elites gobernantes en México, para concluir esta sección baste citar que mientras en la LVII Legislatura (1997-2000) 74% de los diputados federales tenía un título universitario, para la LXIII Legislatura (2015-2018), quienes lo poseían aumentaron a 81.9%, de acuerdo con el sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación.

La rentabilidad cultural de la educación privada y el logro educativo

Si bien el foco de análisis de este estudio es la educación superior, es necesario considerar que los capitales social y cultural se adquieren desde edades tempranas; asimismo, cabe hacer mención que desde la perspectiva de ^{Bourdieu (1979)}, aunque son las clases dominantes quienes legitiman su concepción de cultura, la clase alta -pequeña burguesía, en términos del autor- desempeña un papel importante para la reproducción de esta cultura dominante, ya que sus expectativas se centran en el sistema educativo, en el que invierten con el objetivo de que las siguientes generaciones puedan materializar su deseo de ascensión social.

En este sentido, existen cifras que inducen a pensar el sistema educativo mexicano como un reproductor de desigualdades, en el que la segmentación contribuye a visibilizar las diferencias no sólo económicas, sino socioculturales. El embudo que va limitando el acceso de los estudiantes a niveles superiores de educación, pasando de una cobertura de 96% en educación básica a 39% en educación superior, es uno de los primeros factores que inciden en la brecha de desigualdad. Aunado a ello, la privatización de la educación abona a que se amplíe la desigualdad, al tener la escuela privada una presencia menor a 10% en los primeros niveles y llegar a casi 50% en el nivel superior.

Al respecto, se observa que durante las primeras etapas escolares el sostenimiento de la educación es mayoritariamente público. Las cifras de 2017 indican que 91.2% de los alumnos de secundaria asistía a este tipo de escuela, pese al surgimiento de casi 2,000 escuelas privadas en tan sólo cinco lustros (^{INEE, 2018a}).

Aunque la privatización de la educación no garantiza per se una mejora en la calidad, sí ha contribuido a la polarización social, fomentando que la escuela sea cada vez más elitista. Por ejemplo, en el año 2017 las escuelas secundarias evaluadas a través de la Prueba Planea mostraron una diferencia de 160 puntos en el área de matemáticas y de 171 en la de lenguaje y comunicación entre los alumnos de escuelas particulares y los que asisten a instituciones comunitarias en México (^{INEE, 2019}). Esto significa que en menos de 9% de los alumnos se concentran las mejores evaluaciones.

Si se observa la totalidad de las modalidades de educación secundaria, se puede notar que la tendencia es constante, ya que los alumnos que obtienen indicadores de insuficiencia -esto es Nivel I- son mayores en las escuelas públicas y se disparan en las escuelas comunitarias y telesecundarias, de las cuales sabemos que 9 de cada 10 se encuentran en comunidades con media, alta y muy alta marginación (^{INEE, 2018b}). En contraparte, los alumnos con logro sobresaliente -ubicados en Nivel IV- asisten mayoritariamente a escuelas privadas (véanse los Gráficos 1 y 2).

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{INEE, 2019}.

Gráfico 1 Logro académico de alumnos de 3º de secundaria 2017. Lenguaje y Comunicación 

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{INEE, 2019}.

Gráfico 2 Logro académico de alumnos de 3º de secundaria 2017. Matemáticas 

En el caso de lenguaje y comunicación (Gráfico 1), la brecha que se observa en cifras refleja una problemática profunda. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (^{Unicef, 2017}), en México 65% de los niños no tiene acceso a libros infantiles; este porcentaje se conforma en su mayoría por alumnos de telesecundarias y secundarias comunitarias. En contraparte, 6 de cada 10 alumnos de escuelas particulares manifestaron tener al menos 25 libros, e incluso más de 100 (^{INEE, 2019}).

Al respecto, es necesaria la reflexión sobre el hecho de que los libros constituyen una forma de capital cultural, que Bourdieu nombraría Estado Objetivado, y que su simple posesión representa una inversión familiar y, como tal, una transmisión hereditaria de capital cultural. Bajo esta lógica, tener o no acceso a cualquier tipo de libros, así como la cantidad de ellos, será un elemento decisivo en la reproducción de la estructura social (^{Bourdieu, 1979}, ¹⁹⁸⁷). De esta manera, cuando existe una distribución tan desigual en la que sólo 8.8% de los niños poseen entre 25 y 100 libros, comparado con el resto que declaran tener menos de cinco o ninguno, estamos frente a una forma de exclusión de grandes sectores de la población.

En lo que respecta al área de matemáticas, las escuelas privadas obtuvieron también un mayor puntaje, seguidas de las escuelas generales públicas, con una diferencia de 85 puntos (Gráfica 2). Asimismo, las secundarias privadas encabezaron la lista con el mayor porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel de logro IV y con el menor número de estudiantes ubicados en el nivel I: 16 y 37% respectivamente.

Por otra parte, y retomando el aspecto relacionado con la cobertura, si se analiza el número de estudiantes matriculados en México, las cifras descienden de manera proporcional al incremento del nivel educativo. Así, para 2020 los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior en México (^{ANUIES, 2020}) indican que de los 33.6 millones de estudiantes, sólo 5 millones corresponden al nivel superior.

Pero existe otro dato que alerta sobre la reproducción de las desigualdades. Se trata de la ampliación en la cobertura privada de educación superior, la cual, como se ha mencionado, se incrementa desde 9% en niveles básicos (preescolar, primaria y secundaria) hasta casi 50% en doctorados (Gráfico 3). Estos datos refieren una doble exclusión: la que implica la reducción de la cobertura, por un lado, y el fortalecimiento de la educación privada por el otro. Y es que el ideal igualador de la educación se desdibuja cuando se aplican las recomendaciones del Banco Mundial, desde donde se sugiere que se impulsen políticas de mercado en el sistema educativo, formando estudiantes que desarrollen capacidades en función de las necesidades externas para que puedan adaptarse al mercado laboral, pero dejan de lado los conocimientos que forjan identidades y cultura (^{Belsasso, Fernández, 2012}).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2022)} e INEGI (2021).

Gráfico 3 Proporción de alumnos por nivel y tipo de sostenimiento de la escuela, 2020 

¿Dónde se formaron los gobernadores de México?

Desde la década de 1980, en México se han modificado muchas de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, y la educación ha desempeñado un papel destacado. El apoyo del Estado a la educación privada ha sido evidente; prueba de ello fue el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior en 2012, mediante el cual se destinaron 2,500 millones de pesos para créditos educativos en instituciones particulares, en lugar de invertirse en fortalecer a instituciones públicas, que han visto cómo se reduce el presupuesto asignado bajo lógicas dictadas desde el Banco Mundial (^{Belsasso, Fernández, 2012}).

Este fortalecimiento de la educación privada, en las últimas décadas, se plasma en la formación de los cuadros de las principales fuerzas políticas de México, los cuales en su mayoría han egresado de instituciones privadas, tendencia que avanza de manera consistente en las nuevas generaciones (Gráfico 4). El escenario que se vislumbra a partir de esta realidad no es halagüeño para la educación pública mexicana, y deja la interrogante de si las nuevas generaciones de dirigentes serán capaces de impulsar políticas públicas destinadas a revertir la precarización de la educación pública, aun cuando ellos forman parte de las elites políticas y educativas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conago y gobiernos estatales.

Gráfico 4 Tipo de institución donde obtuvieron el último grado de estudios los gobernadores en funciones en 2022. Por edad 

Al respecto, cabe recordar el texto que ^{Bourdieu dedica a la distinción (1979)}, en el que afirma que aquellos con un alto volumen de capital cultural tienen más probabilidades de determinar qué constituye el gusto dentro de la sociedad, mientras que aquellos con menor capital aceptan este gusto; de esta manera se establece la distinción de cultura alta y baja como legítima y natural, normalizando la desigualdad y aceptando las restricciones existentes sobre la conversión entre las diversas formas de capital (económico, social, cultural) como naturales.

Los datos obtenidos ilustran de manera clara el cambio generacional de las elites políticas, que se demuestra a través del tipo de institución en la que los gobernadores en funciones realizaron sus estudios. 12 gobernadores en el rango de 34 hasta 49 años manifiestan haber realizado estudios superiores en instituciones privadas y solamente 3 en públicas; de manera inversa, 12 gobernadores en el rango de 52 a 77 años estudiaron en universidades públicas y sólo 5 en privadas (Gráfico 4). En cuanto al partido de origen, 100% de los gobernadores postulados por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido Verde son egresados de universidades particulares e incluso extranjeras, la proporción para los ejecutivos surgidos del Partido Revolucionario Institucional es de 50-50 y Morena tiene más gobernadores provenientes de universidades públicas que de privadas. El caso del gobernador de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social, es atípico ya que sólo cursó hasta la educación secundaria (Gráfico 5).

Fuente: Elaboración propia con datos de la ^{Conago (2022)} y gobiernos estatales.

Gráfico 5 Tipo de institución en la que obtuvieron el último grado académico los gobernadores en funciones en 2022, según su partido 

¿Dónde se formaron las elites legislativas de México?

Pese a los intentos de consolidar a la escuela como un agente igualador y de movilidad social, la evidencia empírica apunta a que las instituciones escolares particulares, además de dar acceso a una educación, que podría -o no- ser de mayor calidad, proveen a los usuarios de una red de contactos que abona a la construcción del capital social y económico. Para constatar esta realidad, a continuación se analizará el perfil escolar de los legisladores que conforman los congresos estatales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, electos en 2021 y en funciones durante octubre de 2022.

Tamaulipas

El Congreso de Tamaulipas está conformado por 36 diputados, de los cuales 22 se eligen por mayoría relativa y 14 se asignan por representación proporcional. A partir de la votación realizada el 6 de junio de 2021 el legislativo quedó integrado por 17 diputados de Morena, 14 del PAN y los 5 restantes de partidos minoritarios.

De estos 36 legisladores que conforman el Congreso estatal, 67% estudió en instituciones de financiamiento privado, destacando que uno de los legisladores es egresado de una universidad extranjera.

En el agregado de las unidades de análisis se observa que casi dos terceras partes de los diputados locales han realizado estudios en instituciones de educación privadas, incluyendo extranjeras. A ellos corresponde legislar en torno al futuro de la educación pública, por ello es fundamental saber desde qué perspectiva analizan la desigualdad educativa y cuál será el impacto que las decisiones políticas de los gobernantes tendrán en el desarrollo y la movilidad social (^{Zozaya, 2013}).

Fuente: Elaboración propia con datos de los congresos locales de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.

Gráfica 6 ¿Dónde se forman las elites legislativas en México? 

Finalmente, y como fue señalado en el paradigma construido a partir de la perspectiva de Bourdieu, los capitales cultural y social son intercambiables por bienes económicos; desde esta perspectiva, no sorprende que exista relación entre los ingresos de las familias de estudiantes y su matriculación en instituciones públicas o privadas. Los porcentajes arrojados con la información disponible muestran relación entre el percentil de ingreso en los hogares de los alumnos y el tipo de institución en la que cursan sus estudios (Gráfico 7).

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{Jaramillo-Molina (2021)}.

Gráfica 7 Tipo de escuela a la que asisten estudiantes según percentil de ingreso del hogar al que pertenecen. 2018 

Cabe agregar que en las universidades de elite privadas, que cobran colegiaturas mensuales de decenas de miles de pesos, asisten prácticamente alumnos de los hogares más ricos del país. Pero el acaparamiento de las mejores escuelas del sistema educativo nacional por los estratos más ricos no sucede sólo con las universidades privadas, pues mientras que año con año 9 de cada 10 alumnos no es aceptado para ingresar a la UNAM, sucede también que 7 de cada 10 alumnos que asisten a la máxima casa de estudios del país pertenecen a hogares que se ubican entre el 40% de la población más rica. En resumen, los más ricos invariablemente están sobrerrepresentados en todos los escalones del sistema educativo (^{Jaramillo-Molina, 2021}).

Conclusiones

No obstante que estudios como el de Coleman fueron realizados con población estadunidense, cuyo contexto determinó los hallazgos y, por ende, limita la utilización de sus resultados en otros escenarios, la similitud en cuanto a las variables analizadas hace factible recuperar su conclusión general, en el sentido de que el logro educativo no depende únicamente del talento individual, la calidad de las escuelas, la riqueza familiar o la educación de los padres, en tanto para tal logro existe otra influencia que proviene de la estructura de relaciones familiares y comunitarias, sobre lo cual confluyen en gran medida las perspectivas de Bourdieu y de Bernstein (Cfr. ^{Ramírez, Hernández, 2012}).

Con base en la evidencia empírica aportada en este artículo, es posible afirmar que el título escolar de una escuela privada, entendido como la inversión en un grado académico obtenido de una institución privada, permite a quien lo posee intercambiar el capital simbólico por beneficios monetarios y materiales, garantizando la permanencia personal y familiar entre la elite; fenómeno que se ha venido acentuando en México y América Latina desde la década de 1980.

Los resultados estadísticos y empíricos son acordes con los de la literatura sobre el tema, en la que se ha comprobado que las prácticas culturales están estrechamente ligadas al nivel educativo, y secundariamente al origen social, además de que a partir de ellas se consolidan usos lingüísticos afines a la elite que legitima valores, creencias e ideales. De modo que, si bien hay otras categorías y variables que es necesario estudiar para comprender la naturaleza y dimensionar el alcance actual del fenómeno estudiado, el análisis de la formación escolar de los ejecutivos y legisladores estatales ha permitido sumar evidencia de cómo la autoridad legitimadora del sistema escolar puede multiplicar las desigualdades educativas y sociales.

Asimismo, la información obtenida converge con vertientes de análisis que vienen tomando fuerza en el contexto de privatización de la educación superior en Latinoamérica, en las que se da por sentado que si bien el interés privado se vincula básicamente con el lucro, también lo hace con cuestiones de orden filosófico-político y de distinción social. En el mismo sentido, es pertinente recuperar lo que ^{Pablo Gentili (1997)} denomina privatización ideológica o simbólica y que consiste en la construcción de la representación de que lo privado es mayoritariamente bueno; bajo esta lógica se han expandido como nunca las políticas de acreditación y evaluación de docentes, investigadores, resultados, instituciones y carreras, con criterios tecnocráticos que aplican en las universidades públicas, al tiempo que los criterios del New Management dominan los procesos de gestión. Por otra parte, hacia finales del siglo XX, Geoff Whitty apuntaba a las distintas dimensiones del fenómeno de privatización de la educación superior, que abarcan tanto la provisión de educación, las fuentes y distribución del financiamiento, la definición de los contenidos de la formación, la producción de conocimiento y la circulación del conocimiento, y la regulación del trabajo en la universidad, entre otros (^{Whitty, Power, Halpin, 1999}; ^{Saforcada, Rodríguez, 2019}).

Para finalizar, cabe recuperar la afirmación de ^{Leher (2010)}, respecto a que la educación superior en general se encuentra fuertemente tensionada por la mercantilización, realidad que puede constatarse tanto por la vertiginosa expansión del sector privado-mercantil en toda la región como -en el caso de las públicas- por una aireada porosidad entre lo público y lo privado que redefine la función social de las instituciones y el ethos académico. Desde la evidencia empírica surgida a partir de este documento, cabría agregar que la formación de las elites políticas también se puede considerar privatizada, con todo lo que ello implica, incluyendo la precarización de la educación pública y el impacto que ello tendrá en la disminución de la movilidad social y el aumento en las brechas de desigualdad.