Introducción^*

Entre la correspondencia que los presidentes de México recibieron durante la década de 1930 se encuentran los proyectos para “incorporar al indio a la civilización” remitidos desde varios puntos del país. Así lo hizo Ricardo Matamoros, residente de Minatitlán, Veracruz, en 1935. Éste indicó en su iniciativa que los gobiernos revolucionarios, conscientes de su deber, habían tratado de regenerar a esas tribus con la luz de las letras, pero que su recelo hacía infructuosos estos esfuerzos. Por eso recomendó que todos los varones indígenas de 18 a 25 años fueran incorporados al ejército, y que a sus familias se les obligara a calzarse y acudir a la escuela.¹ El mismo tono imperó en el proyecto de Rubén Orellana, agente de propaganda agrícola de Tapachula, Chiapas, quien sugirió congregar a los indígenas diseminados en la Sierra Madre de ese estado en pueblos de indios. Así como obligarlos a aprender español y vestir pantalón para suprimir su taparrabo.²

Estos ejemplos ilustran el ambiente redentorista que imperó en México desde 1920, cuando los sonorenses que tomaron el poder ese año revivieron la convicción que el progreso de la nación dependía de la unidad lingüística, racial y cultural de sus ciudadanos. Esta idea había circulado con mucha antelación entre las élites políticas e intelectuales.³ Pero entonces, frente a la irrupción de grandes capas de la población en la fase armada de la Revolución, era imperioso incorporarlos en un marco ideológico, político e institucional. Bajo esta lógica, se diseñaron proyectos dirigidos a los indígenas que los estudiosos del tema han catalogado de ingeniería social.⁴ El indigenismo posrevolucionario representó una formulación no-india al problema del indio. “Una imposición de ideas, categorías y políticas externas”.⁵

Su intención era sentar las bases de un cambio cultural y apuntalar los principios que definirían la nacionalidad mexicana. Para lograrlo, se valieron de la asesoría de antropólogos que fungieron como el brazo ilustrado del gobierno, y de la creación de instituciones como el Departamento de Educación y Cultura Indígena (1921) y la Casa del Estudiante Indígena (1926), entre otras. La directriz del indigenismo posrevolucionario fue el culto al mestizaje. México no sería más una nación indígena ni europea, sino mestiza. “Hecha de hierro y bronce confundidos”.⁶ Por eso era urgente estudiar a los pueblos indígenas con miras a aculturarlos e incorporarlos gradualmente a la vida nacional. No eliminarlos, sino fundir sus valores más dignificantes con los de la cultura occidental.⁷

Con aciertos, fracasos y cambios de orientación, los indigenistas de los años veinte y treinta aunaron esfuerzos para edificar una sociedad de individuos racialmente homogéneos, sanos y moralmente regenerados. Esto inspiró campañas de higiene sexual, desfanatización religiosa y combate al alcoholismo. La punta de lanza de estas iniciativas fue la Secretaría de Educación Pública (1921), a través de las misiones culturales y otros programas. Aunque en algunos estados los gobernadores también se sumaron a esta empresa redentora.

En este artículo analizo, precisamente, la política de integración que el gobernador de Chiapas, Victórico Grajales, dictó en 1934. Las preguntas que responderé son las siguientes: ¿por qué esta medida se sancionó a mediados de los años treinta? ¿Qué acciones se tomaron para llevarla a cabo? Y, finalmente, si la disposición abarcó a todos los indígenas del estado, ¿por qué los pobladores de la frontera con Guatemala la recuerdan con especial dureza? En estas páginas estudio un caso particular del indigenismo posrevolucionario. Una política que se aplicó en un estado mayoritariamente indígena y abocado a la agroexportación.⁸ El artículo tiene tres apartados. El primero es un estado de la cuestión sobre la campaña de integración, en el segundo examino el “problema guatemalteco” de la frontera sur de México, que brinda insumos para el tercer acápite, en el que establezco los factores que incidieron en la sanción de esta medida y analizo su aplicación en la región fronteriza.

La gestión de Grajales ha llamado la atención de los historiadores por su campaña de desfanatización religiosa, radical y controvertida.⁹ Pero su política indigenista ha sido tratada, sobre todo, en el ámbito etnográfico por medio de las memorias de aquellos que la vivieron o escucharon. Una breve revisión de estos trabajos y la ubicación geográfica de sus pesquisas me permitirá indicar con mayor precisión los aportes de esta investigación.

Los estudios sobre la política de integración

El coronel Victórico Grajales asumió la gubernatura de Chiapas en diciembre de 1932, luego de unas elecciones protocolarias en las que no conoció rivales. Fue ungido por el jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, y así se convirtió en el primer gobernador chiapaneco adscrito al Partido Nacional Revolucionario (PNR).¹⁰ Grajales tenía en ese entonces una larga trayectoria política. Estuvo entre los terratenientes que apoyaron a los carrancistas en 1914. Años más tarde, en 1923, combatió la rebelión delahuertista y se alzó en armas contra el gobernador Tiburcio Fernández Ruiz. El apoyo que le dio a Calles en sus días más aciagos lo llevó a la gubernatura, pero el hecho de haber sido impuesto por éste lo condicionó en el ejercicio del poder. Grajales incluyó en su programa la construcción de caminos, la cuestión indígena y la desfanatización religiosa. Pero solo el primero respondió a una convicción personal.¹¹

Sea como fuere, el gobernador tomó cartas en el asunto. En abril de 1934 se publicó en el Periódico Oficial el decreto 155, con el que vio la luz el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena. En la exposición de motivos adujeron que los indígenas eran el mayor obstáculo en la realización del programa revolucionario, y dejaron claro el objetivo que perseguían: incorporarlos a la “civilización y a la verdadera nacionalidad, otorgándoles la conciencia de sus derechos civiles y políticos”.¹² El Departamento fue adscrito al ejecutivo chiapaneco y velaría por la educación de los indígenas, sus problemas laborales y agrarios, y promovería la organización obrera y campesina en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Además, como parte de este esfuerzo, se crearon diez centros de castellanización y se formó el Comité Central Pro-Vestido del Alumno Indígena, cuya finalidad era remplazar sus trajes étnicos por el “vestido común y corriente de nuestro pueblo proletario”.¹³

De esta forma se organizó “el primer esfuerzo sistemático por integrar y proteger a la población indígena de Chiapas”.¹⁴ Estas fueron las líneas de acción de una iniciativa que los indígenas de la entidad recordarían décadas más tarde. No por lo protección que se les brindó en materia laboral o por la eliminación del enganche, sino por la coerción utilizada en muchos casos para incorporarlos a la “civilización”.¹⁵

¿Qué se ha escrito sobre la política de integración en el ámbito académico? En primer lugar, aparece en estudios socioeconómicos de la década de 1940 y en investigaciones sobre los mames realizadas veinte años más tarde. En segundo lugar, se menciona en trabajos más recientes, en los que su impronta fue capturada a través de las memorias de los ancianos. Por último, se halla en los escritos de algunos cronistas y en unas cuantas tesis de posgrado.

Inicio este recorrido con el estudio de Moisés de la Peña, quien fue contratado por el gobierno de Chiapas a finales de los años cuarenta para investigar las condiciones sociales y el medio físico de la entidad. El resultado fue el libro titulado Chiapas económico, en el cual se refirió en pocas líneas a la campaña de integración. Peña la calificó de ineficaz, ya que los indígenas aprovecharon los pantalones de mezclilla que las autoridades y los finqueros del Soconusco les otorgaron para canjearlos por botellas de aguardiente en las cantinas.¹⁶ Lustros más tarde, en los años sesenta, la política de integración volvió a ser citada. Esta vez por los antropólogos que recorrieron la Sierra Madre de Chiapas.

Andrés Medina indicó que la población de Mariscal fue afectada de manera drástica por las medidas exageradas que el gobernador adoptó para “suprimir materialmente la cultura indígena”.¹⁷ Desde su perspectiva, con éstas trataron de distinguir a los indígenas mexicanos que poseían el derecho a tierras de los guatemaltecos que no lo tenían. Y habló también de la prisión, las multas y las palizas públicas que sufrieron quienes se negaron a despojarse de su vestimenta étnica. Esto provocó que la discriminación del indígena se exacerbara, sobre todo, en los poblados donde residían también ladinos. Relatos similares escuchó Carlos Navarrete en sus conversaciones con los ancianos de la Sierra Madre, quienes le contaron que el maxtate —la prenda masculina— fue abandonado cuando el gobierno ordenó que se “remitieran a la capital del estado muestras del ropaje típico del lugar”.¹⁸

En síntesis, los antropólogos citaron en sus obras las acciones impositivas amparadas en la campaña de integración de los años treinta. Pero explicaron que el proceso de mestizaje que se gestaba en la región respondía también a otros factores. Ricardo Pozas, por ejemplo, observó que los mames aprendían el castellano en las fincas del Soconusco para usarlo luego en sus actividades comerciales por los pueblos aledaños.¹⁹ Sin duda, estos trabajos abrieron brecha en el estudio de los indígenas de la Sierra Madre de Chiapas, captando sus vivencias a través del lente etnográfico. Una metodología que siguió empleándose para estudiar lo que provocó la iniciativa de Grajales en otros parajes del estado.

A inicios de este siglo, se publicó el libro de Rosalva A. Hernández, La otra frontera, el cual se ha convertido en la referencia de muchos investigadores que tocan tangencialmente la política de integración.²⁰ La autora dio un par de pasos más con respecto a los antropólogos de los años sesenta. En su obra, la disposición fue inscrita en el proyecto indigenista que se desarrollaba en México desde la década de 1920, y su aplicación en la frontera con Guatemala fue interpretada como un intento por demarcar los límites de la nación. A nivel de contenido, Hernández expone las memorias que recabó en la selva de las Margaritas y la Sierra Madre durante los años noventa. Y aunque utilizó ciertos archivos para contextualizar las vivencias, al final prevaleció el propósito que estableció en el primer capítulo de su libro: “aproximarse a la manera en que los mames contemporáneos imaginan su pasado”.²¹

Un objetivo similar fue trazado por Fernando Limón en su obra sobre la etnia Chuj.²² De hecho, al presentar las memorias de los moradores de Tziscao, aclaró que no buscaba un tratamiento historiográfico de éstas, sino acercarse a la manera en la cual este pueblo vive su historia. Y ahí, al calor de los relatos, los chujes recordaron la quema de trajes, la prohibición de su lengua y al gobernador Grajales. La lectura de Limón coincide con la de Hernández: la demarcación cultural de la nación fue uno de los objetivos de la política de integración. Pero agregó un aspecto que me interesa traer a colación: la doble mexicanización encajada por los habitantes de la región fronteriza. Primero, como indígenas que debían ser incorporados a la civilización y, segundo, como extranjeros porque sus centros culturales estaban en la vecina República de Guatemala.

A los trabajos de Hernández y Limón les siguieron otros en los que se mostró también la impronta de esta medida. Sinue Fuentes recabó las memorias de los mames del Soconusco y Ulises Morales hizo lo mismo entre los cakchiqueles de Amatenango de la Frontera.²³ Por otra parte, destaca el manuscrito del cronista Ciro Castillo, un maestro rural que presenció la aplicación de la política de integración en Motozintla.²⁴ Finalmente, incluyo en esta revisión la tesis de Ulises Morales, quien empleó diferentes archivos para estudiar su implementación en el mismo pueblo que Castillo.²⁵ En rigor, este es el único trabajo forjado desde la disciplina histórica, y el primero en el cual se estudia el control de la mano de obra indígena de la región de los Altos de Chiapas, que también formó parte de la campaña indigenista sancionada por la administración de Grajales.

La distribución geográfica de las investigaciones efectuadas hasta la fecha sobre la campaña de integración en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala puede apreciarse en el mapa 1.

Como puede verse, la mayoría de los estudiosos han recurrido al ámbito de la memoria para abordar la política de integración. Sus aportes son sugerentes, pero considero que es momento de acercarse a esta medida con ayuda de los archivos. En este punto es preciso recordar que “no existen temas agotados sino formas agotadas de abordarlos”.²⁶ Desde luego, falta revisar varias aristas del indigenismo de Grajales, las cuales, a un siglo de distancia, adquieren mayor nitidez con las fuentes primarias.²⁷ A continuación, en procura de este objetivo, expondré lo que sucedía en la frontera sur de México cuando se dictó la política de integración.

Mapa 1.   Las pesquisas sobre la campaña de integración 

El problema guatemalteco de la frontera sur

Gonzalo Robles, un destacado funcionario de los gobiernos posrevolucionarios, redactó un memorándum en 1932.²⁸ Su título explica la formulación de una serie de sugerencias al final del documento: “El problema guatemalteco de la frontera sur”. Al parecer, éste fue enviado a la región para conocer in situ las condiciones laborales y educativas. Una vez en Chiapas, visitó algunas fincas, examinó informes oficiales y conversó con los presidentes municipales. Robles indicó en su memorándum que 40 000 guatemaltecos residían en dicho estado, sobre todo en el Soconusco y Mariscal, y que la mayoría carecía de documento alguno para probar su nacionalidad. Pero esto no era todo. Cada año miles de indígenas guatemaltecos cruzaban de forma ilegal la frontera para tapiscar el café chiapaneco. “Ávidos de mejorar sus ínfimos jornales en papel cachucho y huyendo de un sistema de peonaje más primitivo y quizá más severo”.²⁹

La corrupción de los agentes migratorios, la pasividad de las autoridades locales ante la inmigración y el hacinamiento en el que los braceros vivían impresionaron a Robles. Cada actor de la región parecía llevar agua a su molino sin pensar en las consecuencias. Incluyendo a los terratenientes, quienes recibían gustosos a las familias “procedentes de un país poblado, empobrecido y con un régimen político sin orientaciones sociales”.³⁰

No obstante, esta situación distaba de ser novedosa en los años treinta, como el mismo Robles indicó en su memorándum. Para nadie era un secreto que el gobierno de Porfirio Díaz fomentó la inmigración guatemalteca por la necesidad de brazos en las fincas del Soconusco. Todos sabían que éstos se habían convertido en un factor elemental de la economía cafetalera. Y, aun así, con estos antecedentes, cabe preguntar: ¿por qué su presencia en la frontera sur de México fue analizada como un problema por funcionarios como Robles? Además, en un plano diacrónico, ¿cómo se configuró el escenario que éste observó en la frontera de Chiapas con Guatemala a principios de los años treinta?

En procura de las respuestas me remontaré algunas décadas para examinar el tema de la inmigración guatemalteca, y las medidas que el régimen posrevolucionario dictó para hacer efectivo el control territorial de la frontera sur. Esto me permitirá mostrar, por otra parte, lo que sucedía en esta región cuando la política de integración fue ejecutada. Es al calor de estos acontecimientos y procesos cuya sanción encuentra sentido. Es preciso tomar en cuenta que el gobierno de Grajales intentó aportar también a la solución del “problema guatemalteco”, aunque de una forma indirecta.

En septiembre de 1882, luego de fuertes tensiones diplomáticas, se firmó finalmente el Tratado de Límites entre México y Guatemala. Los presidentes de ambos países elogiaron la celebración de un acuerdo que alejaba la posibilidad de un conflicto bélico. Ante la mirada atenta del gobierno estadounidense, convocado sin éxito por los guatemaltecos a las rondas de negociación para que secundara sus reclamaciones sobre Chiapas, los tambores de guerra fueron sustituidos por los mapas. El gran perdedor en la delimitación fronteriza fue sin duda el gobierno guatemalteco. Sus representantes cedieron cerca de 27 949 kilómetros cuadrados y recibieron a cambio un aproximado de 3 105.³¹ Además de rescindir cualquier reclamación sobre Chiapas y el Soconusco.

De la noche a la mañana, 2 500 mexicanos quedaron del otro lado de la línea divisoria y 15 000 guatemaltecos en suelo vecino, la mayoría indígenas de las etnias Jakalteca, Mochó, Q’anjoba’l, Chuj, Cakchiquel y Mam. Por eso en el Tratado de Límites se incluyó un artículo, el quinto, en el que sus signatarios se comprometieron a respetar los bienes de esta población; instándolos, además, a definir su nacionalidad en un lapso de un año. Si este plazo finalizaba sin que externaran su decisión, serían tomados como nacionales de la otra parte contratante. La ruta por seguir era clara en el papel, pero en la práctica los vaivenes políticos de ambas naciones hicieron que los censos de población quedaran en el tintero. Ahí surgió entonces un limbo jurídico, vinculado a la nacionalidad de estos moradores. El cual incrementó de manera exponencial a finales del siglo XIX con el auge agroexportador del Soconusco.

Varios agricultores de origen alemán, estadounidense y español, entre otros, arribaron a esta región, atraídos por las exenciones arancelarias del gobierno mexicano y la promesa que ahí encontrarían abundantes brazos. El clima, la cercanía del mar y el bajísimo precio de las parcelas hacían del Soconusco un lugar inmejorable para hacer capital bajo el resguardo gubernamental. Entre los inversionistas hubo agentes de consorcios alemanes asentados en Guatemala, pero también aventureros que probaron suerte.³² La solvencia económica de unos y la incertidumbre de otros singularizó sus historias. Pero ambos compartieron la necesidad de trabajadores y la desazón al percatarse de que las tierras adquiridas estaban en una región escasamente poblada.

Para superar este escollo, las autoridades posaron su vista en la abundante población de los Altos de Chiapas. De inmediato, el gobernador de dicho estado, Emilio Rabasa, entabló forcejeos con la elite alteña para que los trabajadores se desplazaran al Soconusco.³³ Corrían los primeros años de la década de 1890. Mientras esto sucedía, los dueños de la primera ola de fincas cafetaleras habían echado mano de los indígenas provenientes de Guatemala y de los que habitaban la Sierra Madre. Así, cuando los alteños soltaron por fin a los indígenas de Chamula y Zinacantán, entre otros poblados aledaños, gran parte de los 21 000 trabajadores reportados en la cosecha de 1910 procedían del otro lado de la frontera.

El flujo de jornaleros guatemaltecos hacia las fincas del Soconusco fue constante en los primeros años del siglo XX. En 1935, cuando una Comisión Demográfica Intersecretarial aunaba esfuerzos para establecer la nacionalidad de los pobladores fronterizos, Jorge Ferretis, su primer jefe, calculó que cinco mil guatemaltecos cruzaban la línea divisoria anualmente. Según el personero, muchos evadían las deudas contraídas en las fincas de su país y el trabajo forzado impuesto por su gobierno. Pero todos aprovechaban la recepción que se les daba en Chiapas. “Los finqueros prefieren hoy a los guatemaltecos —escribió Ferretis— porque nada les cuesta traerlos, a diferencia de los chamulas, ya que se presentan de manera espontánea y no originan dificultad alguna en su calidad de asalaiados que no saben protestar”.³⁴

Ferretis acertó al describir la actitud de los finqueros ante la “inmigración golondrina” —término que usó en su informe—, pero como personero recién llegado a suelo chiapaneco, omitió citar en su informe que la línea fronteriza fue trazada en una región que los jakaltecas, chujes y mames, entre otros, transitaban desde tiempos inveterados.³⁵ Esto explica la pericia con la que sorteaban las pocas garitas de vigilancia instaladas en la frontera, y el asombro de los agentes de Migración al observar sus caravanas por los extravíos.

Miles de guatemaltecos emprendían cada año un largo viaje desde Huehuetenango y San Marcos, dinamizando así la economía del Soconusco, pero también agudizando el limbo jurídico de la frontera sur de México. En realidad, la cantidad de familias que establecían su residencia en Chiapas una vez concluida la cosecha del café era un enigma. Y para controlar esta situación, los funcionarios mexicanos sugirieron reducir paulatinamente la inmigración vecina, sin afectar a los finqueros, y agilizar la labor de la Comisión Demográfica. Con estas acciones buscaron ordenar la región y quitarles suelo a dos denuncias que se presentaban con frecuencia desde los años veinte: la adjudicación de tierras por parte de los guatemaltecos y su participación en la política municipal de Chiapas.

A finales de 1934, el secretario general de la Liga de Obreros y Campesinos de Pueblo Nuevo se dirigió a las autoridades de migración para pedirles que deportaran a unos “súbditos guatemaltecos” que participaban en política con el apoyo del presidente municipal de dicha localidad.³⁶ Meses más tarde, líderes de la Liga Radical Socialista de Escuintla denunciaron que sus socios sufrían “molestias porque se les considera como extranjeros por falta de reglas claras para precisar su nacionalidad”.³⁷ Por último, otra acusación de este tipo fue formulada en Cacahuatán. Ahí, algunos vecinos señalaron en una misiva al presidente de la República, Abelardo Rodríguez, que Plutarco Córdova y otros guatemaltecos habían entrado ilegalmente al país y formaban parte del comité municipal del Partido Nacional Revolucionario (PNR), “a ciencia y paciencia de las autoridades locales”.³⁸

Mientras estas cartas llegaban a las oficinas gubernamentales, otras que involucraban a supuestos guatemaltecos fueron escritas desde la frontera. En éstas el acento fue puesto en la adjudicación ilegal de tierras. Es preciso recordar que el uso de la tierra sufrió alteraciones en México desde la década de 1910, cuando los gobiernos revolucionarios se dieron a la tarea de dotársela o restituírsela a las comunidades. En Chiapas, los pobladores de la Sierra Madre y del Soconusco permanecieron muy activos en este renglón.³⁹ Provocando en ocasiones los reclamos airados de los terratenientes.

Así lo hizo Enrique Braun en dos telegramas que envió al presidente Lázaro Cárdenas en 1935.⁴⁰ Ahí denunció que las autoridades de Cacahuatán apoyaban a unos guatemaltecos ilegales que, fingiendo ser ejidatarios, exigían tierras que él tenía en producción. Por eso instó al gobernante a ignorar falsas quejas y le solicitó que ordenara una investigación exhaustiva para repeler lo que describió como una “invasión extranjera”. El mismo año, los agentes de Migración hicieron también su parte. En los archivos aparecen las huellas de sus recorridos por los poblados fronterizos, donde intimidaron a quienes solicitaban tierras. Al extremo de manifestarles “que los hijos de guatemaltecos nacidos en la República no son mexicanos y que tienen que salir del país a fines de marzo”.⁴¹

La amenaza de los agentes estaba basada en la Ley de Migración de 1926: la primera que el régimen posrevolucionario sancionó en la materia y a la cual le confirieron un carácter restrictivo. En sus artículos se estableció, por ejemplo, la selección de los flujos migratorios para evitar la degeneración racial y cultural de los mexicanos, la obligatoriedad del registro de los inmigrantes y la facultad de las autoridades migratorias para prohibir temporalmente el ingreso de trabajadores extranjeros cuando los empleos escasearan en México.⁴² Una vez aprobada esta normativa, el gobierno federal giró su vista hacia la “desamparada frontera del Suchiate”, como la tildó Andrés Landa y Piña.⁴³ Fue así como personeros de diversas carteras visitaron la región, sugiriendo en sus informes redoblar la seguridad fronteriza, hacer cumplir la Ley Federal del Trabajo y deportar a los guatemaltecos ilegales. Estas acciones cobraron relevancia en 1930, cuando los precios del café en el mercado internacional decayeron.

Como sucedió en otras regiones de América Latina, los cafeticultores del Soconusco trasladaron los costos de la crisis económica a los trabajadores: disminuyendo sus salarios y exigiéndoles mayor productividad. Además, muchos despidieron a sus mozos y redujeron el número de jornaleros que empleaban en la temporada de cosecha. Así sucedió en la finca San Juan de las Chicharras, donde su propietario prescindió de los 200 o 300 jornaleros que solía contratar para quedarse con 25 en 1930.⁴⁴ Estas iniciativas sembraron pobreza en la región y libraron a los finqueros de la inversión del enganche. Pero también provocaron que algunas personas descargaran su frustración en los vecinos.

En los años treinta, aparecieron en los periódicos mexicanos diversas notas en las que se denunció la ilegalidad de los guatemaltecos y se exhortaba a las autoridades a deportarlos. En La Prensa señalaron que éstos, la mayoría con apellidos maya-quiché, entraban a Chiapas por extravíos y desplazaban a los mexicanos de los empleos.⁴⁵ Mientras que en el Excélsiorindicaron que el 90% de los pobladores de Comalapa, Mazapa de Madero y El Pacayal eran guatemaltecos ilegales que, con el apoyo del gobierno estatal, organizaban “comités agrarios para robarle la tierra a los mexicanos”.⁴⁶ Por último, un articulista se lamentó en un periódico chiapaneco de que en esta entidad se preservaran las costumbres centroamericanas e invitó a mexicanizarlo. Para lograrlo, propuso trazar líneas ferroviarias que unieran a este estado del sureste con el resto de México, expulsar de la escuela al “dómine cachuco” e inyectar sangre de otras regiones.⁴⁷

Es preciso aclarar que la última propuesta tenía un largo recorrido en México, aunque en los años treinta albergaba una novedad: las expectativas estaban puestas en los mexicanos que eran expulsados de Estados Unidos, no en los europeos como aconteció en el siglo XIX. En ambas coyunturas el objetivo era el mismo, inyectar sangre de otras regiones para civilizar a la población, y el gobierno federal aunó esfuerzos para hacerlos realidad.⁴⁸ En Chiapas, este entusiasmo fue plasmado en un periódico afín a Grajales, en el cual aplaudieron la iniciativa de instalar en el estado a los compatriotas que habían sorteado duras pruebas en el extranjero y que portaban nuevas costumbres. “Desde el punto de vista étnico —afirmaron— su llegada resolvería también el difícil problema de incorporar al indio a la cultura, pues si bien es cierto que el maestro existe, su obra es lenta, mientras que la del repatriado es, relativamente, rápida y poco costosa”.⁴⁹

Pues bien, es momento de atar cabos para avanzar en la exposición. El escenario que Gonzalo Robles describió en su memorándum empezó a configurarse a finales del siglo XIX, entre censos de población irrealizados y la inmigración de miles de guatemaltecos requeridos en la pujante industria agroexportadora del Soconusco. No obstante, su incursión y residencia ilegal en la frontera sur de México fueron interpretados como un problema por los personeros federales hasta en los años treinta. Cuando aunaban esfuerzos para institucionalizar la agenda revolucionaria en Chiapas. Esta visión fue compartida por algunos sectores de la sociedad chiapaneca, los cuales, bajo los efectos de la crisis económica de 1929, denunciaron que los guatemaltecos, o supuestos individuos de esta nacionalidad, desplazaban a los mexicanos de sus empleos y gozaban ilegalmente de la política social de la Revolución.

En resumen, diferentes iniciativas para ordenar la frontera sur fueron implementadas en la primera mitad de la década de 1930. Incluyendo pláticas con el gobierno guatemalteco y la creación de una Comisión Demográfica Intersecretarial. Y aunque los finqueros pidieron mesura en el ordenamiento, los funcionarios pretendían cerrar las válvulas de la inmigración guatemalteca y cubrir su espacio con indígenas de los Altos de Chiapas.⁵⁰ El reto que tenían por delante era complejo. Por eso concurrieron en la frontera representantes de las secretarías de Educación, Relaciones Exteriores, Gobernación y del Departamento Autónoma Agrario, entre otras. En definitiva, en el “problema guatemalteco” latían otros aspectos inscritos en su agenda, como el poblacional, el agrario y el indígena. ¿Cuánto se había avanzado en este último terreno a mediados de los años treinta en Chiapas? En la respuesta de este interrogante se encuentra uno de los factores que propiciaron la política indigenista de la administración Grajales, así como el talante coercitivo que la caracterizó en algunas regiones.

Civilizar por medio del vestido

A finales de 1934, Victórico Grajales asistió al Congreso del Estado de Chiapas a rendir su tercer informe de gobierno. Ahí habló de las finanzas públicas, de la campaña antialcohólica y, por supuesto, de los avances registrados en “materia indígena”.⁵¹ El gobernador aprovechó el estrado para destacar la creación del Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena, dirigido por Eraclio Zepeda Lara, y la apertura de sus delegaciones en Motozintla, Comitán y Ciudad Las Casas. Asimismo, ponderó la labor de sus delegados en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, la promoción del sindicalismo, la supervisión de los anticipos monetarios que los enganchadores otorgaban a los indígenas y la sustitución de los contratos individuales por los colectivos. “El gobierno ha adquirido el absoluto control sobre el trabajo indígena, impidiendo los posibles abusos y explotaciones de los patronos”, expresó Grajales. Y con el mismo optimismo anunció la creación de un fondo por medio del cual habían vestido con overoles de mezclilla a más de 500 indígenas.

Con la creación del Departamento de Acción Social, Grajales siguió los pasos de sus antecesores en la regulación laboral y el control de la mano de obra indígena.⁵² Los impuestos generados por estas acciones continuaron nutriendo las arcas públicas y se dictaron medidas para que los jornaleros recibieran un trato digno en las fincas. Sin embargo, Grajales innovó también en la materia. Revistió esta política con el discurso indigenista y usó los recursos del Departamento de Acción Social para llevar su campaña antialcohólica y de desfanatización religiosa a los parajes más alejados de la metrópoli chiapaneca. En junio de 1935, el delegado del Departamento en Motozintla, José Villalobos, le informó a su jefe que habían celebrado el primer sábado cultural en dicho municipio. Eraclio Zepeda aplaudió la iniciativa, pero le solicitó que “todos los números que en ella se desarrollen (discursos, conferencias, comedias, etc.) tengan una definida orientación revolucionaria, emprendiendo con energía una campaña de desfanatización, antialcohólica y de protección a la clase trabajadora”.⁵³

Mientras Villalobos atendía la sugerencia de su superior, incluyendo una charla sobre la desfanatización religiosa en el tercer sábado cultural de Motozintla, el Comité Pro-Vestido del Alumno Indígena, cuyo presidente era el mismo Grajales, repartía camisas, vestidos para niñas y pantalones de dril en las escuelas de Simojovel, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Las Casas, Tila y Palenque. La primera entrega se efectuó en los actos conmemorativos de la Revolución mexicana, el 20 de noviembre de 1934, destacando de esta forma el interés de los gobiernos emanados de esta gesta por los indígenas. Así lo manifestó el gobernador en una convención masónica celebrada en la capital chiapaneca en 1936. En su discurso, agradeció a las logias que colaboraron para elaborar el nuevo atuendo de los indígenas, y explicó que los vestían como ellos para que, “olvidándose de su melancolía ancestral y desaparecida la barrera que parecía insuperable, ocupen un plano muy superior al que tenían”.⁵⁴

La política indigenista siguió en marcha con el dinero que recaudaron varios sectores del partido oficial, como el Bloque de Mujeres de Acción Revolucionaria, y la venta forzosa de distintivos del Comité Pro-Vestido efectuada por comerciantes, presidentes municipales, maestros y hasta los integrantes de la Asociación de Cafeteros. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Muchas veces los distintivos no se vendían en su totalidad, por lo que Grajales instó a sus subalternos a que realizaran veladas u otras actividades, advirtiéndoles que no aceptaba devoluciones.⁵⁵ Ante estos esfuerzos surge una pregunta que aún luce en el tintero: ¿por qué el gobierno de Grajales sancionó una política de integración a mediados de los años treinta? La respuesta frente a un escenario complejo es multicausal. A continuación, examinaré cuatro factores que, desde mi perspectiva, incidieron en esta decisión. Debo aclarar que el orden de exposición no implica prelación alguna.

Primero. La campaña indigenista de Grajales respondió al ambiente redentorista que resurgió en México tras la fase armada de la Revolución. Este fue impulsado por el proyecto integracionista que el régimen posrevolucionario aplicó para formar “un nuevo nacionalismo, que conjuntara a la dispersa población de México en una sólida unión patriótica”, como bien lo indicó Alan Knight.⁵⁶ Por eso no fue extraño que el gobernador chiapaneco aludiera en su discurso al compromiso que los gobiernos revolucionarios tenían de librar a los indígenas de su pasividad y apatía. Y menos que los cuadros y autoridades del partido oficial contribuyeran para lograr este objetivo.⁵⁷ En tal sentido, la repartición de overoles y pantalones de mezclilla entre los indígenas que vivían en Chiapas encajó en el proyecto federal de forjar una nación homogénea, y con la labor que los maestros realizaban sin mucho éxito en la entidad.

Segundo. La política de integración tuvo cabida en Chiapas, en 1934, ante los magros resultados que habían obtenido en este estado las misiones culturales y otros programas de la Secretaría de Educación Pública. ⁵⁸Ahí descubrió Grajales una oportunidad para legitimarse en el poder, presumir el indigenismo de su gestión y salir al paso de las críticas que encajaba por la precariedad laboral de los indígenas.⁵⁹ Desde inicios de los años veinte, los empleados de la Secretaría de Educación pisaron suelo chiapaneco con la pedagogía activa entre manos y la misión de erigir nuevas escuelas. Pero se toparon con una realidad adversa. Las carencias formativas de los profesores, los presupuestos insuficientes, la indiferencia de los pobladores y la oposición de los finqueros esculpieron los obstáculos de esta cartera en el Chiapas rural e indígena. Y ahí donde la persuasión de los maestros no rindió los frutos deseados, cobraron fuerza las medidas coercitivas para incorporar a los indígenas a la “civilización”.

Tercero. La campaña de integración se dictó también, en 1934, para controlar la mano de obra indígena, protegerlos de los abusos de los enganchadores y finqueros —sin afectar las relaciones con el capital— y paliar el inveterado problema de los adelantos no redimidos por los trabajadores en las fincas. En el archivo del Departamento de Acción Social se hallan amonestaciones a los habilitadores por evadir los puestos de control con sus cuadrillas y hasta multas a los finqueros por recibir braceros sin el contrato respectivo. Pero también la amenaza de los terratenientes de suspender el enganche en regiones como Mariscal, y las acciones que los empleados del Departamento desarrollaron para evitar su concreción. “Estoy forjando un proyecto que beneficiará considerablemente a los trabajadores—externó a su jefe el delegado de Motozintla— y resolverá al mismo tiempo el problema eterno creado en esta zona por las cuentas viejas de los peones”.⁶⁰ Cuarto. Al considerar el ordenamiento de la frontera de Chiapas con Guatemala que el gobierno federal efectuaba en los años treinta y el ambiente que esto había propiciado en la región, es posible sostener que la política de integración constituyó también una respuesta al “problema guatemalteco”. Como se lee en los informes del delegado del Departamento de Acción Social en Motozintla, la presencia de los vecinos también fue vista como un problema a nivel estatal. Un problema en el que tenían gran dosis de culpa las autoridades municipales, las cuales involucraban a los extranjeros en las disputas políticas. “Esta zona está invadida de guatemaltecos —afirmó el delegado— y es ilegal su estancia en el país. Y a pesar de esto, logran permanecer recibiendo indebidamente los beneficios de la Revolución”.⁶¹

La consonancia de las palabras del delegado con los informes de funcionarios como Gonzalo Robles es llamativa. Y aunque no hallé ninguna prueba de una cooperación directa o carta de entendimiento entre las instancias federales y estatales en este ámbito, es evidente por las memorias de sus pobladores que la administración de Grajales pretendió mexicanizar la frontera. Con la repartición de overoles y pantalones de mezclilla, el gobernador puso su grano de arena para diferenciar a los indígenas mexicanos de los guatemaltecos, justo cuando muchos de ellos sacaban provecho de las facilidades que les daba la Comisión Demográfica Intersecretarial para regularizar su estatus migratorio.⁶² Así, el gobierno estatal contribuyó a la doble integración que éstos debían vivir para sumarse a la “civilización”: como indígenas y como etnias que se consideraban extranjeras.

Y es ahí, precisamente, en ese intento de mexicanizar la frontera con Guatemala, que la política de integración adquirió sus tintes más coercitivos, como indicaron los académicos que recorrieron la región en los años sesenta y los pobladores que la recordaron o escucharon: “Hubo un gobierno que convino con los maestros que se prohibiera a los niños hablar mam, tokiol—relató un anciano de El Porvenir en 1994—. Cuando los niños estaban hablando sus idiomas, se levantaban los maestros y los ponían a castigar, y les decían que no hablaran eso, porque si seguían hablando los iban a mandar a Guatemala”.⁶³ Las amenazas de los maestros fueron acompañadas por palizas públicas, encarcelamientos y quemas de trajes a manos de los empleados municipales. En esta región, cualquier recurso resultó válido para suprimir las culturas indígenas que se tenían por guatemaltecas.

Ante esta situación cabe entonces preguntarse ¿por qué se aplicó tanta violencia contra esta población? Rosalva Hernández señaló que la campaña de integración fue especialmente rígida en la región fronteriza porque cumplió la función política de demarcar los límites de la nación. Las lenguas que sus habitantes hablaban como el jakalteca, mam y q’anjoba’l eran consideradas de origen guatemalteco y, a diferencia de los idiomas de los Altos de Chiapas, “no solo representaban un retraso cultural, sino también antinacionalismo”.⁶⁴ La respuesta de Hernández me parece acertada porque expresa a cabalidad la justificación y la intención que el gobierno de Grajales tuvo al ejecutar la política de integración en estos parajes.

De hecho, en el periódico oficialista destacan ausencias que corroboran lo anterior. Al hablar de los chamulas, soques y lacandones se refirieron a ellos como “nuestros indios” y “nuestros soques”, agregando también que tenían pleno derecho a llamarse chiapanecos y a ser considerados mexicanos.⁶⁵ Asimismo, lamentaron las condiciones inhumanas a las que habían sido sometidos durante años: “con el fardo a la espalda y la mente en las tinieblas”, y elogiaron la campaña pro-vestido del alumno indígena.⁶⁶ Ahí no hubo espacio para las etnias que vivían en la frontera con Guatemala. Tampoco en la feria comercial de invierno celebrada en Tuxtla Gutiérrez a finales de 1934, en la que un grupo de lacandones deslumbró al público con sus vestidos. Y menos en el acto propagandístico celebrado en Ciudad Las Casas en 1934, al que asistió Grajales junto a las autoridades del PNR para repartirle a los alumnos indígenas de los Altos la indumentaria recién confeccionada.⁶⁷

Definitivamente, este paternalismo que los seguidores del gobernador aplaudieron en los rotativos lució ausente en la Sierra Madre, el Soconusco y La Trinitaria. Y para que esto sucediera, para que la coerción desplazara la entrega pública de vestimenta, influyó también el ambiente que imperó en dicha región durante los años treinta. Como expuse en el apartado anterior, los esfuerzos del gobierno federal de ordenar la frontera sur suscitaron acusaciones entre vecinos o enemigos políticos que acabaron en varios casos en deportaciones arbitrarias. El pecado era ser guatemalteco y la indefensión estaba asegurada por la falta de documentos para refutarlo. De hecho, muchos de los acusados apelaron al presidente de la República para que los agentes de Migración dejaran de acosarlos o le concediera el ingreso al país de algún expulsado.⁶⁸ Pero también afloraron denuncias en las que le pidieron al presidente una limpia de guatemaltecos con una sugerencia puntual: “que no se les permita obtener la nacionalidad mexicana. Así, se le dará trabajo a los peones mexicanos que carecen de sustento”.⁶⁹

En medio de este ambiente fueron desarrolladas las acciones del gobierno de Chiapas por demarcar los límites de la nación mexicana. Sus acciones, desde luego, quedaron inscritas en la memoria de los chujes, mames y jakaltecas, pero también es cierto que éstas se apegaron y respondieron al sentimiento antiguatemalteco que se había disparado en la región fronteriza tras la crisis económica de 1929. De esta forma, si el paternalismo hacia los indígenas de los Altos era conveniente para disipar las críticas que sus condiciones laborales habían suscitado, la violencia resultó idónea para atender el clamor de aquellos que exigían frenar la “invasión guatemalteca” en la frontera sur de México. Con la incineración de trajes y la prohibición de las lenguas que consideraban guatemaltecas, la administración de Grajales intentó cortar los lazos culturales de una población que fue dividida artificialmente por una frontera. Lazos que interpelaron en muchas ocasiones los límites que se quisieron imponer.

Conclusiones

La gestión de Grajales fue afectada por un movimiento nacional que se le escapó de las manos al jefe máximo de la Revolución: el cardenismo. En 1934 el gobernador apoyó al candidato presidencial en su gira por Chiapas, pero después, cuando los desacuerdos entre Cárdenas y Calles subieron de tono, su relación se volvió agria. Pesó entonces la adscripción callista de Grajales, pero también la animadversión de antiguos aliados que vieron en este escenario una oportunidad para derrocarlo.⁷⁰ “Firme en la amistad, terco en la acción y vertical en la idea, como lo describió José Casahonda, el gobernador reprimió a sus adversarios políticos y al sindicalismo independiente a un costo oneroso.⁷¹ Su persecución y la detención de algunos de ellos salpicaron las páginas de la prensa nacional, brindándole a Cárdenas una justificación inmejorable para intervenir en Chiapas.

En abril de 1936, mientras elegían al candidato del PNR a la gubernatura de Chiapas, la embestida federal cobró fuerza. Una comisión formada por representantes de la Secretaría de Economía y el Departamento del Trabajo se instaló en Ciudad Las Casas para investigar las condiciones laborales de los indígenas. Su misión, encomendada por el propio Cárdenas, cuestionó el trabajo del Departamento de Acción Social; y sus hallazgos, filtrados a la prensa nacional, desautorizaron el indigenismo de Grajales.⁷² Después del estudio, el Departamento de Asuntos Indígenas, creado en diciembre de 1935, tomó las riendas de la cuestión indígena en Chiapas. En adelante, sería el encargado de la contratación temporal de los trabajadores en las fincas cafetaleras y el responsable de velar por sus derechos.⁷³

Según Thomas Benjamin, la intervención del Departamento de Asuntos Indígenas fue un acto político; formó parte de una campaña de los enemigos de Grajales para destituirlo.⁷⁴ Y en efecto, los sucesos que se generaron desde 1935 permiten sostener que éstos le tendieron varias trampas, en las que el gobernador cayó, pensando que podía resistir la presión federal. Finalmente, la trampa mortal apareció en 1936 con ocasión de los comicios para gobernador. Grajales desconoció el triunfo de Efraín Gutiérrez, precipitando la desaparición de poderes que sus adversarios habían buscado.

A pesar de este desenlace y de la corta duración de su gestión, Grajales impulsó una serie de medidas que tuvieron el respaldo de sectores de la sociedad civil y del partido oficial. Este fue el caso de la política de integración de 1934. Al llamado de civilizar a los indígenas por medio del vestido respondieron maestros, finqueros, masones, presidentes municipales y el Bloque de Mujeres Revolucionarias, adscritas al PNR. Vestir a los alumnos indígenas con pantalones de mezclilla fue la tarea que se propuso el gobernador, mientras el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena coordinaba esfuerzos para controlar la mano de obra que se desplazaba hacia las fincas del Soconusco.

Como expuse en páginas precedentes, la campaña indigenista de Grajales respondió al ambiente redentorista que imperaba en México desde la década de 1920, tuvo cabida por los problemas que la Secretaría de Educación Pública enfrentaba en Chiapas y su aplicación en la región fronteriza intentó solventar el llamado “problema guatemalteco”. En este renglón su participación fue de índole cultural. Así, mientras los agentes de Migración deportaban a supuestos guatemaltecos y el gobierno federal establecía la nacionalidad de los pobladores fronterizos, los maestros y las autoridades municipales obligaban a los mames, cakchiqueles y chujes a despojarse de sus trajes y dejar de hablar sus lenguas. Las autoridades federales y estatales persiguieron los mismos objetivos: mexicanizar la frontera sur y asegurar su control territorial y, a veces, coincidieron también en los métodos para alcanzarlos.

La política de integración abarcó a todos los indígenas de Chiapas, pero su concreción fue especialmente rígida en la frontera con Guatemala. Ahí sus aplicadores aprovecharon el ambiente que habían suscitado las deportaciones arbitrarias y el sentimiento antiguatemalteco para tratar de erradicar con lujo de violencia el continuo cultural entre México y Guatemala.⁷⁵ En este sentido, las etnias apostadas en la región fronteriza no ingresaron en la clasificación paternalista de “nuestros indios”, sino en la de foráneos que debían mexicanizarse para evitar represalias. La coerción desatada quedó inscrita en la memoria de estos pueblos, y el estudio del contexto en el que se generó ayuda a explicarla.