INTRODUCCIÓN

En septiembre de 1831, en un condado de la llanura costera de Virginia, el jornalero Clement Harvey fue llevado a juicio por haber apuñalado a un esclavo llamado Lewis. Harvey había detenido a Lewis al sospechar que se trataba de un esclavo fugitivo y, pese a que éste adujo que se encontraba ahí con el permiso de su amo, lo había hecho prisionero. La transcripción del juicio no deja completamente claros los detalles, pero el contexto general del incidente sugiere que Lewis, aunque no ofreció resistencia de manera abierta, debió sentirse agraviado al ser sometido por un blanco que no era su amo y que se tomaba la libertad de maltratarlo. La fricción fue inevitable y, quizá respondiendo a algún insulto o “insolencia” por parte de Lewis, Harvey perdió los estribos y lo agredió con un cuchillo, causándole heridas en la cara, el cuello y el pecho. Las lesiones no fueron muy serias, por lo que un grupo de 50 vecinos del condado envió una petición al gobernador del estado para solicitar un perdón, argumentando que Harvey había actuado con la intención de detener a un posible fugitivo (aunque a fin de cuentas se estableció que Lewis había dicho la verdad y contaba con el permiso de su amo para estar en ese lugar). La petición, sin embargo, fue rechazada por el Ejecutivo y Harvey fue enviado a la penitenciaría estatal a purgar una condena de dos años.¹

Este caso ilustra de manera elocuente una contradicción que se manifestaba con mucha frecuencia en la sociedad esclavista del sur de Estados Unidos: cualquier blanco, sin importar su condición social, podía asumir funciones de vigilancia sobre esclavos pertenecientes a otra persona. Es más, como veremos, la clase propietaria dependía de esta colaboración para mantener el control sobre la población esclavizada. Por otra parte, queda patente la disposición del aparato de justicia (y de sus agentes, casi todos ellos propietarios de esclavos) para evitar que cualquier blanco, especialmente de clase baja, asumiera esta función de manera irresponsable o con un celo excesivo, de tal forma que pudiera convertirse en una amenaza para la propiedad y los intereses de la clase dominante. Esta contradicción era reflejo de un problema fundamental de la sociedad sureña: el lugar de los blancos no-propietarios en una estructura social y política dominada por los poseedores de esclavos, quienes no sólo necesitaban de la colaboración de los primeros para mantener sus privilegios, sino que también basaban su legitimidad en el mantenimiento de un orden en el que los hombres y mujeres blancos, sin importar su posición social, debían estar siempre arriba de los negros. Para los blancos comunes, o no-propietarios, incidentes como el de Harvey causaban disonancia entre sus expectativas de sostener una relación de colaboración y respeto mutuo con la clase dominante, como miembros de la “raza superior” y agentes auxiliares para el control del esclavo, y una realidad más contradictoria en la que su intervención no siempre era bienvenida y podía provocar conflictos.² En este sentido, desde la perspectiva de aquellos que vivían en un orden diseñado para mantener los privilegios de los propietarios de esclavos, pero basado en lo que bien puede llamarse un “pacto racista” tácito, incidentes como el que hemos citado mostraban que los miembros de la élite no siempre cumplían su parte del trato.³

Este trabajo examina la relación problemática entre los blancos comunes y la clase propietaria; una relación cuyos conflictos revelaban las contradicciones de una sociedad basada simultáneamente en la esclavitud y en ideales de igualdad y en un sistema político participativo y abierto (para los hombres blancos). Como punto de observación para analizar este conflicto se han seleccionado algunos casos de crimen perpetrado por esclavos, en los que se pone de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de la colaboración de los no-propietarios en el mantenimiento del orden social y la sospecha simultánea de su desempeño en tareas de vigilancia y control, síntoma de una desconfianza más general y profunda con respecto a su lealtad a la esclavitud. El análisis de esos casos nos ofrece la oportunidad de observar las limitaciones del pacto racista y las visiones contrastantes que cada grupo tenía de él.

El conflicto social en el sur estadounidense ha sido materia de numerosos análisis y debates por parte de los historiadores. Con la excepción de un grupo reducido de académicos marxistas, quienes postulaban la existencia en el Sur de clases con intereses antagónicos,⁴ a partir de los años 70 la mayoría de los estudiosos ha coincidido en destacar el poder del racismo como un cemento que daba cohesión a la comunidad blanca y aminoraba las diferencias sociales. En esta visión, las divisiones en la sociedad sureña eran de carácter vertical, siguiendo la línea de separación racial, y no horizontal, en torno a fracturas de clase. En un trabajo pionero, George M. Fredrickson enfatizó la recompensa psicológica de pertenecer a la “raza superior”-pese a las disparidades de riqueza-y la promesa de un trato igualitario en virtud de ello como un factor decisivo en la estabilidad de la sociedad esclavista sureña.⁵ Poco después, el historiador Edmund Morgan postuló en un libro de gran influencia que la esclavitud había sido un factor crucial en el desarrollo del carácter incluyente y participativo de la política en Virginia desde el siglo XVIII. Según Morgan, desde finales del periodo colonial las élites habían dado su asentimiento a la extensión de derechos políticos y al desarrollo de una cultura política crecientemente igualitaria (y hasta populista) debido a que la presencia de esclavos negros aminoraba la fricción social entre los distintos grupos de la comunidad blanca. De este modo, la masa de desposeídos que en muchas sociedades constituyó un obstáculo significativo para el establecimiento de instituciones democráticas, en el caso del sur estadounidense eran de una raza diferente, estaban esclavizados, carecían de derechos y no formaban parte de la sociedad política.⁶

El trabajo de Morgan unió de manera coherente la vertiente analítica del racismo con la interpretación republicana del desarrollo político-ideológico estadounidense, la cual adquirió mucha influencia en los años 70 y 80.⁷ Según esta lectura, la esclavitud y el racismo potenciaron elementos de gran importancia en la cultura política republicana, tales como el temor obsesivo a la tiranía y a la pérdida de libertad e independencia (entendida como la capacidad de juicio y acción autónoma del ciudadano, garantizada por la propiedad de tierra). ¿Quiénes podían estar mejor situados para entender lo que significaba esta pérdida que aquellos que vivían en contacto directo con la esclavitud, el ejemplo más claro de la sujeción a un poder arbitrario? En el sur estadounidense, el énfasis republicano en la libertad y la independencia del ciudadano/propietario se combinó con la presencia de esclavos para acentuar el beneficio de pertenecer a la “raza superior” y fomentar la unión racial entre los blancos sin importar las diferencias materiales, todo ello con un efecto decisivo en la estabilidad social y en el carácter participativo y abierto de la actividad política. Este consenso basado en la raza y el republicanismo ha sido utilizado por muchos autores para explicar por qué la mayoría de blancos que no poseían esclavos estuvo dispuesta a pelear en las filas de la Confederación sureña durante la Guerra Civil.⁸

Pese a la indudable importancia del racismo en la sociedad esclavista sureña, la interpretación republicana hace un énfasis excesivo en el consenso y ha minimizado tanto las diferencias de clase como la diversidad de visiones sobre los procesos políticos.⁹ El punto de partida de este artículo es que las diferencias entre los poseedores y no poseedores de esclavos tenía un impacto significativo en las relaciones entre los grupos que componían la comunidad blanca. Sin embargo, no se trata simplemente de reconocer la importancia de la desigualdad e inferir de ella la existencia del conflicto. Es necesario ir más allá y ubicar este conflicto en la experiencia de los actores para apreciarlo en su justa dimensión. En las siguientes páginas se analiza una manifestación muy concreta de este antagonismo, a saber, el problema del control del esclavo y la manera en que cada grupo de la comunidad blanca entendía sus intereses y su “responsabilidad” en torno a ese control. Así, en lugar de entender el conflicto social como algo predeterminado por la desigualdad en la distribución de bienes, se realiza un intento por reconstruir una de las esferas en las que ese conflicto se representaba en forma tangible, y se observa cómo los sureños blancos, propietarios y no-propietarios, experimentaron esas fricciones.¹⁰

Si bien la evidencia utilizada proviene en su mayor parte del estado de Virginia, el análisis se considera ilustrativo de un problema general de la sociedad esclavista sureña. El Sur era diverso, pero la esclavitud era el elemento común de semejanza e identidad regional, y el problema del lugar del blanco no-propietario en una sociedad esclavista era compartido en prácticamente todos los estados meridionales.¹¹ Aunque en los escritos de políticos e intelectuales sureños es posible encontrar muestras abundantes de retórica que subrayaban la coincidencia de intereses entre los blancos comunes y los propietarios de esclavos, el hecho es que este discurso tan seguro y autocomplaciente en realidad reflejaba la sospecha constante y el temor al potencial de disidencia de los blancos que no poseían esclavos, y a que éstos no tuvieran la disposición ni la inclinación para defender la esclavitud en un momento en que las tensiones con el norte crecían y las críticas abolicionistas aumentaban en estridencia.¹²

Las fronteras cronológicas del estudio obedecen precisamente al surgimiento del abolicionismo radical a partir de 1830 y sus efectos como catalizador de una reacción defensiva, intransigente y cada vez más proesclavista por parte de los sureños hasta la antesala de la Guerra Civil en 1860. La clase propietaria sureña vivía asediada por el temor a la subversión, y no sólo la proveniente del exterior, sino también aquella que pudiera surgir de fuentes internas, y sus recelos sobre la deslealtad al régimen de parte de los blancos comunes se incrementó al paso que la posesión de esclavos se hizo más costosa y se concentró en un porcentaje cada vez más minoritario de la población blanca.¹³

Por otra parte, conviene subrayar que los blancos comunes estaban lejos de formar una clase homogénea, consciente de sí misma y con identidad de intereses, pues se trataba de un grupo de la población numeroso y complejo. Como mínimo, debe hacerse una distinción básica entre los granjeros independientes, propietarios de sus tierras (yeomen farmers), y los blancos pobres, cuyo distintivo era precisamente el carecer de propiedad, tanto de tierras como de esclavos. Esta diferencia básica admite, por supuesto, distinciones más finas. Los propietarios de dos o tres esclavos no calificaban automáticamente como parte de la élite, y es probable que su forma de vida no fuera muy diferente de la de sus vecinos más pobres. Es decir, la mera posesión de esclavos como un índice claro de pertenencia a una clase es muy debatible.¹⁴ Por otra parte, aunque los blancos pobres son asignados a esa categoría con base en su carencia de bienes, en muchos casos esta situación era transitoria (correspondiente a la juventud). Asimismo, debe tomarse en cuenta una caracterización adicional, según la cual se asociaba al blanco pobre con una serie de atributos y hábitos muy negativos, como la embriaguez frecuente, el gusto por los juegos de azar, la escasa disposición al trabajo sistemático, y la proclividad a la violencia, o incluso al crimen. Entre estos defectos también se señalaba a menudo la falta de recato para entrar en relaciones de amistad y convivencia con afroamericanos, ya fuesen libres o esclavos. Es decir, se marcaba una diferencia entre blancos de escasos recursos, pero “respetables” y un populacho que a más de pobre supuestamente era también licencioso y proclive a conductas peligrosas o antisociales.¹⁵ Tener en cuenta estas distinciones es importante para no caer en una visión simplista de la sociedad sureña. Con todo, sigue siendo válido abordar a los no-propietarios, o blancos comunes, como un grupo que, pese a una considerable diversidad interna, presentaba como elemento común el carecer de un beneficio económico directo en la esclavitud y el constituir en esa medida una preocupación para la élite.

Este análisis arroja luz sobre las contradicciones de una sociedad que para mantener su viabilidad requería de un consenso firme y amplio a favor de la esclavitud en toda la comunidad blanca, el cual se hizo cada vez más difícil de sostener en la medida en que el abolicionismo empezó a cobrar fuerza y beligerancia, haciendo de la esclavitud un blanco de críticas y cuestionamientos crecientemente negativos.

VIGILANCIA Y CONTROL

Desde el periodo colonial hasta la abolición de la esclavitud, la ley en los estados sureños permitía a todos los hombres blancos funciones de vigilancia y control sobre los negros que estuvieran fuera de su plantaciones.¹⁶ Esto obedecía a una necesidad práctica, puesto que ni el Estado ni los amos tenían la capacidad para mantener una vigilancia permanente sobre los esclavos; pero en parte también se debía, por un lado, al afán de obligar al esclavo a mostrar sumisión ante cualquier ciudadano blanco y, por el otro, a empoderar a la población blanca y hacer patente su superioridad sobre los esclavos, sin importar si eran miembros de la clase propietaria o no.

La vigilancia sobre el esclavo fue adquiriendo mayor formalidad con la organización de patrullas. En todos los estados del Sur, las patrullas (slave patrols) eran cuerpos locales de vigilancia nocturna para mantener el orden y asegurar el buen comportamiento de la población esclavizada. Estaban compuestas por los vecinos blancos, quienes eran reclutados de manera rotativa para este servicio por las autoridades locales. Los vecinos convocados por la corte local para esta tarea estaban obligados a desempeñarla, a cambio de una remuneración, y los evasores debían pagar una multa. Por ley, los esclavos que salían de sus plantaciones debían llevar un pase firmado por su dueño, especialmente si era de noche, de modo que las patrullas podían detener a los esclavos que andaban por los caminos o veredas y exigirles que mostraran dicho permiso. En caso de no portarlo, los esclavos eran detenidos y llevados ante un magistrado para que determinara el castigo que debía administrarse (aunque en Carolina del Sur el patrullero podía administrar directamente hasta 20 azotes al esclavo infractor). Asimismo, si detectaban actividades sospechosas, las patrullas podían entrar a las plantaciones y revisar las cabañas de los esclavos, o dispersar reuniones ilegales.¹⁷ Por ejemplo, la corte del condado de Princess Ann, Virginia, al comisionar a una patrulla en 1832, enumeraba sus tareas de esta manera: “Los autorizo y los designo ... para patrullar y visitar todos los alojamientos de negros y otros lugares sospechosos de dar cabida a reuniones ilegales de esclavos, y para detener a todos los que estén caminando de una plantación a otra por la noche y a llevarles ante el juez de paz más próximo para que se les dispense el tratamiento que marca la ley.”¹⁸

Las patrullas contaban con una comisión de la corte local para realizar sus tareas, pero la atribución de vigilancia y control por parte de todos los blancos permaneció vigente, y también la obligación para los esclavos de someterse a cualquier blanco. Esto se hace manifiesto si se consideran las leyes que castigaban a los negros por “usar lenguaje abusivo” o “levantar la mano” a cualquier persona blanca.¹⁹ El mensaje de las leyes era muy claro: sin rebasar ciertos límites, cualquier blanco tenía licencia para maltratar a un esclavo, y éste debía sufrir la agresión de manera pasiva. Más todavía, el testimonio de los esclavos no tenía validez legal. Esto es, ni los esclavos ni los negros libres podían dar testimonio contra personas blancas en ningún proceso judicial, lo cual sin duda protegía al blanco en sus funciones de vigilancia y reforzaba la obligación de sometimiento por parte de los esclavos, puesto que nunca podrían acusar a un blanco de agresiones o maltratos.²⁰

Estas leyes de ningún modo eran letra muerta. En la pequeña ciudad de Fredericksburg, de la cual se conserva el registro de la corte del alcalde (la corte de primera instancia para todos los delitos y faltas), encontramos evidencia escueta pero elocuente de la aplicación de estas normas: en septiembre de 1827, James Jackson, negro libre, fue llevado ante el alcalde por usar lenguaje abusivo e indecoroso contra la señora Francis Taylor, por lo que recibió 10 azotes. En agosto de 1830, un esclavo llamado Warner Parker fue detenido por usar “lenguaje insolente y abusivo” en contra de William Mills. Después de encontrarlo culpable, la corte ordenó que recibiera 20 azotes. Al recibirlos, Parker se comportó de manera “insolente” con el alguacil encargado de administrar el castigo, por lo que la corte ordenó que recibiera 19 latigazos adicionales. Algunos meses antes, David Donaldson acusó a la esclava Sarah Ann Hamm de usar “lenguaje insolente” contra su esposa. Hamm fue arrestada y se le impuso una pena de 10 azotes. La revisión del registro de la corte de 1826 a 1835 arroja 15 casos más en los que afroamericanos, tanto esclavizados como libres, recibieron castigo corporal por comportamiento insolente.²¹

En un incidente más serio, un hombre blanco llamado George Barrom hirió con un cuchillo a un negro libre como represalia por haber “insultado groseramente a su esposa.” Barrom fue llevado a juicio y sentenciado a dos años de cárcel. Sin embargo, el fiscal del juicio escribió al gobernador una petición de clemencia a favor de Barrom, en la cual adujo que la lesión sufrida por la víctima había sido leve y, sobre todo, que “considerando la posición peculiar de nuestra población de color y la política dura, pero necesaria, que dicha situación nos obliga a adoptar hacia ellos, si un hombre blanco recibiera un castigo tan ignominioso como el confinamiento en la penitenciaría” por una falta menor, “ello tendría una influencia peligrosa sobre nuestros negros.” El ejecutivo estatal probablemente estuvo de acuerdo, ya que otorgó a Barrom un perdón absoluto.²²

Estos casos dan muestra de la intervención de las instituciones para promover la supremacía racial y la solidaridad de la comunidad blanca. La “posición peculiar” de los negros obligaba a hacer concesiones a los blancos que se excedían en su colaboración para mantener a los negros “en su lugar”. Así, en no pocas ocasiones la élite y las instituciones seguían el “guion” establecido para mantener su legitimidad como los garantes del orden racial y social. Sin embargo, hay otros casos en los que se observan contradicciones y en donde quedan en evidencia las fisuras de clase: la desconfianza de la clase propietaria hacia los blancos no-propietarios por su tendencia a maltratar excesiva, y quizá gratuitamente, a los esclavos, o bien por asociarse con ellos para actividades ilícitas,²³ así como la demanda por parte de los blancos comunes (y sus aliados) de que la élite cumpliese con el pacto racista.

Analicemos un incidente ocurrido en el condado de Fairfax, cerca de la pequeña ciudad de Alexandria, cuando una patrulla y un grupo de esclavos tuvieron un choque con consecuencias desafortunadas. Los encuentros entre esclavos y patrulleros con frecuencia eran acompañados de abusos y del uso de violencia, pero generalmente las víctimas eran los esclavos. El episodio que analizaremos a continuación es notable porque sucedió exactamente lo contrario: los miembros de la patrulla fueron atacados por un grupo de esclavos.

En una noche invernal de 1840, la patrulla sorprendió a un grupo de esclavos transitando por un camino y les exigió el pase requerido por la ley. Los esclavos más jóvenes del grupo no llevaban el pase, y tampoco pudieron dar una explicación satisfactoria para estar fuera de sus plantaciones en ese lugar a mitad de la noche, de modo que fueron detenidos. La patrulla se llevó a los transgresores atados a sus cabalgaduras, mientras que los otros esclavos se quedaron mirando y, según el testimonio posterior de un patrullero, discutiendo algo acaloradamente. La patrulla continuó su ronda con normalidad hasta que, en un punto más avanzado del camino, los esclavos salieron sorpresivamente de los matorrales blandiendo palos y agredieron a los vigilantes para liberar a sus compañeros. Los patrulleros no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron apaleados hasta quedar fuera de combate. Stephen B. Jones, el capitán de la patrulla, logró escapar después de recibir algunos golpes y dejó a sus dos compañeros tendidos en el suelo, dándolos por muertos. En realidad, sólo estaban inconscientes y no habían recibido heridas de gravedad.²⁴

La transcripción del juicio no deja claro cómo se hicieron los arrestos posteriormente, pero los esclavos Spencer, Alfred, Henry, Taylor y Dennis fueron llevados a juicio por “agresión con intento de asesinato”. Poco después de iniciarse el juicio, el fiscal desistió en la presentación de cargos contra los últimos tres, cuyo involucramiento en la agresión contra los patrulleros no había podido probarse. En contraste, los testimonios confirmaron la culpabilidad de Spencer y Alfred. El patrullero Stephen B. Jones testificó que durante la refriega Spencer le había dicho “¡Voy a matarte, maldito seas!” lo cual probablemente fue decisivo para el veredicto de culpabilidad. Al cabo del proceso, Spencer y Alfred fueron condenados a muerte por el ataque a la patrulla, agravado con intento de asesinato.²⁵

El final del juicio fue apenas el principio de una controversia muy intensa en la comunidad. Pronto se formaron dos bandos entre los vecinos del condado: uno a favor de que la sentencia de muerte se llevara a efecto con toda rigurosidad, y otro que pugnó por obtener del gobernador del estado una conmutación de la pena a Alfred y Spencer.²⁶ En esta polémica comunitaria, el tema del desempeño habitual de las patrullas fue central. Un elemento que militaba a favor de Alfred y Spencer era el de la frecuente arbitrariedad y violencia con que se conducían los patrulleros. Este era un tema bien conocido por las élites sureñas. Como ya se apuntó, el testimonio dejado por esclavos sugiere que sus encuentros con las patrullas a menudo eran violentos. En Virginia, la ley dictaba que los patrulleros no podían aplicar castigo físico a los esclavos aprehendidos durante sus rondas sin la orden de un magistrado, pero el testimonio dejado por los esclavos sugiere que esto no se cumplía en los hechos.²⁷ En una carta dirigida al gobernador del estado, George Mason, hombre prominente de la localidad, mencionaba que en el condado circulaban rumores en el sentido de que los patrulleros habían sido especialmente duros con Spencer, Alfred y sus compañeros, lo cual favorecía la campaña de los que pugnaban por la conmutación de la sentencia. En virtud de ello, Mason, quien se convirtió en el defensor más esforzado de la política de severidad, se sintió obligado a mencionar al gobernador que los tres integrantes de la patrulla eran hombres de bien y que el capitán, en particular (Stephen B. Jones), era un hombre inteligente, recto y de buena posición.²⁸ Asimismo, en el legajo que concentra el grueso de los documentos relativos a este caso, se encuentra la trascripción de una breve entrevista con uno de los miembros de la patrulla, en la que, entre otras preguntas, se le interrogaba sobre cuántos esclavos había detenido durante sus rondas, y a cuántos de ellos había aplicado castigo físico directamente, es decir, sin haberlos llevado ante un magistrado, como dictaba la ley. El patrullero respondió que sólo había cometido esta falta en dos ocasiones, y lo justificó aduciendo que en ambos casos lo había hecho en la presencia y con el consentimiento de los amos, quienes habían preferido este procedimiento en vez de permitir que sus esclavos fueran conducidos a una distancia de varias millas solo para llegar ante un juez de paz.²⁹

Si bien ninguna de las peticiones de clemencia al gobernador hacía acusaciones de brutalidad por parte de la patrulla de manera explícita, la existencia de estos documentos indica que el caso se desarrolló en un contexto en el que los abusos eran frecuentes, y por tanto muy creíbles; en el que la precaria condición social de los patrulleros era una percepción común, y en el que estas circunstancias podían utilizarse como atenuantes de una resistencia violenta por parte de los esclavos. Y es que existe evidencia considerable de la inconformidad de los propietarios de esclavos con respecto a las funciones de las patrullas. Las opiniones de antiguos esclavos que fueron entrevistados durante los años 30 del siglo XX dejan claro el temor y repudio hacia las patrullas, y también que, desde su punto de vista, una de las características que distinguían a un “buen” amo era mantener lejos a las patrullas y no permitir que estas entraran a las plantaciones y a sus cabañas, o interrumpieran sus reuniones religiosas o actividades festivas. Dueños y esclavos por igual lamentaban los abusos de los que eran objeto aquellos sirvientes que tenían esposas e hijos en otras plantaciones, y que a causa de ello tenían que desplazarse los fines de semana para estar con sus familias, generalmente con la anuencia del amo, pero no siempre portando el pase de rigor, debido a la frecuencia de los viajes. Este tipo de problemas era tan frecuente que, para evitarlos, la corte del condado de Princess Anne emitió una orden a sus patrullas en 1841 para que no detuvieran esclavos en visitas conyugales, aún si no portaban el pase. De este modo, la propia corte pedía a los vigilantes que no cumplieran la ley a cabalidad para evitar conflictos.³⁰ En el mismo sentido, en una carta a uno de sus vecinos, a cuya plantación uno de sus sirvientes viajaba todas las semanas para ver a su esposa, el plantador James C. Bailey pedía que lo protegiera de los abusos de “un cierto tipo de personas que se autonombran patrulleros”. El tono peyorativo de la referencia a los encargados de mantener el control sobre los esclavos era muy claro.³¹

A lo anterior se añadía la percepción, bastante común entre los miembros de la clase propietaria, de la baja condición social de la mayor parte de los patrulleros, la cual supuestamente explicaba su resentimiento en contra de los propietarios y su proclividad a tratar a los esclavos con violencia.³² “Desde que era niño,” decía un propietario,

he sabido que era una práctica común el nombrar [para las patrullas] a la chusma de más baja ralea de la sociedad, los ociosos, insensibles y brutales “pobres blancos,” inferiores al negro en muchas cualidades, aunque lo desprecien y se vanaglorien de esta clase de autoridad militar temporal que los viste, y aprovechando la ocasión para hacer una fiesta, sus bajas pasiones agitadas por la bebida, maltratan al tranquilo e inofensivo negro ... Por mi parte, puedo decir con sinceridad que prefiero correr el riesgo de una insurrección-a menos de que tuviera indicios muy confiables de que una va a ocurrir-a que estas pandillas visiten mi propiedad.³³

Si bien se detecta cierta exageración en este dicho, esta caracterización era un resumen apto de la percepción generalizada de las patrullas. El record de atropellos, en combinación con esta percepción, podían tomarse como atenuantes de la falta cometida por los esclavos, lo cual, si se conmutaba la sentencia de los esclavos, tendría implicaciones graves y hasta subversivas desde el punto de vista de los que pugnaban por el castigo más riguroso para Alfred y Spencer. “[S]oportar que estos rebeldes ... queden sin castigo,” sostenían en una de sus peticiones al gobernador, “no sólo es desalentar, sino para todo efecto práctico destruir la policía en esta parte del estado... [pues si no se castigaba a Spencer y a Alfred] nunca podremos esperar que nuestras patrullas presten su servicio con buena disposición ... ¿No preferirán pagar sus multas a sufrir la indignidad de incurrir los peligros de un servicio en el que su vigilancia y su sangre han sido recompensadas de esta manera?”³⁴ Los propugnadores de la severidad sabían que una sociedad esclavista no podría sostenerse si se permitía a los esclavos retar la autoridad de las patrullas y agredirlas. La colaboración entusiasta de los blancos no-propietarios en el control de los esclavos tenía que basarse en el pacto racista, aún si se daban ciertos abusos.

No debe pensarse que estos debates en el seno de las comunidades eran auténticas contiendas entre bandos de clase bien definidos. El activismo a favor, o en contra de un acusado-la redacción de una petición bien argumentada y su circulación entre vecinos influyentes para recabar sus firmas- inevitablemente hacía necesaria la intervención de miembros de la élite local. Lo anterior resulta evidente al considerar que George Mason, descendiente de una familia rica y de gran prestigio, asumió la defensa del desempeño de los patrulleros. Aquí lo que debe resaltarse son los intereses sociales que cada bando favorecía. Los que pugnaban por la ejecución de las sentencias presuponían la necesidad de sostener la autoridad de las patrullas y de que sus miembros desempeñaran sus tareas de control sobre los esclavos con libertad y dejando claro que los blancos mandaban. Por otra parte, tampoco debe entenderse que los blancos comunes eran siempre, o necesariamente, los más interesados en la severidad. En todos los casos que se abordan en este artículo encontramos escenarios comunitarios complejos, en los que las redes locales de parentesco o amistad, dependencia, y todo tipo de relaciones intervenían para determinar quién merecía apoyo y quién no; quién debía ser castigado severamente y quién no. La aplicación de la ley y del castigo en el sur esclavista, y ciertamente en Virginia, seguía una lógica local y comunitaria, con un margen amplio de discrecionalidad para las autoridades.³⁵ Con todo, es posible detectar un importante factor de clase en el carácter del debate y la argumentación de cada bando, en la cual también se aprecian las visiones contradictorias del pacto racista.

Los vecinos que trataban de salvar de la horca a Spencer y a Alfred no defendían los intereses económicos de la élite de manera directa, pero no deja de ser significativo que la gran mayoría de los jueces de paz del condado- invariablemente miembros de la clase propietaria-hayan aceptado sumar sus firmas a las peticiones.³⁶ Estas se basaban en el hecho de que ninguno de los patrulleros había muerto, y en que el ataque a la patrulla de ningún modo podría considerarse como un intento deliberado de asesinato, pues había sido meramente una acción para rescatar a sus compañeros. Además, consideraban importante señalar que los esclavos se encontraban muy cerca del lindero de la granja de su propietario. Por ende, el ataque no había sido producto de “reflexión y deliberación fría, sino consecuencia de una excitación repentina.”³⁷

El tema de la “excitación repentina” como posible condición atenuante del ataque a la patrulla es digno de análisis. Como ya se mencionó, la ley castigaba a los esclavos que se atrevían a levantar la mano contra una persona blanca, y en general se esperaba que el esclavo mantuviera una disposición sumisa, incluso ante abusos y provocaciones. Thomas R. R. Cobb, destacado jurista y autor de un influyente tratado sobre la ley de la esclavitud, lo decía de esta manera: “La subordinación por parte del esclavo es absolutamente necesaria, no sólo para la existencia de la institución, sino también para la paz de la comunidad. ... Por lo tanto, la regla que justifica al hombre libre cuando repele la fuerza por la fuerza, no se aplica al esclavo,” a menos de que éste estuviese respondiendo a una amenaza patente contra su vida. Sin embargo, tomando en cuenta la “fragilidad humana,” continuaba Cobb, “si las pasiones del esclavo fuesen excitadas hasta la violencia por la inhumanidad de su amo u otros, la ofensa [que cometa] será atenuada.”³⁸

De este modo, la posibilidad de la defensa propia estaba prevista en casos extremos, pero la reacción violenta ante provocaciones que no llegaban a representar una amenaza real a la vida o la integridad física del esclavo quedaba en un terreno muy incierto, pues no había ninguna claridad en cuanto a qué clase de agresión constituiría una razón suficiente para que un esclavo reaccionara con violencia, sobre todo si se consideraba su “degradada posición social.” Esto es, para adquirir peso legal, la provocación debía ser por necesidad de mayor magnitud de lo que sería tomado en cuenta en el caso de una persona blanca, puesto que el esclavo, por su condición, no tenía honor que cuidar y estaba mucho más acostumbrado a las humillaciones y al maltrato físico.³⁹ En un caso muy ilustrativo sobre esta cuestión, en Carolina del Norte, el esclavo Caesar mató a un hombre blanco y obtuvo una reducción del cargo de homicidio a homicidio involuntario (manslaughter). Caesar y otro esclavo se encontraban conversando en un campo cuando fueron abordados por dos hombres blancos en estado de ebriedad, quienes, haciéndose pasar por patrulleros, empezaron hostigarlos y a golpearlos levemente. Poco después, se les unió otro esclavo, amigo de Caesar, a quien los blancos también empezaron a hostigar, reiterando su pretensión de ser patrulleros. Cuando los blancos incrementaron la magnitud de los golpes a uno de sus camaradas, Caesar exclamó: “¡no puedo soportar esto!,” y tomando el travesaño de una cerca que había en aquel sitio, se lanzó contra los dos blancos para defender a su amigo. Dio un golpe con el madero a cada uno de ellos y los dejó tirados en el suelo. Uno de los blancos murió pocas horas después a consecuencia del golpe. La corte de circuito declaró a Caesar culpable de homicidio y lo condenó a muerte, pero la defensa presentó una apelación y el caso llegó al Tribunal Superior del estado. En un fallo controvertido, la corte concedió a Caesar un nuevo juicio, en el que se le encontró culpable sólo de homicidio involuntario y se le castigó sólo con una marca en el pulgar.⁴⁰ Este resultado fue producto de varias circunstancias, pero entre ellas cabe destacar la baja condición social de los hombres que lo atacaron a él y a sus amigos: un par de blancos pobres, en estado de ebriedad y pretendiendo, además, ser patrulleros para justificar su intimidación y abuso. También vale la pena resaltar es el reconocimiento legal de la provocación como atenuante: “La provocación fue agraviosa; el golpe fue infligido con el primer objeto del que [Caesar] pudo echar mano, no hubo más que un golpe y este debe atribuirse no a la malicia, sino a un impulso generoso, excitado al presenciar las lesiones hechas a un amigo.”⁴¹

En Virginia el sistema penal no otorgaba a los esclavos convictos el derecho de apelar a tribunales superiores. Por ello, el único recurso para los esclavos condenados a muerte era una conmutación de la sentencia por parte del ejecutivo estatal-precisamente lo que muchos vecinos de Fairfax estaban solicitando para Alfred y Spencer. Sin embargo, por ley el Ejecutivo estaba obligado a revisar todas las sentencias de pena de muerte, y en ese escrutinio se sopesaban las circunstancias de cada caso.⁴² Existen varios ejemplos de casos en los que esa revisión tomó en cuenta provocaciones y otras circunstancias que atenuaban la responsabilidad de los esclavos en actos violentos. En el condado de Pittsylvania, por ejemplo, en 1835, un esclavo fue llevado a juicio por matar a un hombre blanco en una situación bastante similar a la de Caesar. Un hombre blanco de apellido Crittenden, después de haber bebido en abundancia durante una reunión de la milicia del condado, sin motivo aparente empezó a intimidar y a golpear con un palo al esclavo Jere. La transcripción del juicio no narra con claridad cómo ocurrió el incidente, pero el hecho es que Jere logró arrebatar el palo a Crittenden y empezó a golpearlo con él, fracturándole el cráneo y causándole la muerte. La corte local lo encontró culpable de homicidio y lo condenó a muerte. El Ejecutivo, sin embargo, decidió conmutar su sentencia, muy probablemente debido a que Jere había respondido a la provocación de un bravucón borracho.⁴³

Tanto en el caso de Jere como en el de Caesar, los abusos habían provenido de hombres blancos cuya autoridad sobre los esclavos radicaba sólo en el color de la piel. Se trataba, además, de individuos de baja condición y en estado de ebriedad, que habían abusado de las atribuciones de vigilancia que les otorgaba la ley como hombres blancos, lo cual sin duda tuvo que ver con que sus acciones hayan sido consideradas como provocaciones con efecto legal. En el caso de la patrulla de Fairfax, empero, las víctimas, y “provocadores” del incidente eran personas comisionadas oficialmente para aplicar la ley, y se encontraban en el desempeño de sus funciones. Esta era una diferencia fundamental. De ahí que la petición para que la sentencia se llevara a efecto hiciera hincapié en la necesidad de poner un ejemplo, pues la conmutación sería como “ofrecer un premio a la repetición” de este tipo de ofensas. “El ejemplo, el preventivo más eficiente de crímenes como éste, es especialmente necesario en esta agitada frontera de Virginia, donde, a la vista del Capitolio de los Estados Unidos, nuestros esclavos están escuchando doctrinas abolicionistas y la negación de [nuestra] autoridad desde los mismos salones del Congreso.”⁴⁴ En el mismo sentido, otros ciudadanos del condado, también partidarios de la severidad, preguntaban retóricamente al gobernador: “¿Qué es más importante, la seguridad de los blancos, o la vida de estos negros tan justamente condenados.”⁴⁵

¿QUIÉN MERECE LA PROTECCIÓN DE LA LEY?

La frase que cierra la sección anterior expresa de manera sucinta y clara las expectativas de al menos buena parte de la comunidad blanca sobre las funciones de la ley y de la autoridad pública. La prioridad debía tenerla la seguridad de los blancos, y los desafíos a esa seguridad por parte de los esclavos debían ser castigados con todo rigor. Las autoridades, sin embargo, no siempre actuaban con esta prioridad en mente. Podemos encontrar una ilustración clara de lo anterior en los resultados de algunos casos de violación, o intento de violación, a mujeres blancas presuntamente perpetrados por esclavos. La protección a las mujeres blancas de cualquier amenaza de esta naturaleza era importante social y simbólicamente, y en esa medida el castigo era especialmente severo: según el código, tanto la violación como su intento eran punibles con la muerte cuando el responsable era un esclavo. Veremos que el desenlace en este tipo de incidentes podría ser muy diferente.⁴⁶

En mayo de 1830, Patrick, un afroamericano esclavizado, fue declarado culpable de intento de violación. La víctima era Delila Fleeman, una joven blanca que trabajaba como empleada doméstica en la casa de la familia Clift, propietaria de Patrick. Según la acusación, Patrick había aprovechado la ausencia de los Clift para llevar a cabo su intento. La corte se basó exclusiva- mente en la acusación de la víctima para llegar a un veredicto de culpabilidad y sentenciar a Patrick a la horca. Sin embargo, la corte también recomendó al convicto para recibir clemencia por parte del Ejecutivo. El motivo de la recomendación fue que los magistrados habían escuchado “reportes injuriosos al carácter” de Fleeman. Más todavía, la señora Clift declaró que el día de los hechos había encontrado a Fleeman completamente borracha, y afirmó que al menos en una ocasión previa la había sorprendido en una actitud de excesiva “familiaridad” con el acusado. Este testimonio fue suficiente para restar crédito al dicho de la víctima. La implicación era que quizá Fleeman no había rechazado de manera tajante el asedio sexual de Patrick, o que incluso se había dado con su consentimiento. Ya sin certeza sobre la culpabilidad de Patrick, el gobernador siguió la recomendación de la corte y conmutó su sentencia a transportación y venta fuera del país.⁴⁷

Fleeman era una mujer soltera y, tal como lo sugiere su ocupación, también pobre. Mujeres como ella, sin redes de apoyo familiar, sin hermanos o padres preocupados por mantener la reputación familiar y, sobre todo, con antecedentes de comportamiento sexual “inapropiado,” no tenían ninguna certeza de obtener resarcimiento mediante el proceso judicial.⁴⁸

No obstante, el resultado podía ser muy diferente cuando la víctima era de la clase propietaria y contaba con una red vigorosa de apoyo familiar. El siguiente caso ofrece un buen ejemplo. En octubre de 1839, el esclavo Henry fue encontrado culpable de intento de violación a una mujer blanca en la corte del condado de Orange. Henry también había recibido la recomendación de la corte a la clemencia del Ejecutivo, con base en su juventud, buen comportamiento previo, y también debido a que las circunstancias dejaban muy dudosa su culpabilidad. La víctima, Catherine Reynolds, estaba impedida mentalmente (la transcripción del juicio se refiere a ella como una “lunática”), al grado de que su testimonio fue excluido de los procedimientos. La fiscalía basó su caso en el testimonio del hijo de la víctima y de un vecino que pasaba casualmente por el lugar de los hechos. Estos testigos afirmaron haber escuchado los gritos de resistencia de la víctima y al acudir supuestamente habían encontrado a Henry en flagrancia. El propio Henry, sin embargo, quien era propiedad de una familia vecina de la víctima, adujo que había visto a la víctima caminando por el campo y que, al tanto de su estado mental, había corrido tras ella para llevarla de vuelta a su casa. Cuando trató de conducirla de regreso, la Sra. Reynolds se resistió y se dejó caer al suelo. Henry trató de levantarla, pero al tirar de sus brazos perdió el equilibrio y cayó sobre ella. El hijo de la víctima y el vecino llegaron en ese momento y malinterpretaron la situación. Según el abogado defensor de Henry, ellos habían exagerado la evidencia y agregado cosas que simplemente no eran ciertas, como que al momento de socorrer a la víctima ésta tenía el vestido subido hasta la cintura.⁴⁹

El gobernador del estado recibió una petición a favor de Henry en la que se hacía referencia a varias fallas importantes del proceso y se le exhortaba a conmutar la sentencia a transportación. Después de todo, señalaba James B. Moore, el remitente de esta misiva, la propia corte había hecho una recomendación unánime para que Henry recibiera la clemencia del Ejecutivo estatal.⁵⁰ El Ejecutivo seguramente hubiera accedido de no ser por el envío de una contrapetición en la que un grupo de vecinos, encabezados por el hijo de la víctima, reclamaba con tono grave la aplicación de la sentencia de muerte: “Los que suscriben piden de la manera más sincera a su excelencia que no suspenda por más tiempo” la ejecución “del esclavo llamado Henry...” Señalaban que éste había sido encontrado culpable después de un proceso justo y completamente legal, que la evidencia en su contra era sólida y clara, y remataban explicando:

“porque tenemos en tan alta consideración los derechos de las mujeres, creemos que debería hacerse un ejemplo público de los que actúan así. Tenemos madres, hermanas y esposas, a quienes deseamos proteger tanto como a todas las demás. Dejemos que este criminal sea indultado, y la siguiente mujer que sufra podría ser una de nuestros seres queridos. Una pariente podría ser forzada para gratificar a un bruto en forma humana. Por Dios, por las leyes, defienda nuestros derechos y aplique el merecido castigo a tales transgresores.”⁵¹

Después de recibir esta clara muestra de inconformidad de parte de un grupo de miembros de la comunidad, el gobernador decidió no intervenir y Henry fue llevado a la horca el 13 de febrero de 1840.

En este caso, Henry sufrió la pena de muerte pese a que su culpabilidad era sumamente dudosa. Regresando a la última frase de la sección anterior, esta vez la “seguridad” de los blancos sí fue el interés prioritario, no la vida de un esclavo. El activismo del hijo de la víctima, y el hecho de que ésta perteneciera a una familia de buena posición dentro de la comunidad sin duda fueron determinantes. Como vimos, el desenlace podía ser contrastante cuando la víctima era pobre y carecía de los vínculos familiares y comunitarios que pudieran marcar la diferencia.

Es importante recalcar que la pobreza no era el único factor. En un buen número de casos, esclavos convictos por violación sí fueron ejecutados pese a que las víctimas no pertenecían a la élite.⁵² En esos casos intervenía la reputación y el comportamiento de la víctima. Los blancos pobres generalmente tenían una interacción con los afrodescendientes que en algunos ámbitos se daba en un plano de igualdad relativa, y estos contactos podían abarcar un amplio rango de conductas y actividades, no sólo el trabajo, sino también la diversión y el juego, la bebida, e incluso relaciones sexuales. En este sentido, hombres y mujeres blancas de extracción humilde, si bien no exentos de racismo, debido a la marginalidad en la que vivían podían estar más libres de prejuicios y de la preocupación de mantener su estatus que los miembros de la clase alta o media, y en esa medida podrían convivir de manera más flexible con los afrodescendientes.⁵³ Para las mujeres, sin embargo, el riesgo de estos contactos era ser consideradas indignas de la protección de las leyes. La explicación por escrito dirigida al gobernador por parte de un jurado para justificar una petición de clemencia para Tasco Thompson, un negro libre acusado de violación en 1833, es sumamente elocuente para ilustrar lo anterior:

Es notorio que la madre de la víctima ha recibido negros [en su casa] por mucho tiempo y que todas sus asociaciones, salvo una o dos, son con negros. No hay duda de que el acusado fue a la casa de la Sra. Stevens, [madre de la víctima] creyendo que ella se sometería alegremente a sus abrazos, y que, al [no] encontrarla, pensó que sus abrazos serían igualmente agradables para la hija. Consideramos que la ley fue hecha para preservar la distinción que debería existir entre las dos clases de nuestra población y para proteger a los blancos en la posesión de su superioridad; pero aquí los blancos han cedido su derecho a la protección de la ley por sus asociaciones voluntarias con aquellos a quienes las leyes distingue como sus inferiores.⁵⁴

Si bien estos casos muestran de manera muy clara las fisuras de clase dentro de la comunidad blanca, tampoco hay que ignorar el factor de género, sobre todo el criterio discriminatorio para juzgar la conducta sexual: las mujeres no debían transgredir las barreras de raza y tener relaciones con hombres afroamericanos, o podían olvidarse de cualquier consideración como miembros de la raza superior (como dijera el mismo jurado citado arriba: en casos así, la diferencia con una violación a una mujer afroamericana era “solo de nombre”).⁵⁵ Los hombres, en contraste, y especialmente los de la clase propietaria, podían tener relaciones sexuales con mujeres afrodescendientes sin mucho riesgo.⁵⁶

Con todo, estos casos ponen de relieve las expectativas contradictorias del pacto racista por parte de la élite y los no-propietarios. Vale la pena enfatizar que no se trataba de la defensa de intereses materiales en el sentido más restringido del término. Los amos recibían una compensación del erario estatal por los esclavos de su propiedad que fueran condenados a muerte, ya fueran ejecutados o deportados. Es cierto que la valuación de los esclavos condenados en ocasiones no coincidía con el valor de mercado, pero la pérdida material no era muy significativa y no representaban una amenaza tan central a la propiedad.⁵⁷ Lo que interesa resaltar aquí es la relación problemática con los blancos comunes y la percepción que se tenía de ellos como poco confiables y vulnerables a la persuasión del abolicionismo, o a la “degradación” implícita en la fraternización con los esclavos y negros libres, lo cual podría llevarlos a simpatizar con ellos e ignorar sus obligaciones como miembros de la raza superior.⁵⁸ El régimen esclavista no podía permitirse las divisiones internas.

EL MEJOR SISTEMA DE GOBIERNO

La rebelión de Nat Turner de 1831 tuvo como consecuencia un intenso debate sobre el futuro de la esclavitud en la legislatura de Virginia, en el que un grupo de delegados manifestó opiniones en contra de la esclavitud y se mostró a favor de explorar la adopción de algún mecanismo de abolición gradual. La gran mayoría de las críticas que se escucharon en ese debate se dirigieron a resaltar los daños que la esclavitud causaba a la población blanca del estado. Uno de ellos, William Summers señaló que los no-propietarios de Virginia eran “sometidos a la más ultrajante injusticia.”

[Para] “prevenir, tanto como se pueda, los males de la insubordinación [de los esclavos], se han aprobado ... leyes de policía cuya ejecución, en su mayor parte, es arrojada sobre aquellos que no poseen ninguno de esta propiedad. En el carácter de patrulleros, se les hace desempeñar deberes onerosos y desagradables -no para protegerse ellos mismos y su propiedad, sino para proteger al dueño de esclavos en el disfrute de eso que, en el interés del no propietario, no debiera existir [la esclavitud].”⁵⁹

En un sentido similar, aunque desde la perspectiva de un acérrimo defensor de la esclavitud, George Fitzhugh, en uno de sus escritos polémicos apuntaba que los blancos pobres “constituyen nuestra milicia y nuestra policía ...” y hacen segura la “posesión de una clase de propiedad que no podría mantenerse por un día de no ser por la supervisión y protección de los pobres.” Sobra decir que esa “clase de propiedad” eran los esclavos.⁶⁰ Fitzhugh mencionaba esa dependencia del no-propietario para reclamar a los gobiernos de los estados sureños que nunca hubieran invertido mayores recursos en la creación de un sistema de educación que alcanzara a las clases pobres rurales, las cuales en general no tenían acceso a la enseñanza y por ende se mantenían en una situación de ignorancia. Según Fitzhugh, la educación pública no sería una dádiva para los pobres, pues ellos desempeñaban una labor indispensable para que los dueños de esclavos conservaran su propiedad.⁶¹

Para Summers, quien estaba en contra de la esclavitud y la consideraba un lastre para el progreso, que los blancos pobres tuvieran que encargarse de la vigilancia de los esclavos constituía una “injusticia,” en la medida que ellos no obtenían ningún beneficio de la esclavitud. Por el contrario, eran ellos los que sufrían de manera más aguda y directa sus efectos perniciosos en la economía sureña. Para Fitzhugh, quien creía que la esclavitud hacía del sur una mejor sociedad y una forma de civilización más perfecta que aquellas en las que imperaba el trabajo libre, la injusticia radicaba en no recompensar adecuadamente a los blancos pobres por el servicio que desempeñaban.

Implícitamente, los blancos comunes podrían darse cuenta de esa injusticia algún día y abstenerse de seguir colaborando en las funciones de vigilancia, o incluso aliarse con los abolicionistas norteños para provocar el desmantelamiento de la esclavitud. No obstante, si creyéramos las manifestaciones de muchos escritores y políticos sureños, los blancos pobres debían ser los primeros en apreciar su buena fortuna al vivir en una sociedad esclavista. “La esclavitud,” predicaba Joseph E. Brown, gobernador de Georgia, “es el mejor [sistema de] gobierno para el hombre pobre...” “[Él] no pertenece a la clase servil. El negro no es su igual en ningún sentido ... Él pertenece a la única verdadera aristocracia, la raza del hombre blanco.”⁶² Abel P. Upshur, destacado político virginiano, sostenía de manera similar que “[en el Sur] el esclavo es negro, y el hombre blanco nunca es esclavo ... Esta distinción está bien calculada para inspirar en el hombre blanco más humilde un alto sentido de su dignidad e importancia [...] No importa qué tan pobre, ignorante o miserable pueda ser, tiene la conciencia reconfortante de que hay una condición aún más baja a la que nunca será reducido.”⁶³ Asimismo, el senador por Mississippi, Albert G. Brown, decía que “en ningún lugar de esta ancha Unión, salvo en los estados esclavistas, hay una ejemplificación viva y animada del hermoso sentimiento de que todos los hombres son iguales. En el Sur todos los hombres [blancos] son iguales. Es la esclavitud la que los hace así.”⁶⁴

Pero no sólo era la libertad y la igualdad que les daba el color de la piel, sino también cuestiones de interés más concretas. En la opinión de J. D. B. de Bow, el editor de la influyente De Bow’s Review, no era necesario convencer a los blancos comunes de que la esclavitud los beneficiaba, ya que ellos estaban conscientes de sus intereses: el no-propietario aspiraba a convertirse en dueño de esclavos y lo haría en cuanto pudiera ahorrar lo suficiente. Gracias a ello lograría “aliviar a su esposa de las necesidades de la cocina y la lavandería, y a sus hijos de las labores del campo.” Más todavía, si algún día llegaba la emancipación de los esclavos, sólo las familias ricas serían capaces de emigrar y de evitar tanto la “degradante igualdad” con el negro como el caos social que inevitablemente sobrevendría. El no-propietario, en contraste, tendría que resignarse a vivir en una sociedad con una clase numerosa de libertos resentidos, quienes sin duda sobrevivirían a base de la rapiña y otros crímenes.⁶⁵ Daniel Hundley, autor de un famoso libro de comentario social, se unía a este coro: si la abolición de la esclavitud llegara a ocurrir, serían los no-propietarios los que tendrían que vivir en una sociedad abrumada por la anarquía y la “barbarie,” en la que los negros tendrían igualdad con sus esposas e hijos. Los blancos comunes nunca aceptarían esto, o “¿supone que no son seres racionales y reflexivos como usted?” preguntaba Hundley a un supuesto “negrófilo” del norte en un diálogo imaginario. De este modo, cualquier no-propietario con un mínimo de inteligencia estaría consciente de que sólo la esclavitud preservaba el orden social y la civilización.⁶⁶

Resulta irónico el hecho de que estos argumentos de supuesta armonía en la comunidad blanca llevaran la insinuación de una amenaza derivada directamente de la desigualdad social: de consumarse la abolición de la esclavitud, los ricos podrían escapar de un Sur sumido en el caos, mientras que los no-propietarios tendrían que permanecer y adaptarse a una supuesta pesadilla racial en la que una masa de desposeídos proclives al desorden y al crimen reclamaría igualdad de derechos. Asimismo, mientras más insistían los autores proesclavistas en la supuesta igualdad entre los blancos, más revelaban las distancias sociales que creaba la posesión de esclavos. Un buen ejemplo de ello se encuentra en Thomas R. Dew, quien declaraba orgullosamente que la elevada posición de la mujer en el Sur dependía de la esclavitud. Gracias a ella, sostenía Dew, la mujer sureña se había liberado de las duras labores del campo y se había convertido en un ejemplo de domesticidad, virtud y belleza-el ideal victoriano de la mujer.⁶⁷ Dew no se detuvo a pensar que su ejemplo excluía claramente a las mujeres blancas no-propietarias, quienes inevitablemente tenían que trabajar para que sus familias sobrevivieran.

Más todavía, a despecho de todas estas expresiones, las cuales estaban encaminadas a transmitir una seguridad imbatible sobre la lealtad de los no-propietarios al régimen esclavista, el hecho es que la élite política y económica de los estados sureños abrigaba serias preocupaciones sobre la posibilidad de que ese grupo de la sociedad pudiera mostrarse indiferente, o incluso colaborar con iniciativas dirigidas a destruir la esclavitud. El indicio más claro de ello fue el intento para reanudar y legalizar la importación de esclavos desde África. La participación de Estados Unidos en el comercio internacional de esclavos se había clausurado en 1807, cuando la legislatura federal aprobó una ley prohibiendo el tráfico de manera definitiva. A partir de ese momento, la notable expansión de la agricultura de plantación, caracterizada por el desplazamiento del centro de gravedad del sistema esclavista hacia las tierras del suroeste, dependió sobre todo de la trata doméstica y de una alta tasa de crecimiento natural de la población afroamericana esclavizada. Mediante el tráfico interno, entre 1815 y 1860 cerca de un millón de esclavos fueron objeto de una migración forzada de los estados de la costa atlántica y el sur superior hacia los estados del Golfo de México. Sin embargo, pese al crecimiento demográfico, la enorme demanda de fuerza de trabajo en los estados algodoneros causó que los precios de los esclavos fuesen cada vez más altos. El resultado fue una tendencia gradual hacia la concentración de la posesión de esclavos en una minoría, y que las aspiraciones de ascenso social de los blancos comunes a través de la adquisición de esclavos se hicieran cada vez más difíciles de alcanzar. Esta carestía progresiva no dejó de causar inquietud: en la opinión de muchos sureños, el privilegio de pertenecer a la “raza superior” no era suficiente, y sólo la comunidad de intereses materiales en torno a la posesión de esclavos garantizaría la estabilidad social y política a largo plazo, por lo que la creciente concentración de esta clase de propiedad en pocas manos constituía un riesgo patente.⁶⁸

Si bien la iniciativa de reapertura de la trata internacional recibió impulso también de otras preocupaciones políticas e ideológicas, tales como promover una ideología proesclavista radical y alimentar las aspiraciones secesionistas, el propósito de incrementar la oferta y bajar los precios de los esclavos para propiciar el aumento de la clase de propietarios fue un factor de importancia. En la óptica de sus propugnadores, sólo la reapertura eliminaría cualquier posibilidad de que los blancos comunes se convirtieran en disidentes.⁶⁹

Los problemas del control del esclavo ponían de manifiesto las relaciones conflictivas entre los blancos comunes y los propietarios. Por sí misma, esta conflictividad no representaba un portento de rebelión por parte de los no-propietarios.⁷⁰ Sin embargo, es un hecho que sí se intensificó la percepción de riesgo de los propietarios de esclavos sobre la amenaza que representaba una mayoría de blancos sin un interés tangible en la posesión de esclavos y, por ende, sin una motivación material que alimentara su lealtad y adhesión al régimen esclavista. La agudización de las fricciones ideológicas y políticas entre el Norte y el Sur sólo sirvió para exacerbar ese recelo. La élite propietaria vivía bajo un miedo constante de subversión interna y no sabía cómo asegurar el consenso social necesario para preservar la esclavitud. En una sociedad en la que la política estaba basada en ideales igualitarios, y en la que la participación estaba abierta a la mayoría de los varones blancos, los propietarios de esclavos necesitaban convencer, y convencerse ellos mismos, de que la esclavitud era benéfica para todos. A partir de la década de 1830, con el surgimiento del abolicionismo radical en el Norte, y la emancipación en el Imperio Británico y en otras naciones americanas, la esclavitud se convirtió en el blanco de cuestionamientos cada vez más intensos, y el pacto racista probó ser insuficiente para suavizar la desigualdad social y acallar las sospechas de la élite sobre la fidelidad de los no-propietarios al orden establecido, sobre todo debido a que la propiedad de esclavos se concentraba cada vez más en un porcentaje más minoritario de la población.

En última instancia, el dilema que enfrentaba la clase propietaria era irresoluble. Los esclavos no eran cualquier tipo de propiedad, eran una propiedad “peculiar,” que ofrecía resistencia, buscaba oportunidades para fugarse y en ocasiones se rebelaba. De ahí la necesidad de un consenso amplio de la mayoría blanca que garantizara su apoyo para mantener a los esclavos sometidos y bajo control. Tomando en cuenta las formas democráticas de participación política, los propietarios carecían de instrumentos para garantizar ese apoyo, salvo la persuasión. El único medio absolutamente seguro de evitar la subversión era fundar una nación independiente y dedicada a la preservación de la esclavitud. Ése fue el curso que tomaron los estados sureños en 1861. Conocemos bien cuáles fueron los resultados.