Introducción

En 1942, la participación activa de Estados Unidos en la segunda guerra mundial representó un cambio significativo para su organización económica interna, teniendo efectos directos en el proceso nacional de conversión industrial enfocado en las necesidades que demandaba el conflicto bélico (^{“Industrial mobilization of war. History of the War Production Board and predecessor agencies, 1940-1945,” 1947, p. 945}). A finales de ese mismo año, la Junta de Producción de Guerra (War Production Board), encabezada por la figura de Donald M. Nelson, asumía el mando total sobre la planificación productiva estadunidense, desplazando de ese modo las actividades de los distintos departamentos que tenían algún tipo de injerencia en relación con las actividades industriales de guerra. La necesidad de centralizar dichas actividades se debía en gran parte al programa acelerado de producción bélica establecido por el presidente Roosevelt y a la necesidad de establecer el control de las prioridades que demandaba dicho programa (^{Organización de la producción bélica, 1942}).

Una de estas prioridades fue la de la escasez y distribución de aquellas materias primas y recursos estratégicos que figuraron como una de las principales condiciones para la producción de pertrechos y artículos esenciales de guerra demandados por los aliados, y que serían destinados para los diferentes frentes de guerra en los cuales se desenvolvió el fenómeno de la segunda guerra mundial. El problema de la insuficiencia que se tenía sobre algunos materiales considerados como esenciales o estratégicos había llegado a tal extremo que inclusive se hizo necesaria la intervención, por parte de las instituciones estadunidenses, para llevar a cabo actividades de recolección y almacenamiento de desechos y pedacería de minerales tales como hierro, acero, cobre, níquel o estaño –por mencionar solo algunos–, con la finalidad de cubrir los requerimientos industriales del conflicto bélico.¹

Mediante órdenes de la propia Junta de Producción de Guerra, se llegó a prohibir el empleo de tales materiales en actividades económicas comunes, lo que hizo que las empresas estadunidenses recurrieran al uso de sustitutos en la producción de automóviles, motores, envases, entre otros artículos (^{Making America strong, critical materials conserved trough industrial research, 1941, p. 21}). En ese sentido, el mismo gobierno estadunidense llegó a considerar la prohibición del uso de un material como el cobre en la acuñación de monedas nacionales, con lo que hizo expresa además la suspensión de la utilización de este material en diferentes sectores industriales (^{El mercado de metales, 1942}). Aunado a ello, se sabía que las existencias y las reservas de este y otros minerales habían disminuido drásticamente al interior de Estados Unidos, debido a su uso acelerado, lo que suponía una amenaza para la propia seguridad de dicha nación y la de su producción industrial.

Ante este escenario, las autoridades estadunidenses encontraron en la región de América Latina, y especialmente en México, una salida para poder cubrir los requerimientos de aquellos recursos estratégicos que suponían un problema inmediato para sus objetivos. En ese sentido, el estudio que aquí se presenta, busca mostrar la relevancia del papel asumido por México en su constante relación con los intereses geopolíticos de Estados Unidos dentro de un contexto de carácter global, como lo fue la segunda guerra mundial. Si bien es cierto que el fenómeno mencionado comprende un periodo relativamente corto de tiempo, la investigación en el presente artículo considera las conexiones comerciales y políticas desde un marco temporal más amplio, a partir del estudio de la minería mexicana y de su relación con el comercio estadunidense. Los documentos empleados y obtenidos en el Archivo Histórico del Banco de México (ahbm) y el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (en adelante ahd-sre), en conjunto con los diferentes documentos consultados en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, figuran como la base expositiva del presente estudio, lo que permite englobar el problema planteado a través de los apartados expuestos.

De ese modo, el presente artículo parte de la justificación de adoptar un enfoque que se sitúe desde la perspectiva historiográfica de la historia global, para exponer un conflicto de carácter geopolítico como el que aquí se presenta. En segundo lugar, se aborda el problema de la escasez de los recursos naturales y de su distribución desigual global como factor histórico de los conflictos internacionales propios del siglo xx, para advertir de su condición estratégica y de las medidas que distintas naciones asumieron con la finalidad de satisfacer las demandas y exigencias que dichos recursos representaron en cuanto a sus intereses económicos y políticos. La tercera sección introduce las condiciones históricas de la minería en México, así como el contexto a partir del cual, tanto esta como las demás naciones del continente americano, se alinean a los intereses estadunidenses que surgen de la segunda guerra mundial, y que se expresan dentro de la llamada Conferencia de Río (Tercera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas). Por último, se lleva a cabo el estudio de la interconexión que se genera entre la minería mexicana y la posición geopolítica estadunidense durante el periodo del conflicto bélico a través de la exposición de las cadenas de mercancías de algunos de los recursos estratégicos que aquí se presentan. En esa medida, se busca mostrar las actividades económicas que implica el proceso de la producción de ciertos minerales estratégicos en el territorio mexicano hasta su comercialización. Lo anterior, a través de la investigación de las instancias que fungen como intermediarias, que desembocan finalmente en el consumo de los minerales y en su utilización en la industria de guerra estadunidense; misma que tendrá una función primaria en los diversos escenarios globales de conflicto bélico.

La historia global, la dimensión del espacio y la geopolítica

"Todas las historias son historias del presente", sentenciaba en algún momento el historiador Reinhart Koselleck. Bajo dicha premisa, ^{Koselleck (2001)} se refería al sentido a partir del cual el pasado es abordado en sus distintas actualizaciones, teniendo siempre como referencia un plano histórico que no puede excluir el presente que le da lugar, ni mucho menos el horizonte de expectativas que lo guía. De ese modo, Koselleck buscaba justificar la relación permanente que existe entre la actualidad del historiador y las preguntas e inquietudes que toda sociedad postula respecto de su pasado en un momento determinado. La reescritura de la historia, por ese motivo, se hace siempre necesaria, porque es el presente el que permite descubrir nuevos horizontes y problemas acerca de un mismo pasado, aun a pesar de que dicho pasado pueda considerarse de hecho como "conocido". Acaso esa fue la reflexión que suscitó el surgimiento de la historia global en tanto posibilidad emergente para actualizar la experiencia de un tiempo histórico nuevo que hoy en día se abre ante los ojos de los historiadores (^{Conrad, 2017}).

Con el final de la guerra fría y la extensión del fenómeno que hoy se problematiza en torno del concepto de globalización, la percepción sobre el mundo y las relaciones sociales que de ella se obtienen, generan la posibilidad de trascender el pasado más inmediato y las narrativas históricas de ahí surgidas (^{Levi, 2018}). El cambio en la percepción del tiempo vivido en tanto presente permanente (^{Hartog, 2007}) o como manifestación de su "aceleración" (^{Rosa, 2016}), así como la afirmación de un espacio que constantemente se "reduce" con relación a sus fronteras y a su propia especificidad, suponen desafíos para las categorías elementales de la historia y para la forma de producir un discurso histórico que debe adaptarse a tales circunstancias. En esa medida, este campo historiográfico se entiende en su sentido más elemental como un campo de análisis histórico en el que los fenómenos, sucesos y procesos sociales se sitúan en contextos de carácter global, lo que permite ampliar la riqueza de los enfoques y las metodologías mediante las cuales se pueden abordar los problemas que se insertan dentro de dicho margen (^{Gills y Thompson, 2006}).

No obstante, existen elementos compartidos que se expresan a través de la historia global que suponen la postulación de nuevas categorías sobre el tiempo y el espacio, y de cómo dichas categorías pueden ser abordadas en diversos problemas que acarrean contextos de integración que complejizan y enriquecen el estudio de la historia. Para el caso del espacio, existe dentro de la historia global una apertura que no se reduce a la idea de unidades territoriales compartimentadas e inflexibles –como es el caso del Estado-nación–, lo que da lugar a emplazamientos y ubicaciones diversas que suponen la idea de que el espacio no se encuentra de suyo "dado" o "acabado" (^{Osterhammel, 2015}). En ese sentido, los modelos de estudio de la historia global parten de entidades que se encuentran en constante cambio y que suponen una problematización en relación con el orden del territorio. De ahí que sea sugerente abarcar relaciones sociales, políticas y culturales cambiantes entre territorios, poblaciones e infraestructuras, que se circunscriben a un orden de tipo global, lo que permite considerar un nuevo concepto de espacio para la escritura de la historia (^{Conrad, 2017}).

Asimismo, la historia global propone la necesidad de relacionar los espacios con las interconexiones que se producen por las transferencias y flujos de bienes o cadenas de mercancías, información y poblaciones en torno de las relaciones constituidas alrededor de lo global, haciéndose visibles redes, constructos de poder, asimetrías y desigualdades estructurales entre actores, grupos e individuos que dan cuenta de una singular expresión del espacio que permite las relaciones e interconexiones sujetas a los cambios histórico-sociales (^{Middell y Naumann, 2010}). De ese modo, la noción del espacio dentro de la historia global es abordada metodológicamente desde la crítica de lo unitario y de su conservación; lo que implica ampliar las posibilidades y los márgenes explicativos de las diversas escalas del espacio y de su interconexión, lo que incluye el saber de la geopolítica como un enfoque propicio para dicho campo historiográfico.

Al asumir estos planteamientos, se debe considerar que el espacio interviene en las relaciones sociales propias de un determinado momento histórico, en sus modos de producción, en la organización y planificación del trabajo productivo, en el movimiento de los flujos de materias primas, energías y redes de distribución, así como en el transporte, el intercambio de bienes y saberes, y en la interrelación que se lleva a cabo entre instituciones, individuos y comunidades específicas a través de la producción y reproducción material de sus vidas. En esa medida, el concepto de espacio liga lo mental y lo cultural al igual que lo social y lo histórico. Pero, sobre todo, el concepto de espacio al partir ya de una idea de producción, liga finalmente, todos esos aspectos con el elemento de "lo político".

Es necesario considerar en esos términos que el concepto de producción "conlleva en sí el sello de la planificación, de la repetición, de la propiedad y la estrategia, lo cual quiere decir que existe una(s) intencionalidad(es) en el espacio" (^{Herrera, 2018, p. 32}). En ese mismo sentido, el espacio debe de considerarse como un elemento que no solo condiciona las relaciones sociales en torno de lo que se considera como político, sino que, al mismo tiempo, es lo político y las relaciones sociales las que influyen sobre el espacio y lo determinan, de lo cual se desprende la posibilidad de postular un concepto crítico sobre aquello que se considera como geopolítica.

El concepto de geopolítica que aquí se asume comprende por tanto "la dinámica de producción del espacio, de su instrumentalización y planificación", que conlleva a la noción de un espacio estratégico y dominante, que es al mismo tiempo "producto y productor de la reproducción social vigente" (^{Herrera, 2018, p. 34}). Pero al ser factor y causa de las relaciones sociales –debido a la propia condición del espacio–, y al estar inscrita en el ámbito de lo político, la geopolítica también debe considerarse desde su dinámica negativa y contradictoria, en tanto que abarca al espacio como un elemento en disputa, alejado de toda posibilidad de apropiación, control y dominio totalizantes. De ahí que con la geopolítica también se conciba la necesidad de considerar las relaciones sociales que se anteponen a aquellas que son dominantes y que se sujetan a la producción y reproducción material de la vida al interior de una sociedad histórico-concreta.

Por esa razón, el concepto de geopolítica que aquí se adopta en relación con la historia global, adquiere un sentido crítico que permite posicionarlo desde el ámbito de la "producción del espacio" (^{Lefebvre, 2013}). Su justificación teórico-crítica radica en su condición específica como cualidad histórica de la producción y reproducción social. Es decir, que el saber geopolítico se introduce desde su diferencia con la tradición, como aquel saber bajo el cual se "espacializan" los procesos histórico-sociales que en este caso son de corte global y que se profundizan en los órdenes de carácter político, económico, geográfico y cultural.

Esto implica asumir la noción de que el saber geopolítico se aleja de aquella condición donde el espacio se posiciona como un elemento permanente e inmutable. Por el contrario, la geopolítica en su sentido crítico debe partir desde la concepción del espacio como un elemento propicio e inherente al cambio. Pero al mismo tiempo, el espacio en la geopolítica deja por esa misma razón su dimensión unilateral, encontrando en su propia disputa diferentes dinámicas que son atravesadas por las relaciones sociales que irrumpen desde la producción y reproducción social. De ahí la justificación del presente trabajo, en tanto se considera la participación de México en su relación constante con la posición geopolítica estadunidense en un contexto de carácter global como el de la segunda guerra mundial. Esta relación entre la geopolítica y la historia global permite dar cuenta de cómo se espacializan los procesos de producción, comercialización y consumo de los recursos estratégicos que se producen en México y que demanda la industria de guerra estadunidense, mismos que son utilizados en los distintos frentes de la conflagración, situando dichos procesos dentro de un marco histórico de corte global.

Los recursos naturales en la dinámica geopolítica de la guerra

Al finalizar la primera guerra mundial, las potencias capitalistas centrales le concedieron relevancia al tema de las materias primas y recursos naturales que se requerían para la industria, ya que estos habían figurado como un factor vital para el primer conflicto bélico global de la historia. Muchos especialistas en el tema reconocieron que se requería implementar una política conjunta para tener un control administrativo sobre aquellos recursos naturales que pudieran implicar algún tipo de problema relativo a su desigual distribución (^{Eckes, 1979}).

Uno de los especialistas en el tema fue el geólogo estadunidense ^{Charles Leith (1930)}, quien había estudiado previamente algunas de las determinantes que hacían de los recursos naturales un factor esencial para ordenamiento del poder internacional, ya que estos, según sus conclusiones, se demandaban en grandes cantidades debido a su uso industrial y bélico. Pero su especificidad se encontraba en el enfoque geopolítico que introducía en su estudio, al reconocer la importancia que representaban los territorios potencialmente ricos en recursos naturales –se trate de colonias o países soberanos–, debido a su capacidad para proporcionarle a los grandes centros capitalistas las cantidades suficientes para ser utilizadas en un posible conflicto futuro (^{Álvarez, 2020, p. 72}). El enfoque de sus planteamientos se basaba en la importancia que podía adquirir el proceso de acumulación y almacenamiento de materias primas como un factor determinante dentro de cualquier escenario que pudiera poner en riesgo la seguridad de su país, incluido por supuesto el de la guerra (^{Leith, 1930}).

Sin embargo, el fenómeno mostrado por Leith solo pudo advertir la necesidad que se tuvo por introducir el problema de los recursos naturales y de su desigual distribución mundial como un tema constante dentro de la política estadunidense. Aunque ya se habían dado algunos debates al interior de Estados Unidos en torno al problema de los recursos naturales y de su posible escasez como tema de seguridad –principalmente de un recurso como el petróleo–, solo con el fenómeno de la primera guerra mundial fue como se construyó una verdadera política de conservación encaminada al control y administración de dichos recursos (^{Zimmermann, 1957}). Diferentes discusiones, además de la expuesta por Leith, fueron tomando lugar en la agenda política estadunidense debido a las lecciones que había dejado consigo la gran guerra (^{Edrainster, 1930}; ^{Heilperin, 1933}). En esa medida, se entendía la creación y el funcionamiento de instancias gubernamentales que se habían conformado como una respuesta ante tales problemas. Ese fue el caso de instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Oficina de Minas o la Sociedad Estadunidense de Minería y Metalurgia, mismas que tenían como función principal la administración sobre la producción y el resguardo de recursos naturales que se consideraban clave para la seguridad estadunidense (^{Eckes, 1979, p. 38}).

Asimismo, destaca la creación de instituciones como la Junta de Industrias de Guerra –conformada en 1917 como resultado de las exigencias de la primera guerra mundial– que debía suplir la demanda de los recursos naturales requeridos por el ejército y la marina estadunidenses (^{Chancerel, 2015}); o la Comisión de Asistencia de Minerales de Guerra –decretada en el Acta Nacional de Defensa Estadunidense de 1920–, misma que, al desprenderse del Departamento del Interior, fue considerada como una de las instancias de mayor relevancia en cuanto al manejo de los recursos naturales necesarios para la producción bélica (^{Relief for war minerals producers, 1920, p. 477}). Cabe señalar que dentro de estos recursos naturales se incluían en un inicio minerales como el manganeso, níquel, cromo, pirita y azufre, considerados como materiales necesarios para la producción de acero y aleaciones de alta resistencia que eran ampliamente requeridos por la industria estadunidense a inicios del siglo xx (^{Relief for war minerals producers, 1920, p. 512}).

El carácter estratégico de los recursos naturales

Conforme se reconocía la problemática que suponía el aumento en los requerimientos de aquellos materiales considerados como necesarios para la producción industrial al interior de Estados Unidos, el número que de ellos se tenía registrado se fue ampliando en diferentes documentos y reportes especializados que buscaban informar al gobierno estadunidense sobre su vital relevancia. Uno de estos estudios fue publicado por ^{Brooks Emeny (1937)} –un prestigioso investigador de la Universidad de Harvard–, quien pudo analizar el problema sobre "la estrategia de las materias primas" en contextos de paz y guerra, relacionando la importancia de cada uno de esos recursos con sus aplicaciones en usos industriales y militares. Dicho estudio llevó a Emeny a considerar ese tipo de recursos como estratégicos –entre los cuales se encontraban algunos minerales metálicos como el cromo, manganeso, mercurio, níquel, platino, estaño y tungsteno; y no metálicos como la mica y los nitratos–, ya que muchos de ellos eran en su mayoría obtenidos al exterior de Estados Unidos debido a la considerable disminución de las reservas y existencias dentro de las propias fronteras de dicha nación. Aunado a ello, la perspectiva de Emeny tomaba en cuenta aquellos sitios que posibilitaban el acceso a ciertos recursos, o que figuraban como territorios con amplias reservas –se consideró de suma relevancia las regiones de África (Costa de Oro, Rodesia, Sudáfrica), Asia (China, India, Malasia Británica) y América Latina (Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, México)–; lo que implicaba un problema geopolítico en tanto se buscaban articular y jerarquizar diferentes espacios geográficos de acuerdo con el interés económico de una nación capitalista central, como lo era Estados Unidos (^{Álvarez, 2020}).

Tan solo un par de años después de la publicación de Emeny, y de acuerdo con el inicio de la segunda guerra mundial, fue como quedaron establecidos los conceptos que le darían forma al programa nacional estadunidense referente a la búsqueda, adquisición y almacenamiento de los recursos naturales a partir de los cuales Estados Unidos tenía cierta escasez o dependencia, definiendo como estratégicos todos "aquellos materiales esenciales para la defensa nacional para cuya provisión en tiempos de guerra deben ubicarse total o parcialmente fuera de los límites de Estados Unidos, y por los cuales serán necesarias estrictas medidas de conservación, control y distribución" (^{Strategic and Critical Materials Essential to National Defense, 1939, p. 11}). Asimismo, los recursos considerados críticos se definirían como "aquellos por los cuales los problemas de adquisiciones en la guerra, son menos graves que los recursos estratégicos debido a su menor grado de esencialidad". Fue por esa razón que, en 1939, el presidente Franklin D. Roosevelt declaró como un problema de "seguridad nacional" el relativo al almacenamiento y acumulación de los recursos necesarios para la producción industrial y armamentística, considerando por tanto estos dos conceptos (^{Strategic and Critical Materials Essential to National Defense, 1939, p. 2}). De ese modo, se incluyó en el ^{Strategic and Critical Materials Essential to National Defense (1939, p. 215)} una lista de 35 materiales divididos por orden de prioridades reconocidos como necesarios para la defensa nacional (véase cuadro 1) (^{Strategic and critical materials, 1938, p. 68}).

Pero si los recursos "estratégicos" y "críticos" fueron caracterizados e introducidos como tales desde el aparato de Estado estadunidense a inicios de la segunda guerra mundial, entonces cabría preguntarse por la necesidad que se tuvo de dichos recursos en el periodo coyuntural de esa guerra –considerado este entre los años de 1942 y 1944– de acuerdo con el aumento en los requerimientos asumidos en el transcurso del conflicto. En tanto su uso fue incrementando a medida que la demanda de pertrechos de guerra se hacía cada vez más urgente, se reconocía que, tanto las reservas y yacimientos de minerales como las existencias de sus depósitos, habían disminuido drásticamente, lo que representaba una amenaza para la seguridad estadunidense y para la de sus aliados.

Bajo esta idea, México figuró como un territorio idóneo para el aseguramiento de dichos recursos, debido a la corta distancia entre ambos sitios, haciendo más eficiente el traslado de los mismos y facilitando de ese modo su obtención y consumo.²

El horizonte histórico de la minería en México

Hasta la primera década del siglo xx la producción minero-metalúrgica en México había experimentado un constante y relativo crecimiento productivo, fruto de las condiciones económicas y fiscales que habían atraído tradicionalmente al gran capital extranjero, principalmente de origen estadunidense. El gobierno mexicano, representado por la figura de Porfirio Díaz, había concedido grandes facilidades para que las empresas extranjeras se establecieran en el país, otorgando concesiones para que se explotaran grandes territorios mineros y reduciendo las cargas fiscales para que los inversores pudieran obtener mayores ganancias (^{Herrera y González, 2004, p. 56}). Al menos hasta el año de 1911, las inversiones estadunidenses en México, para la industria minera, representaban un porcentaje cercano al 80% respecto a su totalidad, manifestando un crecimiento exponencial en ascenso en comparación con las últimas décadas del siglo xix (^{Ceceña, 1970}). Como menciona ^{Wallace (1972)}, los aumentos en las inversiones provenientes de Estados Unidos mantenían una estrecha relación con la llegada de nuevas empresas del mismo país, ya que "de trece compañías que operaban en 1868, pasaron a más de cuarenta en 1885 y ya para el año de 1908 se habría alcanzado la cifra asombrosa de 840 compañías de propiedad estadunidense, mismas que representaron el 83 por ciento del total" (p. 23).

El movimiento revolucionario que irrumpió en México en 1910 condujo a que esta tendencia se viera frustrada debido al "clima desfavorable" que representaba para el capital extranjero la permanente condición de las pugnas internas, tanto en términos políticos, como en relación con la propia industria minera. Las plantas productivas llegaron a ser objeto de conflicto dentro del territorio mexicano, inclusive hasta la década de 1920,³ mientras que algunas empresas se vieron afectadas por las diferentes huelgas que acompañaron al proceso revolucionario (^{Besserer, Novelo, y Sariego, 1983}). Otros factores desfavorables para la industria minera fueron las variaciones en los precios de sus productos, el colapso sufrido por los ferrocarriles y las comunidades, el pillaje, así como el embargo estadunidense sobre los embarques de dinamita, este último causó una reducción del 50% para dicho sector (^{Cárdenas, 1998}). Ante estas dificultades, algunas empresas mantuvieron su producción activa –principalmente las grandes empresas estadunidenses– aunque no siempre con utilidades positivas, al tiempo que otras de menor trascendencia se vieron obligadas a abandonar el país o suspender su producción (^{Wallace, 1972, p. 36}).

No obstante, estos efectos negativos fueron de alguna manera contrarrestados gracias al conflicto global de la primera guerra mundial que supuso una tendencia positiva para la minería mexicana (^{Haber, 1992}). De ese modo, se hizo efectiva una gran demanda de minerales requeridos para la industria bélica, ya que, principalmente en los años que van de 1916 a 1918, dicha tendencia se extendió al menos hasta el año de 1920. Los altos precios de los productos minerales y la recuperación económica estadunidense crearon condiciones atractivas para las empresas estadunidenses al interior de México, lo que representaba, a pesar del conflicto revolucionario, un aliciente para mantener activa la productividad industrial minera.

En el periodo comprendido entre los años de 1920 y 1929, la producción minera manifestó una tendencia de crecimiento sostenido que no supuso mayores contradicciones para el capital privado (^{Wallace, 1972}). Algunas medidas impositivas de carácter nacionalista habían sido fuente de críticas para los empresarios extranjeros, pero la fluctuación de los precios de los minerales permitía superar dichas medidas en razón del aseguramiento de ganancias para los empresarios. La introducción de nuevas tecnologías en la industria minera hacía cada vez más rentable la inversión en ese sector al interior de México, mientras que el crecimiento de la economía estadunidense corría en paralelo con el aumento de la producción nacional. De hecho, la afectación más importante para la industria minera mexicana en el periodo mencionado se debió tanto al número en aumento de minas agotadas que eran explotadas en gran escala, como a la tendencia a la baja de los precios de los productos minerales (^{Herrera y González, 2004}).

Con la gran crisis de 1929, se experimentó una repercusión profunda en el país, al expresarse una baja inversión en la industria minera, fruto del derrumbe de los precios de materias primas en el mercado internacional. Las condiciones negativas de la economía estadunidense encontraron una correlación directa e inmediata con la actividad minera mexicana, lo que hacía cada vez más evidente la situación de subordinación de la industria nacional respecto al capital estadunidense.

En sentido estricto, la minería mexicana dependía casi en su totalidad del capital extranjero, mientras que las empresas estadunidenses controlaban prácticamente toda la producción nacional. A decir de ^{Ceceña (1970, p. 117)}, hasta 1929 las inversiones estadunidenses en México ascendían a la cantidad de 682 000 000 de dólares, lo que representaba un porcentaje de inversión inclusive más alto que el del último año del periodo porfirista. Además, tal y como señala ^{Sariego et al. (1988, p. 148)}, los extranjeros administraban en esos años prácticamente toda la producción, lo que en términos económicos representaba para los estadunidenses 75% sobre el control de la misma y para los ingleses otro 20%, quedando solo un porcentaje muy reducido para los inversores nacionales.

Como consecuencia de la excelente condición de los precios de minerales, mismos que volvieron a incentivar la iniciativa privada después de la gran depresión, el sentido negativo de la productividad encontró una recuperación significativa desde mediados de 1932 gracias al compromiso estadunidense de comprar plata a precios relativamente altos, así como por la política del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, quien buscó un mayor crecimiento económico a través del crédito y el gasto público y privado (^{Águila, 2004}). En esa medida, las ventas de minerales a Estados Unidos supusieron una mejora para la economía mexicana, lo que para dicho año se manifestó en una participación de 65% del valor total de la producción minera nacional (^{Wallace, 1972}). Sin embargo, era un tema recurrente para el Estado mexicano y para los sucesivos gobiernos que surgieron del periodo revolucionario, que las condiciones de la minería en México eran realmente desfavorables, debido al hecho de que históricamente se habían obtenido beneficios mínimos a partir de la explotación de los recursos naturales nacionales.

El artículo 27, promulgado en la Constitución mexicana de 1917, había sido el punto de partida para revertir la situación monopólica de las empresas extranjeras, al fundamentarse este bajo un carácter profundamente nacionalista. La búsqueda por tener un mayor control sobre la administración de los bienes nacionales, se vio sin embargo contrastada por las políticas del gobierno estadunidense que buscaban defender los intereses de las empresas de dicho país que se habían establecido en México. Diferentes negociaciones entre los dos gobiernos acabaron por contrarrestar los esfuerzos nacionales, gracias a la presión ejercida por grupos como el Comité Internacional de Banqueros, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, así como los Departamentos del Interior y de Estado de Estados Unidos, mismos que permitieron intensificar dichas presiones en contra del gobierno mexicano y de su política nacionalista (^{Ceceña, 1970}).

Sin embargo, la industria minera en el país encontró cambios significativos a partir del periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, quien buscó reducir la dependencia con el capital extranjero. Desde su llegada al poder en 1934, se tomaron diferentes medidas de acuerdo con el plan sexenal por él propuesto un año antes, al buscar contrarrestar los efectos de la monopolización de la minería en manos de empresas extranjeras (^{Coll-Hurtado, Sánchez-Salazar, y Morales, 2002}). Entre dichas medidas destacó la creación de sociedades cooperativas mineras –para las cuales se proponía el establecimiento y delimitación de reservas de minerales para su explotación–, así como la creación de subsidios y la exención de algunos impuestos a las cooperativas y a pequeños productores que permitían impulsar su desarrollo (^{Herrera y González, 2004}). Asimismo, se buscó la reducción del tamaño de las concesiones para las empresas extranjeras, la formación de grupos de compradores independientes, la construcción de plantas de beneficio, así como la fijación de tasas impositivas discriminatorias, por mencionar las más relevantes (^{Wallace, 1972}).

Bajo esta primera iniciativa propuesta por Cárdenas, fue aprobada en ese mismo año una nueva ley minera que reivindicaba los principios nacionalistas que se habían establecido inclusive desde la presidencia de Venustiano Carranza.⁴ Además de estas medidas, se implementó una nueva ley fiscal que profundizaba el sentido otorgado en su plan sexenal. De ese modo se incluyó, según la nueva ley sobre minería, la implementación de una tasa progresiva que gravaba el valor de la producción en pesos y ya no en dólares; un impuesto progresivo sobre el cobre y la plata de acuerdo con su grado de elaboración; diferentes concesiones a empresarios nacionales para la explotación de las reservas; así como el pago del 5% sobre el valor de la producción bruta, lo que implicaba la eliminación de los demás impuestos (^{Herrera y González, 2004}).

Cárdenas sabía que las reservas mexicanas de estos recursos tenían una condición estratégica que debía ser administrada de manera prudente (^{Aguirre, 2020}). Eso explica el hecho de que una de sus medidas aplicadas a la ley minera estuviera relacionada con el tema de la designación de las reservas, así como la incorporación a las mismas de diferentes materiales que se posicionaban como recursos necesarios para la industria moderna. Acorde con ello y al menos entre los años que van de 1934 a 1938, se incorporaron a las reservas cuantiosos depósitos de materiales esenciales como el hierro, el carbón o el manganeso y de otros materiales que se fueron considerando "vitales" conforme transcurría el tiempo, entre los que destacan el antimonio, molibdeno, níquel, platino, aluminio, fluorita y tungsteno.⁵

Sin embargo, y a pesar de que las medidas asumidas en la presidencia del general Cárdenas tuvieran un avance significativo –en términos del fortalecimiento político que adquirió el Estado en la administración de los recursos nacionales–, estas no pudieron tener la continuidad deseada ni la profundidad necesaria como para revertir la posición de la industria minera nacional respecto del capital extranjero. Además, con el proceso de nacionalización del petróleo, en conjunto con las constantes huelgas, los altos impuestos a la minería y el carácter político que dominó sobre la economía nacional, la inversión privada extrajera se mantuvo reticente ante la política cardenista.⁶ Por ese motivo, los esfuerzos nacionalistas tuvieron que ceder terreno ante la presión de las grandes empresas y ante la necesidad de atraer las inversiones necesarias para el desarrollo de la minería mexicana.

Esta situación se explicaba por el hecho de que, sin importar la gran extensión que habían adquirido las reservas nacionales a través de la política minera cardenista, no se contaba con el capital y la tecnología necesarios para poder explotarlas. Asimismo, se puede considerar el problema de que las principales empresas que mantenían los mayores niveles de producción al interior de la nación eran en su totalidad de propiedad estadunidense. Aunado a ello, dicha situación se volvía más complicada en la medida en la que las compañías mineras nacionales abandonaban sus actividades debido a las complejas condiciones de competencia que hacían prácticamente imposible su continuidad. Tan solo en lo que respecta al periodo cardenista, el número de compañías mineras activas se redujo de 879 a 320, lo que hizo aún más evidente la concentración de las actividades de las empresas estadunidenses que operaban en el país.⁷

Por tales motivos –y gracias al aumento de la demanda de minerales requeridos por Estados Unidos debido a la profundización del conflicto de la segunda guerra mundial–, fue que el panorama de la industria minera mexicana tuvo que modificarse de acuerdo con las nuevas circunstancias; lo que quedaría de manifiesto a partir de los inicios de la década de 1940, y principalmente, a partir del ingreso activo de Estados Unidos en dicho conflicto.

La Conferencia de Río y la proyección de la defensa hemisférica

Las llamadas Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas se concibieron como un organismo interamericano que tenía como una de sus principales funciones resolver cualquier asunto de índole internacional donde se viera involucrada alguna nación integrante. Esta idea provenía de las resoluciones previamente planteadas en la llamada Conferencia de Consolidación de Paz celebrada en Buenos Aires en 1936, y de la (^{“Octava Conferencia Interamericana”, 1938}) llevada a cabo en Lima. No obstante, y debido a la irrupción de la guerra en territorio europeo, la primera de estas reuniones tomó lugar en la ciudad de Panamá entre los meses de septiembre y octubre de 1939 para asumir una clara posición respecto del conflicto bélico y de la posibilidad de una afectación dentro de las fronteras americanas (^{Velázquez, 2007}).⁸

El 30 de julio de 1940, en La Habana, y debido a las dimensiones que había adquirido la guerra, se hizo necesario concretar la Segunda Reunión de Consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas con el objetivo de buscar conjuntar la cooperación de todas las repúblicas americanas y de constituir la base política de una "defensa continental" (^{“Acta final de la Segunda Reunión de Consulta entre los Ministros...,” 1940, p. 28}). Es de destacar que, dentro de las consideraciones de esta segunda reunión –que fueron guiadas por el principio de la constitución de una defensa hemisférica continental (^{“Memoria de la Conferencia de La Habana,” 1940, p. 5})–, se estableciera una clara posición respecto de la cooperación económica y financiera para la región. En ese sentido, se pudo desarrollar una idea clara sobre la administración de los productos considerados "fundamentales" para la vida económica de la región. Asimismo, se planteó la posibilidad de "crear instrumentos de cooperación interamericana para el almacenamiento, financiamiento y disposición transitoria de los excedentes de cualquiera de dichos productos, así como para su distribución y venta ordenada y sistemática, teniendo en cuenta las condiciones normales de producción y distribución de esos productos" (^{“Acta final de la Segunda Reunión de Consulta entre los Ministros...,” 1940, p. 42}).

Es de suponer que dentro de estos llamados "productos fundamentales" estuvieran incluidas aquellas materias primas que la zona de América Latina exportaba tradicionalmente a Europa y en menor porcentaje a Estados Unidos, incluidos combustibles, minerales y químicos que, como se ha podido mostrar para el caso del gobierno de Roosevelt, desempeñaban un papel estratégico para los intereses de la seguridad estadunidense (El mundo, 9 de enero de 1942). Una de las instancias que facilitaron este camino, fue la del Comité Consultivo Económico Financiero Interamericano, misma que se encontraba presidida por el entonces subsecretario de Estado estadunidense Sumner Welles. La importancia de ese organismo, radicaba en su condición de mando para supervisar las actividades relacionadas con el aseguramiento de materiales estratégicos entre las naciones americanas, incluyendo el control de las exportaciones y su protección dentro del territorio continental.

Así se puede corroborar en documentos oficiales emitidos por el propio Sumner Welles –que en algunos casos eran catalogados como confidenciales–, donde se hace la referencia explícita del problema de escasez al que se enfrentaba Estados Unidos al menos desde los primeros años del conflicto. En un comunicado dirigido al propio Comité, ^{Welles (1941)} indica lo siguiente:

El vasto programa que han emprendido los Estados Unidos para la producción de equipo y materiales indispensables para la defensa nacional y continental ha creado una situación de escasez de varios productos, y ha hecho necesario que los Estados Unidos establezcan un sistema de control sobre las exportaciones y, en muchos casos, sobre el consumo interno de tales productos. [...] En términos generales, puede decirse que esta política favorece la exportación de la mayor cantidad posible de productos estadunidenses que permita el programa de defensa. Un aspecto diferente de esta política, que sin embargo guarda relación con el problema que nos ocupa, tiene por objeto adquirir en el extranjero materiales estratégicos y esenciales para el programa de defensa, y en general utilizar lo que produce el Hemisferio para la defensa continental. [...] Para lograr este propósito, los Estados Unidos han buscado en conversaciones individuales la más amplia cooperación de parte de las Repúblicas Americanas. El Gobierno de los Estados Unidos es de opinión que la forma más ventajosa en que se podría manifestar esta cooperación sería que cada una de las Repúblicas Americanas estableciera un sistema de control sobre las exportaciones de: Materiales que están sujetos al control de exportación por parte de los Estados Unidos y que este país exporta a las demás Repúblicas Americanas o que producen dichas Repúblicas. [...] Materiales estratégicos y materiales importados para la defensa nacional y continental que se producen en las Repúblicas Americanas (pp. 1-6).

Sin embargo, dicha situación solo pudo ser corroborada de manera pública dentro de la Conferencia de Río de Janeiro llevada a cabo en 1942 –correspondiente a la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas–, donde se manifestó la postura de Estados Unidos sobre la urgencia por adquirir aquellos materiales estratégicos que se requerían para suplir la demanda de su industria de guerra. El bombardeo japonés en Pearl Harbor a finales de 1941 y el ingreso activo de Estados Unidos en la guerra condujo a que todas las repúblicas americanas –no sin la presión por parte del aparato de Estado estadunidense– condenaran la agresión en contra de dicho territorio (El Avance, 19 de enero de 1942).

Esta problemática implicó, en términos generales, el alineamiento por parte de todos los gobiernos de la región, a los intereses de la seguridad estadunidense. En ese sentido y teniendo en cuenta la ruptura política y comercial con las potencias del Eje, las repúblicas americanas se comprometieron a contribuir con Estados Unidos en la facilitación de todos los recursos requeridos por su industria. Así quedaba corroborado en el Acta final de aquella reunión, donde se indicaba como una de las resoluciones que, "como expresión práctica de la solidaridad continental, se haga la movilización económica de las Repúblicas Americanas, con la mira de asegurar a los países de este hemisferio, y especialmente a los que están en guerra, el aprovisionamiento de materiales básicos y estratégicos en cantidad suficiente y en el menor tiempo posible". Se entendía además que la movilización de tales materiales abarcaba "las actividades extractivas, agropecuarias, industriales y comerciales que tengan relación con el abastecimiento, tanto de materiales estrictamente militares, así como de productos esenciales para el consumo de la población civil" (^{“Acta Final de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas,” 1942, sección 2, pp. 5-6}).

De ese modo, el gobierno estadunidense tuvo una posición privilegiada, de acuerdo con sus intereses, en el control del flujo de las mercancías y materiales estratégicos que se comerciaban en la región. Ello fue posible a través de instituciones intermediarias que desempeñaron un papel relevante en el proceso de aseguramiento de dichos materiales. Entre estas instituciones –además del ya mencionado Comité Consultivo Económico Interamericano– destacaron las actividades del Departamento del Interior de Estados Unidos, el Export-Import Bank, la Metals Reserve Company, así como la Coordinación Estadunidense de Asuntos Interamericanos, mismas que articularon las relaciones entre los intereses estadunidenses y los gobiernos de las repúblicas americanas, incluyendo los acuerdos comerciales y legales para la extracción, resguardo y traslado de los materiales requeridos.

Desde ese horizonte es como puede comprenderse el rumbo tomado por México en relación con la producción de algunos de esos materiales considerados estratégicos, donde las empresas extractivas, las instituciones gubernamentales, así como los intermediarios de ambas naciones, figuraron como actores determinantes en la geopolítica de la seguridad estadunidense dentro de la guerra.

La minería mexicana en la geopolítica de la seguridad estadunidense

Con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia, la industria de la minería en México experimentó un cambio moderado con respecto a la política nacionalista que se había profundizado en el periodo cardenista. La demanda en aumento de los minerales que requería la industria estadunidense, supuso la necesidad por atraer una mayor cantidad de capitales, lo que implicaba reducir la presión fiscal previamente establecida. En ese sentido, puede decirse que las políticas económicas nacionales referentes a la industria minera experimentaron una constante flexibilización respecto a los años de la presidencia del general Cárdenas. Fue de ese modo que en 1940 se otorgaron exenciones sobre el impuesto de aforo a la plata y el plomo, al tiempo que se estableció una reducción de 50% al impuesto de exportación de materiales como cobre, plomo y zinc (^{Sariego et al., 1988}). Además, en ese mismo año se liberaron catorce materiales de la reserva nacional para su libre explotación, dando lugar a que las empresas extranjeras tuvieran acceso a las mismas (^{Wallace, 1972}).

No obstante, en julio de 1941, se formalizó un acuerdo comercial entre los gobiernos de México y Estados Unidos a partir del cual se establecía y aseguraba, durante un periodo de dieciocho meses, la compra por parte de la US Federal Loan Agency –en representación de la Metals Reserve and Defense Supplies Corporation–, de las cantidades no vendidas en el hemisferio occidental ni consumidas en México, de diferentes materiales considerados como estratégicos, entre los cuales se encontraban el antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, cobalto, cobre, estaño, fluorita, grafito, estaño, manganeso, mercurio, mica, molibdeno, plomo, tungsteno, vanadio y zinc (^{Wallace, 1972}). En esa medida, los precios fueron fijados "con base en el promedio de las cotizaciones que hubieran tenido esos productos en el mercado estadunidense siete días hábiles anteriores a la fecha de compra, deduciéndose las cantidades necesarias para fijar las cotizaciones en los puertos mexicanos de salida incluyendo los derechos de importación" (^{Torres, 1979, p. 333}).

Como muestra ^{Torres Montúfar (2017, p. 121)}, estas negociaciones ya habían tenido un acercamiento previo, cuando representantes de ambos países se reunieron en marzo del mismo año para concretar algunos lineamientos comerciales en torno a dichos materiales. Sin embargo, solo con la entrada activa de Estados Unidos en el conflicto bélico en diciembre de 1941 fue que se emprendieron relaciones comerciales que consideraban la profunda necesidad de los estadunidenses por obtener los recursos estratégicos de México. A causa de esto, en enero de 1942, el gobierno estadunidense le encargó a Alan M. Bateman la relevante tarea de negociar con México un importante acuerdo para tener acceso inmediato a la producción de sus minerales estratégicos (^{Eckes, 1979}). Este prestigioso geólogo de la Universidad de Yale buscó estrechar la relación comercial de minerales entre las dos naciones, concentrándose en los problemas relacionados con la estabilización de precios, la reducción de los impuestos y tarifas de transporte, así como la mejora de las condiciones laborales de la industria minera (^{Torres, 1979}).

De ese modo, se llegó a firmar el acuerdo Bateman-Suárez-Téllez, según el cual, Estados Unidos garantizaba la compra de un equivalente de 100 000 000 de dólares de metales a precios unitarios fijos (^{Wallace, 1972}). En lo que respecta al gobierno mexicano, se llegó al compromiso de estabilizar la economía nacional y estimular la producción de la industria minera. Asimismo, se establecieron acuerdos con líderes obreros mexicanos para moderar las leyes laborales; lo que se traducía en un mejor trato para México respecto a las exportaciones estadunidenses (^{Bernstein, 1964}). De igual forma, en julio de ese mismo año, México redujo los impuestos sobre el rendimiento del capital invertido en la minería, considerando los años de la contienda y suspendiendo el requisito de obtener un permiso para la exportación de muchos de los materiales mencionados.

Estas actividades fueron de importancia debido al consumo acelerado que los estadunidenses hicieron de sus recursos estratégicos. Los estadunidenses pasaron de ser los productores más importantes de minerales a nivel mundial previo al conflicto global, a ser uno de los más grandes importadores dentro del periodo crítico de la guerra. De este modo fue como se llegó a la necesidad de centralizar todas las actividades relacionadas con la producción de guerra, incluidas aquellas pertenecientes al ámbito de los recursos considerados como estratégicos. Con la creación de la Junta de Producción de Guerra en 1942, Estados Unidos pudo concretar este objetivo, al centralizar las actividades relacionadas con el aseguramiento de los recursos estratégicos necesarios para la industria de guerra; esto incluía los procesos de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y resguardo de los mismos, en relación directa con instituciones como los Departamentos de Guerra, Marina, Comercio y Agricultura.

La misma División de Materiales, que se desprendía de este nuevo organismo, había hecho expresa la condición de escasez por la cual estaba atravesando Estados Unidos respecto de los diversos materiales requeridos con urgencia por su industria. Entre los materiales que se precisaban se encontraban el aluminio, cobre, molibdeno, níquel, tungsteno y zinc, lo que suponía una situación de emergencia que empujaba a la necesidad por adquirir del exterior gran parte de esos mismos materiales (^{“Industrial mobilization of war. History of the War Production Board and predecessor agencies, 1940-1945,” 1947, p. 362}). Aunado a ello, el cierre de las vías de comunicación por las cuales se transportaban y comercializaban tradicionalmente los recursos que Estados Unidos importaba y consumía principalmente de las regiones de Asia y África, se encontraban en peligro inminente debido al mencionado problema de los bombardeos japonenses en el Pacífico, así como por el tránsito de los submarinos alemanes en el Atlántico, lo que representaba un problema geopolítico vital para los estadunidenses.

En ese horizonte, México tuvo una participación significativa para la adquisición de algunos de esos materiales considerados como estratégicos por el aparato de Estado estadunidense. De acuerdo con un informe presentado en el Congreso de Estados Unidos en el propio año de 1942, se reconocía que México había sido históricamente un área de suma importancia para la producción de minerales, esto posicionaba ese territorio como un referente para los intereses estadunidenses y para el impulso de las industrias que podían actuar en beneficio de los mismos. Según lo mencionado en ese texto, México había "producido más plata que ningún otro país en el mundo", siendo considerado también "como uno de los grandes productores de petróleo". En ese sentido, y "a pesar de que la plata, el oro, el plomo, el cobre y el petróleo" se calificaban como los materiales "más importantes" de su economía, se estimaba que México tenía además "sustanciales depósitos de otros minerales incluyendo hierro, estaño, zinc, mercurio, antimonio, molibdeno, arsénico, grafito y cadmio" (^{The Foreign Trade on Latin America, 1942, parte 1, p. 5}).

Esta idea también quedaba clara cuando el general de división de la Secretaría de Marina, Heriberto Jara, comunicaba su posición al secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, sobre la cooperación a la cual se había adherido México respecto a la facilitación de recursos estratégicos destinados al consumo estadunidense y a la "defensa hemisférica" en la Conferencia de Río. En una carta fechada el 19 de marzo de 1942, se apunta:

Si con la frese "Producción de Materiales Estratégicos" quiso la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas referirse a la producción de materiales bélicos, México cuenta con todos los recursos y dispone de todas las posibilidades para producirlos eficientemente. Para ello, como es sabido, las primeras materias están constituidas por los minerales que, seguido el conveniente proceso de industrialización, se convierten en explosivos, armamentos, combustibles y artefactos útiles para las diversas necesidades de la guerra moderna. [...] Los recursos naturales que brinda el suelo patrio, entre los cuales sobresalen poderosos yacimientos de minerales eminentemente bélicos, bosques con maderas de fineza insospechada y corrientes que pueden aprovecharse para el establecimiento de numerosas plantas hidroeléctricas, han sido regidos por leyes que han previsto la importancia de dichos recursos y que, estando llamadas a encauzar la producción hacia los fines que el estado de cosas dominante requiere, dejan franco el paso a la realización de las recomendaciones que se hicieron en la Tercera Reunión de Consulta y no opondrán el menor obstáculo al desarrollo del programa elaborado en la reunión de Ministros (Folios III/342.1 (81)/50, III-2425-15-13, [ahd-sre]{.smallcaps}).

En concordancia con esas medidas, las conclusiones a las cuales se adscribía el gobierno mexicano en la Tercera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, según los documentos oficiales, eran evidentes: "Puede asegurarse que la actitud del Gobierno de México coincide con los propósitos de solidaridad continental que tienden a asegurar a los países de este Hemisferio y especialmente a los que están en guerra, el oportuno aprovisionamiento de materiales básicos y estratégicos en cantidades suficientes y en el menor tiempo posible" (Folio III/342.1 (81), ahd-sre). Asimismo, según el propio Ezequiel Padilla, se debía proseguir, al reconocer las consecuencias de los ataques submarinos en territorio americano, con la "aceleración y el robustecimiento de la defensa de cada uno de nuestro países americanos y la reafirmación de los lazos de la unidad de nuestra acción común", siendo la facilitación de recursos estratégicos un aporte vital para la "defensa hemisférica" y el esfuerzo bélico encabezado por Estados Unidos y su industria de guerra (Crítica, 20 de febrero de 1942).

De la producción al consumo de los recursos estratégicos

Entre los años de 1942 y 1944, México pasó a convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos. Durante dicho periodo, los estadunidenses acapararon casi la totalidad de las exportaciones nacionales, incluyendo por supuesto la producción de minerales y materiales estratégicos (^{Reynolds, 1973}). A pesar de todos los obstáculos que podía suponer la condición industrial mexicana, la producción minera experimentó un crecimiento acelerado que se expresó en el alto porcentaje que este sector tuvo en relación con el total de las exportaciones nacionales. Tan solo en lo que corresponde a la década de 1940, el sector de la minería proveyó 39% de las exportaciones mexicanas totales, lo que significó en algunos años específicos de la guerra un verdadero aliciente para la industria nacional (^{Sariego et al., 1988}).

Para el año de 1943, México llegó a obtener la producción minera más alta del sexenio, teniendo una correlación directa con la economía de Estados Unidos y con la de su industria de guerra (^{Torres, 1979}). Por esa razón, las empresas estadunidenses tuvieron una participación de vital importancia en el aseguramiento de los recursos estratégicos requeridos por las instituciones encargadas de la defensa. Compañías como la American Smelting and Refining Company (Asarco), la Anaconda Copper Company o la American Metal Company –por mencionar solo algunas de las empresas que mantenían una larga trayectoria en el país, fungieron como piezas clave en la facilitación de los recursos estratégicos que se producían al interior del territorio mexicano.⁹ Al menos desde 1940 y gracias a la fuerte participación del capital extranjero o a su total dominio económico, estas empresas controlaban prácticamente todo el sector minero nacional. Ya sea como filiales de las grandes transnacionales estadunidenses, o ya como instancias con capital nacional y extranjero de tipo privado, las empresas mineras que operaban en el territorio mexicano suponían una base material preponderante para la acelerada producción que se llevó a cabo en el periodo mencionado.

Entre estas empresas pueden mencionarse la Compañía Minera de Cananea, la Compañía Minera Autlán, la Asarco, Peñoles, la Minera Frisco, Azufrera Panamericana, así como la Compañía Minera La Campana (^{Ceceña, 1970, p. 184}). Pero la posibilidad de asegurar el grueso de la producción minera de los recursos estratégicos requeridos por los estadunidenses no se limitaba a la participación de estas empresas. Por esa razón, se llevaron a cabo intermediaciones de vital importancia entre México y Estados Unidos a través de instancias como el Departamento del Interior, el Export-Import Bank o con el Servicio Geológico de Estados Unidos y los Departamentos de Guerra y Marina,¹⁰ quienes tuvieron una gran injerencia en la región, con el objetivo de crear programas que permitieran un mayor acceso a los recursos mencionados, lo que incluía la exploración del territorio en torno a los yacimientos mexicanos, la localización de las zonas potencialmente ricas en recursos estratégicos, así como el financiamiento para la infraestructura de producción y transportación de los mismos (^{Bernstein, 1964}).

Aunado a ello, el presidente Manuel Ávila Camacho había decretado como seguimiento de las disposiciones emitidas por el ya mencionado Comité Consultivo Económico Interamericano –y en conjunto con los Secretarios de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda de México– la prohibición de las exportaciones de los productos que podían amenazar la seguridad del continente (léase la seguridad de Estados Unidos) "a todos aquellos países que no sean considerados como de las Américas", incluyendo entre dichos productos materiales como antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, zinc, cobalto, cobre, flúor espato, estaño, grafito, manganeso, mercurio, mica, molibdeno, plomo, tungsteno y vanadio (Folios III/383 (72:00) "939", III-468-13, ahd-sre).

Estas medidas obedecían a la profunda necesidad de los estadunidenses por adquirir y asegurar los recursos que requerían con vital urgencia en el periodo crítico de la guerra. Así lo demuestran las estadísticas referentes a las reservas estadunidenses de esos mismos recursos, al igual que los porcentajes de importaciones que resultaron en los años mencionados (^{“Minerals Yearbook 1947,” 1949, pp. 10-12}). Es de resaltar el hecho de que existiera una condición de "dependencia estratégica" (^{Saxe, 2019}) por parte de Estados Unidos en el periodo mencionado, debido al agotamiento de los yacimientos estadunidenses, haciendo que la producción interna fuera limitada e insuficiente. Fuentes recientemente desclasificadas muestran la dimensión de dicha dependencia bajo la cual se encontraba Estados Unidos en relación con la adquisición de muchos de estos materiales, ya que, en algunos casos, la totalidad de las existencias de dicho país provenían de territorios extranjeros, siendo las repúblicas de América Latina aquellas que permitieron satisfacer los requerimientos estadunidenses de su industria y defensa (^{Álvarez, 2020}) (véase cuadro 2).

En ese sentido, México contribuyó con la facilitación de recursos estratégicos relevantes como lo fueron el antimonio, arsénico, cadmio, grafito, manganeso, mercurio, plomo, tungsteno y zinc, cada uno de los cuales tenía un uso específico para la industria militar (véase cuadro 3). Cabe destacar que esa posición de facilitación se insertaba en un proceso más complejo que incluía actividades relacionadas con la producción, comercialización y consumo de tales materiales. Este proceso que puede ser homologado con una "cadena de mercancías", podía pasar de la localización y producción local en territorio mexicano, a la transportación directa para el consumo estadunidense, o bien, a una dinámica más compleja, que incluía la participación de diversos actores que fungían como clientes o intermediarios de las instituciones gubernamentales estadunidenses o de las instituciones encargadas de la defensa (^{Bair, 2009}), para pasar al consumo de pertrechos de guerra en los diversos escenarios donde se llevó a cabo la segunda guerra mundial.

Dicha situación puede ser transparente si se toman algunos ejemplos particulares que muestran el proceso mencionado. El caso del manganeso es ilustrativo, ya que un gran porcentaje de la producción mexicana estaba destinada al exterior, y a la industria estadunidense. La importancia que este material tenía para la industria de guerra estadunidense, en tanto recurso estratégico, radicaba en su alta necesidad para la producción de acero, material básico para todos los procesos productivos. Hasta 1943, se sabía que por cada tonelada de acero se requería de al menos 13.3 kilogramos de manganeso, lo que suponía un tema de seguridad para la política económica estadunidense (^{“Minerals Yearbook 1943,” 1945, p. 616}). Si se toma en cuenta esta situación, en relación con el alto porcentaje de demanda de acero que Estados Unidos requería en un momento crítico como la guerra, y con base en el programa de producción planteado por el presidente Roosevelt, se podrá comprender la importancia de su aseguramiento y de la participación de México en dicho proceso.

Dentro del periodo mencionado pueden ubicarse algunas empresas que se dedicaban a la extracción de manganeso en el territorio mexicano, ya sea para dirigir dicha producción hacia el mercado estadunidense, o para satisfacer la producción de acero dentro de las fronteras internas. Una de estas últimas fue la Compañía Minera Central, misma que explotaba manganeso de la mina La Colorada, dentro del Municipio de Cos, en el estado de Zacatecas (^{García, 2007}). Para esta compañía, existían dos clientes a los cuales se destinaba su producción manganífera, quienes estaban representados por la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, de capital mexicano, y por la Teziutlán Copper Company, con sede en Nueva Jersey. Sin embargo, la utilización que se tenía de este mineral era prácticamente para consumo interno.

Por su parte, algunas empresas que mantenían actividades en territorio mexicano desde décadas previas aceleraron su producción para satisfacer las necesidades demandadas por el gobierno estadunidense. En este caso, la Compañía Mexicana de Manganeso había explotado, al menos desde el siglo xix, los yacimientos manganíferos de la región de Lucifer en la zona de Baja California, así como aquellos ubicados en la región de Gavilán, en Talamantes, estado de Chihuahua. Al localizarse en las minas de Santa Rosalía y El Boleo, la producción de los yacimientos de Baja California había tenido como destino tradicional el puerto de Guaymas en Sonora, para transportarse posteriormente al territorio de Estados Unidos.

De ese modo, la Compañía Mexicana de Manganeso vendía su producción a la Metals Reserve Company¹¹ –institución que había sido creada en los albores de la segunda guerra mundial para asegurar los materiales estratégicos requeridos por la defensa estadunidense–, para que pasara a manos de la Iron and Steel Division y la Permanent Metal Corp., quienes siendo subsidiarias de la Kaiser Steel Corporation –que se encontraba ubicada en Fontana, California–, llevaron a cabo contratos y operaciones directas con la Comisión Marítima de Estados Unidos para la construcción de barcos de guerra, mismos que fueron solicitados por la Junta de Producción de Guerra de Estados Unidos (^{“Government Corporations Appropriation Bill for 1947,” 1946, p. 660}). Asimismo, la Kaiser Corporation podía remitir sus existencias de manganeso a la Tennessee Eastman Corporation, empresa que, entre otras de sus actividades, tenía a cargo la producción de explosivos para el ejército estadunidense (^{Montúfar, 2017}) (véase imagen 1).

Fuente: elaboración propia con base en los documentos citados y consultados en el la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Imagen 1 Cadena de mercancía de mineral de manganeso 

Una situación similar ocurrió con otras empresas que operaron al interior del territorio mexicano, y que garantizaron su producción de manganeso a una institución como la Metals Reserve Company. La importancia de esta institución, se basaba en el hecho de que sus funciones se encontraban direccionadas hacia la adquisición y resguardo de recursos estratégicos, en relación estrecha con el Programa Nacional de Defensa de Estados Unidos para la guerra (^{Álvarez, 2020}). Derivada de la Reconstruction Finance Corporation –misma que se encargaba de las compras, importaciones, resguardo y procesamiento de recursos estratégicos–, la Metals Reserve Company procedía de manera específica en relación con otras dependencias gubernamentales para concretar los objetivos que le eran encomendados, teniendo un estricto protocolo que suponía la adquisición de recursos estratégicos tanto dentro, como fuera de las fronteras estadunidenses. Dicho protocolo, que interconectaba diferentes instituciones –incluida la de la presidencia–, debía ser aplicado de la siguiente manera:

El presidente de Estados Unidos define un material como estratégico o crítico.

La Oficina de Gestión de la Producción recomienda la cantidad de material que la Compañía de Reserva de Minerales (institución que era de carácter estatal público) debería adquirir.

La Compañía de Reserva de Minerales realiza las compras a precios corrientes de cada material disponible considerando los requerimientos de la industria y de los departamentos gubernamentales.

1. El material adquirido es almacenado bajo la supervisión de la Compañía de Reserva de Materiales.

2. Cuando el material es requerido para ser usado para la defensa, el presidente y la Administración de Préstamos Federales solicita a la Compañía de Reserva de Materiales hacer disponible el material para la industria o los departamentos gubernamentales.

3. La Oficina de Gestión de la Producción es aconsejada acerca de todas las peticiones de compra de materiales recibidos por la Compañía de Reserva de Materiales.

4. La Oficina de Gestión de la Producción recomienda a la Compañía de Reserva de Materiales la cantidad para quien debe ser adquirida.

5. La Compañía de Reserva de Materiales compra el material para la parte recomendada en la cantidad indicada por la Oficina de Gestión de la Producción (^{Strategic and Critical Materials, Interim Report, 1941, p. 9}).

En esa medida, las empresas mexicanas que establecieron contratos con la Metals Reserve Company obedecían a una demanda que se derivaba de este proceso. Ese fue el caso de la Compañía Productos Mineros Mexicanos que mantenía sus actividades en Guerrero, la Compañía Minera Adelón, que operaba en San Luis Potosí, así como la Compañía Minera Central, que se ubicaba en la región de Zacatecas; todas ellas con conexión directa por ferrocarril con Texas, lo que facilitaba la transportación de la producción de ese mineral en cuestión.

Al menos desde la década de 1930, el abastecimiento de manganeso suponía un problema para los estadunidenses, ya que sus yacimientos nacionales se habían agotado paulatinamente debido a la gran demanda de acero, fruto del avance industrial moderno y de la demanda de pertrechos de guerra en el periodo de la primera guerra mundial, mismos que representaron un problema permanente para la seguridad y defensa estadunidenses. Según documentos oficiales de asuntos militares emitidos por el gobierno de Estados Unidos, se hacía explícito "el deseo del Departamento de Guerra" para "obtener una reserva de manganeso o de aleación de ferromanganeso sobre las especificaciones suficientemente rígidas para el uso metalúrgico en la manufactura del hierro y de los productos derivados del hierro" ya que "aproximadamente el noventa y cinco por ciento del manganeso usado en la manufactura del hierro proviene de fuentes extranjeras" (^{Strategic and critical materials, 1938, parte 2, p. 74}). Por esa razón al interior de las distintas instituciones estadunidenses, se sabía desde el inicio de la segunda guerra mundial que el manganeso era clasificado como un mineral estratégico de "primera prioridad" considerado además como el "más grave de los problemas sobre deficiencia de materias primas" (^{Strategic and Critical Raw Materials, 1939, p. 221}).

Tradicionalmente y desde antes de la guerra, Estados Unidos había obtenido sus suministros de manganeso de la relación comercial establecida con naciones como la India británica, Costa de Oro, Brasil, Cuba y la Unión Soviética; esta última posicionada como el mayor productor mundial de dicho mineral (^{“Problems of American Small Business, Hearings before the Subcommittee on Mining and Minerals Industry,” 1943, p. 2336}). Sin embargo, con la invasión alemana en territorio soviético, los yacimientos manganíferos de Nikopol y Chiaturi fueron capturados desde 1941, y los envíos a Estados Unidos se fueron limitando, lo que hizo necesario encontrar nuevos circuitos de comercio con otras naciones (^{Priest, 2003}). A pesar de que existieron algunos intercambios con diversas colonias europeas aliadas, mismas que se situaban principalmente en la región africana –tales como Angola, Argelia, Costa de Oro, Gambia, Moroco, Nigeria o Sierra Leona–, los envíos eran reducidos y el peligro que suponía el transporte por el Atlántico representaba un alto riesgo que implicaba mayores costos y una amenaza para la seguridad estadunidense. Por esa razón, Estados Unidos tuvo que reconocer en América Latina el espacio ideal para poder adquirir los materiales estratégicos que demandaba su industria, configurándose dicho espacio como una "fuente de recursos" segura para tales fines (^{Álvarez, 2020, p. 120}).

En esa medida, fue como se agilizaron desde Estados Unidos los acuerdos comerciales con las repúblicas de Brasil, Chile, Cuba y México, para suplir la producción de manganeso que demandaba la industria de guerra estadunidense. Tan solo en lo que respecta a los años que van de 1940 a 1944, estas cuatro naciones contribuyeron con cerca de la mitad de todas las importaciones estadunidenses de dicho material, logrando superar las complicaciones que resultaron del conflicto bélico (^{Álvarez, 2020}). Y a pesar de que México participó en un porcentaje menor de tales importaciones en comparación con las otras repúblicas latinoamericanas, lo cierto es que dicha contribución fue vital, si se considera la importancia de este material para la industria estadunidense, misma que dependía de prácticamente 100% de su totalidad (véase cuadro 4). Esto quiere decir que el caso particular del manganeso se inserta en la relación bilateral como un problema de vital relevancia a pesar del bajo porcentaje de exportaciones hacia Estados Unidos, ya que se trata de un problema cualitativo, que adquiere su justa dimensión en relación con el panorama global y geopolítico de la guerra.

No obstante, la participación de México en la producción y envío de otros materiales estratégicos alcanzó niveles que llegaron inclusive a representar casi la totalidad de todas las importaciones estadunidenses dentro del periodo estudiado. Ese fue el caso de un material como el arsénico, con usos prioritarios no solo para la producción de alimentos y la industria del vidrio, sino también para la industria bélica. Esta última destinaba un gran porcentaje de dicho material para la fabricación de gases tóxicos, perdigones de plomo y en la producción de aleaciones para pertrechos de guerra (^{Strategic and Critical Raw Materials, 1939, p. 224}). En México, este material había sido tradicionalmente explotado por dos empresas estadunidenses: la Asarco y la American Metal Company, Limited. Por su parte, la Asarco había adquirido al menos desde 1923, el complejo de la Gran Fundición de San Luis, donde se llevaba a cabo el procesamiento y refinación del arsénico blanco, integrando en su producción otros materiales como cobre, plomo, azufre, hierro y zinc (^{Rodríguez, 2019}); mientras que la American Metal mantenía su producción en la región de Torreón, en el estado de Coahuila.

Era sabido que cierto porcentaje de la producción de arsénico de estas empresas era direccionado a las industrias de fertilizantes que se encontraban al interior de México. Entre estas industrias pueden ubicarse aquellas instaladas en la capital mexicana, tales como Fertilizantes de México S. A., Cromo Industrial, S. A., Productos Químicos Mexicanos, S. A., así como General Electroquímica, S. A. (^{“Minerals Yearbook 1946,” 1948, p. 142}). Antes de ingresar activamente al conflicto mundial, Estados Unidos importaba arsénico de países como Suecia, Francia, Japón, Canadá y Bélgica. Sin embargo, la producción mexicana era desde ese entonces la más importante. Al menos hasta 1939, las importaciones provenientes de México representaban 55% de su total, lo que hacía de dicho comercio un elemento vital para la seguridad estadunidense (^{“Minerals Yearbook 1940,” 1940, p. 708}). Este hecho se concretó tan solo un año después, cuando el arsénico ingresó en la lista de los recursos considerados como esenciales para la economía estadunidense, y posteriormente como un recurso estratégico para la defensa nacional (^{“Minerals Yearbook 1940,” 1940, p. 708}) (véase imagen 2).

Fuente: elaboración propia con base en los documentos citados y consultados en el la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Imagen 2 Cadena de mercancía de arsénico 

Dentro del periodo de la segunda guerra mundial, tanto la Asarco como la American Metal Company habían hecho grandes esfuerzos para dirigir su producción de arsénico hacia el consumo estadunidense requerido para la industria de guerra. De ese modo, la producción de arsénico de una empresa como la Asarco, podía ser transportada vía ferrocarril hacia sus instalaciones en Estados Unidos, ubicadas estas últimas tanto en El Paso, Texas; en la ciudad de Murray, Utah o en Tacoma, dentro del estado de Washington (^{“Minerals Yearbook 1946,” 1948, p. 137}). Inclusive, la producción de estas dos empresas podía estar direccionada a instituciones como la Chemical Warfare Service (^{“Government Corporations Appropriation Bill for 1947,” 1946, p. 746}), que podía realizar contratos militares con las instituciones estadunidenses encargadas de la defensa, o con la Reconstruction Finance Corporation, misma que podía realizar compras de materiales estratégicos al menos desde el último año del conflicto bélico (^{“Government Corporations Appropriation Bill for 1947,” 1946, p. 592}).

En concreto, tal y como lo indican las estadísticas realizadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos, entre los años de 1940 a 1945, la producción mexicana de arsénico contribuyó con 84% de todas las importaciones estadunidenses de este material, manifestando un aporte vital y significativo para los intereses estadunidenses (véase cuadro 5). Eso mismo podía suceder con otros materiales que de igual forma representaron un alto porcentaje para las importaciones estadunidenses. Ello se corrobora en el caso de materiales como el antimonio, que se requería en la producción de baterías, metrallas y balas, y con el cual México participó con 54% del total de las importaciones estadunidenses dentro del mismo periodo. Para el caso del mercurio, utilizado principalmente en la detonación de explosivos, México contribuyó con 67% de todas las importaciones estadunidenses, lo mismo que para el caso del zinc, que tenía aplicaciones militares para la galvanización de productos industriales bélicos, del cual se tuvo una participación de 44% del total de las importaciones de Estados Unidos.

En otros casos, aunque el porcentaje de importaciones es mucho menor para el mercado estadunidense, se debe considerar su importancia cualitativa en materiales que son considerados como recursos estratégicos, así como también la urgencia relacionada con los requerimientos productivos de acuerdo con la escasez estadunidense. Dicha condición, como bien se ha mostrado, tiene que ver con la necesidad por asegurar su producción y consumo, tema que para Estados Unidos confiere a la "seguridad nacional y hemisférica" y que es por lo tanto de vital importancia para el periodo crítico de la guerra. Aquí se puede considerar además del manganeso, los casos del tungsteno, que tenía aplicaciones para aleaciones y blindaje, así como para la producción de proyectiles, y el del cobre, que es un material altamente requerido en la producción industrial (^{Strategic and Critical Raw Materials, 1939, pp. 219-232}) (véanse cuadros 6, 7, 8, 9 y 10).

Si se tienen en cuenta estas condiciones, así como la producción acelerada de los materiales mencionados, que facilitaron su uso para la industria de guerra estadunidense, la participación de México en el escenario global y geopolítico de la segunda guerra mundial a través de la industria minera toma su justa dimensión como un eje constitutivo de la defensa y seguridad estadunidenses. Con el proceso que permite satisfacer los requerimientos estadunidenses en torno de su industria de guerra, las exportaciones mexicanas de materiales estratégicos, llevadas a cabo a través de instituciones y organismos que permitieron su producción, comercialización y consumo, suponen una configuración del territorio mexicano en tanto se modifican las condiciones que direccionan dicha producción desde una dimensión geopolítica propia del conflicto bélico.

En esa medida, la posibilidad de estudiar la participación de México dentro del fenómeno de la segunda guerra mundial a partir de la historia global, permite concebir nuevas perspectivas y enfoques que dan cuenta de un fenómeno histórico que se mantiene abierto al cambio y a las preguntas que impone el propio presente.

Consideraciones finales

La posibilidad de ampliar el marco de estudio sobre la participación de México dentro del contexto global de la segunda guerra mundial supone una tarea pendiente para la historiografía mexicana. Los diferentes aportes que se tienen sobre el tema, si bien han contribuido a situar el papel de México en un horizonte histórico que trasciende las fronteras locales, no siempre han llevado la discusión a un abordaje de carácter propiamente global. A partir del estudio de la interrelación entre la industria minera mexicana y los intereses geopolíticos estadunidenses, se ha buscado llevar dicha discusión a un terreno de mayor amplitud temporal, con el fin de facilitar la comprensión sobre las condiciones que dan cuenta de la relevancia del papel asumido por México en el periodo mencionado.

Las características mismas del fenómeno estudiado, en concordancia con el abordaje histórico y geopolítico que se posiciona desde la historia global, buscan ahondar en el debate mismo sobre las condiciones económicas internas y externas que involucran a México y Estados Unidos en un contexto que trasciende las barreras nacionales, a partir del estudio de los recursos considerados como estratégicos, y de la necesidad que se tuvo de dichos recursos en un periodo crítico como la guerra. De esa manera, la propuesta con la cual se pudo abordar el problema de lo global, partió del estudio de la mirada geopolítica de la seguridad estadunidense en su relación concreta con el territorio mexicano y con la producción de los recursos estratégicos que permitieron cubrir los requerimientos industriales estadunidenses en el periodo del conflicto, mismos que facilitaron la producción de aquellos pertrechos de guerra que condicionaron los escenarios del conflicto bélico en diferentes regiones del planeta, creando un desenlace positivo para el grupo de los aliados, quienes se beneficiaron de dicha producción.

Las fuentes empleadas permitieron justificar este mismo enfoque que parte de la noción de geopolítica y que puede ser de gran relevancia para los estudios que se posicionan desde la perspectiva de la historia global. En ese sentido, el presente trabajo pretende abrir nuevas posibilidades de estudio no solo para el abordaje histórico de las relaciones políticas y económicas de México con el exterior, sino también para los propios enfoques con los cuales se lleva a cabo la historia global. Asimismo, se buscó señalar la participación de la minería mexicana desde una perspectiva histórica que permitiera conjuntar las interrelaciones entre la producción interna y la demanda estadunidense desde un contexto global, objetivo que se logra a través del abordaje de la perspectiva geopolítca asumida por Estados Unidos en el periodo tratado, así como por el estudio de las cadenas de mercancías de algunos minerales considerados como estratégicos por el gobierno estadunidense. Se puede decir que con este enfoque se realizó un esfuerzo para advertir la forma bajo la cual se espacializan los procesos históricos de producción, comercialización y consumo de los recursos estratégicos al interior del territorio mexicano en su constante relación con la demanda de la industria de guerra estadunidense. Esto con el objetivo de situar dichos procesos dentro de un marco histórico más amplio, donde se visibilizan las interconexiones entre los dos actores y el contexto global y geopolítico de un fenómeno de largo alcance como lo es el de la segunda guerra mundial.

Periódicos

Crítica, Buenos Aires, Argentina. Folios: III/342.1 (81)/61, III-2427-10-9. ahd-ser.

El Avance, La Habana, Cuba. Folios: III/342.1 (81)/61, III-2427-10-9.ahd-ser.

El mundo, Buenos Aires, Argentina. Folios: III/342.1 (81)/61, III-2427-10-9. ahd-ser.

The Harford Courant, Connecticut, Estados Unidos.

Archivos consultados

ahbm Archivo Histórico del Banco de México, Ciudad de México, México.

ahd-sre Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México, México.

ahjae Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza, Universidad Iberoamericana, Torreón, Coahuila, México.

loc Library of Congress, Washington DC, Estados Unidos.