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Introducción1
Después de haber perdido en 2006 y en 2012, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la elección presidencial mexicana de 2018 con algo más de 30 millones de votos. Los otros tres candidatos recibieron, respectivamente, 12.6 millones, 9.2 millones y 2.9 millones de votos. Es decir, ni siquiera sumando los votos que favorecieron al resto de los candidatos habría sido posible derrotar a AMLO. Durante su campaña, AMLO mantuvo un discurso conciliador, pero de distanciamiento respecto a las élites tradicionales. Algunas de sus principales promesas fueron la pacificación del país con un cambio en el modelo de seguridad basado en el uso de las fuerzas armadas para labores policiacas, el castigo irrestricto a la corrupción, el combate a la pobreza, el respeto a la libertad de expresión, la apertura del país a la observación internacional en materia de derechos humanos y, en general, el fortalecimiento de la democracia. Lejos de cumplir estas promesas, el gobierno de AMLO dio un giro en la dirección opuesta y, como varios trabajos han encontrado, su administración se caracterizó por erosionar la de por sí muy problemática democracia en México (Aguilar Rivera, 2022; Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021; Monsiváis-Carrillo, 2023 c ; Petersen y Somuano, 2021) .
En tales circunstancias, la pregunta de este texto es: ¿cómo las prácticas y los discursos del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fomentaron un proceso de erosión democrática? Para responder, hago una revisión de la literatura sobre este tema y la sistematizo con base en los conceptos de “innovaciones autoritarias” y “repertorio autoritario” propuestos respectivamente por Curato y Fossati (2020) y por Monsiváis-Carrillo (2023 d) —a grandes rasgos, el primero se refiere a las prácticas novedosas de gobierno contextualmente situadas que buscan limitar la rendición de cuentas y el segundo hace referencia a los discursos, acciones, decisiones y estrategias de gobernantes que atacan los atributos democráticos de un régimen político.
Mi argumento principal es que el gobierno de AMLO favoreció la erosión de la democracia en México mediante: 1) el engrandecimiento del Ejecutivo y la hiperpersonalización del poder político, 2) el uso de una retórica populista y polarizadora, 3) la implementación de estrategias de desinformación y el rechazo a la deliberación pública, 4) los ataques a y cooptación de instituciones, acompañados del uso de la austeridad como medida disciplinaria, 5) el debilitamiento de la administración y de los procesos de política pública, 6) la militarización de la administración pública y de la seguridad, 7) el uso político de los mecanismos de democracia participativa, y 8) la legalidad ambigua.
Es importante aclarar desde ahora que de ninguna manera sostengo que la calidad de la democracia en México fuera alta antes de 2018. Como argumenta Cadena-Roa (2019: 123) , la transición democrática en este país se “malogró” porque, aunque su faceta electoral puede considerarse como relativamente sólida desde el año 2000, bastantes otras áreas —como la transparencia, la rendición de cuentas o el respeto a los derechos humanos— mantuvieron muy marcadas deficiencias que impidieron un rompimiento claro con el régimen autoritario (Cadena-Roa y López Leyva, 2019b). No obstante, no haré una evaluación sobre la calidad de la democracia antes del gobierno de AMLO ni analizaré las condiciones de su triunfo electoral, pero sí es fundamental señalar que el contexto se asemeja a los factores que Lührmann (2021) identifica como propicios para iniciar procesos de erosión: había una oferta inadecuada por parte de los partidos políticos (Cadena-Roa y López Leyva, 2019a), la satisfacción con la democracia iba a la baja (Monsiváis-Carrillo, 2019) , y había un líder populista-personalista que sacaba provecho de ese descontento mientras polarizaba al país (Castro Cornejo y Langston, 2023; Monsiváis-Carrillo, 2022a).
Además de presentar un panorama de la literatura sobre la erosión democrática en México desde 2018, este texto, por un lado, respalda la utilidad teórica y empírica de dos conceptos recientemente propuestos y, por otro, ayuda a identificar los tipos de prácticas y discursos que los líderes políticos electos democráticamente pueden utilizar para dañar la calidad de la democracia en otras regiones. En adelante, el texto se divide en tres secciones más. Primero, discuto qué es la erosión de la democracia y explico los conceptos de “innovaciones autoritarias” y “repertorio autoritario”. Segundo, presento una sistematización de las prácticas y los discursos de AMLO que la literatura identifica como facilitadores de la erosión democrática. Finalmente, sintetizo los hallazgos y comparto mis conclusiones.
Erosión de la democracia, innovaciones y repertorios autoritarios
Recientemente se han multiplicado los estudios sobre las circunstancias que llevan a algunos países a detener y revertir sus procesos de democratización luego de elegir a un gobierno de manera democrática. Lo anterior se ha denominado de varias maneras: des-democratización, autocratización, deslizamiento en reversa y erosión democrática, entre otras (Bermeo, 2016; Del Tronco y Monsiváis-Carrillo, 2020; Diamond, 2015; Lührmann y Lindberg, 2019; Mechkova et al., 2017; Merkel y Lührmann, 2021; Tomini y Wagemann, 2018; Waldner y Lust, 2018). Todos estos términos están interrelacionados y superpuestos, por lo que no hay consenso absoluto sobre su uso. Por ejemplo, para Monsiváis-Carrillo (2022a), la erosión, el deterioro democrático y el deslizamiento en reversa son procesos de la autocratización y, a su vez, la autocratización es el cambio negativo en los atributos democráticos de un régimen político —el autor retoma esta definición de Lührmann y Lindberg (2019)—. En el mismo sentido, Waldner y Lust (2018) vinculan la erosión democrática con la autocratización, pero advierten que la segunda es más amplia. Por su parte, Somer et al. (2021) llaman autocratización a la gradual erosión de calidad de la democracia, mientras que para Haggard y Kaufman (2021) el deslizamiento en reversa es la erosión incremental de las instituciones, reglas y normas democráticas que se produce debido a las acciones de gobiernos elegidos democráticamente. A su vez, Rhodes-Purdy y Madrid (2020) argumentan que la erosión se da cuando los gobiernos electos democráticamente violan sostenidamente los principios fundamentales de la democracia.
Siguiendo a otras autoras y autores (Del Tronco y Monsiváis-Carrillo, 2020; Guillén et al., 2019b ; Laebens y Lührmann, 2021; Lührmann y Lindberg, 2019), utilizo el concepto de erosión democrática, mismo que captura el deterioro o la pérdida gradual de los atributos propios de un sistema democrático, sin importar su grado de institucionalización (Del Tronco y Monsiváis-Carrillo, 2020) y sin que esto necesariamente derive en la instauración de una autocracia. Es decir, como apuntan Guillén et al. (2019a: 12), el concepto de erosión se refiere a “una expresión gradual de autocratización” que permite ver “el avance autoritario en regímenes democráticos”. Así, a diferencia de los ahora inusuales golpes de Estado (Bermeo, 2016) , la erosión de la democracia se da episódicamente (Boese et al., 2021) y puede desarrollarse tanto en regímenes con características autoritarias —mediante el menoscabo de las dimensiones democráticas de sus prácticas de gobernanza— cuanto en democracias —al disminuir su calidad— (Waldner y Lust, 2018) .
Los procesos de erosión democrática no son tan rápidos como los golpes de Estado, pero a la larga pueden ser igual de destructivos (Levitsky y Ziblatt, 2018) . En ese sentido, sostienen Waldner y Lust (2018) , los agentes gubernamentales que promueven los procesos de erosión democrática pueden, por ejemplo, limitar la competencia electoral sin impedir la participación en la práctica, poner obstáculos a las tareas de las instituciones autónomas sin desaparecerlas y restringir los mecanismos oficiales y no oficiales de rendición de cuentas. No obstante, debido a que, al igual que la democratización (Tilly, 2007) , la erosión democrática es multicausal, multifacética y no lineal (Lührmann, 2021) ; ésta puede llevar a diferentes lugares a velocidades muy diferentes (Bermeo, 2016) . Aún más, al darse de manera incremental y procesual, es difícil distinguir el momento exacto en el que un sistema político deja de ser primordialmente democrático (Levitsky y Ziblatt, 2018).
Nada de esto significa, sin embargo, que la erosión de la democracia no sea observable. En su revisión conceptual, Waldner y Lust (2018) encuentran que los fenómenos asociados con este problema han sido estudiados desde seis perspectivas que enfatizan, respectivamente, la capacidad de agencia, la cultura, las instituciones, la economía política, las coaliciones políticas y los factores internacionales. Independientemente de a qué se le preste más atención, Waldner y Lust (2018) argumentan que el deslizamiento en reversa o —con la terminología utilizada para este trabajo— la erosión democrática pueden observarse en la degradación de tres dimensiones de la democracia: la competencia, la participación y la rendición de cuentas. Paralelamente, Haggard y Kauffman (2021) sostienen que debe prestarse atención a la integridad de los procesos electorales, la protección de las libertades cívicas y políticas, y la fortaleza de los controles horizontales.
Curato y Fossati (2020) argumentan que la práctica autoritaria contemporánea busca, sobre todo, limitar la rendición de cuentas y la participación política al restringir el acceso a la información y debilitar las voces disidentes. Para lograrlo, sostienen, los gobiernos recurren a “innovaciones autoritarias” que incluyen herramientas, acciones, retóricas y políticas previamente existentes, pero que son implementadas con adecuaciones para fortalecer el control sobre otros poderes y públicos. Es decir, estas prácticas son innovadoras no porque sean completamente nuevas, sino por la manera en la que se implementan para dañar los principios democráticos. Así, los gobiernos autoritarios simulan mecanismos de rendición de cuentas mientras en los hechos los limitan (Morgenbesser, 2020). Buscar patrones en el uso de estas innovaciones autoritarias permite observar la erosión de las normas y prácticas democráticas en función del detrimento que tienen sobre las posibilidades de participación, el poder de influencia de otros actores, la discusión razonada, la transparencia, la eficiencia de las instituciones y su relevancia (Curato y Fossati, 2020).
Inspirado en los estudios sobre los movimientos sociales y, especialmente, en el trabajo de Tilly (1978) , Monsiváis-Carrillo (2023 d: 12) propone el concepto de repertorio autoritario para referirse al conjunto de estrategias, políticas, discursos, decisiones, iniciativas y acciones “que transgreden, violentan o eliminan los atributos democráticos del régimen político, la gobernanza y la cultura pública”. Las prácticas materiales, discursivas y simbólicas del repertorio autoritario “transgreden, debilitan, reducen o eliminan el ejercicio de libertades ciudadanas y la rendición de cuentas democrática” mientras fortalecen “la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la configuración y el ejercicio del poder estatal y la autoridad gubernamental” (Monsiváis-Carrillo, 2023d: 15). Paradójicamente, debe señalarse, es usual que los líderes con tendencias autócratas enmarquen los discursos y acciones de su repertorio autoritario como esfuerzos para mejorar la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2018) .
En suma, dados los riesgos asociados a los procesos de erosión democrática, es de vital importancia identificar las prácticas y los discursos de los líderes políticos que dicen defender la democracia, pero atacan sus cimientos. Esto no sólo permitirá refinar la teoría en un campo de estudio relativamente nuevo, sino que fortalecerá la defensa de un régimen abierto en el que las personas puedan exigir a sus gobernantes rendir cuentas, respetar sus derechos y cumplir con sus obligaciones (Del Tronco y Monsiváis-Carrillo, 2020) .
Innovaciones en el repertorio autoritario de Andrés Manuel López Obrador
Con base en los conceptos propuestos por Curato y Fossati (2020) y Monsiváis-Carrillo (2023 d) , en esta sección hago una sistematización de la literatura sobre la erosión democrática en México publicada a partir de la llegada de AMLO a la presidencia. Esta revisión se hizo con artículos en revistas académicas y capítulos de libros publicados hasta diciembre de 2023, en inglés y en español, que incluyen los términos “erosión democrática”, “erosión de la democracia”, “autocratización”, “deslizamiento en reversa”, “desdemocratización” y “autoritarismo”, así como sus traducciones. Es importante advertir que mi intención no es evaluar las especificidades argumentativas de estas publicaciones, sino sistematizarlas para profundizar nuestra comprensión sobre la problemática que vive México y mostrar la utilidad de los conceptos de “innovaciones autoritarias” y “repertorio autoritario” para su uso generalizado. De tal manera, no discutiré a detalle la evidencia utilizada en cada trabajo ni profundizaré en los ejemplos que ofrecen; para más información sobre cada uno, bastará con revisar los textos referidos. Además, debo señalar que, aunque su distinción es útil con fines analíticos, estas innovaciones del repertorio autoritario de AMLO están superpuestas y entrelazadas en la práctica, por lo que haré constantes referencias entre ellas. Finalmente, no es mi intención sostener que gobiernos anteriores no hayan recurrido a algunas de estas prácticas autoritarias, sino que, en su gobierno, AMLO las implementó, como se podrá leer, de formas diferentes para pretender fortalecer los ejercicios democráticos mientras debilitaba la rendición de cuentas y afectaba la participación política.
Engrandecimiento del Ejecutivo e hiperpersonalización del poder político
Entre la multiplicidad de problemas que amenazan la democracia en México, Monsiváis-Carrillo (2022 b: 436) destaca uno por su centralidad y relevancia: “la voluntad del titular del Poder Ejecutivo de fungir como la última instancia de decisión política y representación popular”. El engrandecimiento del Ejecutivo es una de las formas más comunes de erosión democrática, especialmente en países presidencialistas (Bermeo, 2016; Laebens y Lührmann, 2021) . Para Aguilar Rivera (2022) , este tipo de engrandecimiento gradual y progresivo debilita sistemáticamente los contrapesos y limita la posibilidad de que grupos sociales organizados desafíen la voluntad del gobierno; en otras palabras, esto implica el desmantelamiento de los controles institucionales que, en condiciones normales, deben llevar al Ejecutivo a un ejercicio imparcial y transparente del poder (Monsiváis-Carrillo, 2023b).
AMLO tiene un amplio historial como político caudillista y populista cuyo discurso contiene elementos mesiánicos y redentores (Monsiváis-Carrillo, 2022 b , 2022a). En esa misma línea, él reivindicó la legitimidad de su gobierno con base en su supuesto desempeño y, sobre todo, en su personalidad individual e ideología (Monsiváis-Carrillo, 2022b). A su vez, Monsiváis Carrillo (2023b: 115)argumenta que el gobierno de AMLO se caracterizó por una ambición hegemónica definida por “una estrategia deliberada de centralización del poder, en la que la división de poderes y los… contrapesos institucionales quedan subordinados o controlados por el Poder Ejecutivo”. Esta ambición, señala el autor, se basó en el liderazgo personalista y populista de AMLO, en su afinidad con el tipo de política presidencialista que implementaba el partido en el que comenzó su carrera —el Partido Revolucionario Institucional— y en el amplio margen que lo llevó a ganar la elección de 2018.
De tal forma, la narrativa gubernamental presentó a AMLO como la “representación única y exclusiva de la soberanía popular” (Monsiváis-Carrillo, 2023 b: 117) . Con base en el trabajo de Rhodes-Purdy y Madrid (2020) , Monsiváis-Carrillo (2022a) argumenta que el gobierno de AMLO constituyó una diada personalista; es decir, una administración conducida por el liderazgo populista de un presidente personalista que, además, tuvo el apoyo legislativo incondicional y mayoritario de un partido político poco institucionalizado y dependiente de él. En seguida retomo esto.
Con el pretexto de supuestamente extirpar la herencia del “orden neoliberal”, AMLO centralizó la toma de decisiones y, como profundizaré más adelante, el control presupuestal como una herramienta de disciplina porque, desde la narrativa presidencial, sólo un líder fuerte con capacidad de controlar todo el aparato gubernamental puede erradicar la corrupción poniendo el ejemplo (Sánchez-Talanquer, 2020) . Petersen y Somuano (2021) analizan la centralización impulsada por AMLO a partir de la relación entre el gobierno federal y dos instituciones autónomas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Los autores concluyen que en esta administración impulsó una forma de hiperpresidencialismo que conllevó la ampliación de los poderes informales del presidente. Esto coincide con lo argumentado por Monsiváis-Carrillo (2022 a) , quien advierte que el gobierno de AMLO apuntó hacia el ejercicio discrecional del poder político sin controles ni contrapesos.
Además del engrandecimiento del Ejecutivo en un sentido gubernamental, varias autoras y autores destacan la relación política de AMLO con el partido que él fundó y con el que llegó a la presidencia: Morena.2 Monsiváis-Carrillo (2022 b: 423) apunta que se trata de un partido “poco institucionalizado y dependiente de su líder fundador”, con una estructura y procesos de toma de decisiones que siempre se alinean con los intereses de AMLO (Monsiváis-Carrillo, 2022a). Para Petersen y Somuano (2021) , posiblemente el partido continúa teniendo una institucionalización muy débil porque su líder la impidió para tampoco tener contrapesos ahí y poder mantener el control de las decisiones. Otra posible explicación, señalan los mismos autores, es que el resto de la élite del partido no ha podido liderar una coordinación que mantenga la disciplina partidista. Sea cual fuere el motivo, para Sánchez-Talanquer y Greene (2021) es claro que AMLO no mostró interés alguno en que el partido tuviera una fuerza institucional propia que pudiera controlar el poder que él ejerció. Es importante destacar esta relación política porque, como encuentran Rhodes-Purdy y Madrid (2020) , hay una tendencia por parte de los gobernantes emanados de partidos débiles —a los cuales controlan— de implementar políticas que debiliten la rendición de cuentas y los controles horizontales.
Retórica populista y polarizadora
Desde una perspectiva ideacional, el populismo es una visión moralmente maniquea del mundo que enmarca la política como una pelea entre la maldad y la bondad, personificadas respectivamente en las élites y el pueblo (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017 b y 2017a). El populismo no es en sí mismo antidemocrático, pero las limitaciones que impone su visión maniquea sí pueden llevar a escenarios antidemocráticos. Monsiváis-Carrillo (2023 d: 21) explica que “la noción populista de que el gobierno debe ser coherente con la voluntad del ‘pueblo’ implica asumir que sólo puede ser legítimo un orden político en el que el ‘pueblo’ gobierna de forma irrestricta” y, entonces, el gobierno no tiene por qué considerar en sus decisiones a ningún sector social que no esté dentro de esa abstracción entendida como “pueblo”. Entonces, el populismo puede favorecer la erosión de la democracia porque se adapta a las prácticas y discursos de quienes buscan concentrar el poder político y presentarse como autoridades supremas e irrestrictas que pueden ignorar los formalismos y procedimientos del pluralismo (Monsiváis-Carrillo, 2022a, 2023d y 2023c).
La división de la realidad que hace el populismo también puede conducir a formas de polarización potencialmente peligrosas para la democracia. La polarización es el proceso mediante el que las comunidades se dividen en extremos debido a motivos políticos, ideológicos o de identidad (Haggard y Kaufman, 2021) y ha sido una de las principales herramientas de los actores con objetivos autócratas (Somer et al., 2021) . Así, la polarización perniciosa es el tipo de división social en la que las identidades políticas se basan en la desconfianza mutua (Somer et al., 2021). Ésta puede fomentar la erosión democrática cuando sirve como sustento para que algunos actores sociales y políticos aprueben medidas no democráticas en contra de los grupos de los que desconfían porque los consideran un peligro para el país y, por tanto, deben ser combatidos (Somer et al., 2021).
AMLO procuró delinear la opinión pública con un esquema maniqueo propio del populismo que polarizó a simpatizantes y “adversarios” (Monsiváis-Carrillo, 2023 b) al presentarse a sí mismo como un gobernante “honesto” al servicio del “pueblo” y con valores morales que lo distinguían de sus contrincantes (Monsiváis-Carrillo, 2022b). Además, para Dussauge-Laguna (2021) , la retórica populista de AMLO se caracterizó por un doble discurso. Por ejemplo, la agenda del presidente presentaba en términos de izquierda, pero su implementación se dio con esquemas más cercanos a la derecha;3 la centralización de las decisiones se justificó como un mecanismo de combate a la ineficiencia y corrupción, pero dañó la autonomía de otras instituciones; la política de austeridad se utilizó como bandera de la administración, pero los proyectos insignia del presidente gozaron de recursos sin restricciones. Entre las implicaciones materiales del doble discurso populista de AMLO, es posible observar la marginación de instituciones a las que después se les asignaron titulares que simpatizaban con el presidente, el control de contrapesos y organizaciones autónomas que se presentaron como antidemocráticas, la asignación discrecional de recursos para beneficiar las prioridades personales del presidente, el desmantelamiento de las de por sí limitadas capacidades burocráticas de la administración pública y la retribución de la lealtad con puestos relevantes, y el abierto desprecio por los principios administrativos y los canales legales (Dussauge-Laguna, 2021) .
En este sentido, con un análisis estadístico, Monsiváis-Carrillo (2022 b) encuentra que en el sexenio de AMLO aumentó la polarización política. Más aún, Sánchez-Talanquer y Greene (2021: 60) argumentan que, entre sus simpatizantes, AMLO aumentó “la tolerancia a sus transgresiones democráticas con el hábil uso de la retórica” populista en la que él encarnaba la lucha contra las élites corruptas. Además, como es el caso de otros gobernantes populistas cuyos resultados no han sido positivos, AMLO y su partido pudieron mantener éxitos electorales al presentarse, como si siguieran en la oposición, en una “campaña permanente” contra las élites que les impedían gobernar (Sánchez-Talanquer y Greene, 2021: 67).
Desinformación y rechazo a la deliberación
El modelo de democracia liberal pone énfasis en el componente electoral y partidista de un sistema político, pero las decisiones son democráticas no tanto porque cuenten con un apoyo mayoritario, sino porque se toman mediante un proceso deliberativo en el que los actores individuales y colectivos intercambian razonamientos y opiniones libremente (Della Porta, 2020) . En un escenario ideal, los gobiernos democráticos participan en discusiones basadas en argumentos fundados en el interés público y en la evidencia; en cambio, al alejarse de las dimensiones deliberativas de la democracia, los gobiernos tienden a la autocratización. En ese sentido, la desinformación y la información falsa dañan la calidad del discurso político al restar la importancia de la evidencia factual y de los estándares de evaluación de la veracidad (Haggard y Kaufman, 2021) .
AMLO y su gobierno propagaron de manera sistemática “información falsa, distorsionada o equívoca con la intención de provocar daños” (Monsiváis-Carrillo, 2023 c: 154) . Por ejemplo, el presidente atacó al INE señalando, sin pruebas, que este había cometido fraude electoral en su contra y que era uno de los más caros del mundo; esto, con el objetivo de deslegitimar al instituto para reformarlo (Monsiváis-Carrillo, 2023c) —retomo esta discusión más adelante—. Asimismo, la difusión de información contradictoria, distorsionada y falsa también se observó en la respuesta gubernamental a la pandemia de Covid-19 (Monsiváis-Carrillo, 2023b).
Los canales de comunicación gubernamental giraron en torno a las conferencias matutinas que el presidente dio de lunes a viernes. En estos eventos, el presidente se dedicó a difundir información parcial y falsa, desacreditar y atacar a sus adversarios, dar instrucciones a su equipo y simpatizantes, y descalificar las críticas que recibió por parte de otros actores políticos y sociales —a quienes calumnió, sin que estos tuvieran espacio para responder— (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021; Sánchez-Talanquer, 2020) .
Cuando un presidente recurre a la polarización, al uso de información falsa y al desprestigio de sus interlocutores, se minimizan las posibilidades de la deliberación pública (Monsiváis-Carrillo, 2023 b) . En ese sentido, AMLO no sustentaba sus comentarios u opiniones con argumentos y, cuando otros actores señalaron las inconsistencias o contradicciones de sus posturas, se complacía con desacreditar a los críticos y a los medios independientes al señalarlos como “conservadores” y “neoliberales” que desconocían los “otros datos” que él tenía, siempre asegurando que eran parte de una conspiración de las élites conservadoras (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021; Sánchez-Talanquer y Greene, 2021) . Así, como destacan varios de los trabajos revisados, no fueron pocos los desencuentros de AMLO con organizaciones sociales, a las que calificó de “inútiles” y “corruptas” (Petersen y Somuano, 2021) y otra serie de adjetivos para insultar e injuriar (Monsiváis-Carrillo, 2022a).
Cuando los gobiernos censuran cotidianamente a los medios de comunicación, hay una vulneración directa a la libertad de expresión que es esencial para la democracia (Monsiváis-Carrillo, 2022 b) . Los ataques a organizaciones sociales también chocan con los principios democráticos básicos porque pueden desincentivar la participación social y, en contraste, fomentar la hostilidad hacia quienes critican al gobierno (Ibarra del Cueto, 2023; Monsiváis-Carrillo, 2022b). Al deslegitimar a todos los actores críticos, independientemente de los argumentos que estos presentaran, el presidente canceló toda posibilidad de diálogo puesto que todo lo que él decía era presentado como “una verdad de facto” (Monsiváis-Carrillo, 2023b: 119). En suma, en el gobierno de AMLO disminuyó la disposición de las autoridades a responder contraargumentos y aceleró la tendencia —observada desde años anteriores— a la intolerancia por parte de los presidentes mexicanos (Monsiváis-Carrillo, 2022b).
Ataques a instituciones, austeridad y cooptación
Además de la tradicional división de poderes, el régimen político mexicano cuenta con instituciones autónomas para vigilar el ejercicio gubernamental, por lo que es más difícil regresar al presidencialismo del siglo XX (Monsiváis-Carrillo, 2023 b) . Sin embargo, junto con los ataques a sectores sociales críticos, AMLO atacó constantemente a otros poderes federales —en especial el Poder Judicial y su máxima instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— y a las instituciones descentralizadas autónomas, particularmente al INAI y al INE —sólo me referiré a este último—. Además de las descalificaciones, el presidente buscó el control de estas otras instancias mediante medidas de austeridad y mecanismos de cooptación.
Ríos Figueroa (2022) señala que los gobernantes que han encabezado procesos de erosión democrática usualmente han dedicado parte de sus primeros esfuerzos a controlar el Poder Judicial. Este también es el caso de AMLO, quien destinó varias estrategias a “intervenir y subordinar políticamente” a las cortes federales y estatales (Ríos Figueroa, 2022: 190) para que respondieran a sus intereses (Sánchez-Talanquer y Greene, 2021) . Desde la perspectiva de Ríos Figueroa (2022), el gobierno de AMLO logró influir, al menos en cierto grado, en la SCJN, puesto que ésta tomó decisiones polémicas en favor de sus posturas. En ese sentido, los datos analizados por Monsiváis-Carrillo (2022 b) también sugieren que la independencia del Poder Judicial disminuyó desde 2018.
Villanueva Ulfgard (2023) destaca cinco episodios en los que AMLO atacó y presionó a la SCJN: la ampliación del periodo del entonces presidente del tribunal —un hombre que a finales de 2023 se sumaría a la campaña presidencial de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y que eventualmente obtendría un cargo en su administración—, las discusiones sobre la reforma en materia energética, la consulta para investigar penalmente a expresidentes, la consulta de revocación de mandato y el intento de reforma electoral. El primer caso evidenció la influencia que AMLO buscaba tener en la SCJN con la presencia de ministros afines; el segundo mostró la presión que ejercía el Poder Ejecutivo sobre algunos ministros propuestos por AMLO; el tercero cuestionó la independencia de la corte para hacer preservar el orden constitucional frente a los embates presidenciales; y el cuarto y el quinto se relacionan con los ataques a otras instituciones, particularmente el INE (Villanueva Ulfgard, 2023).
Por su parte, Ibarra del Cueto (2023) narra cómo en 2022 el gobierno de AMLO buscó que el Congreso aprobara dos reformas constitucionales, una sobre política energética y otra para modificar el sistema electoral. Aunque fracasó en ambos casos, el presidente y su partido acosaron, desprestigiaron e intimidaron a integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, con lo que atentaron contra la separación de poderes.
Respecto a las instituciones descentralizadas autónomas, el INE sufrió ataques verbales constantes, acusaciones de fraude carentes de evidencia y recortes presupuestales bajo el argumento no sustentado de que su funcionamiento era demasiado costoso (Monsiváis-Carrillo, 2023 c ; Sánchez-Talanquer, 2020) . En ese entendido, el presidente buscó que las funciones del INE fueran traspasadas al Poder Ejecutivo mediante una modificación de su estructura y funcionamiento con reformas a la Constitución y las leyes secundarias. Las medidas que AMLO propuso implicaban afectaciones a la igualdad de condiciones en las elecciones y la independencia de la administración y justicia electoral, así como la desaparición de una burocracia profesionalizada (Monsiváis-Carrillo, 2023c; Villanueva Ulfgard, 2023) .
Si bien sus iniciativas fracasaron en el Congreso, AMLO llamó a que en las elecciones de 2024 no se diera un solo voto a los “conservadores” para así alcanzar la mayoría necesaria para que su partido modifique la Constitución durante el sexenio siguiente. No obstante, el plan de AMLO “también avanzó en el Consejo General del INE, con el nombramiento de al menos dos de cuatro nuevas consejerías afines” al partido del presidente, incluida la presidenta del Consejo (Monsiváis-Carrillo, 2023 c: 174) . Más adelante vuelvo a este tipo de cooptación institucional. Los ataques y los intentos de reforma al INE destacan en la literatura porque buscaron desequilibrar el campo electoral a favor del partido del presidente para asegurar su hegemonía y controlar las elecciones directamente desde el gobierno (Monsiváis-Carrillo, 2022b y 2023c; Sánchez-Talanquer, 2020) .
AMLO no reconoció el carácter técnico de las instituciones autónomas, sino que las consideró obstáculos que limitaban las capacidades del Poder Ejecutivo mientras consumían recursos públicos y protegían intereses políticos y económicos (Petersen y Somuano, 2021) . Desde esa lógica, y bajo la justificación de una supuesta “austeridad republicana”, el presidente argumentó que su presupuesto debe reducirse al mínimo. Es relevante, sin embargo, que la política de austeridad no respondiera a criterios de eficiencia ni partiera de evaluación alguna; en contraste, su única base era la voluntad de AMLO (Monsiváis-Carrillo, 2023 c) .
Así, Sánchez-Talanquer (2020) identifica que el compromiso de un “gobierno pobre” se reflejó en dos tipos de decisiones: Primero, los grandes recortes en todas las áreas del Estado y en los servicios que este provee —es importante advertir, sin embargo, que, como apuntan Dussauge-Laguna y Aguilar Arévalo (2021: 151) , “se han impulsado recortes importantes en áreas… como salud, cultura, medio ambiente, protección de derechos humanos, ciencia y tecnología”, mientras que “ha aumentado sustantivamente el presupuesto a sectores como el energético o militar”—; segundo, la centralización del control presupuestal como una herramienta de disciplina. En ese sentido, Sánchez-Talanquer y Greene (2021) advierten que el presidente utilizó el presupuesto federal como herramienta disciplinaria y ofrecen el ejemplo de los fideicomisos para atención de desastres, universidades, ciencia, tecnología, arte y protección de personas defensoras de derechos humanos, que fueron disueltos para que AMLO pudiera utilizar discrecionalmente esos fondos en sus proyectos prioritarios. Ibarra del Cueto (2023) también destaca cómo, ante la imposibilidad de implementar las reformas que desea y controlar todas las instituciones autónomas, AMLO castigó a estas oficinas con recortes presupuestales y mediante nombramientos de personas afines a su proyecto en puestos de dirección.
Respecto a ese último punto, durante el gobierno de AMLO, la selección de funcionarias y funcionarios se caracterizó por el uso de redes de patronazgo y por hacer nombramientos con base en la lealtad y no en la capacidad (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021; Sánchez-Talanquer y Greene, 2021) . Uno de los casos más señalados en la literatura es el de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien era militante de Morena antes de recibir el cargo luego de un proceso legislativo irregular (Monsiváis-Carrillo, 2023 b ; Sánchez-Talanquer y Greene, 2021). Paralelamente, el presidente incorporó a simpatizantes y activistas de su partido a las estructuras de la administración pública para que ellas y ellos determinaran, sin transparencia en cuanto a sus métodos, quiénes serían beneficiarios de programas sociales (Dussauge-Laguna, 2021; Sánchez-Talanquer, 2020).4 Hay que destacar, a su vez, que la narrativa anticorrupción del gobierno de AMLO funcionó más para atacar a críticos y contrapesos que para combatir las malas prácticas en la función pública, mismas que fueron justificadas y toleradas cuando involucraban a burócratas afines a su proyecto y partido (Sánchez-Talanquer y Greene, 2021).
Debilitamiento de la administración y de los procesos de política pública
AMLO se opuso repetida y abiertamente a implementar normas o programas que consideró asociados con el “periodo neoliberal” (Monsiváis-Carrillo, 2022 b) . Esto, aunado a la justificación de la “austeridad republicana”, llevó al presidente a mermar significativamente las capacidades de la administración pública federal, en particular con la desaparición de instituciones y programas sociales (Monsiváis-Carrillo, 2023b). El caso que más destaca en este sentido es el de la eliminación del Seguro Popular para sustituirlo con el Instituto de Salud para el Bienestar, una institución que también desaparecería más adelante en el sexenio. Este caso, apuntan Petersen y Somuano (2021) , refleja cómo AMLO desapareció o desestructuró instituciones vinculadas al “periodo neoliberal” sin garantizar la construcción de otras que las sustituyeran de manera eficiente.
Dussauge-Laguna (2021) argumenta que las decisiones de AMLO se caracterizaron por carecer de estudios diagnósticos o evidencia para sugerir que los cambios propuestos fueran útiles o siquiera adecuados. Por ejemplo, sostiene el mismo autor, la narrativa sobre la austeridad nunca estuvo acompañada de una explicación sobre cómo los recortes salariales en diversas áreas de la administración mejorarían las acciones del gobierno y tampoco se ofreció un solo análisis sobre la ineficacia o la corrupción de las instituciones y programas que decidió desaparecer.5 En contraste, la distribución de recursos respondió a la necesidad de obtener más fondos para las prioridades personales del presidente (Dussauge-Laguna, 2021) .6
En el combate a la pobreza, AMLO aumentó el valor nominal de las transferencias directas a varios sectores desfavorecidos económicamente, pero —además del control casi absoluto que tuvo el presidente sobre las transferencias— la implementación de los programas no se basó en un diagnóstico, no tuvo reglas de operación ni contó con evaluaciones, y buscó primordialmente fomentar el apoyo político al partido del presidente al asociar los programas directamente con su imagen (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021; Dussauge-Laguna, 2021; Sánchez-Talanquer, 2020; Sánchez-Talanquer y Greene, 2021). Puesto que, como se mencionó antes, la narrativa presidencial enmarcó a AMLO como único representante legítimo de la voluntad del “pueblo” cuyas palabras eran verdades indiscutibles, “frente a la voluntad presidencial, las normas legales, el conocimiento técnico o la calidad de la evidencia pasan a un plano secundario” (Monsiváis-Carrillo, 2023 b: 119) . Así, esta supuesta comprensión de las necesidades del “pueblo” le fue suficiente para omitir cualquier tipo de explicación técnica o justificación política para sus decisiones (Dussauge-Laguna, 2021).
Dussauge-Laguna (2022) argumenta que AMLO distorsionó cada etapa de los procesos de políticas públicas en detrimento de los estándares democráticos. En la definición de la agenda gubernamental, el presidente presentaba sus temas prioritarios como “la voluntad del pueblo”, con lo que rechazaba la trascendencia de otros problemas y deslegitimaba a actores que promovieran temas alternativos; en la formulación y el diseño de políticas, AMLO también recurría a su supuesta comprensión de las necesidades populares y al respaldo electoral que recibió para decir que “el pueblo” apoyaba sus decisiones, aunque éstas se basaran en impulsos espontáneos sin un razonamiento basado en análisis profundos; la implementación se caracterizó por la centralización en el Poder Ejecutivo, la inauguración performativa de proyectos y obras que no habían concluido, y el uso de estructuras administrativas paralelas compuestas por redes de simpatizantes que se declaraban leales a su proyecto; la evaluación se basó en ignorar y atacar las recomendaciones y críticas de expertos independientes para asegurar que el gobierno tenía “otros datos” sobre el éxito de los programas y políticas; y, finalmente, la conclusión de políticas públicas conllevó la sistemática e injustificada desaparición de instituciones, cargos públicos y herramientas de política para sustituirlos discrecionalmente con otras a partir del deseo presidencial (Dussauge-Laguna, 2022).
Con estas afectaciones al proceso de políticas públicas, AMLO también controló en los hechos el proceso legislativo (Monsiváis-Carrillo, 2023 b) . Un ejemplo que destaca en la literatura por sus implicaciones se vincula, nuevamente, con el INE. Frente a la fallida reforma constitucional para desaparecer el instituto, AMLO presentó un “Plan B” en el Congreso. La propuesta no siguió el proceso legislativo, no fue discutida ni consensuada con partidos de oposición y, por la premura con la que se decidió aprobarla, es poco realista sugerir que las y los legisladores del partido en el poder siquiera leyeran o evaluaran las medidas que aprobaron (Monsiváis-Carrillo, 2023c). El ejemplo es particularmente relevante porque, como advierten Haggard y Kaufman (2021) , el control de las legislaturas es un paso crucial en el colapso de la separación de poderes. Los congresos controlados por un Ejecutivo autócrata pueden reformar las leyes para satisfacer el proyecto del líder (Haggard y Kaufman, 2021).
Militarización de la administración pública y de la seguridad
La tendencia a la militarización en México comenzó desde antes del sexenio de AMLO (Ibarra del Cueto, 2023; Pansters y Serrano, 2023) ; sin embargo, entre las pocas áreas del gobierno que no vieron recortes presupuestales sino, al contrario, un aumento sistemático de recursos y funciones, se encuentran las fuerzas armadas. En ese sentido, Ibarra del Cueto (2023) advierte que AMLO impulsó su agenda mediante el involucramiento del ejército en múltiples labores de seguridad y de administración pública. Más aún, la participación de las fuerzas armadas en la gestión de servicios públicos y en varias áreas de la burocracia federal se profundizó al crear y modificar instituciones que, aunque tuvieran un perfil civil, se pusieron bajo el mando del ejército o la marina (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021) . Al integrar a los cuerpos militares en múltiples tareas civiles, el servicio público se vuelve opaco por la resistencia que estas corporaciones tienen frente a la transparencia (Monsiváis-Carrillo, 2023 b) .
Tres proyectos destacan en la militarización impulsada por AMLO debido a que fueron prioritarios en la agenda gubernamental: la creación de la Guardia Nacional, la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la construcción del Tren Maya (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021; Ibarra del Cueto, 2023; Pansters y Serrano, 2023) . La Guardia Nacional originalmente se planteó como una corporación policiaca bajo un mando civil, pero AMLO pronto hizo cambios para que la institución estuviera conformada y dirigida por militares (Pansters y Serrano, 2023). Respecto al aeropuerto y el tren, se encomendó al ejército liderar su construcción y operación, y además sus ganancias económicas serán prioritariamente destinadas a las fuerzas armadas (Ibarra del Cueto, 2023). Sin ofrecer un diagnóstico claro ni una explicación racional sobre sus decisiones, AMLO justificó la inclusión del ejército y la marina en múltiples proyectos y obras con la idea no sustentada de que las fuerzas armadas no son corruptas, sino que son “pueblo uniformado” que protegerá las obras si los “conservadores” regresan al gobierno (Ibarra del Cueto, 2023).
Para Pansters y Serrano (2023) , AMLO aceleró y profundizó la militarización del país por los problemas asociados a las actividades y la violencia del crimen organizado, por la presión de Estados Unidos, y por su visión centralista y jerárquica del funcionamiento gubernamental. Sea cual fuere el caso, la fuerte relación que AMLO tuvo con las fuerzas armadas, además, se reflejó en su defensa irrestricta a las actividades de espionaje, intimidación y violencia que el ejército realizó, así como al ocultamiento de información sobre violaciones graves a los derechos humanos, especialmente en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Ibarra del Cueto, 2023) . Así, como destaca Sánchez-Talanquer (2020) , la decisión de AMLO de recurrir tan ampliamente a las fuerzas armadas no sólo fue un giro en dirección opuesta a lo prometido en campaña, sino que también implicó un rompimiento tajante con las organizaciones defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales liderados por familiares de víctimas de la violencia.
Uso político de los mecanismos de democracia participativa
Desde que era presidente electo, AMLO recurrió al uso de consultas públicas o referendos para varios temas. Estos ejercicios de supuesta democracia directa disfrazaban las decisiones del presidente como decisiones populares (Sánchez-Talanquer, 2020) . Ibarra del Cueto (2023: 304) argumenta que las consultas populares implementadas por el Poder Ejecutivo en México tuvieron el objetivo de mostrar su “músculo plebiscitario” para sugerir que su agenda era la del “pueblo” y que, en última instancia, cualquier actor que se opusiera —ya sea a la consulta en sí misma o al tema consultado— carecía de legitimidad. Dussauge-Laguna (2021) coincide en esto y señala que las consultas públicas ad hoc fueron usadas sistemáticamente para argumentar que el presidente “escucha a la gente” y que la gente confiaba en él y en sus decisiones.
El objetivo de las consultas populares puede perder sentido si los gobiernos de corte populista manipulan la información sobre lo consultado y la redacción de las preguntas (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021) . En ese sentido, las consultas promovidas por AMLO fueron problemáticas en su diseño, comunicación y aplicación porque su “legalidad, legitimidad y eficacia” en términos de políticas públicas fue poco clara (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021: 162) . Por ejemplo, AMLO argumentó que la consulta popular sobre el cierre en las obras del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía el objetivo de dejar al “pueblo” decidir, pero en su implementación no se respetaron las leyes aplicables y no se involucraron instituciones estatales, sino a militantes de Morena (Sánchez-Talanquer, 2020) . A esto se suma que las consultas ciudadanas implementadas por AMLO no partieron de demandas populares ajenas a los partidos políticos ni al gobierno, sino que estuvieron vinculadas a la agenda presidencial y, además, fueron usadas para desacreditar al INE porque en ningún caso los legisladores del partido del presidente garantizaron los recursos necesarios para que el instituto las implementara de manera adecuada (Monsiváis-Carrillo, 2023 c) .
En suma, para Aguilar Rivera (2022: 369-370) , las consultas populares implementadas por AMLO fueron relevantes para el proceso autocratizante en al menos dos maneras: primero, porque funcionaron como instrumentos “de manipulación y movilización electoral por parte del régimen” en contra de la autoridad electoral autónoma; segundo, porque tuvieron un “efecto detrimental en la autonomía de la judicatura”, particularmente en el caso de una consulta de juicio a expresidentes en la que la SCJN no puso un freno al Poder Ejecutivo en su intención de consultar sobre procesos judiciales y sus derechos asociados.
Legalidad ambigua
Dussauge-Laguna y Aguilar Arévalo (2021: 157) señalan que AMLO mostró “una relación poco ortodoxa” con los principios y procedimientos jurídicos que delimitan lo que es el “Estado de derecho”, mientras que Monsiváis-Carrillo (2022 b) encuentra que, aunque en los dos gobiernos anteriores el respeto a la Constitución había decrecido ya, el problema sólo se profundizó con el gobierno de AMLO. Esta “legalidad ambigua” (Dussauge-Laguna, 2022: 787) no sólo se observó en las acciones del presidente, sino también entre las y los legisladores de su partido, las personas que integraron su gabinete y varias gobernadoras y gobernadores de Morena que violaron abiertamente las leyes que les prohibían involucrarse en campañas políticas (Monsiváis-Carrillo, 2022a).
Un ejemplo poco discutido en literatura, pero que destaca por sus implicaciones, es la contravención de la separación entre las iglesias y el Estado. El discurso de AMLO fue profundamente religioso y sus alianzas con las iglesias evangélicas fueron constantemente reiteradas de manera pública (Sánchez-Talanquer, 2020) . Asimismo, el presidente violó el principio al incluir a iglesias evangélicas en la distribución de su “cartilla moral” (Dussauge Laguna y Aguilar Arévalo, 2021) . Además, parte fundamental de la narrativa gubernamental fue la promesa de una “auténtica democracia” para el “pueblo”; sin embargo, como apunta Monsiváis-Carrillo (2023 c) , esta idea, por una parte, desacreditaba en automático las leyes y las normas vigentes y, por otra, ocultaba que el gobierno de AMLO buscaba desmantelar las leyes que garantizan la autonomía institucional de la democracia electoral construida durante décadas.
Discusión y conclusión
Para Levitsky y Ziblatt (2018) , hay cuatro aspectos que permiten observar la tendencia de un líder político hacia el autoritarismo: rechaza, en discursos o acciones, las normas de la democracia o muestra un compromiso débil con éstas; niega la legitimidad de sus oponentes; tolera o motiva la violencia; y comunica su voluntad de restringir las libertades de algún actor que considera un oponente. Como señalan estos dos autores, la observación de al menos uno de estos cuatro indicios es causa de preocupación. Paralelamente, Haggard y Kaufman (2021) identifican tres mecanismos interrelacionados que provocan el deslizamiento en reversa: los efectos perniciosos de la polarización, los realineamientos partidistas que fortalecen la influencia legislativa de un líder electo y los ataques incrementales o graduales a las dimensiones democráticas de un sistema político. En mayor o menor medida, como muestra esta revisión a la literatura, estas cuestiones fueron observables en el gobierno de AMLO.
No obstante, mi objetivo no fue determinar el grado de erosión de la democracia en México a partir de la llegada de AMLO a la presidencia; mi meta fue más modesta: identificar las prácticas y los discursos de este expresidente mexicano que en la literatura se distinguen como favorecedoras de la erosión, y sistematizarlas a partir de los conceptos de “innovaciones autoritarias” (Curato y Fossati, 2020) y “repertorio autoritario” (Monsiváis-Carrillo, 2023 d) . En ese sentido, identifiqué ocho innovaciones en el repertorio autoritario de AMLO cuya relevancia sería un error minimizar o desestimar: el engrandecimiento del Ejecutivo y la hiperpersonalización del poder político, el uso de una retórica populista y polarizadora, las estrategias de desinformación y el rechazo a la deliberación pública, los ataques a y la cooptación de instituciones que son sometidas a la austeridad como medida disciplinaria, el debilitamiento de la administración y de los procesos de política pública, la militarización de la administración pública y de la seguridad, el uso político de los mecanismos de democracia participativa, y la legalidad ambigua.7
Como se mencionó antes, la erosión de la democracia no necesariamente se observa en todas las dimensiones de este tipo de régimen, sino que unos componentes pueden registrar más deterioro que otros (Monsiváis-Carrillo, 2023 b) . Es importante destacar esto porque la erosión puede desarrollarse durante varios años de manera incremental y sus consecuencias no se ven de la noche a la mañana (Bermeo, 2016; Haggard y Kaufman, 2021; Levitsky y Ziblatt, 2018; Lührmann, 2021; Waldner y Lust, 2018). En los trabajos considerados para esta revisión de la literatura, hay consenso respecto a que no se ha concretado la instauración de un régimen autocrático en México; sin embargo, algunos textos son más optimistas que otros. En ese sentido, antes de las elecciones de 2024 —en las que Morena ganó nuevamente la presidencia y obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso— Ibarra del Cueto (2023: 301) consideraba que los “riesgos” de un deslizamiento en reversa “significativo” estaban “contenidos” y habían sido “sobreestimados” porque, aunque el presidente y su partido habían intentado terminar con algunos mecanismos y procesos democráticos, no habían logrado concretar sus esfuerzos. No obstante, como apunta Monsiváis-Carrillo (2022a: 51), la pregunta es: “¿qué tanto es ‘tantito’?”. Bien señalan Curato y Fossati (2020) que se debe prestar especial atención a las etapas tempranas de la erosión porque así será posible observar cómo se construyen los consensos autoritarios. Además, los desafíos antidemocráticos no son eventos que se presenten en un solo momento claramente distinguible, sino que se trata de procesos complejos y dinámicos cuyo fin no es tan obvio (Volacu y Aligica, 2023) . Así, los resultados electorales de 2024 han llevado a que varios esfuerzos no concretados durante el gobierno de AMLO se cristalicen con la llegada de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum —por ejemplo, ya se concretaron la reforma al Poder Judicial y la desaparición de las instituciones autónomas—.
Queda pendiente estudiar a profundidad cómo y por qué la democracia mexicana ha sido, o no, resiliente. En ese ámbito, destaca el libro coordinado por López Leyva y Monsiváis-Carrillo (2024) que incluye un análisis de la resiliencia de la democracia desde enfoques institucionales y sociales. Otra línea de investigación a futuro se relaciona con las valoraciones que los simpatizantes de AMLO y su partido hacen de la democracia y el impacto que éstas pueden tener en su estabilidad. Algunos trabajos han encontrado que entre las personas que respaldan a AMLO hay cierta tendencia a apoyar las medidas antidemocráticas (Castro Cornejo y Langston, 2023; Monsiváis-Carrillo, 2022a, 2023a) Entones, en el entendido de que la persistencia y la estabilidad de la democracia dependen de que los diversos actores del sistema político defiendan sus reglas e instituciones (Guillén et al., 2019 a ; Monsiváis-Carrillo, 2022a), será importante estudiar cómo las y los simpatizantes de Morena pueden favorecer o no la estabilidad de la democracia en el país al exigir la rendición de cuentas de la nueva presidenta.
Sin embargo, coincido con Cianetti et al. (2018) en que nuestra atención no sólo debe dirigirse a la estabilidad democrática, sino también a la calidad de la democracia porque la primera puede basarse, por ejemplo, en mecanismos de exclusión, control elitista del sistema y apatía popular. En contraste, los análisis que en el futuro se hagan sobre la erosión de la democracia en México podrían acompañarse de recomendaciones para impulsar la “profundización democrática”; es decir, el mejoramiento de la calidad de un sistema político mediante la expansión de las libertades civiles, el fortalecimiento de los controles horizontales y el estado de derecho (Rhodes-Purdy y Madrid, 2020) .
Enfocado en el papel de los liderazgos populistas en la erosión de la democracia, Weyland (2024) critica las perspectivas conceptuales y analíticas que se concentran en las dimensiones discursivas del populismo porque, para él, lo que los populistas hacen es más importante que lo que dicen. En ese sentido, los conceptos utilizados para la sistematización de esta revisión de la literatura —“innovaciones autoritarias” y “repertorio autoritario”— contribuyen a observar y analizar lo que dicen y lo que hacen no sólo los gobernantes populistas, sino cualquier tipo de líder político con tendencias autocratizantes. Entonces, además de presentar un panorama de la literatura sobre la erosión democrática que se ha vivido en México desde 2018, este texto, por una parte, respalda la contribución teórica y la utilidad empírica de dos conceptos recientes y, por otra, favorece la identificación de las prácticas y los discursos que los líderes políticos que llegan al poder democráticamente pueden usar para socavar la calidad de la democracia en otras regiones.
