Introducción

Cuando Octavio Paz escribe su obra insigne de política seguramente no tenía en mente un régimen distinto al del partido hegemónico (^{Sartori, 2005}) en el que le tocó vivir buena parte del siglo XX. Si le hubieran dicho a sus contemporáneos que esa gobernabilidad se volvería a vivir en México en el siglo XXI, probablemente hubiera recurrido a la crítica cultural del mexicano del Laberinto de la soledad. Empero, consideramos que para comprender la gobernabilidad que impera en el país en la segunda década del siglo XXI, la guía imprescindible es el ogro filántropo que describe y cuestiona Paz.

El ogro filántropo es el símbolo que utiliza para cuestionar y describir, al mismo tiempo, la lógica de relación del régimen político. Es un régimen que sin duda no es una democracia, pero tampoco es una dictadura a la manera clásica ni a la manera de los regímenes militares latinoamericanos. El régimen hegemónico es una rara combinación de diversos elementos: hay partidos, pero no hay competencia política (^{Sartori, 2005}); se toleran algunas libertades individuales, pero el régimen se vuelve intolerante frente a la manifestación y las protestas públicas como en 1968 (^{González de Alba, 2016}); finalmente, existe la separación de las esferas pública y privada, hasta que al régimen le conviene, si no amenaza con sanciones y expropiaciones como en la década de los setenta del siglo pasado.

Para caracterizar la situación anterior, Paz afirma que el régimen es como un ogro visto desde lejos, terrible, peligroso, feo y amenazante. Sin embargo, ese mismo ogro se dedica a dar beneficios, ayudas o subsidios a diversos sectores sociales, lo mismo administra tiendas de auto servicio como fábricas. Dota de subsidios directos a productos de consumo como a otros que no lo son para todos, por ejemplo, vehículos y gasolinas; llegado el momento electoral otorga recursos en efectivo de manera generalizada a la población, así como juega con la fiscalidad incrementándola o disminuyéndola según la oportunidad política; y también financia, promueve y auspicia el mundo cultural (^{Suárez-Iñiguez, 1980}), de ahí que sea un ogro pero un ogro filántropo al cual si no se le cuestiona en el punto de la gobernabilidad del país, entonces el régimen es un peculiar proveedor de bienes y servicios, además bienhechor de los requerimientos sociales (^{Paz, 1979}).

Y justo ahí se encuentra el límite del régimen hegemónico: si me dejas continuar gobernando como lo he llevado a cabo hasta ahora, entonces te dejo continuar con tus actividades y las incentivo. Por contrapartida, si cuestionas la gobernabilidad imperante, entonces todo el aparato estatal será utilizado en tu contra.

Consideramos que casi todo el descriptor anterior que está basado en el ogro filantrópico de Paz puede ser utilizado en el momento actual con una gran diferencia: la gobernabilidad presente se consiguió desmontando precisamente esas relaciones de poder que describió nuestro Nobel de Literatura con lo que ahora estamos en un marco democrático, que tiende a ser vulnerado de nuevo por nuestro ogro filántropo recargado, de ahí la necesidad de revisitar al anterior para comprender al actual. Además de esta gran diferencia, existen diferencias específicas que iremos abordando a lo largo del ensayo.

Los elementos del régimen hegemónico

En El tiempo de la legitimidad (¹⁹⁹¹), Molinar realiza un análisis amplio de lo que consideró era el momento dorado del régimen hegemónico en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX. En esa etapa, el dominio del partido oficial tendió a ser incuestionable y si bien hubo algunos conatos de oposición, en gran medida existió una aceptación generalizada del régimen hegemónico; incluso en una investigación internacional se denota esa aquiescencia pasiva de los ciudadanos hacia el régimen político mexicano (^{Almond y Verba, 1963}).

Se puede considerar que en esa etapa, la cual es la que a finales de los sesenta va a caracterizar Paz, se encuentran elementos de lo que posterior- mente se llamaron democracias diferentes (^{Pempel, 1980}), que es la posibilidad de un dominio político de larga duración; esos elementos implican construir un círculo de dominación política que permite al partido gobernante mantener su continuidad. Los elementos de ese dominio son la herencia de un pasado singular: una liberación, una independencia o una revolución; una gestión económica suficientemente exitosa y una formación casi manipulación educativa y cultural que alienta y justifica al dominio. Si se observa con detalle estos elementos que ^{Pempel (1980)} utilizó para caracterizar a la gobernabilidad de la socialdemocracia sueca o al de la democracia cristiana italiana, también pueden servir para analizar al PRI mexicano. Revisemos por qué razones.

El PRI fundado en 1946 es la continuidad del Partido de la Revolución Mexicana y antes del Partido Nacional Revolucionario. Es claro que en ambos casos esos partidos se consideraron herederos directos de la gesta armada que comenzó en 1910 que, de manera formal, fue saldada en 1917 con la emisión de la nueva constitución del país. Desde el nombre, tales partidos, al igual que el PRI, incorporaron en la memoria social la idea que ellos y solamente ellos representaban la herencia de la revolución mexicana, por lo que cualquier otro ente u organización que pretendiera disputar tal herencia estaba fuera de lugar. Esto se llevó incluso a los escudos de los partidos que tomaron la insignia tricolor como su símbolo de identidad; así, votar por ellos era votar por la bandera y esto era votar por México. Con esto se cumple el primer elemento del círculo del dominio: presentarse como herederos de una gesta singular, en este caso de la revolución mexicana iniciada en 1910.

El segundo elemento es una gestión económica suficientemente exitosa que dote de bienes y servicios a la mayor parte de la población. Conforme a datos de los censos de las décadas de los cuarenta, los cincuenta y los sesenta, el Estado mexicano fue suficientemente eficaz para generar riqueza y distribuir bienes, de manera desigual pero ampliamente aceptada. Esto también está respaldado por investigaciones y análisis académicos que denominaron a esa etapa como la del milagro mexicano por mantener un crecimiento económico constante y una marginal distribución de los ingresos con movilidad social, lo que implicó la aceptación pública de tal modelo de desarrollo económico (^{Tello, 2007}; ^{Meyer y Aguilar, 1989}). La aceptación social no estuvo exenta de críticas y cuestionamientos, además de huelgas como las de los médicos en los cincuenta del siglo XX (^{Pozas, 1993}); sin embargo, sí hubo una cierta aquiescencia social, porque al final el modelo permitió la movilidad social, además de una tenue distribución de la riqueza general y ese justo es el punto de caracterización: un éxito económico relativo, el cual comenzó a hacer agua hacia los setenta y, específicamente, los ochenta del siglo pasado.

Finalmente, el tercer elemento del dominio es una formación casi manipulación educativa y cultural por parte del Estado. En esto el régimen posrevolucionario mexicano fue muy eficaz, ya que logró establecer un curriculum docente en el sentido de justificar su dominio, además de que alentó toda una política cultural para denotar el nacionalismo mexicano. Esto ha sido analizado desde la pedagogía y la cultura política a partir de la socialización del niño mexicano, y tal vez sea la mayor herencia del dominio cultural que generó el régimen hegemónico porque pervive hasta la actualidad expresada en un claro gen autoritario por parte de los mexicanos (^{Illades, 2019}; ENCUCI, 2020).

Como puede observarse fácilmente, el Estado mexicano posrevolucionario cumplió con las características básicas del círculo del dominio político, lo que es un indicio claro de cómo se articularon las relaciones sociales en esa época. También es preciso anticipar que justo los sectores que obtuvieron beneficios limitados, las futuras clases medias urbanas y con mayor educación que el promedio nacional, fueron las que comenzaron a cuestionar el dominio del régimen político; y en específico, los hijos de esas familias fueron los que convocaron a las manifestaciones de protesta política de fines de los sesenta, que después pasarían a ser las organizaciones guerrilleras que hubo en nuestro país en los setenta y posteriormente construyeron partidos políticos legalizados con la reforma política de 1977 y la competencia electoral de los ochenta. Para comprender estos cambios, ahora revisamos las características del régimen desde la dimensión política. El régimen hegemónico fue una rara combinación de diversos elementos:

Estas características permitieron a Sartori incorporar una categoría más en su famosa clasificación de los sistemas de partidos: el sistema de partido hegemónico, ya sea ideológico como el caso polaco del siglo XX o el partido hegemónico pragmático como lo fue el PRI mexicano. Es claro con Sartori que ese régimen no era dictadura a la manera clásica o como las sudamericanas de esa época, pero tampoco fue una democracia representativa sino más bien un régimen que combinaba varios elementos con una guía fundamental: mantener el dominio del partido oficial.

De suyo, el PRI mexicano fue estudiado por diversos analistas porque representó una figura extraña en el mundo de los partidos políticos. Además, la longevidad del régimen posrevolucionario mexicano era motivo de extrañeza en el mundo, ya que una democracia competitiva si bien podría ser duradera no la era con tal extensión; eso solamente sucedió con los regímenes dictatoriales o con los autoritarismos y justo en esta última clasificación es donde se tiene que ubicar al régimen hegemónico mexicano, ya que fue una autocracia.

Toda autocracia está cernida de una premisa fundamental: es necesario mantener bajo control la asignación autorizada de valores (^{Easton, 1999}), así sea por medios coactivos o de presión. Solamente en última instancia se puede recurrir a la fuerza del Estado porque no es conveniente utilizar la represión como medida política, es más conveniente una mezcla de persuasión con amenazas veladas para lograr la gobernabilidad del Estado. En esto, los diversos autoritarismos conocidos han sido sumamente eficaces, ya que logran establecer una supuesta armonía social construida mediante subterfugios de apoyos y beneficios, a la vez de recordatorios y amenazas sobre las necesidades del régimen.

El caso mexicano fue un ejemplo puntual de los elementos antes descritos, tanto en la dimensión política del régimen hegemónico como en la dimensión social del círculo del dominio, ya que logró articular los elementos de ambas dimensiones y construyó una suerte de aquiescencia social pasiva (^{Bartra, 2017}); eso explica en buena medida la durabilidad del régimen hegemónico mexicano. Además de su durabilidad construyó una herencia en la cultura política que se ha denominado el priísmo sociológico, que es la forma de pensar y actuar de una sociedad que sin haber vivido en la etapa dorada del régimen hegemónico se conduce y comporta como si estuviera viviendo en ella. Ese priísmo sociológico es la principal herencia de aquella época; y en nuestra opinión, la peor parte que se tiene de esa herencia, porque es la que explica el gen autoritario de la sociedad mexicana.

Afirmamos lo anterior porque pareciera que hay una obsesión recurrente por una idea de centralización y concentración del poder político (^{Bartra, 2021}). Cuando las democracias liberales se caracterizan por lo contrario, el control y la descentralización del poder político, la apuesta mexicana parece que está nutrida de la nostalgia del hombre fuerte como lo fueron Juárez y Díaz en el siglo XIX (^{Illades, 2019}). Es esta nostalgia por una gobernabilidad sin cortapisas que podría ser entendida como indicaba Huntington cuando escribió el orden político de las sociedades en cambio. Esa obra es un alegato en contra del desorden y a favor de la gobernabilidad, ya que lo que se muestra en los cambios políticos es el desorden y no el orden. Pues esto parece que subyuga a lo mexicano: pagar el costo del orden a cualquier precio, aunque éste sea la disminución si no es que la restricción de libertades políticas básicas (^{Rawls, 1995}).

En nuestro concepto, esto es sumamente peligroso porque asumir la perspectiva anterior implica no cuestionar el gen autoritario, con lo que el afecto por la democracia liberal es muy bajo, además de que en cualquier momento se puede presentar un vuelco y desde el gobierno establecer que para garantizar la gobernabilidad es preciso disminuir las libertades, ya sea de manera formal o por la vía de los hechos. Ante eso, la aquiescencia pasiva es un peligro constante, ya que no se observa una defensa irrestricta de la representación política y de las libertades individuales. El gen autoritario mella sobre todo la voluntad y la consciencia de los ciudadanos. Justo ese gen autoritario es el que explica por qué en condiciones diferentes al del régimen autoritario del siglo XX, el mexicano parece suspirar en los albores del siglo XXI por un hombre fuerte que garantice una gobernabilidad como la del siglo anterior (^{Bartra, 2021}).

La lógica del régimen actual y las principales similitudes con el régimen anterior

En este segundo apartado mostramos cuál es la lógica que ha seguido el gobierno que comenzó en diciembre de 2018, aunque de facto haya tomado decisiones desde el verano de ese año, a la vez que apuntamos las similitudes que tiene aquél con el régimen hegemónico que estudiamos en el primer apartado.

El gobierno federal ha apostado claramente a un planteamiento de carácter historicista (^{Illades, 2019}), al querer fincar su base de aceptación social no en el reconocimiento de su triunfo electoral que fue indiscutible e incuestionado, sino en una rememoración del pasado al señalar que va a realizar la cuarta transformación política en México, haciendo alusión a las tres anteriores: la independencia, la reforma y la revolución. Es interesante denotar que el gobierno federal que comenzó en 2018 ganó bien en las urnas, por lo que no requiere ninguna justificación histórica; sin embargo, está empeñado en tal narrativa que tanto a su movimiento como en los emblemas oficiales aparece la 4T como rememoración e indicación de la cuarta transformación, aunque el espíritu chocarrero la ha denominado más bien una transformación de cuarta.

En este punto es claro que el gobierno que comenzó en 2018 se asemeja a los gobiernos del régimen hegemónico del siglo XX que apelaron a la herencia de la revolución mexicana y con ello a su producto: el nacionalismo revolucionario (^{Bartra, 2021}). Ahora bien, esos gobiernos tomaron esa ruta porque sabían que no podían apelar a su origen electoral, ya que éste no había existido al ser los comicios únicamente una ratificación de la decisión presidencial (^{Cosío, 1972}). Lo que es de llamar la atención, es que el gobierno actual sí puede apelar a su origen electoral, pero parece que le agrada más justificar su existencia no en la decisión de los votantes, sino en su conexión con el pasado, con lo que realiza una operación similar a la de los gobiernos del régimen hegemónico cuando apelaban a su origen revolucionario. En palabras de uno de los clásicos del siglo XX mexicano, Fidel Velázquez: por las armas tomamos el poder y por las armas nos lo tendrán que quitar. Afortunadamente para uno de los cinco lobitos, murió antes que pudiera ver el triunfo de los partidos de oposición a partir de 1997.

Una segunda cuestión derivada de su apuesta historicista es el constante intento de reescribir los momentos políticos del pasado e intentar conectarlos con el presente. Hay una clara narrativa que describe los sufrimientos en el periodo virreinal y en el porfiriato para hacerlos similares al periodo gubernamental que corrió de 1988 a 2018 y que de forma resumida y poco analítica se le denomina Neoliberalismo. Además de lo anacrónico del proceder y de la falta de contenidos para definir al tal Neoliberalismo, es claro que es más bien un uso de carácter político que ha llevado a exigir disculpas a la Corona española por los sufrimientos de los pueblos originarios en la Conquista y el Virreinato. Si bien las vejaciones están estudiadas por los mismos colonizadores desde el siglo XVI, hay una noción maniquea de querer conectar esos sufrimientos con los padecidos por los mexicanos entre los años de 1988 a 2018, como si hubiera sido una reconquista esos años de gobierno neoliberal. Ahora esto no pasaría de ser una anécdota si no hubiera una política educativa encaminada a reescribir la historia, como está sucediendo con los libros de texto que se utilizan en la educación básica. Por cierto, fue justo el régimen hegemónico el primero en producir libros de textos e intentar insertar su visión de la historia en esos documentos.

La gestión económica es otro de los aspectos característicos del círculo del dominio y que tanto el régimen hegemónico como el gobierno federal actual han utilizado. Existen estudios clásicos que muestran cómo, en la etapa dorada del siglo pasado, el gobierno federal intervino la economía e intentó realizar una gestión que le permitiera presentarse ante los mexicanos como un caso exitoso en las variables económicas (^{Huerta, 1986}).

Aunque los saldos de tal gestión económica pueden ser revisados como claroscuros, lo cierto fue que el modelo de desarrollo comenzó a agotarse en la década de los ochenta del siglo XX; y si bien el PRI mantuvo su dominio hasta el 2000, también es cierto que tuvo que aplicar correcciones al desarrollismo imputado en el marco de lo que se denominó el milagro mexicano.

El gobierno federal que comenzó en 2018 ofreció una gestión diferente que si bien ha sido cumplida en lo relativo a los programas sociales, eso no es cierto respecto a las variables económicas. Si se revisan las políticas económicas y las variables asociadas a ellas, resulta que hay un nulo crecimiento que en 2020 fue negativo, también que hay una fuerte contención del gasto y hasta subejercicio público, lo que ha redundado en una suerte de parálisis económica. La nueva gestión económica se parece mucho a la cuestionada gestión del llamado periodo neoliberal.

Por su parte, los programas sociales sí han sido diferentes aunque guardan un claro olor con el pasado del desarrollismo mexicano, por lo menos en dos sentidos: tienen una evidente orientación asistencial como ha mostrado ^{Casar (2019)} al desvelar cómo tales programas sociales mantienen en la misma condición a las personas, aunque tengan un ingreso económico adicional y también por su manipulación para recordar a los beneficiarios que tal prestación por el gobierno federal es una conquista política; y de perder la mayoría el gobierno federal, entonces los incentivos económicos están en riesgo máximo de ser reducidos o eliminados, lo que ha manifestado directamente el presidente en varias de sus alocuciones matutinas.

Estas dos características, la orientación asistencial de los programas sociales y su clara manipulación electoral, son herencias del régimen hegemónico que en el marco del llamado milagro mexicano se dedicó a recordarles a los mexicanos que la prestación de bienes y servicios era un favor del Estado mexicano y que era preciso su respaldo al gobierno en turno para que esa dotación se mantuviera. La gran diferencia es que tal sentido de los programas sociales fue en el marco de un régimen no competitivo, se habría esperado que en el contexto de la competencia política esto no se presentara; sin embargo, el gobierno federal que comenzó en 2018 decidió aplicar la misma receta social que la que utilizó el régimen hegemónico.

Las elecciones de 2021 serán un buen parámetro para observar no tanto el clientelismo aplicado por el gobierno, sino para comprender hasta qué punto ha permeado la receta de distribuir recursos con orientación asistencial y en qué medida los mexicanos siguen aspirando al viejo ogro prestador de bienes y servicios públicos que a cambio de ser filántropo recibe su respaldo expresado en votos a favor del partido gobernante. Esto nos lleva necesariamente a los partidos políticos y al sistema de partidos que actualmente tenemos.

El sistema de partidos tuvo una sacudida importante con los resultados electorales de 2018, ya que hubo el ascenso de un nuevo partido, morena, y el debilitamiento de los tres partidos que habían competido en las últimas elecciones presidenciales: el PRI, el PAN y el PRD. Además, se estabilizaron tres partidos que han servido de socios en diversas coaliciones electorales: el PVEM, el PT y MC, mientras que dos desaparecieron por no alcanzar el porcentaje mínimo de votos: el PANAL y el PES. De estos últimos hay que decir que volvieron a resurgir en 2020 como nuevos partidos junto con uno más denominado Fuerza Social por México, que serán los diez participantes en los comicios intermedios de 2021.

Los partidos, especialmente los que han sido socios de coaliciones gobernantes, se han comportado como los antiguos partidos “satélites” del régimen hegemónico: el PPS y el PARM, los cuales guardaban fidelidad absoluta al presidente de la República en turno, incluso llegando a ser más obsecuentes que el mismo PRI. Tales partidos “satélites” como los denominó Sartori porque orbitaban como lunas alrededor del partido mayoritario, tuvieron un rol secundario pero muy importante en la hegemonía del presidencialismo mexicano porque sirvieron para validar y justificar las decisiones del Ejecutivo en turno. Dos ejemplos de esto.

El PPS y el PARM salvo en su primera aparición electoral y en la última, siempre postularon al candidato presidencial del PRI, lo que llevó a que en 1976 ante la imposibilidad de que el PAN pudiera tener un candidato, no hubo más que un solo postulado: el candidato común del PRI, el PPS y el PARM. Por cierto, este candidato ya en funciones finales de presidente estatizó la banca mexicana en 1982 y esos mismos partidos organizaron marchas de respaldo a la decisión presidencial.

Tanto el PPS como el PARM fueron acusados de vivir de las prebendas estatales, lo cual también puede verificarse si recordamos que a pesar de no obtener los votos mínimos necesarios, mantuvieron su registro por más de treinta años y, además, obtenían escaños mediante la figura de diputa- dos de partido. Y si bien no obtenían los votos suficientes, el Colegio Electoral de los diputados se los asignaba para cumplir con el espíritu de la norma que propugnaba por garantizar espacios mínimos de representación política, aunque se realizara un fraude a la ley.

Por cierto, algo similar argumentó el PES en 2018 ante la pérdida de su registro como partido político nacional, al no alcanzar el umbral de votos requeridos para cumplir con el mínimo del tres por ciento de la votación; es de llamar la atención que este partido hoy resurgido se comporte de forma muy similar a los antiguos partidos “satélites” del régimen hegemónico. Algo que también se puede afirmar del PT y el PVEM, es que han sido más que obsequiosos con el presidente de la República y en 2021 integran una coalición casi total con morena para las postulaciones de la Cámara de Diputados.

Si bien es cierto que el sistema de partidos tiene una conformación diferente a partir de los resultados electorales de 2018, también es cierto que parece tener una dinámica similar a la del régimen hegemónico: un gran partido mayoritario con partidos “satélites” girando a su alrededor y con partidos de oposición más en carácter testimonial que propiamente como competidores al partido gubernamental. Es una vuelta al pasado, aunque en el marco de la competencia electoral no fue el contexto en el que nació y creció el partido hegemónico del siglo XX mexicano.

La libertad de expresión y el debate político es la última característica distintiva de la que nos ocuparemos. El gobierno federal ha sostenido la idea de que debe estar siempre presente en el debate público; de hecho, el presidente ha afirmado que su “pecho no es bodega” en alusión de que responderá los cuestionamientos que se le realicen a él y a su gobierno amparado en su libertad de expresión.

El problema es que el presidente y sus corifeos confunden un supuesto básico del marco liberal clásico y las consecuencias que ello significa: el principio de legalidad; para explicarlo, es preciso un acercamiento conceptual. Desde los albores del liberalismo es claro que existe una línea demarcatoria entre los tipos de ciudadanos: existen los que eligen a quienes toman las decisiones que son los gobernados y aquellos ciudadanos que decidieron postularse para tomar decisiones que son los gobernantes. Esta línea demarcatoria entre gobernantes y gobernados es fundamental para comprender las actividades, funciones y roles que desempeña cada grupo, entendiendo que si bien todos son ciudadanos, existe una diferencia central entre los dos grupos: unos eligen a los que deciden, mientras que los otros toman decisiones generales que se aplican a todos. Tal diferencia explica las razones de por qué hay diferencias en los derechos y obligaciones de los gobernados frente a las atribuciones y las obligaciones de los gobernantes.

Para comenzar, los gobernantes son un grupo peculiar y tipo especial de ciudadano; lo son porque decidieron presentarse a una elección para que los gobernados seleccionaran entre los postulados a los que consideraran más adecuados para gobernar. Esta no es una selección impuesta, sino es una postulación individual que solamente algunos ciudadanos deciden llevar a cabo, la mayoría de aquellos prefiere el rol de gobernado, por lo que aquí comienzan las notorias diferencias.

El gobernante es un tipo especial de ciudadano porque tiene una función especial por un tiempo determinado: tomar decisiones que aplican a todas las personas, por lo que su estatuto jurídico es diferente mientras sea gobernante; cuando deje de serlo, regresa a su condición de gobernado. Ese estatuto diferente se manifiesta en el hecho de que tiene que cumplir con obligaciones y que para llevarlas a cabo tiene atribuciones. Esta combinación es el principio de legalidad: cumplir con los mandatos que le imponen las leyes, mientras que los gobernados tienen una combinación de derechos y obligaciones que se expresan en el principio de libertad: poder realizar todas las actividades que no se encuentren restringidas por las leyes.

Mientras que para unos, los gobernantes, el mandato es de cumplimiento, de imposición y de realización; para los otros, los gobernados, el mandato es de falta de restricción y de ampliación de libertades. O en palabras de ^{Berlin (2005)}, es la libertad negativa, las libertades de las personas, frente a la libertad positiva, los alcances del Estado. Esto que puede parecer sumamente abstracto, el sistema interamericano de derechos humanos lo ha expresado en una tesis de jurisprudencia: los gobernantes tienen que cumplir con un deber de cuidado porque tienen un estatuto diferente y deben asumir un margen de crítica mayor que los gobernados, ya que justo ese margen es la libertad de expresión del debate político en un régimen democrático, con lo que los derechos y obligaciones son de los gobernados, mientras que las obligaciones y las atribuciones son de los gobernantes.

Las anteriores precisiones conceptuales son necesarias para comprender que el presidente y su gobierno están totalmente confundidos y francamente desubicados: ellos en calidad de gobernantes no tienen libertad de expresión, tienen mandatos de cumplimiento, por lo que su argumento respecto a que deben contestar los cuestionamientos porque el derecho de réplica es parte de su libertad de expresión, es totalmente falaz. Además, como indica la jurisprudencia interamericana, deben tolerar un margen de crítica mayor justo por la función que cumplen, gobernar, y por el estatuto jurídico que tienen en calidad de gobernantes. Si lo que desean es ampararse en la libertad de expresión, entonces con que renuncien al cargo y regresen a su condición de gobernados pueden readquirir los derechos y obligaciones que les corresponden, pero eso implica dejar de tomar decisiones generales. De hacer lo contrario, entonces, resulta que los gobernantes mexicanos son unos super ciudadanos: tienen los derechos y obligaciones como gobernados y suman, además, las atribuciones en calidad de gobernante, lo que es una vuelta al revés de los principios del liberalismo clásico.

Todo lo anterior es necesario comprenderlo para entender que el debate público ha estado transido de intervenciones indebidas del presidente y de los funcionarios de su gobierno. Esto puede observarse en las amonestaciones frecuentes que la jurisdicción electoral les ha impuesto por incumplir con las restricciones a la propaganda gubernamental (^{Medina y Jaramillo, 2021}) y en medio del proceso electoral de 2021 a las medidas cautelares impuestas por la difusión de programas sociales en los tiempos oficiales del Estado que el gobierno federal utiliza para difundir sus logros y realizar campaña subrepticia a favor del partido gobernante; así se estilaba en la etapa dorada del régimen hegemónico en la que si bien el presidente en funciones no tendía a intervenir directamente, su gobierno sí lo hacía en cada cita electoral para recordarles a los gobernados las bondades del gobernante en turno.

Considerando todo lo anterior, es claro que no puede haber una vuelta al pasado porque estamos en otras condiciones sociales y políticas (^{Bartra, 2021}); sin embargo, el gobierno electo en 2018 tiene una obcecación con ese pasado del nacionalismo revolucionario que de manera consciente o inconsciente lo hace comportarse como el régimen hegemónico surgido de la posrevolución mexicana del siglo XX.

Una breve reflexión final

En la ciencia política existe una añeja discusión sobre qué es mejor: el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres. A lo largo de la historia ha habido defensas de ambas posturas; sin embargo, a partir del liberalismo y más cercanamente en el siglo XIX se consideró que era mejor el gobierno de la ley por lo general, abstracto e igualitario que podría ser este gobierno y, en especial, porque abandona lo discrecional, que es una de las grandes características del gobierno de los hombres.

En el siglo XX mexicano después de la revolución, el régimen hegemónico fue catalogado de pragmático, porque más que adherirse a la ideología de la revolución, en realidad se acomodaba a las ideas e intereses del presidente en turno, quien también controlaba la mayor parte de las instituciones políticas, comenzando por su partido político, siguiendo con el Congreso y, en varios momentos, supeditando a la misma Corte (^{González, 1965}; ^{Cosío, 1972}).

Justo para combatir tal concentración de poder, es que la transición a la democracia en México cifró sus posibilidades en el momento electoral y en la implementación de órganos autónomos que le fueran quitando competencias y facultades a ese gobierno de un solo hombre o presidencia imperial (^{Krauze, 2014}). Fue el intento de pasar del gobierno de un presidente al gobierno de las leyes y las instituciones.

En la tercera década del siglo XXI, lo que observamos es que hay una vuelta en redondo a ese control del siglo XX posrevolucionario. Aunque con la gran diferencia de que los gobiernos electos en nuestro siglo pueden apelar perfectamente a su origen electoral; mientras que los gobiernos de la posrevolución preferían apelar al mito fundacional, ya que era sumamente dudoso si no es que inaceptable su procedencia electoral.

Ahora bien, lo dramático es que esa vuelta en redondo, además de apelar a una retórica historicista, también quiere centrarse en el gobierno de los hombres más que en el gobierno de las leyes. Un ejemplo para muestra. En abril de 2021 se aprobó una reforma general al Poder Judicial en la que se introdujo de manera subrepticia un artículo transitorio que extiende el mandato del presidente de la Corte hasta diciembre de 2024; además de lo cuestionable del procedimiento parlamentario porque el transitorio fue introducido de último momento, también apunta a un problema grave: el Congreso modifica el mandato del presidente de otro poder, en este caso el Judicial, amparado en la necesidad de aplicar la reforma recién aprobada y ante la retórica de que por encima de lo que indiquen las leyes está el objetivo de la justicia.

Esta retórica es sumamente peligrosa, porque apunta al gran problema del gobierno de los hombres; se requiere un gobernante capaz, prudente, bienhechor, sabio, para aplicar cáusticamente la ley, para que en su infinita providencia sepa decidir cuándo hacer excepciones, cuándo aplicar su discrecionalidad. Justo la discusión desde el liberalismo y el siglo XIX es que ésa es la gran debilidad del gobierno de los hombres: suponer que los gobernantes pueden ser sabios, buenos y justos; ante ello, es mejor el gobierno de la ley, porque en su generalidad y abstracción no se hacen distingos y la discrecionalidad del gobernante queda reducida. Sin embargo, el gobierno electo en 2018 parece que tiene una clara obsesión con este problema: ante la ley es mejor el gobierno de los hombres como fue con el régimen posrevolucionario; entre la ley y la justicia hay que optar por ésta, porque es revolucionaria, mientras que la ley es conservadora (Mier, 2021).

En síntesis, decidimos en este ensayo revisitar a El ogro filantrópico de Paz, porque fue un símbolo y una figura retórica poderosa que sirvió para reconocer las características del régimen hegemónico mexicano. Es notorio que las condiciones del siglo XXI son diferentes; empero, pareciera que en la mezcla del gen autoritario del mexicano y la orientación del nacionalismo revolucionario del siglo pasado, sigue subyacente la necesidad de un régimen político duro y fuerte que denota tintes de autoritarismo y autocracia.