Introducción

Al igual que sucedía en muchas partes del mundo,¹ en Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo xx, se empezaron a crear las condiciones necesarias para que el tema de la planificación familiar pudiera adentrarse y consolidarse en la mentalidad de las parejas heterosexuales y en las políticas estatales. Para la década de 1950 la tasa de crecimiento natural en el territorio era una de las más altas del mundo.² La tasa general de natalidad osciló entre 42 y 45 nacimientos por cada mil habitantes hasta finales de la década de 1940; llegó a un máximo de 49,4 en 1954 y para 1966 había descendido a 40,9.³ Esta tendencia continúa hasta la actualidad, en el 2023 Costa Rica se vislumbra como el país con la tasa de natalidad más baja del continente americano,⁴ con a 1,3 nacimientos por pareja en su tasa global de fecundidad.⁵

Aunque este descenso es producto de múltiples factores,⁶ el Programa Nacional de Planificación Familiar inaugurado en 1968 tuvo un papel importante, por lo que se vuelve necesario desarrollar un análisis de los principales discursos científicos, políticos y religiosos que se desplegaron a raíz de esta temática en varios ámbitos. Se parte de 1957, año en que se celebra el Primer Seminario Nacional de Demografía y se finaliza en 1978 cuando se da un cambio de gobierno y el Programa experimenta transformaciones operativas e institucionales de trascendencia.⁷

Para examinar los discursos, se utilizaron diferentes fuentes, entre ellas artículos de periódicos de la época, informes de los seminarios nacionales de demografía, entrevistas a personajes importantes de la planificación familiar en Costa Rica,⁸ así como tesis e investigaciones desarrolladas durante el periodo indicado.⁹ El artículo inicia con una contextualización de la forma en que la planificación familiar hizo su entrada oficial en Costa Rica, para luego examinar la consolidación institucional del programa a nivel nacional y, finalmente, se analizan los principales discursos y debates académicos, religiosos y políticos que se desplegaron a lo largo del periodo.¹⁰

Los inicios de la planificación familiar en Costa Rica

Antes de que se crearan las instituciones -públicas y privadas- que eventualmente administrarían y se encargarían de ejecutar las políticas de planificación familiar en el país, hubo una serie de antecedentes que sentaron las bases para el programa que iniciaría oficialmente en 1968. Los primeros esfuerzos para promover la planificación familiar se dieron en dos escenarios distintos, uno rural y uno urbano.

Antes de 1960, la provisión de métodos anticonceptivos estaba restringida a las consultas que se llevaban a cabo con médicos privados, no obstante, esto empezó a cambiar. En la ciudad de San José se había creado desde 1929 la Clínica Bíblica, una institución que surgió como parte de la creciente presencia de la religión protestante en el país.¹¹

Desde 1954, el doctor Arturo Cabezas López, médico de la Clínica Bíblica, ofrecía servicios de planificación en su consultorio, principalmente difundiendo el uso del preservativo. Para la década de 1960 estos esfuerzos se habían expandido a otros escenarios más accesibles a través de las Caravanas de Buena Voluntad -organizadas por medio de la Alianza Evangélica Costarricense-, lo cual permitió cubrir a mayores sectores de la población. Su financiamiento provenía de organismos vinculados con el protestantismo a nivel internacional y también de instituciones privadas extranjeras que apoyaban la planificación familiar.¹² Este primer escenario que inicia en la ciudad de San José se caracteriza por su poca accesibilidad y su limitado grado de alcance, pese a que las Caravanas buscaban llevar el servicio de la anticoncepción a lugares más alejados y de menos recursos económicos.¹³

Paralelo a esto, en el cantón de Turrialba¹⁴ se empezaron a desarrollar esfuerzos para promover el uso de métodos anticonceptivos y propagar información relacionada con la planificación familiar. Al contrario de lo que sucedía en San José, la introducción de la planificación familiar en Turrialba no fue obra de médicos; sus principales actores fueron ambientalistas. Desde 1942 se había instalado en esta zona rural el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (iica), el cual se dedicaba a la enseñanza e investigación de la agricultura. Para 1962 había llegado a dicho Instituto el técnico forestal Henry Tschinkel, procedente de California. A su llegada empezó a ejercer como profesor y sus reflexiones académicas relacionadas con el ambiente empezaron a volcar su mirada hacia los factores demográficos.¹⁵

Para finales de la década de 1960, las preocupaciones acerca del incremento de la población mundial -cuyas tasas de crecimiento aumentaban sostenidamente desde finales de la II Guerra Mundial-, estaban consolidadas en el movimiento ambientalista de Estados Unidos. Las inquietudes de Tschinkel empezaron a enfocarse en los efectos que la creciente población podría tener sobre los escasos recursos naturales. En una entrevista realizada por Carranza, Tschinkel afirmaba que, a su llegada a Costa Rica, el país tenía la tasa de crecimiento demográfico más alta del mundo y los efectos de esto se podían observar en diferentes partes del territorio, principalmente en la destrucción de los bosques debido a la agricultura y la ganadería.¹⁶

El trabajo de Tschinkel en Costa Rica le permitió entrar en contacto con los trabajadores rurales de la zona de Turrialba y conocer las realidades, pobrezas y dinámicas reproductivas de sus esposas. En 1963, el técnico forestal viajó a Nueva York donde visitó las oficinas de la Federación Internacional de Planificación Familiar (ippf). Ahí conoció a la doctora Ofelia Mendoza, quien era la encargada de promover la creación de asociaciones de planificación familiar en América Latina, por lo que desde finales de la década de 1950 había visitado la región para establecer contactos y explorar el contexto con el fin de identificar posibles grupos interesados en la planificación familiar.

En dicha reunión, Mendoza le dio a Tschinkel un dispositivo intrauterino llamado el anillo de Zipper. A su retorno, Tschinkel contactó al doctor Edgar Brealey Chavarría, en ese entonces anestesista del Hospital de Turrialba y gracias a este vínculo, se comenzó a sugerir la anticoncepción, por medio de dispositivos intrauterinos, a las mujeres que llegaban a consulta. Brealey fue invitado a participar en el Primer Seminario Latinoamericano sobre Planificación Familiar, organizado en Puerto Rico en 1964, lo que permitió al gremio médico involucrado con estos temas en Costa Rica, darse cuenta de que eran parte de un movimiento internacional que tenía por objetivo la búsqueda científica de formas para reducir las tasas de natalidad a nivel mundial.¹⁷

En los dispensarios de salud en Turrialba, las enfermeras promocionaban el uso del diu, principalmente en los chequeos prenatales o en consulta general. Muy rápidamente, además de los dispositivos intrauterinos, se empezó a promover la píldora. Estos anticonceptivos orales empezaron a ser recomendados principalmente a las familias más pobres. Para 1965 Tschinkel se fue de Turrialba, no obstante, ya se desarrollaban actividades de planificación familiar en el hospital, en la unidad sanitaria y en los dispensarios médicos.¹⁸

Alberto González Quiroga, un colombiano que había estudiado en California, llegó al iica, tomó el relevo del proyecto de Tschinkel, aumentando considerablemente el número de mujeres que recibían la píldora anticonceptiva. La dinámica de acción de González se desarrollaba por medio de agentes, los cuales iban de casa en casa difundiendo la información sobre planificación familiar en la región de Turrialba. A pesar de que esta actividad había iniciado como un proyecto privado, individual, sin una organización concreta y sin un programa definido, poco a poco fue tomando fuerza.¹⁹

Para conocer de forma más detallada la potencial adopción de la planificación familiar por parte de las parejas en Turrialba, González llevó a cabo algunos estudios y entrevistas. En una investigación que publicó en 1968, se tomó una muestra de 60 familias, en donde se entrevistó a la esposa y al esposo de forma separada. Ninguna de las personas mostró resistencia a participar y entre los hallazgos más interesantes fue que, aunque más del 80% conocía que la iglesia promulgaba que las parejas debían tener todos los hijos posibles, la voluntad de adherirse a esta posición era apoyada por sólo 21%. Asimismo, 79% de las parejas sabía que la planificación familiar se practicaba en Costa Rica, 71% de la muestra tenía conocimientos acerca del condón. Este y otros estudios concluyeron que el esposo, más que la mujer, era el que tomaba las decisiones acerca del número de hijos que se iban a tener y los métodos anticonceptivos que se utilizarían.²⁰

Lo primero que salta a la vista es la nula resistencia para participar en estudios y entrevistas sobre un tema como este, lo cual es evidencia que, en cuestión de unos pocos años, el trabajo de informar a las personas en Turrialba tenía efectos concretos, en palabras de González Quiroga “había una tremenda receptividad hacia los planes de planificación”.²¹

La planificación familiar no era algo completamente exótico, ajeno o satanizado por los participantes. Por otro lado, la aparente discrepancia entre los postulados de la Iglesia y la decisión de planificar da cuenta de que, aunque la postura religiosa era conocida, la voluntad y necesidad de contar con mecanismos para regular la natalidad era mucho más apremiante. La pobreza que imperaba en esta zona del país provocaba que, en una balanza, fuera más importante mejorar las condiciones de vida que seguir de forma estricta los dogmas de la Iglesia.

Finalmente, en relación con la capacidad de tomar decisiones acerca del cómo y el cuándo de la planificación en las parejas heterosexuales, queda claro que la agencia de las mujeres se vio reducida, a pesar de que los enunciados de la planificación familiar muchas veces se planteaban como una responsabilidad femenina. En ese sentido Felitti argumenta que “el fracaso de algunos programas que se basaban en la distribución de anticonceptivos orales solía atribuirse a la ignorancia e irresponsabilidad de las mujeres, incapaces de cumplir con la indicación”.²² La cuestión de género atravesaba también a la planificación familiar y las mujeres, al ser las principales usuarias, vieron su capacidad de escogencia comprometida por lo que opinaran sus esposos.

Al final, estos estudios exploratorios que fueron llamados plan piloto, también buscaban conocer los conceptos de familia, relaciones e hijos, la actitud de las parejas con respecto a estos temas, despertar su interés por la planificación familiar, toda vez que “la entrevista cumplía una función adoctrinante, se trataba de influir en el pensamiento y de cambiar pautas culturales en cuanto a la reproducción humana y la cantidad de hijos a tener”.²³ Es decir, antes de que fuera puesto en práctica como un programa oficialmente, la planificación familiar buscaba moldear la mentalidad de las personas, pretendía modificar el comportamiento de las parejas heterosexuales y que adaptaran sus prácticas reproductivas a los nuevos planteamientos modernos.

Eventualmente, los esfuerzos de difusión y ejecución de la planificación familiar en los ámbitos urbanos y rurales en Costa Rica empezaron a confluir. El plan piloto que se había desarrollado con éxito en Turrialba empezó a ser repetido de forma experimental en otras regiones como La Suiza, Paraíso, Cartago y Juan Viñas. Asimismo, se empezó a buscar financiamiento internacional para llevar a un nuevo nivel esta agenda, no obstante, la ippf se negaba a financiar grupos pequeños, ya que prefería darle capital a organizaciones que tuvieran una presencia nacional, que contaran con personería jurídica y que dispusieran de objetivos y proyectos específicos. Un primer intento de crear una organización con estas características se dio en 1965 con la Asociación Pro-Bienestar de la Familia, en la cual había integrantes tanto de San José como de Turrialba, sin embargo, nunca se inscribió de forma legal y no logró tener mayores alcances.²⁴

El ingeniero Alberto González Quiroga, quien había liderado los proyectos en Turrialba, fue una de las personas que asumió el liderazgo en la formación de la Asociación Demográfica Costarricense (adc), fundada en marzo de 1966. Con González como su primer director, después de un arduo trabajo de lobby político, logró la aprobación de su inscripción en la Asamblea Legislativa.²⁵ Entre sus primeros 17 integrantes había doctores, enfermeras, ingenieros e integrantes del Centro Científico Tropical, un año después de su fundación ya contaba con 165 integrantes.²⁶ Estos primeros momentos de existencia de la adc estuvieron marcados por un interés altamente vinculado con la protección del medio ambiente, no obstante, sus directrices y agendas de acción se fueron enfocando cada vez más en asuntos pertenecientes al ámbito médico y la provisión de anticonceptivos a diferentes grupos de la población.

Junto a González, otro actor muy importante en estos primeros años fue el doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz, quien fue vicedecano de la Escuela de Medicina de la ucr entre 1962 y 1965, decano entre 1965 y 1979, así como candidato presidencial por el partido Pueblo Unido y diputado de dicha agrupación política entre 1990 y 1994. Una vez que se fundó la adc, el doctor Gutiérrez formó parte de la Junta Directiva y entre sus principales objetivos estuvo la búsqueda de financiamiento y creación de instancias especializadas para tratar temas específicos. Gracias a su cercanía con la ucr, se logró -con el apoyo económico de la Fundación Ford-, la creación del Centro de Estudios Sociales y de Población (cespo) en dicha casa de estudios, con el fin de institucionalizar los procesos de enseñanza en temas de demografía y planificación familiar, así como el adiestramiento de profesionales, investigación y extensión cultural.²⁷ Algo vital para el éxito del programa, ya que según González “en la universidad los médicos se graduaban sin haber tomado siquiera un curso de fisiología de la reproducción”.²⁸

Junto a la adc y el cespo, en 1967 también se creó la Oficina de Población, en el seno del Ministerio de Salud, lo cual cristalizó la participación oficial del gobierno en las políticas de población. Esta instancia fue aprobada por el presidente Trejos Fernández. Se establecieron como tareas de la Oficina “difundir en todos los grupos sociales las ventajas de la planificación familiar, sus aspectos éticos y médicos, y la disponibilidad de anticonceptivos en el país (…) utilizar la red de unidades sanitarias distribuidas en todo el país para suministrar servicios de planificación”.²⁹

Este recorrido acerca del surgimiento y consolidación de los programas de planificación familiar a nivel global, latinoamericano y costarricense muestra que ya para mediados del siglo xx había una cierta claridad acerca de cuáles eran las principales problemáticas que se derivaban del supuesto crecimiento desmedido de la población. El control poblacional adquirió diferentes facetas y fue discutido a través de múltiples conferencias y actividades que involucraron a una gran cantidad de países. Asimismo, la planificación familiar empezó a convertirse en un tema que polarizaba a varios sectores de la población, entre ellos los gobiernos, la Iglesia católica y las organizaciones privadas.

La consolidación de los proyectos y agendas políticas tendientes a fortalecer y difundir la planificación familiar se vio enfrentada a obstáculos, para el caso costarricense en los primeros años de la década de 1960. Por ejemplo, hubo negativas por parte de los medios de comunicación para dar espacios a publicaciones sobre el tema, el Colegio de Médicos en ocasiones no cedió su auditorio para conferencias sobre la materia, las casas de algunas figuras prominentes de la planificación familiar en el país fueron intervenidas por la policía en búsqueda de pastillas anticonceptivas, en las aduanas se requisaba literatura que se refiriera al control poblacional.³⁰

Este contexto inicial fue rápidamente transformado, ya para 1967 el Estado había ejecutado acciones tendientes a formalizar su participación en el programa de planificación, acción que estuvo influenciada hasta cierto punto por las declaraciones del Vaticano y la facilidad de obtención de recursos económicos a nivel internacional.

Una vez que se llega a 1968, las principales instituciones que se van a encargar de ampliar la cobertura de la planificación familiar en el país ya están en funcionamiento. Como se verá a continuación, las parejas heterosexuales y sus patrones de reproducción van a convertirse en uno de los principales objetos de regulación por parte de múltiples organizaciones públicas y privadas. La capacidad reproductiva de las parejas heterosexuales se institucionaliza, al mismo tiempo que representaba amenazas latentes de profunda gravedad si se dejaba que se desarrollara sin ningún tipo de herramienta o planificación.

¿Cómo involucrar al Estado? La consolidación institucional de la planificación familiar

Uno de los espacios en donde se empezaron a desarrollar discursos que abogaban por profundizar los estudios demográficos en el país fueron los Seminarios Nacionales de Demografía. En dichos eventos participaban científicos, académicos, políticos y funcionarios públicos y en las discusiones que eventualmente fueron publicadas, es posible examinar el ímpetu que estaba adquiriendo la temática demográfica a mediados del siglo xx.

En el primer seminario de 1957, el director de la Dirección General de Estadísticas y Censos, Wilburg Jiménez, manifestó la necesidad de que el país contara con investigaciones en materia demográfica. De lo contrario, no se podrían abordar los problemas del desarrollo social y económico de forma adecuada. De igual manera, argumentó que sin conocer los recursos humanos y sus características, sería muy difícil solucionar las limitantes que enfrentaba la política sanitaria, educativa y laboral.³¹ En esa misma actividad, la doctora Clotilde A. Bula afirmó que “todas las decisiones gubernamentales relativas a la política económica y social deben estar basadas en la amplitud, composición y tendencias de la población del país”.³² Por lo tanto, la importancia que adquiría “la población” como un objeto de estudio, como una problemática por atender y como un aspecto del cual dependía el éxito de las políticas públicas ya estaba consolidada a mediados del siglo xx.

En 1968, durante el cuarto seminario, Ricardo Jiménez del Departamento de Estadísticas Sociales de la Dirección General de Estadísticas y Censos hizo la afirmación de que en los últimos años se habían notado fluctuaciones en la tendencia de la fecundidad en el país, las cuales era necesario medir para tener una noción más clara de los cambios que originaban en el ritmo de crecimiento de la población, así como en la estructura por edades.³³

En ese mismo seminario de 1968, el profesor Miguel Gómez de la Universidad de Costa Rica hizo un balance de las diferentes posiciones que se podían vislumbrar en torno al tema del crecimiento de la población. Según la opinión del académico especialista en estadística, se trataba de una de las temáticas más debatidas en el país en los últimos años, ya que por un lado había un sector que consideraba benéfico dicho crecimiento, ya que una mayor población permitiría aprovechar recursos inexplorados; otro sector opinaba que la importancia del crecimiento poblacional estaba sobreestimada y, por lo tanto, había que dedicar más esfuerzos en otras áreas como la distribución de la tierra y el aumento en las inversiones; finalmente, un tercer sector pensaba que dicho crecimiento era negativo, ya que constituía un obstáculo real para mejorar significativamente los niveles de vida.³⁴

Ante ese panorama de múltiples opiniones, Gómez hizo hincapié en que Costa Rica no enfrentaba la amenaza de la sobrepoblación. Por lo tanto, en la perspectiva del experto, la única forma de que los métodos anticonceptivos tuvieran éxito en el país era que las familias voluntariamente quisieran recibir información y, eventualmente, estar dispuestas a implementar algún tipo de planificación. En su opinión, el éxito de la planificación familiar no dependía de factores técnicos, sino de la actitud de la Iglesia y, especialmente, de si el Estado decidía actuar a través de los servicios de salud. Gómez finalizó su intervención estableciendo que la difusión de la planificación familiar no significaba renunciar a políticas como la reforma agraria, la generalización de la educación, la reforma tributaria o la distribución del ingreso, “significa, por el contrario, favorecer el logro de las metas antes citadas”.³⁵

Una apreciación similar tuvo el director de la adc, el licenciado Alberto González Quiroga, quien en ese mismo seminario de 1968, manifestó que los individuos debían tener el derecho de decidir voluntariamente el número de hijos, así como la necesidad de contar con información veraz que permitiera despejar los miedos y así “dar respuesta a las interrogantes de quienes expresan temores en cuanto a que el país podría llegar a ser un ‘país de viejos’ sin suficiente mano de obra y pocas personas en camino a la mayoría de edad”.³⁶

Conforme avanzaba la década de 1960, el tema de la planificación familiar empezó a ser abordado por múltiples sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia católica. El 29 de marzo de 1967, el periódico La República³⁷ anunció la publicación de una nueva Carta Encíclica Papal, llamada Populorum Progressio, basada en la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. Esta encíclica causó una gran discusión debido a que, en una de sus secciones, dedicada al tema de demografía, se afirmaba lo siguiente:

Es cierto que muchas veces un crecimiento demográfico acelerado añade sus dificultades a los problemas del desarrollo; el volumen de la población crece con más rapidez que los recursos disponibles y nos encontramos, aparentemente, encerrados en un callejón sin salida. Es, pues, grande la tentación de frenar el crecimiento demográfico con medidas radicales. Es cierto que los poderes públicos, dentro de los límites de su competencia, pueden intervenir, llevando a cabo una información apropiada y adoptando las medidas convenientes, con tal de que estén de acuerdo con las exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de los esposos. Sin derecho inalienable al matrimonio y a la procreación, no hay dignidad humana. Al fin y al cabo, es a los padres a los que les toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número de sus hijos, aceptando sus responsabilidades ante Dios, ante los hijos que ya han traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias de su conciencia, instruida por la ley de Dios auténticamente interpretada y sostenida por la confianza en Él.³⁸

Esta encíclica es de gran importancia -no sólo para el contexto costarricense-, ya que constituye una de las primeras veces en que la autoridad más importante de la Iglesia católica se pronunciaba sobre el tema de la planificación familiar de una manera tan explícita. Como se puede observar en la cita anterior, da la impresión de que la posición religiosa frente a los programas gubernamentales orientados a la administración de la natalidad se había vuelto más abierta, aduciendo la necesidad de que fueran las parejas, a fin de cuentas, las que decidieran sobre la cantidad de hijos. Como se vio anteriormente con las entrevistas hechas en Turrialba, la gran mayoría de las parejas en el ámbito rural costarricense conocía la posición de la Iglesia y, aún así, optaban por usar algún tipo de mecanismo de planificación mecánica o natural.

El mismo presidente de Costa Rica para ese entonces, José Joaquín Trejos Fernández, se refirió a dicha Encíclica. En una conferencia de prensa, el mandatario se mostró muy satisfecho por la publicación del documento, afirmando que la proclama del Papa -Paulo vi- había llegado en un momento crucial, donde la desigualdad entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado iba en aumento. En relación con las manifestaciones de la Iglesia sobre planificación familiar, el presidente estableció que:

Hay en estos momentos en todo el mundo una consciencia clara de que la humanidad no puede permanecer indiferente ante el gravísimo problema que significa su actual enorme crecimiento. Como lo vemos aquí en Costa Rica (…) el peso que soporta la población activa de un país de alta tasa de crecimiento demográfico va llegando a ser casi insostenible. Los más grandes esfuerzos por aumentar el ingreso nacional de un país resultan no traducirse en aumentos en bienestar de sus habitantes cuando el número de éstos crece desproporcionadamente (…) la última Encíclica Papal que reitera el principio de que, cualquier medida que se tome, debe hacerse de manera tal que nunca se atente ni contra la dignidad de la persona humana como criatura provista de atributos divinos, ni contra la consciencia de las personas.³⁹

Tanto en la Encíclica como en las manifestaciones del presidente, se vislumbra la idea de que el crecimiento de la población constituía un problema apremiante que no se podía ignorar. Además, ambas posiciones hacen énfasis en que la decisión última debe quedar en manos de las parejas. Es decir, lo que se proponía era una política que permitiera la toma de decisiones voluntarias, al contrario de lo que sucedía en otras regiones, en las que se implementó un mayor control coercitivo de la población. Esta apertura del Poder Ejecutivo hacia el tema de la planificación derivó en que su gobierno empezara a gestar los primeros esfuerzos propiamente estatales para institucionalizar algún tipo de programa en la materia.

Un año después de que diera a conocer la Encíclica sobre el desarrollo de los pueblos, el Papa proclamó una nueva, llamada Humanae Vitae, en junio de 1968. Este documento vino a ampliar la posición de la Iglesia con relación a la planificación familiar y estableció de forma firme que solamente se admitía la abstinencia sexual periódica como método de procreación planificada, al mismo tiempo que hacía una denuncia a todas aquellas intervenciones que se estaban realizando en diferentes partes del mundo con la justificación de la explosión demográfica. Se afirmaba que los problemas vinculados con el subdesarrollo estaban más relacionados con la desigualdad en la distribución de la riqueza que con las tasas de natalidad.⁴⁰ Como afirma Felitti “de este modo, el Papa se inmiscuía en uno de los temas más dramáticos de la agenda mundial: la cuestión demográfica y las soluciones para desactivar la famosa bomba”.⁴¹

El 24 de febrero de 1970, el recién electo presidente de la República, José Figueres Ferrer, dio una conferencia de prensa sobre temas variados, entre los cuales estaba la libertad de empresa, el desarrollo económico y las familias en estado de pobreza. En la actividad, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz -médico de la ucr e integrante de la adc-, le preguntó al presidente electo acerca de su postura con relación a la planificación familiar, a lo cual Figueres respondió:

Ese tema es importante al considerar los planes de desarrollo de un país (…) en dos años sólo he dicho que apoyaríamos lo que se está haciendo en cuanto a estudios científicos de la Asociación Demográfica Costarricense, y no me apartaría de las políticas actuales en ese sentido. Seguiremos dando nuestro apoyo a lo que se está haciendo y no vamos a cambiar hacia programas antinatalistas.⁴²

La postura de Figueres da a entender que, antes de ganar las elecciones presidenciales de 1970, ya se había referido al tema. Por otro lado, se evidencia que en las campañas presidenciales y en las apariciones de los mandatarios, la planificación familiar se había posicionado como un asunto público. Es decir, ya para la década de 1970 las personas que aspiraban a ocupar un puesto de autoridad en el Gobierno debían tener algún tipo de postura frente al tema de la planificación. En un periodo muy corto de tiempo, la planificación familiar había pasado de ser una cuestión que se movía clandestinamente e incluso en la ilegalidad, a un esfuerzo sistemático apoyado por varias instituciones que contaba con el aval del Gobierno.

Figueres además hace énfasis en la producción científica de la adc que, como se ha visto, fue la primera institución que abordó la planificación familiar de forma pública. Uno de los primeros logros que tuvo el programa fue lograr la participación del Estado en la agenda de población. Desde la fundación de la adc en marzo de 1966, una de las metas fundamentales fue involucrar al Estado para que a través de sus instancias se lograra institucionalizar el servicio de planificación familiar en el país. Esto se logró con el establecimiento del decreto ejecutivo del 7 de abril de 1967 que creó la Oficina de Población, bajo la presidencia de Trejos Fernández.

Para alcanzar este fin, se envió al licenciado Augusto Perera a la Universidad de Yale, en donde tuvo la oportunidad de adiestrarse acerca de cuestiones relacionadas con la explosión demográfica y las consecuencias económicas, políticas y sociales de ésta. Cuando Perera regresa al país, inició las gestiones para crear la Oficina de Población “con el definido propósito de iniciar los estudios estadísticos y demográficos necesarios que permitieran respaldar la creación de un programa nacional de política de población”.⁴³

Salta a la vista que esta instancia fuera creada como un organismo dependiente del Ministerio de Salubridad Pública, ya que desde un inicio las principales razones que llevaron al Estado a involucrarse fueron de orden sanitario. Se apoyaba la planificación familiar en el entendido de que su establecimiento mejoraría los niveles de salud de varios sectores de la población, lo que hacía que la política se fundamentara en razones sanitarias. Entre los considerandos que se invocaron para la creación de la Oficina de Población estaba la idea de que era responsabilidad del Estado el fomento y protección del bienestar y la salud de los habitantes, así como tomar acciones frente al efecto de la estructura y crecimiento de la población en las condiciones sanitarias nacionales.⁴⁴

La consolidación institucional del programa de planificación familiar se fue vislumbrando cuando se dio el apoyo político necesario y la legalización para realizar las actividades programadas. La importancia de alcanzar la participación estatal a través del Ministerio de Salubridad consistía en que dicha entidad era la que se encargaba de establecer las políticas y los programas de salud para todo el país. De esta forma, la planificación familiar se convirtió en uno de los componentes de la política de salud del gobierno, además de que ponía a disposición del programa gran parte de la infraestructura ya existente en los centros de salud y dispensarios para facilitar la difusión de información y de anticonceptivos.

Estas acciones se tradujeron en un mayor nivel de cobertura, además de que “la realización de investigaciones estadístico-demográficas significa que los argumentos científicos para justificar una actividad de esta índole tenían el respaldo del Estado, más aún en ocasiones iba a aparecer el Estado manifestándolos”.⁴⁵ Este último punto queda ilustrado en la intervención de Figueres al asumir la presidencia en 1970. Este enlace entre el gobierno y los esfuerzos particulares que se estaban desarrollando quedó plasmado en la intervención del Ministro de la Presidencia Carlos Coto Albán en el Seminario Nacional de Demografía de 1970, cuando manifestó la gran responsabilidad que implicaba “hacer consciencia en todos los sectores gubernamentales y privados, especialmente en el pueblo, sobre la importancia de controlar la natalidad en la forma masiva que se presenta en Costa Rica”.⁴⁶

En un primer momento, la adc se encargaba de conseguir financiamiento, así como importar métodos anticonceptivos, pero muy rápidamente se hizo necesario ampliar este rango de acción para que se extendiera más allá de las simples consultas que hacían algunas parejas en los consultorios privados. De esta forma, además del involucramiento del Estado, la adc buscó interesar e involucrar de forma paulatina a otras instituciones que permitieron llevar el programa de planificación familiar a diferentes sectores sociales y espacios territoriales del país.

Por ejemplo, a partir de 1970 la Caja Costarricense de Seguro Social dio inicio al programa de planificación familiar en sus clínicas periféricas y un año después ya habían comenzado los esfuerzos de este programa en las consultas postparto de los Hospitales de Puntarenas, Heredia, México, San Juan de Dios y Maternidad Carit, en las que intervenían médicos, trabajadores sociales y auxiliares de enfermería.⁴⁷ El objetivo principal de estas consultas era motivar a la mujer recién parida para que en el futuro adoptara algún método de planificación que le permitiera prevenir un embarazo nuevo de forma muy pronta.

Aunque los servicios de salud pública vinculados con la planificación familiar tenían una cobertura nacional, algunos lugares alejados dependían de las unidades móviles de salud. En los servicios clínicos, se llevaba a cabo un examen físico general y ginecológico, se tomaba la citología vaginal para detectar posible cáncer de útero⁴⁸ y luego se decidía cuál era el mejor método de planificación y, una vez escogido, se daban las instrucciones correspondientes. Mediante estos servicios, se buscaba que las parejas heterosexuales -principalmente las mujeres-, desarrollaran un nivel de confianza hacia la planificación, fueran motivadas a planear su descendencia en proporción a sus recursos económicos y se instruyeran acerca de los usos adecuados de los diferentes métodos.⁴⁹

Otro actor institucional de gran importancia que se involucró con el programa de planificación familiar fue la Universidad de Costa Rica, a través de la creación del Centro de Estudios Sociales y de Población (cespo), en junio de 1968. Además de sus labores previamente mencionadas en investigación, evaluación y adiestramiento, el cespo tenía por objetivo preparar al personal médico y paramédico que atendía consultas de planificación familiar. El papel del cespo fue fundamental ya que creaba las bases científicas necesarias para la difusión de información certera, elemento central para adquirir autoridad en el discurso. De igual manera, vino a suplir el vacío que había con relación a la producción académica e investigativa acerca de estos temas. Al inicio de su gestión, tenía tres proyectos principales; el primero de ellos consistía en la enseñanza de la demografía y planificación familiar a estudiantes avanzados de medicina por medio de sesiones en clínicas prenatales; el segundo, era el adiestramiento profesional para médicos, enfermeras y trabajadores sociales en las unidades sanitarias y, tercero, el adiestramiento de líderes comunales -directores de escuelas, sacerdotes, vecinos importantes-, para que colaboraran formando opiniones favorables sobre la materia.⁵⁰

Finalmente, otras instituciones de gran relevancia que formaron parte del programa de planificación familiar fueron las vinculadas con la religión. El Centro de Orientación Familiar (cof), creado en febrero de 1968, tenía tareas educativas informales y extraescolares. Uno de los principales mecanismos de incidencia que tenía el cof para difundir información acerca de la planificación familiar era su programa radial Diálogos. Dicho programa consistía en cuñas cortas cuya audiencia alcanzaba alrededor de 100 000 personas, principalmente de zonas rurales. Este programa radial daba información acerca de la familia, la educación de los hijos y los problemas sexuales. Asimismo, preparaba el terreno para la eventual intervención de las autoridades médicas. Dicho proyecto resituaba la problemática del control de nacimientos al interior del marco de las creencias religiosas de la población.⁵¹

En un contexto donde el Vaticano había publicado un par de encíclicas donde se hablaba explícitamente de la planificación familiar, era importante crear un puente entre las creencias populares y la agenda de acción del programa y, en ese sentido, el cof fue un actor institucional clave ya que aparte de sus cuñas radiales, también recibía consultas personales por correspondencia -entre 15 y 20 cartas por día-, además de contar con una sede para brindar servicios de consulta conyugal. Junto al cof, el Centro de Integración Familiar (cif), creado en octubre de 1972, fue otra institución de corte religioso que participó en el programa de planificación, dando cursos prematrimoniales a parejas jóvenes, en donde se enseñaban los métodos naturales de planificación.⁵²

Toda esta red institucional fue acuerpada bajo el nombre de Comité Nacional de Población (conapo), cuyos objetivos giraban en torno a la toma de consciencia, la divulgación y el adiestramiento sobre planificación familiar y la promoción de la salud entre los habitantes. Planteaba al programa como un derecho humano básico, al proveer de información a las parejas heterosexuales y dejando en sus manos la decisión de planificar o no. Su meta, “educar a la persona para que identifique sus deberes y responsabilidades frente a un problema que se proyecta en escala individual y colectiva, moral y materialmente”, colocaba a la planificación como “una actividad racional que se centra y origina radicalmente en la pareja conyugal y la familia”.⁵³

En conclusión, la institucionalización y consolidación del programa de planificación familiar empezó con la adc, pero muy rápidamente se fueron uniendo otras instancias, la participación del Estado fue fundamental para la legalización y ampliación de los objetivos. Desde un inicio, todas estas instituciones intentaron dejar muy claro la diferencia entre planificación familiar y control poblacional, se hacía énfasis en que su misión consistía en brindar la información necesaria para que fueran las parejas heterosexuales a fin de cuentas las que tomaran la decisión, además de que el Estado enmarcaba el programa bajo justificaciones relacionadas con la salud pública. En la intervención de Figueres al inicio de esta sección, se hace mención acerca las políticas antinatalistas, ya que ese era uno de los elementos que utilizaban los grupos en contra del programa de planificación familiar para deslegitimarlo.

El régimen de normalidad que dictaba las pautas acerca del comportamiento sexual adecuado empieza a ser intervenido por múltiples instituciones, por variados discursos de autoridad y por una pluralidad de perspectivas médicas, académicas y políticas. A inicios de la década de 1970 la figura de la pareja heterosexual empezó a ser objeto de una gran cantidad de recomendaciones, regulaciones y presiones -nacionales e internacionales-, en función de su capacidad reproductiva. A continuación, se analiza la manera en que se desplegaron varios discursos científicos, religiosos y políticos que abordaron a la planificación familiar desde múltiples perspectivas.

Planificación familiar, paternidad responsable y doctrina religiosa en la prensa católica

La prensa católica fue uno de los espacios de discusión sobre la planificación familiar más importantes durante la década de 1970. Después de la promulgación de las encíclicas Populorum Progressio (1967) y Humanae Vitae (1968), el tema de las políticas de población y de los métodos anticonceptivos se volvieron ejes recurrentes del discurso de la Iglesia católica. En un contexto donde la planificación familiar se institucionalizaba en el país, las páginas del Eco Católico fueron el escenario donde se desplegaron una serie de ideas y representaciones de la paternidad responsable y el potencial reproductivo de las parejas.

En ocasiones hubo un reconocimiento explícito de que el crecimiento poblacional sin controles era una problemática relevante para el desarrollo. Por ejemplo, en una columna se manifestó que “el problema demográfico es complejo, la población mundial sigue creciendo en forma acelerada, pero por eso mismo no admitimos soluciones simplistas como el decir que todo se arregla con impedir que nazcan más niños”.⁵⁴ Para el discurso presentado en las páginas del Eco Católico, era necesario dejar claro que la Iglesia reconocía las consecuencias del ejercicio de una paternidad no responsable, entre ellas el crecimiento demográfico irracional.⁵⁵ Desde la Iglesia había una preocupación por el alto número de niños y niñas que nacían fuera de un esquema matrimonial tradicional, incluso se llegó a conceptualizar como “no familia” todas aquellas configuraciones con padre ausente (madres solteras, niños abandonados). Desde esta perspectiva “el problema de la explosión demográfica en realidad es un problema de paternidad irresponsable. La solución entonces no está tanto en controlar la natalidad como educar al pueblo”.⁵⁶

Ese tipo de afirmaciones eran fundamentales desde el discurso religioso como una manera de desmentir ciertas ideas que circulaban en la sociedad, las cuales apuntaban a que la Iglesia obligaba a los esposos a tener tantos hijos como físicamente les fuese posible engendrar.⁵⁷ Incluso, en una noticia se informó sobre las declaraciones de un ex presidente de Colombia, el cual manifestó que la Iglesia era el principal obstáculo para el control de la natalidad. La Iglesia colombiana respondió que se trataba de una acusación simplista, ya que ellos apoyaban la paternidad responsable y no el anti natalismo.⁵⁸

Durante la década de 1970 se desplegó toda una serie de instituciones y actividades religiosas vinculadas con el tema de la familia y la planificación. Uno de los entes más significativos fue el Centro de Integración Familiar (cif), fundado para responder a la problemática de la vida familiar en Costa Rica, la cual se caracterizaba en este discurso por mostrar “un promedio de 200 divorcios anuales inscritos ante los Tribunales de la República, 2000 casos de matrimonios desintegrados, 600 hijos de madres solteras y un crecimiento peligroso en la ‘moda’ del amancebamiento y la teoría del amor libre”.⁵⁹

El cif fue el ente ejecutor del Movimiento Familiar Cristiano (mfc), el cual tuvo una intensa actividad durante la década de 1970. Por ejemplo, en 1970 invitaron al país al doctor John Billings -miembro del Colegio Real Australiano de Cirujanos-, para que diera a conocer un nuevo método de ovulación totalmente diferente al “ritmo”.⁶⁰ Tanto la Iglesia como otros sectores de la sociedad utilizaban a la ciencia como un dispositivo que potenciaba la autoridad de sus discursos y, en este caso, se tomaron los descubrimientos científicos como una manera de enfatizar en los métodos de planificación naturales que no opusieran a la doctrina de la Iglesia.

En esa misma dinámica, el mfc también invitó en 1971 a Fray Lucas Moreira Neves, obispo auxiliar de São Paolo y asesor del Movimiento Familiar Cristiano.⁶¹ De igual manera, entre el 27 y 28 de noviembre de ese mismo año se llevó a cabo el primer encuentro nacional del mfc de Costa Rica, al cual asistieron 659 miembros, 21 sacerdotes y 31 observadores procedentes de todo el país. Se trató de un evento en donde se desarrollaron varias mesas redondas de discusión de temas como la mujer, la paternidad responsable, la educación para el amor y la liturgia doméstica.⁶² En 1972 se realizó en San José el ii Seminario de la Federación de Centros de Integración Familiar de Centro América y Panamá, en el cual participaron 20 delegados de todo el istmo. En agosto de 1974 se celebró la semana de integración familiar auspiciada por el Ministerio de Educación Pública y el mfc, con el objetivo potencial de reflexionar en torno a los problemas que aquejan a la familia costarricense. En un editorial vinculado con dicha semana, se afirmó que “nuestra familia está en crisis porque el exagerado control de la natalidad ha entronizado y consagrado el egoísmo de muchos cónyuges”.⁶³

Esa actividad se complementó con el accionar cotidiano del cif y el mfc, que giraban en torno a los cursos matrimoniales y prematrimoniales que brindaban en la ciudad de San José.⁶⁴ En una entrevista al Pbro. Fredy Chacón, director ejecutivo del cif, éste manifestó que en los cursos se toca el tema de la regulación de la natalidad con el objetivo de brindar información general, pero “no se hace propaganda, no se enseña ni mucho menos se distribuye ningún tipo de método anticonceptivo, ya que en esto el cif sigue la línea que la Jerarquía de la Iglesia demarca y sí enseña el método del ritmo”.⁶⁵ Esa posición fue manifestada igualmente por los presidentes del mfc en Costa Rica en una entrevista posterior.⁶⁶

A lo largo de los diferentes discursos desplegados en la prensa católica, se demarca de manera clara la posición de la Iglesia en torno a las diferentes opciones que tenían a su disposición las parejas para planificar su familia. Por ejemplo, el obispo Román Arrieta afirmó que la Iglesia católica “sólo admite para regular los nacimientos aquellos métodos que no violen la ley natural”.⁶⁷ En otra ocasión, se estableció que “nunca es concebible un método que no esté en concordancia con la moral cristiana”.⁶⁸ En un artículo sobre el uso de la píldora, se reconoció que muchos matrimonios se alejaban de la fe ya que no encontraban métodos naturales eficientes para regular la natalidad, a lo que se concluyó que “si son creyentes, tienen obligatoriamente que sopesar las implicancias morales de la conducta que proyectan observar”.⁶⁹ En este mismo contexto, el ya mencionado obispo Román Arrieta declaró que si bien son conocidas las dificultades que los esposos pueden enfrentar al vivir el sacramento del matrimonio de forma adecuada, era necesario acatar lo mencionado por el Papa en torno a la prohibición de los métodos de planificación artificiales.⁷⁰

En repetidas ocasiones se mencionó la posición oficial de la jerarquía de la Iglesia en torno a la regulación de los nacimientos, se les solicitaba a los cónyuges que rechazaran firmemente toda posibilidad de limitar el número de hijos de forma no natural, o en otras palabras “por medios que ofenden a Dios, degradan al hombre y que se tornarán, tarde o temprano, pero de manera inexorable, en fuente de graves daños para ellos y para la sociedad”.⁷¹ La planificación familiar implementada por medios artificiales era vista como un pecado,⁷² una desobediencia a las encíclicas papales, una actitud egoísta por parte de los esposos, una actividad contra natural y antihumana⁷³ y como una imposición imperialista y antinatalista. Al igual que sucedió con el ámbito político e intelectual, la Iglesia también buscó desarrollar todo un discurso en torno a la problemática de la población y la planificación familiar.

“El instinto sexual se disciplina y se eleva moral mente”: Discusiones iniciales en torno a la institucionalización de la planificación familiar en Costa Rica

El panorama demográfico de Costa Rica para finales de la década de 1960 armonizaba con las tendencias esperadas por los organismos internacionales en relación con la planificación familiar; el país había pasado de tener uno de los índices de natalidad más altos del mundo, a unos índices cuyo patrón iba en descenso. Entre 1960 y 1975, la tasa global de fecundidad pasó de 7,3 a 3,7 niños por familia, un cambio que muy pocas veces ha sido registrado en otras latitudes y que reflejó el comportamiento de la mayor parte de los estratos de la población.⁷⁴

Aunque parte de estas transformaciones están vinculadas con el inicio oficial del programa de planificación familiar en el país, se enmarcan en un contexto de urbanización creciente, de ampliación del Estado en diferentes ámbitos de la sociedad, a una mayor inserción de la mujer en el mundo laboral y nuevas concepciones acerca de la sexualidad y el género, las cuales paulatinamente iban colocando a la reproducción como una opción planificada y no como un fenómeno inevitable del acto sexual.

De igual manera, varios de los obstáculos que se habían presentado anteriormente empezaron a ser superados. Uno de los más importantes era el de la legalización de los métodos anticonceptivos, ya que en el Código Penal -en el artículo 374- se penaba con 30 días de multa a quien anunciara procedimientos o sustancias destinadas a provocar el aborto o evitar el embarazo, lo cual obligó en el periodo anterior, a camuflar en las aduanas a las pastillas como reguladoras de la menstruación, los preservativos como instrumentos que permitían evitar las infecciones de transmisión sexual y los dispositivos intrauterinos como carnada para pesca.⁷⁵ La participación del Estado fue clave para la legalización, principalmente a partir de la creación de la Oficina de Población en 1967.

En estos primeros años de implementación de la planificación familiar como un proyecto de escala nacional, empezaron a desarrollarse una serie de investigaciones que abordaban el tema desde múltiples perspectivas. Al ser una materia que se discutía intensamente a nivel internacional, que polarizaba a diferentes actores sociales y que se colocaba como una de las prioridades de la humanidad en la búsqueda del desarrollo sostenible, no es extraño que en Costa Rica también existieran impulsos académicos por explorar los múltiples ángulos de la administración y regulación de la capacidad reproductiva de la población, especialmente de las parejas heterosexuales.

Como establece Foucault, una de las condiciones necesarias para que un discurso esté en la verdad, es que su procedencia pueda ser fácilmente enmarcada en la línea de pensamiento que tiene una disciplina o ciencia en un momento histórico específico.⁷⁶ En ese sentido, los médicos ocupaban un lugar hegemónico en el intercambio de perspectivas frente a la planificación, así como también los economistas, los demógrafos, los clérigos, los políticos, los sociólogos y los abogados.

En 1970, durante el Quinto Seminario Nacional de Demografía, el decano de la Facultad de Medicina de la ucr, el doctor Rodrigo Gutiérrez y la doctora Renata Rauch, especialista en sociología, establecieron una descripción de la planificación familiar que marcó el encuadre conceptual del término a lo largo del periodo analizado. Ésta fue vista como un proceso conveniente de la sociedad moderna, la cual se podía definir como “el conjunto de conocimientos psicosociales que los padres deben poseer para decidir sobre el número de hijos y la frecuencia del nacimiento de éstos, con el propósito de fortalecer la unidad familiar y garantizar la paternidad responsable”.⁷⁷

Al analizar las motivaciones que llevaron a varios de estos personajes a involucrarse en el tema de la planificación familiar, salta a la vista que brindar información para que las personas voluntariamente pudieran tomar sus propias decisiones reproductivas era un eje central. Por ejemplo, el fundador de la adc manifestó que una de sus principales motivaciones era la sensibilidad que le despertaba ver a tantas mujeres que no querían tener más hijos pero no tenían los medios para planificar. En su opinión, la mujer podía ganar mucho en su independencia y autoestima al tener autonomía de su propio cuerpo. En ese sentido, afirmó que su principal motivo era la justicia social.⁷⁸

De forma similar, la abogada Elizabeth Odio⁷⁹ también hizo explícitas sus motivaciones de involucrarse en estas temáticas, al afirmar que le parecía muy importante poner a disposición de las mujeres y las familias las diferentes formas de planificación, con el objetivo de que pudieran decidir de forma racional el número de hijos que querían y podían tener. En sus propias palabras “yo estaba mucho más del lado de los que manifestaban el interés en una planificación familiar dejada al arbitrio de la mujer o de la familia, más que una política impuesta”.⁸⁰

Por su parte, el doctor Raimundo Riggioni, médico gineco-obstetra y director de la adc durante un periodo, también declaró que entre sus principales motivaciones estaban el poder aportar conocimientos y servicios en salud reproductiva y de esa forma “mejorar la calidad de vida de la familia (…) influir positivamente en las variables de mortalidad (…) mejorar la calidad de vida de las mujeres promoviendo la detección de enfermedades (…) que existiera información y acceso a la anticoncepción moderna.⁸¹

Uno de los espacios en donde se puede vislumbrar la creciente importancia que la planificación familiar empezó a adquirir dentro de la institucionalidad costarricense, es en las memorias del Ministerio de Salud Pública. Si bien en varias de las memorias institucionales previas a 1970 se incluyen algunos datos demográficos del país, es hasta ese año donde se empieza a incluir a la planificación familiar como una de las actividades y servicios ofrecidos por dicho Ministerio, especialmente en la sección del programa materno infantil.

La memoria institucional de 1973 es particularmente significativa ya que es dedicada en su totalidad a informar sobre el accionar del Departamento de Población del Ministerio de Salud. Se menciona que en la década de 1950 la natalidad en Costa Rica era una de las más elevadas del mundo y que el descenso en dicho aspecto se manifiesta a mediados de la década de 1960, donde el mejoramiento del nivel de vida y los esfuerzos que en el campo de la planificación familiar se realizan, indican la posibilidad de que el país esté iniciando su propia transición demográfica.⁸²

Se muestran datos estadísticos en torno a los métodos más escogidos por las usuarias, así como su distribución a nivel provincial y cantonal. Durante este periodo los gestágenos orales fue el método más utilizado, tendencia que se había mantenido desde que inició el programa. Al final del informe se establece que los objetivos del programa se han cumplido de manera exitosa, además de que se ha logrado generar una consciencia en la población en torno a los problemas que conlleva el rápido crecimiento demográfico, lo cual ha incidido en “la actitud favorable de gran número de parejas hacia la práctica consciente y responsable de su capacidad reproductora”.⁸³

En la memoria de 1977 se manifiesta que el programa de planificación familiar fue concebido y ha sido desarrollado dentro del concepto de paternidad responsable y jamás orientado como actividad de control de la natalidad.⁸⁴ Una aproximación similar al discurso de la Iglesia católica, como se vio anteriormente.

En 1969, el abogado José Alberto Gamboa Salazar defendió su tesis de licenciatura en derecho en la Universidad de Costa Rica, en dicho documento quedaron plasmadas muchas de las ideas que circulaban a nivel académico con relación a la planificación familiar. El autor justificaba su investigación bajo la idea de que dicho tema debía ser estudiado por los juristas para establecer hasta qué punto el Estado podía imponer su voluntad frente a los esposos, o si más bien se requería de una política en donde primara la voluntad de los individuos, fuera de toda coerción. Hacía énfasis en la necesidad de que el país adoptara una política de población por medio de una ley debidamente reglamentada, en lugar de hacerlo “basada en un tímido decreto ejecutivo, como ocurre en la actualidad, para que se tomen en cuenta a los abogados”.⁸⁵

El decreto ejecutivo al que se refiere Gamboa es el que da origen a la creación de la Oficina de Población en el seno del Ministerio de Salud durante el gobierno de Trejos Fernández. Decreto que, no solamente va a ser criticado por el abogado, sino que en repetidas ocasiones va a ser impugnado por su limitado alcance y por su timidez en el establecimiento de políticas claras en relación con el comportamiento demográfico de los habitantes. Salta a la vista, también, el hecho de que Gamboa intenta en repetidas ocasiones legitimar el papel de los abogados dentro del tema de la planificación familiar, ya que, en su opinión, la función de los juristas había quedado relegado al último lugar.

En este sentido, hay una lucha por establecer el discurso propio como válido, una disputa para colocar el conocimiento de las leyes como algo prioritario que debe tomarse en cuenta cuando se habla de esta temática. Se vislumbra la idea de que, para Gamboa, no todos tenían autoridad para intervenir en la discusión y, por lo tanto, gran parte de su tesis tiene como objetivo implícito subir a los abogados en la pirámide jerárquica de expertos con potestad para hablar y discutir sobre el comportamiento poblacional.

Por ejemplo, a principios de la década de 1970 llegó una solicitud a la Facultad de Derecho de la ucr para entablar un programa de investigación sobre la relación entre el derecho y la población, mediante un análisis de los vínculos entre la norma jurídica y el comportamiento poblacional. Dicho proyecto fue asignado a la abogada Elizabeth Odio, quien sistematizó la mayor cantidad de leyes y normas que, a la fecha, forman parte del ordenamiento jurídico costarricense, en relación con el tema de las dinámicas poblacionales.⁸⁶ En una entrevista, la abogada manifestó que dicho proyecto le fue asignado directamente por el Decano Eduardo Ortiz debido a que le tenía mucha confianza y “quería que yo estuviera muy alerta de aquello no se fuera a convertir en una intromisión de las políticas norteamericanas en la Facultad de Derecho”.⁸⁷

Retomando a Gamboa, éste menciona que el concepto de explosión demográfica estaba ampliamente propagado dentro de la mentalidad de las personas, con un mayor uso en zonas donde existen problemas para alcanzar el desarrollo. Por lo tanto, afirma que no había una situación más urgente para el tercer mundo que el tema de la población. Frente a esta situación crítica, Gamboa manifiesta que en el país se pueden encontrar tres tendencias: los que abogan por el control de la natalidad, los que apoyan la planificación familiar y los que se oponen a cualquier tipo de política encaminada en ese sentido. Las consecuencias concretas del crecimiento poblacional son citadas explícitamente por el autor:

Las dimensiones del problema son conocidas por todos en Costa Rica. Vemos que no se acaba de terminar una escuela, cuando ya resulta demasiado pequeña. Se termina una ampliación a algún hospital o clínica, o se construye uno nuevo, cuando ya hay personas esperando alguna cama. Un gran porcentaje de la población rural se aglutina en la Ciudad Capital, o bien en algunas ciudades de la Meseta Central, en donde miles de hombres, mujeres y niños viven en condiciones infrahumanas; se va abriendo una creciente división entre la gente adinerada, con una vida cómoda y satisfecha y la clase hambrienta, amontonada y descontenta. Los esfuerzos del Estado para lograr una estabilidad fiscal y económica del país se encuentran anulados ante la explosión demográfica, ya que está obligado a destinar parte importante de sus recursos, al simple mantenimiento de un nivel de vida demasiado bajo (…) La explosión demográfica conlleva delincuencia, miseria, desequilibrio económico, desempleo, escasez y, falta de habitación.⁸⁸

Como se observa en la cita anterior, el panorama apocalíptico creado por muchos de los teóricos de la explosión demográfica a nivel mundial, se materializan en el contexto costarricense pintado por Gamboa, quien enfatiza en los problemas infraestructurales la creciente desigualdad socioeconómica, la avasalladora fuerza del crecimiento poblacional y su potencial para frenar cualquier intento de desarrollo por parte del Estado. No se entrevé un paisaje optimista, al contrario, las consecuencias de esta dinámica se traducen en peores condiciones de vida para los ciudadanos.

En miras de este escenario desalentador, a lo largo de la tesis el autor precisa que la intervención que haga el Estado debe ir encaminada a determinar las condiciones y los modos con los que se construyen las familias, así como los efectos jurídicos que emanan de ellas. Para Gamboa, el principal paso que debía tomar el Estado es el de regular jurídicamente todas las partes que constituyen a la familia, ya que sólo así se podría empezar a implementar una planificación familiar efectiva. La planificación familiar en este contexto tendría que ser sumamente amplia y “no debe ser impuesta en contra de la voluntad del pueblo; el Estado debe decretar esa planificación, hacer consciencia de su necesidad, de sus ventajas y, formar opinión en el pueblo, para que éste la acepte con la más absoluta libertad y convencimiento”.⁸⁹

Este énfasis en la voluntariedad de las parejas al tomar la decisión de planificar va a estar presente en la mayoría de las discusiones posteriores con relación al programa de planificación, además de que va a constituir el punto de diferencia entre la planificación familiar, por un lado, y el control de la natalidad por el otro. En esa misma tónica, en la tesis de Zaday Pastor para alcanzar el título de licenciatura en servicio social, la autora establece que para llevar a cabo un adecuado programa de planificación familiar, era necesario considerar los problemas estructurales de las familias, afirma que “los medios no deben ir dirigidos a impedir la fecundidad, sino que deben orientarse hacia una planificación familiar (…) para proteger la integración familiar”.⁹⁰ Al igual que Gamboa, Pastor concuerda en que los programas no se pueden limitar a una cuestión meramente demográfica, sino que se tienen que crear vínculos con otras agendas de acción, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias para que, de esta forma, tengan las herramientas necesarias para tomar una decisión fundamentada.

En repetidas ocasiones, Gamboa menciona el concepto de familia y de hecho llega a conceptualizar dicho término. Para el autor, la familia constituye la célula social más básica, la que permite el buen funcionamiento del engranaje social; establece que la familia influye directamente sobre el desarrollo moral de la sociedad. Junto a familia, el otro concepto clave dentro de la argumentación de Gamboa es el de matrimonio, el cual es concebido como “el medio más propicio para crear la armonía entre el instinto puramente sexual y el orden racional y moral. El instinto sexual se disciplina y se eleva moralmente, cuando da vida a una unión más íntima”.⁹¹ Más adelante manifiesta que el matrimonio permite “un orden de vida superior a los albedríos individuales que fortalece e integra la personalidad de los cónyuges (…) el deseo fugaz se convierte en sentimiento duradero, en voluntad constante, en sublime deber”,⁹² para finalmente concluir que concebir un matrimonio sin hijos “no podrá ser pleno por carecer de algo que le da sustento (…) llevarlo a cabo con la intención y propósito de no concebirlos, es legalizar una actitud contraria a la naturaleza esencial del matrimonio”.⁹³

Además del lenguaje poético utilizado por el abogado para referirse a las características del matrimonio, llama la atención el papel que juega dicha institución para regular las acciones y actitudes de los individuos. Desde su perspectiva, el matrimonio cumple la función de atemperar los instintos, encauzarlos hacia una dinámica heterosexual prestablecida. Se conciben a los deseos efímeros como poco recomendables y se aboga por una cristalización de dichos deseos en algo concreto y duradero, es decir, el deseo por el sexo opuesto no puede quedar flotando libremente sin ningún tipo de estructura que lo consolide en un compromiso explícito, de lo contario, las mismas bases de la sociedad empezarían a agrietarse.

Se le adjudica al matrimonio una serie de funciones fundamentales, se trata no sólo de un contrato entre dos personas, sino que es una institución que regula y da forma a la sexualidad, por lo tanto, uno de sus principales papeles es el de formar el marco más apropiado para la procreación, al punto que, si dicha función no se cumple, la existencia del vínculo matrimonial perdería su sentido. La relación entre matrimonio y familia -dos conceptos que, a pesar de estar tradicionalmente vinculados con la vida íntima, se politizan en estas discusiones-, queda materializada en el hecho de que constituye “el primer eslabón en la sociedad, es la que impregna al ser humano de la cultura en que se desarrolla (…) para que se desenvuelva en esa sociedad con base en sus normas, valores y hábitos”.⁹⁴ En otras palabras, es en el seno del matrimonio, la pareja heterosexual y la vida familiar que se transmiten aquellos comportamientos esperados. La heterosexualidad correcta es uno de los tantos hábitos que deben ser aprendidos, socializados e interiorizados por los nuevos ciudadanos, y constituye una obligación de los cónyuges el educar en una primera instancia a sus hijos, para que no se desvíen y asuman conductas opuestas a la norma social, dentro del matrimonio y la reproducción.

No obstante, el matrimonio no era necesariamente la figura predilecta para formalizar las uniones entre las parejas heterosexuales de diferentes clases sociales. En un estudio realizado por Eugenio Fonseca Tortós se evidencia que, aunque el matrimonio por la Iglesia prevalecía en todos los niveles económicos, conforme dicho nivel bajaba, la proporción de personas casadas también disminuía y el porcentaje de convivientes aumentaba.⁹⁵ Además, que entre más alto era el nivel socioeconómico, había un mayor grado de planificación familiar. El autor afirma que en las clases sociales más bajas “las personas se sienten en mayor libertad de formar uniones de hecho, sin sentirse obligados a asumir esta responsabilidad formalmente, mediante un contrato social y público como es el matrimonio”.⁹⁶ Por lo tanto, la interiorización de comportamientos, hábitos y valores no era una cuestión que se limitaba al seno de la familia y el matrimonio, sino que también es algo que estaba atravesado por cuestiones de clase.

Estas primeras discusiones académicas relacionadas con la planificación familiar son una evidencia de que se trataba de un tema prioritario y urgente, el hecho de que se defendieran tesis de grado cuyas problemáticas centrales fueran la explosión demográfica, sus consecuencias y la forma que debería asumir el accionar del Estado al respecto, dan cuenta de que, paulatinamente, se había convertido en un asunto que se podía discutir amplia y públicamente desde diferentes unidades académicas. En una tesis de licenciatura en servicio social defendida por Luis Fernando Mayorga, se les hizo un cuestionario a todos los profesionales incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para 1968, la información obtenida permite afirmar que, entre la mayoría de los médicos, prevalecía el criterio de que el Estado debía participar en los programas de planificación familiar.⁹⁷

La lista de expertos que intervenían en las discusiones acerca de la planificación familiar aumentaba conforme avanzaban los primeros años de existencia del programa. La autoridad de estas múltiples voces estaba -como se mencionó anteriormente-, situada en una escala jerárquica. Una de las primeras hipótesis que circuló entre los expertos era que las fuentes personales (amigos, parientes y vecinos), eran las que tenían mayor crédito en lo referente a la aceptación de planificación familiar. No obstante, mediante estudios empíricos, empezó a evidenciarse que los médicos, las enfermeras, los maestros de escuela y los medios de comunicación ejercían una mayor influencia y eran considerados como los de mayor crédito.⁹⁸ De alguna forma, todos los sectores estaban de acuerdo en que el crecimiento desmedido de la población podía tener consecuencias negativas, pero diferían en torno a cuál era la mejor manera de solucionar dicha situación.

Para finales de la década de 1960 la planificación familiar había dejado de ser algo clandestino, oculto y ligado a iniciativas fragmentadas, sino que ya se encontraba consolidado en las discusiones de múltiples sectores sociales. Sin embargo, no se veía en este proyecto la solución final a los problemas que enfrentaba la sociedad, Gamboa se refiere a este punto cuando apuntaba que

La planificación familiar, no debe entenderse como una panacea, como aquél único medio al alcance del hombre, que va a disminuir los profundos desequilibrios de nuestro sistema socioeconómico; que va a darle solución al subdesarrollo y la injusticia social de un pueblo. Por ella no debe intentarse la resolución de problemas que tienen otras causas y otras soluciones específicas (…) Pero sí debe ser la planificación familiar, un valioso auxiliar del desarrollo y las reformas sociales, económicas y políticas de todo pueblo; un elemento indispensable, de incalculable valor en el plano humano, en el nivel familiar.⁹⁹

¿Hasta qué punto la instauración del programa de planificación familiar había logrado su principal objetivo? Algunos indicadores muestran que, por ejemplo, cuando el programa inició en 1968, la tasa global de fecundidad había bajado de 7,11 durante el periodo 1955-1960, a una tasa de 5,8 una década después. De esta forma, lo que la planificación familiar hizo fue acentuar una tendencia que ya se venía desarrollando desde tiempo atrás¹⁰⁰ y no fue la única razón por la cual los patrones demográficos de la población se habían modificado. De esta forma, en concordancia con lo que afirmaba Gamboa en la cita anterior, existía una cierta claridad, en algunos grupos, acerca de que estas políticas de población por sí solas no solucionarían los problemas estructurales que afectaban a la sociedad costarricense.

Incluso, durante la primera década de existencia del programa, se establecieron múltiples críticas debido a su supuesto limitado alcance, en el mismo cespo se llevaron a cabo investigaciones cuyas conclusiones iban en ese sentido. Por ejemplo, en 1973 dicho centro de investigación publicó un texto en el cual se admitía que en Costa Rica no existía realmente una política sistematizada, integrada y comprensiva de población, ya que los principales aspectos relacionados con esta temática como los demográficos (natalidad, mortalidad, migración) y los socioeconómicos (pobreza, desempleo, educación) se encontraban desconectados y aislados el uno del otro.¹⁰¹

Por otro lado, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica también se elaboraron estudios sobre el programa de planificación familiar. Una de estas investigaciones, publicada en 1976, partía de la premisa de que dicho programa permitía que organizaciones internacionales defendieran los intereses de grandes potencias imperialistas para las cuales el crecimiento poblacional en el mundo subdesarrollado constituía una amenaza a sus intereses.¹⁰² Se calificaba a las políticas de población como malthusianas, debido a que -según sus argumentos-, el derecho a la procreación libre era gozado solamente por las personas con el estatus económico necesario para criar a los hijos de acuerdo a los criterios occidentales y capitalistas. En ese sentido, la autora manifestaba que

La razón de ser de esta generosidad parecer ser, sin duda alguna, el interés que tienen estos organismos, fieles representantes del Imperialismo Americano, en mantener su dominación en América Latina y para conseguir esto, en que sus aliados locales mantengan las estructuras sociales existentes y no tengan que enfrentarse con revueltas populares, con tensiones y movimientos sociales debidos a la proliferación de una masa cada vez más grande de pobres, de ‘marginados’, de gentes expulsadas del sistema social. En los países del tercer mundo, clases medias y altas, generalmente han limitado sus nacimientos voluntariamente y no son destinatarias de los programas de planificación que se dirigen a las clases populares, tratando de contener su crecimiento numérico y así evitar una agravación de la presión social que ellas pueden ejercer, sin cambiar las estructuras de producción y de la sociedad en general. La planificación es la única actividad (junto con la guerra, desde luego), para la cual los usa son capaces de dar fondos suficientes para montar todo un programa que no le trae ningún beneficio directo (como en el caso de las ayudas reembolsables), lo que demuestra que hay un interés a mediano y largo plazo por mantener la estabilidad política en el tercer mundo (…) Por otra parte existe un segundo interés para los países imperialistas que hemos encontrado claramente expresado por el director de la ippf, a saber; la posibilidad que se presenta a las empresas farmacéuticas, a los productores de material médico y a los organismos de investigación para experimentar los nuevos productos y las nuevas técnicas en las personas que participan en los programas de planificación en los países del tercer mundo.¹⁰³

Como se observa en la cita anterior, la interpretación que se hace del programa de planificación familiar va enlazado con una lectura de clases sociales, se vislumbra el hecho de que muchas veces en las discusiones sobre las políticas de población, hay una cierta despolitización cuyo correlato era la necesidad de evitar cualquier potencial de descontento y organización por parte de las clases populares. Se enfatiza en el carácter imperialista¹⁰⁴ de dicho proyecto, el cual era parte de una agenda global que tomó fuerza después de la ii Guerra Mundial, contexto en el que Estados Unidos se convierte en la mayor potencia económica del mundo capitalista y en una de las principales fuentes de recursos financieros en apoyo a la agenda de planificación familiar.

La perspectiva de la autora queda vinculada con las afirmaciones del licenciado Augusto Perera -director de la Oficina de Población en 1968-, quien manifestaba que “el rápido crecimiento trae varias consecuencias, entre ellas la contaminación, la escasez de alimentos y la hambruna que a su vez crea un ambiente propicio para el comunismo”.¹⁰⁵ En un contexto de Guerra Fría, la planificación familiar y su énfasis en la auto regulación de la actividad sexual de las parejas heterosexuales, se convertían en mecanismos de defensa frente al potencial descontento que podía generar la escasez de recursos. Mientras que para algunos el programa era algo deseable ya que evitaba o prevenía este tipo de manifestaciones sociales, para otros más bien era algo que afectaba la soberanía nacional, al representar los intereses del imperialismo capitalista occidental.

Conclusiones

La planificación familiar incitó discusiones de diversa índole en el ámbito académico y político, existían puntos en común con relación a su importancia, pero al mismo tiempo se establecieron críticas que problematizaban su conveniencia. Tanto en Costa Rica como en América Latina, la segunda mitad del siglo xx marcó el momento a partir del cual se empezaron a gestar las instituciones que guiarían el accionar de la planificación familiar, en conjunto con la ayuda financiera internacional y el adiestramiento técnico. En el contexto costarricense, el desarrollo del programa inició oficialmente con las gestiones de la Asociación Demográfica Costarricense la cual, por medio de la colaboración de múltiples instituciones, sentó las bases para el involucramiento del Estado.

La planificación familiar se constituyó en un eje temático de debate académico, religioso y político. El desarrollo de actividades como los Seminarios Nacionales de Demografía evidencian la intensa actividad científica que se desarrollaba alrededor de las problemáticas de población. La participación de múltiples voces en el debate da cuenta de un despliegue discursivo donde personas especializadas en medicina, sociología, trabajo social y derecho, así como religiosos daban su punto de vista. A pesar de que había discrepancias en torno a ciertos asuntos, a nivel nacional hubo un consenso en torno a la necesidad de que los servicios de planificación fueran accesibles y voluntarios. Esto en un contexto donde se habían implementado políticas de control de la natalidad de carácter coercitivo en otras latitudes.

Además del discurso científico, los personajes políticos también tuvieron un papel central en el desarrollo discursivo de esta temática. Desde presidentes de la República como José Joaquín Trejos y José Figueres Ferrer, quienes a finales de la década de 1960 ya se manifestaban públicamente a favor de las acciones que se llevaban a cabo en el país para instaurar los servicios de planificación familiar. Incluso para 1983, el presidente Luis Alberto Monge participó en el 8º Seminario Nacional de Demografía y en su discurso manifestó que desde el gobierno “rechazamos la idea simplista de que el control natal bastaría para que el país alcance el bienestar, o la ecuación igualmente ingenua de que mayor población es igual a mayor desarrollo”.¹⁰⁶ Ya para las últimas décadas del siglo xx el discurso de la planificación familiar alcanzó una mayor consolidación, lo cual muestra el alto grado de difusión y receptividad que tuvieron estas temáticas, fruto del trabajo de las instituciones involucradas.

Este accionar político y científico pudo tener espacio para desarrollarse en parte gracias a que la Iglesia mantuvo una posición poco beligerante durante los años que fueron contemplados para el análisis. La publicación de las encíclicas y la idea de que desde la Iglesia solamente se aceptaban los métodos de planificación naturales fueron dos de los aspectos centrales en el discurso religioso. Una vez que llega la década de 1980, la opinión pública se vuelve mucho más reactiva hacia estas temáticas, lo cual va en paralelo con una postura más endurecida por parte de las autoridades religiosas. Examinar históricamente las transformaciones y las continuidades en estos discursos se vuelve esencial para tener una visión mucho más amplia y contextualizada de algunos debates contemporáneos como los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir y la autonomía de los cuerpos.

Finalmente, el comportamiento reproductivo y sexual de las parejas heterosexuales empezó a convertirse en un objeto de disputa creciente, dentro de un contexto donde cualquier dinámica que se saliera de los roles o los moldes predeterminados, podía ser interpretado como una grave amenaza para la seguridad social, la integridad nacional y el futuro de la población. La capacidad reproductiva entra dentro del discurso de la modernidad, con el objetivo de instaurar comportamientos racionales e informados por la ciencia.

Paralelo a todos estos debates, el alcance del programa de planificación familiar iba aumentando y proyectándose a una mayor cantidad de grupos sociales, para finales de la década de 1970 se había consolidado a través de una serie de instituciones, públicas y privadas, no obstante, en ese mismo contexto experimentará una serie de transformaciones operativas importantes.